Volver a la sensatez constitucional: el valor de las formas

Los acontecimientos han llegado demasiado lejos como para que no haya un coste notable a medio y largo plazo para la calidad de nuestra democracia. Es urgente e imprescindible volver a la serenidad y la sensatez que permitan mediante el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, en la sede de la soberanía nacional, restablecer la normalidad democrática interrumpida por buscar solucionar un bloqueo de más de cuatro años de la manera más cuestionable y opaca posible.

FUENTE: EFE

Para ello, es necesario dar la importancia que se merece a la forma y no sólo al fondo. El fin nunca puede justificar los medios, más aún cuando el fin no está claro (solventar el bloqueo de los dos grandes partidos, pero inclinando la balanza hacia el otro lado) y los medios son los peores que se podían usar. No se trata de una discusión técnica de la cual los ciudadanos puedan permanecer al margen. Se trata de unas formas que representan la protección de cada uno de los derechos de los ciudadanos españoles, representados en los diputados que integran las Cámaras. Ni se pueden torcer las formas ni se puede apelar a un supuesto fin superior para cometer un atropello como el que se ha intentado.

No se puede deslegitimar la decisión de un tribunal que decide por mayoría de 6 a 5, cuando el actual Gobierno y sus socios parlamentarios aprueban todas las leyes con una proporción idéntica sobre el total de diputados y senadores (una media del 54%). No se puede pasar por alto la responsabilidad de los presidentes del Congreso y del Senado que en los últimos meses no han hecho ni un sólo movimiento favorable para buscar el pacto entre la mayoría cualificada de los diputados y senadores. No es tolerable que varios líderes políticos hayan pronunciado el mismo discurso de 2017 (actualizado a 2022) de los independentistas catalanes, mostrando su profundo desprecio a la separación de poderes y que como Montesquieu ideó, ningún poder tenga el monopolio, ni siquiera el Parlamento cuando éste legisla al margen de los cauces claramente establecidos en el marco constitucional.

Tampoco puede olvidarse que los actuales gobernantes, en vez de ejercer (lo hacen para lo bueno, pero no para lo malo) su ruling dividend para forzar al principal partido de la oposición a sentarse y negociar una lista de consenso con juristas de prestigio, han preferido profundizar en su mayoría exigua de Legislatura para asegurar un resultado favorable para sus intereses, con independencia de si estos son los mismos que los de la ciudadanía española.

En definitiva, es necesario reencauzar la situación con las formas adecuadas, con las garantías jurídicas oportunas, buscando el bien de la ciudadanía y no el del más inmediato corto plazo electoral y, sobre todo, no volver a legislar ad hominem. Desde este modesto Club de Opinión, pedimos a las Cámaras Legislativas que tomen todas las medidas que el marco constitucional permite para retornar a la serenidad y la sensatez.

Las palancas del cambio y el dilema del prisionero Gobierno-socios parlamentarios

Los acontecimientos de las últimas semanas están causando honda preocupación en amplias capas de la sociedad española, expresándola en una pregunta muy concreta: ¿hasta dónde vamos a llegar? Es evidente que cada día, semana y mes que transcurren surgen nuevas voces que alertan de la situación. Sin embargo, en pocas ocasiones, se va a la raíz política que ayuda a explicar y actuar para evitar un mayor deterioro del sistema del 78

FUENTE: EFE

Ante todo, es necesario hacer un ejercicio de sinceridad. La legislatura se sostiene gracias a una serie de equilibrios inestables conformados por un Gobierno de coalición que cuenta con el menor número de escaños que ha tenido un Ejecutivo en democracia, y sus apoyos parlamentarios caracterizados por ser fuerzas centrífugas abiertamente contrarias al régimen constitucional. Sin embargo, al contrario de la inestabilidad de los apoyos y la ruptura en Podemos, el PSOE ha mostrado solidez interna sólo matizada por algunas declaraciones y opiniones de cargos y figuras significativas que muestran discrepancias tanto en el fondo como en la forma de las políticas actuales.

Esta unidad de acción, compartida por la mayoría de los militantes, cargos públicos y dirigentes, está basada en dos elementos fundamentales y una premisa. Por un lado, se pone por delante la política social y exterior del actual Gobierno sobre las decisiones en materia territorial, judicial o institucional. Y, por otro lado, no perciben la existencia de riesgos relevantes sobre el futuro constitucional y la calidad democrática que se pueden derivar de medidas como los indultos, las reformas de los delitos de sedición y malversación o los nombramientos del poder judicial, entre otros.

