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La inflación está engullendo el avance del salario medio, que ha crecido de media un 4,1% en el último año, a la par que el poder adquisitivo se ha reducido en trece comunidades autónomas, con Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha a la cabeza. Al cabo del año, el asalariado medio tiene 157 euros menos en su bolsillo de los que tenía en 2020.

La capacidad de compra del salario medio neto en España ha caído un 0,7% en los últimos dos años, cuando hace un año crecía un 0,6%. Los datos, extraídos de un informe de Adecco, comparan las diferencias entre el último trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2020, cuando la economía doméstica todavía sufría el impacto de la pandemia.

Estos datos vienen provocados en parte por los efectos que las alzas salariales ocasionan en una economía con tantas debilidades como la nuestra, y en un momento complicado para la economía mundial. El salario mínimo contribuye de igual modo a alimentar una espiral de la cual sus beneficiarios no van a poder disfrutar.

En una situación tan complicada también para las empresas, penalizar su actividad aumentando sus costes puede afectar a los puestos de trabajos de miles de españoles. El Gobierno ha entrado en periodo electoral y alcanzar los máximos votos posibles con medidas como las últimas ejecutadas, populistas para lograr un puñado de votos de las personas que sufrirán las consecuencias de estos cambios en la economía nacional.

Las políticas sociales no se pueden confundir con políticas económicas porque se condena al tejido productivo a una pérdida de competitividad brutal que agravaría los problemas del actual sistema económico.

Llama la atención sobre el hecho de que incluso en comparación con 2020, cuando miles de trabajadores se encontraban en ERTE por el mazazo económico que supuso la pandemia, la capacidad de compra se haya menguado. La inflación ha carcomido hasta tal punto el poder de compra salarial, que el mismo ha caído por debajo de los datos de 2020. Es decir, la inflación tiene un mayor impacto negativo sobre el poder de compra del salario medio que el que tuvo el hecho de que más de tres millones de asalariados cobraran un 30% menos de su salario por estar en ERTE.

Todas las comunidades acumulan seis trimestres consecutivos con incrementos interanuales en el salario medio nominal, que ha marcado récords en todas ellas. Frente a estas subidas generalizadas en los salarios, el poder adquisitivo ha caído en trece comunidades. Solo Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias se libran de los descensos, con la salvedad de que la subida relativa en los archipiélagos viene de pérdidas muy marcadas durante el año anterior, por la incidencia de los ERTE.

Confundir el sistema público de reparto con una ‘caja de beneficencia’ al más puro estilo de las sociedades pre-industriales, donde es posible extraer recursos productivos sin límite para privilegiar a un grupo social frente al resto, constituye una de las decisiones más irresponsables que se han tomado en los más de 35 años de reformas y retoques que lleva nuestra Seguridad Social. En los próximos 5-10 años se jubilará una parte importante del ‘baby-boom’, entrando con bases de cotización elevadas y, por tanto, subiendo de manera muy notable el gasto en pensiones. A finales de esta década, aproximadamente 1 de cada 3 euros de gasto público se destinará al pago de pensiones.

Éste es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad en tiempos de paz. Y lo hacemos en un momento no especialmente propicio dada la ruptura generalizada de puentes ideológicos, lazos personales y tensiones sociales. Una reforma como ésta que sólo se ha pactado con los sindicatos, que sólo persigue una apariencia de cuadratura contable ante la Comisión Europea después de años de déficits por encima de los 20.000 millones de euros anuales y una deuda acumulada de la Seguridad Social de más de 100.000 millones, falla tanto en el fondo como en las formas. Una reforma de la relevancia de ésta requiere del consenso de los dos grandes partidos y de la totalidad de los agentes sociales, incluyendo a los autónomos, otros sindicatos representativos y las patronales. 

Se ha vuelto a cometer el mismo error que en la reforma de 2013, cuando el PP usó su mayoría absoluta para imponer su reforma de pensiones sin ni siquiera hacer el esfuerzo de pactar con el PSOE y los agentes sociales. En aquella ocasión, el fondo era bueno, pero las formas fueron pésimas. En esta ocasión, ambas (fondo y formas) son malas. La reforma de las pensiones del Gobierno de coalición es muy sencilla: vamos a sacar más dinero de los trabajadores para dárselo a los pensionistas. Da igual cómo lo queramos llamar. Además, los trabajadores se las verán peor para obtener su pensión en unos 20 o 30 años.

