En relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código penal para la derogación del delito de sedición y para la modificación de los desórdenes públicos:
CENSURAMOS que una reforma del Código penal de esta importancia, que afecta a delitos clave para la protección de nuestro orden de convivencia, pueda responder a razones políticas coyunturales, legislando ad personam, en lo que se ha presentado como una suerte de amnistía a quienes lideraron la insurgencia en Cataluña en otoño de 2017 bajo el mantra de buscar una pretendida “desjudicialización” del conflicto político catalán. Lo cual resulta especialmente evidente si, finalmente, se reforma también el delito de malversación de fondos públicos.
CONSIDERAMOS que la adecuación de nuestro ordenamiento penal debe venir presidida por un amplio consenso político, forjado a través de la correspondiente tramitación parlamentaria. Por ello, resulta inaceptable que esta reforma se haya planteado como una proposición de ley, eludiendo los informes pertinentes de los órganos consultivos; y que se tramite por vía de urgencia, reduciendo las posibilidades de debate, y sin un acuerdo transversal entre los principales partidos políticos.
ADVERTIMOS que las democracias del entorno europeo disponen de tipos penales que tutelan su orden constitucional y la integridad del propio Estado y, a este respecto, debemos señalar que la reforma que se pretende aprobar supondrá una desprotección de nuestra Constitución como marco democrático de convivencia. De hecho, en la medida que los Códigos penales deben responder a las amenazas que en cada momento se ciñen sobre un país, de acometerse alguna reforma penal en España, EXIGIMOS que esta contemple la inclusión de un delito que castigue las conductas más graves de deslealtad constitucional.
Firmantes*:
Aixeca´t-Levántate
Alternativa Ciudadana Progresista
Ampas Paralelas
Asamblea Nacional de Tabarnia (ANT)
Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)
Asociación Cultural Doble12
Asociación de estudiantes del mundo
Asociación de Profesores por el Bilingüismo (APB)
Asociación por la Tolerancia
Catalunya Somos Todos
Centro Libre de Arte y Cultura (CLAC)
Círculo de Empresarios
Círculo de Navarra en Madrid
Citizens pro Europe
Club Liberal Español
Concordia Real Española
Consenso y Regeneración (CyR)
Els segadors del Maresme
España Juntos sumamos (EJS)
Foro de Profesores
Foro Libertad y Alternativa (L&A)
Foro para la Concordia Civil
Foro para la Concordia Civil de Granada
Fundación Cultura Libre
Fundación Hay Derecho
Fundación Independiente
Fundación Internacional para la Libertad
Fundación Joan Bosca
Fundación Woman Forward
Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC)
Historiadors de Catalunya
Idiomas y Educación
Impulso Ciudadano
La España Que Reúne
LaSilenciosaCat
NEOS
Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística
Politeia
Polítical Network for Values
Pompaelo
Regenerar España Ahora
S´ha Acabat!
Sindicato AMES (Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari)
El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos presentarán este viernes en el Congreso para reformar el delito de sedición supone un paso importante para la materialización de un compromiso adquirido por el Ejecutivo hace casi tres años.
FUENTE: EFE
De las muchas razones por las que debemos defender que las reformas sobre la legislación penal que afectan a personas que en este momento están imputadas, enjuiciadas o condenadas por aquello que se está reformando no deberían llevarse a cabo, existe una particularmente relevante como es la relación causal que puede establecerse entre el que emprende la reforma y el beneficiado por ella. Lo que de manera muy clara se rechaza cuando una o varias empresas influyen en el regulador para que cambie una normativa determinada en favor suyo, ¿por qué no existe un rechazo generalizado de la reforma del delito de sedición cuando es una decisión que pone en ventaja a unos pocos atendiendo a sus circunstancias particulares frente a la gran mayoría social?
