Politización, redes clientelares y búsqueda de rentas: los riesgos para la Administración Pública

El corazón del funcionamiento del Estado ha sufrido dos ataques relevantes en los últimos días: por un lado, el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición y sus socios habituales para convertir en fijos a los trabajadores públicos interinos que lleven cinco años en su plaza sin necesidad de opositar. Y, por otro lado, la incapacidad de los dos grandes partidos de reformar el sistema de elección de cargos en los diferentes órganos constitucionales con carácter previo a un nuevo apaño como ha sido habitual en las últimas décadas.

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Tanto el primero como el segundo son acuerdos que socavan la calidad institucional, generando incentivos perversos tanto en el funcionamiento de la actual Administración como, muy especialmente, para los que serán los funcionarios y cargos públicos del futuro. Desaparece todo incentivo al mérito, la capacidad, el esfuerzo y la honorabilidad, valores sin los cuales no habría sido posible construir uno de los aparatos más relevantes que sostienen cada día a España. Son sustituidos por la proximidad de agenda política, la búsqueda de subterfugios que permita prosperar en ciertas carreras públicas con situación de ventaja injusta frente al resto o, simplemente, la búsqueda de rentas y poder que permita lucrarse económica y políticamente más que si se siguieran los cauces normales. 

Con todos los defectos y necesidades de reforma tanto del sistema de acceso a la función pública como de la escala informal que permite conseguir cargos de relevancia dado un currículum virtuoso, España ha construido a lo largo de las décadas un sistema razonable de ascensor social, el cual ha sufrido un deterioro constante en los últimos años debido a la extensión progresiva de redes clientelares basadas en organismos públicos paralelos controlados por los partidos políticos, elección arbitraria de altos cargos sin un preceptivo concurso de méritos serio y consistente, y la rebaja de las exigencias de estudio, conocimientos y competencias en los sucesivos pasos para alcanzar un puesto público.

Dada esta situación, es urgente un plan de reversión del deterioro institucional que recupere lo mejor del ascensor social construido en las últimas décadas, mejorando y cambiando lo que no funcionaba previamente. En esta discusión, un punto relevante es la igualdad de oportunidades, especialmente desde el punto de vista laboral y financiero. La creación de empleo público debe hacerse más eficiente, con un concurso de méritos y especial hincapié en aquéllos que tienen menos recursos, para acceder tanto a los puestos ordinarios como posteriormente a cargos de relevancia.

Estamos confundiendo gravemente el concepto de ‘interinidad’ con el de ‘temporalidad’, lo cual no se puede resolver a golpe de decreto, generando no sólo una discriminación frente a los empleados públicos que sí han opositado de forma completa, sino también con respecto a los trabajadores del sector privado, afectados por una ‘temporalidad oculta’ como es el elevado porcentaje de ocupados fijos pero a tiempo parcial. Aunque la medida se venda como ‘excepcional’ y por ‘sólo una vez’, no ha sido, ni es, ni tristemente será la última vez que esto suceda en el período democrático.

Vertebración ibérica

España, con una superficie de algo más de medio millón de kilómetros cuadrados e integrada en la Península Ibérica con casi seiscientos mil kilómetros cuadrados, es un territorio que nunca ha estado bien vertebrado, desde un sentido estructural de comunicación. 

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Se decidió que desde Madrid, en una configuración radial, se había determinado el modelo, bien es cierto que el territorio madrileño quedaba bien comunicado, por el contrario, la deficiencia de articular un sistema de redes que vertebrara todo el espacio geográfico, no se había hecho.

Y lo que es peor, por razones que más adelante analizaremos, todo el movimiento económico de transporte de mercancías, o una gran parte de este, se realiza a través del eje Mediterráneo, por lo que las cargas se trasladan de Oeste a Este, con el consiguiente incremento de costes y desplazamiento de las empresas, produciéndose como consecuencia el vaciamiento de los territorios del interior de la Península.

Pues bien, si entendemos que esto es así y que no tiene ningún sentido dejar muerto en actividad a las tres cuartas partes del país, debemos ser capaces de aportar capacidad productiva a la totalidad del territorio nacional, y esto significará que los sectores económicos, todos ellos, tendrán desarrollo suficiente para garantizar que las crisis económicas no tengan un impacto tan radical como sucede ahora. Hay que tener en cuenta que nuestro eje principal en economía productiva es el sector servicios, soportado por el turismo, pues bien: ¿qué sucede cuando llega una crisis? Que las personas lo primero que dejan de gastar es en servicios de ocio, cultura, turismo… y lo peor es que cuando se supera el momento, es lo último que incorporan a sus vidas.

Por tanto, sin renunciar a este capítulo, es necesario que la industria, en su más amplio espectro, se desarrolle y lo haga por todas las comunidades, pero para esto se debe estructurar bien todo el país y, por tanto, conseguir una complementariedad idónea entre la producción y el transporte de las mercancías hasta los mercados. Esto significa que es preciso conseguir una vertebración de todos los territorios para hacer dinámico y rentable el comercio.

