Nuestra visión sobre el nuevo curso político en España

El inicio del curso político 2022-2023 puede analizarse mediante una serie de ‘lugares comunes’ perfectamente descritos en los últimos meses. Dado que la intención de este Club de Opinión no es repetir lo obvio ni enfatizar lo evidente, es necesario buscar las claves de este próximo curso en un ejercicio de análisis más profundo.

FUENTE: EFE

La ventaja de contar con unas bases políticas tan superficiales como las de nuestro tiempo es que no es demasiado difícil ir a las motivaciones últimas de lo que está pasando y seguiremos viendo en los próximos meses con un alto grado de probabilidad.

En términos de estrategia, se trata de construir una coyuntura política y social basada en colocar al Gobierno y sus socios de legislatura como los garantes de una estabilidad precaria bajo la percepción de ser un «escudo protector» hasta diciembre de 2023. De esta manera, aquellas partes de la sociedad con más motivos para rebelarse mostrando su descontento no tengan suficiente fuerza y apoyo para movilizarse, mientras que se amplía el espectro social al que el Gobierno le genera la expectativa de que le está ayudando sin que haya ayuda real alguna.

Lo más importante no es ayudar con medidas eficaces ante los problemas socioeconómicos de los ciudadanos, sino hacerles creer que se les está dando un soporte que en realidad no existepara los que más lo necesitan. No hay más que ver qué ha sucedido con una medida como es el ingreso mínimo vital. Con un balance decepcionante (al cierre de 2021 apenas alcanzó al 40% de los beneficiarios según la AiREF), es un buen ejemplo no sólo del tipo de políticas que se aplican sino también del fin último que se persigue con ello.

Generar de forma permanente expectativas de que el Ejecutivo va a ayudar a quien lo necesite es una buena estrategia para minimizar la crítica hacia la labor de Gobierno, con independencia de su color político y administración (nacional, autonómica o local). Se aplica una máxima eficaz como es ‘no morder la mano del que te da de comer’, aunque en la realidad no te dé. Es la doctrina que se sigue desde el verano de 2020 con los ya archi-conocidos ‘fondos europeos‘. Se sabe que hay alguien que los percibe, pero muy pocos lo han visto de cerca o conocen casos de perceptores cercanos que sirvan para mantener la expectativa de participación en las inversiones millonarias hasta ahora planificadas. No hay más que ver la ejecución a principios de junio, por ejemplo, del que iba a ser el proyecto estrella: el vehículo eléctrico.

Obviamente, este juego de crear expectativas continuamente tiene fecha de caducidad. Pero es la suficiente como para mantener un año más el actual Gobierno, y un año menos para recomponer un tejido productivo profundamente desgastado y con unas perspectivas poco favorables en los próximos meses. Hay algunos indicadores que reflejan los problemas de fondo como las encuestas donde puede verse el cambio de fondo que se está produciendo en la intención de voto a menos de un año de las Elecciones locales y regionales. Sin embargo, no existe un mecanismo suficientemente engrasado que permita acelerar el fin de una legislatura más que agotada.

El Gobierno Sánchez-Díaz tomó hace ya tiempo la decisión inquebrantable de invertir todos los recursos públicos necesarios que les permita sobrevivir sin buscar acuerdos entre los grandes partidos, y que sirva para defenderse y contraatacar ante los escándalos, contradicciones y malas decisiones diarias. Ésta es, en definitiva, la realidad a la que nos enfrentamos en los próximos meses hasta el final de la Legislatura.

España Cívica con Marlene Wind: «Nosotros, los europeos, estamos rodeados de autocracias»

Reflexiones de Marlene Wind, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Copenhague, y una de las voces más críticas con el proceso soberanista catalán, realiza unas declaraciones interesantes a la unión de plataformas civiles España Cívica.

Marlene Wind, en conversación con España Cívica

Abandonar el sesgo retrospectivo sobre la historia y la justicia universal 

El intento de deslegitimar la Transición por parte de una juez argentina con la causa contra Martín Villa, es un buen ejemplo del sesgo retrospectivo que impregna la denominada «justicia universal».

FUENTE: El Comercio

Recurrir a una interpretación distorsionada de la Historia es una herramienta frecuente en la denominada «justicia universal». Un ámbito que, cuanto menos, es espinoso y cuando se intenta aplicar en los países desarrollados, supone una extralimitación de las competencias jurisdiccionales.

