
Los acontecimientos han llegado demasiado lejos como para que no haya un coste notable a medio y largo plazo para la calidad de nuestra democracia. Es urgente e imprescindible volver a la serenidad y la sensatez que permitan mediante el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, en la sede de la soberanía nacional, restablecer la normalidad democrática interrumpida por buscar solucionar un bloqueo de más de cuatro años de la manera más cuestionable y opaca posible.
FUENTE: EFE
Para ello, es necesario dar la importancia que se merece a la forma y no sólo al fondo. El fin nunca puede justificar los medios, más aún cuando el fin no está claro (solventar el bloqueo de los dos grandes partidos, pero inclinando la balanza hacia el otro lado) y los medios son los peores que se podían usar. No se trata de una discusión técnica de la cual los ciudadanos puedan permanecer al margen. Se trata de unas formas que representan la protección de cada uno de los derechos de los ciudadanos españoles, representados en los diputados que integran las Cámaras. Ni se pueden torcer las formas ni se puede apelar a un supuesto fin superior para cometer un atropello como el que se ha intentado.
No se puede deslegitimar la decisión de un tribunal que decide por mayoría de 6 a 5, cuando el actual Gobierno y sus socios parlamentarios aprueban todas las leyes con una proporción idéntica sobre el total de diputados y senadores (una media del 54%). No se puede pasar por alto la responsabilidad de los presidentes del Congreso y del Senado que en los últimos meses no han hecho ni un sólo movimiento favorable para buscar el pacto entre la mayoría cualificada de los diputados y senadores. No es tolerable que varios líderes políticos hayan pronunciado el mismo discurso de 2017 (actualizado a 2022) de los independentistas catalanes, mostrando su profundo desprecio a la separación de poderes y que como Montesquieu ideó, ningún poder tenga el monopolio, ni siquiera el Parlamento cuando éste legisla al margen de los cauces claramente establecidos en el marco constitucional.
Tampoco puede olvidarse que los actuales gobernantes, en vez de ejercer (lo hacen para lo bueno, pero no para lo malo) su ruling dividend para forzar al principal partido de la oposición a sentarse y negociar una lista de consenso con juristas de prestigio, han preferido profundizar en su mayoría exigua de Legislatura para asegurar un resultado favorable para sus intereses, con independencia de si estos son los mismos que los de la ciudadanía española.
En definitiva, es necesario reencauzar la situación con las formas adecuadas, con las garantías jurídicas oportunas, buscando el bien de la ciudadanía y no el del más inmediato corto plazo electoral y, sobre todo, no volver a legislar ad hominem. Desde este modesto Club de Opinión, pedimos a las Cámaras Legislativas que tomen todas las medidas que el marco constitucional permite para retornar a la serenidad y la sensatez.