Los tres mosqueteros -Escrivá, Álvarez y Sordo- vuelven a triunfar. Ni más ni menos que la subida del salario mínimo y la segunda parte de la reforma de pensiones. Si bien es cierto que la primera no es una competencia de los agentes sociales, más allá de ser órganos consultivos.

La reforma actual ha sido consensuada ente los dos partidos del gobierno, con los sindicatos y con la Unión Europea (imprescindible para poder recibir los fondos). Pero lo cierto es que a Bruselas no le importa que tengamos más o menos impuestos ni a qué se destinen, sino que no tengamos déficit excesivo.

El sistema es insostenible. no es la primera vez que mostramos los motivos: la pirámide poblacional y las previsiones a futuro demostraban que es imposible que las pensiones del futuro sean tan altas, principalmente porque no va a haber suficientes trabajadores para mantenerlas. Durante las últimas décadas se ha ido reformando para recortarlo y endurecerlo, pero de momento no toquemos los derechos de los actuales pensionistas y démosles el IPC que gastaremos más que nunca. España cada vez incrementa más el peso del estado sobre la economía, pero no ofrece ni más ni mejores servicios, sólo aumenta el número de pensionistas y la generosidad con los mismos.

El ‘destope’ progresivo a todos los salarios, lo que afecta especialmente a los trabajadores con ingresos superiores a 54.000 euros. Anteriormente había un mínimo y un máximo, al igual que en las pensiones, este es el motivo del tope máximo a la cotización. Pero el máximo se va a acabar. 

El destope será progresivo en lo que aumente el 1,5% + IPC, aumenta también la pensión máxima que se puede obtener de la seguridad social, pero no al mismo ritmo. Solo este destope de cotizaciones sociales hará que cuando la reforma esté implementada (alrededor del 2050) los trabajadores que cobren entre 60.000 y 80.000 euros, tendrán un tipo marginal (el que se paga cada euro adicional) de más del 60%. ¿Comprendemos el problema y el coste de mantener las pensiones? Es una reforma que penaliza el trabajo y el talento, a parte del efecto que va a generar paralas empresas y que pondrá en peligro puestos de trabajo.

Adicionalmente se aprueba un mecanismo automático para aumentar las subidas de las cotizaciones sociales si la AIREF determina que existe un desequilibro financiero en la seguridad social. Es decir, se subirán las cotizaciones sin que sea necesario que se apruebe en Cortes salvo que haya un acuerdo parlamentario al contrario. Es decir, el sistema actual ha aprobado que se exprimirá a los trabajadores, especialmente los más jóvenes todo lo que sea necesario para pagar las pensiones. Sin que estos tengan garantizado una pensión el día que se jubilen, desapareciendo así la famosa hucha de las pensiones.

Esta reforma se fundamenta sobre abuso hacia jóvenes y trabajadores.

Hasta aquí la definición de lo que es una moción de censura. Obviamente, el resultado puede ser favorable o desfavorable para quien la plantea en función de los apoyos parlamentarios con los que cuente al comienzo de la sesión de las Cortes y si durante la sesión se producen cambios relevantes en el sentido del voto o bien tras escuchar los discursos, réplicas y contrarréplicas, o bien por otros motivos tácticos o estratégicos desde el punto de vista político.

Sin embargo, muy distinto es lo que parece ser la moción de censura registrada por el grupo parlamentario Vox. El tercer partido con más representación política en España por número de escaños conseguidos en las últimas Elecciones Generales utiliza por segunda vez esta vía para manifestar el desacuerdo con las políticas puestas en marcha por el actual Gobierno de coalición.

En términos puramente formales, volver a utilizar este instrumento constitucional convierte durante unas pocas horas a este partido en el centro de la discusión política en sede parlamentaria sin tener que recurrir a tácticas publicitarias, mediáticas o de confrontación dentro de la Cámara para llamar la atención de la ciudadanía. Durante este lapso de tiempo, Vox adquirirá una posición más destacada que la que los ciudadanos le han dado con su voto, lo cual de primeras ya debería suponer un plus de responsabilidad.