Y la premisa es la importancia de que el PSOE es el partido más votado en las últimas dos Elecciones Generales y que su secretario general ostenta actualmente la presidencia del Gobierno. Gracias a este “ruling dividend” trufado de una épica discursiva contraria a la derecha por las características del último mandato del PP entre 2016 y 2018, los militantes y cargos orgánicos socialistas están unidos en torno a ello sin reparar en que su “causa” (su agenda de Gobierno en materia económica, social y exterior) está siendo desplazada del centro político hacia uno de los extremos, empujada por la confluencia de fuerzas nacionalistas, populistas e iliberales.

En consecuencia, existe una diferencia sustancial entre la percepción del simpatizante o cargo del PSOE en torno a las medidas que se están tomando y las consecuencias que con una alta probabilidad se pueden producir. Pero incluso para aquellos que sí pueden ser medianamente conscientes del riesgo que entraña la conservación de los apoyos de legislatura, importa más perder la posición de Gobierno y cederla al PP que los riesgos para el orden constitucional. 

Para salir de esta situación -y antes de que sea demasiado tarde para el Estado de Derecho- hay varias alternativas, pero todas ellas pasan por un cambio de fondo en la percepción que la mayoría de los simpatizantes, militantes y cargos del PSOE tienen de la situación actual. Si esto se produce, la probabilidad de que los actuales dirigentes den marcha atrás y cambien de rumbo es elevada. Una dirección, por mucho “ruling dividend” que tenga, no se puede sostener en el tiempo con un rechazo generalizado de sus acciones. Éste es el trabajo a desarrollar en las próximas semanas y meses desde la base y con la base.

Es poco prudente esperar a que un dirigente actual o histórico tenga los incentivos y la fuerza suficiente para intentar un cambio en la política actual, ya que trabajará en contra no sólo de la dirección, sino que tampoco conseguirá persuadir a unas bases alimentadas con mensajes sencillos y con poca percepción de los riesgos. Y menos aún dejar que la presión del cambio descanse sobre los que se consideran adversarios políticos con herramientas tradicionales como manifestaciones, mociones de censura o confiar en un vuelco electoral significativo en los comicios de mayo. No es el momento de reacciones desairadas ni tactistas que sólo servirán para desincentivar al que hoy cierra filas en torno a su líder. 

Es una tarea muy compleja que requiere del concurso de todos, en un momento en que el Gobierno de coalición, ERC y EH Bildu juegan de manera repetida al “dilema del prisionero”. Han aprendido a cooperar, a necesitarse mutuamente. Y eso es letal para la estabilidad democrática de España. Para romper este “dilema del prisionero” no se puede confiar en que los separatistas y herederos del terrorismo cometan algún error que les deje fuera de juego. Históricamente nunca ha sido así: conforme reciben concesiones por parte de los Gobiernos nacionales, sus reivindicaciones aumentan. Hay que actuar, cuanto antes, sobre el partido que durante muchos años ha sido central y que hoy conforme se escora hacia el extremo, dibuja un espacio de orfandad política creciente.

El elevado coste de aprobar los últimos Presupuestos de la legislatura

El problema no es en qué se cede sino ante quién se hace. No es lo mismo ceder para llegar a un acuerdo con fuerzas políticas centradas que hacerlo con extremistas que, además, alardean públicamente de que gracias a ellas el Gobierno actual mantiene su estabilidad parlamentaria

FUENTE: EFE

Los apoyos son los ya conocidos: ERC, PNV y EH Bildu. Una ‘ayuda’ que la ministra de Hacienda compara con los Pactos de La Moncloa, que ahora cumplen 45 años, para defenderse de los indefendibles. Huelga decir que cualquier parecido de los Pactos de la Moncloa con la situación actual es pura coincidencia. Ni el lugar que cada actor representaba en el espectro político es el mismo (más allá de las siglas), ni tampoco el fondo del discurso, la política económica y las medidas concretas.

Para lograr la suma mágica, los negociadores de la Moncloa han tenido que conceder importantes cuestiones. El apoyo más costoso en términos políticos y monetarios es el de ERC con la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación. A ello se añaden más de 23.000 millones de gasto público para 2023.