Uno de los casos más recientes de aplicación de la «justicia universal» ha sido la causa penal abierta en Argentina contra el exministro Rodolfo Martín Villa. Como bien recordaba recientemente Abel Cádiz, se trata de una «juez populista de izquierda, que se sirvió de una sentencia de 1996 en la que la Corte Internacional de Justicia reconocía el derecho de los estados a ejercer la justicia universal en casos de genocidio«.

Este caso se ha convertido en un paradigma claro de utilización de la Justicia con fines revisionistas, incluso llegando al extremo de intentar juzgar la Historia sin haber analizado previamente el contexto del momento en que se produjeron los hechos y, menos aún, eliminando el sesgo retrospectivo después de casi cinco décadas desde el momento que se investiga.

Justicia e Historia son dos ámbitos diferentes. Las herramientas que se utilizan en uno no son válidas para el otro, y viceversa. Más aún cuando en casos como éste, un juez de un tercer país se arroga la facultad de pasar por encima del ordenamiento jurídico de otro país sólo con el pretexto de una mal interpretada y mal aplicada «justicia universal».

La juez argentina Servini, a pesar de no haber obtenido pruebas concluyentes, evidencias suficientes y hechos incontestables contra Martín Villa (así es como lo ha dictaminado la Corte Penal argentina), ha seguido fabricando un proceso sin ningún sentido y, lo que es peor, generando dudas en torno a la legitimidad de la Transición en España.

Es necesario poner fin al uso (y, sobre todo, abuso) de la «justicia universal» como mecanismo de deslegitimación de regímenes plenamente democráticos. Este tipo de causas deben estar reservadas a casos de verdaderos crímenes de lesa humanidad, para lo cual existe y actúa la Corte Penal Internacional. 

Editorial: A los dos años del Gobierno de coalición 

Pocas veces en la historia política reciente el concepto de «equilibrio inestable» se ha convertido en la filosofía y razón de ser principal del Gobierno de un país. Se cumplen dos años de la formación del primer Ejecutivo de coalición en España formado por el PSOE y Unidas Podemos, los cuales para sus protagonistas han sido muy positivos por el número de leyes aprobadas, los acuerdos alcanzados mediante el diálogo social y el reconocimiento de nuevos derechos. 

FUENTE: La Voz de Galicia

Medir así el éxito de un Gobierno es normal y aconsejable en un sistema democrático en el que se producen grandes acuerdos y mayorías cualificadas. Sin embargo, la democracia española no se desenvuelve dentro de unos ejes normales de coordenadas como venía sucediendo desde 1978 ya que, para conseguir los resultados que ponderan los socios de coalición, ha sido necesario naturalizar o normalizar el apoyo explícito y continuo en el tiempo de grupos políticos extremos, cuya finalidad última es acabar con el actual Estado de Derecho.

En este sentido, para valorar la acción del Gobierno de coalición es muy importante el «cómo» se ha llegado a los acuerdos y su sostenibilidad en el tiempo, dado que de otra forma, estaremos ante una versión moderna de la teoría maquiavélica «el fin justifica los medios«. Naturalizar al enemigo constitucional no es una acción inocua. Es un experimento efímero, pero con consecuencias de largo radio. Las democracias liberales no son indestructibles ni tampoco salen indemnes de gobernantes que tensan sus fibras más delicadas.

En un momento político experimental como el actual, el rigor en el análisis da paso a un cálculo probabilístico de cuánto tiempo será capaz el sistema democrático y de derecho español de resistir lo que está ocurriendo sin que se produzcan daños estructurales irreversibles.

No es posible establecer unas tesis racionales si continuamente se están moviendo los ejes de coordenadas hacia lo que en cada momento decide el gobernante. Si se sigue haciendo análisis racional sobre el que se articule una acción política, se caería en el desasosiego permanente y el radicalismo, cosa que ya vienen evidenciando las encuestas de opinión que se van publicando en los últimos meses.

Es exactamente lo que ha sucedido en los últimos dos años en torno a la duración de la coalición. Los pronósticos más desfavorables no se han cumplido porque las tesis que los fundamentaban estaban basadas en análisis racionales y en la ética de qué es posible y qué no lo es. Sin embargo, la frontera de lo «posible» se ha ampliado mucho más de lo que la racionalidad política era capaz de prever.