Planteémonos cómo sería una competitiva estructuración de la Península Ibérica que permita evitar los cuellos de botella, que se producen en la actualidad, en las salida de Port Bon e Irún: 1-La activación del Eje 16 de la Red Transeuropea de Transporte: Sines/Algeciras- Madrid-Zaragoza- París, atravesando el Pirineo por la provincia de Huesca. 2-El Corredor Cantábrico- Mediterráneo. 3- Corredor Atlántico. 4- Corredor Atlántico- Mediterráneo. 

Todo esto daría un importante papel logístico a la Península Ibérica, conectando África con Europa y salida a través de la red de Puertos del Estado. Imaginemos el significado que tendría esta nueva imagen con una evolución empresarial aprovechando los recursos que se dan en todo el espacio peninsular debido a la enorme capacidad comercial que se desarrollaría.

Esta articulación, apoyada con el desarrollo tecnológico correspondiente, permitiría un radical cambio en lo que ahora se conoce como la España vaciada, sin duda, la producción industrial se vería multiplicada como un sembrado productivo.

Como menciono en la primera parte del artículo, la situación actual es que un eje principal de salida a Europa es el Mediterráneo, y la pregunta sería: ¿por qué solo este?, y la respuesta viene dada: por una exclusiva cuestión, es un tema político. El desarrollo turístico está basado de forma importante en el Mediterráneo, lo que hace que la población establecida en ese lugar derive en el mayor número de representantes políticos (diputados, senadores, ayuntamientos, comunidades ) y esto significa que el interés por la zona margina al resto del país, con exclusión de Madrid y poco más.

Creo que mentalizarnos de que España con Portugal conforman un potencial económico de enorme capacidad, debe ser la tarea en la que tenemos que trabajar para hacerla realidad. Es absurdo que siendo la Península Ibérica un nudo de conexión comercial tan fundamental lo dejemos escapar por algo tan mezquino y temporal como una posición política que, además, es artificial. Hagamos que la vertebración ibérica sea el interés de todos.

La misión de La España Que Reúne a los dos años de su fundación

Dos años después seguimos luchando por las mismas causas que dieron sentido a nuestro nacimiento: la defensa del marco constitucional del 78, un espíritu progresista, cívico, laico y reformador. 

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Estamos en un país en el que las grandes decisiones se toman midiendo la rentabilidad políticamente y no en defensa de la democracia. La política de bloques sigue enzarzada en trivialidades, dejando de lado a la sociedad. La política nace de la sociedad y ha sido la política la que se ha olvidado de la sociedad para que cada uno haga de este país su casa, terminando España por convertirse en una casa en la que nadie piensa en nadie. La Constitución es el marco regulador de estas actuaciones, pero se han olvidado de ella.

No dejaremos de luchar hasta que no se vuelva a una situación de concordia y entendimiento como ocurrió durante la Transición. “La Constitución establece la ambición de la mejor España, que convoca a todos, que exige diálogo entre diferentes para alcanzar los acuerdos que impulsan a la nación en un horizonte de libertad y progreso”, dice nuestro Manifiesto Fundacional. Queremos un futuro mejor para España y este pasa por políticas comunes, políticas de país; y no creemos que eso sea posible sin alcanzar acuerdos entre los grandes partidos de nuestra democracia.

Es el papel moderador de los españoles que, siendo activos y estando preocupados por la situación política y nacional, no buscan radicalizar sus posturas pasándose de la centralidad a los extremos. En base a esta idea, trabajamos en recuperar la centralidad y evitar el extremismo ideológico entre la sociedad española, ya que este extremismo populista, tanto de derechas como de izquierdas, solo puede perjudicar el progreso de nuestro país.

Esta posición la llevamos reforzando cada día desde que nació La España que Reúne, siendo críticos con aquello que no estaba bien, dejando claro que nuestra labor no es dependiente de ningún partido ni una ideología en particular. Sea el Gobierno, la administración regional o las locales, no vamos a dejar que nadie asalte la ley sin que nosotros estemos ahí para tratar de defenderla.

Y ¿por qué estamos aquí? Nuestro cometido es España y que nadie ni nada pase por encima de ella y su Ley, “Porque entonces ningún ciudadano estará protegido en sus derechos y la convivencia quebrará. Los populismos y los nacionalismos constituyen hoy, a lo largo de la Unión Europea y también en España, la principal amenaza a nuestras libertades”.

No queremos servir más que de herramienta para el correcto devenir de esta nación, si no hubiera una situación contraria a la que este país merece nuestro cometido estaría cumplido y no seríamos necesarios, y eso mismo deseamos. Y tomando por última vez las palabras de José María Múgica, tras dos años, La España que Reúne continúa “Con esa ambición de lo mejor para el conjunto de la ciudadanía, del esfuerzo generoso entre todos, y de la tolerancia con el diferente”.

