3 años de desencuentro constitucional… y más de 40 años de democracia

La última semana de octubre ha sido una fiel representación de la fase de inestabilidad y continuos juegos de equilibrios políticos que comenzó en 2019 y que amenaza con prolongarse al menos un año más. En menos de una semana hemos pasado de estar muy cerca del primer gran acuerdo entre los dos principales partidos a estar a años luz del acuerdo por una desconfianza mutua a la que ni el resto de los partidos moderados ni la sede de la soberanía nacional han sabido o querido contribuir a mitigar.

FUENTE: EFE

Esas elecciones fueron un triunfo de la sociedad española, ansiosa de democracia tras tantos años a la sombra del franquismo. Una victoria social que abrió un verdadero Estado de bienestar o la educación pública gratuita hasta los 16 años. Aquel octubre de 1982 en el que la sociedad española se movilizó por el futuro del país.

Enquistar el problema del gobierno de los jueces, ya de por sí manejados por el poder político de turno, ha generado una reacción incluso más disparatada de lo que cabría pensar. En este momento, sólo se habla de táctica política y no de estrategia. El principal partido de la oposición cayó en un error de manual de cualquier negociación abierta como es circunscribir las conversaciones con el Gobierno a la renovación del CGPJ cuando era plenamente consciente de que había otros factores que podían condicionar en el resultado. En el caso del partido dominante de la actual coalición de Gobierno, le traicionó la ambición y la impaciencia por cerrar acuerdos con sus apoyos parlamentarios para el próximo año.

En un terreno tan embarrado y en un nivel tan alto de recelo por ambas partes, es muy difícil lograr una solución si no hay un cambio de negociadores en ambas partes y un cambio total de escenario negociador. Ya ni siquiera serviría una ayuda proveniente de las instituciones europeas, tal como abogábamos hace unos días en esta misma newsletter. Es necesario estudiar qué camino alternativo dentro de la provisionalidad puede establecerse para volver a negociar dentro de un tiempo.

Tristemente, no es la primera vez (y probablemente no será la última) que se produce un desencuentro constitucional tan grave. Precisamente, la perspectiva histórica que da la celebración de los 40 años de la victoria del PSOE en las Elecciones Generales del 28 de octubre de 1982 ayuda a diferenciar los momentos de grandes acuerdos y profunda voluntad reformista de los momentos de mayor enfrentamiento y diferencias en los partidos que han ido representando las tres cuartas partes de la sociedad española desde 1977. Incluso, los aniversarios de estos acontecimientos clave son buenos indicadores del grado de conflicto. En estos últimos años nos hemos acostumbrado a que la celebración de efemérides clave en la joven democracia española sea una escenificación más del desencuentro constitucional profundo en el que nos encontramos, y un momento especialmente delicado para los líderes históricos que encarnan cada efeméride.

Incluso, algunos liderazgos políticos del pasado, hoy al menos considerados como liderazgos morales, sufren de un pánico escénico que los lleva a no querer verbalizar lo que verdaderamente piensan. Si bien es cierto que hay momentos en que es preferible optar por la corrección política basada en un discurso sin demasiadas complicaciones, no es menos cierto que, una vez que se acepta representar en público un determinado papel, es necesario (incluso podríamos decir imprescindible) dejar muy clara la posición mal que le pese a la mayoría de la audiencia presente.

En un mundo de tendencias polarizadoras, la autoridad moral que da un desempeño acreditado y prolongado de cargos políticos relevantes, más aún si se trata de liderazgos significativos, se hace más necesaria que nunca. Y su buen uso es fundamental para no desgastarse en lo pequeño y actuar en lo grande. Acumular un buen stock de capital político es un proceso lento y complejo, pero perderlo es rápido y sencillo. Por ello, es un valor que debe gestionarse con prudencia, sabiendo cuándo y cómo tiene que tomar una posición de riesgo que ayude a acabar con la deriva radical tanto en los discursos como en la acción política, en el fondo y en la forma (sin ir más lejos, el tipo de apoyos políticos). En algunos casos, es preferible dar un paso atrás y buscar un foro diferente.

