Archivos de la etiqueta: jueces

¿Quién controla la puerta de entrada?

La macroconvocatoria de jueces y fiscales reabre un debate que va mucho más allá de las oposiciones. El problema no es una figura jurídica que existe desde hace décadas. El problema es la creciente desconfianza sobre quién decide, cómo decide y para qué decide en un momento de deterioro institucional evidente.
FUENTE: EFE

El Gobierno presentó esta semana la mayor convocatoria de jueces y fiscales de la historia: 700 plazas en total, de las cuales 575 corresponden al acceso tradicional por oposición y 125 al denominado cuarto turno para juristas con más de diez años de ejercicio profesional.

La reacción fue inmediata. En redes sociales, medios jurídicos y asociaciones profesionales volvió a aparecer una palabra que lleva meses instalada en el debate sobre la Justicia española: control.

Y aquí conviene empezar por una precisión importante. Porque una parte de la discusión pública está siendo deliberadamente simplificada.

El cuarto turno no es una invención reciente. No nace con Félix Bolaños. No aparece ahora para beneficiar a nadie en concreto. Está previsto desde hace décadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y responde a una lógica perfectamente razonable: permitir el acceso a la magistratura de abogados, profesores universitarios, letrados o juristas de reconocida trayectoria profesional que puedan aportar experiencia acumulada fuera de la carrera judicial ordinaria.

La existencia del mecanismo no es el problema, la pregunta relevante es otra: ¿Por qué una figura jurídica perfectamente normal genera hoy semejante nivel de sospecha?

La confianza es el verdadero asunto

La respuesta tiene poco que ver con las oposiciones y mucho con el contexto político.

Las instituciones no funcionan únicamente por lo que dicen las leyes. Funcionan también por la confianza que generan quienes las aplican. Y en España esa confianza lleva años deteriorándose.

El ciudadano medio observa cómo el Tribunal Constitucional corrige o avala decisiones de enorme trascendencia política con mayorías cada vez más previsibles. Observa cómo la renovación de los órganos judiciales se convierte en negociación partidista. Observa cómo ministros, diputados y dirigentes políticos cuestionan públicamente resoluciones judiciales cuando les resultan incómodas. Incluso la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, ha advertido recientemente sobre presiones incompatibles con un Estado de Derecho.

En ese clima, cualquier modificación relacionada con el acceso a la judicatura deja de analizarse técnicamente y empieza a interpretarse políticamente.

No porque necesariamente exista una operación de control, sino porque una parte creciente de la sociedad considera plausible que pudiera existir. Y cuando una democracia alcanza ese punto, el problema ya no es jurídico. Es institucional.

El precedente europeo que nadie debería ignorar

La experiencia comparada ofrece una lección bastante clara: los procesos de deterioro institucional rara vez comienzan con ataques frontales a la independencia judicial. Normalmente llegan revestidos de modernización, eficiencia, democratización o necesidad de adaptación.

Ocurrió en Hungría. Ocurrió en Turquía. Ocurrió en Venezuela. Siempre con matices distintos y en contextos diferentes, pero siguiendo un patrón parecido: modificar gradualmente los mecanismos de selección, promoción o supervisión de jueces hasta generar una dependencia creciente respecto del poder político.

España está infinitamente lejos de esos escenarios, pero precisamente por eso conviene hablar de ellos antes de llegar. Las democracias sólidas no esperan a que aparezca el problema para proteger sus contrapesos. Lo hacen cuando todavía funcionan.

El error de los dos relatos

El debate actual se ha instalado en dos caricaturas igualmente inútiles.

La primera sostiene que cualquier modificación impulsada por el Gobierno forma parte de una estrategia deliberada para colonizar la Justicia.

La segunda afirma que toda preocupación sobre la independencia judicial es simple resistencia corporativa o conservadurismo disfrazado.

Ninguna de las dos explicaciones resulta satisfactoria.

La convocatoria publicada esta semana responde también a una necesidad objetiva. España arrastra déficits estructurales de jueces y fiscales, elevados niveles de litigiosidad y problemas de saturación en numerosos órganos judiciales. La ampliación de plantillas es una demanda ampliamente compartida.

Pero reconocer esa necesidad no obliga a ignorar una realidad igualmente evidente: la confianza institucional se ha erosionado de forma significativa durante los últimos años.

Y cuando eso ocurre, las reformas dejan de medirse únicamente por sus intenciones declaradas. Empiezan a medirse por los incentivos que generan y por las garantías que ofrecen frente a posibles abusos futuros.