Dos años dan para mucho cuando la dinámica política no es la normal. Una coalición que ha vivido dos etapas muy diferenciadas: por un lado, la constitución del Gobierno y la primera parte de la pandemia; y, por otro lado, el cambio de Gobierno efectuado por el presidente Sánchez para intentar detener la crítica interna del PSOE tras las Elecciones Autonómicas de Madrid. Una historia trufada de desencuentros, salidas de tono, episodios rocambolescos (el caso último de la ganadería intensiva y el ministro de Consumo, sin ir más lejos) y otros de mayor consideración. 

Ante esta situación, no es razonable una estrategia de «wait and see», sino una acción y un discurso político fuera del eje de coordenadas marcado por el Gobierno de coalición, que recoja y sea fidedigno con lo que la sociedad española está viviendo para buscar una amplia mayoría transversal.

 

Entre la reelección de Macron y la refundación del eje franco alemán: las claves de la presidencia de la UE

Comienza el semestre de la presidencia francesa de turno de la Unión Europea casi con el mismo número de tareas pendientes que tenía al principio la presidencia eslovena, a lo que se añaden nuevas circunstancias y cambios de escenario en la política internacional, especialmente en los países geográficamente más próximos. El discurso inaugural del presidente Emmanuel Macron sirvió para enumerar los retos de los próximos seis meses, en un entorno de parálisis de las principales instituciones europeas tras haber realizado el esfuerzo de poner en marcha el Plan de Recuperación durante la segunda mitad de 2020 y la aprobación de algunas leyes como las que regulan el mercado digital europeo

FUENTE: EFE

La presidencia de turno iniciada el 1 de enero se va a mover entre dos aguas: por un lado, la incertidumbre en torno a la reelección en abril de Macron y, por otro lado, la refundación de las relaciones entre Francia y Alemania tras la formación de la coalición social-liberal-verde y los desencuentros en cuestiones esenciales de las últimas semanas.

En el primer caso, aunque las encuestas a 100 días de las Elecciones sean positivas para el actual presidente, está en juego la presidencia de la República. Tal como han señalado varios analistas en las últimas semanas, ninguno de los favoritos en las encuestas en los meses previos a los comicios llegó a ser elegido. Esta regularidad empírica puede resultar especialmente útil en esta ocasión, dada la situación política en Francia que hace menos previsible que en ocasiones anteriores el resultado final. La composición tradicional de los partidos políticos franceses ha estallado en los últimos años, dejando un escenario de fragmentación e imprevisibilidad muy notables, sobre todo en lo que a fortalecimiento de la extrema derecha se refiere.

En el segundo caso, es una incógnita cómo se establecerá la relación entre Macron (o su sucesor a partir de abril) y el nuevo Canciller alemán Scholz. Habiendo perdido el tradicional eje franco-alemán, recomponer la posición de acuerdos estratégicos entre París y Berlín no va a ser tarea fácil, incluso a pesar de una mayor afinidad ideológica como existe tras el cambio de gobierno en Alemania. Por un lado, es necesario poner en práctica diversos paquetes normativos como la regulación de los servicios digitales, los planes estratégicos de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), aprobar y ejecutar regulaciones específicas bajo el paraguas del Green Deal (el caso, por ejemplo, del arancel de carbono en frontera, los acuerdos de reciprocidad con los países de origen de importaciones) o los cambios en el mercado de trabajo, entre otros.

Pero, por otro lado, están varios puntos de importancia trascendental donde los intereses y posición geopolítica de Francia y Alemania no coinciden. Desde la transición energética (en la cual no hay acuerdo en si considerar ‘verde’ la energía nuclear como defiende Francia o el gas como defiende Alemania) a la relación con Rusia (el canciller Scholz habla de ‘refundar’ las relaciones con Putin, en plena época de fuertes tensiones y la consideración por parte de Francia de ‘enemigo geopolítico’), pasando por los planes de reconversión de industrias y sectores para cumplir con los objetivos climáticos.

Éstas son las coordenadas sobre las que se moverá la presidencia francesa en los próximos seis meses. Cabe esperar algunas sorpresas. No hay más que ver el estallido social en Kazajistán, los movimientos de Rusia en la frontera con Ucrania o la propagación de la variante Ómicron en toda Europa. Es necesario estar vigilantes ante el desarrollo de la nueva presidencia de turno, ya que dos semestres después le tocará a España.

