Los siguientes pasos necesarios tras orillar a los extremos en Andalucía

Hacía mucho tiempo que en unas elecciones, en las que se contaba con gran división en la intención de voto (municipales, regionales o generales), no eran decisivos los partidos que ocupan los extremos. Vox y Podemos han quedado fuera de la gobernabilidad andaluza para suerte de sus habitantes; en este caso, era Vox el partido que más posibilidad tenía para entrar al Gobierno tras el resultado de las elecciones de Castilla y León.

FUENTE: EFE

De esta forma, Vox reduce por primera vez sus registros en unas elecciones con la alicantina Macarena Olona al frente de la formación en la región. Del mismo modo que la izquierda iliberal que acudía fragmentada a estas Elecciones, perdió la poca fuerza de votantes que esperaban alcanzar con las previsiones del CIS.

Desde las elecciones generales, donde la extrema derecha duplicó sus votantes en la región respecto a los anteriores comicios regionales, no se había visto una tendencia regresiva tan clara en la extrema derecha. No así en la extrema izquierda que, con más tiempo presente en la actividad política, ya había comenzado a sufrir la vuelta a la moderación de muchos votantes tras descubrir el engaño de las políticas extremistas e iliberales promulgadas aún hoy desde el Gobierno de la Nación.

Este proceso electoral ha provocado una pérdida de cerca del 50% de los votantes de Vox en Andalucía, que ha ayudado a que el Partido Popular de Juanma Moreno haya logrado estos resultados.

El PSOE que históricamente ha tenido en Andalucía un feudo electoral, vuelve a desinflarse y empeora sus resultados. Los socialistas no han logrado calar en una sociedad en desacuerdo con las políticas del Gobierno de coalición, provocando un trasvase de votos de hasta un 20% al PP, convertido semanas atrás en el ‘voto útil’ tanto identificado con los problemas de Andalucía como en clave nacional.

Estas Elecciones rompen con una tendencia que parecía venir desde Europa: por un lado, la reducción de ciudadanos que acuden a las urnas no se ha visto en Andalucía, que ha mejorado sus registros con respecto a 2018. Por otro lado, otra tendencia que rompe con la normalidad es lo holgado de la mayoría absoluta conseguida, ya que durante los últimos años las mayorías absolutas han dejado de ser comunes.

En este panorama político tan convulso, con la dimisión de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana que podría provocar un adelanto electoral, con un Gobierno en Cataluña que no consigue aprobar Presupuestos y trata de alejarse de Sánchez, con un Gobierno central que continúa perdiendo fuerza fracasando día tras día en sus medidas anticrisis y que sufre los electoralismos de los tres partidos que conviven en él (la ‘plataforma’ de Yolanda Díaz, Unidas Podemos y PSOE), es necesario pensar en cuáles serán los pasos siguientes, incluso ante una posibilidad cada vez menos remota de adelantos electorales en distintos territorios o incluso a nivel nacional.

En primer lugar, es necesario potenciar el deterioro de los extremos que, como pasó en Portugal, podrían desinflarse hasta quedar en un plano residual. Pero no debemos caer en la comodidad de pensar que esto va a suceder de manera inmediata. No hay más que ver el caso de Francia donde el fin de semana pasado los extremos consiguieron la representación suficiente en la Asamblea Nacional para condicionar las políticas nacionales.

En segundo lugar, ante los malos resultados electorales cosechados en Andalucía, en el PSOE nacional debe abrirse un periodo de reflexión para analizar sus asociaciones que no hacen más que debilitar al partido, así como examinar a su líder, que bajo su mandato no ha conseguido que sus políticas sean beneficiosas para la sociedad y, conforme se acerca la fecha de las Elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, es una rémora o un pasivo cada vez más insostenible para los actuales presidentes autonómicos.

