Cataluña se esconde tras la mentira presupuestaria

La Generalidad de Cataluña no sabe mentir, así como los partidos que componen el gobierno regional. Cataluña se sitúa a la cola de la ejecución presupuestaria de 2021 y la culpa es de Madrid y el Gobierno de Sánchez; No. Aquí la culpa reside en el seno de la Generalidad y de la falta de predisposición para utilizar el dinero público asignado en los Presupuestos Generales del Estado.

FUENTE: EFE

El independentismo lleva engordando sus cuentas con Gobiernos de unos y otros signos políticos desde hace años bajo la amenaza de la independencia y ahora culpa al Ejecutivo central por no tener la capacidad de ejecutar el dinero que se le ha asignado.

La ejecución presupuestaria nace fruto de la colaboración entre gobiernos central, autonómico y local sin favorecer a unos frente a otros, ya que el reparto de fondos se hace primero y luego son las regiones y municipios los que se encargan de seleccionar, en base a sus necesidades, las inversiones más adecuadas.

Luchar frente a las mentiras del populismo es un trabajo muy complicado, y más frente al independentismo. Todo son excusas y ninguna se sustenta más allá de desviar la culpa a otros y generar alarma sobre el resto de comunidades para tratar de desestabilizar al Gobierno. “La culpa es de Madrid”; “provoca el hambre de otros territorios”; “es una humillación”.

La Generalidad pasa de verdugo a víctima con gran asiduidad y en este caso es la gran víctima de una persecución estatal, pero los que realmente son víctimas son los ciudadanos catalanes, que son los que sufren los vaivenes y la falta de calidad de sus gobernantes.

El Estado ejecutó el año pasado en Cataluña un 35,77 % de la inversión prevista en el presupuesto, es decir, 739,8 millones de euros sobre los 2.068 millones previstos, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado.

Unas cifras que contrastan con las de la Comunidad de Madrid, que logró una ejecución del 183,9 %, al recibir 952 millones más de lo presupuestado.

Estos datos están fuertemente relacionados entre sí, y coexisten debido a la falta de motivaciones de unos para mejorar y la voluntad de otros por facilitar a sus ciudadanos nuevas ventajas. Las mentiras independentistas, apoyadas en la Cámara por el brazo político del terrorismo, cada vez son creídas por menos ciudadanos. El funcionamiento del mecanismo de ejecución presupuestaria es simple: El Gobierno aprueba los PGE, con su correspondiente reparto a las comunidades autónomas. Cada Gobierno autonómico presenta sus propuestas de inversión y el Gobierno manda resoluciones, en su mayoría positivas, para ejecutar la inversión.

Sin propuestas no hay inversión. No podemos confundir persecución con falta de predisposición. El Govern catalán prefiere continuar con el discurso de que “España nos roba” para poder engañar al electorado. Las mentiras dejan de sostenerse con el tiempo y los catalanes ya las han vivido todas. Cataluña podría estar a la altura de la Comunidad de Madrid, pero el mayor lastre es su propio Gobierno.

Cuando los secretos dejan de serlo

El salto a la palestra del ‘caso Pegasus’, el escándalo de presunto espionaje a más de 60 independentistas catalanes tras el referéndum independentista del 1-O ha revuelto las entrañas del Congreso de los Diputados

FUENTE: EL PAÍS

Sin entrar mucho en la cuestión de fondo (ya que profundizaremos sobre este en el próximo número), la aparición de esta información ha provocado tanto ERC como EH Bildu hayan puesto en jaque al Ejecutivo y a sus medidas como ‘castigo’ ante el descubrimiento de este caso.

El Gobierno, sabiendo que los independentistas y los abertzales pueden frustrar la aprobación de medidas como el decreto anticrisis aprobado el jueves y, de aquí en adelante, la propia legislatura, está tratando de restaurar la relación con sus socios en vez de comenzar, como comentábamos en el pasado número, a tender puentes con el principal partido de la oposición. Pedro Sánchez tiene miedo a terminar antes la legislatura sin poder sacar adelante nuevas medidas con el núcleo de investidura, exponiendo la gobernabilidad de España a los caprichos populistas e iliberales de los movimientos centrífugos.