La vigencia de nuestra Constitución y los consensos previos para su reforma

Cada 6 de diciembre, la práctica totalidad de los discursos políticos se repiten en los mismos términos: defender la Carta Magna y ponderar el tiempo de estabilidad política y social que ha traído el régimen del 78. También son una constante año tras año las peticiones tanto del mundo político como de otros ámbitos de la sociedad de reforma del marco constitucional, unos con el argumento de que es necesario «actualizar» artículos y disposiciones constitucionales, y otros que consideran que la reforma es el camino para un rediseño del Estado, empezando por la estructura territorial.

Fuente: Ricardo/Asociación de Periodistas Europeos

Tanto los primeros como los segundos cuentan cada año con más adhesiones, hasta el punto de que el término ‘reforma constitucional’ está presente en la mayoría de los discursos de los principales partidos, incluso con rasgos comunes ciertamente razonables. El problema no es conceptual, ni siquiera teórico. Es la falta de un consenso previo y de un clima de entendimiento básico para poder poner en marcha un proceso de reforma constitucional que se ejecute bajo los cauces que regula la propia Constitución de 1978, y que sólo puede acabar de una forma: un consenso de más del 90% del arco parlamentario y de los ciudadanos en referéndum.

Dicho de otra forma: el camino de la reforma sólo puede emprenderse si se sabe cómo se va a acabar. Mientras tanto, el trabajo que debemos desarrollar es el de ir construyendo las bases para el consenso, mejorar el clima político y hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para que la Carta Magna se cumpla «de pe a pa» como comentó el presidente del Gobierno.

Es evidente que bajo el actual marco constitucional hay un amplio margen de mejora tanto en el cumplimiento de algunos principios básicos como la igualdad ante la Ley, como en el ejercicio práctico de ciertos derechos fundamentales, los cuales realmente existen o no en función del territorio donde el ciudadano resida. Del reconocimiento de esta realidad (y del propósito de enmendar estos problemas) debe rebrotar el consenso constitucional del 78. Si no hacemos esto y emprendemos una huída hacia adelante, volverá a suceder lo que ocurrió a principios de los 2000 cuando no se construyó el clima previo ni el consenso suficiente para reformar los Estatutos de Autonomía. 

En definitiva, para que este proceso pueda llevarse a cabo de manera sólida, somos los ciudadanos los que lo debemos impulsar, no los representantes políticos. Deben ser éstos los que pongan voz, diálogo y pedagogía a un consenso previo en la sociedad de qué queremos como país en los próximos años. No hay más que analizar, por ejemplo, las encuestas del CIS por su enorme riqueza de datos más allá de los cálculos de estimación de voto, para darnos cuenta de que hay ciertas tendencias y cuestiones que son compartidas por una gran mayoría de españoles. Ése es el terreno de juego de la reforma constitucional de medio plazo.

Y es que estamos pasando por momentos muy complicados, momentos en los que los españoles necesitan de la certidumbre de que las decisiones estructurales no van a depender de políticas extremistas, rupturistas e iliberales. Este 43º aniversario, especialmente por el contexto en el que nos encontramos, debe hacer que los partidos constitucionalistas recuperen el espíritu de unión con el que la Constitución fue concebida y que nuestro país tanto necesita.

Hasta que los principales partidos constitucionalistas no se sienten a intentar mejorar el país desde la defensa de la Constitución, ‘La España que Reúne’ no cesará en su discurso, sino que lo reforzará, hasta garantizar en nuestro país una correcta gobernabilidad en torno a ésta. No vale el discurso de defensa de la Constitución y luego no defenderla.

En el día de conmemoración, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet eligió unas buenas palabras para celebrar este aniversario; pidiendo a los partidos representados en las cortes la recuperación de la tan necesaria “lealtad constitucional” recordando que “podemos estar en desacuerdo con las obligaciones constitucionales y legales, y hasta intentar modificarlas, pero en tanto que vigentes no es cuestionable su cumplimiento”.