Por último, es necesario colocar en el centro del diseño de las políticas públicas al ‘votante mediano’: familias de clase media cuyo poder adquisitivo se ha desplomado, con una situación laboral precaria, con incertidumbre sobre el futuro más inmediato suyo y de sus hijos, preocupado por las concesiones infinitas a los extremos políticos y sufridor del deterioro de la calidad democrática… No hay que dejarse obnubilar por la explosión del consumo que están haciendo las familias de renta media-alta. Es un espejismo de la realidad económica que va reconociéndose incluso en las cifras macro tal como publicó el INE el pasado viernes 24.

Hacía mucho tiempo que no se daba una situación tan favorable a la caída del extremismo en nuestro país, de acercamiento a posiciones moderadas e identificación con el ‘votante mediano’ y hay que aprovecharla. El efecto Feijóo está beneficiando a un PP que puede alejarse definitivamente de Vox, mientras que el PSOE se encuentra en una caída libre de la que debe escapar antes de que sea demasiado tarde. Las elecciones andaluzas deben abrir los ojos a los partidos moderados y sacar adelante un país fuerte de una situación muy adversa.

Cabeza de ‘listilla’

Macarena Olona, número 1 de Vox en las listas andaluzas para los próximos comicios ha sido ratificada por la Junta Electoral de Granada. Esto sucede 15 días después de que se conociese que la diputada de extrema derecha estaba registrada en Salobreña, pero, según su casero, no vivía en el domicilio, sino que “acudía a veces” o “en vacaciones”.

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El cambio de padrón antes de unas elecciones es algo común entre todos los partidos, pero este es un caso un poco más especial al tratarse la cabeza de lista de la formación para las elecciones andaluzas del 19 de junio. Desde el Ayuntamiento de esta localidad se comprobó si Olona residía en dicho domicilio. Algo que no pudo confirmarse ya que la policía no consiguió contactar con nadie en la vivienda, por lo que no se pudo confirmar ni positiva ni negativamente si la candidata reside en el lugar.

Ahora desde su formación ya han tomado cartas en el asunto tratando de acallar a todo aquel que denuncia las irregularidades de su partido. Y es que, a pesar de que no consiguieron contactar con ella en la comprobación, la candidata se acercó a denunciar a la alcaldesa de la localidad, del PSOE, por la presunta comisión de delitos: un delito electoral, otro de prevaricación administrativa y otro de vulneración de los derechos fundamentales; denunciando que la regidora andaluza “ha utilizado las instituciones y potestades públicas municipales, perjudicando gravemente la imagen, su honorabilidad y su candidatura”.

Estas palabras chocan con los propios actos de Olona, de los que podríamos decir que, presuntamente, también ha empleado las instituciones y herramientas públicas para presentarse como candidata de la extrema derecha en Andalucía sin tan siquiera residir en la comunidad.

Si finalmente Olona lograse presentar su candidatura ya ha expresado su posición con respecto a lo que espera de estas elecciones, diciendo que solo hay dos alternativas: “o Vox o el abrazo del PP y el PSOE”. Estas palabras de Olona muestran la mejor opción de los andaluces para las elecciones, evitando de esta forma a la coalición de extrema izquierda y la extrema derecha de Vox.

La agresividad de Olona, así como su última polémica (en la que viaja en un coche sin el cinturón de seguridad abrochado), pueden provocar que se cumpla esa segunda opción que realmente puede conseguir abrazar a la gente de Andalucía en detrimento del discurso de odio que la extrema derecha promulga allá por donde pasa.

Evitar la entrada de los extremos al ejecutivo andaluz es el objetivo viendo como funcionan estos cuando están dentro de los gobiernos, véase el claro ejemplo de Podemos en el Gobierno y el papel de Vox en Castilla y León. Es hora de abrir los ojos ante los peligros que estas formaciones pueden ocasionar a nuestro sistema democrática y es en las elecciones el momento de cerrarles las puertas.

Cuando es demasiado tarde para restituir el dinero público

Una labor tan necesaria de contrapeso como la que ejerce por mandato constitucional el Tribunal de Cuentas, no puede verse ensombrecida por la lentitud de sus procedimientos, en especial ante grandes casos de desfalco de dinero público.