Anulados los dos primeros estados de alarma

‘La España que Reúne’ ha hablado con Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, para analizar tanto el pronunciamiento del Alto Tribunal como sus consecuencias

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El profesor Betancor piensa que esta situación “ha sido una anomalía para el andamiaje jurídico, nuestro derecho no estaba preparado para afrontar una situación como esta y como no estaba preparado se ha tenido que improvisar, y se ha improvisado optando por la solución más restrictiva. Ahora, tras un control de constitucionalidad de estas medidas, se han visto los perjuicios que han ocasionado estas decisiones tanto en lo que se refiere a la desaparición del Congreso, como a la supresión desproporcionada de los derechos de los ciudadanos”.

La tesis central de la ponencia es que el Congreso renunció a ejercer sus funciones de control tanto en lo relativo a la larga duración del estado de alarma, como a las medidas tomadas en relación a la restricción de derechos que ello iba a suponer. El auto consideraba reprochable que el decreto del segundo estado de alarma diera luz verde a una delegación de competencias a las regiones para adoptar medidas de limitación de derechos fundamentales sin que las Cámaras tuvieran conocimiento previo de su naturaleza y duración, así como potestad para rebatir esta medida.

Además de todo esto, la norma abría la puerta a que las órdenes y disposiciones acordadas por cada ejecutivo regional acabasen finalmente en los tribunales ante la nulidad de los preceptos del Real Decreto que las autorizaba a ello. Con todo, el pronunciamiento más duro se centra en la falta de control parlamentario en el medio año que se alargó esta segunda prórroga. En palabras del Tribunal Constitucional, «se realizó de un modo por entero inconsistente con el sentido constitucional que es propio del acto de autorización y sin coherencia alguna».

Para Andrés Betancor, la gravedad del problema de la suspensión de las funciones de control al Ejecutivo por parte del Congreso de los Diputados, “el Congreso no pudo ejercer ningún tipo de control efectivo, aunque comparezcan el presidente y los ministros. Esto no quiere decir que sea efectivo. Que la cámara que representa al pueblo español no haya podido desplegar ninguna de sus herramientas ante una medida que tiene una incidencia tan restrictiva y desproporcionada sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía, es un agujero negro en el funcionamiento del Estado democrático de Derecho que ha sido corregido por el tribunal de garantías, declarando inconstitucional la omisión de estas medidas”, concluye Betencor.

Es evidente que la situación que provocó el coronavirus desde su llegada a nuestro país a finales de febrero de 2020 provocó una situación desconocida que había que abordar con celeridad para tratar de frenar el avance del virus entre la población española. Es cierto que se desconocía cómo este virus iba a actuar entre la población y era complicado de atacar por esta falta de información. El Gobierno central actuó más tarde que sus homólogos europeos pero, lo más importante, es que lo hizo y, según las últimas sentencias del Constitucional, mal.

Si en julio el debate se centró en el alcance de la suspensión de los derechos a la ciudadanía, ahora en esta última resolución el Pleno ha rebatido la cogobernanza con las comunidades y la ausencia total de control parlamentario en los seis meses que duró la prórroga, una anomalía democrática que no se contempla en ninguna regulación del estado de alarma. Con todo, no solo han recibido reproche los Reales Decretos aprobados. El tribunal de garantías también pone el foco en la resolución del Congreso de octubre de 2020 con la que se autorizó la continuidad de esta anomalía jurídica y la ausencia de revisión en seis meses que duró la prórroga, a pesar, insistimos, del carácter tan extraordinario de esta medida.

La Palma, la oportunidad para una verdadera gestión de catástrofes

La catástrofe natural ocurrida en La Palma durante este último mes deja muchas preguntas en el aire y muchas necesidades en distintos organismos para evitar que situaciones como esta se vuelvan a gestionar de una forma tan tardía, y más contando que esas erupciones ya se esperaban después de semanas de actividad sísmica continua en la isla. 

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Tras el panorama que se vivió en la capital de España en enero de este año con la borrasca Filomena, a lo que se suman otros acontecimientos de alto poder destructivo vividos en los últimos meses y años, debe mover a la reflexión de los organismos públicos para articular planes de gestión de catástrofes que vayan más allá de lo que actualmente se hace, evitando paralizar la vida de las zonas afectadas y poder estar preparados de forma previa a que ocurran sucesos que, a día de hoy, son relativamente fáciles de detectar a través de los distintos mecanismos tecnológicos con los que contamos en la actualidad.

Según distintos medios, el Gobierno se encuentra preparando un plan específico para cubrir los daños que esta catástrofe cause en La Palma, pero es necesario hacer una revisión a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, porque ha quedado claro durante este año que no funciona y no cubre bien las actuaciones en caso de situaciones límite como el volcán de la isla y la borrasca Filomena. El Ejecutivo debe ponerse manos a la obra y preparar una regulación que pueda comprender todas las situaciones que se pueden dar para poder cubrir de la forma más profesional estas situaciones.

