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¿Qué piden el nacionalismo y el independentismo? Un ejercicio de sinceridad

Como era previsible, Núñez Feijóo no tuvo éxito en su intento de investidura. En este punto, para lograr la formación de un gobierno, existen esencialmente dos opciones: un nuevo Gobierno de coalición liderado por Sánchez o la convocatoria de nuevas elecciones.

FUENTE: EFE

La coalición requeriría el apoyo de los independentistas catalanes, quienes han planteado condiciones muy rigurosas, como la amnistía para aquellos que se enfrentaron a la justicia debido al proceso soberanista de 2017, que en un momento proclamó la independencia y luego la revocó en cuestión de segundos.

Que el PSOE saliese derrotado de las últimas elecciones parece haber afectado el intento de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder a cualquier costo. La notable debilidad del PSOE y su disposición a hacer concesiones de todo tipo a cambio de apoyo están llevando a los partidos nacionalistas y separatistas a intensificar sus demandas para respaldar lo que algunos llaman “progresismo”.

Partidos como ERC, Junts, Bildu e incluso el PNV están aprovechando la situación política actual para plantear demandas que van desde referendos secesionistas hasta indultos para los líderes catalanes involucrados en el proceso independentista. Además, algunos están buscando el control de la mesa del Congreso de los Diputados o incluso la anexión de Navarra al País Vasco, aprovechando la falta de escrúpulos de ciertos políticos y la aquiescencia de sus superiores en Madrid.

En este contexto, la política española se ha convertido en una especie de mercado persa, donde todo es objeto de intercambio a cambio de apoyo para la investidura, y el socialismo ha optado por el secretismo como estrategia principal. Se busca ocultar las concesiones que podrían estar en negociación con posibles aliados, utilizando todo tipo de recursos informativos y oficiales, desde el énfasis en las temperaturas récord hasta tácticas de distracción similares a las empleadas por los líderes romanos en el pasado.

Sánchez y su entorno sostienen que sus acciones han logrado pacificar Cataluña y, de manera sorprendente, acusan al PP de haber provocado la situación al “judicializarla” mediante el artículo 155 de la Constitución, incluso cuando en su momento estuvieron de acuerdo con esta medida.

Resulta curioso que Sánchez haya adoptado el mismo lenguaje que antes de ser presidente usaba para calificar a los líderes catalanes como autores de un delito de “rebelión” y afirmara que se oponía a conceder indultos a los sediciosos. Sin embargo, en su camino hacia la Moncloa, parece que optó por priorizar sus intereses personales sobre sus principios.

Sobre el presidente en funciones se ha evidenciado que no es una figura de confianza, ya que ha hecho concesiones que ponen en peligro la unidad de España con el fin de mantener su posición, lo cual es inaceptable. Un ejemplo destacado de esta actitud es su disposición a considerar una amnistía para Carles Puigdemont, un líder independentista que huyó de la justicia española. Esto envía un mensaje peligroso de impunidad y debilita la autoridad del marco constitucional.

Además, la propuesta de modificar la inviolabilidad del Rey, como algunos parlamentarios vascos han pedido, es un asunto de gran importancia y debería ser debatido de manera seria y con una perspectiva amplia, en lugar de parecer una concesión precipitada.

Quizás una de las cuestiones más preocupantes es la disposición de Sánchez a considerar un referéndum unilateral en Cataluña. Aunque el diálogo es esencial, un referéndum unilateral no es la forma adecuada de abordar un conflicto de esta magnitud. Ignorar la legalidad y la Constitución de España en favor de los deseos de los independentistas es un error grave que socava la estabilidad y la cohesión del país.

Es fundamental recordar que las demandas de los independentistas y separatistas no solo amenazan la unidad de España, sino que también plantean preocupaciones económicas y sociales significativas. La incertidumbre generada por estos movimientos separatistas ha tenido un impacto negativo en la inversión y el empleo en algunas regiones, lo que afecta directamente a los ciudadanos comunes.

Junts, por ejemplo, exige la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para resolver este pasivo acumulado, lo que supondría aproximadamente 83.000 millones de euros. También busca el derecho a recaudar todos los impuestos a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y un acuerdo de solidaridad financiera con el Estado. También, propone la creación de una agencia de Seguridad Social propia para gestionar las pensiones y reclama el 19% de los fondos europeos Next Generation de forma retroactiva.

Por último, Junts insiste en que se cumplan los compromisos en materia de infraestructuras y se establezcan plazos concretos para el pago de la disposición adicional tercera del Estatut, que se refiere a la transferencia de activos pendientes, como el Corredor Mediterráneo y las inversiones pendientes en el sistema ferroviario de Rodalies.

La deuda también es una preocupación para ERC. Según sus cálculos, la deuda ascendió a 20.772 millones de euros en 2020 y a 21.982 millones de euros en 2021, como se presentó en la presentación anual del déficit fiscal del Estado realizada por la Generalitat.

El Gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a cumplir una por una todas las demandas impuestas por Carles Puigdemont para obtener el apoyo de sus siete diputados en una posible investidura socialista. A pesar de estar en funciones, el Gobierno ha presentado ante la UE la solicitud de que el catalán sea reconocido como idioma oficial, está negociando la amnistía para los implicados en el proceso independentista y ha pedido a Europol que desvincule el independentismo del terrorismo.

La fecha de la independencia parece depender sólo de Puigdemont o Junqueras, ¿qué puede salir mal?

El sanchismo no es progresismo, es procesismo

El progresismo, como decía la RAE, se caracteriza por el pensamiento que defiende las libertades publicas. El sanchismo en total contradicción con el progresismo no soporta la discrepancia e intenta, hasta ahora desgraciadamente con bastante éxito, controlar las instituciones poniendo en grave riesgo el Estado de Derecho.

Por Jesús Ballesteros (Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho y Filosofía política en la Universitad de Valencia)

El sanchismo ha adoptado desde el principio un doble perfil. Por un lado de demonización del Partido Popular, en perfecta continuidad con el Pacto del Tinell de 14 12 03, firmado por los líderes del tripartito catalán (PSC, ERC y Esquerra Els Verds), cuyo espíritu inspiró también la acción del gobierno de Zapatero, empeñado en que la oposición no pudiera gobernar nunca.

De otro lado, desde su infundada y torticera moción de censura a Rajoy, se ha apoyado en los Partidos que querían destruir la Constitución del 78, como Podemos primero y después previa traición a Iglesias, Sumar, así como Bildu y en menor medida el PNV, que ha acusado a Sánchez de usarles como Kleenex, pero que sigue de momento en su órbita, y de modo aun mas radical especialmente los separatistas catalanes, como ERC y Junts.

Por ello, siguiendo también a Zapatero que afirmó aprobar el Estatut de Cataluña tal como saliese del Parlamento catalán aunque negase a los españoles su condición de ciudadanos libres e iguales, el sanchismo tiene perfecta continuidad con el procés separatista catalán ya que subordina toda su política a no perder el apoyo de los partidos separatistas catalanes para mantenerse en la Moncloa aunque ello implique aceptar la anticonstitucional amnistía y la condonación de la gigantesca deuda catalana, que deberían pagar el resto de los españolas, así como la entrega de la mayor parte de los fondos europeos. Por ello su verdadero nombre es el de procesismo, apoyo y rendición incondicional ante los líderes del procés.

La excusa es reducir la importancia del separatismo con una política a lo Chamberlain. Pero como ocurrió en aquel caso,- los separatistas también creen en la superioridad de su raza- lejos de pacificarse, han aumentado sus pretensiones. Como se ha visto con Puigdemont que aseguró no apoyar a Sánchez hasta que éste orinase sangre. En efecto, éste se ha mostrado dispuesto a derramar sangre, pero no lo suya, !quizás no tiene! sino la de España.

Por lo que se refiere a su presunción de ser un bloque de izquierdas, hay que decir que nada tiene que ver con la izquierda socialdemócrata del verdadero PSOE de Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Virgilio Zapatero, Juan Alberto Belloch, y un larguísimo etcétera, caracterizada por la defensa de la igualdad y de la equidad social de acuerdo con el espíritu de Robin Hood, considerando urgente gravar a los ricos para apoyar a los pobres. El sanchismo nada tiene de este izquierdismo ya que roba a las regiones mas pobres de España para darle el dinero a las ricas, como Cataluña y el País Vasco. Por eso el PP acusa al sanchismo con razón de alta traición al PSOE autentico.

La izquierda del sanchismo es izquierda populista preocupada por destruir a las empresas ( han quebrado una media de 20.000 por año desde que están en el poder) empezando por las pequeñas y medianas y con los autónomos, debido a unos impuestos desorbitados destinados a comprar el voto con subvenciones, y repartiendo el dinero sin más criterio que el electoral, por ejemplo repartiéndolo entre los jóvenes, en vez de conseguir empleo estable, jugando con burlas desde su denominación como los “fijos discontinuos”. El sanchismo es populismo casi fascista por el obsceno culto a la personalidad del jefe.

El sanchismo es también izquierda antifreudiana en la línea del postestructuralismo de Deleuze y Guattari, que elevan los deseos irracionales a origen de derechos, frente a Freud que consideraba necesario que el deseo se sometiese a la razón como el principio de placer al principio de realidad, para no caer esclavos del principio de muerte del impulso thanático.

Quizás con todo, el lado mas peligroso del sanchismo radica en querer abolir la independencia del poder judicial. Ya ha empezado con poner el Tribunal Constitucional y el Tribunal de cuentas a su servicio, al servicio de la dominación cesarista. Pero continuará haciéndolo con el control de CGPJ, sin aceptar la recomendación europea de que sean los jueces los que elijan a los jueces, concediendo la amnistía a todos los condenados del procés, dándole Navarra al País vasco, etc.

