El populismo se importa por piezas

Ningún país empieza donde Venezuela o Nicaragua terminaron. Empieza mucho antes: cuando el adversario deja de ser una alternativa legítima, los jueces incómodos se convierten en activistas, o el líder transforma sus problemas personales en una causa colectiva. América Latina conoce bien esa gramática. Lo inquietante es que una parte creciente de ella ya se habla en España.
FUENTE: EFE

Durante años, la influencia latinoamericana sobre la izquierda española pudo considerarse una peculiaridad intelectual de los fundadores de Podemos. Ya no. Un estudio publicado este mismo año sobre la evolución de ese espacio político constata expresamente la persistencia de su «mirada latinoamericana» y estudia el Frente Amplio uruguayo como horizonte organizativo para España. Lo relevante ahora es que algunos de aquellos recursos han dejado de pertenecer exclusivamente a Podemos y aparecen, con intensidades diferentes, en la reorganización del conjunto de la izquierda y en el propio discurso de Pedro Sánchez.

El Frente Amplio no es sólo un nombre. Izquierda Unida acaba de definirlo como un proyecto que debe trascender los partidos y conectar con la «sociedad organizada y movilizada». Más revelador todavía es que su comunicado coloque las protestas por la vivienda, los sindicatos de inquilinos, las movilizaciones callejeras, la huelga general y las elecciones del 29-N dentro de «una misma secuencia política y social». La política parlamentaria, el movimiento social y la movilización de la calle dejan así de aparecer como esferas diferenciadas para formar parte de un mismo sujeto político. Ésa es una concepción mucho más importante que cualquier sigla.

La misma lógica aparece, con otra forma, en Senado de Progreso, la candidatura conjunta con la que PSOE y buena parte de las fuerzas situadas a su izquierda concurrirán a la Cámara Alta. Una coalición electoral es completamente legítima; la cuestión interesante es el lenguaje con el que se construye. Antes incluso de constituirse, la iniciativa había sido impulsada bajo la denominación «Senadoras y Senadores por la Democracia». Finalmente, la candidatura común se llama «de Progreso». La disputa política empieza así a adquirir una dimensión moral: una parte se identifica semánticamente con la democracia y el progreso y sitúa inevitablemente a quien queda enfrente en el espacio contrario.

Eso tampoco aparece aislado. Al anunciar las elecciones, Sánchez afirmó que durante la legislatura había tenido que combatir contra «élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones pero que quieren seguir controlando nuestro país», calificó a la actual oposición como «la peor» de nuestra democracia y reclamó una mayoría progresista más amplia con la que «doblegar a las élites«. No estamos ante una expresión cualquiera. Es el núcleo de la lógica populista estudiada durante décadas: frente al pueblo que expresa su voluntad mediante las urnas aparecen poderes no elegidos que obstaculizan esa voluntad y cuya legitimidad resulta, por ello, sospechosa.

El problema es que la democracia constitucional está deliberadamente llena de poderes que no se presentan a las elecciones. No se presentan los jueces, los fiscales, los reguladores, los funcionarios, los periodistas ni los tribunales europeos. Su legitimidad no procede de obtener votos porque su función consiste precisamente en no depender de ellos. El gobernante elegido dispone de una legitimidad formidable para gobernar, pero no de una legitimidad superior a la Constitución para decidir qué límites merecen obediencia.

El enemigo deja de equivocarse y empieza a conspirar

Es aquí donde la experiencia española empieza a resultar más preocupante. Sánchez ha utilizado el concepto de lawfare para hablar de judicialización de la política y ha sostenido ante una comisión del Senado que existe una «minoría minoritaria» de jueces que «hace política de causas judiciales». En la misma intervención habló de «pseudomedios» integrados en una «máquina del fango». No hace falta negar que puedan existir malas actuaciones judiciales, información falsa o campañas políticas a través de los tribunales para advertir el cambio de categoría: el control deja de discutirse únicamente por sus decisiones y comienza a ser presentado como parte de una estructura política hostil.

La escena del reciente mitin de Fuenlabrada añade otra pieza. Sánchez subió al escenario con Begoña Gómez, la abrazó y besó ante las cámaras y enmarcó las causas judiciales que afectan a su mujer dentro de un relato familiar de resistencia: habían intentado «quebrarlos» y estaban más unidos que nunca. El problema político no es un beso. Es convertir una situación sometida a los tribunales en una experiencia emocional compartida entre el dirigente, su familia y sus seguidores, desplazando la discusión desde lo que debe resolver un juez hacia quién está con el líder cuando éste se siente atacado.

Ahí el populismo demuestra su enorme eficacia. No necesita abolir una institución para debilitarla; primero necesita modificar la relación emocional de sus seguidores con ella. Si una resolución favorable acredita que funciona el Estado de Derecho y una resolución adversa confirma el lawfare, la institución conserva formalmente todas sus competencias, pero ha perdido algo más difícil de recuperar: la aceptación previa de su autoridad cuando decide contra los nuestros.

América Latina no es una exageración: es un precedente

Ésa es la parte de la experiencia latinoamericana que España debería estudiar sin condescendencia. Chávez llegó al poder mediante elecciones y conservó durante años un importante apoyo popular. Cuando el Tribunal Supremo empezó a convertirse en un problema, su mayoría parlamentaria aprobó en 2004 una reforma que amplió de veinte a treinta y dos sus magistrados y permitió colocar doce nuevos jueces. Human Rights Watch documentó entonces cómo aquella reforma alteró políticamente la composición del máximo tribunal venezolano. El argumento previo había sido siempre más atractivo que el resultado posterior: había unas élites y unas instituciones heredadas que impedían ejecutar plenamente el proyecto respaldado por el pueblo.

Nicaragua llevó esa lógica mucho más lejos. Ortega regresó al poder por las urnas; después fueron desapareciendo los límites. La Justicia permitió primero sortear las restricciones a su reelección, una reforma de 2014 eliminó los límites presidenciales y la reforma constitucional culminada en 2025 otorgó a la Presidencia incluso capacidad para «coordinar» los poderes legislativo y judicial. No ocurrió una mañana. Fue una acumulación de decisiones en las que cada contrapeso pudo presentarse como un obstáculo a la voluntad política de quienes ya controlaban la mayoría.

Esperar a que España alcance un desenlace semejante para considerar preocupante el método sería absurdo. La utilidad de un precedente consiste precisamente en reconocer la secuencia antes de llegar al final. España conserva una democracia competitiva, tribunales independientes, prensa plural, pertenencia a la Unión Europea y alternancia efectiva. Precisamente por eso éste es el momento de defender esas fortalezas, no de utilizarlas como tranquilizante mientras se normaliza un lenguaje que divide sistemáticamente entre la legitimidad del pueblo y la sospecha hacia quienes limitan a quienes hablan en su nombre.

Frente Amplio. Senado de Progreso. Sociedad movilizada y elecciones formando una misma secuencia. Élites que deben ser doblegadas. Lawfare. Pseudomedios. Jueces que hacen política. El dirigente y su familia convertidos en símbolo emocional de una persecución. Ninguna de esas piezas aislada demuestra una deriva autoritaria y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Pero juntas sí describen una determinada forma de concebir la política: construir un bloque social y moral, identificarlo con la mayoría legítima y explicar las resistencias que encuentra como la reacción de poderes que carecen de esa legitimidad.

La advertencia latinoamericana no consiste en decir que España sea hoy Venezuela o Nicaragua. Consiste en comprender algo mucho más incómodo: Venezuela y Nicaragua tampoco comenzaron siendo la Venezuela y la Nicaragua que hoy conocemos. Antes de controlar tribunales hubo tribunales desacreditados; antes de arrinconar al adversario hubo adversarios presentados como enemigos del pueblo; antes de confundir partido, movimiento y Estado hubo una mayoría convencida de que su superioridad moral justificaba saltarse algunas resistencias.

El populismo no se importa en un contenedor y llega de una sola vez. Se importa por piezas. Y algunas ya están aquí.

¿Funciona mejor España que hace cuatro años?

La pregunta clásica de la política norteamericana mira al bolsillo: cuánto ganábamos, cuánto podíamos comprar y cuánto nos quedaba a final de mes. En España, el 29-N obliga a ampliarla. También cuenta si una familia puede acceder a una vivienda, si un hijo tiene más oportunidades que sus padres, si la escuela sigue funcionando como ascensor social y si los servicios públicos responden cuando se necesitan.
FUENTE: EFE

Ronald Reagan convirtió en 1980 una pregunta muy sencilla en una de las formulaciones más eficaces de la democracia retrospectiva: «¿Está usted mejor que hace cuatro años?». Detrás había una intuición que la ciencia política ha confirmado muchas veces: los ciudadanos no votan únicamente programas de futuro; también premian o castigan lo que les ha ocurrido durante el mandato que termina. Y una parte de ese juicio se realiza mirando el propio bolsillo. Estudios que han cruzado encuestas electorales con datos reales de renta han comprobado que las circunstancias económicas personales pesan tanto como la percepción general sobre la economía.

Aplicar esa pregunta a España exige, sin embargo, algo más que comparar PIB, afiliación o tasa de paro. España ha crecido y ha creado empleo durante esta legislatura. Negarlo convertiría cualquier crítica posterior en propaganda. Pero el último informe de empleo de la OCDE sobre España contiene el contraste que importa: los salarios reales crecieron durante el último año, pero todavía se encontraban en el primer trimestre de 2026 un 2% por debajo del nivel de comienzos de 2021, uno de los peores registros de recuperación salarial de la organización. La economía puede avanzar en términos agregados mientras una parte importante de quienes trabajan tiene dificultades para reconocer ese avance en su nivel de vida.

Ésa debería ser sólo la primera parte de la pregunta electoral. Una sociedad no funciona bien únicamente cuando aumenta la renta. Funciona cuando transforma trabajo en progreso, esfuerzo en oportunidades y contribuciones fiscales en servicios públicos que responden. El auténtico balance de una legislatura no consiste sólo en saber cuánto dinero tiene hoy el ciudadano en el bolsillo, sino qué país encuentra cuando levanta la vista.

El bolsillo termina donde empieza la vivienda

Pocas cosas explican mejor esa diferencia que la vivienda. El INE acaba de situar en el 12,2% el aumento interanual de sus precios en el segundo trimestre de 2026. La vivienda usada, que concentra la inmensa mayoría del mercado, se encareció un 12,9%. No hablamos de una gran ciudad o de una estadística privada especialmente pesimista, sino del índice nacional construido a partir de las operaciones escrituradas.