Este plan debe estar ligado a un buen sistema de previsión de estos sucesos para que gobiernos y empresas tengan la capacidad de anticiparse lo necesario. Para ello, existen sistemas, tanto públicos como privados, que pueden ser el mayor aliado para poder solventar estas situaciones. Programas como el Sentinel 2 (pareja de satélites que forma parte del sistema Copernicus EMS) pueden ser de gran ayuda. Este es el sistema puesto en marcha por la Unión Europea y su agencia espacial (ESA), un instrumento que ha sido rápidamente ‘invocado’ por los servicios de Protección Civil. Todo, con el objetivo de seguir la pista al magma volcánico, así como a los efectos secundarios que deje a su paso camino al mar. Copernicus es un programa que, en resumen, proporciona información y referencias geoespaciales en situaciones como esta o en otro tipo de catástrofes naturales.

Tras casi un mes, continuamos con una situación de máximo riesgo y las nuevas grietas no paran de expulsar lava. Esto ha provocado nuevas evacuaciones, superando ya las 6.800 personas según apuntan distintos medios de comunicación, y no se descarta que en los próximos días haya que sacar a más gente de sus casas. Planes de prevención y regulación de estas situaciones podrían haber ayudado y adelantado estas labores de evacuación antes de dejar a las personas en un riesgo para sus vidas. En general, la actuación de protección civil en la movilización de distintos núcleos poblacionales a espacios seguros ha sido un éxito y, en este caso, la posibilidad de herramientas para poder variar la dirección de la lava es totalmente nula. La posibilidad de mayores refuerzos en los primeros compases de la catástrofe, hubieran dado un mayor aire a todos los voluntarios y profesionales que se vieron desbordados durante los primeros días.

Ahora, tocará ver como desde el Gobierno y los organismos europeos se compensa a los afectados por el volcán de La Palma. Miles de personas que lo han perdido todo: sus hogares, sus trabajos, cultivos y animales que eran su forma de vida y una cantidad incalculable de recuerdos que se funden al paso de la lava. La movilización de recursos económicos será esencial para poder empezar de nuevo y tratar de devolver el optimismo a una población devastada por los efectos de esta catástrofe. Los palmeros se recuperarán y volverán más fuertes que nunca.

El Foro La Toja, una oportunidad de poner las cosas en común

Desde el 29 de septiembre hasta el 1 de octubre, se reúnen en la localidad de O Grove, en Galicia, una multitud de personajes de la política actual y pasada en nuestro país, para repasar a través de tres jornadas las cuestiones más relevantes del panorama político actual. En esta 3ª edición del Foro La Toja, presidido y organizado por el exministro Josep Piqué, que también fue el moderador de varias de las charlas de estos días.

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De este encuentro debemos resaltar la presencia en el último día del primer ministro de Portugal, Antonio Costa, cuyo discurso fue dirigido hacia una intervención a favor de que la UE se proyecte más hacia América, aprovechando las relaciones históricas, culturales, comerciales e idiomáticas que España y Portugal tienen con los países iberoamericanos, aunque sin descuidar también los vínculos con África. El mandatario luso advirtió también del riesgo de que Europa se encierre en sí misma.

“Portugal y España deben garantizar una Europa abierta al Atlántico; tienen una misión histórica evitando su excesiva continentalización. Nuestros dos países están bien preparados para hacerlo, tanto a través del Atlántico Norte y del Atlántico Sur”, asegura Antonio Costa.

Las acertadas palabras del mandatario luso deben ser escuchadas, tanto por España como por Europa, para poder fortalecernos mutuamente y asegurar el desarrollo de todas estas regiones aprovechando el puente idiomático existente con España y Portugal. Desde ‘La España que Reúne’ ponemos en valor estas palabras y nos suscribimos totalmente a ellas, ya que siempre nos ha preocupado la evolución de los países de Iberoamérica, debido a los crecientes problemas de iliberalismo en los países de habla hispana y portuguesa. El peligro del iliberalismo en estos países debe ser tomado con gran importancia por Europa, tratando de garantizar el correcto funcionamiento de las democracias en la región para favorecer un buen ecosistema de colaboración y de desarrollo en América Latina.

El contexto actual es bastante problemático para el avance de estas relaciones. En este último tiempo ha aflorado una corriente entre los países latinoamericanos con España debido al papel de nuestro país en sus territorios, demandando el perdón de unos actos que, sin dudar de la comisión de malas prácticas cometidas por los españoles, fueron cometidas hace casi 600 años y cuyo daño es actualmente irreparable. Desde algunos de estos países no se tiene en cuenta la labor de estos viajeros, que ayudaron a los habitantes de las distintas regiones, proporcionando grandes avances en todas las facetas del desarrollo de sus vidas hasta el momento que llegaron los españoles.

Las posibilidades de crecimiento son enormes y la colaboración fundamental gracias a la cantidad de puntos en común que ambos países (España y Portugal) tienen respecto a los países de Iberoamérica. Esta situación no puede pasar desapercibida por Europa, que centra sobre todo sus relaciones con China y Estados Unidos, descuidando la importancia de estos países y los beneficios que pueden generar para ambas partes. Como bien decía Costa, España y Portugal deben garantizar una Europa abierta y menos dependiente de las dos grandes potencias mundiales.