Si el pueblo español no abducido por el sanchismo no cobra conciencia de la extrema gravedad de la situación, nos espera una dictadura que acabará con las libertades y que nos empobrecerá en todos los ámbitos, del económico al del pensamiento.

No cabe estar dormidos ni indiferentes, creyendo que todos los políticos son iguales.

El cansancio independentista y la compra de su statu quo

La celebración de la Diada de Cataluña el lunes pasado congregó a miles de manifestantes independentistas convocados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Como es habitual, su objetivo era reivindicar la independencia, a pesar de que se estén discutiendo posibles alivios penales como la amnistía para personas condenadas o pendientes de juicio por delitos relacionados con el procés.

FUENTE: EFE

A diferencia de los primeros años de esta marcha, donde predominaba la reivindicación festiva, el ambiente se ha vuelto más tenso y en algunos momentos se ha convertido en una demostración pública de descontento hacia los propios partidos independentistas.

En esta convocatoria menos concurrida, se escucharon también gritos en contra de explorar acuerdos con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y a favor de “bloquear” las instituciones del Estado mientras no haya posibilidad de celebrar un referéndum de independencia.

Los principales partidos secesionistas, que antes apoyaban la manifestación y la utilizaban para sus intereses, ahora son objeto de críticas por parte de los manifestantes. Estas formaciones están experimentando lo mismo que en el pasado aplicaban a los partidos no independentistas y a quienes se distanciaban del soberanismo.

En la protesta, liderada por la ANC, Òmnium, AMI y el Consejo de la República, se escucharon gritos a favor de la independencia y de Puigdemont, mientras que algunos increparon al actual presidente de la Generalitat Pere Aragonès y exigieron la dimisión del Gobierno, una solicitud que otros manifestantes consideraron equivocada.

La Asamblea presiona a ERC y Junts para que la negociación con el PSOE con respecto a una posible investidura de Pedro Sánchez tenga como objetivo la independencia. Su presidenta, Dolors Feliú, afirmó que “no hay opción para vivir en libertad dentro de España” y exigió ante los manifestantes “independencia o bloqueo, independencia o elecciones”, repitiendo lo mismo que en el 2022.

Aquellos que piensan que la política aplicada en los últimos años es un acierto, superaron un obstáculo importante con la celebración de la Diada en términos de reafirmación de su tesis. Ésta fue la movilización menos concurrida, excluyendo las de la pandemia, y ahora solo parece atractiva para aquellos que siguen aferrados a la época del procés, liderados por una organización que no representa democráticamente a nadie: la Asamblea Nacional de Cataluña, que no participa en elecciones, pero promueve la intransigencia en una posible solución pactada del conflicto.

La Diada ha dejado de ser una expresión variada del sentimiento catalanista para convertirse en la manifestación del independentismo más intransigente. En definitiva, se ha convertido en una movilización donde solo son bienvenidos aquellos que comparten la misma visión.

El tono de la manifestación también influye en los discursos políticos, que deben aumentar su intensidad para evitar ser considerados como blandos o traidores. Sin embargo, tanto ERC como Junts están manteniendo conversaciones con el Gobierno, y estas negociaciones deben ser realistas y evitar prometer lo imposible o lo que no se puede explicar adecuadamente. Nadie puede pedir la luna, sabiendo que es inalcanzable, y nadie debería prometer lo inalcanzable o inexplicable.

Por qué rechazar la amnistía, igual que se rechazaron los indultos

Los miembros del Gobierno y los líderes del PSOE y Sumar tienen fundamentos sólidos al sostener que existe una marcada distinción entre una amnistía y un indulto. Esta discrepancia resulta innegable. En efecto, las repercusiones políticas derivadas de una amnistía superan con creces en relevancia a las emanadas de la capacidad para otorgar indultos.

FUENTE: EFE

Pero también se muestra hasta qué punto aceptar lo segundo (los indultos) abrió la puerta a aceptar lo primero (la amnistía) y si se acepta ésta como inocua para el régimen del 78, se aceptará el referéndum, sea cual sea el apellido que se le quiera poner (“no vinculante”, “consultivo”).

En contraposición al indulto, la amnistía no sólo altera la condena de aquellos ya sentenciados, sino que también excluye, en favor de todos los imputados en espera de juicio, el ejercicio de la jurisdicción estatal. Esto se debe a que la amnistía priva al poder judicial de su facultad para enjuiciar y aplicar sentencias sobre lo juzgado. Mientras el indulto impacta en la pena impuesta por el juez, la amnistía borra el delito y obstaculiza la labor que los jueces están exclusivamente encargados de realizar en los Estados regidos por el imperio de la ley.

Lo que realmente está en juego es la supervivencia misma del sistema tal como fue configurado por el pacto constitucional. La consolidación de nuestra democracia como un espacio de convivencia en el cual todos los ciudadanos gocen de iguales derechos, ya residan en Bilbao, en Sant Feliu de Llobregat o en Olivenza. La gran paradoja de nuestra era radica en que aquellos que no cesan de enfatizar la solidaridad y la justicia social son precisamente los primeros en respaldar esta deriva confederal que ha permeado a la izquierda, lo cual resulta perjudicial para la necesaria cohesión territorial.

