La ‘memoria democrática’, un mes después de su aprobación

El Club de Opinión La España que Reúne convocó a los medios en la mañana del viernes 15 de julio para expresar su más absoluta repulsa a la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso de los Diputados. Un mes después de su aprobación, los socios que dieron su apoyo preparan los siguientes ‘peajes’ que seguirán comprometiendo al actual Gobierno.

FUENTE: EUROPA PRESS

En la rueda de prensa del 15 de julio, José María Múgica recordó las palabras del Rey Felipe VI en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, en Ermua, el pasado 10 de julio. Para Múgica, estas palabras del Rey son perfectas y a la vez “incompatibles” con la reciente Ley de Memoria Democrática apoyada gracias a los votos que en su momento ayudaron al terrorismo. Una norma “sencillamente inconcebible que nace con tan infame apoyo, de los que jamás condenaron el terrorismo”, expresó. Este hecho resulta un “colmo”, ya que se investiga la democracia, con la Constitución aprobada y votada por la mayoría de los españoles, “poniendo en jaque el relato de la Transición” con aquellos condenados por la justicia por terrorismo y que se encuentran en la cúpula de EH Bildu.

“No hacía falta una Ley de Memoria Democrática pactada con Bildu, en la que ni una sola palabra se refiere al terrorismo. Qué tipo de memoria se pretende de la historia de España, en la que el terrorismo no figura. Sin esa ley todo estaba ya en la Transición, momento de reconciliación de los españoles; como estaba en la Constitución de 1978, viga maestra de nuestra unidad y de nuestra concordia”, recordó Múgica.

Esta norma no tiene el respaldo de los españoles ni la unidad de los partidos, como si tuvo la carta magna y por eso, si se mira esa Ley, “produce una profunda amargura que esté suscrita por los legatarios del terrorismo”. Esto hace que la norma sea imposible de considerarse como “positiva” y, con ella, “asistiremos a un retroceso” en nuestra sociedad, “pues es imposible avanzar en una convivencia con valores compartidos en esas condiciones”, sentencia José María Múgica.

Casi un mes después de la aprobación de esta ley, podemos observar los preparativos de los socios parlamentarios para seguir obteniendo concesiones por parte del Gobierno. No haber pactado la norma, ni siquiera negociarla en parte con el principal partido de la oposición, es un error que tiene costes importantes a medio y largo plazo. Por lo pronto, supone hundir más en el ‘círculo vicioso’ de los apoyos parlamentarios al actual Gobierno, el cual se verá obligado a seguir cediendo en pro de su estabilidad y durabilidad.

Pero llegará en breve un momento particularmente delicado como es la pretensión de los grupos extremos de acceder a la información sensible que el Estado guarda desde hace décadas para usarla en beneficio del ideario centrífugo que da más de 50 diputados a la actual coalición. En ese momento, se verá si los secretos son tan fácilmente revelables como se prometía en los debates de la ley (se plantea incluso alargar hasta en 50 años la revelación de cierta información) o si todo este movimiento se queda en agua de borrajas, pero habiendo repartido por el camino unos cuantos millones de euros que benefician a grupos políticos y sociales que se comportan como ‘buscadores de rentas’.

En los anteproyectos de Ley de Memoria Democrática circulados en los últimos dos años se establecía un presupuesto de 11 millones de euros para la ‘reparación, restitución de bienes y otras acciones’. Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática ha sido aprobada en julio sin una memoria económica, lo cual deja un enorme margen discrecional al Gobierno para establecer partidas presupuestarias con difícil auditoría (la ley establece que en el plazo de un año se realice la auditoría de todos los bienes y valoración de los daños).

Aparte de esto, hay partidas económicas aún sin cuantificar pero que tienen nombre y apellidos. Es el caso del PNV que será el principal y casi único beneficiario de la Disposición Adicional Novena; los grupos que representan a la etnia gitana a través de la Adicional Duodécima o los Gobiernos vasco, navarro y catalán en las sucesivas Adicionales Decimoséptima y Decimoctava y Final Sexta, respectivamente.

Una lectura europea de las alternativas al ‘colapso energético’

Europa y gran parte del mundo está viviendo una crisis energética sin precedentes en su historia. La falta de energía agravada por el conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando a los precios ante las dificultades de obtener estos recursos.

FUENTE: EFE

Esto lleva apreciándose desde antes de principios de año, con el fin de los momentos más complicados de la pandemia y el alza en la inflación de la crisis económica posterior. Con el inicio de la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero, en Europa, especialmente, se abre una nueva vía de problemas para la estabilidad socioeconómica provocada por la falta de materias primas y de energía, la cual volvió a afectar a los precios del mercado de bienes y servicios.