En este sentido, a diferencia de la primera moción, en ésta Vox ha cambiado de estrategia escogiendo como candidato alternativo a la presidencia del Gobierno (en caso de que la moción prosperase) a un catedrático emérito de Economía que cuenta con una amplia trayectoria y conocimiento entre las generaciones anteriores y contemporáneas al baby-boom, pero con un conocimiento muy escaso entre los jóvenes: el profesor Ramón Tamames. Buscar perfiles protagonistas de la Transición no sólo es un bien sino una obligación moral llegados al estado de deterioro al que hemos llegado del régimen del 78. 

Pero aquí llega verdaderamente lo que es esta moción de censura. No hay más que hilar las declaraciones y hechos de los últimos días de los dirigentes de Vox, las reacciones por parte del PP y las opiniones vertidas por el PSOE. El segundo partido de la oposición persigue un objetivo muy parecido al que tuvo Pablo Iglesias y su moción contra el Gobierno Rajoy en 2017: impulsar a su líder Santiago Abascal y buscar un efecto recuperador en las encuestas tras la pérdida de posiciones demoscópicas frente al PP. Para hacer una crítica medianamente creíble, tienen que servirse de la autoridad con la que el profesor Tamames puede censurar la acción de Gobierno. 

La pregunta es muy sencilla: ¿era ésta la mejor vía para manifestar el descontento y las pulsiones de cambio en el Gobierno de España? En vísperas de unas Elecciones municipales y autonómicas, y con un horizonte de máximo 10 meses para celebrarse las próximas Elecciones Generales, existen vías más adecuadas, empezando por la propia electoral. La lección que probablemente dará el profesor Tamames al presidente Sánchez podría darla perfectamente en otro marco, incluso parlamentario, pero sin arriesgarse a encabezar una operación de difícil explicación y gestión posterior.

Precisamente, la proclividad al riesgo que Abascal y su grupo están teniendo con esta moción se acerca a la estrategia que Sánchez adoptó con la única moción de censura exitosa que ha existido en Democracia: la que derrocó al Gobierno Rajoy. No hay en esta moción de censura una estrategia de gestión posterior, no hay una alternativa seria, razonable y creíble para la mayoría social española. No podemos arriesgarnos a seguir el mismo camino que emprendió Sánchez y que nos ha llevado al punto en que estamos ahora.

Vox ha registrado una moción de censura que no pretende más que generar una cobertura mediática que, a día de hoy, ha ido perdiendo y que busca recuperar con esta acción. El movimiento en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas no parece ser el movimiento más acertado, a sabiendas de que no va a llegar a ninguna parte.

Todo ello con el respeto debido a quien es memoria viva de España y porque la opinión pública no toleraría que se humillase al profesor Tamames por su avanzada edad. ¿De qué sirve una moción de censura a menos de diez meses de unas elecciones generales?

Que Sánchez no merezca gestionar un Gobierno es un clamor, como lo es la necesidad de Vox por recuperar una iniciativa perdida desde el intento de Olona de triunfar en las elecciones de Andalucía, razón por la que Núñez Feijóo habrá de cuidarse especialmente de las andanzas del partido de Santiago Abascal. 

Y es que es necesario valorar qué le puede hacer a un PP que ya ha dicho que se va a abstener porque otra cosa no puede hacer.  El verdaderamente dañado en este caso es el PP que se mueve entre la necesidad de distanciarse de la extrema derecha y la oposición al Gobierno en vistas del inicio del periodo electoral.

Vox ha conseguido no sólo perder la credibilidad política que como partido le podía quedar, sino que también ha levantado una cortina de humo que ha desviado la atención del Caso Mediador, uno de los casos de presunta corrupción más irreverente de los últimos tiempos. Abascal le ha dado a Sánchez un motivo perfecto para agrandar la bola de la moción de censura mientras se calman las aguas en torno a Ferraz. Ahora sólo queda esperar y ver cuándo se convoca el pleno porque eso nos dará una idea del uso que Sánchez le va a dar a esta moción de censura de la que no saldrá salpicado.