Para tratar de calmar los ánimos con el destape de ‘Pegasus’, el Gobierno vendió su investigación cambiando a última hora los términos para incluir a los soberanistas en la Comisión de secretos oficiales y poder desbloquear la votación del plan anticrisis. Con Bildu, de momento, parece haber funcionado pues aprobaron el paquete de medidas gracias a ellos, pero con ERC será más complicado.

Con este cambio normativo, reduciendo las mayorías para que pudiesen acceder a una comisión que lleva dos años parada, los investigados podrán tener acceso a las actividades e investigaciones del CNI, organismo que investigaba las actividades de los golpistas tras el referéndum, así como el uso de los fondos reservados por parte de los ministerios que tienen asignadas este tipo como Interior, Defensa, Exteriores y el propio CNI. Se espera que en las próximas semanas la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, habilite el calendario de reuniones y, una vez comenzado, los diputados recibirán explicaciones del Gobierno sobre, por ejemplo, el supuesto espionaje.

Este cambio de última hora carece totalmente de sentido, tanto en la teoría como en la práctica, ya que no es posible realizar las investigaciones pertinentes a un grupo de personas que se ha saltado la Constitución para tratar de romper España para su propio interés. De esta forma los independentistas se aseguran estar al tanto de todos los movimientos y prácticas de seguridad del Estado.

Sánchez ha vuelto a caer en la trampa del independentismo cuando estaba desarrollando una práctica justificada, y que ya había sido anunciada por Interior en 2019, después de que estos hubieran incumplido la Carta Magna. Este movimiento no solo debilita al Gobierno en el Congreso, sino que lo deja en evidencia ante las exigencias independentistas y debilita al Estado. Sánchez tenía alternativa con PP y Ciudadanos y les volvió a cerrar la puerta, en favor de aquellos que no buscan más que alimentar sus propios intereses.

Lo peor de todo, es que seguramente la entrada en la Comisión no sea suficiente como para calmar al independentismo victimista, al que tratarán de recuperar con la mesa de negociación con Cataluña. El Gobierno vuelve con las rebajas y facilitará a ERC muchas de sus exigencias para aprobar las medidas a costa de difuminar la identidad del socialismo.

Sánchez está comenzando a cavar su propia tumba y puede que la de su partido, que perpetua las acciones de su líder. Ha dejado muy claro que prefiere pactar con los enemigos de España antes que con un Feijóo dispuesto, a diferencia de Pablo Casado, a sentarse a negociar. O como bien dice el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, «introducir a los lobos en el mismo rebaño de las ovejas».

La gran subasta

La negociación presupuestaria es siempre un tira y afloja entre el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios. Si en la última edición de nuestra newsletter hablábamos de los intentos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) por romper la Denominación de Origen Rioja con fines políticos y tener poder de decisión en la producción de los vinos de La Rioja alavesa, en esta hablamos del desbloqueo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a los Presupuestos Generales del Estado debido a la aprobación de la Ley Audiovisual.

FUENTE: EFE

Esto reservará un mínimo anual de 15 millones de euros para la producción de películas y series en catalán y demás lenguas cooficiales, así como la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales, según los detalles avanzados por ERC. 

La formación independentista asegura que, con este acuerdo, que ha permitido dar luz verde a la tramitación de los Presupuestos en el Senado, «todas las plataformas que operan en España, incluso las que tengan su sede en el extranjero como Netflix, HBO o Disney Plus, tendrán que financiar cada año producciones audiovisuales en catalán, por una vía o por otra. 

Así, cada año se destinarán un mínimo 15 millones de euros a la producción en catalán y en el resto de lenguas oficiales, lo que significa un 15% del 70% de la producción total que España exige a todas las plataformas (incluida las radicadas en el extranjero) a través del artículo 117 del anteproyecto, que establece la obligación de destinar el 5% de los beneficios a producciones europeas. Esta medida se recogerá en la ley y así no dependerá cada año de los presupuestos. 

Por su parte, el PSOE destaca que el acuerdo «encaja en la directiva europea» y también en la política del Gobierno de promoción de las lenguas cooficiales. Así ha querido poner en valor la ley «en su conjunto» porque supondrá «un punto de inflexión» para el sector audiovisual en España. 