Aquí en España, por si fuera poco, hemos actuado más tarde que el resto de países de nuestro entorno, lo que ha afectado a nuestra posición relativa. El paquete de medidas del Gobierno se ha demostrado insuficiente y el equipo de Pedro Sánchez no ha conseguido abrir nuevas vías para mejorar la situación de los españoles. A esto, se le unió un conflicto que no se esperaba en el país, la soberanía del Sahara Occidental, antigua colonia española, y por la cual mantienen gran tensión Argelia y Marruecos; lo que ha acabado por provocar una subida de precio del gas argelino y una caída extraordinaria de su contribución al abastecimiento total de España, sobre el cual teníamos un trato preferencial.

En las últimas semanas es cuando más se está notando la crisis energética y las perspectivas preocupantes para el invierno. Lo que eran conjeturas sobre la posición de Francia, Alemania y Reino Unido hace unos meses, hoy son realidad y mañana serán motivo de restricciones severas en el suministro de gas. Cada semana que pasa, el precio de la electricidad y el gas en los mercados mayoristas europeos pulveriza récords históricos, acelerando la provisión de reservas para el invierno pero con enormes limitaciones tanto de capacidad como de cerrar contratos a precios razonables más allá del mes de enero próximo.

Por un lado, la posición de Alemania es extremadamente frágil y se hace evidente cada día hasta qué punto la competitividad de su economía era fuertemente dependiente de tener una energía muy barata y de un único proveedor que era improbable que fallase (Rusia). En este sentido, busca de manera desesperada poner en marcha medidas que, primero, aseguren el suministro en los próximos meses presionando para que se ejecuten infraestructuras vitales como el Midcat (a financiar con fondos europeos, pero con el freno continuo de Francia y la dificultad de ponerlo en marcha en España) o la paralización del cierre de las centrales nucleares que aún no están desmanteladas. Y, después, moderar el consumo de gas y el impacto sobre la factura tanto de la industria como de los consumidores domésticos (anuncios de bajadas de impuestos, combinadas con subidas específicas por nivel de consumo).

Por otro lado, la posición de Francia también está revelando peligrosas fragilidades debido a las necesidades de conservación y reparación del parque de generación nuclear. Dado que en este país (y también en Alemania) el precio mayorista de la electricidad no se traslada ni de manera inmediata ni tampoco en todo su impacto (las tarifas se fijan por contratos bilaterales a plazo), los consumidores no han notado todavía el mayor impacto por la subida de precios, pero lo tendrán en los próximos meses aunque de manera amortiguada.

Será necesario, por tanto, buscar vías alternativas para asegurar el suministro y, al mismo tiempo, reducir el impacto sobre los consumidores. En el caso de España, se interpreta como un «triunfo» el llamado tope del precio del gas, bajo el cual el mercado mayorista de electricidad en España es sustancialmente menor que el de otros mercados europeos. No cabía esperar algo distinto, teniendo en cuenta que el gas es una energía de enorme importancia en el mix eléctrico español. Pero hay que ser muy conscientes de que la compensación que hoy se le paga a las centrales de gas para que no suban el precio lo estamos pagando, una parte, en el precio diario minorista (el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, el 40% de los consumidores domésticos) y el resto se irá repercutiendo en los contratos de electricidad a precio fijado cuando toquen ser renovados.

De una forma u otra, obviamente, quienes notaremos estos incrementos seremos los consumidores finales, que usamos a diario la energía para todo lo que tiene que ver con la vida: cocinar, transportarnos, limpiar, ocio… No estamos a salvo y las previsiones no son nada alentadoras.

Las empresas no aguantan este tirón. Estos precios, sumados a la falta de materiales, también las deja en jaque. El consumidor no consume y las empresas no sobreviven, mientras la clase política se preocupa de trivialidades y de echarse los males de unos y otros, lo que no resuelve ni un solo problema.

Ya hemos empezado con el racionamiento energético que prometía Bruselas y en invierno será peor. De momento, las medidas aprobadas por el Gobierno de Sánchez hace una semana ya han iniciado una nueva batalla política en nuestro país. Desde hace unos días se han empezado a aplicar las primeras regulaciones, que vivirán su segunda fase en septiembre y de la que probablemente haya más fases.

Empezando por los empresarios, estás medidas generan un gran desconcierto por las diferencias que hay entre los distintos negocios y sus actividades. No tiene sentido que un negocio en el que se conservan alimentos frescos tengo la misma temperatura que una peluquería.

