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Alemania ya no puede tratar a AfD como un accidente

El problema para Europa no es únicamente que AfD pueda gobernar algún día Alemania. Es que el avance iliberal está consiguiendo algo anterior y quizá más importante: cambiar lo que las democracias europeas consideran políticamente normal.

FUENTE: EFE

El dato más inquietante de las elecciones de Sajonia-Anhalt no es sólo el 43,8% obtenido por Alternativa para Alemania. Es todo lo que rodea a ese porcentaje. AfD sumó 576.037 votos, 23 puntos más que en 2021, mientras la CDU se desplomó del 37,1% al 17,2%. Y no ocurrió gracias a una abstención excepcional que permitiera a una minoría movilizada apropiarse del resultado: participó el 77,8% del electorado, la cifra más alta registrada en unas elecciones regionales desde la reunificación. AfD ganó con claridad una elección muy participada. Los resultados provisionales oficiales de Sajonia-Anhalt

Tampoco sirve ya la caricatura sociológica de una extrema derecha sostenida exclusivamente por hombres mayores, resentidos y habitantes de las zonas rurales. AfD fue la primera fuerza en todos los grupos de edad: alcanzó el 41% entre los menores de 25 años y llegó al 52% entre los votantes de 35 a 44. La transversalidad generacional convierte el resultado en algo cualitativamente distinto. No estamos viendo simplemente cómo envejece un resentimiento; estamos viendo cómo se reproduce.

Y conviene añadir una precisión que separa este caso de una victoria convencional de la derecha populista. La organización de AfD en Sajonia-Anhalt está clasificada desde 2023 por la Oficina regional de Protección de la Constitución como una organización de extrema derecha confirmada. El informe oficial de 2025 señala que su discurso está atravesado por una concepción étnica del pueblo incompatible, según el organismo, con principios esenciales del orden democrático y con la garantía constitucional de la dignidad humana. AfD mantiene abierto un procedimiento contra esa clasificación. No debe confundirse esta situación regional con la controversia judicial todavía pendiente sobre la calificación de la organización federal, pero tampoco puede rebajarse lo sucedido: una formación oficialmente vigilada por extremismo acaba de quedarse a tres escaños de la mayoría absoluta de un Parlamento regional alemán. La valoración oficial del servicio de protección constitucional de Sajonia-Anhalt

El peligro empieza cuando deja de parecer extremo

Interpretar el 43,8% como si casi la mitad de Sajonia-Anhalt se hubiera convertido repentinamente al extremismo sería tan cómodo como inútil. Parte del éxito de AfD nace de problemas perfectamente reconocibles: estancamiento económico, temor ante la pérdida de industria, coste de la vida, inmigración, sensación de abandono en el este y una desconfianza monumental hacia el Gobierno federal. El 87% de los electores del Land se declaraba insatisfecho con el Ejecutivo de Friedrich Merz y, entre los votantes de AfD, dos tercios consideraban que recibían menos de lo que justamente les correspondía.

Ésa es precisamente la parte peligrosa. No hace falta que una sociedad se vuelva extremista para que una formación extremista pueda conquistarla electoralmente. Basta con que consiga convertirse en el vehículo más eficaz para expresar agravios que sí son mayoritarios. La seguridad económica, la inmigración, el declive industrial o la distancia entre gobernantes y gobernados dejan entonces de discutirse dentro del perímetro político tradicional y empiezan a formularse mediante las soluciones de quien había vivido fuera de él.

El fenómeno tampoco está confinado a un Land oriental. En las elecciones federales de 2025, AfD ya había duplicado su resultado nacional, pasando del 10,4% al 20,8% y convirtiéndose en la segunda fuerza del Bundestag. Las encuestas publicadas esta semana la sitúan ahora entre el 27% y el 29%, claramente por delante de la CDU/CSU. Y el próximo 20 de septiembre hay elecciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde Infratest dimap acaba de situarla en el 35%, más del doble del 16,7% obtenido en 2021. Resultado oficial de las elecciones federales de 2025

La frontera decisiva está cerca. AfD tiene 39 de los 83 diputados de Sajonia-Anhalt. Si consiguiera gobernar, dejaríamos de hablar de influencia sobre el debate para hablar de control sobre instituciones. Un Gobierno regional dispone de competencias sobre policía, educación, administración y medios públicos. Más delicado todavía: el Ministerio del Interior supervisa la propia Oficina de Protección de la Constitución que actualmente vigila a AfD. Los servicios de seguridad alemanes están estudiando ya qué información sensible podría compartirse con un Ejecutivo dirigido por una organización que ellos mismos consideran extremista.

Éste es el verdadero problema del iliberalismo moderno. Rara vez comienza quemando constituciones. Llega mediante elecciones, obtiene competencias ordinarias y después empieza a redefinir qué medios son legítimos, qué jueces estorban, qué asociaciones merecen financiación, qué minorías pertenecen plenamente a la comunidad nacional o qué órganos de control son sospechosos porque contradicen la voluntad de la mayoría. La democracia continúa celebrando elecciones mientras van debilitándose los contrapesos que impiden que una victoria electoral equivalga a disponer del Estado.

Cuando Alemania gira, Europa se desplaza

Sería un error considerar todo esto una peculiaridad de la antigua Alemania Oriental. Si AfD estuviera creciendo de esta manera en Eslovaquia o Bulgaria, el problema sería grave. Que ocurra en Alemania lo convierte además en un problema estructural de la Unión Europea.

Alemania representa el 23,8% del PIB comunitario, 4,5 billones de euros, y es con diferencia la mayor economía de la UE. Sus 83,5 millones de habitantes equivalen al 18,47% de la población utilizada para calcular las mayorías en el Consejo y dispone del máximo de 96 eurodiputados. Alemania no puede imponer por sí sola una política europea ni bloquear unilateralmente una mayoría cualificada, pero prácticamente ninguna gran coalición estable en materia fiscal, industrial, climática, migratoria, defensiva o presupuestaria puede comportarse como si Berlín no existiera.

El efecto europeo, además, puede producirse mucho antes de que AfD llegue a la Cancillería. Si la CDU concluye que necesita endurecer sus posiciones para recuperar electores, cambia la política alemana. Si ese cambio alemán modifica la posición del Consejo sobre inmigración, transición energética o asilo, cambia la política europea. La extrema derecha no necesita gobernar para gobernar una parte de la agenda.

La evidencia comparada debería hacer reflexionar especialmente sobre esa estrategia. Una investigación académica publicada este mismo año, basada en 14 elecciones de elevada saliencia migratoria, concluye que los partidos tradicionales no obtienen beneficios electorales claros endureciendo sus posiciones para competir con la derecha radical. Otros estudios comparados llegan incluso a advertir que esa acomodación puede legitimar al partido radical y favorecer que el elector termine prefiriendo al propietario original del discurso.

Europa ya dispone de un ecosistema preparado para amplificar el movimiento. Patriotas por Europa tiene actualmente 85 diputados, entre ellos Rassemblement National, Vox, el FPÖ austriaco y Fidesz; los Conservadores y Reformistas Europeos suman 84; y Europa de las Naciones Soberanas, donde se integra AfD, otros 27. Son 196 de los 719 diputados actuales del Parlamento Europeo. Sumarlos como si formaran una única organización sería incorrecto: Meloni no es AfD, existen diferencias sustanciales sobre Rusia, Ucrania, la OTAN, la UE y la economía. Pero sí demuestra que el espacio político situado a la derecha del Partido Popular Europeo ha dejado de ser una periferia parlamentaria.

Austria ya vio al FPÖ ganar las elecciones generales de 2024 con el 28,8%, aunque finalmente quedó fuera del Gobierno. Giorgia Meloni acaba de convertir su Ejecutivo en el más longevo de la República italiana. Rassemblement National es una fuerza central de la política francesa. Viktor Orbán perdió finalmente el Gobierno húngaro este año, demostrando que el movimiento no es irreversible. La tendencia europea no avanza en línea recta, pero su dirección de fondo resulta difícil de ignorar: la derecha radical ha dejado de discutir si puede entrar en las instituciones y empieza a discutir cuándo podrá dirigirlas.

España no está fuera del mapa

España se encuentra lejos del escenario de Sajonia-Anhalt. Conviene decirlo antes de establecer comparaciones fáciles. Vox es una formación parlamentaria consolidada y no puede colocarse sin más en la misma categoría jurídica o política que organizaciones neonazis extraparlamentarias. Tampoco Frente Obrero es equivalente a Núcleo Nacional. Precisamente lo interesante es observar cómo determinadas ideas circulan entre espacios que no son equivalentes.