El problema va mucho más allá de pagar más alquiler o necesitar una hipoteca mayor. La vivienda ha sido durante décadas uno de los principales mecanismos españoles de acumulación patrimonial y seguridad económica. Cuando la generación que llega al mercado laboral no puede acceder a ella, no sólo vive peor hoy: empieza a construir su futuro varios escalones por detrás de quienes sí pudieron hacerlo.

El Banco de España calcula que un hogar no propietario necesita de media el equivalente a 6,8 años de toda su renta neta para comprar una vivienda; entre los jóvenes menores de 35 años, 7,1 años. En Málaga, Madrid o Barcelona, determinados hogares que viven de alquiler necesitarían entre nueve y diez años de renta neta. Y la Comisión Europea recuerda en su informe de 2026 sobre España que nuestro parque de vivienda social apenas representa entre el 1,5% y el 1,7% del total, frente al 6%-7% de promedio europeo.

No estamos, por tanto, únicamente ante un problema inmobiliario. Estamos ante una avería del ascensor social.

La OCDE acaba de publicar un trabajo específicamente dedicado a la movilidad intergeneracional. España aparece en la parte media-baja de la comparación internacional: un hijo nacido en una familia situada en el 20% de menor renta tiene aproximadamente un 10% de probabilidades de alcanzar el 20% superior cuando sea adulto, y los datos apuntan además a un deterioro de la movilidad entre las generaciones nacidas en los años ochenta.

Ese es probablemente el dato político que debería preocupar más que muchos décimos de PIB. Una democracia social no promete que todos terminarán en el mismo lugar. Promete algo más elemental: que el lugar de nacimiento no decidirá demasiado pronto hasta dónde puede llegar cada uno.

Cuando estudiar ya no garantiza subir

Durante décadas, España dispuso de una respuesta bastante sencilla para romper esa dependencia del origen: la educación. Un hijo de una familia sin patrimonio podía estudiar, obtener una cualificación mejor que la de sus padres, acceder a un empleo más productivo y construir una vida materialmente superior. El ascensor funcionaba con imperfecciones, pero funcionaba.

Los últimos datos obligan a preguntarse con qué fuerza sigue haciéndolo.

El PISA 2025 de la OCDE sitúa a España por debajo del promedio de los países desarrollados en matemáticas, lectura y ciencias. Desde 2015, la proporción de alumnos que no alcanza el nivel mínimo de competencia ha aumentado 11 puntos en matemáticas, 15 en lectura y seis en ciencias. Sólo el 2% de los estudiantes españoles alcanza los niveles más altos en comprensión lectora, frente al 6% de la OCDE; en matemáticas, el 4%, frente al 8%.

Existe un dato aparentemente tranquilizador: la distancia entre alumnos de mayor y menor nivel socioeconómico es inferior a la media de la OCDE y se ha reducido durante la última década. Pero la propia OCDE explica algo que debería impedir cualquier celebración precipitada: parte de esa convergencia se debe a que los alumnos favorecidos también han empeorado, no a una gran mejora de los más desfavorecidos. Igualar hacia abajo no repara el ascensor.

España ha avanzado en titulaciones. El último Education at a Glance muestra que el porcentaje de jóvenes de 25 a 34 años que no completa la segunda etapa de secundaria cayó del 34% al 25% entre 2015 y 2025. Es un progreso relevante. Pero acumular títulos no basta si las competencias básicas retroceden y si la educación pierde capacidad para traducirse después en productividad, salarios y movilidad.

El fracaso no consiste en que todos los indicadores empeoren. Consiste en que, después de años de reformas educativas, seguimos sin poder afirmar con seguridad que un adolescente que estudia hoy esté recibiendo mejores herramientas para competir y prosperar que quien pasó por el sistema una década antes.

Un Estado también se evalúa desde una sala de espera

Y después están los servicios públicos. Ahí la política deja de ser una discusión sobre modelos económicos y se convierte en una experiencia personal.

La sanidad española conserva profesionales extraordinarios, resultados sanitarios elevados y uno de los sistemas de trasplantes más reconocidos del mundo. Pero eso no elimina el problema de acceso. Los últimos datos nacionales comparables publicados por el Ministerio de Sanidad contabilizaban 853.509 pacientes esperando una intervención quirúrgica no urgente, con una demora media de 121 días; más de uno de cada cinco llevaba esperando más de seis meses. El propio portal del SNS sitúa además en torno a los cien días la espera media para una primera consulta especializada.

Buena parte de estas competencias corresponde a las comunidades autónomas y sería intelectualmente deshonesto cargar cada lista de espera sobre La Moncloa. Lo mismo ocurre con la educación y con una parte considerable de la política de vivienda. Pero una legislatura nacional también se juzga por la capacidad de coordinación del Estado, por las prioridades presupuestarias que establece, por las reformas que impulsa y por si los grandes servicios comunes funcionan mejor o peor al terminar que cuando comenzó.

Ningún Gobierno recibe un país nuevo. Hereda problemas, tendencias demográficas, déficits históricos y responsabilidades compartidas con otras administraciones. La pregunta democrática no es si Sánchez inventó la vivienda cara, los problemas educativos o las listas de espera. Evidentemente no. La pregunta es más exigente: después de tres años de Gobierno, ¿los ha corregido o se han enquistado?

Ahí es donde la vieja pregunta de Reagan se queda corta.

Un ciudadano puede tener empleo y descubrir que su salario compra menos de lo que esperaba. Puede cobrar más y comprobar que la vivienda se aleja todavía más deprisa. Puede pagar impuestos y esperar meses para determinadas prestaciones. Puede conseguir que su hijo llegue a la universidad y seguir dudando de que viva mejor que él. Puede escuchar que la economía crece mientras observa que el principal patrimonio de las generaciones anteriores —una casa, una carrera profesional ascendente, una expectativa razonable de progreso— resulta mucho más difícil de reproducir.

El 29 de noviembre habrá muchas preguntas legítimas sobre las que evaluar estos años. Una de las más importantes no cabe en una cifra macroeconómica.

No es sólo si tenemos más dinero que hace cuatro años. Es si España ofrece hoy más posibilidades de convertir el esfuerzo en una vida mejor. Porque cuando deja de funcionar el ascensor social, el problema ya no está únicamente en el bolsillo. Está en la promesa misma sobre la que se sostiene una sociedad democrática.

El 29-N y los límites del poder

España no está ante su última elección democrática. Está ante una prueba más incómoda: comprobar si, después de tres años de conflicto institucional, seguimos aceptando que gobernar significa también poder perder, ser controlado y someterse a límites que ninguna mayoría puede considerar propios.
FUENTE: IA

Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes y ha convocado las elecciones generales para el 29 de noviembre. El Real Decreto 806/2026 fija además la constitución de las nuevas Cámaras para el 23 de diciembre. Entre una fecha y otra se abre un periodo que merece bastante más atención de la que suele concederse a los interregnos electorales: el Congreso y el Senado ya están disueltos, pero el Gobierno no estará formalmente en funciones hasta después de las elecciones. Hasta entonces conserva sus competencias, mientras las Diputaciones Permanentes permanecen como garantía mínima de continuidad parlamentaria. Sólo tras el 29-N entrarán en vigor las restricciones propias de un Ejecutivo cesante.

Ese calendario importa porque esta campaña no llega después de una legislatura ordinaria. Llega después de tres años en los que la política española ha vivido instalada en una discusión casi permanente sobre los límites: los del Parlamento, los de la Justicia, los del Ministerio Fiscal, los de la amnistía, los de los medios y los de la propia responsabilidad política.

No hace falta recurrir a una retórica apocalíptica para constatar que existe un problema institucional. El Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea de 2026 sigue reclamando a España una reforma del sistema de elección del CGPJ conforme a los estándares europeos, una mayor separación temporal entre el mandato del fiscal general y el del Gobierno, mejoras en la persecución de la corrupción de alto nivel y mayores garantías sobre conflictos de intereses, transparencia e independencia editorial de los medios públicos. El mismo informe reconoce avances relevantes en Justicia y digitalización. Precisamente por eso resulta útil: no describe un Estado autoritario, sino una democracia consolidada con fricciones institucionales que siguen sin resolverse.

La erosión democrática rara vez empieza con un golpe

Aquí es donde la comparación latinoamericana puede aportar algo, siempre que no se convierta en caricatura.

España no es Venezuela, Nicaragua ni El Salvador. Sus instituciones, su pertenencia a la Unión Europea, su estructura territorial, su Poder Judicial y su sistema electoral hacen absurda cualquier equivalencia directa. Pero las democracias contemporáneas enseñan una lección menos tranquilizadora: el deterioro ya no suele comenzar con militares cerrando un Parlamento.

International IDEA define el democratic backsliding como el debilitamiento deliberado, impulsado desde el poder, de las salvaguardas democráticas y del Estado de Derecho con el objetivo de aumentar el control político, reducir los contrapesos o alterar las condiciones de competencia. Y advierte de que muchas de esas transformaciones se realizan mediante instrumentos perfectamente legales: control de la agenda parlamentaria, reformas institucionales, presión sobre órganos de supervisión, polarización sistemática o conversión de cada límite al Ejecutivo en una batalla entre la «voluntad popular» y poderes supuestamente ilegítimos. International IDEA

Ése es el verdadero paralelismo que merece atención. No el resultado final, sino el método.

Nicaragua ofrece hoy el extremo: International IDEA señala que las reformas de 2025 formalizaron un poder ejecutivo prácticamente sin contrapesos y permitieron a la nueva copresidencia «coordinar» legislativo, judicial y órgano electoral. El Salvador representa otro recorrido: la ampliación progresiva del poder presidencial culminó en la habilitación de la reelección indefinida. Son realidades infinitamente más avanzadas que cualquier problema español. Pero llegaron allí mediante acumulación de precedentes, no mediante una decisión única que permitiera señalar el día exacto en que una democracia dejó de funcionar.

Por eso la expresión «última oportunidad» sólo tiene sentido si se entiende como advertencia sobre los precedentes. El peligro de la erosión institucional no consiste en que mañana desaparezcan las elecciones, sino en que cada Gobierno encuentre más normal utilizar las instituciones hasta su límite porque el anterior ya lo hizo.

La campaña ya ofrece una pista

El propio discurso con el que Sánchez anunció las elecciones contiene un elemento significativo.