Es indiscutible que tenemos que hacer un esfuerzo de ahorro energético en línea con las indicaciones de los Veintisiete. En el caso español dista mucho de lo que debiera haber sido: un pacto diáfano y consensuado entre todas las instituciones.

Ya veremos si, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, estas medidas son inconstitucionales, siendo España uno de los países europeos con mayor iluminación pública de Europa, superando a países como Francia, Alemania o Italia. El problema de la iluminación de los escaparates de los locales, una vez cerrados, no desincentivará el turismo ni hará menos seguras nuestras calles, ese enfoque es menor.

Perseguir la corrupción, pero solo la de algunos

Señalar a los corruptos es una práctica honrada en la vida y en la política, y en ambas hay muchos corruptos. Cataluña es ese lugar en el que todos los males ocurren fuera de sus ‘fronteras’ y en caso obvio de tener problemas echar las culpas a otros. Laura Borrás, presidenta del Parlamento catalán, es una de esas personas acostumbradas al golpe, a darlos; pero cuando reciben la más mínima acusación, hacen del problema una cuestión de Estado.

FUENTE: EFE

El de Laura Borrás no es un problema menor, es un problema por el cual debería estar inhabilitada en estos momentos. Lo curioso del asunto es que, no solo no admite su corrupción, sino que echa las culpas a las «cloacas» de sus actividades ilícitas al frente de un instituto público como el de las Letras Catalanas.

Mientras la Fiscalía pide para la política independentista 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental, la acusada se defiende diciendo que la causa pierde fuerza al haberse descartado los delitos del malversación y fraude; algo insólito. Una persona que ha robado una gallina no es menos culpable por no haber robado dos.

Desde su partido quieren protegerla y ya están buscando herramientas para ello, ni a los otros acusados con sentencias por casos de ‘lawfare’ (guerra jurídica), como ellos lo denominan. Excluyen los delitos de corrupción que no sean ‘lawfare’, pero lo más probable es que, como Borrás, achaquen sus imputaciones a la ‘persecución hacia Cataluña’, una excusa que parece no tener fin y de la que se aprovechan cuando tienen la ocasión, incluso en plena concentración pública por el recuerdo de los asesinados en los atentados de Las Ramblas en 2017.

Quienes sufren esta situación son los catalanes, que viven una situación de desgobierno por encima de los normal y las políticas que se aplican no hacen más que disminuir la seguridad de sus calles y los problemas económicos de sus negocios.

El realismo mágico que vive Cataluña con el independentismo ha tocado techo con JxCat. Qué esperar de un partido en el que el presidente de su consejo nacional dijese en su intervención tras ser elegido, que Junts es “el partido del presidente Puigdemont, partido del 1-O, del sí, de los intangibles, de la firmeza y de la esperanza”. El partido de la paz en el mundo. De Puigdemont hay novedades también, y es que se abre su vuelta a España por extradición después de que un abogado de la UE de la razón a nuestro país frente a Bélgica y abra la puerta a su entrega.

La insostenibilidad de la situación italiana… y europea

Italia se fractura con la falta de apoyo a Mario Draghi y su posterior dimisión como primer ministro italiano. La complicada situación que atraviesa Europa en estos momentos y que hemos ido repasando en las anteriores newsletters (autonomía estratégica, guerra entre Rusia y Ucrania, subida de tipos de interés, así como escándalos que se suceden en diversos países), está afectando de manera asimétrica a cada país, empezando por Italia.

FUENTE: EFE

La marcha de uno de los hombres con más reconocimiento en Europa en materia económica se ha notado con fuerza en los mercados, con una banca que se hunde y una prima de riesgo disparada. El exbanquero ya ha dicho que no repetirá y el país se acerca a nuevas elecciones. Italia tiene una larga tradición de crisis y en otras ocasiones se ha citado la frase de escritor Ennio Flaiano: “La situación política italiana es grave pero no es seria”.

Esta frase cobra más fuerza desde la irrupción del Movimiento 5 Estrellas (M5E) o de la Liga Norte de Matteo Salvini. Desde 2018, estos movimientos populistas han intervenido en los gobiernos italianos con independencia de su ideología en búsqueda del tan ansiado poder, sin pensar en sus actos y en cómo afectan a la economía y a los ciudadanos. Una tragicomedia política.

Los grandes países del viejo continente no están viviendo su mejor momento político en cuanto a gobiernos se refiere. Boris Johnson ha tenido que abandonar su cargo por su desgobierno en Inglaterra, la política del espectáculo y las fiestas covid, que han acabado forzando su salida del 10 de Downing Street.