La amnistía implica reconocer que, tanto aquellos que ya han sido condenados como los que están pendientes de juicio, no deberían enfrentar la justicia por crímenes cuya validez se cuestiona. Este cuestionamiento surge porque se admite que el contexto político prevaleciente en el momento en que se perpetraron dichos delitos justifica su eliminación, como si nunca hubieran ocurrido; lo que atenta ferozmente también contra la igualdad de todos los españoles ante la ley.

El presidente del Gobierno en funciones es capaz de todo para gobernar y bien lo saben los independentistas. Aún por encima cuando los delincuentes no solo no han demostrado intención alguna de no repetir el acto que los llevó a la condena, sino que no hacen más que incidir en sus intenciones de repetir tan honrosa acción.

El presidente en funciones ha traicionado al PSOE y lo ha llevado a traicionarse a sí mismo junto a la Constitución. La etapa que surgió con la Constitución de 1978 tiene el potencial de perdurar, lo cual sería beneficioso. Sin embargo, ha experimentado una transformación profunda.

Ya no es la época de mayorías absolutas en la que los dos principales partidos podían aliarse eventualmente con partidos nacionalistas moderados, al igual que entre ellos mismos. La posibilidad de acuerdos transversales sostenidos en el tiempo parece haber llegado a su fin, cuando una de las últimas fue la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El sistema originalmente no estaba diseñado para operar con dos bloques permanentes que no pueden cooperar entre sí, pero ahora debe adaptarse a esta nueva dinámica que se ha convertido en su característica central.

Alberto Núñez Feijóo parece no haber reconocido esta transformación estructural. El candidato a la investidura actúa como si este cambio drástico sólo afectara a la izquierda, y como si pudiera continuar operando como en los tiempos anteriores. Por eso, ha tomado la sorprendente iniciativa de negociar con el PNV e incluso con Junts para obtener su apoyo en su investidura a finales de septiembre.

Es posible que esto sea simplemente un gesto de cortesía parlamentaria, en cuyo caso sería loable. Sin embargo, si alguien en el PP piensa que puede obtener el respaldo de aquellos que ya forman parte del otro bloque estructural, o que en el futuro tendrá alguna otra opción aparte de gobernar con el apoyo de Vox, demuestra que está atrapado en una mentalidad obsoleta y en grandes dificultades para sacar adelante un Gobierno.

Puigdemont y el ‘mando a distancia’ sobre la próxima legislatura

Hoy, sin embargo, no es un día para lamentarnos, es un día para reivindicar los valores de la Transición y, para muchos ciudadanos, los de una izquierda reformista, institucional, nacional, y que mire al futuro.

FUENTE: EFE

Puigdemont dijo que necesitaba hechos comprobables antes de la elección de la mesa del Congreso. Es evidente que sus pretensiones han tenido satisfacción. Pero lo importante es comprobar que hemos aceptado que el árbitro de la política española sea un personaje que oscila entre el carlismo decimonónico y Trump. Es inadmisible que los españoles dependamos de un político independentista fugado para no presentarse ante la justicia española. El PSOE debería saber que en política no se puede hacer todo lo que no es un delito. No se debió modificar la legislatura pasada el Código Penal para satisfacer necesidades parlamentarias, pero es todavía más intolerable que el Gobierno de España se deje secuestrar por un prófugo.

El acuerdo de todos los partidos anticonstitucionales ha funcionado en la mesa del Congreso y funcionará para la investidura de Pedro Sánchez. Pero la cuestión mayor y más grave es ética, dado que se planteó cuando el segundo partido (el PSOE) en las elecciones del 23-J, quiso apurar todas las posibilidades, hasta la de negociar la viabilidad del gobierno de España con una persona que si pisara suelo español sería detenido. Todos los indicios indican que la legislatura que iniciamos ayer, con la elección de la mesa, se situará en la lista de los episodios más bochornosos de nuestra historia moderna.

Todo lo que ha sucedido el día de ayer es lamentable, nos devuelve a la España retrasada, de pandereta, la que el resto de los europeos vieron durante tiempo como una anomalía. Los llamados “progresistas” nos han devuelto al siglo XIX. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refranero. Los socialistas, siendo el eje de esta alianza, se sitúan con quiénes frecuentemente en nuestra historia frustraron las ilusiones de progreso de los españoles, porque en el siglo XIX fue el carlismo y hoy es un integrismo nacionalista egoísta, xenófobo y antieuropeo.

Lo razonable, lo que permitiría que los españoles durmieran tranquilos sería que los partidos nacionales llegaran a acuerdos, impidiendo unas elecciones anticipadas y evitando la ignominia de depender de un fugado.