Batet se ha querido centrar en la responsabilidad de los políticos, especialmente ahora tras la pandemia y con el papel tan grande que han cobrado los populismos, presentando a la sociedad “soluciones simples a problemas complejos”. Por otro lado, el clima en el Congreso continúa empeorando mes a mes de manera progresiva entre los principales actores políticos del país. Batet ha alertado ya en varias ocasiones sobre la falta de “educación y respeto” como un gran escollo para la convivencia.

“El comportamiento y la actuación de los representantes políticos se ha convertido en un factor fundamental para el refuerzo de la democracia, de nuestro sistema constitucional; pero también, al contrario, para su cuestionamiento y el alejamiento de parte importante de los ciudadanos, para la traslación a la sociedad del enfrentamiento y la crispación. En definitiva, para la deslegitimación de la propia democracia”, ha señalado Batet.

Por otro lado, quedó clara la falta de respeto por parte de los partidos nacionalistas e independentistas al no acudir a la celebración del aniversario, así como de los representantes de las regiones gobernadas por estos. Era algo esperado, pero no por ello menos desagradable. Esta es la copla habitual del nacionalismo, que obvia que los ciudadanos de todo el territorio español son españoles y no serán abandonados a las imprudencias del nacionalismo porque el texto constitucional será el defensor principal de todos los españoles.

Una historia intelectual de España

«La historia intelectual es una disciplina que estudia la historia de un país desde el punto de vista de las ideas que lo han caracterizado. Podría hablarse también de historia de la mentalidad, en este caso española»

FUENTE: Zenda Libros

Por Joaquín E. Brótons, profesor de Filosofía.

Más allá de los hispanorromanos Séneca y Marcial, y posteriormente de San Isidoro de Sevilla, empezamos esta breve historia intelectual de España en la Edad Media, en el bien entendido de que la era medieval es una era proto moderna.

Así encontramos en la Edad Media tres grandes corrientes intelectuales que influyeron en Europa, ámbito no solo geográfico en el que cabe enmarcar a nuestro país.

Tenemos el averroísmo latino que influyó en la Sorbona de París, a Ramon Lull (que escribe en catalán) y a la Escuela de Traductores de Toledo, que pasó del árabe al latín todo el saber aristotélico que los islámicos habían hecho suyo.

Tras el tránsito del siglo XV a la Edad Moderna, se plantea la cuestión de si hubo Renacimiento en España. La respuesta es que sí. Pérez de Oliva escribe sobre la dignidad al estilo de Picco de la Mirandolla y Erasmo de Rotterdam es traducido con profusión al castellano. Su influencia llega hasta El Quijote.

Pero con el descubrimiento y posterior conquista de América surge la cuestión de los indios. Las Casas y Ginés de Sepúlveda mantienen a mediados del siglo XVI un debate conocido como Junta de Valladolid sobre la esclavitud sin resultado concluyente. Todos los países han llevado a cabo una revisión de su pasado imperial y España no puede quedar fuera. El hecho de que ya entonces se debatiera sobre la legitimidad de la conquista y la esclavitud nos permite realizar una autocrítica fundada en la misma Junta de Valladolid. Por tanto, ni leyenda negra ni leyenda rosa sobre América sino la verdad.

El autor más importante del Renacimiento español es Juan Luis Vives, exiliado en Brujas, pero formado en la recién creada Universidad de Valencia. El exilio de Vives nos recuerda el conflicto con los judíos españoles. Y a finales del siglo tenemos a Francisco Suárez, el metafísico de la Universidad de Salamanca, exiliado a su vez en Coímbra (Portugal) después de la Contrarreforma.

Es de este modo como mientras el fantasma de la dignidad humana había recorrido España en el siglo XVI, el fantasma de la tolerancia que empieza a recorrer Europa en el siglo XVII topa con la cerrazón de los Pirineos. Esto no imposibilitó que hubiera actividad intelectual en España, pero sin duda la dificultó mucho. Gracián escribe a mediados del siglo XVII con bastante libertad, pero desde puestos muy modestos. Por otro lado, Descartes es traducido al castellano en Valencia a finales de este siglo, iniciando lo que cabe llamar Ilustración española que pese a todos los obstáculos existió y es digna de mención.

Así pues, del siglo XVIII español cabe destacar fundamentalmente dos autores: Feijoo como divulgador de las Luces (en concreto de los novatores) y Piquer, catedrático de la Universidad de Valencia, el primer autor moderno de la cultura española en sentido amplio. Hay muchos más ilustrados, algunos encarcelados por la Inquisición, y también cabe mencionar la fundación a finales de siglo de las Sociedades Económicas de Amigos del País.