La gran potencia alemana tampoco se libra de problemas políticos. Alemana es uno de los países más afectados por la crisis energética provocada por Rusia, y el canciller alemán Olaf Scholz se encuentra en la vuelta a las políticas austeras y proteccionistas propias de una gran crisis. La salida de Merkel, una de las grandes figuras de la política europea en lo que llevamos de siglo ha sido un gran varapalo, ya no solo para el país, también para la Unión Europea. Cuando se inició la guerra, muchos apostaban por Merkel para tomar partido en las negociaciones con su ‘amigo’ Putin. Ya que era la única personalidad política europea con la que el líder ruso tenía una gran relación.

En Francia, a pesar de haber ganado las elecciones, Macron ha perdido la mayoría de la Cámara y tendrá muy complicado gobernar y sacar adelante sus medidas electorales. El ascenso de los populismos y extremismos ha puesto en jaque al Elíseo y la ciudadanía francesa, que ya no confía en Macron, se deja engatusar por enemigos de la libertad y la democracia.

En esta situación de crisis política permanente e inestabilidad, España tristemente fue pionera desde el inicio de la actual legislatura. Aunque es improbable que Sánchez convoque elecciones anticipadas a no ser que un gran escándalo o una situación insostenible en el país lo provoque, es evidente la recta final de la legislatura.

Cómo nos afecta la subida de los tipos de interés

A las puertas de la segunda subida de los tipos de interés en la zona euro por parte del Banco Central Europeo tras la primera de julio, es un buen momento para analizar qué impacto tiene sobre familias, empresas y sector público. De una forma muy resumida y sencilla, una subida de tipos de interés favorece a los acreedores frente a los deudores en términos relativos.

FUENTE: EFE

Los agentes endeudados tendrán que pagar más por sus obligaciones, mientras que los agentes con balances saneados deberían comenzar a recibir una mayor remuneración por sus activos o parte de ellos.

Un buen ejemplo para comprender esto es el mercado de hipotecas. Las familias que están pagando una vivienda y cuentan con una hipoteca a tipo variable tendrán que hacer un mayor esfuerzo para cumplir con los pagos, mientras que las familias que tienen depósitos bancarios (que han financiado esas hipotecas) comenzarán a recibir una remuneración. De esta forma el BCE trata de luchar contra la inflación que esta machacando a toda Europa.

¿Cuál es el objetivo de la banca central con esto?

Las subidas de tipos de interés buscan enfriar la economía, encareciendo el crédito y haciendo más atractivo el ahorro en términos relativos. Si las hipotecas son más ‘caras’ y los depósitos comienzan a ofrecer una remuneración, los agentes (familias, empresas…) tendrán un mayor incentivo para dejar de endeudarse y comenzar a ahorrar.

Sobre el papel parece muy sencillo: se trata de ir subiendo los tipos hasta una tasa neutral. Es decir, aquella en la que no da impulso a la economía, pero tampoco la deprime. Un equilibrio muy difícil de conseguir y en el que cualquier traspié de los bancos centrales o pasada de frenada puede hacer descarrilar la actividad económica. De ahí los mensajes continuos del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que pide un proceso de subida de tipos “gradual”, evitando “movimientos abruptos”.

Así, la subida de tipos que ha iniciado el Eurobanco en julio es un equilibrio muy complejo. Por un lado, reducirá consumo e inversiones. Y por otro, hará más rentable el ahorro y ayudará a moderar la inflación. La cuestión está en saber si el aumento de tipos consigue bajar tanto el IPC como para compensar el encarecimiento de los costes que supondrá para los hogares endeudados.

Estos, entre otros muchos, son algunos de los efectos que la subida de tipos provocará en nuestro país en una situación límite como la inflacionaria que estamos viviendo. En España, los gobiernos que se han enfrentado a situaciones de inflación alta, ninguno ha sobrevivido y, si el actual Ejecutivo ya estaba en la rampa de salida de la Moncloa en las quinielas de unas futuras elecciones generales, esto podría obligar a Sánchez a adelantar las elecciones.

Objetividad constitucional frente a la reescritura la Historia y la subjetividad de la memoria

El Club de Opinión La España que Reúne, denuncia los hechos ocurridos entre el Gobierno y la formación de la extrema izquierda vasca EH Bildu, herederos políticos del grupo terrorista ETA, tras extender el rango de actuación de la Ley de Memoria Democrática desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1983.

FUENTE: EFE

El presidente del Gobierno ha aceptado así el “relato de la transición de Bildu”, como lo ha calificado el diario El Mundo, dejando que se investigue el “postfranquismo”, como lo llaman los sucesores de HB.