El primer nivel es electoral. Vox cuenta con seis eurodiputados dentro de Patriotas por Europa y el último barómetro de 40dB. lo sitúa en el 17,8%, beneficiándose especialmente del endurecimiento del debate migratorio.

Más abajo está ocurriendo algo distinto. Núcleo Nacional, organización ultraderechista monitorizada por las fuerzas de seguridad y vinculada al discurso del «gran reemplazo» y la «remigración», se registró el pasado febrero como partido político con el nombre de Noviembre Nacional y ámbito estatal. El salto es pequeño en términos electorales, pero significativo en términos políticos: una organización nacida en Telegram, las protestas callejeras y la estética de la militancia encapuchada intenta trasladarse a una papeleta. El registro de Núcleo Nacional como Noviembre Nacional

También está Isabel Peralta, una de las figuras más conocidas del neonazismo español. El TSJM confirmó el pasado 31 de julio su condena a un año de prisión por provocación a la discriminación y al odio contra inmigrantes marroquíes y musulmanes durante una concentración de 2021. No estamos aquí ante una etiqueta periodística discutible: existe una sentencia.

Frente Obrero merece una lectura diferente y quizá más interesante. No es un movimiento neonazi y sería intelectualmente pobre introducirlo en la misma casilla. Se define a sí mismo como «patriota y revolucionario», pretende fusionar patriotismo y lucha obrera y sostiene en su programa que un país que no controla la inmigración y su «asimilación» está «condenado a desaparecer». Obtuvo algo más de 66.000 votos en las europeas de 2024. Su importancia para este análisis reside precisamente en demostrar que el repertorio nacionalista, identitario y radicalmente antiinmigración ya no viaja exclusivamente por la derecha tradicional: puede combinarse con lenguaje obrerista, anticapitalismo, rechazo de las élites y soberanismo. El programa político de Frente Obrero

Y existe todavía un extremo mucho más pequeño pero incomparablemente más peligroso. Ayer mismo, un juez de la Audiencia Nacional propuso juzgar al presunto responsable en España de una célula de The Base, organización terrorista neonazi y aceleracionista. La acusación sostiene que captaba y adoctrinaba militantes para la llamada «sucesión blanca», promovía entrenamiento con armas y pretendía utilizar el caos y la violencia para provocar un cambio político. Es un procedimiento pendiente de juicio y, por tanto, debe hablarse de acusaciones, no de hechos condenados. Pero su existencia recuerda que el universo radical posee también una periferia que ya no pretende ganar votos, sino acelerar el colapso del sistema.

El contexto social tampoco invita a la indiferencia. Interior registró en 2025 2.417 delitos e incidentes de odio, un 23,6% más que el año anterior y el máximo de la serie histórica; 934 estuvieron relacionados con racismo o xenofobia. Una cifra policial no permite atribuir causalidad a un partido ni convertir cualquier discurso duro sobre inmigración en violencia. Sí demuestra que el terreno en el que se está produciendo esta radicalización no es abstracto.

La advertencia alemana

La lección de Sajonia-Anhalt no consiste en anunciar un nuevo 1933 cada vez que AfD gana unas elecciones. Ese recurso termina banalizando aquello que pretende denunciar. Alemania sigue teniendo una Constitución robusta, tribunales independientes, una sociedad civil poderosa y la arquitectura de una democracia militante concebida precisamente para defenderse de quienes utilicen sus libertades para destruirlas.

La advertencia es más incómoda.

Durante años Europa se tranquilizó pensando que las fuerzas iliberales tenían un techo, que gobernar las moderaría, que los cordones sanitarios las desgastarían o que sus electores volverían a los partidos tradicionales en cuanto desapareciera una determinada crisis. Ninguna de esas hipótesis ha funcionado de manera universal. En Sajonia-Anhalt, el cordón sigue existiendo y AfD ha llegado al 43,8%. En el conjunto de Alemania, después de duplicar su voto en 2025, se mueve ya alrededor del 28%.

El peligro no empieza cuando la extrema derecha obtiene el poder. Empieza cuando deja de parecer extremo entregárselo.

Y quizá ésa sea la razón por la que España debería mirar con especial atención a Alemania. No porque Núcleo Nacional vaya a obtener mañana un 40% ni porque todos los movimientos mencionados sean comparables, sino porque las ideas recorren distancias mucho más deprisa que los partidos. La «remigración», el reemplazo demográfico, la identificación del discrepante como enemigo interno, la deslegitimación sistemática de jueces y medios, la reducción de la ciudadanía a pertenencia cultural o étnica y la idea de que una mayoría electoral debería poder gobernar sin demasiados límites forman ya un lenguaje político transnacional.

El resultado alemán demuestra hasta dónde puede llegar cuando el malestar ordinario encuentra en ese lenguaje su única traducción política eficaz. Lo verdaderamente inquietante no es que el 43,8% de Sajonia-Anhalt se haya vuelto extremista. Es que una organización considerada extremista haya conseguido convertirse, para el 43,8%, en una respuesta normal.

Sobre el lenguaje políticamente correcto

Por Ricardo Moreno Castillo

FUENTE: EFE

El Parlamento de Andalucía ha puesto en marcha planes de formación dirigidos a su personal funcionario para promover el uso de un lenguaje claro, accesible e inclusivo para la igualdad de género. Esto supone una gran desilusión para muchos ¿Es que hasta el centro derecha, en quien tantos confiamos cuando llegue la hora de desmontar todos los despropósitos de sanchistas, podemitas y demás ralea, va a caer también en los prejuicios de lo políticamente correcto?

El lenguaje evoluciona siguiendo unas leyes que nada tienen que ver con el feminismo, ni el machismo ni el sexismo. En latín había tres géneros: Totus, tota, totum, y al caer la consonante final, el neutro coincidió con el masculino, de modo que “todos” se convirtió en una palabra polisémica (se puede referir a un colectivo formado solo por hombres o por hombres y mujeres) y “todas” siguió significando un colectivo en que sus componentes son mujeres o seres que se designan con una palabra femenina (como cuando decimos que “todas las hienas son carroñeras” y no hace falta decir “las hienas son carroñeras y carroñeros” porque no se refiere al género, sino a la especie, que se denomina con una palabra femenina, y nadie piensa que con esta afirmación se está excluyendo a los machos). Querer paliar esa desigualdad usando el “todes” no es más que una tontería propia de ignorantes.

Pero por distintas razones, la evolución también ha dado lugar a palabras gramaticalmente femeninas aunque se refieran a hombres o mujeres indistintamente. Es correcto decir “todas las personas que estábamos allí nos sentíamos muy contentas”, aun cuando esas personas sean todas hombres. Sería un poco estúpido que una asociación de machos oprimidos reivindique que se ha de decir “las personas y los personos” (y ya puestos a afinar, también “les persones”, no vaya a ser que quienes poseen sexo fluido se sientan excluidas). Y decimos que “el accidente causó numerosas víctimas” aunque no todas sean mujeres, y no hace falta decir “las víctimas y los víctimos” para que las victimas de sexo masculino no se consideren menospreciadas. Y cogemos un niño en brazos decimos “¡Pero que criatura más linda!”, aunque la tal criatura sea un niño, y también decimos de alguien que “es buena gente” aunque ese alguien sea un hombre, y si ese hombre se siente ofendido porque se le ha adjudicado un adjetivo en forma femenina, pues ese hombre es un imbécil, y no alguien legítimamente preocupado por la igualdad. Y aceptamos que se diga de una mujer que “es un gran personaje” o de un hombre que “es una gran celebridad” sin que ni la primera ni el segundo (si son medianamente listos) tengan razones para sentirse ninguneados. Incluso la palabra “palabra” es femenina, aunque se refiera a un nombre masculino Decimos por ejemplo “coche es una palabra masculina”, y “masculino” va en femenino para concordar con “palabra”. ¿Habría que decir “palabras femeninas” y “palabros masculinos” para ser coherentes? Un poco de cordura, por favor.

Curiosamente, el masculino inclusivo se usa con la mayor naturalidad cuando se trata de algo peyorativo y entonces nadie se mosquea. Si alguien dice que “hay que perseguir a los corruptos, castigar a los ladrones o encarcelar a los asesinos”, nadie entienda que no haya que perseguir a las corruptas, ni castigar a las ladronas ni encarcelar a las asesinas. ¿Por qué será?

De hecho, en casi todos los colectivos el individuo es una palabra masculina y el colectivo se nombra con una palabra femenina: la palabra “ciudadano” es masculina, en cambio “la ciudadanía” es femenina, “el ser humano” es masculino, “la humanidad” es femenina (y si ningún hombre se siente excluido por usar la palabra humanidad, ninguna mujer tiene por qué sentirse excluida cuando se habla de “seres humanos”), “el policía” es el individuo y “la policía” es la institución. Claro que desde que hay agentes femeninos, el grupo nominal “la policía” se convirtió en polisémico, porque puede referirse tanto a la institución como a la agente de sexo femenino, pero la diferencia siempre la aclara el contexto, y no hace falta decir “las policías y los policíos”.