Construir una mayoría electoral que rompa el statu quo nacionalista

Cataluña y España, una división. Una guerra imaginaria en las cabezas de los independentistas que desde los distintos gobiernos no se le ha dado la suficiente importancia que se le debía dar y, cuando ha habido que actuar, se ha actuado tarde. Más aún cuando se trata de hacer equilibrios muy complejos para lograr los apoyos suficientes en la Cámara Baja que mantengan unos meses más con vida la actual Legislatura.

FUENTE: EFE

El derecho a tener como lengua vehicular el castellano en la escuela catalana no sólo es una cuestión jurídica sino, ante todo, de derechos humanos fundamentales recogidos en la Constitución y los tratados internacionales. Cuando tanto los tribunales como la principal fuerza de la oposición en Cataluña declararon que el castellano volvería a ser lengua vehicular de la educación en Cataluña, se celebró con cierta calma. Sin embargo, el líder de la oposición, Salvador Illa, sabía que esto no era verdad y que estaría sujeto a los pactos que el Gobierno de coalición realizase con los independentistas.

Se cumplirá, en principio, lo que el equipo adoctrinador del Gobierno de la Generalitat quería: desoír la voz de las familias que pedían ejercer el derecho a que sus hijos pudieran tener una educación en castellano en España, impensable para algunos. Este curso, los 27 centros de educación pública de Cataluña en las que se impartía una (solo una) asignatura en castellano, gracias a las peticiones y manifestaciones de familias, tampoco impartirán asignaturas en castellano. Esto es celebrado por el consejero de Educación, Josep González Cambray, como una ‘batalla ganada contra España’.

El clasismo del nacionalismo catalán solo permitirá estudiar en su lengua a aquellos que puedan pagar una educación privada o concertada, degradando al resto a la imposición de la lengua a modo de “limpieza étnica”, como menciona Juan Claudio de Ramón. Emplazar a la obligatoriedad convierte al Ejecutivo catalán en un régimen, que pretende desplazar fuera de la región a aquellos que no ‘crean en la causa’ independentista.

Han demostrado de lo que son capaces, ejerciendo toda la presión del independentismo sobre aquellas personas que no quieren que se pisoteen sus derechos como españoles y catalanes. Han degradado a Cataluña y su intención de seguir haciéndolo parece no tener fin.

Este tipo de situaciones son inexplicables en el contexto internacional. ¿Cómo explicar en Europa que en España hay una región en la que la educación pública no enseña en la lengua oficial del Estado? Y aún más difícil, ¿cómo es posible que el Gobierno estatal lo permita?

El domingo 18 de septiembre saldrán a la calle los catalanes a los que el Govern está vulnerando sus derechos como españoles. Desde el resto del país estaremos apoyando a aquellos que acudan a manifestarse. Cataluña se ha cansado de la dictadura lingüística y Barcelona acogerá la protesta. ‘Escuela de Todos’ se ha encargado de organizar esta manifestación con una intención clara: que se aplique el 25% de castellano que indica la ley. Una mezcla entre el ‘realismo mágico’ de García Márquez y el ‘esperpento’ de Valle-Inclán, que provoca que lo que nos rodea carezca de sentido alguno, y que sean los propios españoles los que tengan que pedir no sentirse excluidos de la enseñanza pública del país.

La movilización social debe dar paso a la estrategia política. Es imprescindible transformar el enfado con la vulneración de los derechos más básicos de la ciudadanía catalana en la construcción de una mayoría electoral sobre la marca o marcas políticas que ocupen un espacio de centralidad y, con esa valentía, romper con el statu quo nacionalista. Es evidente que existe una mayoría más que suficiente de ciudadanos catalanes hartos de esta situación, pero que o bien no lo expresan cuando van a votar (excepto un porcentaje notable de los votos que está extraordinariamente fragmentado en este momento) o bien su expresión es la abstención. 