Un hecho tan grave como este, pasar por encima del marco constitucional vigente con una «ley especial» que nace sin el consenso de la gran mayoría de la Cámara, no puede pasar desapercibido para la sociedad española. Extendiendo el rango de la ley lo que ha provocado el Gobierno es un cisma en el consenso que engloba la Constitución sin la menor seguridad jurídica y sin el más mínimo consenso constitucional.

El Gobierno y el PSOE, partido fundamental para el desarrollo democrático de España en la Transición, no deberían pagar semejante peaje por seguir aprobando leyes sobre las que existe un rotundo rechazo de la ciudadanía. Siendo muy loable el trabajo sobre las víctimas del franquismo, no hay pago posible de este calibre para sacar adelante esta Ley.

En abril de este año, el Parlamento europeo pidió investigar los crímenes no resueltos de ETA con el rechazo del PSOE, que terminó rectificando, mientras que en este caso ha dejado la puerta abierta al brazo político de ETA para que investigue las actuaciones del Gobierno contra la banda terrorista.

Para el Gobierno y sus socios parlamentarios, la Ley de Memoria Democrática es una pieza más de su estrategia. Pero el revisionismo histórico de Sánchez no cura las heridas del pasado, solo las abre un poco más aprobando algo que los españoles no quieren, dañando la Transición y la Carta Magna.

El revisionismo de la Historia no nos hace aprender u olvidar, nos hace más daño. Así como no estamos orgullosos de las prácticas que se pudieron hacer por parte del terrorismo de Estado, tampoco lo estamos ante la humillación de Bildu a los españoles con la aprobación de esta medida.

Mientras los etarras no pueden olvidar el GAL, nosotros no olvidamos a personas como Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato se cumplen 25 años, ni de muchos otros asesinados por la banda terrorista. Estos hechos no los va a investigar Sánchez, más preocupado por sus amistades peligrosas que por la política de grandes miras, que demostró saber hacer durante la reunión de la OTAN.

Decisiones como estas nos dividen más cada día y son estos actores envenenados los que están evitando que en España lleguen buenos tiempos, tiempos de consenso y de unión que no se pueden alcanzar con políticas como estas. Remover el pasado no cura heridas, las abre. Debemos abogar por la Historia sobre la memoria para evolucionar como sociedad. El pasado no lo puede cambiar nadie, debemos trabajar por mejorar nuestro presente y futuro.

Grandes cambios en la OTAN y en la autonomía estratégica de la Europa y España

Más militares, más enemigos y más Estados Unidos. La nueva Alianza que emerge de la cumbre de la OTAN en Madrid vislumbra un mundo mucho más impredecible y confrontado que 12 años atrás, según la estrategia acordada para los próximos diez años.

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Rusia pasa de considerarse un socio estratégico a una «amenaza directa», China es descrita como un «desafío sistémico» por primera vez en la Historia y Europa ve el mayor despliegue de tropas desde la Guerra Fría (más de una tercera parte, estadounidenses). Lo que es indudable es que han escenificado una Alianza Atlántica más unida, fortalecida y ampliada.

La primera jornada de la cumbre dejó una sorpresa de última hora cuando Turquía levantó el veto sobre la adhesión de Suecia y Finlandia tras semanas de bloqueo. Ello ha permitido que la organización invita formalmente a ambos países a adherirse, en una decisión histórica por parte de dos naciones con una larga tradición de neutralidad, y que añade 1.300 kilómetros de frontera entre la Alianza y Rusia. Esto, beneficia directamente a estos países, que tendrán un refuerzo en caso de que la guerra entre en sus fronteras

En el caso de Rusia, hace 12 años, la OTAN reconocía a Rusia como un «socio estratégico»; sin embargo, el texto nacido en Madrid con la guerra de Ucrania como telón de fondo la Alianza señala a este país como la «más significativa y directa amenaza» para la seguridad de los aliados y la paz y la estabilidad en el territorio transatlántico. «No podemos descartar un ataque a la soberanía e integridad territorial de los aliados», prosiguen los líderes en su nuevo concepto estratégico.

La organización militar prepara el mayor despliegue de tropas a Europa desde la Guerra Fría para, en unos meses, tener en alerta más de 300.000 militares (frente a los 40.000 actuales) dispuestos a actuar bajo el mando de la OTAN. La mayoría de tropas serán destinadas a los países de la frontera Este, desde Estonia (norte) a Bulgaria (sur). La mayoría de soldados serán entrenados en sus países de origen, pero «listos para actuar ante cualquier amenaza» -dijo el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg- y ser desplazados allí donde sea necesario en un plazo de tres días. 