Con esto entramos en la Edad Contemporánea, que es la nuestra. Aquí se mezclan la política con las ideas, en primer lugar en las fallidas Cortes de Cádiz. Los errores son varios pero podemos destacar la cuestión del sufragio, que Jovellanos tildó de “desgraciada”, y la cuestión del unicameralismo, que Blanco White rechazó.

La revolución española fracasa en la configuración de un Estado moderno. Balmes, el joven filósofo, muere tempranamente en 1848. La posterior Restauración no consigue industrializar España. Finalmente, con la pérdida de Cuba se acaba lo que quedaba del Imperio español.

El siglo XX se inicia, pues, con grandes retos a los que hacer frente pero el reformismo (que encuentra en Ortega su correlato intelectual) se ve abocado también al fracaso. Así llegan, tras la dictadura de Primo de Rivera, la 2ª República y la posterior Guerra civil, que es fundante respecto del actual Estado español. Franco sí logra industrializar España, digamos, manu militari, y la Constitución democrática de 1978 cumple el viejo programa republicano salvo en la figura del Rey.

Desde el punto de vista intelectual es reseñable que muchos autores hasta entonces poco o nada traducidos empiezan a aparecer en el panorama editorial español. Por fin toda la filosofía moderna es trasvasada al castellano y aun a otras lenguas peninsulares. España entra en la actual Unión europea en 1986.

Con la democracia se consolida la filosofía en la Universidad, con autores destacados como Eugenio Trías, fallecido en 2013. Otro cantar es la Educación Secundaria, casus belli de la política.

Esta es a grandes rasgos la historia intelectual de España. Se ha dicho que la mentalidad española es realista. Un cierto realismo recorrería la historia de las ideas en España desde Suárez hasta Ortega. Ferrater Mora hablaba en este sentido de una filosofía fiel a la realidad que también caracterizaría a la filosofía catalana.    

Sea como fuere, la España del siglo XXI es un país que lucha por ser definitivamente moderno.

Joaquín E. Brotons, profesor de filosofía, ha publicado sobre esta cuestión Una imagen de España (Adarve, 2019).

Politización, redes clientelares y búsqueda de rentas: los riesgos para la Administración Pública

El corazón del funcionamiento del Estado ha sufrido dos ataques relevantes en los últimos días: por un lado, el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición y sus socios habituales para convertir en fijos a los trabajadores públicos interinos que lleven cinco años en su plaza sin necesidad de opositar. Y, por otro lado, la incapacidad de los dos grandes partidos de reformar el sistema de elección de cargos en los diferentes órganos constitucionales con carácter previo a un nuevo apaño como ha sido habitual en las últimas décadas.

Fuente:EFE

Tanto el primero como el segundo son acuerdos que socavan la calidad institucional, generando incentivos perversos tanto en el funcionamiento de la actual Administración como, muy especialmente, para los que serán los funcionarios y cargos públicos del futuro. Desaparece todo incentivo al mérito, la capacidad, el esfuerzo y la honorabilidad, valores sin los cuales no habría sido posible construir uno de los aparatos más relevantes que sostienen cada día a España. Son sustituidos por la proximidad de agenda política, la búsqueda de subterfugios que permita prosperar en ciertas carreras públicas con situación de ventaja injusta frente al resto o, simplemente, la búsqueda de rentas y poder que permita lucrarse económica y políticamente más que si se siguieran los cauces normales. 

Con todos los defectos y necesidades de reforma tanto del sistema de acceso a la función pública como de la escala informal que permite conseguir cargos de relevancia dado un currículum virtuoso, España ha construido a lo largo de las décadas un sistema razonable de ascensor social, el cual ha sufrido un deterioro constante en los últimos años debido a la extensión progresiva de redes clientelares basadas en organismos públicos paralelos controlados por los partidos políticos, elección arbitraria de altos cargos sin un preceptivo concurso de méritos serio y consistente, y la rebaja de las exigencias de estudio, conocimientos y competencias en los sucesivos pasos para alcanzar un puesto público.