¿Será capaz el principal partido de la oposición en Cataluña de identificarse de una vez con sus ciudadanos e instrumentar esa mayoría suficiente? ¿O tendrá que ser otra marca o marcas y otros liderazgos que lo hagan? Ahí está la batalla de los próximos meses mientras la Justicia vaya haciendo su trabajo en materia de ejecución de la sentencia última.

Los siguientes pasos necesarios tras orillar a los extremos en Andalucía

Hacía mucho tiempo que en unas elecciones, en las que se contaba con gran división en la intención de voto (municipales, regionales o generales), no eran decisivos los partidos que ocupan los extremos. Vox y Podemos han quedado fuera de la gobernabilidad andaluza para suerte de sus habitantes; en este caso, era Vox el partido que más posibilidad tenía para entrar al Gobierno tras el resultado de las elecciones de Castilla y León.

FUENTE: EFE

De esta forma, Vox reduce por primera vez sus registros en unas elecciones con la alicantina Macarena Olona al frente de la formación en la región. Del mismo modo que la izquierda iliberal que acudía fragmentada a estas Elecciones, perdió la poca fuerza de votantes que esperaban alcanzar con las previsiones del CIS.

Desde las elecciones generales, donde la extrema derecha duplicó sus votantes en la región respecto a los anteriores comicios regionales, no se había visto una tendencia regresiva tan clara en la extrema derecha. No así en la extrema izquierda que, con más tiempo presente en la actividad política, ya había comenzado a sufrir la vuelta a la moderación de muchos votantes tras descubrir el engaño de las políticas extremistas e iliberales promulgadas aún hoy desde el Gobierno de la Nación.

Este proceso electoral ha provocado una pérdida de cerca del 50% de los votantes de Vox en Andalucía, que ha ayudado a que el Partido Popular de Juanma Moreno haya logrado estos resultados.

El PSOE que históricamente ha tenido en Andalucía un feudo electoral, vuelve a desinflarse y empeora sus resultados. Los socialistas no han logrado calar en una sociedad en desacuerdo con las políticas del Gobierno de coalición, provocando un trasvase de votos de hasta un 20% al PP, convertido semanas atrás en el ‘voto útil’ tanto identificado con los problemas de Andalucía como en clave nacional.

Estas Elecciones rompen con una tendencia que parecía venir desde Europa: por un lado, la reducción de ciudadanos que acuden a las urnas no se ha visto en Andalucía, que ha mejorado sus registros con respecto a 2018. Por otro lado, otra tendencia que rompe con la normalidad es lo holgado de la mayoría absoluta conseguida, ya que durante los últimos años las mayorías absolutas han dejado de ser comunes.

En este panorama político tan convulso, con la dimisión de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana que podría provocar un adelanto electoral, con un Gobierno en Cataluña que no consigue aprobar Presupuestos y trata de alejarse de Sánchez, con un Gobierno central que continúa perdiendo fuerza fracasando día tras día en sus medidas anticrisis y que sufre los electoralismos de los tres partidos que conviven en él (la ‘plataforma’ de Yolanda Díaz, Unidas Podemos y PSOE), es necesario pensar en cuáles serán los pasos siguientes, incluso ante una posibilidad cada vez menos remota de adelantos electorales en distintos territorios o incluso a nivel nacional.

En primer lugar, es necesario potenciar el deterioro de los extremos que, como pasó en Portugal, podrían desinflarse hasta quedar en un plano residual. Pero no debemos caer en la comodidad de pensar que esto va a suceder de manera inmediata. No hay más que ver el caso de Francia donde el fin de semana pasado los extremos consiguieron la representación suficiente en la Asamblea Nacional para condicionar las políticas nacionales.