Por primera vez en la historia de la OTAN, China es presentada como una amenaza. La región del Indopacífico será una de las nuevas vías geoestratégicas de la Alianza para frenar las ambiciones políticas, económicas y militares de Pekín, a la que se considera ya un «desafío sistémico», según establece el concepto estratégico. Para frenar esas ambiciones, la OTAN y varios países clave de la región, como Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda (que por primera vez han asistido como invitados a una cumbre aliada), han afianzado en Madrid sus relaciones geoestratégicas.

Mientras unos miran al Este, las preocupaciones de España (y el apoyo de Italia) se centran en las amenazas de la frontera Sur. Madrid ha instado a sus aliados de la OTAN a considerar un papel más importante para la alianza en el norte de África y el Sahel. De hecho, por primera vez, la Alianza ha incluido a la región del Sahel como una zona que «afecta directamente» a la seguridad de la OTAN y de todos sus aliados.

La Alianza ha incorporado un nuevo supuesto a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez que consiste en «preservar la soberanía y la integridad territorial de todos los aliados ante cualquier agresor». «En un contexto de competencia estratégica -afirma-, mejoraremos nuestra conciencia global para conseguir disuadir, defender y responder en todos los territorios en línea con nuestro objetivo de los 360 grados», reza la estrategia.

Avances hacia una ‘autonomía estratégica tutelada’

Esta reunión no hace más que reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en la OTAN, la idea está clara: los enemigos de EEUU son los enemigos de Europa, Rusia y, sobre todo, China. El triunfo de la Administración norteamericana es enorme, el fracaso de la Unión Europea histórico y el éxito de China especialmente significativo. El Imperio Medio consigue una retaguardia geoeconómica y energética decisiva, iguala poder estratégico-nuclear con el país de Biden y, lo más importante, gana tiempo para construir alianzas, definir escenarios y fortalecer su complejo militar, tecnológico y científico.

Como ya hemos hablado en más de una ocasión, Europa y España necesitan ganar autonomía con respecto a Estados Unidos. Sin embargo, esta autonomía supone ganar margen de maniobra pero de forma ‘tutelada’ por Estados Unidos. No somos más que un aliado geoestratégico de contención con Rusia y China. La OTAN se creó en su momento por los americanos para evitar que Europa pudiera ser aliada de Rusia y en cambio, con el tiempo, la subordinación ha ido en aumento.

En el caso de España, independientemente de Europa, el refuerzo de la vigilancia de la frontera sur prometida por Biden, no es más que ceder competencias con los americanos para protegerse en un momento de máxima tensión con nuestros vecinos del sur. La OTAN crece, se expande, se refuerza, se amplía, aumenta el gasto en defensa y, de la misma manera, se solidifica la hipótesis de la autonomía estratégica tutelada de la Unión Europea.

No había una opción buena

El pasado fin de semana se celebró la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia de Colombia. Para quien no haya podido seguir el proceso, en esta segunda vuelta se encontraban dos polos totalmente opuestos en los extremos. Gustavo Petro se enfrentaba a Rodolfo Hernández, dos animales políticos alejados de convencionalismos y con una profunda volatilidad en sus ideas. En este caso, el resultado es lo de menos; Colombia no tenía una opción buena, lo único que podemos esperar ahora es que el ganador lo haga lo mejor posible.

FUENTE: EFE

El presidente será Gustavo Petro, con lo que, por primera vez en su historia, Colombia será presidida por un Gobierno de izquierda. El problema, igual que hubiera pasado con Rodolfo Hernández, es que sus postulados son más iliberales y populistas que moderados y sensatos.  

Empezando por el nuevo líder opositor, Rodolfo Hernández ha sido un candidato alejado de todo convencionalismo. El candidato de la derecha colombiana ha fundamentado su campaña a través de videos en la red social TikTok, algo que le bastó para pasar de la primera vuelta pero que no fue suficiente para convertirle en presidente. El político, de 77 años, se negó a participar en cualquier debate con su contendor Gustavo Petro, incluso aunque un tribunal lo ordenó, también evitó estar en plaza pública porque temía ser asesinado. Su estrategia de esconderse y solo hablar en los espacios en los que se sentía seguro no le funcionó. 

El exalcalde de Bucaramanga, ‘perseguidor’ de una corrupción de la cual no escapa y que le obligará a sentarse en el banquillo por otorgar contratos públicos a uno de sus hijos durante su etapa al frente de la ciudad, ha reconocido que sus modelos políticos son Trump, Bolsonaro y Bekele, llegando a declararse admirador “del gran pensador alemán Adolf Hitler”, lo que a ojos de la mayoría de colombianos le convertía en la peor opción posible, decantándose finalmente por Petro. 