Un ejercicio básico de ecuanimidad del poder debería ser estudiar a quién beneficia y perjudica cada medida que se toma. La reforma del delito de sedición, aun envuelta en la homologación del tipo penal con la media europea, se lleva a cabo en un momento en el que beneficiará directamente a encausados por la Justicia y, lo que es peor, fugados del país. Éste es un hecho incontestable que debe aparecer siempre al lado de otras justificaciones que quieran darse, pero en ningún momento se puede hurtar a la sociedad española de una información tan relevante como ésta.
Éste es, fundamentalmente, el ejercicio de sinceridad que ni el Gobierno de coalición ni sus apoyos parlamentarios han hecho ni tienen voluntad de hacer, al menos hasta la fecha. Si lo hicieran, darían la oportunidad a la sociedad española de valorar si están dispuestos a pagar un precio como éste para seguir contando con los escaños necesarios en las Cortes para acabar la Legislatura. La última ocasión en que ocurrió algo de estas características fue cuando se anunció la “mesa de diálogo”, momento en que la presión política y social provocó una sinceridad a medias traducida en un coste político elevado que llevó a convocar nuevas Elecciones.
Por tanto, es necesario revelar qué hay en el fondo de esta decisión y cuáles son los riesgos que entraña para la defensa constitucional. El tribunal enjuiciador del golpe separatista de 2017 ya hizo un ejercicio de “construir convivencia” al calificar como sedición unos hechos susceptibles de haber sido tipificados como rebelión. Ahora, una vez que se reduce el delito de sedición y se mantiene el de rebelión, dejando un espacio muy importante vacío en medio, existe el riesgo de que, ante otra intentona separatista, sea muy difícil condenar por el máximo posible en democracia.
Conviene hacer un somero repaso de qué significa esta reforma y cómo se constituye en un beneficio tangible para personas actualmente encausadas o condenadas:
Fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del procés fueran condenados por sedición, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluiría ese delito y otros varios, como los sexuales o los medioambientales. En este tiempo ha habido reformas de esa ley orgánica, sin llegar a tocar el delito de sedición.
¿Qué dice el Código Penal?
El delito de sedición está incluido entre los delitos contra el orden público, en el artículo 544 y siguientes del Código Penal.
Castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen “pública y tumultuariamente” para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.
Está penada con entre cuatro y ocho años de prisión, que puede elevarse a una horquilla de entre ocho a diez años si se trata de los líderes de la sedición y de entre 10 y 15 años si quien se alza es una autoridad, que quedará también inhabilitada.
El procés y otros juicios
El 14 octubre de 2019 el Tribunal Supremo condenó por sedición a los líderes del procés sometidos a juicio.
La pena mayor, de trece años, recayó sobre el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado también por malversación, como los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Antes de esa condena se habían abierto procedimientos por sedición contra algunos ayuntamientos por promover y aprobar mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlamento catalán o incluso contra ediles, pero acabaron archivadas por la ausencia de protestas tumultuarias y de llamamientos a los ciudadanos a sumarse a esos actos.
También fueron juzgados por sedición y coacciones los controladores de Palma por el caos aéreo que se generó en varios aeropuertos en 2010, pero fueron condenados únicamente por abandono de servicio tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y reconocer los hechos.
La promesa
En enero de 2020 el Gobierno anunció que afrontaba con “amplitud de miras” la revisión del Código Penal para ajustarlo a la “realidad” y a la “actualidad” en delitos como el de sedición, una promesa que generó un aluvión de críticas desde la oposición, que pensó que esa promesa suponía un indulto encubierto.
En las semanas y meses siguiente el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se encargó de defender la reforma de un delito que, alegaba, había sido introducido en el Código Penal en el año 1822, que ya no respondía a la realidad vigente y que, además, estaba castigado con penas “inusitadamente altas”, si se comparaba con legislaciones de países del entorno.
Pero nunca se hizo público un anteproyecto o un borrador de la reforma.
El 22 de junio de 2021 el Gobierno concedió finalmente un indulto parcial a los condenados por “razones de utilidad pública”, según anunció el propio Pedro Sánchez en una declaración institucional.
Se les conmutaba las penas pendientes de prisión, pero se mantenían las de inhabilitación, es decir, que no pueden ejercer cargos públicos mientras dure la pena.