Dada esta situación, es urgente un plan de reversión del deterioro institucional que recupere lo mejor del ascensor social construido en las últimas décadas, mejorando y cambiando lo que no funcionaba previamente. En esta discusión, un punto relevante es la igualdad de oportunidades, especialmente desde el punto de vista laboral y financiero. La creación de empleo público debe hacerse más eficiente, con un concurso de méritos y especial hincapié en aquéllos que tienen menos recursos, para acceder tanto a los puestos ordinarios como posteriormente a cargos de relevancia.

Estamos confundiendo gravemente el concepto de ‘interinidad’ con el de ‘temporalidad’, lo cual no se puede resolver a golpe de decreto, generando no sólo una discriminación frente a los empleados públicos que sí han opositado de forma completa, sino también con respecto a los trabajadores del sector privado, afectados por una ‘temporalidad oculta’ como es el elevado porcentaje de ocupados fijos pero a tiempo parcial. Aunque la medida se venda como ‘excepcional’ y por ‘sólo una vez’, no ha sido, ni es, ni tristemente será la última vez que esto suceda en el período democrático.

Vertebración ibérica

España, con una superficie de algo más de medio millón de kilómetros cuadrados e integrada en la Península Ibérica con casi seiscientos mil kilómetros cuadrados, es un territorio que nunca ha estado bien vertebrado, desde un sentido estructural de comunicación. 

Fuente:EFE

Se decidió que desde Madrid, en una configuración radial, se había determinado el modelo, bien es cierto que el territorio madrileño quedaba bien comunicado, por el contrario, la deficiencia de articular un sistema de redes que vertebrara todo el espacio geográfico, no se había hecho.

Y lo que es peor, por razones que más adelante analizaremos, todo el movimiento económico de transporte de mercancías, o una gran parte de este, se realiza a través del eje Mediterráneo, por lo que las cargas se trasladan de Oeste a Este, con el consiguiente incremento de costes y desplazamiento de las empresas, produciéndose como consecuencia el vaciamiento de los territorios del interior de la Península.

Pues bien, si entendemos que esto es así y que no tiene ningún sentido dejar muerto en actividad a las tres cuartas partes del país, debemos ser capaces de aportar capacidad productiva a la totalidad del territorio nacional, y esto significará que los sectores económicos, todos ellos, tendrán desarrollo suficiente para garantizar que las crisis económicas no tengan un impacto tan radical como sucede ahora. Hay que tener en cuenta que nuestro eje principal en economía productiva es el sector servicios, soportado por el turismo, pues bien: ¿qué sucede cuando llega una crisis? Que las personas lo primero que dejan de gastar es en servicios de ocio, cultura, turismo… y lo peor es que cuando se supera el momento, es lo último que incorporan a sus vidas.

Por tanto, sin renunciar a este capítulo, es necesario que la industria, en su más amplio espectro, se desarrolle y lo haga por todas las comunidades, pero para esto se debe estructurar bien todo el país y, por tanto, conseguir una complementariedad idónea entre la producción y el transporte de las mercancías hasta los mercados. Esto significa que es preciso conseguir una vertebración de todos los territorios para hacer dinámico y rentable el comercio.

Planteémonos cómo sería una competitiva estructuración de la Península Ibérica que permita evitar los cuellos de botella, que se producen en la actualidad, en las salida de Port Bon e Irún: 1-La activación del Eje 16 de la Red Transeuropea de Transporte: Sines/Algeciras- Madrid-Zaragoza- París, atravesando el Pirineo por la provincia de Huesca. 2-El Corredor Cantábrico- Mediterráneo. 3- Corredor Atlántico. 4- Corredor Atlántico- Mediterráneo. 

Todo esto daría un importante papel logístico a la Península Ibérica, conectando África con Europa y salida a través de la red de Puertos del Estado. Imaginemos el significado que tendría esta nueva imagen con una evolución empresarial aprovechando los recursos que se dan en todo el espacio peninsular debido a la enorme capacidad comercial que se desarrollaría.

Esta articulación, apoyada con el desarrollo tecnológico correspondiente, permitiría un radical cambio en lo que ahora se conoce como la España vaciada, sin duda, la producción industrial se vería multiplicada como un sembrado productivo.