En segundo lugar, ante los malos resultados electorales cosechados en Andalucía, en el PSOE nacional debe abrirse un periodo de reflexión para analizar sus asociaciones que no hacen más que debilitar al partido, así como examinar a su líder, que bajo su mandato no ha conseguido que sus políticas sean beneficiosas para la sociedad y, conforme se acerca la fecha de las Elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, es una rémora o un pasivo cada vez más insostenible para los actuales presidentes autonómicos.

Por último, es necesario colocar en el centro del diseño de las políticas públicas al ‘votante mediano’: familias de clase media cuyo poder adquisitivo se ha desplomado, con una situación laboral precaria, con incertidumbre sobre el futuro más inmediato suyo y de sus hijos, preocupado por las concesiones infinitas a los extremos políticos y sufridor del deterioro de la calidad democrática… No hay que dejarse obnubilar por la explosión del consumo que están haciendo las familias de renta media-alta. Es un espejismo de la realidad económica que va reconociéndose incluso en las cifras macro tal como publicó el INE el pasado viernes 24.

Hacía mucho tiempo que no se daba una situación tan favorable a la caída del extremismo en nuestro país, de acercamiento a posiciones moderadas e identificación con el ‘votante mediano’ y hay que aprovecharla. El efecto Feijóo está beneficiando a un PP que puede alejarse definitivamente de Vox, mientras que el PSOE se encuentra en una caída libre de la que debe escapar antes de que sea demasiado tarde. Las elecciones andaluzas deben abrir los ojos a los partidos moderados y sacar adelante un país fuerte de una situación muy adversa.

Tiempos de cambio

Nada dura para siempre y lo ocurrido estás últimas semanas en la madrileña Calle Génova es buena prueba de ello. El cambio de liderazgo en el principal partido de la oposición supone un movimiento relevante, además de una señal para el resto de actores a unos pocos meses de que se celebren las Elecciones andaluzas y a un año escaso de las Elecciones municipales y autonómicas.

FUENTE: EFE

Fuera de cualquier especulación en torno a la nueva dirección, ya se sabe quién será la figura que se hará cargo del Partido Popular. Un hombre que ‘siempre ha estado ahí’ y del que siempre se ha esperado que diese el salto a la presidencia del partido a nivel nacional: Alberto Núñez Feijóo. El orensano será, casi con total seguridad, el candidato a la presidencia del Gobierno en el momento en que se convoquen Elecciones Generales, una posibilidad nunca descartable ante la inestabilidad del Gobierno de coalición.

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta este punto de forma tan acelerada? Pablo Casado tomó el relevo de Mariano Rajoy en 2018 y con ese relevo también heredó los problemas que tenía el partido en su momento: el desgaste del electorado con los casos de corrupción que salieron a la luz, la aparición de Ciudadanos y la ultra derecha que condensaron parte de los electores perdidos, el manejo de la situación en el proceso separatista catalán, y la rocambolesca salida de la presidencia de Mariano Rajoy tras la moción de censura, entre otros.

El partido que heredó Casado le ha lastrado en su etapa al frente del PP. No solo no ha podido revertir la situación, sino que nacieron nuevos problemas durante estos cuatro años. No se supo crear una estrategia clara ante la extrema derecha, que cada día es más fuerte a costa de los partidos constitucionalistas. Tampoco hubo acierto al gestionar su propio partido, en el que, antes del estallido del conflicto con la presidenta madrileña, ya había muchos que dudaban de su capacidad de liderazgo tanto para conducir a los populares a recuperar la presidencia del Gobierno como para gestionar los problemas internos.

Los barones populares ya llevaban tiempo demandando a Casado que ejerciese la responsabilidad de su puesto por lo poco que aportaba el líder nacional a sus campañas, dejando caer que los éxitos electorales del PP eran una mezcla entre el demérito del rival y el buen hacer de sus candidatos a expensas de la inacción de la dirección nacional.

¿Qué le espera ahora al Partido Popular?

