No a la mesa de exclusión

Esta semana ha comenzado la “mesa de la exclusión” entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès para negociar un mayor traspaso de competencias y mayor discrecionalidad de aquéllos que pretenden romper España

Fuente:EFE

Esta mesa de la mentira carece de sentido y más cuando no hay un verdadero diálogo de todas las partes implicadas, ya que no están representados en dicha mesa todos los españoles. Por ello, desde ‘La España que Reúne’, ‘Impulso Ciudadano’ y ‘S´ha Acabat!’, creemos que esta mesa tal como está planteada no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos. 

No es un buen instrumento porque en la citada mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los separatistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país. Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes. 

Además de esto, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación. 

Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural. 

El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades. 

En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles. Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace: 

El diálogo y la negociación en las cortes generales, no en la mesa de la exclusión

Los promotores de esta iniciativa ciudadana consideramos que la mesa de diálogo entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat sobre el futuro político de Cataluña no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos.

Fuente:EFE

Decimos que no es un buen instrumento porque en la citada Mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los nacionalistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país.

Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes.

Pero es que, además, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación.

Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural.

El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades.

En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles.

Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.

Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace:

Promotores:

  • Impulso Ciudadano
  • La España que Reúne
  • S’ha Acabat!

Infraestructuras e interconexiones globales, antídoto contra el nacionalismo envuelto en el falso ecologismo

La ampliación del aeropuerto de El Prat de Barcelona, el AVE que conectará las tres capitales de provincia vascas con Madrid o las obras del tren de alta velocidad con Navarra son continuamente boicoteadas y saboteadas por un nacionalismo que, en sus diferentes manifestaciones políticas y sociales, manipula banderas como la del ecologismo para mantener bajo control a sus territorios, restándoles capacidad de crecimiento y desarrollo.

Fuente:EFE

Históricamente, el nacionalismo excluyente se ha envuelto en eslóganes y soflamas para intentar hacer «legítima» una lucha contra el conjunto de los ciudadanos. En este sentido, el nacionalismo e independentismo tanto de derecha como de izquierda emplean un falso ecologismo meramente instrumental para impedir el desarrollo de redes, infraestructuras e interconexiones vitales, tergiversando la normativa europea de protección de los espacios naturales. 

No sólo es posible, sino que es imprescindible, conciliar la realización de las obras con una apropiada conservación ambiental y un desarrollo del territorio compatible con los sectores económicos y sociales allí instalados. No debemos permitir que, primero el terrorismo y después el independentismo, obstaculicen el desarrollo de nuestro país, infligiendo pérdidas cuantiosas a largo plazo. Pasó con el desarrollo de la energía nuclear, con las conexiones por carretera, con la alta velocidad ferroviaria… No puede volver a ocurrir con las infraestructuras que van a reforzar nuestra conectividad con Europa y el resto del mundo.

En el caso concreto de la ampliación del aeropuerto de El Prat, el argumento falsamente ‘ecologista’ de la protección de la reserva natural de La Ricarda es la excusa para dilatar los plazos y continuar con la reivindicación del “agravio” entre Cataluña y el resto de España en materia de infraestructuras. Cierto es que la afectación de espacios protegidos necesita de la autorización de la Comisión Europea, pero con un plan bien armado y compensaciones ambientales razonables, el órgano europeo da su aprobación.

Esta bandera falsamente ecologista la ha cogido tanto el nacionalismo de izquierda de En Comú Podem como el de derecha de Junts per Catalunya. Un ejemplo es el expresidente de la Generalitat Quim Torra, el cual ha cargado contra esta ampliación diciendo que ya “basta de poner los intereses económicos por delante de la naturaleza”. De esta forma, continúa la línea oficial de su partido instando a los grupos independentistas en actuar en favor de un independentismo catalán que “tome la bandera del medio ambiente”.