Esta actualización beneficiará a los cerca de dos millones y medio de trabajadores que menos cobran en España. Pero no se confundan. Ojalá la cifra beneficiase realmente a todas esas personas. El punto aquí es cuántos puestos de trabajo se van a perder con esta medida, cuántos se van a dejar de crear y cuantos negocios van a tener que echar el cierre por una medida de claros tintes electoralistas, con unas elecciones que, como tarde, se celebrarán en diciembre o enero.

Pueden estar contentos de haber cumplido una de las promesas de la coalición: llevar el salario mínimo al 60% del salario medio. Pero ahogando a las pymes, a las que el nuevo SMI equivale al 71% de sus salarios. Si por tamaño o sectores no se entiende bien, por comunidades autónomas es aún más explícito: 13 regiones han visto superado el 60% de su salario medio, incidiendo con fuerzas en las comunidades consideradas como la España vaciada, que tanto pretendía defender este Gobierno.

En los últimos cuatro años España ha incrementado el salario mínimo un 35,9%, un aumento desde los 735,9 euros mensuales a los 1.080 euros actuales que ha provocado la desaparición de 217.500 puestos de trabajo. El alza del SMI ha generado de forma directa la destrucción de 71.600 puestos de trabajo y ha evitado la creación de 145.900 empleos. Esta nueva subida no hace más que agravar la situación del país en un contexto económico y político tan volátil.

Sánchez y Díaz confunden las políticas sociales y el salario mínimo. ¿Hay gente que tiene dificultades en estos momentos? Ayudémosla, para eso están las políticas sociales, pero no confundamos las cosas. Esas subidas del SMI lo que están haciendo es intervenir los mercados. Cuando un Gobierno socialista toma decisiones comunistas, es preocupante.

Este último año de un Gobierno atravesado por los desastres va a provocar que nuestra economía se tambalee, porque, de momento, Europa no tiene prisa, pero estas reformas van a ser miradas al dedillo y de lo que digan desde Bruselas dependerá la llegada de un dinero muy importante que debe llegar al tejido empresarial si, de alguna forma, se puede evitar la asfixia a los que pagan los platos rotos.

Aquí parece que el Gobierno prefiere no potenciar el sistema económico para que haya más trabajadores, sino esquilmar más a los que estamos. ¿Por qué no atacamos con políticas generales para incrementar este número?

Tras el intento del Gobierno de dejar que los secesionistas paseasen por Cataluña y el resto del territorio nacional con la supresión del delito de sedición y reforma del de malversación, el Tribunal Supremo ha adaptado la sentencia del ‘procés’ con la que se pretendía levantar la inhabilitación del presidente de ERC Oriol Junqueras para presentarse como candidato a las elecciones generales de este curso, manteniendo finalmente la inhabilitación hasta 2031.

Sin lugar a dudas, el Supremo ha pasado antes de lo que se esperaba una primera factura de todos los cambios producidos en el Código Penal en los últimos meses, haciendo pagar a Junqueras y a la coalición “la deslealtad constitucional y el menosprecio a las bases de la convivencia”, en la que en la sentencia se refieren a Junqueras, pero que se aplica perfectamente a los movimientos de Sánchez para liberar a unos delincuentes demostrados. Una deslealtad que a partir de ahora quedará como un ‘campo abierto’ para los secesionistas, a no ser que incurran en violencia o intimidación extrema para que puedan ser juzgados por rebelión.

Por si fuera poco, el Supremo también desmiente al Gobierno de coalición, que dijo que este tipo de procesos independentistas se verían afectados bajo la figura del nuevo delito de ‘desórdenes públicos agravados’, cosa que han desmentido con rotundidad. De esta forma, si se produjera un nuevo intento soberanista en Cataluña quedaría impune y sin respuesta penal judicial, a menos que en unos meses se vuelva a reformar el Código Penal y se reinstaure el delito de sedición.

El fallo del Supremo es un ‘cisne negro’ en toda regla a pocos meses de las Elecciones municipales. Los ideólogos de la reforma no contaban con que el Alto Tribunal se pronunciara de la forma en que lo ha hecho. De igual forma, el ‘cisne negro’ cuyo origen es el apoyo independentista al actual Gobierno central puede ser potencialmente más peligroso habida cuenta de las últimas novedades en cuanto a la situación penal del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. No conviene minusvalorar los riesgos que para la mayoría parlamentaria actual tiene el libre trabajo de la Justicia que no se resigna a dejar impune un hecho tan grave como el 1-O. ¿Se arreglará con otro indulto? Es posible. Todo dependerá de cuáles sean las expectativas electorales de aquí al verano.