Si la polémica ha rodeado la propuesta de reformar a la baja las penas por sedición, el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu no es menos costoso. La formación radical vasca ha conseguido sellar un pacto de diez puntos en el que se recogen, entre otras cuestiones, el traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra, donde esta función pasará a desempeñarla la Policía Foral en lugar de la Guardia Civil, y la prolongación del tope del 2 % en la actualización de los alquileres hasta diciembre del 2023.

Por último, el PNV ha añadido sus seis votos al casillero gubernamental a cambio de la renovación del Concierto Económico Vasco (y la actualización del cálculo del cupo) en los mismos parámetros ahora vigentes para los próximos cinco años y de la aprobación de hasta 49 enmiendas a las cuentas, con lo que eleva en 41 millones de euros lo cosechado por los nacionalistas en el 2021. A ello se añade el PDeCAT y su enmienda para extender la gratuidad del transporte público para el usuario a los autobuses de larga distancia.

En suma, serán las urnas las que dictaminarán, en un año, si el precio ha valido la pena.

Nuestra visión sobre el nuevo curso político en España

El inicio del curso político 2022-2023 puede analizarse mediante una serie de ‘lugares comunes’ perfectamente descritos en los últimos meses. Dado que la intención de este Club de Opinión no es repetir lo obvio ni enfatizar lo evidente, es necesario buscar las claves de este próximo curso en un ejercicio de análisis más profundo.

FUENTE: EFE

La ventaja de contar con unas bases políticas tan superficiales como las de nuestro tiempo es que no es demasiado difícil ir a las motivaciones últimas de lo que está pasando y seguiremos viendo en los próximos meses con un alto grado de probabilidad.

En términos de estrategia, se trata de construir una coyuntura política y social basada en colocar al Gobierno y sus socios de legislatura como los garantes de una estabilidad precaria bajo la percepción de ser un “escudo protector” hasta diciembre de 2023. De esta manera, aquellas partes de la sociedad con más motivos para rebelarse mostrando su descontento no tengan suficiente fuerza y apoyo para movilizarse, mientras que se amplía el espectro social al que el Gobierno le genera la expectativa de que le está ayudando sin que haya ayuda real alguna.

Lo más importante no es ayudar con medidas eficaces ante los problemas socioeconómicos de los ciudadanos, sino hacerles creer que se les está dando un soporte que en realidad no existepara los que más lo necesitan. No hay más que ver qué ha sucedido con una medida como es el ingreso mínimo vital. Con un balance decepcionante (al cierre de 2021 apenas alcanzó al 40% de los beneficiarios según la AiREF), es un buen ejemplo no sólo del tipo de políticas que se aplican sino también del fin último que se persigue con ello.

Generar de forma permanente expectativas de que el Ejecutivo va a ayudar a quien lo necesite es una buena estrategia para minimizar la crítica hacia la labor de Gobierno, con independencia de su color político y administración (nacional, autonómica o local). Se aplica una máxima eficaz como es ‘no morder la mano del que te da de comer’, aunque en la realidad no te dé. Es la doctrina que se sigue desde el verano de 2020 con los ya archi-conocidos ‘fondos europeos‘. Se sabe que hay alguien que los percibe, pero muy pocos lo han visto de cerca o conocen casos de perceptores cercanos que sirvan para mantener la expectativa de participación en las inversiones millonarias hasta ahora planificadas. No hay más que ver la ejecución a principios de junio, por ejemplo, del que iba a ser el proyecto estrella: el vehículo eléctrico.

Obviamente, este juego de crear expectativas continuamente tiene fecha de caducidad. Pero es la suficiente como para mantener un año más el actual Gobierno, y un año menos para recomponer un tejido productivo profundamente desgastado y con unas perspectivas poco favorables en los próximos meses. Hay algunos indicadores que reflejan los problemas de fondo como las encuestas donde puede verse el cambio de fondo que se está produciendo en la intención de voto a menos de un año de las Elecciones locales y regionales. Sin embargo, no existe un mecanismo suficientemente engrasado que permita acelerar el fin de una legislatura más que agotada.