Con la confirmación el miércoles de la candidatura de Feijóo a presidir el partido, queda una idea muy clara que veremos si electoralmente es posible de realizar, ya que depende de la coincidencia entre varios factores. El “no” a la extrema derecha. El orensano comienza su etapa mostrando una estrategia alejada de Vox, uno de los errores que achacan desde el PP a la gestión de Pablo Casado, y acercándose al PSOE en la posibilidad de realizar pacto de Estado, lo que dotaría a España de gran fuerza a ojos de Europa.

Los populares viven ahora un momento de renovación y es ahora cuando se deben poner los cimientos de la nueva dirección y reforzarse tras la guerra interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. No será tarea fácil, pero Feijóo sabe crear confianza y sus resultados electorales lo demuestran.

De Feijóo se espera mucho en la política española, tanto por los que están dentro como por los que están fuera. Se espera un líder alejado de la ultraderecha (siempre se ha querido alejar y nunca ha pensado en un pacto) y con el que se puede hablar, algo necesario con la actual polarización. Un soplo de aire fresco que puede atraer al PSOE hacia la moderación, alejándose de Unidas Podemos y los socios de investidura para formar una España fuerte, y alejada de los populismos.

Redibujar la gobernabilidad sobre un rechazo simétrico de los extremos

En los últimos siete años, la sociedad española se ha enfrentado a un periodo oscuro en la política española. Los extremismos políticos han calado dentro del imaginario colectivo y los grandes partidos constitucionalistas han ido perdiendo credibilidad por su falta de ética profesional, tan necesaria en el mundo de la política, abriendo la puerta de España al rupturismo e iliberalismo fervientes de los extremos, los cuales capitalizan la huída de votantes, otrora moderados, que buscan una acción más contundente (y, a la vez, más radical) ante los problemas que juzgan que no son capaces de resolver los partidos tradicionales.

FUENTE: EFE

El resultado de las elecciones del 13-F en Castilla y León devuelve a la realidad la necesidad de replantear las amistades en los pactos de gobierno. El PP ha sido el partido más votado y necesitaría de Vox o PSOE para gobernar, ya sea pactando con ellos el Ejecutivo regional o desbloqueando la gobernabilidad con una abstención. Desde el PP ya han dejado claro que no quieren pactar con la ultraderecha y que se reunirán con el resto de las agrupaciones para formar un Gobierno alejado de iliberalismos para los castellanoleoneses.

Sin embargo, este proceso se ha visto desplazado por la gran crisis abierta en el centro-derecha, la cual no sólo cuestiona la política de alianzas sino que incluso compromete la viabilidad del propio PP. Urge llegar a un entendimiento y depuración de responsabilidades para evitar una nueva fractura que añada más complejidad y dificultad a la ya de por sí difícil situación del tablero político nacional.

En este contexto, y con la nueva caída electoral de Unidas Podemos, hay que analizar el crecimiento de Vox con la mirada puesta hace siete años en los comicios de 2015 y 2016 cuando Podemos escaló hasta la tercera posición en las Cortes. Un análisis poco profundo de los datos constataría que la pérdida de votos del PP provoca este crecimiento de Vox. Sin embargo, esta tesis no recoge completamente la realidad. El aumento de Vox es, en gran parte, consecuencia evidente del Gobierno de coalición como reacción a lo que está sucediendo en los últimos dos años. Al mismo tiempo, es una imagen especular de las motivaciones de fondo que a una parte no menor del electorado de izquierda le llevó a confiar en Podemos.

En este sentido, sorprende la falta de simetría en el análisis de los extremos. Hay visiones que atribuyen peligros a Vox que no veían ni ven a Unidas Podemos, cuando ambos provocan un gran daño al país. Sus continuos ataques a nuestro sistema democrático y nuestra Constitución conducen a la sociedad al enfrentamiento, por lo que no será posible terminar con Vox sin eliminar los extremismos partícipes en el Gobierno, incluyendo a independentistas y a los herederos políticos de ETA. No podrá evitarse que Vox entre en las instituciones si no se permite ahora sacar fuera del Gobierno a Podemos, por lo que no se le puede exigir al PP que tome las decisiones que el PSOE no está tomando.