Se ha consumado el dislate, han introducido la política española en el “callejón del Gato” de Valle Inclán. Es evidente que la política española está dominada por pícaros, desvergonzados y ahora delincuentes. Han convertido la política en un negocio que es necesario preservar y esto ha sucedido impulsado por un PSOE que no representa la izquierda que necesita España.

La igualdad, la libertad de parte de los ciudadanos españoles, el respeto a la ley y a los usos democráticos, quedan suspendidos en España. La concordia mínima para que una democracia funcione, disuelta. La posibilidad de una política reformista, que haga de España un país capaz de enfrentarse al futuro, abolida.

Lo que antes se negociaba con dos, ahora se negocia con cuatro

Los últimos comicios elevan el coste, tanto económico como político, de la formación del próximo Gobierno. Dentro del bloque de apoyo al presidente del Gobierno en funciones, lo que antes se negociaba con dos (ERC y Bildu) ahora debe negociarlo con cuatro (ERC, Junts, Bildu y PNV) de manera imprescindible, buscando cada voto en cada votación

FUENTE: EFE

Los independentistas y nacionalistas ya le han mandado sus exigencias al candidato del PSOE, sabiendo que ningún otro estará dispuesto a explorar los recovecos legales para poderlas conseguir, y se escudan en no querer pactar con Vox para intentar no manchar una imagen que lleva tiempo embarrada.

Siempre se ha pactado con estos partidos, eso es cierto. Y ha habido numerosos gobiernos en la historia reciente que han requerido su apoyo; pero ni el contexto, ni las circunstancias actuales, permiten (por moral y ética) dejarse hacer más daño por quien quiere quemar la casa común en la que vive pensando que ese fuego no afectará a su habitación.

Pere Aragonès tomó la iniciativa frente a Carles Puigdemont y fijó este martes la agenda de un posible acuerdo entre las fuerzas independentistas para ir de forma conjunta a la investidura de Pedro Sánchez.

El interlocutor de Puigdemont pidió que se acabe con los déficits fiscal, de infraestructuras y de servicios públicos en Cataluña, es decir, la condonación del dinero que recibieron del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) desde 2012, y también reclamó el fin de lo que el independentismo llama “represión”.

Un eufemismo para referirse a una solución –imposible en nuestro Estado de Derecho– que evite juzgar a cientos de cargos y activistas del independentismo por los múltiples delitos del 1-O. Y por supuesto, ERC exigió una solución al ‘conflicto político’ mediante un referéndum de autodeterminación.

Una propuesta con la que pone en juego no sólo la investidura de Pedro Sánchez, sino también el liderazgo del separatismo catalán. La propuesta de Aragonès quedaría de antemano descartada si no fuera el PSOE a quien se dirige. El presidente catalán tiene motivos para confiar en que ninguna negativa de los socialistas, y menos aún de Pedro Sánchez, es definitiva.

Desde el PNV también ha puesto precio a tus votos, mientras que Bildu dará su voto “gratis” a un Gobierno de Sánchez. Los nacionalistas vascos han pedido un nuevo encaje para Cataluña y el País Vasco a cambio de sus votos. “Sánchez necesita a los catalanes y a los vascos. Eso exige un acuerdo sobre el modelo territorial. No digo que acepte el 100% de nuestras peticiones, pero tiene que abrir este melón”, comentó el líder de los nacionalistas vascos en una entrevista que publicó el lunes el diario El País.

Los nacionalistas harán gala de ser un partido “previsible” y mantendrá las reclamaciones que Sánchez ya se comprometió a activar en diciembre de 2019 cuando firmó un documento de 12 puntos con Andoni Ortúzar. Un documento que en su punto cuarto incluía “adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales” de Cataluña y Euskadi.

Cuatro años después, los cinco diputados del PNV podrían respaldar una investidura de Sánchez, pero con mayor concreción en este objetivo y la inclusión de “garantías” en todo lo que forme parte del acuerdo… hasta que se celebren las Elecciones autonómicas en mayo del próximo año.

A la cola y a la contra

Una condición que hay que aceptar cuando se forma parte de la Unión Europea es que las autoridades de Bruselas tienen la potestad de establecer políticas comunes que deben ser aplicadas por los países miembros.

FUENTE: EFE

La Comisión Europea ha anunciado una de esas políticas comunes que no es inocua para el Gobierno español ni para sus socios independentistas porque va contra uno de los acuerdos más polémicos que Pedro Sánchez alcanzó con Podemos, Esquerra y Bildu. El pasado mes de diciembre, Moncloa decidió eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación para beneficiar a los líderes independentistas que fueron condenados o aquellos que pudieran ser condenados en los próximos meses.

El objetivo era aprobar esas reformas cinco meses antes de las elecciones, para que a estas alturas de mayo hubieran quedado fuera del debate político y no se mezclara con la campaña. Pero la política va muchas veces por caminos inescrutables y siempre actúa sobre aquellos que se creen superiores a ella. Ahora Europa, a la que se ha tildado de permisiva y complaciente con las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, actúa sobre algo que considera importante y que va a la contra del rumbo tomado desde Bruselas, situándonos a la cola de Europa junto a Hungría y Polonia.