Uno de tantos despropósitos que proponen las normas promulgadas por la Junta de Andalucía es sustituir “los usuarios” por “las personas usuarias”, con lo cual se alarga innecesariamente la palabra y no se gana nada, porque se sustituye una palabra masculina, pero en este caso inclusiva, por otra palabra, igualmente inclusiva, pero femenina, y si las mujeres tienen derecho a sentirse excluidas por decir “los usuarios” idéntico derecho tienen los hombres a sentirse también excluidos por decir “las personas”.

También se aconseja alternar el orden (a veces el femenino primero, otras el masculino) para garantizar la simetría. Eso también es una mentecatez. Cuando un conferenciante se dirige a un colectivo suele decir “señoras y señores” o “damas y caballeros” (y nunca “caballeros y damas”), y no pasa nada. Si en ciertas construcciones ya está consagrado por el uso empezar por la palabra femenina, no hay razón alguna para alterarlo, y ningún varón (salvo que sea tonto de capirote) tiene motivo para sentirse arrinconado por pertenecer al colectivo nombrado en segundo lugar. También aconsejan las normas dictadas por la Junta usar las palabras “jefa”, “letrada” “ingeniera”, lo cual ya se hace desde siempre sin necesidad de normativa alguna, y esto es así porque son palabras que admiten la doble terminación (por razones puramente gramaticales, no sexistas) mientras que otras no admiten esa doble terminación: no es correcto decir “la reina regenta” ni, “el atleto”, ni “el ciclisto”, ni “la remitenta”, ni “el pediatro”, ni “el comunisto”, ni “el idioto”, ni “el gilipollos”, ni el “socialisto”, ni “el siquiatro”, ni “el nacionalisto”, ni “el patrioto”, ni “la abajo firmanta”, ni “el poeto”, ni el “novelisto”, ni “el artisto”, ni “el gimnasto”, ni “el masajisto”, ni “el periodisto” ni mucho menos (porque sonaría un poco feo) “el logopedo”. Lo mismo sucede con los nombres de animales, algunos admiten la variación de la vocal final para distinguir el macho de la hembra (como “el león y la leona” o “el lobo y la loba”) y otros no (y por ello decimos “la jirafa macho” o “el lince hembra” y no “el jirafo” o “la lincesa”), y esto no obedece a prejuicios de superioridad de unas especies sobre otras, sino a razones que solo las pueden explicar la gramática histórica y la etimología, no la zoología.

Defendiendo una causa justa también se pueden hacer o decir tonterías, con lo cual se desprestigia la causa que se pretende defender y en consecuencia, en lugar de hacerla progresar, se la hace retroceder. Y si hay alguna a la que se está perjudicando por culpa de la estupidez de sus defensores (y nótese que no digo “y defensoras” porque se sobreentiende que la estupidez no es exclusiva del sexo masculino) es precisamente la del feminismo. Y tan es así que muchos jóvenes, al ser interrogados sobre el tema, dicen: “Yo creo que los hombres y las mujeres han de tener idénticos derechos, pero no soy feminista”. Se ha llegado a tal extremo de degradación que ya no se identifica el feminismo con la legítima lucha por la igualdad de derechos, sino con las toneladas de majaderías que se han vertido sobre una causa indiscutiblemente justa hasta dejarla irreconocible.

Políticos de centroderecha, están ustedes cometiendo un error. Por no querer parecer demasiado reaccionarios, están asimilando algunos tics estúpidos de la izquierda. Pero entonces se vuelven más reaccionarios todavía, porque la estupidez es siempre reaccionaria, rancia y retrógrada, aunque sea sostenida por un izquierdista con el puño en alto. Solo la inteligencia es auténticamente progresista y luminosa, aunque para expresarse tenga que utilizar discursos políticamente incorrectos y poco gratos a oídos de progresistas de salón y revolucionarios de opereta. Dejen de gastar dinero y tiempo en tonterías, y traten a los electores como personas inteligentes. Eso, además, tendrá más réditos electorales que si se les trata como tontos.

La revancha

Por Juan-José López Burniol

FUENTE: EFE

Desde hace algunos años, ha ido tomando cuerpo en España una insistente ansia de revancha de nuestra última contienda fratricida, que estalló hace noventa años. Esta revancha se libra como una nueva guerra civil, afortunadamente híbrida, en la que no se combate con ejércitos convencionales y en campos de batalla tradicionales, sino mediante la fractura social deliberada y azuzada, el bloqueo y el colapso institucionales y la polarización radical de las posturas, que desembocan en un enfrentamiento civil. Lo que se manifiesta en el alineamiento de dos bandos separados por un muro. Un maldito muro erigido en mala hora por el presidente Sánchez. Estos bandos son los mismos que definió el Pacto de San Sebastián en 1930 y se enfrentaron en 1936. Por un lado, las izquierdas de distinto octanaje, más las derechas separatistas catalana y vasca; y por otro, el resto de las derechas.

El objetivo que persigue esta revancha, iniciada ¡desde el poder! por el presidente Rodríguez Zapatero y potenciada sin límite por el presidente Sánchez, es: a) poner fin a la segunda restauración monárquica instaurada en la persona del Rey Don Juan-Carlos; b) derogar la Constitución de 1978; c) abrogar el Régimen implantado por ella; d) derrocar al Rey Don Felipe, para conectar directamente con la legalidad de la Segunda República (profanada en su día, primero por un bando y luego por el otro); y d) instaurar una Tercera República presidencialista, plurinacional y confederal, que ponga fin a España como nación, es decir, como un ámbito de solidaridad primaria e inmediata conformado por la geografía y por la historia, en el que todos los españoles son iguales.

Otra vez las malditas “dos Españas”. Y seamos claros: no son adversarias, sino que son enemigas. La resolución de su conflicto no atenderá, por tanto, a unas reglas aceptadas por todos, sino al respectivo poder de las fuerzas en presencia, con el apoyo sicario de sus respectivas tropas auxiliares mediáticas.

El choque se iniciará pronto. A lo más tardar, en un año. Y este conflicto civil coincidirá quizá con el estallido de la crisis larvada y agravada de Ceuta y Melilla, que, vistos los antecedentes, acabará en un nuevo 98. Será el “Desastre” final. España estará más sola que nunca, gracias a una política exterior demencial, y no tendrá ni el consuelo de salvar su honor gracias, como siempre, al sacrificio de sus soldados, como sí se salvó en Cuba y Filipinas. ¿Y las consecuencias de esta debacle? Eso, sábelo Dios. En cualquier caso, España perderá. Y entonces, todos, absolutamente todos, podremos decir refiriéndonos a España: “Entre todos la matamos y ella sola se murió”. No habremos sabido preservar ni el legado que recibimos.

En medio de esta penosa situación, que nos aboca al despeñadero, puede ser aleccionador, e incluso ameno, leer un libro reciente del historiador Juan-Francisco Fuentes, catedrático del ramo en la Complutense, que recoge su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Se titula “Hambre de patria” (un título que no refleja la sutileza del texto) y recoge con minucioso rigor muchos aspectos de la peripecia vital, intelectual y sentimental del exilio republicano tras la guerra civil. Una peripecia que cristalizó en una verdad como un templo: la Transición (prescindir del pasado para pactar el futuro) se soñó en el exilio mucho antes de que los de dentro acertásemos ni tan siquiera a imaginarla. Por eso, considero hoy a muchos de los líderes republicanos de entonces como si fuesen “míos” de toda la vida, mientras que desconfío y reniego de nuestros actuales dirigentes. Son legítimos, pero carecen para mí de “auctoritas”, de credibilidad.

Ojalá un líder, tan demócrata como patriota, saque a España de este mal trance desde la ley, con la ley y por la ley. Como cuando de Gaulle levantó a Francia de su “extraña derrota” (Marc Bloch), llevándola a figurar luego entre los vencedores de la guerra. Y como cuando Churchill llevó al Reino Unido a resistir primero para vencer después. Todos necesitamos, a veces, un milagro. Así sea.

Las diez preguntas que España se lleva de vacaciones

Amnistía, Presupuestos, causas judiciales, economía y Europa: un mapa para distinguir lo que está resuelto de lo que volverá en septiembre.