Mientras tanto, esta nueva sentencia del Supremo afectará a los cerca de 30 juicios pendientes del proceso de independencia que aún están pendientes y de los que pueden salir sentencias de prisión, porque muchos de los encausados pueden ser condenados por el delito de malversación. ¿Volverá a utilizar Sánchez el indulto como factor corrector de lo que la Justicia determina que fue la justa pena por la violación del régimen constitucional?

Lo grave de esta situación nace en que Sánchez buscaba que ERC le aprobara los PGE de 2023 y favorecer a los golpistas catalanes para que Junqueras pudiera ser candidato de ERC en la cita de las elecciones generales de diciembre. Y no solo no lo ha logrado, sino que al eliminar la sedición ha dejado indefenso al Estado y frente al riesgo de un nuevo proceso secesionista catalán.

Los independentistas saben ahora que el precio a pagar es más bajo y, con los pocos escrúpulos que tienen, hace pensar que puedan volver a intentarlo.

No es la primera vez que desde la extrema izquierda ataca directamente a algún nombre propio, en este caso Juan Roig y en otros anteriores han sido Florentino Pérez o Amancio Ortega. Estos nombres, han hecho de España un país donde el concepto de empresario lleva consigo el de la creación de puestos de trabajo.

La empresa no es una cooperativa donde todos reparten los beneficios. Pero es que, además, Belarra ataca a un Roig que genera casi 100.000 puestos de trabajo, cuya empresa ofrece importantes cursos de formación a sus empleados, que cuentan, además, con el nivel retributivo más elevado de su sector.

Belarra debe abandonar el Gobierno, cosa que por falta de vergüenza no hará. Ese ataque a una parte importantísima de los agentes económicos, además de manera irresponsable y falsa, requiere que el jefe del Ejecutivo la releve, cosa que por falta de decencia no hará. De esta forma, el Gobierno se convierte en suscriptor de ese discurso, porque sino su cese ya se habría producido.

Podemos y Belarra no hacen más que demostrar su incapacidad en un Ejecutivo venido a menos y con la cabeza en las urnas. Tratan de desviar la atención de su gestión a chivos expiatorios para problemas que no saben como paliar. Los empresarios pueden ser grandes socios de Gobierno y han sabido ser capaces de negociar juntos medidas. Este clima de crispación no hace más que repercutir en una ciudadanía que cada vez pasa por más dificultades y un Gobierno que no ayuda a incentivar la economía.

La voluntad de buscar enemigos para estimular el voto bajo la lógica de nosotros contra ellos puede dejar por el camino más víctimas de las necesarias. La profesionalidad del sector de la distribución y los supermercados en general fue fundamental para superar los primeros meses de la pandemia y asegura hoy que opera con unos márgenes de beneficio de entre el 1% y el 3%.

Más allá de la obviedad de que ningún negocio puede regalar sus productos, las declaraciones de la también secretaria general de Podemos son un ejemplo más de una preocupante filosofía que por desgracia resulta habitual en España: la que exige castigar el éxito. Ya sea por envidia o por un intrínseco espíritu picaresco, los españoles parecemos destinados a la mediocridad y a tildar de monstruos a aquellos que triunfan.

Pero es que a Belarra no solo se le han echado encima los empresarios, también el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendía al propio Roig diciendo que no le parecía que el foco tuviese que estar sobre la que paga mejor era la manera de situar un problema.

De modo que, si bien la retórica del gobierno sigue insistiendo en ligar la subida generalizada de los precios a un supuesto ensanchamiento de los márgenes de las empresas, algunos altos cargos del Ejecutivo empiezan a desmarcarse de la propaganda y reconocen que, a la vista de las cifras, lo que está pasando es algo muy distinto y, si los precios suben, es porque los costes de producción también lo están haciendo.

Mientras se produce (o no) una revolución sociológica que permita acabar con la mayoría independentista en el actual parlamento catalán, los partidos no nacionalistas cuentan con un espacio muy acotado y con un elevado nivel de incertidumbre a la hora de ejecutar pactos que permitan poner en marcha las políticas necesarias en Cataluña. Es lo que sucede con el PSC y su líder Salvador Illa.