La justicia poética ha querido que sea en plena campaña electoral para las regionales y municipales del 28-M, que serán una buena forma de medir el sentir de gran parte de la sociedad española con el Gobierno porque muchos evitarán votar al PSOE, aún con buenos candidatos, como castigo a las políticas de Sánchez, esta es solo una de ellas.

Con esta iniciativa, la Comisión no sólo aspira a actualizar, por arriba, las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir todo el posible abanico de los mismos sino, también, mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Y, con ella, queda desacreditado el principal argumento de Sánchez que apostó por la condescendencia con ciertas variantes del tipo de la malversación en nuestro país, asegurando que, con ello, España se aproximaba a los estándares europeos en la materia.

Pero, aquí en España, Sánchez decidió que estas reformas eran lo más progresista para el país y que ahora hay que reconocer lo logrado por aquel que se embolsa el dinero de los contribuyentes al corrupto que utiliza el dinero de los contribuyentes para intentar hurtar, además del dinero, sus derechos políticos más básicos.

Todo esto se da de bruces con lo que presuntamente lo justificaba, según el mendaz argumentario de Moncloa: los ‘criterios europeos’. Los dos nuevos tipos aprobados, al contemplar penas máximas de 3 y 4 años, quedan por debajo del umbral de 5 señalado por la Comisión. El Gobierno también tendrá que retocar el tipo de cohecho y el de tráfico de influencias. Toca ‘rearmonizar’ al alza lo que se había rebajado por conveniencia partidista.

Manifiesto contra la derogación del delito de sedición y modificación del de malversación

En relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código penal para la derogación del delito de sedición y para la modificación de los desórdenes públicos:

FUENTE: EFE

Por la plataforma de sociedades civiles Consenso y Regeneración

CENSURAMOS que una reforma del Código penal de esta importancia, que afecta a delitos clave para la protección de nuestro orden de convivencia, pueda responder a razones políticas coyunturales, legislando ad personam, en lo que se ha presentado como una suerte de amnistía a quienes lideraron la insurgencia en Cataluña en otoño de 2017 bajo el mantra de buscar una pretendida “desjudicialización” del conflicto político catalán. Lo cual resulta especialmente evidente si, finalmente, se reforma también el delito de malversación de fondos públicos.

CONSIDERAMOS que la adecuación de nuestro ordenamiento penal debe venir presidida por un amplio consenso político, forjado a través de la correspondiente tramitación parlamentaria. Por ello, resulta inaceptable que esta reforma se haya planteado como una proposición de ley, eludiendo los informes pertinentes de los órganos consultivos; y que se tramite por vía de urgencia, reduciendo las posibilidades de debate, y sin un acuerdo transversal entre los principales partidos políticos.

ADVERTIMOS que las democracias del entorno europeo disponen de tipos penales que tutelan su orden constitucional y la integridad del propio Estado y, a este respecto, debemos señalar que la reforma que se pretende aprobar supondrá una desprotección de nuestra Constitución como marco democrático de convivencia. De hecho, en la medida que los Códigos penales deben responder a las amenazas que en cada momento se ciñen sobre un país, de acometerse alguna reforma penal en España, EXIGIMOS que esta contemple la inclusión de un delito que castigue las conductas más graves de deslealtad constitucional.

Firmantes*:

Aixeca´t-Levántate
Alternativa Ciudadana Progresista
Ampas Paralelas
Asamblea Nacional de Tabarnia (ANT)
Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)
Asociación Cultural Doble12
Asociación de estudiantes del mundo
Asociación de Profesores por el Bilingüismo (APB)
Asociación por la Tolerancia
Catalunya Somos Todos
Centro Libre de Arte y Cultura (CLAC)
Círculo de Empresarios
Círculo de Navarra en Madrid
Citizens pro Europe
Club Liberal Español
Concordia Real Española
Consenso y Regeneración (CyR)
Els segadors del Maresme
España Juntos sumamos (EJS)
Foro de Profesores
Foro Libertad y Alternativa (L&A)
Foro para la Concordia Civil
Foro para la Concordia Civil de Granada
Fundación Cultura Libre
Fundación Hay Derecho
Fundación Independiente
Fundación Internacional para la Libertad
Fundación Joan Bosca
Fundación Woman Forward
Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC)
Historiadors de Catalunya
Idiomas y Educación
Impulso Ciudadano
La España Que Reúne
LaSilenciosaCat
NEOS
Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística
Politeia
Polítical Network for Values
Pompaelo
Regenerar España Ahora
S´ha Acabat!
Sindicato AMES (Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari)
SOCIA
Sociedad Civil Balear
Sociedad Civil Navarra
Sociedad Civil Valenciana

Un ejercicio de sinceridad ante la reforma del delito de sedición

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos presentarán este viernes en el Congreso para reformar el delito de sedición supone un paso importante para la materialización de un compromiso adquirido por el Ejecutivo hace casi tres años.