Conocemos muy bien a los independentistas. Bajo este discurso defensor del medioambiente se esconde una de las bases del nacionalismo y más cuando se pretende la consecución de un país independiente. El pánico a la apertura exterior se esconde detrás de estas palabras de los líderes independentistas que pretenden no abrir de más su territorio. Cuanto más proteccionismo para el nacionalismo mejor, para ellos carece de sentido la ampliación de El Prat y por eso quieren evitar a toda costa, Europa mediante, esta renovación.

EN DEFENSA DE LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL

No existe arrepentimiento, no se ha hecho gesto alguno de reparación del daño provocado, no ha pasado el tiempo suficiente de cumplimiento de condena, ni tan siquiera hay una voluntad clara de acuerdo para poner fin a más de una década de despropósito continuado en Cataluña. Si no se dan ni las más mínimas condiciones que pudieran permitir estudiar siquiera alguna medida de gracia, ¿por qué insiste el Gobierno en ‘naturalizar’ el indulto a los presos del procés? Es evidente que esta medida es el puntal de una legislatura agotada, de un paradigma que se consume cada día que pasa, con un daño creciente a la imagen de España en el exterior y el deterioro que supone para la calidad institucional en nuestro país. Ante un caso tan evidente de trato de favor de un Gobierno para uno de sus apoyos fundamentales parlamentarios, no caben discursos vacíos, sino la contundencia del Estado de Derecho para con aquellos que han querido romper la nación constitucional.

(FUENTE: EFE)

Tras la sesión parlamentaria del pasado miércoles, quedó claro que la postura del presidente Pedro Sánchez en este aspecto no es la que debería ser razonable. Durante el pleno, el presidente llegó a decir que “hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia”. Curioso que la concordia se haya logrado por la aprobación de unos Presupuestos y no por el arrepentimiento de los condenados, que claramente tienen un peligro de volver a intentar otro golpe de Estado de Cataluña.

Por otro lado, el Gobierno está usando la Constitución a su antojo en su defensa o ataque hacia aquellos que discrepan. Sin embargo, en este caso no hay escapatoria posible. La Carta Magna en ningún momento admite la posibilidad de quebrantar la unidad nacional. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha incidido sobre esto tras las palabras de Sánchez, acusándole de “poner en riesgo la continuidad de la España constitucional a cambio de continuar en el poder”.

No hay un precedente de un comportamiento así en Europa y mucho menos que un ministro de Justicia, como es Juan Carlos Campo, afirme con naturalidad que se pueda indultar a personas que han quebrantado de todas las formas que han podido el Código Penal y que, volvemos a recordamos, jamás se han arrepentido y ya han confirmado que van a seguir intentando su tan ansiado e ilegal propósito. El Ejecutivo de Sánchez está causando mucho daño a la calidad democrática de nuestro país y, por la contundencia de actos como estos, son plenamente conscientes de ello.

Por otro lado, el máximo organismo de justicia de España, el Tribunal Supremo, no ha tardado en expresas su rotunda disconformidad con esta situación oponiéndose rotundamente a conceder cualquier forma de indulto, incluso de forma parcial a los doce condenados en el juicio del procés. En caso de que esta solución se adopte finalmente, el organismo considera que sería una “solución inaceptable”, al no darse ninguna de las tres razones que, por ley, contemplan el indulto.

En el informe dirigido al ministro de Justicia, el Supremo señala que estos indultos pretenden que el Gobierno “corrija la injusticia” que para los independentistas fue la sentencia de este mismo tribunal por el referéndum del 1-O. Señalando también que “no es este el sentido y finalidad del indulto”.

Esta postura del Gobierno de coalición, supeditando su estabilidad al deterioro del régimen constitucional, solo hace mal al país. Los presidentes vienen y van, lo importante es que desarrollen su trabajo por el bien de su país y, en este momento, es evidente que no está defendiendo los intereses del país. Desde ‘La España que Reúne’, instamos al Gobierno a reconsiderar sus intenciones de indultar a aquellos que quieren dividirnos y la oposición en luchar contra estos indultos para defender la Constitución, siendo necesario no dejar espacio a posturas más extremas que empeoren aún más la situación.