Esta, es una buena oportunidad para que Pedro Sánchez recupere parte de la importancia perdida por España durante esta legislatura y trate de cuidar sus relaciones con estos países y proyectarlas en Europa, todo ello de la mano de un gran socialista como es Antonio Costa. El reto no es pequeño, pero la situación merece gente que remangue y se sitúe a la altura de la situación. 

Preguntas y respuestas sobre la nueva ley del alquiler

Hace 10 días que el Gobierno acordó en el Consejo de Ministros la regulación del precio de los alquileres junto a una serie de medidas de calado. Este acuerdo se enmarca dentro del pacto de gobierno con Unidas Podemos bajo la etiqueta de un gran cambio social, pero, ¿en qué consiste realmente esta nueva medida?

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El principal pilar se basa en la regulación de los precios, una regulación que es prácticamente igual a la primera Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1946, durante el franquismo, y que estuvo vigente hasta 1985, con Felipe González. Nadie puede dudar de la magnitud del problema de la vivienda en España y, sobre todo, en las grandes ciudades. En tan sólo un lustro, del 2015 al 2020, el precio se dobló: creció un 52% de media en toda España, aunque en algunas comunidades autónomas, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, la subida fue incluso más pronunciada (60% y 68%, respectivamente).

Traducido en números, esto significa que, si por una vivienda de unos 80 metros cuadrados se pagaba de media en el 2015 unos 568 euros, en el 2020 se paga por la misma 852. Y esto, insistimos, es tan sólo la media. Buscar algo por menos de 900 euros en ciudades como Barcelona es prácticamente imposible y eso que con la pandemia bajaron algo los precios. Pero esta medida, lejos de poder servir como un bálsamo para las personas que sufren para pagar un alquiler, puede empeorar el panorama y mucho.

¿Es necesaria una regulación?

Pues depende de cómo se mire y según las prioridades que queramos atacar primero. ¿Cómo de necesario es una regulación en este aspecto? De nuevo lo importante es analizar, dónde y en qué condiciones, y con quién nos queremos comparar.

Desde hace más de una década, España tiene un problema con el mercado inmobiliario. Se muestran cifras de viviendas en alquiler en los países más ricos de Europa y se comparan erróneamente con las nuestras. Según los datos de Eurostat, el 86% de los españoles vive en una casa de su propiedad frente al 51% de los alemanes.

Es cierto que una proporción muy baja de vivienda en alquiler puede significar que este mercado tiene problemas, esto ocasionaría una falta de oferta; sumado a precios muy altos en determinadas localizaciones y el complicado acceso para los jóvenes. También es cierto que la obsesión con la vivienda en propiedad tiene efectos en otras variables: por ejemplo, supone un freno a la movilidad y reduce el dinamismo en el mercado laboral. Pero también debemos recordar que un porcentaje elevado de las viviendas en propiedad apunta a un país de pequeños propietarios, en el que las familias de renta media-baja han accedido a la vivienda, con lo que eso supone de amortiguador para las crisis y para los períodos de reducción de ingresos (por ejemplo, durante la jubilación). Porque en otros países, esas cifras de vivienda en propiedad y de patrimonio entre las clases más bajas se miran desde lo lejos.

¿Cómo afecta la medida?

El principal argumento del Gobierno para aplicar esta es que, si los alquileres son altos, sólo hay que fijarlos por decreto o, en su defecto, obligar a los propietarios a bajarlos. Todo esto enfrascándose en la idea de que así lo han hecho grandes ciudades como Berlín o Londres. Por muy lógico que esta medida pueda parecer, sobre todo en el ámbito social. Pues no lo es en absoluto.

Que muchas ciudades europeas se hayan puesto a controlar precios por decreto lo único que quiere decir es que media Europa tiene políticos tan cortoplacistas como los nuestros, ya que regular los precios de la vivienda no se ha conseguido en ninguna ciudad con semejantes medidas como las de España. Lo que ocurriría puede ser todo lo contrario: las políticas de control de precios del alquiler han sido históricamente un desastre y han tenido consecuencias catastróficas para las ciudades en el largo plazo. Según diversos análisis realizados por economistas, esta medida es una de las técnicas más eficientes para empeorarlo todo.

¿Soluciona el problema?

Por todo lo que hemos relatado hasta ahora, la Ley seguramente no tendrá ningún impacto en el control de precios de alquiler y éstos seguirán subiendo. Tampoco se beneficiarán los jóvenes; en realidad, podrían salir bastante perjudicados. Ya que esta ayuda sólo se dará si los jóvenes trabajan y los contratos de alquiler no superen, en principio, los 600 euros mensuales o los 900 en algunos casos, lo cual en ciudades como Barcelona o Madrid es prácticamente imposible; aparte del efecto que esta ley ocasionaría en el mercado.

En realidad, parece que todo lo que no sea construir vivienda pública social servirá para bastante poco para controlar uno de los principales problemas que tenemos hoy en España.

Pensar antes de actuar

La catastrofe natural de La Palma ha sacado lo mejor de las personas con innumerables acciones por parte de personas y asociaciones de todo el país para poner de forma desinteresada toda la ayuda que está en su mano y que, sin duda, necesita la isla..