En su intervención del 5 de octubre, el presidente explicó que durante estos años había tenido que «batirse» contra «élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones» y describió a la oposición como «la peor» de la democracia. Después planteó el 29-N como una elección entre continuar avanzando o entregar el país a una «coalición ultraderechista», y reclamó una mayoría más amplia con la que «doblegar a las élites». Son palabras oficiales recogidas en la transcripción de La Moncloa. La Moncloa

La retórica electoral admite dureza. Todos los partidos dramatizan las consecuencias de una derrota y ninguno está obligado a describir amablemente a sus adversarios. El problema aparece cuando una democracia empieza a dividir el espacio público entre quienes obtienen legitimidad porque representan a «la gente» y quienes, por no concurrir a las elecciones, son presentados como poderes sospechosos que deben ser vencidos.

Una democracia constitucional funciona precisamente porque no todo poder procede de una mayoría electoral. Los jueces no se presentan a las elecciones. Tampoco los tribunales constitucionales, los reguladores independientes, los medios de comunicación o buena parte de los organismos de control. Su legitimidad procede de otra fuente: la ley, la Constitución, la profesionalidad o su función de limitar a quien sí ha ganado las elecciones.

Ésa es una de las diferencias esenciales entre democracia mayoritaria y democracia liberal. Votar concede el derecho a gobernar. No concede el derecho a gobernar sin límites.

Y la misma regla vale para todos.

Si el Gobierno actual obtiene una nueva mayoría, la oposición deberá reconocer sin ambigüedades el resultado y ejercer su función dentro de las instituciones. Si las urnas producen una alternativa, el poder deberá facilitar exactamente lo mismo que exige cuando gana: un traspaso normal, una Administración neutral y la aceptación de que la alternancia no constituye una anomalía ni una derrota del país.

Ésa será la prueba verdaderamente importante del 29-N.

No si España elige izquierda o derecha. No si una campaña consigue movilizar mejor el miedo que la otra. Sino si después de tres años en los que demasiados conflictos han sido presentados como existenciales todavía somos capaces de reconocer algo elemental: ningún Gobierno es España y ningún resultado electoral equivale a apropiarse del Estado.

La democracia española conserva mecanismos robustos precisamente porque la Constitución previó la alternancia, las Diputaciones Permanentes, un Gobierno limitado cuando cesa, jueces independientes y procedimientos reglados para formar uno nuevo. La Ley del Gobierno obliga al Ejecutivo en funciones a facilitar la formación de su sucesor y a limitarse, salvo razones justificadas, al despacho ordinario. No es una formalidad administrativa. Es una de las pequeñas reglas en las que descansa toda una cultura política.

La experiencia latinoamericana demuestra que el deterioro democrático comienza muchas veces cuando esas reglas dejan de ser entendidas como límites comunes y pasan a verse como armas del adversario.

España no está ahí.

La cuestión del 29 de noviembre es impedir que alguna vez resulte normal acercarse.

 Sobre el lenguaje políticamente correcto

Por Ricardo Moreno Castillo
FUENTE: EFE

El Parlamento de Andalucía ha puesto en marcha planes de formación dirigidos a su personal funcionario para promover el uso de un lenguaje claro, accesible e inclusivo para la igualdad de género. Esto supone una gran desilusión para muchos ¿Es que hasta el centro derecha, en quien tantos confiamos cuando llegue la hora de desmontar todos los despropósitos de sanchistas, podemitas y demás ralea, va a caer también en los prejuicios de lo políticamente correcto?

      El lenguaje evoluciona siguiendo unas leyes que nada tienen que ver con el feminismo, ni el machismo ni el sexismo. En latín había tres géneros: Totus, tota, totum, y al caer la consonante final, el neutro coincidió con el masculino, de modo que “todos” se convirtió en una palabra polisémica (se puede referir a un colectivo formado solo por hombres o por hombres y mujeres) y “todas” siguió significando un colectivo en que sus componentes son mujeres o seres que se designan con una palabra femenina (como cuando decimos que “todas las hienas son carroñeras” y  no hace falta decir “las hienas son carroñeras y carroñeros” porque no se refiere al género, sino  a la especie, que se denomina con una palabra femenina, y nadie piensa que con esta afirmación se está excluyendo a los machos). Querer paliar esa desigualdad usando el “todes” no es más que una tontería propia de ignorantes.

       Pero por distintas razones, la evolución también ha dado lugar a palabras gramaticalmente femeninas aunque se refieran a hombres o mujeres indistintamente. Es correcto decir “todas las personas que estábamos allí nos sentíamos muy contentas”, aun cuando esas personas sean todas hombres. Sería un poco estúpido que una asociación de machos oprimidos reivindique que se ha de decir “las personas y los personos” (y ya puestos a afinar, también “les persones”, no vaya a ser que quienes poseen sexo fluido se sientan excluidas). Y decimos que “el accidente causó numerosas víctimas” aunque no todas sean mujeres, y no hace falta decir “las víctimas y los víctimos” para que las victimas de sexo masculino no se consideren menospreciadas. Y cogemos un niño en brazos decimos “¡Pero que criatura más linda!”, aunque la tal criatura sea un niño, y también decimos de alguien que “es buena gente” aunque ese alguien sea un hombre, y si ese hombre se siente ofendido porque se le ha adjudicado un adjetivo en forma femenina, pues ese hombre es un imbécil, y no alguien legítimamente preocupado por la igualdad. Y aceptamos que se diga de una mujer que “es un gran personaje” o de un hombre que “es una gran celebridad” sin que ni la primera ni el segundo (si son medianamente listos) tengan razones para sentirse ninguneados. Incluso la palabra “palabra” es femenina, aunque se refiera a un nombre masculino Decimos por ejemplo “coche es una palabra masculina”, y “masculino” va en femenino para concordar con “palabra”. ¿Habría que decir “palabras femeninas” y “palabros masculinos” para ser coherentes? Un poco de cordura, por favor.

      Curiosamente, el masculino inclusivo se usa con la mayor naturalidad cuando se trata de algo peyorativo y entonces nadie se mosquea. Si alguien dice que “hay que perseguir a los corruptos, castigar a los ladrones o encarcelar a los asesinos”, nadie entienda que no haya que perseguir a las corruptas, ni castigar a las ladronas ni encarcelar a las asesinas. ¿Por qué será?

      De hecho, en casi todos los colectivos el individuo es una palabra masculina y el colectivo se nombra con una palabra femenina: la palabra “ciudadano” es masculina, en cambio “la ciudadanía” es femenina, “el ser humano” es masculino, “la humanidad” es femenina (y si ningún hombre se siente excluido por usar la palabra humanidad, ninguna mujer tiene por qué sentirse excluida cuando se habla de “seres humanos”), “el policía” es el individuo y “la policía” es la institución. Claro que desde que hay agentes femeninos, el grupo nominal “la policía” se convirtió en polisémico, porque puede referirse tanto a la institución como a la agente de sexo femenino, pero la diferencia siempre la aclara el contexto, y no hace falta decir “las policías y los policíos”.     

      Uno de tantos despropósitos que proponen las normas promulgadas por la Junta de Andalucía es sustituir “los usuarios” por “las personas usuarias”, con lo cual se alarga innecesariamente la palabra y no se gana nada, porque se sustituye una palabra masculina, pero en este caso inclusiva, por otra palabra, igualmente inclusiva, pero femenina, y si las mujeres tienen derecho a sentirse excluidas por decir “los usuarios” idéntico derecho tienen los hombres a sentirse también excluidos por decir “las personas”.

      También se aconseja alternar el orden (a veces el femenino primero, otras el masculino) para garantizar la simetría. Eso también es una mentecatez. Cuando un conferenciante se dirige a un colectivo suele decir “señoras y señores” o “damas y caballeros” (y nunca “caballeros y damas”), y no pasa nada. Si en ciertas construcciones ya está consagrado por el uso empezar por la palabra femenina, no hay razón alguna para alterarlo, y ningún varón (salvo que sea tonto de capirote) tiene motivo para sentirse arrinconado por pertenecer al colectivo nombrado en segundo lugar. También aconsejan las normas dictadas por la Junta usar las palabras “jefa”, “letrada” “ingeniera”, lo cual ya se hace desde siempre sin necesidad de normativa alguna, y esto es así porque son palabras que admiten la doble terminación (por razones puramente gramaticales, no sexistas) mientras que otras no admiten esa doble terminación: no es correcto decir “la reina regenta” ni, “el atleto”, ni “el ciclisto”, ni “la remitenta”, ni “el pediatro”, ni “el comunisto”, ni “el idioto”, ni “el gilipollos”, ni el “socialisto”, ni “el siquiatro”, ni “el nacionalisto”, ni “el patrioto”, ni “la abajo firmanta”, ni “el poeto”, ni el “novelisto”, ni “el artisto”, ni “el gimnasto”, ni “el masajisto”, ni “el periodisto” ni mucho menos (porque sonaría un poco feo) “el logopedo”. Lo mismo sucede con los nombres de animales, algunos admiten la variación de la vocal final para distinguir el macho de la hembra (como “el león y la leona” o “el lobo y la loba”) y otros no (y por ello decimos “la jirafa macho” o “el lince hembra” y no “el jirafo” o “la lincesa”), y esto no obedece a prejuicios de superioridad de unas especies sobre otras, sino a razones que solo las pueden explicar la gramática histórica y la etimología, no la zoología.

      Defendiendo una causa justa también se pueden hacer o decir tonterías, con lo cual se desprestigia la causa que se pretende defender y en consecuencia, en lugar de hacerla progresar, se la hace retroceder. Y si hay alguna a la que se está perjudicando por culpa de la estupidez de sus defensores (y nótese que no digo “y defensoras” porque se sobreentiende que la estupidez no es exclusiva del sexo masculino) es precisamente la del feminismo. Y tan es así que muchos jóvenes, al ser interrogados sobre el tema, dicen: “Yo creo que los hombres y las mujeres han de tener idénticos derechos, pero no soy feminista”. Se ha llegado a tal extremo de degradación que ya no se identifica el feminismo con la legítima lucha por la igualdad de derechos, sino con las toneladas de majaderías que se han vertido sobre una causa indiscutiblemente justa hasta dejarla irreconocible.

     Políticos de centroderecha, están ustedes cometiendo un error. Por no querer parecer demasiado reaccionarios, están asimilando algunos tics estúpidos de la izquierda. Pero entonces se vuelven más reaccionarios todavía, porque la estupidez es siempre reaccionaria, rancia y retrógrada, aunque sea sostenida por un izquierdista con el puño en alto. Solo la inteligencia es auténticamente progresista y luminosa, aunque para expresarse tenga que utilizar discursos políticamente incorrectos y poco gratos a oídos de progresistas de salón y revolucionarios de opereta. Dejen de gastar dinero y tiempo en tonterías, y traten a los electores como personas inteligentes. Eso, además, tendrá más réditos electorales que si se les trata como tontos.