Cómo afecta la reforma a condenados y huídos
Del alcance de la reforma que baraja el Ejecutivo dependerá su impacto en los líderes del procés condenados, cuyo indulto está recurrido y que podrían beneficiarse de una eventual rebaja de la pena de inhabilitación.
Una reforma de la sedición también podría beneficiar a los dirigentes independentistas prófugos de la justicia española, como el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o el exconseller Toni Comín, ambos eurodiputados.
No obstante, no quedarían libres de una eventual condena a prisión aunque el delito de sedición fuera derogado o rebajado a penas mínimas, ya que podrían ser buscados también por malversación, delito castigado con entre dos años y seis de prisión.
Cataluña y España, una división. Una guerra imaginaria en las cabezas de los independentistas que desde los distintos gobiernos no se le ha dado la suficiente importancia que se le debía dar y, cuando ha habido que actuar, se ha actuado tarde. Más aún cuando se trata de hacer equilibrios muy complejos para lograr los apoyos suficientes en la Cámara Baja que mantengan unos meses más con vida la actual Legislatura.
FUENTE: EFE
El derecho a tener como lengua vehicular el castellano en la escuela catalana no sólo es una cuestión jurídica sino, ante todo, de derechos humanos fundamentales recogidos en la Constitución y los tratados internacionales. Cuando tanto los tribunales como la principal fuerza de la oposición en Cataluña declararon que el castellano volvería a ser lengua vehicular de la educación en Cataluña, se celebró con cierta calma. Sin embargo, el líder de la oposición, Salvador Illa, sabía que esto no era verdad y que estaría sujeto a los pactos que el Gobierno de coalición realizase con los independentistas.
Se cumplirá, en principio, lo que el equipo adoctrinador del Gobierno de la Generalitat quería: desoír la voz de las familias que pedían ejercer el derecho a que sus hijos pudieran tener una educación en castellano en España, impensable para algunos. Este curso, los 27 centros de educación pública de Cataluña en las que se impartía una (solo una) asignatura en castellano, gracias a las peticiones y manifestaciones de familias, tampoco impartirán asignaturas en castellano. Esto es celebrado por el consejero de Educación, Josep González Cambray, como una ‘batalla ganada contra España’.
El clasismo del nacionalismo catalán solo permitirá estudiar en su lengua a aquellos que puedan pagar una educación privada o concertada, degradando al resto a la imposición de la lengua a modo de “limpieza étnica”, como menciona Juan Claudio de Ramón. Emplazar a la obligatoriedad convierte al Ejecutivo catalán en un régimen, que pretende desplazar fuera de la región a aquellos que no ‘crean en la causa’ independentista.
Han demostrado de lo que son capaces, ejerciendo toda la presión del independentismo sobre aquellas personas que no quieren que se pisoteen sus derechos como españoles y catalanes. Han degradado a Cataluña y su intención de seguir haciéndolo parece no tener fin.
Este tipo de situaciones son inexplicables en el contexto internacional. ¿Cómo explicar en Europa que en España hay una región en la que la educación pública no enseña en la lengua oficial del Estado? Y aún más difícil, ¿cómo es posible que el Gobierno estatal lo permita?
El domingo 18 de septiembre saldrán a la calle los catalanes a los que el Govern está vulnerando sus derechos como españoles. Desde el resto del país estaremos apoyando a aquellos que acudan a manifestarse. Cataluña se ha cansado de la dictadura lingüística y Barcelona acogerá la protesta. ‘Escuela de Todos’ se ha encargado de organizar esta manifestación con una intención clara: que se aplique el 25% de castellano que indica la ley. Una mezcla entre el ‘realismo mágico’ de García Márquez y el ‘esperpento’ de Valle-Inclán, que provoca que lo que nos rodea carezca de sentido alguno, y que sean los propios españoles los que tengan que pedir no sentirse excluidos de la enseñanza pública del país.