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De nuevo y por desgracia, ha sacado también lo peor de algunos políticos, que no han sopesado las consecuencias de algunas de sus decisiones y palabras para tratar de calmar los ánimos, los cuales han terminado alterando

Los casos más sonados hasta el momento han sido la de la ministra de Turismo, Reyes Maroto; el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida y el senador ‘popular’ Rafael Hernando. Sus resbalones o grandes fallos han sido producidos por distintas y desafortunadas acciones que, creemos que sin ánimo de causar malestar en los españoles, esperamos que no se produzcan más por parte de nuestros representantes políticos.

En el caso de la primera, la ministra Reyes Maroto tuvo un desafortunado comentario con respecto a la erupción de Cumbre Vieja. La ministra de Turismo definió el volcán como un «espectáculo maravilloso» y un reclamo turístico aprovechable, mientras cientos de personas veían como perdían todo lo que tenían. De esta forma, la ministra de Turismo ha querido priorizar la tranquilidad del turismo sobre las cientos de familias que están sufriendo en la incertidumbre que rodea a la isla desde hace varias semanas y sin dejar de obviar la peligrosidad de este suceso en las vidas humanas, ya sean turistas o no.

Por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su proposición de ayuda a La Palma no ha gustado demasiado a los madrileños, que han visto como el responsable de su ciudad ha ofrecido todos los medios a su disposición para tratar de paliar o controlar los efectos de las erupciones. Esto no debería ser en ningún caso un resabalón, el problema viene cuando hablamos de su gestión el pasado año con la llegada de la borrasca Filomena. Durante el temporal el alcalde prometió a los madrileños la movilización inmediata de todos los recursos para evitar el colapso de la capital de España, lo cual no llego a ser cierto y fue utilizado por el alcalde popular en una maniobra contra el gobierno de Pedro Sánchez.

El último de los casos lo protagoniza el senado Rafael Hernando, que criticó con dureza que los ministros y el propio Pedro Sánchez se acercasen a La Palma a “hacerse la foto” cuando miembros de su partido acudieron del mismo modo a la isla en un acto considerado previamente por él como una falta de respeto a los afectados y una frivolidad ya que su presencia no iba a hacer más que estorbar.

Es una vergüenza que hasta en las grandes catástrofes los políticos de los dos grandes partidos de nuestro país, que deberían ser ejemplo de saber estar y de ejemplo democrático, no hagan más que actuar de forma irresponsable para con sus actos y palabras. La política no es un circo mediático y no pueden ser las figuras políticas las que quieran convertirlo en ello para recibir un rédito partidista y, como decía el señor Hernando, frívolo. La sociedad está muy descontenta con el trabajo de nuestros políticos y es por cosas como estas. Señorías, tomen conciencia de sus actos antes de que sea demasiado tarde.

Alemania: Un cambio templado

Tras la incertidumbre y la emoción del día electoral viene la reflexión sobre el camino a tomar a la vista de la situación en la que han puesto los electores a las formaciones políticas.  

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Por Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo

La primera observación que debe interesar en España es el procedimiento que se pone en marcha para la formación del nuevo Gobierno. En Alemania no existe un encargo del  Presidente de la República al ganador de las elecciones. El iter político funciona de otro modo. En este momento se han abierto negociaciones previas entre los verdes y los liberales para “sondear” (Sondierungsgespräche) las posibilidades que existen de un trabajo en común. Cuando se haya alcanzado un acuerdo básico entre ellos vendrá la apertura del diálogo con los partidos mayoritarios, el SPD y la CDU-CSU. 

Se determinará así cuál de ellos va a ostentar la cancillería. 

A partir de estos acuerdos, un grupo numeroso de expertos designados por los partidos se centrará en la tarea de redactar el documento del programa del Gobierno pormenorizado y detallado (Koalitionsvertrag) que al final ha de ser aprobado por los diputados encargados de la negociación. Todo este proceso no se lleva a cabo en un par de sesiones sino que requiere un tiempo dilatado que se mide, no por fines de semana sino por meses. Al final, ya firmado por los partidos que van a integrarse en la coalición, se publica (ahora en la red). 

Así, todos los ciudadanos que lo deseen pueden comprobar a qué se ha comprometido el partido político al que ha votado y figura en la coalición de Gobierno. Y podrá seguir el grado de su cumplimiento y de su incumplimiento, un material indispensable para administrar su voto en la próxima cita electoral. El votante alemán dispensa a los partidos una fidelidad medida, no la propia del can doméstico, y en cualquier caso, al disponer de dos votos, no es infrecuente que los distribuya entre formaciones políticas distintas. 