Como menciono en la primera parte del artículo, la situación actual es que un eje principal de salida a Europa es el Mediterráneo, y la pregunta sería: ¿por qué solo este?, y la respuesta viene dada: por una exclusiva cuestión, es un tema político. El desarrollo turístico está basado de forma importante en el Mediterráneo, lo que hace que la población establecida en ese lugar derive en el mayor número de representantes políticos (diputados, senadores, ayuntamientos, comunidades ) y esto significa que el interés por la zona margina al resto del país, con exclusión de Madrid y poco más.

Creo que mentalizarnos de que España con Portugal conforman un potencial económico de enorme capacidad, debe ser la tarea en la que tenemos que trabajar para hacerla realidad. Es absurdo que siendo la Península Ibérica un nudo de conexión comercial tan fundamental lo dejemos escapar por algo tan mezquino y temporal como una posición política que, además, es artificial. Hagamos que la vertebración ibérica sea el interés de todos.

Anulados los dos primeros estados de alarma

‘La España que Reúne’ ha hablado con Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, para analizar tanto el pronunciamiento del Alto Tribunal como sus consecuencias

Fuente:EFE

El profesor Betancor piensa que esta situación “ha sido una anomalía para el andamiaje jurídico, nuestro derecho no estaba preparado para afrontar una situación como esta y como no estaba preparado se ha tenido que improvisar, y se ha improvisado optando por la solución más restrictiva. Ahora, tras un control de constitucionalidad de estas medidas, se han visto los perjuicios que han ocasionado estas decisiones tanto en lo que se refiere a la desaparición del Congreso, como a la supresión desproporcionada de los derechos de los ciudadanos”.

La tesis central de la ponencia es que el Congreso renunció a ejercer sus funciones de control tanto en lo relativo a la larga duración del estado de alarma, como a las medidas tomadas en relación a la restricción de derechos que ello iba a suponer. El auto consideraba reprochable que el decreto del segundo estado de alarma diera luz verde a una delegación de competencias a las regiones para adoptar medidas de limitación de derechos fundamentales sin que las Cámaras tuvieran conocimiento previo de su naturaleza y duración, así como potestad para rebatir esta medida.

Además de todo esto, la norma abría la puerta a que las órdenes y disposiciones acordadas por cada ejecutivo regional acabasen finalmente en los tribunales ante la nulidad de los preceptos del Real Decreto que las autorizaba a ello. Con todo, el pronunciamiento más duro se centra en la falta de control parlamentario en el medio año que se alargó esta segunda prórroga. En palabras del Tribunal Constitucional, «se realizó de un modo por entero inconsistente con el sentido constitucional que es propio del acto de autorización y sin coherencia alguna».

Para Andrés Betancor, la gravedad del problema de la suspensión de las funciones de control al Ejecutivo por parte del Congreso de los Diputados, “el Congreso no pudo ejercer ningún tipo de control efectivo, aunque comparezcan el presidente y los ministros. Esto no quiere decir que sea efectivo. Que la cámara que representa al pueblo español no haya podido desplegar ninguna de sus herramientas ante una medida que tiene una incidencia tan restrictiva y desproporcionada sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía, es un agujero negro en el funcionamiento del Estado democrático de Derecho que ha sido corregido por el tribunal de garantías, declarando inconstitucional la omisión de estas medidas”, concluye Betencor.

Es evidente que la situación que provocó el coronavirus desde su llegada a nuestro país a finales de febrero de 2020 provocó una situación desconocida que había que abordar con celeridad para tratar de frenar el avance del virus entre la población española. Es cierto que se desconocía cómo este virus iba a actuar entre la población y era complicado de atacar por esta falta de información. El Gobierno central actuó más tarde que sus homólogos europeos pero, lo más importante, es que lo hizo y, según las últimas sentencias del Constitucional, mal.

Si en julio el debate se centró en el alcance de la suspensión de los derechos a la ciudadanía, ahora en esta última resolución el Pleno ha rebatido la cogobernanza con las comunidades y la ausencia total de control parlamentario en los seis meses que duró la prórroga, una anomalía democrática que no se contempla en ninguna regulación del estado de alarma. Con todo, no solo han recibido reproche los Reales Decretos aprobados. El tribunal de garantías también pone el foco en la resolución del Congreso de octubre de 2020 con la que se autorizó la continuidad de esta anomalía jurídica y la ausencia de revisión en seis meses que duró la prórroga, a pesar, insistimos, del carácter tan extraordinario de esta medida.