La movilización social debe dar paso a la estrategia política. Es imprescindible transformar el enfado con la vulneración de los derechos más básicos de la ciudadanía catalana en la construcción de una mayoría electoral sobre la marca o marcas políticas que ocupen un espacio de centralidad y, con esa valentía, romper con el statu quo nacionalista. Es evidente que existe una mayoría más que suficiente de ciudadanos catalanes hartos de esta situación, pero que o bien no lo expresan cuando van a votar (excepto un porcentaje notable de los votos que está extraordinariamente fragmentado en este momento) o bien su expresión es la abstención.
¿Será capaz el principal partido de la oposición en Cataluña de identificarse de una vez con sus ciudadanos e instrumentar esa mayoría suficiente? ¿O tendrá que ser otra marca o marcas y otros liderazgos que lo hagan? Ahí está la batalla de los próximos meses mientras la Justicia vaya haciendo su trabajo en materia de ejecución de la sentencia última.
Señalar a los corruptos es una práctica honrada en la vida y en la política, y en ambas hay muchos corruptos. Cataluña es ese lugar en el que todos los males ocurren fuera de sus ‘fronteras’ y en caso obvio de tener problemas echar las culpas a otros. Laura Borrás, presidenta del Parlamento catalán, es una de esas personas acostumbradas al golpe, a darlos; pero cuando reciben la más mínima acusación, hacen del problema una cuestión de Estado.
FUENTE: EFE
El de Laura Borrás no es un problema menor, es un problema por el cual debería estar inhabilitada en estos momentos. Lo curioso del asunto es que, no solo no admite su corrupción, sino que echa las culpas a las “cloacas” de sus actividades ilícitas al frente de un instituto público como el de las Letras Catalanas.
Mientras la Fiscalía pide para la política independentista 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental, la acusada se defiende diciendo que la causa pierde fuerza al haberse descartado los delitos del malversación y fraude; algo insólito. Una persona que ha robado una gallina no es menos culpable por no haber robado dos.
Desde su partido quieren protegerla y ya están buscando herramientas para ello, ni a los otros acusados con sentencias por casos de ‘lawfare’ (guerra jurídica), como ellos lo denominan. Excluyen los delitos de corrupción que no sean ‘lawfare’, pero lo más probable es que, como Borrás, achaquen sus imputaciones a la ‘persecución hacia Cataluña’, una excusa que parece no tener fin y de la que se aprovechan cuando tienen la ocasión, incluso en plena concentración pública por el recuerdo de los asesinados en los atentados de Las Ramblas en 2017.
Quienes sufren esta situación son los catalanes, que viven una situación de desgobierno por encima de los normal y las políticas que se aplican no hacen más que disminuir la seguridad de sus calles y los problemas económicos de sus negocios.
El realismo mágico que vive Cataluña con el independentismo ha tocado techo con JxCat. Qué esperar de un partido en el que el presidente de su consejo nacional dijese en su intervención tras ser elegido, que Junts es “el partido del presidente Puigdemont, partido del 1-O, del sí, de los intangibles, de la firmeza y de la esperanza”. El partido de la paz en el mundo. De Puigdemont hay novedades también, y es que se abre su vuelta a España por extradición después de que un abogado de la UE de la razón a nuestro país frente a Bélgica y abra la puerta a su entrega.
La Generalidad de Cataluña no sabe mentir, así como los partidos que componen el gobierno regional. Cataluña se sitúa a la cola de la ejecución presupuestaria de 2021 y la culpa es de Madrid y el Gobierno de Sánchez; No. Aquí la culpa reside en el seno de la Generalidad y de la falta de predisposición para utilizar el dinero público asignado en los Presupuestos Generales del Estado.
FUENTE: EFE
El independentismo lleva engordando sus cuentas con Gobiernos de unos y otros signos políticos desde hace años bajo la amenaza de la independencia y ahora culpa al Ejecutivo central por no tener la capacidad de ejecutar el dinero que se le ha asignado.
La ejecución presupuestaria nace fruto de la colaboración entre gobiernos central, autonómico y local sin favorecer a unos frente a otros, ya que el reparto de fondos se hace primero y luego son las regiones y municipios los que se encargan de seleccionar, en base a sus necesidades, las inversiones más adecuadas.