El papel de Unidas Podemos y de los socios secesionistas en las diferentes posiciones de poder, ha terminado por desgastarle en los diferentes comicios de estos últimos tiempos, así como en las encuestas. Mientras esto sucede, Vox crece en contraposición como única posibilidad de hacer frente a la izquierda radical, plantando cara argumentalmente al PP con un discurso populista, reconocible en otros movimientos que siguen esta tendencia de crecimiento por toda Europa.

Con esto, no debemos esperar a que Vox comience a gobernar para que la sociedad sea consciente de sus peligros. La política debe alejarse del iliberalismo y los partidos populistas, reduciéndolos a una oposición que se diluiría en discurso con un panorama de entendimiento entre los grandes partidos. España necesita concordia después de años de la extrema polarización y violencia política de los últimos tiempos. El progreso de nuestro país está sujeto a políticas moderadas en torno a la defensa de la Constitución del 78. Independientemente de quien fuese el partido más votado, tanto en estos comicios de Castilla y León como en cualquier otro proceso electoral, ambos partidos podrían ofrecer a España gobiernos sólidos y responsables en beneficio de la ciudadanía.

En estos momentos, podemos decir que en el panorama electoral español será necesario pactar para formar gobierno después de cada jornada electoral. Los tiempos del bipartidismo han quedado atrás, llevándose consigo las mayorías absolutas. La pelota se encuentra en el tejado de ‘populares’ y ‘socialistas’, que deben decidir si quieren seguir pactando con las peores opciones que se presentan sobre sus mesas, o dejar aparte el ego de las siglas y pelear una gran coalición. No hay fórmulas sencillas; todas las opciones previsibles se antojan ahora mismo inviables, escasas o muy costosas, incluida la de un acuerdo entre los dos grandes partidos. Pero, llegado el momento, habrá que elegir cuál es la menos mala de las soluciones. Y si de verdad el propósito es frenar a Vox y Unidas Podemos, tanto PP como PSOE tendrán que actuar en consecuencia.

Esta situación de inmovilismo negociador entre los dos grandes partidos no lleva a ningún lado y es necesaria la recuperación del centro político por los partidos mayoritarios, los cuales deberían defender ese centro y no como está sucediendo en estos momentos. Esta coalición posicionaría a España como una gran aliada, fuerte, ante la Unión Europea con un gran Gobierno como el que se plantea.

2021 Una odisea en el espacio

En todo sistema solar hay planetas excéntricos que orbitan lejos de su centro, a izquierda y derecha. En el sistema español el caso es peor porque, además, hay excéntricos nacionalistas –nacionalista, según la Enciclopedia Galáctica, equivale a xenófobo, así que es normal que éstos orbiten a su bola-. Además está la PSOE, un planeta enorme que, por una extraña aberración óptica, todo el mundo cree ver en el centro del sistema cuando en realidad orbita en sus confines, junto con el planeta turrapopulista, los nacionalistas y la estrella de la muerte.

Por Fernando Navarro

Lo cierto es que la alianza de la PSOE con todos estos planetas -formando un subsistema bastante estable en la excentricidad- está provocando un éxodo de terrícolas hacia otro cuerpo excéntrico según se mira a la derecha. Y a su vez, este éxodo proporciona una justificación a los habitantes de la PSOE para permanecer en la periferia del sistema, aunque hay que decir que fueron arrastrados hasta allí -sin la menor queja- bastante antes de que ese éxodo se produjera. Pero esta es una cualidad que todos los planetas políticos poseen, y que algunos spin-doctors siderales llaman «mover la ventana de Overton». En realidad –lo cuenta Futurama- la Planet Express –trasunto de la PSOE- no se mueve, sino que reordena el universo en torno suyo gracias a la materia oscura defecada por los niblonianos –trasunto de los medios, expertos y politólogos de guardia-. Así, aunque sus desplazamientos sean dramáticos, siempre permanece en el centro del sistema y con ella sus ocupantes.