El Gobierno Sánchez-Díaz tomó hace ya tiempo la decisión inquebrantable de invertir todos los recursos públicos necesarios que les permita sobrevivir sin buscar acuerdos entre los grandes partidos, y que sirva para defenderse y contraatacar ante los escándalos, contradicciones y malas decisiones diarias. Ésta es, en definitiva, la realidad a la que nos enfrentamos en los próximos meses hasta el final de la Legislatura.

La ‘memoria democrática’, un mes después de su aprobación

El Club de Opinión La España que Reúne convocó a los medios en la mañana del viernes 15 de julio para expresar su más absoluta repulsa a la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso de los Diputados. Un mes después de su aprobación, los socios que dieron su apoyo preparan los siguientes ‘peajes’ que seguirán comprometiendo al actual Gobierno.

FUENTE: EUROPA PRESS

En la rueda de prensa del 15 de julio, José María Múgica recordó las palabras del Rey Felipe VI en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, en Ermua, el pasado 10 de julio. Para Múgica, estas palabras del Rey son perfectas y a la vez “incompatibles” con la reciente Ley de Memoria Democrática apoyada gracias a los votos que en su momento ayudaron al terrorismo. Una norma “sencillamente inconcebible que nace con tan infame apoyo, de los que jamás condenaron el terrorismo”, expresó. Este hecho resulta un “colmo”, ya que se investiga la democracia, con la Constitución aprobada y votada por la mayoría de los españoles, “poniendo en jaque el relato de la Transición” con aquellos condenados por la justicia por terrorismo y que se encuentran en la cúpula de EH Bildu.

“No hacía falta una Ley de Memoria Democrática pactada con Bildu, en la que ni una sola palabra se refiere al terrorismo. Qué tipo de memoria se pretende de la historia de España, en la que el terrorismo no figura. Sin esa ley todo estaba ya en la Transición, momento de reconciliación de los españoles; como estaba en la Constitución de 1978, viga maestra de nuestra unidad y de nuestra concordia”, recordó Múgica.

Esta norma no tiene el respaldo de los españoles ni la unidad de los partidos, como si tuvo la carta magna y por eso, si se mira esa Ley, “produce una profunda amargura que esté suscrita por los legatarios del terrorismo”. Esto hace que la norma sea imposible de considerarse como “positiva” y, con ella, “asistiremos a un retroceso” en nuestra sociedad, “pues es imposible avanzar en una convivencia con valores compartidos en esas condiciones”, sentencia José María Múgica.

Casi un mes después de la aprobación de esta ley, podemos observar los preparativos de los socios parlamentarios para seguir obteniendo concesiones por parte del Gobierno. No haber pactado la norma, ni siquiera negociarla en parte con el principal partido de la oposición, es un error que tiene costes importantes a medio y largo plazo. Por lo pronto, supone hundir más en el ‘círculo vicioso’ de los apoyos parlamentarios al actual Gobierno, el cual se verá obligado a seguir cediendo en pro de su estabilidad y durabilidad.

Pero llegará en breve un momento particularmente delicado como es la pretensión de los grupos extremos de acceder a la información sensible que el Estado guarda desde hace décadas para usarla en beneficio del ideario centrífugo que da más de 50 diputados a la actual coalición. En ese momento, se verá si los secretos son tan fácilmente revelables como se prometía en los debates de la ley (se plantea incluso alargar hasta en 50 años la revelación de cierta información) o si todo este movimiento se queda en agua de borrajas, pero habiendo repartido por el camino unos cuantos millones de euros que benefician a grupos políticos y sociales que se comportan como ‘buscadores de rentas’.

En los anteproyectos de Ley de Memoria Democrática circulados en los últimos dos años se establecía un presupuesto de 11 millones de euros para la ‘reparación, restitución de bienes y otras acciones’. Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática ha sido aprobada en julio sin una memoria económica, lo cual deja un enorme margen discrecional al Gobierno para establecer partidas presupuestarias con difícil auditoría (la ley establece que en el plazo de un año se realice la auditoría de todos los bienes y valoración de los daños).

Aparte de esto, hay partidas económicas aún sin cuantificar pero que tienen nombre y apellidos. Es el caso del PNV que será el principal y casi único beneficiario de la Disposición Adicional Novena; los grupos que representan a la etnia gitana a través de la Adicional Duodécima o los Gobiernos vasco, navarro y catalán en las sucesivas Adicionales Decimoséptima y Decimoctava y Final Sexta, respectivamente.