Es inadmisible que los presupuestos se negocien al mejor postor. Por un lado, el Gobierno no puede generar una subasta con los recursos que se deben emplear en la mejora de los recursos del país. Y por el otro, es vergonzoso destinar recursos públicos para contentar los deseos del independentismo en otro refuerzo más a su proyecto de separar Cataluña de España sin tener la calidad de país. 

Desde ‘La España que Reúne’ nos parece que tomar este tipo de decisiones, puramente políticas que no buscan el beneficio común, solo empeora la calidad democrática de nuestro país. No es el momento más adecuado para seguir distanciando a los ciudadanos y decisiones como esta solo generan una tensión mayor entorno a Cataluña.  

No a la mesa de exclusión

Esta semana ha comenzado la “mesa de la exclusión” entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès para negociar un mayor traspaso de competencias y mayor discrecionalidad de aquéllos que pretenden romper España

Fuente:EFE

Esta mesa de la mentira carece de sentido y más cuando no hay un verdadero diálogo de todas las partes implicadas, ya que no están representados en dicha mesa todos los españoles. Por ello, desde ‘La España que Reúne’, ‘Impulso Ciudadano’ y ‘S´ha Acabat!’, creemos que esta mesa tal como está planteada no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos. 

No es un buen instrumento porque en la citada mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los separatistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país. Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes. 

Además de esto, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación. 

Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural. 

El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades. 

En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles. Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace: 

El diálogo y la negociación en las cortes generales, no en la mesa de la exclusión

Los promotores de esta iniciativa ciudadana consideramos que la mesa de diálogo entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat sobre el futuro político de Cataluña no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos.

Fuente:EFE

Decimos que no es un buen instrumento porque en la citada Mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los nacionalistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país.

Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes.

Pero es que, además, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación.

Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural.

El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades.

En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles.

Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.

Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace:

Promotores:

  • Impulso Ciudadano
  • La España que Reúne
  • S’ha Acabat!

Infraestructuras e interconexiones globales, antídoto contra el nacionalismo envuelto en el falso ecologismo

La ampliación del aeropuerto de El Prat de Barcelona, el AVE que conectará las tres capitales de provincia vascas con Madrid o las obras del tren de alta velocidad con Navarra son continuamente boicoteadas y saboteadas por un nacionalismo que, en sus diferentes manifestaciones políticas y sociales, manipula banderas como la del ecologismo para mantener bajo control a sus territorios, restándoles capacidad de crecimiento y desarrollo.

Fuente:EFE

Históricamente, el nacionalismo excluyente se ha envuelto en eslóganes y soflamas para intentar hacer «legítima» una lucha contra el conjunto de los ciudadanos. En este sentido, el nacionalismo e independentismo tanto de derecha como de izquierda emplean un falso ecologismo meramente instrumental para impedir el desarrollo de redes, infraestructuras e interconexiones vitales, tergiversando la normativa europea de protección de los espacios naturales. 

No sólo es posible, sino que es imprescindible, conciliar la realización de las obras con una apropiada conservación ambiental y un desarrollo del territorio compatible con los sectores económicos y sociales allí instalados. No debemos permitir que, primero el terrorismo y después el independentismo, obstaculicen el desarrollo de nuestro país, infligiendo pérdidas cuantiosas a largo plazo. Pasó con el desarrollo de la energía nuclear, con las conexiones por carretera, con la alta velocidad ferroviaria… No puede volver a ocurrir con las infraestructuras que van a reforzar nuestra conectividad con Europa y el resto del mundo.

En el caso concreto de la ampliación del aeropuerto de El Prat, el argumento falsamente ‘ecologista’ de la protección de la reserva natural de La Ricarda es la excusa para dilatar los plazos y continuar con la reivindicación del “agravio” entre Cataluña y el resto de España en materia de infraestructuras. Cierto es que la afectación de espacios protegidos necesita de la autorización de la Comisión Europea, pero con un plan bien armado y compensaciones ambientales razonables, el órgano europeo da su aprobación.

Esta bandera falsamente ecologista la ha cogido tanto el nacionalismo de izquierda de En Comú Podem como el de derecha de Junts per Catalunya. Un ejemplo es el expresidente de la Generalitat Quim Torra, el cual ha cargado contra esta ampliación diciendo que ya “basta de poner los intereses económicos por delante de la naturaleza”. De esta forma, continúa la línea oficial de su partido instando a los grupos independentistas en actuar en favor de un independentismo catalán que “tome la bandera del medio ambiente”.