Pero la anomalía que mantiene actualmente tanta órbita excéntrica es Black Sánchez, un agujero negro -descubierto hace años por el astrónomo Voir Granovetter- que devora todos los escrúpulos y convicciones del sistema y genera unos campos gravitatorios bastante chungos. Este es, en resumen, el problema del infortunado sistema español: un enorme agujero negro que genera excentricidad. Pero él está tan feliz, y se hace muchas fotos.

Editorial: ¿Es posible una política objetiva?

La votación en el Congreso del decreto de reforma laboral es una fiel representación del problema de fondo y forma que tiene el proceder actual de la política española. Mientras la ‘vieja mayoría’ que ha sostenido al Gobierno de coalición hasta la fecha no termina de disolverse, la conformación de una mayoría amplia que rompa la actual dinámica, no termina de nacer. De hecho, el intento de escenificar la capacidad del PSOE de tejer nuevas alianzas más transversales se ha saldado con una votación caótica y un resultado de un sólo voto de diferencia que provocará un conflicto jurídico en las próximas semanas.

FUENTE: EFE

Más allá del resultado que se produzca en el trámite de enmiendas como proyecto de Ley, la clave son los escenarios que han rodeado a la votación y los partidos, los cuales tienen ante sí una situación en la que la estrategia política se torna fundamental en los próximos meses. ¿Sería posible ver una política objetiva? Es evidente que con la cuestión de la reforma laboral ha brillado por su ausencia.

Ni las posiciones a favor ni en contra han valorado con objetividad qué cambia y qué no esta reforma con respecto al marco regulatorio establecido en 2012 y que se ha ido modificando con los pronunciamientos de los tribunales en la última década: convenios colectivos centralizados, ultraactividad, desaparición de la temporalidad, subcontratas, formación… 

Es indudable que la búsqueda de consensos y alianzas amplias entre políticos representantes de los españoles, sindicatos y patronales es no sólo deseable sino obligada. Sin embargo, no puede darse el mismo valor político a un acuerdo refrendado por una amplia mayoría de las Cortes que un pacto llevado por la mínima y con serias dificultades de implantación. O lo que es peor: el intento de minusvalorar el papel del Congreso para que no tocara el texto pactado.

La confluencia de todos estos factores señalados indica la dificultad de una transición urgente de los apoyos de los partidos extremos a una alianza que vaya más allá de la suma de 185 o 190 diputados que ha conseguido el Gobierno de coalición en estos dos años de mandato. En este marco, irrumpe con fuerza el papel de un bloque conformado por partidos minoritarios que han ido entrando y saliendo del bloque de investidura: Más País, Compromís, PdeCat, Partido Regionalista Cántabro, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Teruel Existe.

Si a ello se añade el posible papel de Ciudadanos como sustituto del apoyo de ERC al Gobierno, el escenario en vez de objetivarse se hace más complejo. En el caso del bloque de investidura, los socios más fuertes del Gobierno no han visto satisfechas sus demandas para con el texto de la reforma y han decidido votar que no. Esta decisión por parte de los aliados políticos (e interesados) del Gobierno deja muy tocado a Moncloa, ya que peligra la aprobación de más medidas hasta el final del mandato al tratarse de una de las reformas más ‘importantes’ del Ejecutivo y una de las grandes promesas de coalición.

Con la polarización y la búsqueda de objetivos puramente electoralistas por parte de los partidos, es complicado analizar los pros y los contras de esta reforma. Esta podría haber sido una gran oportunidad para los partidos liberales de hacer bloque y tratar de separarse de los extremos iliberales cambiando la dinámica de apoyos del Gobierno. En primera instancia Ciudadanos no se juntaría con Unidas Podemos y lo ha hecho apelando a la responsabilidad de la negociación con los agentes sociales y asegurando a España 12.000 millones de euros de Europa por su aprobación. 