Luchar frente a las mentiras del populismo es un trabajo muy complicado, y más frente al independentismo. Todo son excusas y ninguna se sustenta más allá de desviar la culpa a otros y generar alarma sobre el resto de comunidades para tratar de desestabilizar al Gobierno. “La culpa es de Madrid”; “provoca el hambre de otros territorios”; “es una humillación”.
La Generalidad pasa de verdugo a víctima con gran asiduidad y en este caso es la gran víctima de una persecución estatal, pero los que realmente son víctimas son los ciudadanos catalanes, que son los que sufren los vaivenes y la falta de calidad de sus gobernantes.
El Estado ejecutó el año pasado en Cataluña un 35,77 % de la inversión prevista en el presupuesto, es decir, 739,8 millones de euros sobre los 2.068 millones previstos, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado.
Unas cifras que contrastan con las de la Comunidad de Madrid, que logró una ejecución del 183,9 %, al recibir 952 millones más de lo presupuestado.
Estos datos están fuertemente relacionados entre sí, y coexisten debido a la falta de motivaciones de unos para mejorar y la voluntad de otros por facilitar a sus ciudadanos nuevas ventajas. Las mentiras independentistas, apoyadas en la Cámara por el brazo político del terrorismo, cada vez son creídas por menos ciudadanos. El funcionamiento del mecanismo de ejecución presupuestaria es simple: El Gobierno aprueba los PGE, con su correspondiente reparto a las comunidades autónomas. Cada Gobierno autonómico presenta sus propuestas de inversión y el Gobierno manda resoluciones, en su mayoría positivas, para ejecutar la inversión.
Sin propuestas no hay inversión. No podemos confundir persecución con falta de predisposición. El Govern catalán prefiere continuar con el discurso de que “España nos roba” para poder engañar al electorado. Las mentiras dejan de sostenerse con el tiempo y los catalanes ya las han vivido todas. Cataluña podría estar a la altura de la Comunidad de Madrid, pero el mayor lastre es su propio Gobierno.
El salto a la palestra del ‘caso Pegasus’, el escándalo de presunto espionaje a más de 60 independentistas catalanes tras el referéndum independentista del 1-O ha revuelto las entrañas del Congreso de los Diputados
FUENTE: EL PAÍS
Sin entrar mucho en la cuestión de fondo (ya que profundizaremos sobre este en el próximo número), la aparición de esta información ha provocado tanto ERC como EH Bildu hayan puesto en jaque al Ejecutivo y a sus medidas como ‘castigo’ ante el descubrimiento de este caso.
El Gobierno, sabiendo que los independentistas y los abertzales pueden frustrar la aprobación de medidas como el decreto anticrisis aprobado el jueves y, de aquí en adelante, la propia legislatura, está tratando de restaurar la relación con sus socios en vez de comenzar, como comentábamos en el pasado número, a tender puentes con el principal partido de la oposición. Pedro Sánchez tiene miedo a terminar antes la legislatura sin poder sacar adelante nuevas medidas con el núcleo de investidura, exponiendo la gobernabilidad de España a los caprichos populistas e iliberales de los movimientos centrífugos.
Para tratar de calmar los ánimos con el destape de ‘Pegasus’, el Gobierno vendió su investigación cambiando a última hora los términos para incluir a los soberanistas en la Comisión de secretos oficiales y poder desbloquear la votación del plan anticrisis. Con Bildu, de momento, parece haber funcionado pues aprobaron el paquete de medidas gracias a ellos, pero con ERC será más complicado.
Con este cambio normativo, reduciendo las mayorías para que pudiesen acceder a una comisión que lleva dos años parada, los investigados podrán tener acceso a las actividades e investigaciones del CNI, organismo que investigaba las actividades de los golpistas tras el referéndum, así como el uso de los fondos reservados por parte de los ministerios que tienen asignadas este tipo como Interior, Defensa, Exteriores y el propio CNI. Se espera que en las próximas semanas la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, habilite el calendario de reuniones y, una vez comenzado, los diputados recibirán explicaciones del Gobierno sobre, por ejemplo, el supuesto espionaje.