Gustavo Petro, por su parte, es muy criticado por su etapa como alcalde de Bogotá, donde su gestión es calificada como pésima. Con anterioridad, el próximo presidente colombiano fue miembro del grupo terrorista M-19. Petro no tiene la confianza del electorado, ni mucho menos, pero su contraposición con un empresario corrupto ha provocado que la balanza se haya decantado a su favor. 

Su promesa de luchar contra la corrupción, muy común en el país, es su mayor baza. Como senador y congresista dejo huella de luchador contra los políticos cuyas prácticas faltaban a la ética, aunque esto no lo convierte en un corderito. Analistas políticos y gente experta del país, cercanos ideológicamente a la izquierda, califican a Petro de “caudillista” y peligroso populista con sus propuestas respecto al Estado de Derecho. Hasta quienes le votaron no confían en él. 

No hay una opción buena, aunque esperamos estar equivocados y que la gestión del futuro presidente haga el mayor bien posible al país. Lo mismo que le ha deseado su adversario político, que espera que Petro “sepa dirigir el país y sea fiel a su discurso contra la corrupción”. 

Los siguientes pasos necesarios tras orillar a los extremos en Andalucía

Hacía mucho tiempo que en unas elecciones, en las que se contaba con gran división en la intención de voto (municipales, regionales o generales), no eran decisivos los partidos que ocupan los extremos. Vox y Podemos han quedado fuera de la gobernabilidad andaluza para suerte de sus habitantes; en este caso, era Vox el partido que más posibilidad tenía para entrar al Gobierno tras el resultado de las elecciones de Castilla y León.

FUENTE: EFE

De esta forma, Vox reduce por primera vez sus registros en unas elecciones con la alicantina Macarena Olona al frente de la formación en la región. Del mismo modo que la izquierda iliberal que acudía fragmentada a estas Elecciones, perdió la poca fuerza de votantes que esperaban alcanzar con las previsiones del CIS.

Desde las elecciones generales, donde la extrema derecha duplicó sus votantes en la región respecto a los anteriores comicios regionales, no se había visto una tendencia regresiva tan clara en la extrema derecha. No así en la extrema izquierda que, con más tiempo presente en la actividad política, ya había comenzado a sufrir la vuelta a la moderación de muchos votantes tras descubrir el engaño de las políticas extremistas e iliberales promulgadas aún hoy desde el Gobierno de la Nación.

Este proceso electoral ha provocado una pérdida de cerca del 50% de los votantes de Vox en Andalucía, que ha ayudado a que el Partido Popular de Juanma Moreno haya logrado estos resultados.

El PSOE que históricamente ha tenido en Andalucía un feudo electoral, vuelve a desinflarse y empeora sus resultados. Los socialistas no han logrado calar en una sociedad en desacuerdo con las políticas del Gobierno de coalición, provocando un trasvase de votos de hasta un 20% al PP, convertido semanas atrás en el ‘voto útil’ tanto identificado con los problemas de Andalucía como en clave nacional.

Estas Elecciones rompen con una tendencia que parecía venir desde Europa: por un lado, la reducción de ciudadanos que acuden a las urnas no se ha visto en Andalucía, que ha mejorado sus registros con respecto a 2018. Por otro lado, otra tendencia que rompe con la normalidad es lo holgado de la mayoría absoluta conseguida, ya que durante los últimos años las mayorías absolutas han dejado de ser comunes.

En este panorama político tan convulso, con la dimisión de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana que podría provocar un adelanto electoral, con un Gobierno en Cataluña que no consigue aprobar Presupuestos y trata de alejarse de Sánchez, con un Gobierno central que continúa perdiendo fuerza fracasando día tras día en sus medidas anticrisis y que sufre los electoralismos de los tres partidos que conviven en él (la ‘plataforma’ de Yolanda Díaz, Unidas Podemos y PSOE), es necesario pensar en cuáles serán los pasos siguientes, incluso ante una posibilidad cada vez menos remota de adelantos electorales en distintos territorios o incluso a nivel nacional.

En primer lugar, es necesario potenciar el deterioro de los extremos que, como pasó en Portugal, podrían desinflarse hasta quedar en un plano residual. Pero no debemos caer en la comodidad de pensar que esto va a suceder de manera inmediata. No hay más que ver el caso de Francia donde el fin de semana pasado los extremos consiguieron la representación suficiente en la Asamblea Nacional para condicionar las políticas nacionales.