Todo esto forma parte de la estrategia política electoral, ya que dentro de poco habrá elecciones generales y todos los partidos se están preparando para este contexto. Previo a la votación y por cómo se han mostrado estos partidos, se puede vislumbrar un poco sus intenciones en este sentido: El PSOE, tratando de atraer a partidos de diversas ideologías para tratar de aglutinar a sus votantes en Sánchez; Unidas Podemos, presentando a Díaz para unos comicios en los que llegaría vendiendo una super reforma cuando es más bien descafeinada; Ciudadanos, tratando de recuperar el centro político mostrándose para pactar con derechas e izquierdas; Partido Popular, mostrándose contrario al Gobierno en cualquier tema para mostrarse como única alternativa al actual Gobierno; y Vox, que no cambia su forma de actuar viendo que su forma de actuar le está aupando en las encuestas. 

Ahora toca ver si tras lo vivido el jueves 4 de febrero en el Congreso, los incentivos de los partidos (y, en especial, del socio mayoritario de la coalición) cambian hacia una mayor objetividad del debate. Es probable que cierto movimiento en esta dirección se produzca conforme las presiones de los socios europeos se incrementen hacia un mayor grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos al recibir los fondos europeos.

Editorial: Los costes democráticos de alargar por más tiempo la legislatura

La democracia es mucho más que la búsqueda incondicional de apoyos en las Cortes para sacar adelante los proyectos legislativos del Gobierno. En este sentido, uno de los principios básicos de una democracia es excluir de la gobernabilidad a aquéllos que persiguen su destrucción y la confrontación no pacífica entre ciudadanos, los cuales representan un porcentaje minúsculo de los electores. Sin embargo, en España estamos haciendo todo lo contrario: naturalizar al espacio político heredero del mayor enemigo del sistema constitucional que ha sido el terrorismo.

FUENTE: El Correo/EP

Sorprende que en un país cuyo Gobierno ha hecho de la ‘memoria democrática’ una de sus principales banderas, ésta sea tan asimétrica y kafkiana. Al mismo tiempo que se ponen en jaque los principales consensos sobre los que se construyó la Transición, se escenifica un programa de ‘olvido político’ intencionado que pretende ser implantado sin oposición entre la izquierda, aplacando cualquier crítica a través de palabras gruesas y acusaciones inaceptables entre demócratas de cualquier signo político.

Es evidente la dificultad de gobernar España con unas mayorías tan exiguas e inestables como las actuales. Sin embargo, esto no puede dar carta de naturaleza a una política de ‘todo vale’ para permanecer por más tiempo en el Gobierno. En el momento en que se da un lugar destacado a los enemigos de la democracia -todos ellos fuerzas extremas y centrífugas- la salud del sistema democrático se resiente profundamente, ya que la dinámica de sus demandas siempre es creciente, nunca decreciente. Y una vez que ocupan un espacio que ni electoral ni sociológicamente les corresponde, apartarlos para retomar el normal funcionamiento institucional de un país requiere de un gran esfuerzo.

Hay que resistirse a llamar toda esta operación como ‘rearme del socialismo’ y ‘marcar perfil propio’. Es todo lo contrario: entregar rentabilidad electoral a cambio de un proceso que puede llegar a ser irreversible de deterioro democrático. Tener la vista puesta más en las municipales de 2023 a la espera de que «estemos preparados o no para cosas mayores», es un ejercicio de irresponsabilidad difícil de aceptar en democracia.

Este movimiento no solo sería contrario a esta idea del ‘rearme socialista’, que se vería opacado por este refuerzo a la extrema izquierda, sino que va en contra de toda la trayectoria constitucional de los últimos años, la cual ha posibilitado una convivencia pacífica entre demócratas que luchaban juntos contra los enemigos de España.