 La revancha

Por Juan-José López Burniol
FUENTE: EFE

Desde hace algunos años, ha ido tomando cuerpo en España una insistente ansia de revancha de nuestra última contienda fratricida, que estalló hace noventa años. Esta revancha se libra como una nueva guerra civil, afortunadamente híbrida, en la que no se combate con ejércitos convencionales y en campos de batalla tradicionales, sino mediante la fractura social deliberada y azuzada, el bloqueo y el colapso institucionales y la polarización radical de las posturas, que desembocan en un enfrentamiento civil. Lo que se manifiesta en el alineamiento de dos bandos separados por un muro. Un maldito muro erigido en mala hora por el presidente Sánchez. Estos bandos son los mismos que definió el Pacto de San Sebastián en 1930 y se enfrentaron en 1936. Por un lado, las izquierdas de distinto octanaje, más las derechas separatistas catalana y vasca; y por otro, el resto de las derechas.

El objetivo que persigue esta revancha, iniciada ¡desde el poder! por el presidente Rodríguez Zapatero y potenciada sin límite por el presidente Sánchez, es: a) poner fin a la segunda restauración monárquica instaurada en la persona del Rey Don Juan-Carlos; b) derogar la Constitución de 1978; c) abrogar el Régimen implantado por ella; d) derrocar al Rey Don Felipe, para conectar directamente con la legalidad de la Segunda República (profanada en su día, primero por un bando y luego por el otro); y d) instaurar una Tercera República presidencialista, plurinacional y confederal, que ponga fin a España como nación, es decir, como un ámbito de solidaridad primaria e inmediata conformado por la geografía y por la historia, en el que todos los españoles son iguales.

Otra vez las malditas “dos Españas”. Y seamos claros: no son adversarias, sino que son enemigas. La resolución de su conflicto no atenderá, por tanto, a unas reglas aceptadas por todos, sino al respectivo poder de las fuerzas en presencia, con el apoyo sicario de sus respectivas tropas auxiliares mediáticas.

El choque se iniciará pronto. A lo más tardar, en un año. Y este conflicto civil coincidirá quizá con el estallido de la crisis larvada y agravada de Ceuta y Melilla, que, vistos los antecedentes, acabará en un nuevo 98. Será el “Desastre” final. España estará más sola que nunca, gracias a una política exterior demencial, y no tendrá ni el consuelo de salvar su honor gracias, como siempre, al sacrificio de sus soldados, como sí se salvó en Cuba y Filipinas. ¿Y las consecuencias de esta debacle? Eso, sábelo Dios. En cualquier caso, España perderá. Y entonces, todos, absolutamente todos, podremos decir refiriéndonos a España: “Entre todos la matamos y ella sola se murió”. No habremos sabido preservar ni el legado que recibimos.

En medio de esta penosa situación, que nos aboca al despeñadero, puede ser aleccionador, e incluso ameno, leer un libro reciente del historiador Juan-Francisco Fuentes, catedrático del ramo en la Complutense, que recoge su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Se titula “Hambre de patria” (un título que no refleja la sutileza del texto) y recoge con minucioso rigor muchos aspectos de la peripecia vital, intelectual y sentimental del exilio republicano tras la guerra civil. Una peripecia que cristalizó en una verdad como un templo: la Transición (prescindir del pasado para pactar el futuro) se soñó en el exilio mucho antes de que los de dentro acertásemos ni tan siquiera a imaginarla. Por eso, considero hoy a muchos de los líderes republicanos de entonces como si fuesen “míos” de toda la vida, mientras que desconfío y reniego de nuestros actuales dirigentes. Son legítimos, pero carecen para mí de “auctoritas”, de credibilidad.

Ojalá un líder, tan demócrata como patriota, saque a España de este mal trance desde la ley, con la ley y por la ley. Como cuando de Gaulle levantó a Francia de su “extraña derrota” (Marc Bloch), llevándola a figurar luego entre los vencedores de la guerra. Y como cuando Churchill llevó al Reino Unido a resistir primero para vencer después. Todos necesitamos, a veces, un milagro. Así sea.

Nunca habíamos estado tan solos

Ceuta ha dejado al descubierto dos debilidades que se alimentan mutuamente: España conserva menos aliados dispuestos a defender sus intereses y, dentro, el Estado ha adquirido una dependencia extraordinaria de las decisiones personales de Pedro Sánchez. Mucho poder concentrado arriba y muy poca capacidad para reaccionar cuando arriba no decide.
FUENTE: EFE

La crisis de Ceuta ha proporcionado una imagen bastante precisa del Estado que hemos construido durante estos años. Hicieron falta casi cuatro semanas desde la entrada masiva del 30 de julio para que Pedro Sánchez convocara el Consejo de Seguridad Nacional, declarara la situación de interés para la Seguridad Nacional y estableciera un mando único. El presidente ceutí llevaba tiempo reclamándolo.

Algo más hemos esperado para atender las primeras explicaciones del presidente del Gobierno, a todas luces contradictorias, llenas de huecos inexplicables y con un conflicto latente entre ministros.

Un Estado que espera órdenes

La concentración del poder posee una consecuencia que suele advertirse demasiado tarde: cuanto más depende una Administración de quien ocupa la cúspide, menos preparada está para actuar cuando esa persona no toma una decisión de forma consciente y deliberada.

Luis XIV pudo decir que el Estado era él porque representaba el arquetipo del monarca absoluto. La comparación con una democracia del siglo XXI sólo puede ser una ironía, pero encierra una advertencia: cuando el Estado aprende a esperar al presidente, la concentración de poder termina produciendo impotencia administrativa.

Sánchez aparece entonces para centralizar la solución del problema que las estructuras situadas bajo su autoridad no fueron capaces de gestionar a tiempo. Y todos —Ejército, CNI, Policía, ministros, Unión Europea y presidente de Ceuta— quedan incorporados a una responsabilidad colectiva que diluye la responsabilidad política inicial.

Sin demasiados teléfonos a los que llamar

La debilidad interior coincide con un problema exterior todavía más serio. La política internacional no consiste en que otros gobiernos compartan nuestros valores, sino en conservar relaciones suficientes para defender los intereses nacionales cuando llega una crisis.

España ha ido reduciendo ese margen. Con Israel, el Gobierno cruzó hace tiempo la frontera entre criticar severamente a Netanyahu y convertir el enfrentamiento con el Estado israelí en una política casi permanente. España consolidó un embargo de armas, promovió sanciones, defendió la suspensión del Acuerdo de Asociación con la UE y RTVE abandonó Eurovisión 2026 por la participación israelí. Durante la Vuelta de 2025, Sánchez expresó además su «admiración» por las movilizaciones propalestinas antes de que los disturbios obligaran a cancelar la etapa final en Madrid.

Se puede defender cada una de esas decisiones por separado y seguir preguntándose si, acumuladas, han servido a los intereses estratégicos de España. Israel mantiene una asociación creciente con Marruecos y reconoce desde 2023 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Rabat y Jerusalén describen oficialmente su relación como una asociación fundada en intereses comunes y cooperación política y de seguridad.

Con Estados Unidos ocurre algo parecido. La relación no está rota y España continúa siendo un aliado de la OTAN, pero Sánchez ha elegido situarse en una posición singular frente al nuevo reparto de cargas militares. Los aliados asumieron en 2025 el compromiso de avanzar hacia un gasto del 5% del PIB en defensa y seguridad para 2035; España sostiene que puede cumplir sus objetivos de capacidades con aproximadamente un 2,1%. La propia OTAN ha dicho públicamente que considera insuficiente esa estimación y que cree que España necesitará alcanzar al menos el 3,5% para cumplir sus compromisos.

No significa que Washington vaya a romper con Madrid. Significa algo más sencillo: en política exterior también se acumula capital y también se gasta. Conviene saber cuánto queda cuando se necesita pedir un favor.

Y Marruecos lo sabe. Estados Unidos mantiene con Rabat una de sus relaciones diplomáticas más antiguas, reconoce su soberanía sobre el Sáhara y Marruecos conserva además el estatus de gran aliado extra-OTAN. Israel comparte la misma posición territorial sobre el Sáhara y ha profundizado su cooperación con el reino alauita. Los dos países con mayor capacidad para presionar a Mohamed VI están hoy estratégicamente mucho más próximos a Rabat de lo que querríamos admitir.

Europa es la última profundidad estratégica

Queda Europa. Y precisamente por eso resulta tan irresponsable presentarla unas veces como la solución a nuestros problemas y otras como un obstáculo cuando sus decisiones incomodan al Gobierno.

El nuevo Pacto de Migración y Asilo se aplica desde el 12 de junio y contiene una idea que España necesita especialmente después de Ceuta: las fronteras exteriores son una responsabilidad común. De hecho, el Consejo ha identificado expresamente a España, Italia, Grecia y Chipre como países sometidos a presión migratoria y, por tanto, beneficiarios del mecanismo europeo de solidaridad. Para 2026, el fondo común prevé como referencia 21.000 reubicaciones u otras medidas equivalentes, o 420 millones de euros en contribuciones financieras.

Ésa debería ser nuestra estrategia: menos ocurrencias diplomáticas y más profundidad europea. Ceuta y Melilla no pueden depender de que Mohamed VI decida cumplir cada mañana su parte del control fronterizo, ni de que Washington o Jerusalén quieran mediar por nosotros. España necesita reconstruir relaciones útiles, fortalecer sus propias capacidades y hacer que la defensa de su frontera africana sea entendida definitivamente como defensa de la frontera europea.

La política exterior no es un escenario sobre el que representar preferencias morales. Es la administración paciente de intereses, alianzas y capacidades que quizá un país no necesite hoy, pero puede necesitar desesperadamente mañana.

Ceuta nos ha permitido comprobar las consecuencias de olvidar esa diferencia. Nos hemos encontrado con un Estado que tardó casi un mes en organizarse por dentro y con muy pocos aliados poderosos a los que pedir ayuda fuera. Demasiado dependientes de Sánchez en España y demasiado solos cuando España necesita a los demás.