Editorial: Los costes democráticos de alargar por más tiempo la legislatura

La democracia es mucho más que la búsqueda incondicional de apoyos en las Cortes para sacar adelante los proyectos legislativos del Gobierno. En este sentido, uno de los principios básicos de una democracia es excluir de la gobernabilidad a aquéllos que persiguen su destrucción y la confrontación no pacífica entre ciudadanos, los cuales representan un porcentaje minúsculo de los electores. Sin embargo, en España estamos haciendo todo lo contrario: naturalizar al espacio político heredero del mayor enemigo del sistema constitucional que ha sido el terrorismo.

FUENTE: El Correo/EP

Sorprende que en un país cuyo Gobierno ha hecho de la ‘memoria democrática’ una de sus principales banderas, ésta sea tan asimétrica y kafkiana. Al mismo tiempo que se ponen en jaque los principales consensos sobre los que se construyó la Transición, se escenifica un programa de ‘olvido político’ intencionado que pretende ser implantado sin oposición entre la izquierda, aplacando cualquier crítica a través de palabras gruesas y acusaciones inaceptables entre demócratas de cualquier signo político.

Es evidente la dificultad de gobernar España con unas mayorías tan exiguas e inestables como las actuales. Sin embargo, esto no puede dar carta de naturaleza a una política de ‘todo vale’ para permanecer por más tiempo en el Gobierno. En el momento en que se da un lugar destacado a los enemigos de la democracia -todos ellos fuerzas extremas y centrífugas- la salud del sistema democrático se resiente profundamente, ya que la dinámica de sus demandas siempre es creciente, nunca decreciente. Y una vez que ocupan un espacio que ni electoral ni sociológicamente les corresponde, apartarlos para retomar el normal funcionamiento institucional de un país requiere de un gran esfuerzo.

Hay que resistirse a llamar toda esta operación como ‘rearme del socialismo’ y ‘marcar perfil propio’. Es todo lo contrario: entregar rentabilidad electoral a cambio de un proceso que puede llegar a ser irreversible de deterioro democrático. Tener la vista puesta más en las municipales de 2023 a la espera de que “estemos preparados o no para cosas mayores”, es un ejercicio de irresponsabilidad difícil de aceptar en democracia.

Este movimiento no solo sería contrario a esta idea del ‘rearme socialista’, que se vería opacado por este refuerzo a la extrema izquierda, sino que va en contra de toda la trayectoria constitucional de los últimos años, la cual ha posibilitado una convivencia pacífica entre demócratas que luchaban juntos contra los enemigos de España.

La verdadera cara de EH Bildu

En el día de ayer, los medios de comunicación se hicieron eco de la muerte de uno de los fundadores de la banda terrorista ETA, Julen Madariaga. Quienes también se hicieron eco fueron algunos miembros de su denominado ‘brazo político’, EH Bildu.

(FUENTE: EFE)

Bien es cierto que Madariaga condenó públicamente desde 2001 la violencia empleada por la banda terrorista, pero su implicación desde la fundación en 1959 de una banda que acabó con la vida de más de 800 personas no puede ser olvidada por la sociedad española.

Desde EH Bildu se han deshecho en elogios con el exlíder terrorista por el día de su fallecimiento, como no, Arnaldo Otegi ha salido a valorar su gran papel para el País Vasco. Una persona que jamás ha condenado la violencia de la banda terrorista y que, por ende, no tiene cabida en una democracia como la nuestra.

Otegui ha publicado sus condolencias a través de su Twitter, ensalzando la figura de un “abertzale comprometido con la libertad de nuestro pueblo”. Otros representantes de la formación han respaldado este mensaje de Otegi en sus respectivas despedidas al líder etarra destacando su lucha por algo a lo que ellos llaman “libertad”.

Esta es la verdadera cara de EH Bildu, un partido que, como algunos de sus representantes, no ha condenado la violencia públicamente. Una agrupación que no condena los actos terroristas que tanto daño han causado a nuestra sociedad, reiteramos, no tienen espacio en la democracia a la que tanto daño han hecho con sus actos.

El Gobierno no puede asociarse con aquellos que no respetan la libertad de aquellos que solo quieren lo mejor para España. Al final Pablo Iglesias iba a tener algo de razón con que en nuestro país no hay normalidad democrática, cuando representantes de partidos actúan contra los valores del sistema.