FUENTE: IMAGEN GENERADA POR IA

España llega a agosto con demasiados asuntos abiertos y demasiados relatos que los dan por cerrados. El Gobierno continúa, pero carece de una mayoría estable; la amnistía ha pasado por el Tribunal Constitucional y por Luxemburgo, aunque su aplicación más delicada sigue en manos de los tribunales españoles; las causas judiciales ya no caben bajo una sola etiqueta; la economía mantiene un pulso que contrasta con el deterioro político; y Bruselas entra en la recta final de los fondos extraordinarios que han acompañado a España desde la pandemia.

No faltan noticias. Falta un mapa.

Este no es un inventario de lo sucedido durante el semestre. Es un intento de separar lo que verdaderamente ha cambiado de aquello que apenas ha comenzado; lo que depende todavía de una sentencia de lo que seguirá siendo un problema político; y lo que parece una discusión agotada de aquello que volverá en septiembre con consecuencias nuevas.

1. ¿Puede el Gobierno terminar la legislatura?

Puede hacerlo, pero la continuidad del Gobierno ya no descansa sobre una mayoría parlamentaria reconocible, sino sobre la imposibilidad de sus adversarios y de sus socios de construir una alternativa común.

Las votaciones de julio ofrecen una imagen bastante precisa. El Ejecutivo consiguió evitar, por 178 votos frente a 170, que fueran devueltas las medidas sobre la asunción estatal de parte de la deuda autonómica. En esa misma sesión, sin embargo, perdió la votación de los objetivos de estabilidad necesarios para preparar los Presupuestos de 2027: obtuvo 166 votos favorables, 176 contrarios y cinco abstenciones. Los resultados oficiales del Congreso muestran que la mayoría que permite tramitar una ley puede desaparecer unas horas después ante una decisión presupuestaria.

Ésa es la naturaleza de la legislatura. El Gobierno puede reunir votos, pero no dispone de una coalición parlamentaria capaz de acompañarlo de manera estable. Cada iniciativa exige reconstruir desde cero una mayoría distinta entre partidos que discrepan sobre la política económica, la vivienda, la financiación autonómica, la inmigración o el futuro territorial de España.

Pedro Sánchez conserva una ventaja decisiva: quienes pueden bloquearle no comparten una estrategia para sustituirlo. Pero no ser capaz de derribar a un Gobierno no equivale a proporcionarle una mayoría para gobernar. La legislatura puede prolongarse precisamente porque está bloqueada.

2. ¿Se puede gobernar indefinidamente sin nuevos Presupuestos?

La prórroga presupuestaria está prevista para impedir que el Estado quede paralizado cuando las Cortes no aprueban unas cuentas nuevas. Su finalidad es asegurar la continuidad administrativa, no convertir unos Presupuestos antiguos en el programa económico permanente de gobiernos sucesivos.

España continúa funcionando sobre la prórroga de las cuentas de 2023. Entretanto, el Gobierno ha fracasado ya en la aprobación de la senda de estabilidad para 2027, primer paso de un nuevo proyecto presupuestario. El problema ha dejado de ser únicamente político: el Tribunal Constitucional admitió en febrero el conflicto promovido por el Senado por la falta de presentación de los Presupuestos de 2024, 2025 y 2026. Es la primera vez que estudia un conflicto entre órganos constitucionales basado en una omisión de esta naturaleza.

La Administración puede seguir pagando pensiones, salarios, deuda y servicios públicos. El Gobierno puede aprobar modificaciones de crédito, recurrir al decreto ley y adquirir compromisos con cargo a ejercicios posteriores. Lo que se deteriora es la función presupuestaria del Parlamento: la posibilidad de examinar de manera conjunta cuánto se recauda, en qué se gasta y qué prioridades políticas pretende financiar el Ejecutivo.

El debate no consiste, por tanto, en determinar si el Estado puede sobrevivir sin nuevas cuentas. Puede hacerlo. La cuestión es durante cuánto tiempo puede gobernarse así sin que una solución constitucional excepcional termine debilitando el principio de responsabilidad parlamentaria.

3. ¿Ha terminado el recorrido de la amnistía?

La ley ha superado sus dos impugnaciones generales más importantes, pero eso no significa que su aplicación haya concluido.

El Tribunal Constitucional fijó su doctrina en la sentencia 137/2025, que declaró la constitucionalidad esencial de la norma, aunque corrigió parte de su ámbito por razones de igualdad. Durante 2026 ha aplicado esa doctrina a otros recursos promovidos contra la ley.

El 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó dos sentencias sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Luxemburgo concluyó que el Derecho de la Unión no se opone a la amnistía en las materias examinadas: la eventual malversación no presentaba la conexión exigida con los intereses financieros europeos y la Directiva antiterrorista no impedía amnistiar determinadas conductas que no hubieran causado intencionadamente graves violaciones de los derechos humanos. El comunicado oficial del TJUE delimita expresamente el control europeo a las normas concretas de la Unión afectadas.

Eso despeja una parte sustancial del camino, pero no sustituye la aplicación judicial de la ley. La amnistía no opera sobre conceptos políticos generales, sino sobre hechos, delitos y responsabilidades determinados. Cada tribunal debe decidir quién queda comprendido, qué exclusiones resultan aplicables y hasta dónde alcanza la extinción de responsabilidad.

La discusión que queda ya no es si España podía aprobar una amnistía, sino qué conductas cubre realmente la amnistía que aprobó. Ése será uno de los grandes asuntos judiciales del otoño.

4. ¿Puede regresar Carles Puigdemont?

Las sentencias europeas de julio no modifican por sí mismas su situación procesal.

El Tribunal Supremo decidió no aplicarle la amnistía por el delito de malversación al considerar que existe beneficio patrimonial cuando se utilizan fondos públicos para afrontar gastos que, de otro modo, habrían debido sufragarse con recursos particulares. El instructor mantuvo las órdenes nacionales de detención y la Sala de Apelación confirmó posteriormente esa interpretación.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo de Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig contra esas decisiones. El asunto decisivo sigue siendo, por tanto, si el Constitucional acepta el concepto de enriquecimiento utilizado por el Supremo o considera que restringe indebidamente la aplicación de la ley.

Luxemburgo ha respondido a las cuestiones que recibía de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas. No ha resuelto la interpretación española de la excepción sobre el enriquecimiento ni ha levantado las órdenes de detención.

El regreso de Puigdemont sigue siendo políticamente imaginable, pero jurídicamente no es automático. Depende de una decisión que todavía debe producirse dentro del ordenamiento español.

5. ¿En qué punto están realmente las causas que rodean al PSOE y al presidente?

No se encuentran todas en la misma fase. Mezclarlas como si formaran una única macrocausa impide comprender tanto su importancia como sus límites.

En junio, el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a más de 24 años de prisión y a Koldo García a 19 por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La sentencia fue adoptada por unanimidad. La investigación sobre las adjudicaciones de obra pública relacionadas con Santos Cerdán continúa en una pieza diferente y ha recibido nuevas diligencias durante julio.

La situación de Begoña Gómez es distinta. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que continúe el procedimiento con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero ha sobreseído las imputaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida. Todavía debe completarse la fase procesal que conduce a la apertura del juicio oral.

David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz. Fue absuelto del delito de tráfico de influencias y la sentencia puede recurrirse.

Ninguno de estos procedimientos acredita por sí mismo una responsabilidad penal de Pedro Sánchez. Su efecto político procede de otro lugar: de la acumulación de condenas, investigaciones y procedimientos alrededor de antiguos dirigentes del partido, colaboradores próximos y miembros de su familia. El problema para el Gobierno no es que todos los casos sean iguales, sino que cada vez resulta más difícil presentarlos todos como episodios inconexos.

6. ¿Por qué la economía resiste mejor que la política?

Porque la economía no reacciona al mismo ritmo que las instituciones y porque España conserva todavía varios motores de crecimiento.

El PIB aumentó un 2,7 % interanual durante el primer trimestre. La demanda nacional aportó más de tres puntos al crecimiento, mientras la contribución exterior fue negativa. Los datos de Contabilidad Nacional del INE muestran una economía sostenida fundamentalmente por el consumo y la inversión internos.

El mercado laboral ha vuelto a ofrecer cifras históricas. Según la EPA publicada el 28 de julio, España alcanzó los 22.779.000 ocupados en el segundo trimestre, 510.200 más que un año antes. El paro descendió hasta 2.495.300 personas y la tasa se situó en el 9,87 %.

El cuadro no está exento de debilidades. El Banco de España prevé que la economía mantenga un crecimiento sólido durante 2026, pero advierte de una inflación general y subyacente todavía elevada y de un contexto internacional especialmente incierto.