El otoño ya está en marcha

El verano no ha detenido ninguno de los procesos que condicionarán el regreso político. Septiembre no traerá problemas nuevos: hará visibles las consecuencias de los que Sánchez deja abiertos.
FUENTE: EFE

Ordenado el presente y recuperados algunos de los cambios que el ruido político había ocultado, queda mirar hacia delante. No hace falta adivinar demasiado. Buena parte del otoño ya está escrita en decisiones tomadas antes de agosto, procedimientos que continúan su curso y plazos que no dependen de la voluntad del Gobierno.

Ésa es probablemente la principal diferencia respecto de otros regresos de verano. Pedro Sánchez ha convertido el tiempo en uno de sus mejores instrumentos políticos: resistir hasta que cambien las circunstancias, aparezca una mayoría posible o el problema que parecía definitivo sea sustituido por otro. En septiembre, sin embargo, encontrará varios asuntos en los que esperar ya no basta. Tendrá que producir resultados.

La primera prueba será demostrar que todavía existe una mayoría

Los Presupuestos de 2027 llegarán al otoño después de haber sufrido dos derrotas antes incluso de convertirse en proyecto de ley. El Congreso rechazó en julio dos veces los objetivos de estabilidad que debían abrir el camino a las nuevas cuentas. Hacienda puede continuar preparando el proyecto —la orden para elaborar los Presupuestos ya está en marcha—, pero la dificultad nunca ha sido técnica.

La cuestión será otra: si existe todavía una mayoría capaz de aprobar algo que obligue a todos los socios del Gobierno a retratarse al mismo tiempo.

Hasta ahora, la fragmentación parlamentaria ha permitido a Sánchez convertir prácticamente cada votación en una negociación independiente. Esa flexibilidad ha sido útil para sobrevivir porque una derrota concreta no implica necesariamente una ruptura definitiva. Los Presupuestos funcionan de otra manera. Obligan a construir una mayoría completa alrededor de la principal decisión política y económica del año.

Por eso su importancia excederá las cifras. Después de una legislatura sostenida con las cuentas de 2023, aprobar unos Presupuestos propios permitiría al Gobierno defender que todavía conserva capacidad para gobernar; fracasar otra vez confirmaría que la permanencia en La Moncloa y la existencia de una mayoría parlamentaria se han convertido en realidades distintas.

Junts lo sabe. Podemos lo sabe. El resto de los socios también. La debilidad del Ejecutivo no reduce el precio de sus votos: lo aumenta.

Septiembre comenzará, por tanto, con una negociación en la que Sánchez necesita más a sus aliados de lo que sus aliados necesitan unos nuevos Presupuestos. No es la posición desde la que un Gobierno suele recuperar la iniciativa.

Los tribunales seguirán escribiendo su propio calendario

La política podrá reanudar su actividad después del verano. La Justicia no necesita hacerlo.

Las causas que han condicionado buena parte del año seguirán avanzando con independencia de la estrategia que adopte La Moncloa. El Gobierno puede presentar nuevas medidas contra la corrupción, modificar su discurso o insistir en que cada procedimiento debe analizarse de manera independiente. No puede decidir cuándo se produce una nueva declaración, aparece un informe policial o un tribunal adopta una resolución.

Ése será uno de los grandes problemas del otoño: la agenda del Ejecutivo convivirá con otra agenda que no controla.

El procedimiento sobre las adjudicaciones de obra pública vinculadas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y distintos empresarios continúa en la Audiencia Nacional; la causa contra Begoña Gómez seguirá su recorrido después de que la Audiencia Provincial avalara en julio que prosiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación; y otros procedimientos que afectan al entorno político del presidente seguirán generando decisiones judiciales imposibles de programar desde Moncloa.

No hace falta anticipar ninguna conclusión penal para advertir el problema político. Después de meses de desgaste, cada avance judicial devolverá al Gobierno al mismo terreno del que intenta salir. Y cuanto más se acerque la legislatura a su final, menos tiempo quedará para que una nueva iniciativa política sustituya esa conversación por otra.

La amnistía ofrece una dificultad diferente. Sus grandes discusiones constitucionales y europeas han avanzado mucho, como ya hemos visto, pero continúa abierta la cuestión políticamente más incómoda para el pacto que permitió la investidura: Carles Puigdemont sigue sin obtener del Tribunal Supremo la aplicación de la ley que reclama.

El Tribunal Constitucional tiene pendiente su recurso de amparo. Cuando llegue su decisión, no estaremos ante una discusión abstracta sobre la constitucionalidad de la amnistía, sino ante algo mucho más inmediato: qué ocurre finalmente con quien convirtió sus siete votos en la condición indispensable para que Sánchez continuara en el poder.

El Gobierno ha pagado ya el coste político de aquella decisión. El otoño puede empezar a aclarar si obtuvo a cambio todo aquello que esperaba conseguir.

Europa tampoco espera a septiembre

Existe además un calendario que ni siquiera concede al Gobierno la cortesía de terminar las vacaciones.

El 31 de agosto vence el plazo para cumplir los últimos hitos y objetivos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Como explicábamos al mirar aquello que el ruido había dejado en segundo plano, Next Generation entra en su fase de cierre y con él desaparece una de las circunstancias económicas más extraordinarias de los últimos años.

No hace falta repetir aquí el volumen de fondos ni toda su arquitectura. Lo relevante para el otoño es el cambio de pregunta.

Durante años el éxito pudo medirse en dinero movilizado, proyectos anunciados y convocatorias aprobadas. A partir de ahora tendrá que medirse en resultados: qué inversión permanece, qué industria se ha creado, cuánto ha cambiado realmente la productividad y qué reformas funcionan cuando deja de llegar financiación excepcional.

Para un Gobierno que necesita recuperar iniciativa, el momento es especialmente incómodo. Coinciden el final del gran estímulo europeo, la obligación de contener progresivamente el gasto y la necesidad política de ofrecer a sus socios suficientes incentivos para sostener una legislatura cada vez más cara.

El margen empieza a estrecharse por varios lados al mismo tiempo.

Y eso es, probablemente, lo que define mejor el otoño que viene. No una fecha electoral determinada ni una crisis concreta, sino una reducción progresiva de las posibilidades de aplazar decisiones.

Los Presupuestos necesitarán votos. Los procedimientos judiciales producirán resoluciones. La situación de Puigdemont tendrá que seguir esclareciéndose. Los fondos europeos dejarán de ser una promesa para convertirse en un balance. Y los socios que permitieron la investidura volverán a exigir razones para prolongar una mayoría que nunca funcionó como una coalición estable.

Sánchez ha sobrevivido políticamente muchas veces porque el paso del tiempo terminaba jugando a su favor. El problema es que el tiempo sólo ayuda mientras mantiene abiertas las alternativas. Cuando empiezan a cerrarse los plazos, las mayorías y las salidas, deja de ser refugio y se convierte en cuenta atrás.

Septiembre no inaugurará una nueva etapa. Empezará a cobrar las facturas de la anterior. El otoño comprobará si Sánchez todavía puede gobernar el tiempo o si, después de tres años aplazando desenlaces, ha empezado por fin a gobernarle a él.

España a mitad de año

La legislatura llega al verano sin Presupuestos, golpeada por la corrupción y con una mayoría social que la juzga con una severidad poco compatible con el relato de normalidad.
FUENTE: EFE

España llega al verano con demasiados asuntos abiertos y demasiados relatos que los dan por cerrados. No faltan noticias. Falta un mapa. La legislatura sigue formalmente viva y Pedro Sánchez conserva la Presidencia porque ninguna mayoría parlamentaria alternativa puede desalojarlo, pero alrededor de esa supervivencia se ha ido vaciando buena parte de aquello que normalmente permite hablar de un Gobierno en plenitud: no tiene Presupuestos propios desde 2023, negocia cada votación como si fuera una investidura en miniatura, varios de sus principales socios han convertido el apoyo parlamentario en una subasta permanente y la corrupción ha dejado de pertenecer exclusivamente al territorio de la investigación para producir ya condenas de enorme gravedad.

La fotografía social es todavía más dura. El último barómetro de Sigma Dos para EL MUNDO muestra que sólo un 12% de los españoles define positivamente la legislatura, mientras un 30,3% la considera espontáneamente desastrosa, nefasta o ruinosa; un 14,8%, corrupta o delictiva; y otro 6,7%, caótica, inestable o confusa. Un 31% no identifica ningún logro del Gobierno y el 41% cree que las elecciones generales se adelantarán al primer trimestre de 2027. No estamos ante una mera intención de voto. Es algo políticamente más inquietante: una parte considerable del país ha empezado a emitir su veredicto sobre la legislatura antes de que la legislatura haya terminado.

Una mayoría para resistir, no para gobernar

La gran habilidad de Sánchez continúa siendo la misma que ha marcado estos años: sus socios pueden negarle casi cualquier cosa sin querer entregar el Gobierno a PP y Vox. Esa imposibilidad de construir una alternativa es el principal cemento de la mayoría. El problema es que un cemento concebido para impedir una caída sirve mucho peor para levantar un edificio.

Junts, Podemos, ERC o PNV no forman una mayoría de legislatura reconocible. El Gobierno debe reconstruirla para cada decisión y aceptar que cada socio utiliza su posición para elevar el precio de la siguiente votación. La consecuencia no es sólo una sucesión de derrotas parlamentarias, sino una modificación de la propia naturaleza del Gobierno: la agenda política deja de responder a un programa y comienza a depender de aquello que resulte posible pactar cada semana.

Los Presupuestos son la expresión más evidente de ese agotamiento. España continúa funcionando con las cuentas de 2023 prorrogadas y el Congreso volvió a rechazar el 14 de julio los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2027-2029, primer paso imprescindible para construir unas nuevas cuentas. El Ejecutivo tuvo que aprobar una segunda propuesta apenas una semana después.

La prórroga es constitucional y el Estado no deja de funcionar por ella. Precisamente por eso resulta políticamente tan cómoda: permite administrar sin superar el examen parlamentario más importante de cada ejercicio. Pero gobernar durante años con unas cuentas nacidas en otra realidad económica y política transforma una solución excepcional en un síntoma. Los Presupuestos no son sólo columnas de gasto; son la autorización periódica con la que una mayoría parlamentaria respalda el proyecto económico de un Gobierno. Sánchez puede seguir en La Moncloa sin ellos. Lo que resulta cada vez más difícil es sostener que esa permanencia equivale a gobernar con normalidad.

Quizá por eso la pregunta sobre cuánto durará la legislatura resulta menos interesante que antes. Sánchez puede aguantar. Lo ha demostrado repetidamente. La pregunta verdadera es qué puede hacer durante el tiempo que consiga aguantar. La resistencia, elevada durante años a virtud política, corre el riesgo de convertirse en la única política reconocible del Ejecutivo.