Como se puede advertir nada que ver con el temerario espectáculo que nos ofrecieron los partidos políticos que hoy forman la coalición del Gobierno de España, cuyos líderes se fundieron en un abrazo apretado a las veinticuatro horas de haberse conocido los resultados. Bien es verdad que, como eran “muy de izquierdas”, el entendimiento estaba asegurado … 

Todo parece indicar que el candidato del SPD, Olaf Scholz, será el futuro canciller en una coalición con verdes y liberales que también nos puede servir de ejemplo. En aquella tierra no se practica el “no es no” sino el “vamos a estudiar en qué podemos ponernos de  acuerdo”. Las directrices básicas de la política alemana no van a verse alteradas, no olvidemos que una parte de la prensa (Der Spiegel, por ejemplo) publicó la semana anterior a las elecciones un amplio reportaje bajo el título “La merkelización de Olaf Scholz”. En la CDU-CSU las aguas bajan turbias como se ha demostrado en la bélica elección del presidente del Grupo Parlamentario que, sin embargo, ha sido pacífica en el SPD. 

Como seguidor de los debates en la televisión de los candidatos – a tres- he advertido un elemento positivo que es el respeto de los contendientes, en este caso, un Scholz hierático, un Laschet que practica bien la ironía y una Baerbock divertida contemplando cómo se fustigaban sus oponentes. Y un elemento negativo: la ausencia de referencias a Europa o a la política internacional cuando Alemania es actor principal en ambos escenarios. 

Solo hay una circunstancia en el proceso electoral en el que Alemania puede aprender de España: la precisión y la celeridad con que se dan a conocer los resultados. 

Procede añadir que ha pasado casi desapercibido el hecho de que en Berlín se han celebrado elecciones para el Parlamento de ese Land (Abgeordnetenhaus) que sesiona en el imponente edificio que albergó en el pasado el Parlamento de Prusia. La coalición gobernante ha estado durante los últimos años formada por SPD, Verdes, y Linke (La Izquierda). El SPD ha quedado en primer lugar seguido por los Verdes. 

Curiosidad añadida es que, al mismo tiempo que el berlinés votaba en la elección federal y en la de su Land, votaba en un referéndum – no vinculante- para permitir la socialización de empresas inmobiliarias especialmente poderosas. No apoyaban el sí más que Die Linke con entusiasmo y los Verdes con la boca pequeña. El SPD aconsejaba el “no”. Pero ha salido el “sí” y ya veremos cómo se administra esa victoria por el Gobierno del Land que se forme. 

También se han celebrado elecciones regionales en Mecklenburgo-Antepomerania. Un Land con vistas al Báltico que cuenta con un millón setecientos mil habitantes. El gran vencedor de la jornada electoral ha sido el SPD, cuya líder, Manuela Schwesig ya era la presidenta del Land. En segundo lugar, pero muy lejos, ha quedado la extrema derecha de la “Alternativa para Alemania”. 

En torno a las Navidades se habrán constituido el Gobierno federal y el de Berlín. Menos complicación va a ofrecer el de Mecklenburgo-Antepomerania. 

Se levantará el telón tras las fiestas. 

El Foro la Toja, una oportunidad de poner las cosas en común

Desde el miércoles de esta semana, se reúnen en la localidad de O Grove, en Galicia, una multitud de personajes de la política actual y pasada en nuestro país, para repasar a través de tres jornadas las cuestiones más relevantes del panorama político actual. En esta 3ª edición del Foro La Toja, presidido y organizado por el exministro Josep Piqué, que también fue el moderador de varias de las charlas de estos días.

Fuente:EFE

La apertura de este foro corrió a cargo del Rey Felipe VI, que advirtió que en un momento de recuperación “hemos de ser especialmente sensibles y atentos con quienes peor lo han pasado” durante la pandemia. El monarca también pidió especial atención a Iberoamérica como región fundamental en la defensa de los valores del multilateralismo y de la democracia ya que, para él, “cuando los analistas hablan de la erosión del mutilateralismo, del retorno de las tendencias proteccionistas, del poder de las técnicas de desinformación, de la volatilidad del orden internacional o del decaimiento de los valores tradicionales como fenómenos que están ocurriendo, es precisamente cuando más debemos hacer para defender la libertad y los valores que nos han permitido la democracia, cuando hay que avanzar en la construcción de sociedades abiertas”.

En esta primera jornada, y en relación a las primeras palabras del rey, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, presente también en el Foro La Toja, considera que América Latina, España y Portugal tienen “una forma de ser y estar en el mundo”. “Hay 500 millones de personas que hablan español y esa voz se tiene que oír”, dijo. El ministro anunció que cuando España asuma la presidencia de la UE en el segundo semestre del 2023 va a defender su relación con los territorios latinoamericanos, como defendía el monarca.

Fondos europeos y recuperación

Del mismo modo y en esta primera jornada, La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, cree que España está frente a una «oportunidad extraordinaria e histórica» para acometer un proceso de transformación social y económico gracias al impulso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Estamos en una nueva fase, la recuperación está en marcha y es muy intensa», ha enfatizado la responsable económica del Gobierno, tras avanzar que «es el momento» de tomar decisiones necesarias para construir una España más verde, solidaria, digital, inclusiva y justa.