La cuestión de fondo

Quizá el problema no sea el cuarto turno, quizá tampoco sea esta convocatoria concreta, quizá el problema sea algo mucho más profundo…

Durante años la política española ha normalizado la ocupación partidista de espacios que deberían inspirar neutralidad. Empresas públicas, organismos reguladores, instituciones independientes, medios públicos, fiscalías, tribunales constitucionales o consejos de administración han terminado atrapados en una lógica de bloques donde cada nombramiento se interpreta como una victoria política.

Cuando eso sucede durante demasiado tiempo, la sospecha acaba contaminándolo todo. Incluso aquello que podría tener una justificación perfectamente razonable. Por eso el debate de esta semana no trata realmente sobre oposiciones; trata sobre confianza.

Y la confianza institucional es uno de esos bienes que tardan décadas en construirse y apenas unos años en deteriorarse.

La independencia judicial no desaparece el día que deja de existir. Empieza a desaparecer el día que una parte significativa de los ciudadanos deja de creer en ella. Esa es la frontera que una democracia inteligente nunca debería permitirse cruzar.

Cuando los jueces dicen no

El Tribunal Supremo de Estados Unidos frena los aranceles de Trump y recuerda que incluso frente al poder personalista, el Estado de Derecho puede funcionar
FUENTE: EFE

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Donald Trump no es solo un revés político para el expresidente. Es algo más profundo y más incómodo para quienes han construido su poder sobre la idea de que las instituciones solo sirven mientras obedecen. El fallo corta de raíz el núcleo del discurso trumpista: la creencia de que la voluntad del líder, revestida de urgencia nacional, puede imponerse sin límites legales ni contrapesos efectivos.

El golpe es duro y tendrá consecuencias. Incrementa la incertidumbre internacional porque Trump, fiel a su estilo, buscará otro atajo legal, otro vericueto normativo, otra forma de rodear el obstáculo sin asumir el fondo del problema. Mientras tanto, los pequeños empresarios que llevaron el caso a los tribunales seguirán pagando el precio de enfrentarse al poder, y las grandes corporaciones —prudentes, silenciosas, acomodadas— continuarán evitando cualquier gesto que pueda incomodar a quien todavía controla amplias palancas políticas y sociales.

Una lección institucional incómoda

Pero el verdadero valor de la decisión no está en el comercio ni en los aranceles. Está en el mensaje institucional. El Tribunal que ha frenado a Trump es, en buena medida, el mismo que él contribuyó a configurar. Varios de sus magistrados fueron nombrados por presidentes republicanos, algunos directamente por el propio Trump. Y, sin embargo, cuando llegó el momento, votaron conforme a la Constitución y no conforme a la lealtad política.

Ese dato, tantas veces ignorado o minimizado, es la demostración de la fortaleza de un sistema donde la independencia judicial no es un eslogan, sino una práctica real. En la América de “la ciudad en la colina”, tantas veces caricaturizada y tantas veces mal entendida, no todas las luces se han apagado. La división de poderes sigue operando. Y cuando opera, lo hace incluso contra quien se considera a sí mismo todopoderoso.

No es la primera vez que ocurre. El Supremo estadounidense ya se enfrentó en el pasado a presidentes en el momento álgido de su poder. Lo hizo con Roosevelt, lo hace ahora con Trump. Esa continuidad histórica es la que sostiene la confianza cívica de una parte mayoritaria de la sociedad estadounidense, como se ha visto en las movilizaciones recientes en grandes ciudades y en la persistencia de una cultura política que distingue entre el Gobierno de turno y el sistema que lo contiene.

Aquí no hay jueces heroicos ni gestos épicos. Hay algo más valioso: normalidad constitucional. La idea de que un tribunal existe precisamente para decir “no” cuando el poder ejecutivo cruza una línea, incluso —o sobre todo— cuando lo hace envuelto en retórica patriótica y urgencias fabricadas.

El contraste que incomoda

La comparación resulta inevitable. Mientras el Tribunal Supremo estadounidense mantiene una concepción férrea del control del poder y de la aplicación recta de la Constitución, en otros países asistimos a un espectáculo muy distinto: parlamentos poblados de diputados dóciles, serviciales, dispuestos a justificar cualquier arbitrariedad del Ejecutivo o, peor aún, a callarla con disciplina partidista.

Allí, los jueces recuerdan al presidente que no todo vale.
Aquí, demasiados representantes públicos se esfuerzan en explicar por qué todo vale.