La corrupción ya tiene sentencias

El barómetro de Sigma Dos publicado por EL MUNDO sitúa la corrupción en el centro de ese deterioro: el 39,3% de los encuestados la considera el principal reto que ha afrontado el Gobierno y un 27,8% la señala como su principal reproche. El dato más incómodo está dentro del PSOE: un 33,3% de sus propios votantes identifica la corrupción como la crítica fundamental al Ejecutivo.

Durante mucho tiempo el Gobierno pudo refugiarse, con razón jurídica, en la presunción de inocencia y en el carácter provisional de las investigaciones. Esa fase ya ha terminado para una parte esencial del llamado caso Koldo. El 22 de junio, el Tribunal Supremo condenó por unanimidad a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años, ocho meses y un día por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio, con suspensión de la ejecución de la pena por su colaboración con la Justicia. El Supremo dio por acreditada una organización criminal articulada alrededor de quien había sido ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

No todos los procedimientos que afectan al PSOE, al Gobierno o al entorno presidencial están en la misma fase ni deben confundirse jurídicamente. Pero la defensa política basada exclusivamente en que «todo está siendo investigado» ha caducado. Ya existen hechos probados y condenas. Y cuanto más intenta el Ejecutivo encapsular cada episodio como una anomalía individual, más difícil resulta evitar que su acumulación sea percibida como el ambiente de una legislatura.

De ahí que las nuevas leyes de integridad o los sucesivos anuncios de regeneración tengan un problema previo de credibilidad. La confianza pública no se recupera redactando normas para impedir mañana aquello que los ciudadanos consideran que el poder toleró ayer. El Gobierno intenta combatir legislativamente una palabra —corrupción— que ya se ha convertido en uno de los adjetivos espontáneos con los que una parte de la sociedad describe su mandato.

La amnistía: victoria jurídica, factura política

La amnistía ofrece una paradoja diferente. Jurídicamente, el Gobierno llega al verano en una posición mucho mejor que cuando comenzó la legislatura. Políticamente, el coste continúa prácticamente intacto.

El Tribunal Constitucional ha seguido aplicando durante 2026 la doctrina con la que avaló los elementos esenciales de la ley. El 8 de julio volvió a hacerlo al desestimar el recurso presentado por Castilla-La Mancha, reiterando que de la Constitución no deriva una prohibición de amnistiar y rechazando las objeciones relativas, entre otras cuestiones, a la separación de poderes, la igualdad territorial y la seguridad jurídica. La sentencia volvió a contar con cuatro votos particulares.

El 16 de julio se añadió Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó en los asuntos planteados por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional que el Derecho de la Unión no se opone a la ley española de amnistía en los términos sometidos a su consideración. Quedan cuestiones nacionales de aplicación —entre ellas las consecuencias para Puigdemont y la interpretación de la malversación—, pero la expectativa de que Europa derribaría en bloque la norma ha recibido un golpe difícil de ignorar.

Y, sin embargo, el sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO señala la amnistía como la medida peor valorada del mandato: un 59,8% la considera mala o muy mala. También la rechaza el 41% del electorado socialista.

Ese dato importa más de lo que parece. Durante tres años el Gobierno ha intentado transformar retrospectivamente el origen de la amnistía: de condición indispensable para obtener los siete votos de Junts pasó a ser presentada como una política necesaria para la convivencia y la normalización de Cataluña. Si aquella reinterpretación hubiera penetrado realmente en la sociedad, el tiempo debería haber reducido el rechazo, especialmente entre los propios votantes socialistas. No ha sucedido.

Los tribunales pueden determinar que una ley tiene cabida en el ordenamiento. No pueden proporcionar la legitimidad política que el Gobierno no obtuvo cuando decidió aprobarla. La amnistía puede acabar sobreviviendo a prácticamente todas sus grandes batallas jurídicas y permanecer, al mismo tiempo, como una de las decisiones que más dañaron la autoridad política de quien la impulsó.

Ni siquiera la economía corrige el juicio

La dureza de este balance resulta todavía más significativa porque no coincide con un hundimiento de los grandes indicadores económicos. España alcanzó en el segundo trimestre los 22,779 millones de ocupados y la tasa de paro descendió al 9,87%, después de crear 510.200 empleos en doce meses. Son cifras objetivamente favorables y deberían constituir uno de los principales activos del Ejecutivo.

Pero ni siquiera ese contexto ha conseguido corregir la percepción de la legislatura. Ésa es precisamente la información política relevante. Un Gobierno con cifras récord de ocupación llega al verano con sólo un 12% de ciudadanos dispuestos a definir positivamente su mandato. El problema, por tanto, ya no puede reducirse a la economía ni resolverse enumerando estadísticas.

Los propios encuestados distinguen entre medidas concretas y Gobierno. La subida del salario mínimo obtiene un respaldo muy amplio en el mismo sondeo que condena severamente la legislatura. Esa separación es devastadora para el Ejecutivo: significa que un ciudadano puede beneficiarse de una política, aprobarla e incluso defenderla sin que eso mejore su juicio sobre quienes gobiernan. Cuando las medidas sobreviven al prestigio de sus autores, el problema ha dejado de ser de gestión y ha pasado a ser de confianza.

España llega así a agosto con una legislatura que conserva plazo constitucional, pero pierde progresivamente contenido político. Sánchez no tiene hoy una mayoría alternativa enfrente, pero tampoco una mayoría estable detrás. No dispone de nuevos Presupuestos. La corrupción ocupa el centro de la percepción ciudadana y ya cuenta con condenas que afectan a quien fue ministro y número tres del PSOE. La amnistía ha resistido jurídicamente mientras continúa siendo rechazada por una mayoría de españoles y por cuatro de cada diez votantes socialistas. Ni siquiera unos buenos datos de empleo han conseguido alterar sustancialmente ese paisaje.

El 41% de los ciudadanos cree que las elecciones se adelantarán al primer trimestre de 2027. Pueden equivocarse. Sánchez ha hecho de sobrevivir a sus propios finales una especialidad política. Pero ésa ya no es la cuestión principal. Lo verdaderamente revelador es que una parte del país ha empezado a hacer balance mientras el Gobierno sigue dedicado a conseguir tiempo. La legislatura todavía no ha terminado; para muchos españoles, lo que tenía que decir de sí misma, sí.

Las diez preguntas que España se lleva de vacaciones

Amnistía, Presupuestos, causas judiciales, economía y Europa: un mapa para distinguir lo que está resuelto de lo que volverá en septiembre.
FUENTE: IMAGEN GENERADA POR IA

España llega a agosto con demasiados asuntos abiertos y demasiados relatos que los dan por cerrados. El Gobierno continúa, pero carece de una mayoría estable; la amnistía ha pasado por el Tribunal Constitucional y por Luxemburgo, aunque su aplicación más delicada sigue en manos de los tribunales españoles; las causas judiciales ya no caben bajo una sola etiqueta; la economía mantiene un pulso que contrasta con el deterioro político; y Bruselas entra en la recta final de los fondos extraordinarios que han acompañado a España desde la pandemia.

No faltan noticias. Falta un mapa.

Este no es un inventario de lo sucedido durante el semestre. Es un intento de separar lo que verdaderamente ha cambiado de aquello que apenas ha comenzado; lo que depende todavía de una sentencia de lo que seguirá siendo un problema político; y lo que parece una discusión agotada de aquello que volverá en septiembre con consecuencias nuevas.

1. ¿Puede el Gobierno terminar la legislatura?

Puede hacerlo, pero la continuidad del Gobierno ya no descansa sobre una mayoría parlamentaria reconocible, sino sobre la imposibilidad de sus adversarios y de sus socios de construir una alternativa común.

Las votaciones de julio ofrecen una imagen bastante precisa. El Ejecutivo consiguió evitar, por 178 votos frente a 170, que fueran devueltas las medidas sobre la asunción estatal de parte de la deuda autonómica. En esa misma sesión, sin embargo, perdió la votación de los objetivos de estabilidad necesarios para preparar los Presupuestos de 2027: obtuvo 166 votos favorables, 176 contrarios y cinco abstenciones. Los resultados oficiales del Congreso muestran que la mayoría que permite tramitar una ley puede desaparecer unas horas después ante una decisión presupuestaria.

Ésa es la naturaleza de la legislatura. El Gobierno puede reunir votos, pero no dispone de una coalición parlamentaria capaz de acompañarlo de manera estable. Cada iniciativa exige reconstruir desde cero una mayoría distinta entre partidos que discrepan sobre la política económica, la vivienda, la financiación autonómica, la inmigración o el futuro territorial de España.

Pedro Sánchez conserva una ventaja decisiva: quienes pueden bloquearle no comparten una estrategia para sustituirlo. Pero no ser capaz de derribar a un Gobierno no equivale a proporcionarle una mayoría para gobernar. La legislatura puede prolongarse precisamente porque está bloqueada.

2. ¿Se puede gobernar indefinidamente sin nuevos Presupuestos?

La prórroga presupuestaria está prevista para impedir que el Estado quede paralizado cuando las Cortes no aprueban unas cuentas nuevas. Su finalidad es asegurar la continuidad administrativa, no convertir unos Presupuestos antiguos en el programa económico permanente de gobiernos sucesivos.

España continúa funcionando sobre la prórroga de las cuentas de 2023. Entretanto, el Gobierno ha fracasado ya en la aprobación de la senda de estabilidad para 2027, primer paso de un nuevo proyecto presupuestario. El problema ha dejado de ser únicamente político: el Tribunal Constitucional admitió en febrero el conflicto promovido por el Senado por la falta de presentación de los Presupuestos de 2024, 2025 y 2026. Es la primera vez que estudia un conflicto entre órganos constitucionales basado en una omisión de esta naturaleza.

La Administración puede seguir pagando pensiones, salarios, deuda y servicios públicos. El Gobierno puede aprobar modificaciones de crédito, recurrir al decreto ley y adquirir compromisos con cargo a ejercicios posteriores. Lo que se deteriora es la función presupuestaria del Parlamento: la posibilidad de examinar de manera conjunta cuánto se recauda, en qué se gasta y qué prioridades políticas pretende financiar el Ejecutivo.

El debate no consiste, por tanto, en determinar si el Estado puede sobrevivir sin nuevas cuentas. Puede hacerlo. La cuestión es durante cuánto tiempo puede gobernarse así sin que una solución constitucional excepcional termine debilitando el principio de responsabilidad parlamentaria.