Fuente:EFE

Casos como los ERE en Andalucía, la antigua Convergència en Cataluña o Gürtel en Madrid y Valencia, han supuesto un quebranto sin precedentes del dinero del contribuyente de manera continuada durante décadas que debe ser dirimido de forma rápida y contundente antes de que sea demasiado tarde.

Dotarnos de organismos fiscalizadores con aparatos de análisis y ejecución rápidos, flexibles y disponibles siempre y en todo momento para intervenir, es imprescindible ante un presente y futuro cada vez más complejos y con demandas sociales de transparencia cada vez más importantes. Este tipo de ejercicios debe funcionar con independencia de que se diriman posibles responsabilidades penales, garantizando siempre la seguridad jurídica. En muchas ocasiones, la complejidad de las investigaciones judiciales lleva a una dilatación de los tiempos tan enorme que hace inviable restituir el dinero mal empleado.

Uno de los últimos casos que evidencian la urgencia de intervención en esta dirección es la mala gestión continuada de exlíderes socialistas y sindicales de las ayudas para el desempleo y la formación en Andalucía. Concretamente, el Tribunal de Cuentas exige a UGT más de 15 millones de euros en un auto de liquidación provisional con relación a las presuntas irregularidades en los expedientes de empleo fraudulentos. El origen de esta reclamación, según una nota del propio órgano de fiscalización contable, se encuentra en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas socio laborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía entre los ejercicios 2001 a 2010. 

A partir de sus resultados y ante la posibilidad de que hubiera responsabilidades contables, el Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía presentaron demandas y se abrieron tres procedimientos diferentes. Respecto de uno de ellos, el pasado 15 de julio se dictó acta de liquidación provisional en la que se reclaman solidariamente a los investigados un total de 15,6 millones, si bien de ellos 7,69 la investigación los imputa indiciariamente al que fuera director de Trabajo de la Junta ya fallecido Francisco Javier Guerrero, por lo que de esta cantidad, de confirmarse una condena por responsabilidad contable, responderán sus herederos.

De estos hechos ya han transcurrido más de 11 años y hemos obtenido la resolución de forma reciente. Tras la sentencia, en enero de 2020, el Tribunal de Cuentas ha tomado cartas en el asunto y exige la devolución de la cantidad indicada anteriormente. En el acta se cita igualmente como presuntos responsables del desvío de este dinero público aún pendiente de enjuiciar la Federación Estatal Minerometalúrgica de CC.OO. y la Federación Estatal del Metal, Construcciones y Afines de la UGT., además de varias empresas vinculadas a estas ayudas.

Las ayudas fueron, supuestamente, concedidas a “trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo u otro tipo de despido”. Sin embargo fueron incluidos y se beneficiaron de este mecanismo otros “trabajadores que no reunían las condiciones exigidas para ello”, según el informe expedido por el Tribunal de Cuentas. La responsabilidad contable se derivaría de estas prácticas supuestamente ilícitas, lo cual dio ligar “a la existencia de unos menoscabos en los fondos públicos de la Junta de Andalucía que estarían constituidos por el importe de las primas correspondientes a las pólizas de seguros de rentas contratadas para la cobertura de estas contingencias”. Todos estos datos se refieren a los datos de todos “aquellos trabajadores que indebidamente hubieran sido incluidos en los expedientes de regulación de empleo, en los importes que hubieran sido financiados por la Junta de Andalucía”.

Desde ‘La España que Reúne’, al igual que como pasó con la resolución del Tribunal Constitucional acerca del primer toque de queda, manifestamos nuestra más absoluta preocupación sobre la tardanza de las deliberaciones sobre las que, tras más de diez años, no se han obtenido una respuesta clara desde el máximos organismo contable de nuestro país en términos de dinero público. Esperamos que esto mismo no suceda en una futura resolución del Tribunal de Cuentas acerca de la resolución de la financiación de procés en Cataluña.