En segundo lugar, ante los malos resultados electorales cosechados en Andalucía, en el PSOE nacional debe abrirse un periodo de reflexión para analizar sus asociaciones que no hacen más que debilitar al partido, así como examinar a su líder, que bajo su mandato no ha conseguido que sus políticas sean beneficiosas para la sociedad y, conforme se acerca la fecha de las Elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, es una rémora o un pasivo cada vez más insostenible para los actuales presidentes autonómicos.

Por último, es necesario colocar en el centro del diseño de las políticas públicas al ‘votante mediano’: familias de clase media cuyo poder adquisitivo se ha desplomado, con una situación laboral precaria, con incertidumbre sobre el futuro más inmediato suyo y de sus hijos, preocupado por las concesiones infinitas a los extremos políticos y sufridor del deterioro de la calidad democrática… No hay que dejarse obnubilar por la explosión del consumo que están haciendo las familias de renta media-alta. Es un espejismo de la realidad económica que va reconociéndose incluso en las cifras macro tal como publicó el INE el pasado viernes 24.

Hacía mucho tiempo que no se daba una situación tan favorable a la caída del extremismo en nuestro país, de acercamiento a posiciones moderadas e identificación con el ‘votante mediano’ y hay que aprovecharla. El efecto Feijóo está beneficiando a un PP que puede alejarse definitivamente de Vox, mientras que el PSOE se encuentra en una caída libre de la que debe escapar antes de que sea demasiado tarde. Las elecciones andaluzas deben abrir los ojos a los partidos moderados y sacar adelante un país fuerte de una situación muy adversa.

Cataluña se esconde tras la mentira presupuestaria

La Generalidad de Cataluña no sabe mentir, así como los partidos que componen el gobierno regional. Cataluña se sitúa a la cola de la ejecución presupuestaria de 2021 y la culpa es de Madrid y el Gobierno de Sánchez; No. Aquí la culpa reside en el seno de la Generalidad y de la falta de predisposición para utilizar el dinero público asignado en los Presupuestos Generales del Estado.

FUENTE: EFE

El independentismo lleva engordando sus cuentas con Gobiernos de unos y otros signos políticos desde hace años bajo la amenaza de la independencia y ahora culpa al Ejecutivo central por no tener la capacidad de ejecutar el dinero que se le ha asignado.

La ejecución presupuestaria nace fruto de la colaboración entre gobiernos central, autonómico y local sin favorecer a unos frente a otros, ya que el reparto de fondos se hace primero y luego son las regiones y municipios los que se encargan de seleccionar, en base a sus necesidades, las inversiones más adecuadas.

Luchar frente a las mentiras del populismo es un trabajo muy complicado, y más frente al independentismo. Todo son excusas y ninguna se sustenta más allá de desviar la culpa a otros y generar alarma sobre el resto de comunidades para tratar de desestabilizar al Gobierno. “La culpa es de Madrid”; “provoca el hambre de otros territorios”; “es una humillación”.

La Generalidad pasa de verdugo a víctima con gran asiduidad y en este caso es la gran víctima de una persecución estatal, pero los que realmente son víctimas son los ciudadanos catalanes, que son los que sufren los vaivenes y la falta de calidad de sus gobernantes.

El Estado ejecutó el año pasado en Cataluña un 35,77 % de la inversión prevista en el presupuesto, es decir, 739,8 millones de euros sobre los 2.068 millones previstos, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado.

Unas cifras que contrastan con las de la Comunidad de Madrid, que logró una ejecución del 183,9 %, al recibir 952 millones más de lo presupuestado.

Estos datos están fuertemente relacionados entre sí, y coexisten debido a la falta de motivaciones de unos para mejorar y la voluntad de otros por facilitar a sus ciudadanos nuevas ventajas. Las mentiras independentistas, apoyadas en la Cámara por el brazo político del terrorismo, cada vez son creídas por menos ciudadanos. El funcionamiento del mecanismo de ejecución presupuestaria es simple: El Gobierno aprueba los PGE, con su correspondiente reparto a las comunidades autónomas. Cada Gobierno autonómico presenta sus propuestas de inversión y el Gobierno manda resoluciones, en su mayoría positivas, para ejecutar la inversión.

Sin propuestas no hay inversión. No podemos confundir persecución con falta de predisposición. El Govern catalán prefiere continuar con el discurso de que “España nos roba” para poder engañar al electorado. Las mentiras dejan de sostenerse con el tiempo y los catalanes ya las han vivido todas. Cataluña podría estar a la altura de la Comunidad de Madrid, pero el mayor lastre es su propio Gobierno.