Este cambio de última hora carece totalmente de sentido, tanto en la teoría como en la práctica, ya que no es posible realizar las investigaciones pertinentes a un grupo de personas que se ha saltado la Constitución para tratar de romper España para su propio interés. De esta forma los independentistas se aseguran estar al tanto de todos los movimientos y prácticas de seguridad del Estado.
Sánchez ha vuelto a caer en la trampa del independentismo cuando estaba desarrollando una práctica justificada, y que ya había sido anunciada por Interior en 2019, después de que estos hubieran incumplido la Carta Magna. Este movimiento no solo debilita al Gobierno en el Congreso, sino que lo deja en evidencia ante las exigencias independentistas y debilita al Estado. Sánchez tenía alternativa con PP y Ciudadanos y les volvió a cerrar la puerta, en favor de aquellos que no buscan más que alimentar sus propios intereses.
Lo peor de todo, es que seguramente la entrada en la Comisión no sea suficiente como para calmar al independentismo victimista, al que tratarán de recuperar con la mesa de negociación con Cataluña. El Gobierno vuelve con las rebajas y facilitará a ERC muchas de sus exigencias para aprobar las medidas a costa de difuminar la identidad del socialismo.
Sánchez está comenzando a cavar su propia tumba y puede que la de su partido, que perpetua las acciones de su líder. Ha dejado muy claro que prefiere pactar con los enemigos de España antes que con un Feijóo dispuesto, a diferencia de Pablo Casado, a sentarse a negociar. O como bien dice el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, “introducir a los lobos en el mismo rebaño de las ovejas”.
La negociación presupuestaria es siempre un tira y afloja entre el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios. Si en la última edición de nuestra newsletter hablábamos de los intentos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) por romper la Denominación de Origen Rioja con fines políticos y tener poder de decisión en la producción de los vinos de La Rioja alavesa, en esta hablamos del desbloqueo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a los Presupuestos Generales del Estado debido a la aprobación de la Ley Audiovisual.
FUENTE: EFE
Esto reservará un mínimo anual de 15 millones de euros para la producción de películas y series en catalán y demás lenguas cooficiales, así como la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales, según los detalles avanzados por ERC.
La formación independentista asegura que, con este acuerdo, que ha permitido dar luz verde a la tramitación de los Presupuestos en el Senado, “todas las plataformas que operan en España, incluso las que tengan su sede en el extranjero como Netflix, HBO o Disney Plus, tendrán que financiar cada año producciones audiovisuales en catalán, por una vía o por otra.
Así, cada año se destinarán un mínimo 15 millones de euros a la producción en catalán y en el resto de lenguas oficiales, lo que significa un 15% del 70% de la producción total que España exige a todas las plataformas (incluida las radicadas en el extranjero) a través del artículo 117 del anteproyecto, que establece la obligación de destinar el 5% de los beneficios a producciones europeas. Esta medida se recogerá en la ley y así no dependerá cada año de los presupuestos.
Por su parte, el PSOE destaca que el acuerdo “encaja en la directiva europea” y también en la política del Gobierno de promoción de las lenguas cooficiales. Así ha querido poner en valor la ley “en su conjunto” porque supondrá “un punto de inflexión” para el sector audiovisual en España.
Es inadmisible que los presupuestos se negocien al mejor postor. Por un lado, el Gobierno no puede generar una subasta con los recursos que se deben emplear en la mejora de los recursos del país. Y por el otro, es vergonzoso destinar recursos públicos para contentar los deseos del independentismo en otro refuerzo más a su proyecto de separar Cataluña de España sin tener la calidad de país.
Desde ‘La España que Reúne’ nos parece que tomar este tipo de decisiones, puramente políticas que no buscan el beneficio común, solo empeora la calidad democrática de nuestro país. No es el momento más adecuado para seguir distanciando a los ciudadanos y decisiones como esta solo generan una tensión mayor entorno a Cataluña.