Por eso la decisión del Supremo americano no es solo una noticia jurídica ni un episodio más de la batalla política en Estados Unidos. Es un recordatorio incómodo de que la democracia no se defiende con discursos, sino con instituciones que funcionan incluso cuando molestan. Y de que la grandeza de un Estado de Derecho se mide, precisamente, en su capacidad para frenar a los poderosos cuando creen que ya no necesitan límites.

Demasiadas coincidencias para mirar a otro lado

Tras la derrota del PSOE en Extremadura, la agenda pública gira de golpe: causas del PP reactivadas, condenas por corrupción y un freno judicial al caso que rodea a la mujer del presidente. La justicia debe actuar siempre, pero nunca convertirse en cortina de humo.
FUENTE: EFE

Hay días en los que la política española parece escrita con una coreografía demasiado precisa como para atribuirla al azar. Días en los que los acontecimientos no solo se suceden, sino que se ordenan, se encadenan y se refuerzan mutuamente con una eficacia narrativa que desarma cualquier explicación ingenua. El día después de la derrota socialista en Extremadura fue uno de ellos.

El resultado electoral fue claro, rotundo y difícil de maquillar. No se trató de un simple desgaste ni de un ajuste marginal, sino de un aviso serio que cuestiona el rumbo político del Gobierno y, sobre todo, la desconexión creciente entre el PSOE y una parte sustancial de su electorado tradicional. Apenas digerido el golpe, la conversación pública giró bruscamente de dirección. Ya no se hablaba de urnas, de errores estratégicos ni de responsabilidad política. Se hablaba de tribunales.

En cuestión de horas, la actualidad judicial tomó el mando del relato. Se anunció que Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y figura emblemática de una etapa de poder hoy ampliamente cuestionada, será juzgado por presuntos delitos vinculados al Canal de Isabel II. Al mismo tiempo, se conocieron condenas firmes a varios exalcaldes madrileños por su implicación en la trama Púnica, una de las expresiones más descarnadas de la corrupción política de los últimos años. Y, casi en paralelo, un tribunal superior frenó la iniciativa del juez que pretendía investigar de forma masiva los correos electrónicos de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, marcando límites claros a la instrucción.

Todo el mismo día. Todo después de Extremadura.

Conviene insistir, para evitar lecturas interesadas, en una premisa básica: la justicia debe actuar siempre, sin atender a calendarios electorales ni a consecuencias políticas. Nadie sensato puede cuestionar el derecho —y el deber— de los tribunales a juzgar delitos, por antiguos que sean, ni a corregir excesos procesales cuando se producen. Pero tan importante como la independencia judicial es la honestidad del debate público que se construye alrededor de esas decisiones.

Porque una cosa es la actuación legítima de la justicia y otra muy distinta el uso político de sus tiempos, de sus resoluciones y de su impacto mediático. Y ahí es donde las coincidencias empiezan a resultar, como mínimo, incómodas.

Los casos del PP que resurgen no son nuevos. Llevan años transitando despachos, sumarios y aplazamientos. Las condenas de Púnica llegan más de una década después de destaparse la trama. El juicio a Ignacio González se anuncia cuando los hechos investigados pertenecen a otra época política. Nada de eso invalida su importancia, pero sí plantea una pregunta legítima: ¿por qué ahora ocupa todo el espacio?

La respuesta no está en los tribunales, sino en la política. Cuando un Gobierno sufre una derrota electoral clara y carece de un relato convincente para explicarla, la tentación de refugiarse en la corrupción ajena es casi automática. Es un mecanismo conocido: desplazar el foco, reactivar viejas sombras del adversario y reconstruir el marco moral desde el que presentarse como mal menor.

En ese contexto, la resolución que limita la investigación sobre el entorno familiar del presidente adquiere una dimensión simbólica inevitable. No porque pruebe nada —no lo hace— ni porque implique privilegios demostrables, sino porque refuerza el contraste. Severidad retrospectiva con los adversarios políticos; extrema cautela cuando la investigación roza al poder en ejercicio. La justicia puede ser impecable en ambos casos, pero la percepción pública no es un detalle menor en democracia.

El riesgo es evidente: convertir a los tribunales en un escenario más de la batalla política. No porque los jueces lo pretendan, sino porque los partidos aprenden a leer, amplificar y encuadrar cada decisión según convenga. Cuando eso ocurre, la justicia pierde centralidad como poder independiente y gana protagonismo como instrumento narrativo. Y ese es un terreno resbaladizo.