Es evidente que a Illa no le han puesto las cosas fáciles y los independentistas siempre que pueden hacen daño al Gobierno central incluso cuando éste se ‘porta bien’ con ellos (entiéndase la expresión). Pero aquí ha surgido una oportunidad política que no debe perderse. Dado que sacar adelante los Presupuestos catalanes para 2023 es el principal objetivo de la Generalitat, y que eso no es posible sin un apoyo tácito o explícito en la votación del principal partido de la oposición, es el momento de que el PSC imponga todo aquello que es imprescindible para evitar que Cataluña siga ahondando su propio agujero económico, político y social.

El pacto alcanzado entre el PSC y ERC, el cual ahora tiene que materializarse en partidas muy concretas y calendario de proyectos legislativos, abre una puerta que genera muchas incomodidades, no pocas insatisfacciones y en la mayoría de los casos un alto nivel de escepticismo. Ahora bien, mientras no se produzca un cambio electoral de raíz, los partidos no nacionalistas tendrán que seguir gestionando un campo de minas que ni sus propios votantes entenderán en muchas ocasiones. Tanto al PSC como al PP les ha ocurrido en numerosas ocasiones en los últimos años, y su cercanía al nacionalismo les ha hecho cometer graves errores. Pero ahora, la situación es distinta tanto por el cambio de composición del poder como por el grado de deterioro político e institucional al que ha llegado Cataluña.

En los Presupuesto hay más temas de interés, como el macrocomplejo de Hard Rock en Salou o la ampliación del aeropuerto de El Prat; pero el posible referéndum anunciado por el presidente de la Generalitat Pere Aragonés en su discurso de fin de año es la cuestión más primordial y anómala de estas cuentas. El proceso de ingeniería social del independentismo continúa. Pero como ya pasó durante el último intento de escisión, el sueño y votación de la República de Cataluña pasa por el dinero público. Dinero de unas Cuentas que aún tienen que pasar por el Parlament. Aragonès asegura que la Generalitat en 2023 va a volver a la agitación y la propaganda, que es lo que mejor saben hacer los soberanistas con el dinero público.

Su resistencia la está poniendo a prueba el socio minoritario, que a su vez divide las tensiones en dos facciones: la encabezada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, y la que dirigen Irene Montero e Ione Belarra. Conscientes de que las disputas políticas entre socios las ganan siempre los más radicales, Podemos es quien primero mueve ficha, asentando sus posiciones ante la opinión pública para, después, provocar la reacción de los ministros del PSOE sin que haya una crítica pública y estructurada de los mismos que permita corregir el rumbo de la coalición.

Teniendo en cuenta que esta coalición comparte un rasgo diferencial como es la más que patente carencia de principios básicos y bases sólidas de trabajo y experiencia, el terreno de juego se desplaza hacia quién es capaz de crispar más, cómo hacerlo de manera que haya un efecto multiplicador en los medios de comunicación y quién será el que mejor lo pueda capitalizar en términos electorales.

Ante este ‘círculo vicioso’ que tensa cada día más las costuras de la coalición, el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros están haciendo los primeros amagos de desviarse de este rumbo, buscando elementos que puedan legitimar un ‘giro hacia la centralidad’. Obviamente, se trata de táctica electoral, no de un reconocimiento de los errores cometidos y la voluntad de cambiar de políticas.

Apoyados en hacer una lectura al pie de la letra y sin contexto de las cifras de crecimiento económico pasadas (porque las presentes son de 0% o incluso recesión), intentan construir un discurso donde defienden los logros económicos y sociales de estos últimos años, minimizando el coste político y social que ha tenido resistir durante casi cinco años con unos apoyos centrífugos y extremos.

La batalla política de los próximos meses se va a jugar en este terreno: hacer creer a la ciudadanía que haber gobernado con Podemos, haber pactado con Bildu o las múltiples concesiones a ERC han sido males necesarios que no conllevan coste o riesgo alguno para la estabilidad futura de España, porque gracias a ellos se ha obtenido buenos resultados económicos, políticos y diplomáticos.