La fortaleza económica concede tiempo a la debilidad política. Mientras crezcan el empleo y la actividad, la inestabilidad parlamentaria puede parecer un fenómeno encerrado en Madrid. La verdadera prueba llegará cuando desaparezcan algunos de los impulsos extraordinarios que han sostenido la inversión pública y cuando el deterioro institucional empiece a encarecer decisiones que hasta ahora podían posponerse.

7. ¿Qué ocurre cuando terminan los fondos Next Generation?

El calendario ya no admite grandes aplazamientos. Los Estados deben completar antes del 31 de agosto de 2026 todos los hitos y objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La última solicitud de pago deberá presentarse antes del 30 de septiembre y la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para efectuar los desembolsos finales. Así lo establece la guía de cierre publicada por la Comisión Europea.

Tras la aprobación del sexto desembolso, España habrá recibido más de 77.000 millones de euros, aproximadamente el 76 % de los fondos del mecanismo que tiene asignados. Ese último pago reconocido asciende a 7.021 millones y está vinculado al cumplimiento de 73 hitos y objetivos. Los datos figuran en la información oficial del Plan de Recuperación.

El final del mecanismo no significa que desaparezcan todas las inversiones europeas. Significa que termina el gran instrumento extraordinario que desde 2021 ha permitido financiar digitalización, energía, movilidad, industria, vivienda y modernización administrativa sin depender únicamente de los recursos presupuestarios ordinarios.

A partir de septiembre comenzará una evaluación más exigente. Ya no bastará con saber cuánto dinero se ha adjudicado o cuántas convocatorias se han publicado. Habrá que comprobar qué inversiones han mejorado la productividad, qué capacidades administrativas permanecerán y qué proyectos podrán sobrevivir sin una financiación excepcional.

8. ¿Está cambiando la Justicia sin que apenas se perciba?

Mientras la atención pública se concentraba en las causas políticas, España ha empezado a sustituir la estructura tradicional de juzgados unipersonales por tribunales de instancia.

La Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia reorganiza los órganos judiciales, transforma los antiguos juzgados de paz en oficinas de justicia municipales y modifica el funcionamiento de las oficinas judiciales. El propósito es permitir una distribución más flexible de los asuntos y reducir la dependencia de cada procedimiento respecto de un único juzgado aislado.

En julio, el Gobierno aprobó la creación de 500 nuevas unidades judiciales y 200 plazas fiscales. Las unidades judiciales suponen un incremento del 8,5 % de la planta y se incorporarán gradualmente entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027.

La reforma puede ser más importante a largo plazo que muchas de las sentencias que ocupan diariamente las portadas. Su éxito, sin embargo, dependerá de cuestiones menos visibles: sistemas informáticos compatibles, personal suficiente, criterios de reparto eficaces y coordinación entre el Estado y las comunidades con competencias transferidas.

Cambiar el nombre de los órganos es sencillo. Conseguir que una nueva organización reduzca los retrasos, homogeneice las cargas y mejore la experiencia del ciudadano será la verdadera medida de la reforma.

9. ¿Qué Europa comienza a aplicarse este verano?

La Unión está pasando de aprobar grandes normas a comprobar si puede ejecutarlas.

El Pacto sobre Migración y Asilo comenzó a aplicarse el 12 de junio. Introduce nuevas reglas sobre tramitación de solicitudes, procedimientos fronterizos, responsabilidad de los Estados y solidaridad con los países sometidos a mayor presión. El primer contingente anual de solidaridad contempla 21.000 reubicaciones o contribuciones económicas equivalentes a 420 millones de euros.

El 2 de agosto empiezan a aplicarse también las reglas de transparencia del Reglamento de Inteligencia Artificial. Los ciudadanos deberán poder identificar determinadas interacciones con sistemas de IA y ciertos contenidos generados o manipulados artificialmente. Ese mismo día entran en funcionamiento las facultades sancionadoras de la Comisión sobre los proveedores de modelos de propósito general.

La migración y la inteligencia artificial parecen materias alejadas, pero someten a Europa al mismo examen: si es capaz de convertir una legislación común en procedimientos coherentes dentro de veintisiete administraciones distintas.

Durante años la Unión ha medido su ambición por el número de reglamentos, pactos y estrategias aprobados. A partir de ahora empezará a ser juzgada por algo bastante menos solemne y mucho más difícil: si todo eso funciona.

10. ¿Qué crisis exterior puede alterar el escenario español?

La más inmediata continúa siendo la energía. La crisis de Oriente Próximo y las amenazas a la navegación por el estrecho de Ormuz han recordado hasta qué punto Europa sigue expuesta a cualquier interrupción de las rutas de suministro. La propia Unión ha señalado la necesidad de reducir su vulnerabilidad respecto de Ormuz mediante la diversificación de fuentes y rutas energéticas.

El Fondo Monetario Internacional advirtió en su actualización de julio de que la desinflación mundial se ha estancado y de que un nuevo deterioro en Oriente Próximo podría elevar los precios de las materias primas, alterar las cadenas de suministro y endurecer las condiciones financieras.

A esa incertidumbre se añaden la guerra de Ucrania, las tensiones comerciales y el aumento del gasto militar. El Gobierno sostiene que España ha consolidado en 2026 una inversión en defensa equivalente al 2 % del PIB, con un gasto nominal de 35.419 millones de euros. Es la cifra recogida en el informe presentado por La Moncloa antes de la cumbre de la OTAN.

La política española puede pasar agosto discutiendo sobre su mayoría parlamentaria. Su margen presupuestario y económico, sin embargo, dependerá también de decisiones tomadas en Bruselas, Washington, Moscú, Kiev y Oriente Próximo. Los acontecimientos internacionales no necesitan formar parte del debate nacional para alterar por completo sus condiciones.

Agosto no resolverá ninguna de estas preguntas. Lo que ofrece es algo más modesto y quizá más útil: tiempo para dejar de confundir cada novedad con un desenlace. España no se va de vacaciones con diez crisis recién nacidas, sino con diez procesos que llevan meses avanzando. Septiembre no los traerá. Simplemente volverá a ponerlos delante.

Defender la soberanía de Ceuta y Melilla es defender España y Europa

La crisis estalla después del acercamiento de Sánchez a Argelia y revela un Mediterráneo en el que Marruecos utiliza la presión fronteriza, Italia protege sus intereses energéticos y Estados Unidos e Israel se alinean con Rabat.

FUENTE: EFE

El asalto no lo protagonizan quienes atraviesan la frontera o se lanzan al mar, sino el Estado que los utiliza para someter a Ceuta a una prueba de resistencia. Ese es el punto de partida necesario para comprender una crisis que se produce apenas unos días después de la visita oficial de Pedro Sánchez a Argelia, destinada a recuperar las relaciones comerciales, reforzar la cooperación energética y abrir una nueva etapa bilateral.

Tampoco puede ignorarse que la propuesta de restringir Schengen procede de Italia, un país al que llegaron por mar 66.316 personas durante 2025 —casi el 90% procedentes de Libia— sin que Europa respondiera aislando a los italianos: ante la presión sobre Lampedusa, la Comisión activó un plan de apoyo con Frontex, traslados y refuerzo de los retornos. Italia exige ahora para España lo que nunca aceptó para sí, mientras mantiene con Argelia una relación energética estratégica y aspira expresamente a convertirse en la puerta de entrada del gas africano hacia Europa.

Somos europeístas convencidos. Ningún país europeo tiene futuro fuera de la UE. Por ello, nos resulta especialmente doloroso escuchar en las últimas horas las peticiones de varios ministros europeos de establecer excepciones transitorias al acuerdo Schengen para los ciudadanos procedentes de España. Es la consecuencia para España de no saber abordar correctamente lo que es en toda regla una invasión que ha sido promovida internamente en Marruecos desde hace semanas y, muy especialmente, tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que se impide la devolución inmediata de las personas que entran a nado.

Creemos en España y sabemos que lo que hemos hecho en el pasado reciente lo podemos volver a hacer. Pero con la situación provocada por la debilidad extrema del gobierno de Sánchez, no estamos en condiciones de criticar la postura de diferentes gobiernos europeos porque también pediríamos la suspensión del espacio Schengen si otro país de la Unión tuviera el mismo comportamiento que está teniendo Sánchez. Sentimos decir esto porque los españoles no nos lo merecemos. Soportamos esa mezcla extraña de soberbia y de banalidad, de atrevimiento y cobardía, de pusilanimidad y resistencia, de irresponsabilidad y de fanfarronería que recordaremos en un futuro como una pesadilla.

Como mucho, estamos en condiciones de hacer ver a la sociedad española y a las instituciones europeas que defender la soberanía de Ceuta y Melilla, hoy gravemente comprometida, es defender España y Europa. Por eso no hay que vacilar ni un segundo en aceptar la ayuda del comisario europeo de Interior en forma de agentes de Frontex.