3. ¿Ha terminado el recorrido de la amnistía?

La ley ha superado sus dos impugnaciones generales más importantes, pero eso no significa que su aplicación haya concluido.

El Tribunal Constitucional fijó su doctrina en la sentencia 137/2025, que declaró la constitucionalidad esencial de la norma, aunque corrigió parte de su ámbito por razones de igualdad. Durante 2026 ha aplicado esa doctrina a otros recursos promovidos contra la ley.

El 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó dos sentencias sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Luxemburgo concluyó que el Derecho de la Unión no se opone a la amnistía en las materias examinadas: la eventual malversación no presentaba la conexión exigida con los intereses financieros europeos y la Directiva antiterrorista no impedía amnistiar determinadas conductas que no hubieran causado intencionadamente graves violaciones de los derechos humanos. El comunicado oficial del TJUE delimita expresamente el control europeo a las normas concretas de la Unión afectadas.

Eso despeja una parte sustancial del camino, pero no sustituye la aplicación judicial de la ley. La amnistía no opera sobre conceptos políticos generales, sino sobre hechos, delitos y responsabilidades determinados. Cada tribunal debe decidir quién queda comprendido, qué exclusiones resultan aplicables y hasta dónde alcanza la extinción de responsabilidad.

La discusión que queda ya no es si España podía aprobar una amnistía, sino qué conductas cubre realmente la amnistía que aprobó. Ése será uno de los grandes asuntos judiciales del otoño.

4. ¿Puede regresar Carles Puigdemont?

Las sentencias europeas de julio no modifican por sí mismas su situación procesal.

El Tribunal Supremo decidió no aplicarle la amnistía por el delito de malversación al considerar que existe beneficio patrimonial cuando se utilizan fondos públicos para afrontar gastos que, de otro modo, habrían debido sufragarse con recursos particulares. El instructor mantuvo las órdenes nacionales de detención y la Sala de Apelación confirmó posteriormente esa interpretación.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo de Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig contra esas decisiones. El asunto decisivo sigue siendo, por tanto, si el Constitucional acepta el concepto de enriquecimiento utilizado por el Supremo o considera que restringe indebidamente la aplicación de la ley.

Luxemburgo ha respondido a las cuestiones que recibía de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas. No ha resuelto la interpretación española de la excepción sobre el enriquecimiento ni ha levantado las órdenes de detención.

El regreso de Puigdemont sigue siendo políticamente imaginable, pero jurídicamente no es automático. Depende de una decisión que todavía debe producirse dentro del ordenamiento español.

5. ¿En qué punto están realmente las causas que rodean al PSOE y al presidente?

No se encuentran todas en la misma fase. Mezclarlas como si formaran una única macrocausa impide comprender tanto su importancia como sus límites.

En junio, el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a más de 24 años de prisión y a Koldo García a 19 por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La sentencia fue adoptada por unanimidad. La investigación sobre las adjudicaciones de obra pública relacionadas con Santos Cerdán continúa en una pieza diferente y ha recibido nuevas diligencias durante julio.

La situación de Begoña Gómez es distinta. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que continúe el procedimiento con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero ha sobreseído las imputaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida. Todavía debe completarse la fase procesal que conduce a la apertura del juicio oral.

David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz. Fue absuelto del delito de tráfico de influencias y la sentencia puede recurrirse.

Ninguno de estos procedimientos acredita por sí mismo una responsabilidad penal de Pedro Sánchez. Su efecto político procede de otro lugar: de la acumulación de condenas, investigaciones y procedimientos alrededor de antiguos dirigentes del partido, colaboradores próximos y miembros de su familia. El problema para el Gobierno no es que todos los casos sean iguales, sino que cada vez resulta más difícil presentarlos todos como episodios inconexos.

6. ¿Por qué la economía resiste mejor que la política?

Porque la economía no reacciona al mismo ritmo que las instituciones y porque España conserva todavía varios motores de crecimiento.

El PIB aumentó un 2,7 % interanual durante el primer trimestre. La demanda nacional aportó más de tres puntos al crecimiento, mientras la contribución exterior fue negativa. Los datos de Contabilidad Nacional del INE muestran una economía sostenida fundamentalmente por el consumo y la inversión internos.

El mercado laboral ha vuelto a ofrecer cifras históricas. Según la EPA publicada el 28 de julio, España alcanzó los 22.779.000 ocupados en el segundo trimestre, 510.200 más que un año antes. El paro descendió hasta 2.495.300 personas y la tasa se situó en el 9,87 %.

El cuadro no está exento de debilidades. El Banco de España prevé que la economía mantenga un crecimiento sólido durante 2026, pero advierte de una inflación general y subyacente todavía elevada y de un contexto internacional especialmente incierto.

La fortaleza económica concede tiempo a la debilidad política. Mientras crezcan el empleo y la actividad, la inestabilidad parlamentaria puede parecer un fenómeno encerrado en Madrid. La verdadera prueba llegará cuando desaparezcan algunos de los impulsos extraordinarios que han sostenido la inversión pública y cuando el deterioro institucional empiece a encarecer decisiones que hasta ahora podían posponerse.

7. ¿Qué ocurre cuando terminan los fondos Next Generation?

El calendario ya no admite grandes aplazamientos. Los Estados deben completar antes del 31 de agosto de 2026 todos los hitos y objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La última solicitud de pago deberá presentarse antes del 30 de septiembre y la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para efectuar los desembolsos finales. Así lo establece la guía de cierre publicada por la Comisión Europea.

Tras la aprobación del sexto desembolso, España habrá recibido más de 77.000 millones de euros, aproximadamente el 76 % de los fondos del mecanismo que tiene asignados. Ese último pago reconocido asciende a 7.021 millones y está vinculado al cumplimiento de 73 hitos y objetivos. Los datos figuran en la información oficial del Plan de Recuperación.

El final del mecanismo no significa que desaparezcan todas las inversiones europeas. Significa que termina el gran instrumento extraordinario que desde 2021 ha permitido financiar digitalización, energía, movilidad, industria, vivienda y modernización administrativa sin depender únicamente de los recursos presupuestarios ordinarios.

A partir de septiembre comenzará una evaluación más exigente. Ya no bastará con saber cuánto dinero se ha adjudicado o cuántas convocatorias se han publicado. Habrá que comprobar qué inversiones han mejorado la productividad, qué capacidades administrativas permanecerán y qué proyectos podrán sobrevivir sin una financiación excepcional.

8. ¿Está cambiando la Justicia sin que apenas se perciba?

Mientras la atención pública se concentraba en las causas políticas, España ha empezado a sustituir la estructura tradicional de juzgados unipersonales por tribunales de instancia.

La Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia reorganiza los órganos judiciales, transforma los antiguos juzgados de paz en oficinas de justicia municipales y modifica el funcionamiento de las oficinas judiciales. El propósito es permitir una distribución más flexible de los asuntos y reducir la dependencia de cada procedimiento respecto de un único juzgado aislado.

En julio, el Gobierno aprobó la creación de 500 nuevas unidades judiciales y 200 plazas fiscales. Las unidades judiciales suponen un incremento del 8,5 % de la planta y se incorporarán gradualmente entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027.

La reforma puede ser más importante a largo plazo que muchas de las sentencias que ocupan diariamente las portadas. Su éxito, sin embargo, dependerá de cuestiones menos visibles: sistemas informáticos compatibles, personal suficiente, criterios de reparto eficaces y coordinación entre el Estado y las comunidades con competencias transferidas.

Cambiar el nombre de los órganos es sencillo. Conseguir que una nueva organización reduzca los retrasos, homogeneice las cargas y mejore la experiencia del ciudadano será la verdadera medida de la reforma.

9. ¿Qué Europa comienza a aplicarse este verano?

La Unión está pasando de aprobar grandes normas a comprobar si puede ejecutarlas.

El Pacto sobre Migración y Asilo comenzó a aplicarse el 12 de junio. Introduce nuevas reglas sobre tramitación de solicitudes, procedimientos fronterizos, responsabilidad de los Estados y solidaridad con los países sometidos a mayor presión. El primer contingente anual de solidaridad contempla 21.000 reubicaciones o contribuciones económicas equivalentes a 420 millones de euros.

El 2 de agosto empiezan a aplicarse también las reglas de transparencia del Reglamento de Inteligencia Artificial. Los ciudadanos deberán poder identificar determinadas interacciones con sistemas de IA y ciertos contenidos generados o manipulados artificialmente. Ese mismo día entran en funcionamiento las facultades sancionadoras de la Comisión sobre los proveedores de modelos de propósito general.

La migración y la inteligencia artificial parecen materias alejadas, pero someten a Europa al mismo examen: si es capaz de convertir una legislación común en procedimientos coherentes dentro de veintisiete administraciones distintas.

Durante años la Unión ha medido su ambición por el número de reglamentos, pactos y estrategias aprobados. A partir de ahora empezará a ser juzgada por algo bastante menos solemne y mucho más difícil: si todo eso funciona.

10. ¿Qué crisis exterior puede alterar el escenario español?

La más inmediata continúa siendo la energía. La crisis de Oriente Próximo y las amenazas a la navegación por el estrecho de Ormuz han recordado hasta qué punto Europa sigue expuesta a cualquier interrupción de las rutas de suministro. La propia Unión ha señalado la necesidad de reducir su vulnerabilidad respecto de Ormuz mediante la diversificación de fuentes y rutas energéticas.

El Fondo Monetario Internacional advirtió en su actualización de julio de que la desinflación mundial se ha estancado y de que un nuevo deterioro en Oriente Próximo podría elevar los precios de las materias primas, alterar las cadenas de suministro y endurecer las condiciones financieras.

A esa incertidumbre se añaden la guerra de Ucrania, las tensiones comerciales y el aumento del gasto militar. El Gobierno sostiene que España ha consolidado en 2026 una inversión en defensa equivalente al 2 % del PIB, con un gasto nominal de 35.419 millones de euros. Es la cifra recogida en el informe presentado por La Moncloa antes de la cumbre de la OTAN.

La política española puede pasar agosto discutiendo sobre su mayoría parlamentaria. Su margen presupuestario y económico, sin embargo, dependerá también de decisiones tomadas en Bruselas, Washington, Moscú, Kiev y Oriente Próximo. Los acontecimientos internacionales no necesitan formar parte del debate nacional para alterar por completo sus condiciones.