Esta semana ha comenzado la “mesa de la exclusión” entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès para negociar un mayor traspaso de competencias y mayor discrecionalidad de aquéllos que pretenden romper España
Fuente:EFE
Esta mesa de la mentira carece de sentido y más cuando no hay un verdadero diálogo de todas las partes implicadas, ya que no están representados en dicha mesa todos los españoles. Por ello, desde ‘La España que Reúne’, ‘Impulso Ciudadano’ y ‘S´ha Acabat!’, creemos que esta mesa tal como está planteada no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos.
No es un buen instrumento porque en la citada mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los separatistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país. Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes.
Además de esto, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación.
Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural.
El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades.
En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles. Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace:
Los promotores de esta iniciativa ciudadana consideramos que la mesa de diálogo entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat sobre el futuro político de Cataluña no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos.
Fuente:EFE
Decimos que no es un buen instrumento porque en la citada Mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los nacionalistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país.
Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes.
Pero es que, además, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación.
Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural.
El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades.
En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles.
Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.
Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace:
La ampliación del aeropuerto de El Prat de Barcelona, el AVE que conectará las tres capitales de provincia vascas con Madrid o las obras del tren de alta velocidad con Navarra son continuamente boicoteadas y saboteadas por un nacionalismo que, en sus diferentes manifestaciones políticas y sociales, manipula banderas como la del ecologismo para mantener bajo control a sus territorios, restándoles capacidad de crecimiento y desarrollo.
Fuente:EFE
Históricamente, el nacionalismo excluyente se ha envuelto en eslóganes y soflamas para intentar hacer “legítima” una lucha contra el conjunto de los ciudadanos. En este sentido, el nacionalismo e independentismo tanto de derecha como de izquierda emplean un falso ecologismo meramente instrumental para impedir el desarrollo de redes, infraestructuras e interconexiones vitales, tergiversando la normativa europea de protección de los espacios naturales.
No sólo es posible, sino que es imprescindible, conciliar la realización de las obras con una apropiada conservación ambiental y un desarrollo del territorio compatible con los sectores económicos y sociales allí instalados. No debemos permitir que, primero el terrorismo y después el independentismo, obstaculicen el desarrollo de nuestro país, infligiendo pérdidas cuantiosas a largo plazo. Pasó con el desarrollo de la energía nuclear, con las conexiones por carretera, con la alta velocidad ferroviaria… No puede volver a ocurrir con las infraestructuras que van a reforzar nuestra conectividad con Europa y el resto del mundo.
En el caso concreto de la ampliación del aeropuerto de El Prat, el argumento falsamente ‘ecologista’ de la protección de la reserva natural de La Ricarda es la excusa para dilatar los plazos y continuar con la reivindicación del “agravio” entre Cataluña y el resto de España en materia de infraestructuras. Cierto es que la afectación de espacios protegidos necesita de la autorización de la Comisión Europea, pero con un plan bien armado y compensaciones ambientales razonables, el órgano europeo da su aprobación.
Esta bandera falsamente ecologista la ha cogido tanto el nacionalismo de izquierda de En Comú Podem como el de derecha de Junts per Catalunya. Un ejemplo es el expresidente de la Generalitat Quim Torra, el cual ha cargado contra esta ampliación diciendo que ya “basta de poner los intereses económicos por delante de la naturaleza”. De esta forma, continúa la línea oficial de su partido instando a los grupos independentistas en actuar en favor de un independentismo catalán que “tome la bandera del medio ambiente”.
Conocemos muy bien a los independentistas. Bajo este discurso defensor del medioambiente se esconde una de las bases del nacionalismo y más cuando se pretende la consecución de un país independiente. El pánico a la apertura exterior se esconde detrás de estas palabras de los líderes independentistas que pretenden no abrir de más su territorio. Cuanto más proteccionismo para el nacionalismo mejor, para ellos carece de sentido la ampliación de El Prat y por eso quieren evitar a toda costa, Europa mediante, esta renovación.