El presidente Sánchez, por necesidad personal, claudica en absolutamente todo frente a Marruecos. Sería una broma o simplemente un error político si las consecuencias no fueran dramáticas. Lo que está sucediendo en Ceuta sería para que cualquier gobierno dimitiera. No tenemos fronteras. Las imágenes de televisión son dramáticas. Nuestros compatriotas ceutíes y melillenses sufren una ocupación sin herramientas ni equipamientos. Mientras tanto, Sánchez ofrece unas explicaciones vagas, redundantes, poco concretas, y se conforma con reforzar mínimamente al Ejército y la Policía para restablecer el orden en Ceuta e intentar que no se agrave la situación en Melilla.

Esta grave agresión a nuestras fronteras nos coge sin amigos. No es posible llamar a EE. UU o Israel, únicos países capaces de influir en el reino alauita y nuestros socios comunitarios desconfían de una política personalista sin rumbo ni dirección que ha sustituido la gestión por la propaganda, la razón por la iluminación, la discusión por la obediencia, las ideas por la fe.

Estados Unidos e Israel no sólo no están dispuestos a ayudarnos: son hoy los dos grandes aliados internacionales de Marruecos. Washington reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental e Israel hizo lo mismo en 2023, dentro de una relación diplomática, militar y de inteligencia cada vez más estrecha con Rabat. Horas después del inicio del asalto, Israel felicitaba a Mohamed VI por sus veintisiete años al frente de una monarquía de poder prácticamente absoluto, mientras la Casa Blanca atribuía la crisis a las «políticas globalistas de extrema izquierda» del Gobierno español.

¿Qué tiene que ver una disputa ideológica interna con la decisión de Marruecos de dejar de controlar su frontera? Nada, salvo la voluntad de Washington de ajustar cuentas con Sánchez sin incomodar a su aliado marroquí. España proclama autonomía estratégica, pero afronta una agresión territorial con Estados Unidos culpando a Madrid, Israel celebrando al monarca que puede detenerla y ambos respaldando las principales aspiraciones territoriales de Rabat. No estamos simplemente solos: otros poderes intervienen sobre nuestro margen de decisión y han elegido de antemano a qué país apoyar.

¿Quién controla la puerta de entrada?

La macroconvocatoria de jueces y fiscales reabre un debate que va mucho más allá de las oposiciones. El problema no es una figura jurídica que existe desde hace décadas. El problema es la creciente desconfianza sobre quién decide, cómo decide y para qué decide en un momento de deterioro institucional evidente.

FUENTE: EFE

El Gobierno presentó esta semana la mayor convocatoria de jueces y fiscales de la historia: 700 plazas en total, de las cuales 575 corresponden al acceso tradicional por oposición y 125 al denominado cuarto turno para juristas con más de diez años de ejercicio profesional.

La reacción fue inmediata. En redes sociales, medios jurídicos y asociaciones profesionales volvió a aparecer una palabra que lleva meses instalada en el debate sobre la Justicia española: control.

Y aquí conviene empezar por una precisión importante. Porque una parte de la discusión pública está siendo deliberadamente simplificada.

El cuarto turno no es una invención reciente. No nace con Félix Bolaños. No aparece ahora para beneficiar a nadie en concreto. Está previsto desde hace décadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y responde a una lógica perfectamente razonable: permitir el acceso a la magistratura de abogados, profesores universitarios, letrados o juristas de reconocida trayectoria profesional que puedan aportar experiencia acumulada fuera de la carrera judicial ordinaria.

La existencia del mecanismo no es el problema, la pregunta relevante es otra: ¿Por qué una figura jurídica perfectamente normal genera hoy semejante nivel de sospecha?

La confianza es el verdadero asunto

La respuesta tiene poco que ver con las oposiciones y mucho con el contexto político.

Las instituciones no funcionan únicamente por lo que dicen las leyes. Funcionan también por la confianza que generan quienes las aplican. Y en España esa confianza lleva años deteriorándose.

El ciudadano medio observa cómo el Tribunal Constitucional corrige o avala decisiones de enorme trascendencia política con mayorías cada vez más previsibles. Observa cómo la renovación de los órganos judiciales se convierte en negociación partidista. Observa cómo ministros, diputados y dirigentes políticos cuestionan públicamente resoluciones judiciales cuando les resultan incómodas. Incluso la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, ha advertido recientemente sobre presiones incompatibles con un Estado de Derecho.

En ese clima, cualquier modificación relacionada con el acceso a la judicatura deja de analizarse técnicamente y empieza a interpretarse políticamente.

No porque necesariamente exista una operación de control, sino porque una parte creciente de la sociedad considera plausible que pudiera existir. Y cuando una democracia alcanza ese punto, el problema ya no es jurídico. Es institucional.

El precedente europeo que nadie debería ignorar

La experiencia comparada ofrece una lección bastante clara: los procesos de deterioro institucional rara vez comienzan con ataques frontales a la independencia judicial. Normalmente llegan revestidos de modernización, eficiencia, democratización o necesidad de adaptación.

Ocurrió en Hungría. Ocurrió en Turquía. Ocurrió en Venezuela. Siempre con matices distintos y en contextos diferentes, pero siguiendo un patrón parecido: modificar gradualmente los mecanismos de selección, promoción o supervisión de jueces hasta generar una dependencia creciente respecto del poder político.

España está infinitamente lejos de esos escenarios, pero precisamente por eso conviene hablar de ellos antes de llegar. Las democracias sólidas no esperan a que aparezca el problema para proteger sus contrapesos. Lo hacen cuando todavía funcionan.

El error de los dos relatos

El debate actual se ha instalado en dos caricaturas igualmente inútiles.

La primera sostiene que cualquier modificación impulsada por el Gobierno forma parte de una estrategia deliberada para colonizar la Justicia.

La segunda afirma que toda preocupación sobre la independencia judicial es simple resistencia corporativa o conservadurismo disfrazado.

Ninguna de las dos explicaciones resulta satisfactoria.

La convocatoria publicada esta semana responde también a una necesidad objetiva. España arrastra déficits estructurales de jueces y fiscales, elevados niveles de litigiosidad y problemas de saturación en numerosos órganos judiciales. La ampliación de plantillas es una demanda ampliamente compartida.

Pero reconocer esa necesidad no obliga a ignorar una realidad igualmente evidente: la confianza institucional se ha erosionado de forma significativa durante los últimos años.

Y cuando eso ocurre, las reformas dejan de medirse únicamente por sus intenciones declaradas. Empiezan a medirse por los incentivos que generan y por las garantías que ofrecen frente a posibles abusos futuros.

La cuestión de fondo

Quizá el problema no sea el cuarto turno, quizá tampoco sea esta convocatoria concreta, quizá el problema sea algo mucho más profundo…

Durante años la política española ha normalizado la ocupación partidista de espacios que deberían inspirar neutralidad. Empresas públicas, organismos reguladores, instituciones independientes, medios públicos, fiscalías, tribunales constitucionales o consejos de administración han terminado atrapados en una lógica de bloques donde cada nombramiento se interpreta como una victoria política.

Cuando eso sucede durante demasiado tiempo, la sospecha acaba contaminándolo todo. Incluso aquello que podría tener una justificación perfectamente razonable. Por eso el debate de esta semana no trata realmente sobre oposiciones; trata sobre confianza.

Y la confianza institucional es uno de esos bienes que tardan décadas en construirse y apenas unos años en deteriorarse.

La independencia judicial no desaparece el día que deja de existir. Empieza a desaparecer el día que una parte significativa de los ciudadanos deja de creer en ella. Esa es la frontera que una democracia inteligente nunca debería permitirse cruzar.

Cuando Bruselas paga y Moncloa tapa agujeros

El choque inédito en el Tribunal de Cuentas no gira sólo sobre pensiones o contabilidad pública. Lo que empieza a emerger es algo mucho más serio: la transformación de los fondos europeos —concebidos para modernizar la economía— en una herramienta para sostener gasto corriente, maquillar tensiones presupuestarias y ganar tiempo político.

FUENTE: EFE

La noticia de esta semana no está en un juzgado, ni en un pleno bronco del Congreso, ni siquiera en la guerra diaria de titulares que acompaña a esta legislatura. Está en un edificio mucho más silencioso y mucho más importante: el Tribunal de Cuentas.

Allí se ha producido algo que rara vez ocurre y que, precisamente por eso, merece atención. La aprobación de la Cuenta General del Estado de 2024 —el gran examen anual de las finanzas públicas— ha provocado una fractura interna sin precedentes. Votos concurrentes críticos. Un voto particular en contra. Consejeros denunciando deterioro institucional y uso irregular de fondos europeos para cubrir gasto ordinario, incluido el sistema de pensiones. Algo prácticamente desconocido en la historia reciente del órgano fiscalizador.