Agosto no resolverá ninguna de estas preguntas. Lo que ofrece es algo más modesto y quizá más útil: tiempo para dejar de confundir cada novedad con un desenlace. España no se va de vacaciones con diez crisis recién nacidas, sino con diez procesos que llevan meses avanzando. Septiembre no los traerá. Simplemente volverá a ponerlos delante.

El corrupto que indultó la corrupción

El mismo Consejo de Ministros que presentó una nueva arquitectura contra la corrupción rebajó las penas de tres condenados por delitos cometidos desde el poder o contra los fondos públicos. La regeneración en una mano; la gracia en la otra.
FUENTE: EFE

En el vocabulario del Gobierno, la corrupción merece una ley; los condenados por ella, según el caso, una rebaja de pena. El Consejo de Ministros del martes quiso inaugurar una nueva era de integridad pública y terminó ofreciendo una definición bastante más sincera de su política moral: severidad para el fenómeno, indulgencia para determinados nombres propios. La corrupción abstracta será perseguida por una agencia independiente; la concreta, cuando ya ha sido investigada, probada y sentenciada, todavía puede encontrar la puerta discreta del indulto.

Sobre la misma mesa se aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, destinado a proteger a los denunciantes, reforzar las prohibiciones para contratar con la Administración, endurecer las sanciones y crear una Agencia Independiente de Integridad Pública. Sin abandonar la reunión ni cambiar de solemnidad, el Ejecutivo concedió cinco indultos parciales. Tres beneficiaron a personas condenadas por prevaricación, falsedad, malversación o delitos societarios relacionados con la utilización irregular de instituciones y fondos públicos. El Gobierno no necesitó contradecirse de una semana para otra. Le bastó con pasar de un punto al siguiente del orden del día.

Emiliano García-Page deshizo toda la escenografía con una pregunta: «Con la que está cayendo con la corrupción, ¿se gana credibilidad indultando a gente condenada por corrupción?». No hace falta compartir todas las posiciones del presidente de Castilla-La Mancha para reconocer que pocas veces una contradicción política ha quedado mejor encerrada en una frase. Un Gobierno puede ejercer legalmente el derecho de gracia y, al hacerlo, desacreditar políticamente su cruzada regeneradora. Puede respetar la letra de la ley mientras destruye la autoridad moral con la que pretende aplicarla.

La golfada no consiste, por tanto, en que el Consejo de Ministros carezca de competencia para indultar. Consiste en utilizar esa competencia mientras se presenta ante el país como fundador de una nueva cultura de integridad; en redactar el código contra la corrupción con una mano y reducir sus consecuencias con la otra; en proclamar que nadie está por encima de las normas y recordar, acto seguido, que algunos todavía pueden quedar por debajo de sus penas.

La gracia y la coartada

El indulto forma parte del ordenamiento constitucional español y continúa regulado por una ley aprobada en 1870. No declara inocente al condenado ni revisa los hechos establecidos en la sentencia. Permite al Gobierno decidir que una parte de la pena impuesta por los tribunales no debe cumplirse.

Esa facultad puede resultar razonable ante una enfermedad grave, una evolución personal extraordinaria o una pena manifiestamente desproporcionada. Pero precisamente porque constituye una excepción al cumplimiento ordinario de las sentencias, su legitimidad no puede agotarse en la existencia formal de la competencia. Cuanto más discrecional es el poder, más rigurosa debe ser la explicación de su ejercicio. El Tribunal Supremo lo recordó cuando anuló en 2013 el indulto concedido al conductor kamikaze por no haberse expuesto suficientemente las razones de justicia, equidad o utilidad pública que justificaban la medida.

En el caso de Laura Borràs, el Real Decreto 670/2026 conmuta los cuatro años, seis meses y un día de prisión por una pena de dos años, suficiente para evitar su ingreso en la cárcel. Se mantienen la multa y las inhabilitaciones, que suman trece años y un día. El decreto invoca razones de justicia y equidad, pero no desarrolla con verdadera densidad por qué esas razones deben prevalecer en un delito cometido mediante la manipulación de procedimientos administrativos.

Borràs no fue condenada por defender la independencia de Cataluña ni por su participación en el proceso separatista. El Tribunal Supremo confirmó su condena por prevaricación administrativa y falsedad documental al fraccionar contratos y prescindir de los procedimientos de libre concurrencia para adjudicar a un conocido trabajos relacionados con la web de la Institució de les Lletres Catalanes. Las contrataciones alcanzaron los 335.000 euros. No se juzgó una causa política, sino una forma patrimonial de administrar una institución pública.

Existe un argumento relevante en favor de la medida: el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que condenó a Borràs, propuso el indulto parcial al considerar excesiva la pena resultante de la acumulación de los delitos y pidió reducirla a un máximo de dos años. Pero esa propuesta no convertía el indulto en una obligación. La decisión seguía perteneciendo al Gobierno y, con ella, la responsabilidad de valorar qué mensaje transmitía la clemencia concedida a una antigua presidenta del Parlament vinculada a una formación decisiva para la estabilidad parlamentaria.

No hace falta afirmar la existencia de un pacto oculto para comprender el deterioro que produce la apariencia. La legalidad explica que el Gobierno pudiera indultar; no demuestra que debiera hacerlo. Y menos aún que pudiera presentar la decisión como «útil» para la normalización política de Cataluña. Si la pena era desproporcionada, el indulto debía defenderse por razones de justicia penal. Si responde a la normalización territorial, una condena por corrupción administrativa acaba convertida en moneda de una política de apaciguamiento.

La operación consiste en ensanchar el contexto hasta borrar los hechos. La adjudicación irregular se disuelve en el conflicto catalán; la condenada deja de responder por su conducta y comienza a aparecer como una pieza de la reconciliación. Cuando la corrupción no puede defenderse, se le cambia el nombre.

Tres expedientes, una misma señal

El caso Borràs concentra la carga política, pero no agota el significado de aquel Consejo de Ministros. El Ejecutivo concedió también el indulto parcial a Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión por malversación, falsedad documental y delito societario durante su gestión relacionada con el Centro Niemeyer. El Real Decreto 666/2026 perdona las penas de prisión pendientes por razones humanitarias vinculadas a su estado de salud, pero mantiene los demás pronunciamientos.

También redujo de tres a dos años la pena del exalcalde socialista de Linares Juan Fernández Gutiérrez, condenado por malversación, aunque conservó sus siete años de inhabilitación. La petición disponía del respaldo del tribunal sentenciador, del Ayuntamiento, de los grupos municipales del PSOE y del PP y de una iniciativa vecinal.

No todos los expedientes son iguales. Equiparar un indulto humanitario con la decisión políticamente comprometida de Borràs sería tan poco riguroso como fingir que el conjunto carece de significado. Las circunstancias particulares pueden ser distintas y, sin embargo, proyectar una misma señal: el día elegido para endurecer el discurso contra la corrupción fue también el día escogido para reducir o extinguir la prisión de tres condenados por utilizar indebidamente funciones, instituciones o recursos públicos.

La corrupción posee una gravedad específica porque no consiste sólo en infringir una norma. Quien malversa, prevarica o falsea un procedimiento administrativo utiliza una potestad que le había sido confiada en nombre de todos para servir un interés particular. Cuando el Gobierno interviene después para aliviar la pena, el poder aparece en los dos extremos del recorrido: primero fue utilizado indebidamente por el condenado; después vuelve a utilizarse, ahora discrecionalmente, para reducir las consecuencias de aquel abuso.

La institución dañada se convierte así en dispensadora de clemencia para quien la dañó.

La integridad que no se legisla

La contradicción se vuelve más evidente al examinar la norma presentada ese mismo martes. El proyecto pretende actuar sobre todo el ciclo de la corrupción: proteger a los informantes, reforzar la transparencia de los partidos, limitar determinadas formas de financiación, endurecer las prohibiciones para contratar y reunir en una agencia independiente funciones de análisis, investigación, sanción y prevención.

Son medidas que pueden resultar útiles. Pero la integridad pública no nace de una agencia ni se incorpora al Estado mediante un nuevo organigrama. Consiste, antes que nada, en la disposición del poder a aceptar las consecuencias de sus propias reglas cuando alcanzan a personas influyentes, próximas o políticamente necesarias.

Una agencia puede detectar la corrupción. Un informante puede revelarla. Una auditoría puede documentarla y un tribunal puede condenarla. Sólo el Gobierno puede decidir, al final de ese recorrido, que la pena merece ser rebajada. Ahí se encuentra la prueba que ninguna ley puede superar por él.

El proyecto aspira a combatir la corrupción durante todo su ciclo, pero el Consejo de Ministros se reservó una excepción para la última fase: cuando los hechos ya han sido descubiertos, las pruebas examinadas y las condenas confirmadas. Hasta entonces, firmeza. Después, circunstancias personales, humanidad y equidad. La severidad sirve para redactar las normas; la indulgencia comienza al aplicarlas.

García-Page llamó «agosticidad» al momento elegido. No puede demostrarse que el último Consejo antes del parón estival pretendiera ocultar los indultos, pero los gobiernos también hablan mediante las fechas. Las decisiones aprobadas cuando disminuye la atención pública aspiran, al menos, a pagar un precio menor.

El problema principal, sin embargo, no es agosto, sino la secuencia. Un Gobierno acosado por una crisis de credibilidad vinculada a la corrupción responde con una gran ley de integridad y acompaña su presentación con varios indultos a condenados por delitos contra la Administración y el patrimonio público. Administrativamente, ambos asuntos pueden separarse. Políticamente, contemplar por separado lo que el Gobierno decidió hacer junto constituye una forma de engaño.

La credibilidad no se promulga. Tampoco se crea una cultura de integridad mediante campañas institucionales mientras la práctica del poder transmite la lección contraria. El ciudadano no juzga únicamente la legalidad aislada de cada acuerdo, sino la coherencia que aparece al reunirlos. Y lo que aparece esta vez es un Gobierno que endurece el lenguaje a medida que ablanda las consecuencias.

Ésa es la verdadera golfada del martes: no la ilegalidad, porque el Ejecutivo actuó dentro de una prerrogativa reconocida por el ordenamiento, sino la obscenidad de proclamar una cruzada moral mientras se firman sus excepciones; de prometer que se cerrarán todas las puertas y conservar la llave de la salida lateral.

Una democracia no demuestra su compromiso contra la corrupción por el número de agencias que crea, sino por los privilegios a los que el poder está dispuesto a renunciar. El martes, el Consejo de Ministros redactó solemnemente el código de conducta con la misma pluma con la que firmaba el perdón.