FUENTE: EFE

De las muchas razones por las que debemos defender que las reformas sobre la legislación penal que afectan a personas que en este momento están imputadas, enjuiciadas o condenadas por aquello que se está reformando no deberían llevarse a cabo, existe una particularmente relevante como es la relación causal que puede establecerse entre el que emprende la reforma y el beneficiado por ella. Lo que de manera muy clara se rechaza cuando una o varias empresas influyen en el regulador para que cambie una normativa determinada en favor suyo, ¿por qué no existe un rechazo generalizado de la reforma del delito de sedición cuando es una decisión que pone en ventaja a unos pocos atendiendo a sus circunstancias particulares frente a la gran mayoría social?

Un ejercicio básico de ecuanimidad del poder debería ser estudiar a quién beneficia y perjudica cada medida que se toma. La reforma del delito de sedición, aun envuelta en la homologación del tipo penal con la media europea, se lleva a cabo en un momento en el que beneficiará directamente a encausados por la Justicia y, lo que es peor, fugados del país. Éste es un hecho incontestable que debe aparecer siempre al lado de otras justificaciones que quieran darse, pero en ningún momento se puede hurtar a la sociedad española de una información tan relevante como ésta.

Éste es, fundamentalmente, el ejercicio de sinceridad que ni el Gobierno de coalición ni sus apoyos parlamentarios han hecho ni tienen voluntad de hacer, al menos hasta la fecha. Si lo hicieran, darían la oportunidad a la sociedad española de valorar si están dispuestos a pagar un precio como éste para seguir contando con los escaños necesarios en las Cortes para acabar la Legislatura. La última ocasión en que ocurrió algo de estas características fue cuando se anunció la “mesa de diálogo”, momento en que la presión política y social provocó una sinceridad a medias traducida en un coste político elevado que llevó a convocar nuevas Elecciones.

Por tanto, es necesario revelar qué hay en el fondo de esta decisión y cuáles son los riesgos que entraña para la defensa constitucional. El tribunal enjuiciador del golpe separatista de 2017 ya hizo un ejercicio de “construir convivencia” al calificar como sedición unos hechos susceptibles de haber sido tipificados como rebelión. Ahora, una vez que se reduce el delito de sedición y se mantiene el de rebelión, dejando un espacio muy importante vacío en medio, existe el riesgo de que, ante otra intentona separatista, sea muy difícil condenar por el máximo posible en democracia.

Conviene hacer un somero repaso de qué significa esta reforma y cómo se constituye en un beneficio tangible para personas actualmente encausadas o condenadas:

Fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del procés fueran condenados por sedición, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluiría ese delito y otros varios, como los sexuales o los medioambientales. En este tiempo ha habido reformas de esa ley orgánica, sin llegar a tocar el delito de sedición.

¿Qué dice el Código Penal?

El delito de sedición está incluido entre los delitos contra el orden público, en el artículo 544 y siguientes del Código Penal.

Castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen “pública y tumultuariamente” para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.

Está penada con entre cuatro y ocho años de prisión, que puede elevarse a una horquilla de entre ocho a diez años si se trata de los líderes de la sedición y de entre 10 y 15 años si quien se alza es una autoridad, que quedará también inhabilitada.

El procés y otros juicios

El 14 octubre de 2019 el Tribunal Supremo condenó por sedición a los líderes del procés sometidos a juicio.

La pena mayor, de trece años, recayó sobre el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado también por malversación, como los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Antes de esa condena se habían abierto procedimientos por sedición contra algunos ayuntamientos por promover y aprobar mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlamento catalán o incluso contra ediles, pero acabaron archivadas por la ausencia de protestas tumultuarias y de llamamientos a los ciudadanos a sumarse a esos actos.

También fueron juzgados por sedición y coacciones los controladores de Palma por el caos aéreo que se generó en varios aeropuertos en 2010, pero fueron condenados únicamente por abandono de servicio tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y reconocer los hechos.

La promesa

En enero de 2020 el Gobierno anunció que afrontaba con “amplitud de miras” la revisión del Código Penal para ajustarlo a la “realidad” y a la “actualidad” en delitos como el de sedición, una promesa que generó un aluvión de críticas desde la oposición, que pensó que esa promesa suponía un indulto encubierto.

En las semanas y meses siguiente el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se encargó de defender la reforma de un delito que, alegaba, había sido introducido en el Código Penal en el año 1822, que ya no respondía a la realidad vigente y que, además, estaba castigado con penas “inusitadamente altas”, si se comparaba con legislaciones de países del entorno.

Pero nunca se hizo público un anteproyecto o un borrador de la reforma.

El 22 de junio de 2021 el Gobierno concedió finalmente un indulto parcial a los condenados por “razones de utilidad pública”, según anunció el propio Pedro Sánchez en una declaración institucional.