No estamos ante una discusión técnica entre contables del Estado. Estamos ante una pregunta mucho más incómoda: ¿qué está haciendo realmente el Gobierno con el dinero europeo?

El dinero que debía transformar el país

Los fondos Next Generation no nacieron para cuadrar la caja del mes. No fueron concebidos para aliviar tensiones de tesorería ni para cubrir agujeros estructurales del gasto público. Su filosofía era otra: digitalización, transición energética, productividad, innovación, infraestructuras críticas, modernización administrativa. En otras palabras: futuro.

Europa no diseñó el mayor programa de transferencias de su historia para que los gobiernos nacionales sobrevivieran políticamente unos años más. Lo diseñó para evitar que el continente saliera de la pandemia más pobre, más dependiente y menos competitivo.

España ha recibido más de 55.000 millones en transferencias directas, además de miles de millones adicionales en préstamos. Una cifra histórica. Un volumen de recursos que, bien utilizado, podía cambiar estructuras enteras de nuestra economía.

La sospecha que ahora emerge es que parte de ese dinero ha servido, mientras no estaba adjudicado, para otra cosa mucho menos épica: taponar vías de agua del Estado.

Del plan de transformación al parche presupuestario

No hay nada más tentador para un gobierno con problemas fiscales que una gran bolsa de liquidez disponible. Y no hay nada más peligroso que empezar a verla como caja de resistencia.

Eso es exactamente lo que subyace en la polémica actual. Según los consejeros críticos del Tribunal, fondos europeos pendientes de asignación habrían terminado integrados en la cuenta única del Tesoro, permitiendo aliviar otras necesidades inmediatas del Estado, entre ellas complementar el pago de pensiones y otras obligaciones corrientes.

Puede que jurídicamente se discuta el encaje. Puede que Hacienda alegue flexibilidad financiera. Puede que se argumente que esos fondos acabarán ejecutándose en destino. Todo eso puede discutirse.

Lo que políticamente resulta mucho más difícil de esconder es el mensaje que transmite: Bruselas financia inversión, Madrid gana oxígeno.

Gobernar sin presupuestos tiene un precio

Hay un dato que atraviesa toda esta discusión y que explica buena parte del deterioro actual: España lleva años gestionando el Estado sin nuevos Presupuestos Generales.

Y gobernar sin presupuestos no elimina las necesidades del Estado. Sólo obliga a buscar ingeniería financiera para sostenerlas.

Transferencias internas, ampliaciones de crédito, deuda creciente, cláusulas de escape, anticipos europeos, reprogramaciones. El lenguaje técnico es sofisticado. El problema político es muy básico: cuando desaparece la disciplina presupuestaria, aparece la tentación de utilizar cualquier recurso disponible como colchón.

Lo extraordinario deja de ser excepcional. Y lo temporal empieza a comportarse como estructural.

Europa no paga para eso

Aquí está la cuestión de fondo. Europa puede tolerar retrasos administrativos. Puede asumir que algunos proyectos ejecuten peor. Puede incluso convivir con cierta burocracia nacional.

Lo que no puede aceptar indefinidamente es que fondos creados para reformar economías terminen siendo percibidos como combustible para sostener gasto político ordinario. Porque entonces ya no hablamos de ejecución deficiente.

Hablamos de desnaturalización y eso tiene consecuencias: en credibilidad exterior, en confianza institucional, en futuras negociaciones presupuestarias y en la posición de España dentro de la propia Unión.

No es casualidad que el propio Tribunal de Cuentas haya venido reclamando en sus últimos informes más control, más trazabilidad y más planificación en la gestión de fondos europeos.

Cuando los órganos de control empiezan a elevar el tono, normalmente es porque el problema dejó de ser anecdótico.

El deterioro siempre empieza así

Las democracias no suelen romperse con una gran decisión dramática. Se erosionan con pequeños desplazamientos de frontera.

Un decreto que sustituye al Parlamento. Un presupuesto que nunca llega. Una deuda que se esconde bajo lenguaje técnico. Un fondo extraordinario que termina cubriendo necesidades ordinarias.

Y un día el país descubre que aquello que se presentó como una excepción se ha convertido en método. Los fondos europeos llegaron para financiar el futuro. Si acaban sosteniendo el presente, el problema ya no será contable.

Será político. Y mucho más caro.

La no reunión de la izquierda europea

La cumbre progresista de Barcelona ha reunido a líderes del eje latinoamericano y del activismo global, pero ha evidenciado una ausencia más relevante que cualquier presencia: la de la socialdemocracia europea clásica, hoy desplazada de este relato político.

FUENTE: EFE

No todas las cumbres dicen lo que dicen sus discursos. Algunas, directamente, dicen lo que callan. La reunión progresista celebrada en Barcelona, impulsada por el Gobierno español, ha querido proyectar una imagen de coordinación global de la izquierda frente al avance de la derecha internacional. Pero el efecto real ha sido otro: ha dejado al descubierto una fractura interna en el propio universo progresista. Porque lo que se ha visto en Barcelona no es la socialdemocracia europea en sentido estricto. Es otra cosa.

Una izquierda con acento latinoamericano

El núcleo visible del encuentro lo han protagonizado figuras como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro o Gabriel Boric, junto a mandatarios como Claudia Sheinbaum o representantes de una izquierda global de corte más político-identitario que institucional.

En ese ecosistema, el liderazgo de Pedro Sánchez actúa como puente: más un organizador de relato que un referente de una tradición política homogénea. La cumbre, en ese sentido, no articula una familia ideológica consolidada; articula una coalición de sensibilidades heterogéneas unidas más por el lenguaje del conflicto global que por un proyecto común de gobierno.

La ausencia europea define la foto

Pero lo verdaderamente significativo no está en el escenario, sino fuera de él.

No han participado los grandes referentes de la socialdemocracia de gobierno en Europa: ni el SPD en su papel histórico de eje del centroizquierda alemán, ni el Labour Party, ni las socialdemocracias nórdicas —Suecia, Dinamarca o Finlandia— que durante décadas han representado el modelo de izquierda institucional europea. Tampoco ha habido presencia relevante del Partido Demócrata estadounidense en su vertiente de gobierno.

La ausencia no es anecdótica. Es estructural.

Lo que estos partidos representan —gestión del Estado, pactos de estabilidad, reformas graduales dentro del marco liberal-democrático— queda fuera de una cita donde el eje discursivo se desplaza hacia la confrontación global, la denuncia del orden internacional y la retórica de bloques.

Dos izquierdas que ya no se reconocen

La distancia es cada vez menos ideológica y más operativa.

De un lado, una socialdemocracia europea que gobierna o ha gobernado con lógica de estabilidad institucional, disciplina fiscal, transiciones energéticas y gestión del consenso. Del otro, un espacio progresista global donde el lenguaje político se articula en torno a la polarización, la denuncia del sistema internacional y la construcción de identidades políticas más que de arquitecturas de gobierno.

No es que una haya sustituido a la otra. Es que ya no coinciden en la misma definición de lo que significa “gobernar”.

El problema no es la cumbre, es el espejo

La cumbre de Barcelona no es irrelevante. Es sintomática. Muestra hasta qué punto una parte de la izquierda europea ha dejado de operar como referencia central y ha pasado a ocupar un papel de anfitrión o facilitador de alianzas externas.

Y en ese desplazamiento aparece una paradoja incómoda: mientras la socialdemocracia clásica europea se mantiene en el terreno de la gestión, la nueva izquierda global ocupa el terreno del relato.

Uno administra el sistema. El otro lo describe —y, en ocasiones, lo combate.

Un espacio político en transición

Lo que Barcelona revela, en el fondo, no es la fortaleza de una internacional progresista, sino su fragmentación. No existe una única izquierda global, sino varias izquierdas que apenas comparten lenguaje común.

Y en esa disonancia se entiende mejor el vacío: no es que falten invitados. Es que falta unidad real.

Porque cuando los partidos que han sostenido el Estado del bienestar europeo no están, lo que queda no es una internacional progresista. Es una escena política distinta, todavía en búsqueda de definición.

Orbán cae en Hungría y Sánchez queda como la referencia iliberal de Europa

La derrota del laboratorio húngaro deja una paradoja europea: mientras Budapest inicia una rectificación democrática, en España persisten prácticas de colonización institucional que el continente ya aprendió a identificar.