Conocemos muy bien a los independentistas. Bajo este discurso defensor del medioambiente se esconde una de las bases del nacionalismo y más cuando se pretende la consecución de un país independiente. El pánico a la apertura exterior se esconde detrás de estas palabras de los líderes independentistas que pretenden no abrir de más su territorio. Cuanto más proteccionismo para el nacionalismo mejor, para ellos carece de sentido la ampliación de El Prat y por eso quieren evitar a toda costa, Europa mediante, esta renovación.

EN DEFENSA DE LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL

No existe arrepentimiento, no se ha hecho gesto alguno de reparación del daño provocado, no ha pasado el tiempo suficiente de cumplimiento de condena, ni tan siquiera hay una voluntad clara de acuerdo para poner fin a más de una década de despropósito continuado en Cataluña. Si no se dan ni las más mínimas condiciones que pudieran permitir estudiar siquiera alguna medida de gracia, ¿por qué insiste el Gobierno en ‘naturalizar’ el indulto a los presos del procés? Es evidente que esta medida es el puntal de una legislatura agotada, de un paradigma que se consume cada día que pasa, con un daño creciente a la imagen de España en el exterior y el deterioro que supone para la calidad institucional en nuestro país. Ante un caso tan evidente de trato de favor de un Gobierno para uno de sus apoyos fundamentales parlamentarios, no caben discursos vacíos, sino la contundencia del Estado de Derecho para con aquellos que han querido romper la nación constitucional.

(FUENTE: EFE)

Tras la sesión parlamentaria del pasado miércoles, quedó claro que la postura del presidente Pedro Sánchez en este aspecto no es la que debería ser razonable. Durante el pleno, el presidente llegó a decir que “hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia”. Curioso que la concordia se haya logrado por la aprobación de unos Presupuestos y no por el arrepentimiento de los condenados, que claramente tienen un peligro de volver a intentar otro golpe de Estado de Cataluña.

Por otro lado, el Gobierno está usando la Constitución a su antojo en su defensa o ataque hacia aquellos que discrepan. Sin embargo, en este caso no hay escapatoria posible. La Carta Magna en ningún momento admite la posibilidad de quebrantar la unidad nacional. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha incidido sobre esto tras las palabras de Sánchez, acusándole de “poner en riesgo la continuidad de la España constitucional a cambio de continuar en el poder”.

No hay un precedente de un comportamiento así en Europa y mucho menos que un ministro de Justicia, como es Juan Carlos Campo, afirme con naturalidad que se pueda indultar a personas que han quebrantado de todas las formas que han podido el Código Penal y que, volvemos a recordamos, jamás se han arrepentido y ya han confirmado que van a seguir intentando su tan ansiado e ilegal propósito. El Ejecutivo de Sánchez está causando mucho daño a la calidad democrática de nuestro país y, por la contundencia de actos como estos, son plenamente conscientes de ello.

Por otro lado, el máximo organismo de justicia de España, el Tribunal Supremo, no ha tardado en expresas su rotunda disconformidad con esta situación oponiéndose rotundamente a conceder cualquier forma de indulto, incluso de forma parcial a los doce condenados en el juicio del procés. En caso de que esta solución se adopte finalmente, el organismo considera que sería una “solución inaceptable”, al no darse ninguna de las tres razones que, por ley, contemplan el indulto.

En el informe dirigido al ministro de Justicia, el Supremo señala que estos indultos pretenden que el Gobierno “corrija la injusticia” que para los independentistas fue la sentencia de este mismo tribunal por el referéndum del 1-O. Señalando también que “no es este el sentido y finalidad del indulto”.

Esta postura del Gobierno de coalición, supeditando su estabilidad al deterioro del régimen constitucional, solo hace mal al país. Los presidentes vienen y van, lo importante es que desarrollen su trabajo por el bien de su país y, en este momento, es evidente que no está defendiendo los intereses del país. Desde ‘La España que Reúne’, instamos al Gobierno a reconsiderar sus intenciones de indultar a aquellos que quieren dividirnos y la oposición en luchar contra estos indultos para defender la Constitución, siendo necesario no dejar espacio a posturas más extremas que empeoren aún más la situación.