Se les conmutaba las penas pendientes de prisión, pero se mantenían las de inhabilitación, es decir, que no pueden ejercer cargos públicos mientras dure la pena.

Cómo afecta la reforma a condenados y huídos

Del alcance de la reforma que baraja el Ejecutivo dependerá su impacto en los líderes del procés condenados, cuyo indulto está recurrido y que podrían beneficiarse de una eventual rebaja de la pena de inhabilitación.

Una reforma de la sedición también podría beneficiar a los dirigentes independentistas prófugos de la justicia española, como el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o el exconseller Toni Comín, ambos eurodiputados.

No obstante, no quedarían libres de una eventual condena a prisión aunque el delito de sedición fuera derogado o rebajado a penas mínimas, ya que podrían ser buscados también por malversación, delito castigado con entre dos años y seis de prisión.

Construir una mayoría electoral que rompa el statu quo nacionalista

Cataluña y España, una división. Una guerra imaginaria en las cabezas de los independentistas que desde los distintos gobiernos no se le ha dado la suficiente importancia que se le debía dar y, cuando ha habido que actuar, se ha actuado tarde. Más aún cuando se trata de hacer equilibrios muy complejos para lograr los apoyos suficientes en la Cámara Baja que mantengan unos meses más con vida la actual Legislatura.

FUENTE: EFE

El derecho a tener como lengua vehicular el castellano en la escuela catalana no sólo es una cuestión jurídica sino, ante todo, de derechos humanos fundamentales recogidos en la Constitución y los tratados internacionales. Cuando tanto los tribunales como la principal fuerza de la oposición en Cataluña declararon que el castellano volvería a ser lengua vehicular de la educación en Cataluña, se celebró con cierta calma. Sin embargo, el líder de la oposición, Salvador Illa, sabía que esto no era verdad y que estaría sujeto a los pactos que el Gobierno de coalición realizase con los independentistas.

Se cumplirá, en principio, lo que el equipo adoctrinador del Gobierno de la Generalitat quería: desoír la voz de las familias que pedían ejercer el derecho a que sus hijos pudieran tener una educación en castellano en España, impensable para algunos. Este curso, los 27 centros de educación pública de Cataluña en las que se impartía una (solo una) asignatura en castellano, gracias a las peticiones y manifestaciones de familias, tampoco impartirán asignaturas en castellano. Esto es celebrado por el consejero de Educación, Josep González Cambray, como una ‘batalla ganada contra España’.

El clasismo del nacionalismo catalán solo permitirá estudiar en su lengua a aquellos que puedan pagar una educación privada o concertada, degradando al resto a la imposición de la lengua a modo de “limpieza étnica”, como menciona Juan Claudio de Ramón. Emplazar a la obligatoriedad convierte al Ejecutivo catalán en un régimen, que pretende desplazar fuera de la región a aquellos que no ‘crean en la causa’ independentista.

Han demostrado de lo que son capaces, ejerciendo toda la presión del independentismo sobre aquellas personas que no quieren que se pisoteen sus derechos como españoles y catalanes. Han degradado a Cataluña y su intención de seguir haciéndolo parece no tener fin.

Este tipo de situaciones son inexplicables en el contexto internacional. ¿Cómo explicar en Europa que en España hay una región en la que la educación pública no enseña en la lengua oficial del Estado? Y aún más difícil, ¿cómo es posible que el Gobierno estatal lo permita?

El domingo 18 de septiembre saldrán a la calle los catalanes a los que el Govern está vulnerando sus derechos como españoles. Desde el resto del país estaremos apoyando a aquellos que acudan a manifestarse. Cataluña se ha cansado de la dictadura lingüística y Barcelona acogerá la protesta. ‘Escuela de Todos’ se ha encargado de organizar esta manifestación con una intención clara: que se aplique el 25% de castellano que indica la ley. Una mezcla entre el ‘realismo mágico’ de García Márquez y el ‘esperpento’ de Valle-Inclán, que provoca que lo que nos rodea carezca de sentido alguno, y que sean los propios españoles los que tengan que pedir no sentirse excluidos de la enseñanza pública del país.

La movilización social debe dar paso a la estrategia política. Es imprescindible transformar el enfado con la vulneración de los derechos más básicos de la ciudadanía catalana en la construcción de una mayoría electoral sobre la marca o marcas políticas que ocupen un espacio de centralidad y, con esa valentía, romper con el statu quo nacionalista. Es evidente que existe una mayoría más que suficiente de ciudadanos catalanes hartos de esta situación, pero que o bien no lo expresan cuando van a votar (excepto un porcentaje notable de los votos que está extraordinariamente fragmentado en este momento) o bien su expresión es la abstención.

¿Será capaz el principal partido de la oposición en Cataluña de identificarse de una vez con sus ciudadanos e instrumentar esa mayoría suficiente? ¿O tendrá que ser otra marca o marcas y otros liderazgos que lo hagan? Ahí está la batalla de los próximos meses mientras la Justicia vaya haciendo su trabajo en materia de ejecución de la sentencia última.