FUENTE: EFE

La derrota de Viktor Orbán no es sólo una noticia húngara. Es un acontecimiento europeo. Después de dieciséis años de poder casi ininterrumpido, el dirigente que convirtió Hungría en el principal experimento iliberal de la Unión ha sido desalojado por las urnas. La oposición liderada por Péter Magyar obtuvo una mayoría contundente y abre un proceso de reversión institucional largamente esperado.

La lectura inmediata se hará en clave de Bruselas, de Ucrania o de la relación con Rusia. Todas son pertinentes. Pero hay otra más incómoda para España: caído Orbán, el único gobierno europeo que sigue avanzando en una lógica de ocupación partidista de las instituciones es el de Pedro Sánchez.

Hungría no cayó por accidente

Orbán no fue expulsado sólo por razones ideológicas. Cayó por desgaste económico, por corrupción percibida, por clientelismo y por una fatiga cívica acumulada tras años de concentración de poder. Incluso los mercados reaccionaron positivamente al cambio, anticipando una relación más normal con la Unión Europea y la posible liberación de fondos congelados.

El sistema húngaro no se definía únicamente por sus discursos nacionalistas. Se definía por algo más práctico y más reconocible: control del aparato estatal, captura regulatoria, debilitamiento de contrapesos y colocación de fieles en organismos llamados precisamente a limitar al poder.

Eso es lo que Europa acabó señalando durante años. Y eso es lo que conviene mirar ahora sin provincialismo.

El espejo incómodo español

España no es Hungría. No lo ha sido ni lo es. Tiene una sociedad civil más densa, una prensa más plural y una inserción europea distinta. Conviene decirlo con claridad para no caer en caricaturas.

Pero las democracias no se degradan sólo mediante rupturas espectaculares; también se erosionan cuando el poder ejecutivo intenta condicionar al judicial, cuando el Tribunal Constitucional deja de percibirse como árbitro para ser visto como trinchera, cuando las empresas públicas se convierten en espacios de reparto partidista, cuando la alta administración se coloniza por afinidad y cuando el Parlamento renuncia a controlar para limitarse a convalidar. No hace falta copiar el modelo húngaro para asumir algunas de sus tentaciones.

No hace falta copiar a Orbán para recorrer parte de su camino.

La vieja tentación europea

Durante años, muchos gobiernos europeos observaron a Hungría como una anomalía lejana, algo casi folclórico. Un problema de Budapest. Una excentricidad del Este. Ese fue el error.

Las derivas iliberales no son geográficas. Son funcionales. Nacen allí donde el poder descubre que puede ocupar instituciones sin pagar un precio inmediato.

En Hungría ese proceso fue más veloz y más explícito. En otros lugares adopta formas más sofisticadas, jurídicas, administrativas, incluso retóricas.

Pero el impulso es el mismo: sustituir neutralidad institucional por obediencia política.

Lo que dicen las urnas húngaras

La elección húngara demuestra algo importante: los sistemas aparentemente blindados también se agotan. El votante puede tardar, pero no desaparece. La paciencia democrática suele ser lenta, no infinita.

También demuestra otra cosa: Europa sigue premiando a quien promete limpieza institucional, lucha contra la corrupción y vuelta al Estado de derecho. Ésos fueron algunos de los ejes de la campaña vencedora.

No es un detalle menor.

Mientras algunos siguen creyendo que la captura institucional sale gratis, Hungría acaba de recordar que siempre llega la factura.

La anomalía que queda

Con Orbán fuera, desaparece el símbolo más visible del iliberalismo europeo. Pero no necesariamente la enfermedad.

Porque hoy la cuestión ya no es sólo Budapest. También es Madrid, si el poder continúa entendiendo las instituciones como botín y no como límite.

El problema de Europa nunca fueron únicamente los populistas declarados. También lo son los gobiernos que, bajo lenguaje progresista o centrista, practican el mismo reflejo patrimonial: ocupar, someter, repartir.

Hungría ha empezado a cerrar el telón. La pregunta es cuánto tiempo seguirá España tolerando la misma función con distinto decorado.

Bruselas deja de esperar a Trump

El nuevo discurso estratégico de Bruselas confirma un giro profundo: la Unión ya no confía en el viejo orden internacional y se prepara para defender sus intereses con autonomía política, económica y militar.

FUENTE: EFE

Durante décadas, la política exterior europea se apoyó en una convicción casi automática: el orden internacional, garantizado por Estados Unidos y por las instituciones multilaterales nacidas tras la Segunda Guerra Mundial, proporcionaba estabilidad suficiente para que Europa prosperara. Ese supuesto ha dejado de existir. Y en Bruselas ya nadie lo disimula.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha formulado con una claridad poco habitual: Europa ya no puede seguir actuando como “custodia del viejo orden mundial”. Ese mundo, sencillamente, ha desaparecido.

La frase no es retórica. Es la síntesis de una transformación estratégica que se acelera a medida que el escenario internacional se vuelve más incierto. Las guerras en Oriente Medio, la prolongación del conflicto en Ucrania, la competencia económica con China y, sobre todo, la imprevisibilidad de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump han empujado a la Unión a replantearse su lugar en el mundo.

Durante años, Europa creyó que podía limitarse a defender normas y procedimientos. Hoy empieza a asumir que también tendrá que defender intereses.

La independencia europea

El nuevo concepto que domina la reflexión estratégica en Bruselas es la “independencia europea”. No se trata de romper alianzas ni de abandonar el sistema multilateral. Se trata de algo más pragmático: evitar dependencias que puedan convertirse en vulnerabilidades.

La lógica es clara. Si el mundo se organiza en torno a rivalidades geopolíticas cada vez más intensas, Europa no puede depender de un único proveedor para su energía, su tecnología o su seguridad. De ahí el esfuerzo por diversificar suministros, reforzar las cadenas industriales y ampliar acuerdos comerciales con regiones que van desde América Latina hasta el sudeste asiático.

Ese giro también afecta a la defensa. La Unión se ha embarcado en el mayor aumento del gasto militar de su historia reciente, con planes que prevén movilizar cientos de miles de millones de euros en la próxima década. La idea es simple: en un entorno más hostil, la paz europea ya no puede descansar exclusivamente en la protección de otros.

Comercio como instrumento de poder

El cambio no se limita al terreno militar. Bruselas empieza a tratar el comercio como una herramienta estratégica.

Durante años, la política comercial europea estuvo dominada por un discurso casi tecnocrático sobre mercados abiertos y reglas multilaterales. Ahora se presenta abiertamente como una forma de influencia geopolítica.

Los acuerdos firmados o negociados con economías emergentes —desde India hasta países africanos o latinoamericanos— responden a esa lógica. No son sólo instrumentos económicos. Son piezas de una red global de relaciones que reduzca dependencias y amplíe el margen de maniobra europeo.

En ese contexto, Europa intenta presentarse ante muchos países como un socio alternativo a las grandes esferas de influencia que representan Washington o Pekín.

El factor estadounidense

Buena parte de esta transformación tiene un origen evidente: la evolución de Estados Unidos.

La política comercial agresiva de la Administración Trump, los conflictos arancelarios y la creciente tentación del unilateralismo han actuado como una llamada de atención para los europeos. La idea de que Washington garantizará siempre el marco internacional en el que Europa ha prosperado ya no se da por descontada.

No significa ruptura, pero sí una adaptación. La Unión empieza a prepararse para un mundo en el que su principal aliado puede actuar también como un competidor.

Las tensiones internas de Bruselas

Ese cambio estratégico, sin embargo, no está exento de fricciones dentro de la propia Unión.

En Bruselas se percibe con creciente preocupación que algunos gobiernos nacionales utilizan los debates europeos para reforzar posiciones internas. En el entorno de la Comisión se ha llegado a señalar que líderes como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, o el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, bloquean en ocasiones iniciativas comunitarias buscando réditos políticos domésticos.

Más allá de las polémicas concretas, el episodio refleja una tensión estructural: la construcción de una política exterior europea más ambiciosa exige decisiones rápidas y consensos amplios, algo que el sistema institucional de la Unión no siempre facilita.

El final de una época

La conclusión que empieza a imponerse en Bruselas es que el mundo que permitió la prosperidad europea durante décadas ya no existe. Las reglas siguen siendo importantes, pero ya no bastan por sí solas para proteger intereses ni para garantizar seguridad.

Europa entra así en una fase distinta de su historia: menos confiada en la estabilidad internacional, más consciente de sus vulnerabilidades y más dispuesta a actuar como una potencia.

No se trata de nostalgia por el pasado ni de confrontación con aliados tradicionales. Se trata, simplemente, de aceptar una realidad que se ha vuelto imposible de ignorar: en el nuevo orden internacional que está emergiendo, Europa tendrá que aprender a sostenerse por sí misma.