No hace falta hacer un análisis muy exhaustivo para darse cuenta de que los logros no han sido tales, y que el coste de introducir en el corazón de la gobernabilidad de España a aquéllos que la pretenden destruir es una enorme losa futura que aún hoy no sabemos cómo se podrá gestionar.

A la sociedad española ante el desafío constitucional

La coalición gubernamental, presidida por Pedro Sánchez y apoyada en el Congreso de los Diputados y en el Senado por los grupos parlamentarios independentistas, ha quebrado el proyecto histórico del PSOE comprometido con el cumplimiento de la letra y el espíritu de la Constitución de 1978, expresión genuina del pacto de concordia alcanzado en la transición. No detectamos en la derecha española, energía, propuestas ni discurso adecuados para resolver la actual situación.

Las decisiones de un Gobierno, donde figura coaligada una fuerza política que, fuera de los cauces constitucionales obligados, propugna instaurar un modelo plurinacional de corte confederal, coinciden con la pretensión del secesionismo vasco y catalán de ruptura flagrante de la Constitución. Si estos propósitos prosperaran estaríamos a las puertas de un proceso que acabaría destruyendo la nación política española.

Conforme a esta lógica destructiva se están produciendo iniciativas legislativas que propician una mutación que transgrede la separación de poderes, priva a las Cortes Generales de su primacía democrática, desactiva atribuciones esenciales del Tribunal Constitucional y suprime mayorías cualificadas y quórums en el Consejo General del Poder Judicial, rompiendo el sistema de contrapesos irrenunciables que garantizan la autenticidad democrática de nuestra Carta Magna.

La impunidad otorgada, mediante leyes ‘ad hoc’, a los responsables de los hechos sediciosos en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017, desprotege penalmente, además, la integridad de la Constitución y atenta contra el principio de generalidad de las normas jurídicas. Las reformas de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, mediante una proposición de ley que elude los informes técnicos consultivos, desapoderan de controles técnico-jurídicos al sistema institucional y permiten a la mayoría parlamentaria favorecer un proceso de demolición de la Constitución, así como del bloque de leyes orgánicas que la desarrollan.

La técnica de vaciamiento de los principios y reglas constitucionales es propia de las democracias que, inicialmente liberales, se pervierten para convertirse en regímenes iliberales. Si persistiera esta dinámica gubernamental y legislativa, el espíritu que animó a los constituyentes para crear en 1978 un Estado social y democrático de derecho, tres poderes del Estado, separados y cooperativos, y una monarquía parlamentaria, se vería seriamente erosionado y el país volvería   a las peores épocas de su historia al declararse fallido, otra vez, el intento de consolidar un régimen de libertades, conforme a los esquemas indeclinables de las democracias. 

Nuestro llamamiento es al PSOE para que recupere su proyecto histórico, que le llevó a contribuir a la elaboración y respaldo de la Constitución de 1978, instando a que alcen la voz los muchos socialistas, hoy silentes, que observan alarmados este proceso de deserción de sus compromisos constitucionales; 

nuestro llamamiento es también al Partido Popular y al resto de las fuerzas constitucionalistas que integran la oposición para que cumplan serena y eficazmente sus deberes irrenunciables sin quiebra alguna; 

nuestro llamamiento es a los medios de comunicación, a los prescriptores de opinión, a los intelectuales y académicos para que aporten reflexiones que contribuyan a detener la intencionada inercia destructiva de la Constitución que protagonizan el Gobierno, sus socios y sus aliados;

y nuestro llamamiento es, en definitiva, a la sociedad española en su conjunto para que reaccione cívicamente ante estas políticas gubernamentales y legislativas, con especial invocación a los jóvenes, que serían los más dañados por esta erosión. 

Porque recluirnos en la pasividad o la indiferencia sería incompatible con el ejercicio responsable de la ciudadanía. Quien se margine, sintiéndose ajeno a los actuales acontecimientos, cuando crece en todos los países occidentales -y también en España- un fuerte movimiento que entrega los poderes democráticos a pretendidos líderes y sistemas populistas, acabará descubriendo demasiado tarde que se ha encaminado por el sendero de la servidumbre voluntaria, rechazado por la inmensa mayoría de los españoles tras la dictadura.

Barcelona y Madrid, a quince de enero de 2023.

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