Rajoy – González, ejemplo para el PP y PSOE actuales

Ya en la segunda jornada de este encuentro, el plato principal de los tres días de evento residía en el encuentro entre los expresidentes, Mariano Rajoy y Felipe González, que han repasado el actual panorama político nacional. Ambos se encontraron en enorme sintonía en sus argumentos, defensa de la Constitución y rechazo a fórmulas en Cataluña que supongan el menoscabo de la conformación actual de España. De sus loas en favor del bipartidismo, la alternancia y el entendimiento entre las dos grandes formaciones políticas del país de sus intervenciones en los años anteriores, los dos ex mandatarios siguieron por la misma senda argumental poniendo hoy el foco en el encuentro que hasta mañana continua en la isla pontevedresa en la necesidad de alcanzar consensos entre PSOE y el PP, censurando por tanto que no se estén logrando. En este sentido, la falta de consenso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue uno de los temas más criticados por ambos a la falta de labor negociadora de sus partidos.

En términos económicos, El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha definido este jueves como «un prudente alegre» respecto al futuro de la economía española, siempre que «se hagan las cosas bien» y se genere «una cierta seguridad y certidumbre»; mientras que el también expresidente Felipe González ha pedido que haya consensos para la aplicación de los fondos europeos.

 González ha reclamado también acuerdos para «optimizar» los recursos procedentes de la UE. «Si no lo hacemos bien se acabará la oportunidad. Y hacerlo bien es hacerlo de acuerdo. Si hay que equivocarse en algo, que sea con acuerdo», ha reclamado sobre lo que cree que puede dar a España «mucha credibilidad» entre sus socios internacionales.

Rajoy ha reconocido la importancia de estos fondos y ha remarcado la diferencia respecto a la respuesta que se dio desde Europa a la crisis del año 2008, destacando la suspensión del pacto de estabilidad y la respuesta del Banco Central Europeo, que cree que en la crisis anterior «se hizo el loco y ahora está actuando inteligentemente».

Esta buena sintonía entre ambos, unido a sus reclamaciones para el acuerdo entre los grandes ambos partidos históricos, son temas que, desde ‘La España que Reúne’ venimos reclamando desde hace tiempo, para fomentar la unión entre Partido Popular y Partido Socialista en la toma de las grandes decisiones de nuestro país, así como de garantizar el orden constitucional en España.

Política Territorial

Los presidentes autonómicos de la Xunta de Galicia, la Generalitat Valenciana, y las juntas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo, Ximo Puig, Emiliano García-Page y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, han pedido «rigor» al Gobierno para una financiación autonómica equitativa. En este contexto, el presidente valenciano ha incidido en la necesidad de que cada comunidad «piense en el interés general, además de en el de su territorio». Así, ha apostado por un sistema de financiación «basado en el rigor» y ha planteado un nuevo pacto que permita modernizar el país. De este modo, ha propuesto una revisión de acuerdos de 1981 en el que participen las comunidades.

Feijóo ha coincidido con Puig en la necesidad de abordar la financiación autonómica con «rigor» y ha puesto el foco en que, «si el 40% del gasto de las comunidades» se deriva del mantenimiento de los servicios sanitarios, resulta «un disparate plantear un sistema de financiación en base a la población». Además, ha señalado que las comunidades a las que más «perjudica» el sistema de reparto actual son Murcia y la Comunidad Valenciana, mientras Galicia, Cataluña y Madrid «están en la media».

García-Page ha remarcado que se deben «aplicar criterios con sensatez» y tener en cuenta el reparto de la población y el coste que conlleva la prestación de servicios en localidades pequeñas en la financiación autonómica, ya que, de lo contrario, se abandonarán. De hecho, ha constatado la «desigualdad» que conlleva esta situación y ha asegurado que «sigue habiendo emigración del interior hacia el Levante».

Cierre de la III edición del Foro La Toja

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este viernes, durante su intervención en la jornada de clausura del Foro La Toja, la necesidad de alcanzar grandes «acuerdos de Estado» a medio y largo plazo para afrontar los desafíos que presenta el futuro tras la pandemia y que, a su juicio, son la «transición ecológica, la digitalización de la economía, el cambio de modelo energético, y la actualización del modelo educativo».

Para ello, Sánchez ha avisado de que hace falta «contar con el concurso de todos», pensar «en el medio y largo plazo» y «movilizar los recursos necesarios para lograr» esos objetivos. A este respecto, ha señalado que es imprescindible una «fiscalidad justa» para consolidar el Estado del Bienestar.

El presidente ha aprovechado su intervención final para hacer un repaso de las medidas que está impulsando el Gobierno para salir de la crisis del coronavirus y para reclamar al resto de partidos e instituciones «unidad» y colaboración a la hora de afrontar reformas ineludibles que, a su juicio, solo se van a poder completar» si se asumen como «proyectos de país”

Desde ‘La España que Reúne’ queremos dar valor a iniciativas como estas que buscan el intercambio de opiniones para favorecer el avance de nuestro país. Foros como el del exministro Piqué dan valor a la democracia y a los ideales constitucionalistas y de diálogo que hemos defendido siempre desde esta asociación, son necesarios más eventos como este en nuestro país para poder seguir mejorando. Los grandes partidos deben hacer caso de sus líderes históricos y buscar la unidad desde los dos grandes partidos de siempre.