La derrota de Extremadura no se corrige recordando, una vez más, los pecados del pasado del PP. Tampoco se neutraliza blindando el presente frente a cualquier sospecha incómoda. Las urnas hablan de otra cosa: de fatiga, de desencanto y de una percepción creciente de que el poder se ha vuelto autorreferencial, más preocupado por sobrevivir que por gobernar.

Demasiadas coincidencias no prueban conspiraciones. Pero sí hacen desconfiar del relato. Y en una democracia madura, desconfiar del relato oficial no es atacar al Estado de derecho, sino ejercerlo. Porque la justicia debe ser siempre un pilar, nunca una cortina. Y la política, cuando pierde elecciones, debería mirarse primero en el espejo antes de señalar al archivo judicial del adversario.

El presidente que quiso ser juez

Cuando un presidente decide quién es inocente y quién no, la justicia deja de ser poder del Estado para convertirse en su decorado. Sánchez no defiende a un fiscal: desafía la arquitectura misma de la democracia.
IMAGEN GENERADA POR IA

Pedro Sánchez no se equivocó en su entrevista con El País al declarar que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, es “inocente”. No fue un lapsus ni una torpeza verbal. Fue una afirmación calculada, una demostración de fuerza política envuelta en un gesto de lealtad personal. El presidente sabía perfectamente lo que hacía: interferir en una causa judicial abierta ante el Tribunal Supremo y desafiar, de forma explícita, el principio que sostiene cualquier democracia liberal —la separación de poderes.

La Asociación de Fiscales reaccionó con la contundencia que el momento exigía. Acusó al presidente de “inmiscuirse en la función de juzgar” y de “presionar, deslegitimar y usurpar” las funciones de los tribunales. No exageran. Cuando el jefe del Ejecutivo emite un veredicto antes que los jueces, el Estado de Derecho se convierte en una escenografía hueca, una liturgia sin sustancia.

El poder que confunde defensa con dominio

Sánchez pretende presentar su frase como un gesto de confianza personal, un apoyo moral a un colaborador asediado por la oposición. Pero su cargo convierte ese gesto en una declaración institucional. Y ahí radica la gravedad: un presidente no puede opinar como ciudadano cuando habla como poder del Estado. Cada palabra suya pesa como un decreto. Y cuando esas palabras apuntan contra los jueces del Supremo, lo que se pone en juego no es un caso judicial, sino el equilibrio de la República.

No hay inocencia posible sin juicio. Y no hay juicio posible cuando el poder ejecutivo marca la pauta de lo que los magistrados deberían concluir. El mensaje implícito de Sánchez es aterrador: si los tribunales condenan al fiscal general, será una injusticia; si lo absuelven, será la prueba de su “razón”. La justicia queda atrapada entre la obediencia y la sospecha.

El sanchismo ha convertido la lealtad en dogma. No se gobierna con convicciones, sino con adhesiones. Quien es leal al líder merece protección, aunque esté procesado. Quien lo cuestiona, aunque sea en nombre de la ley, es un enemigo del progreso. Esa es la lógica que hoy rige la relación entre el Gobierno y la Justicia: la subordinación moral del Derecho al poder.

García Ortiz, procesado por revelar datos confidenciales en un caso con enorme repercusión política, se ha transformado en símbolo de esa deriva. Su presunta falta ya no importa; lo que cuenta es su utilidad. Mientras sea fiel, el presidente lo defenderá. Mientras sirva al relato, será inocente por decreto.

Una justicia domesticada

El ataque velado al Tribunal Supremo no es un accidente: es una estrategia. Desde hace años, el Gobierno ha buscado colonizar el ámbito judicial con la excusa de su “democratización”. Ha intentado reformar el Consejo General del Poder Judicial para controlarlo, ha forzado nombramientos afines, ha ridiculizado las resoluciones que no le convenían. Ahora da un paso más: no se conforma con influir, quiere dictar el resultado.

Defender la inocencia del fiscal general es, en realidad, un desafío directo al Supremo. Es decirle a los magistrados: “sé lo que vais a decidir y no me importa”. Es convertir al Poder Judicial en un obstáculo político más, en una piedra que se aparta del camino con declaraciones, no con respeto. Es la forma más civilina de autoritarismo: el que se disfraza de defensa institucional.

Lo peor no es el hecho, sino la normalización. Sánchez ha conseguido lo que parecía imposible: banalizar la injerencia. Ya no sorprende que el presidente hable de causas abiertas como si fueran debates partidistas, ni que el Gobierno acuse a los jueces de “lawfare” cada vez que una sentencia incomoda al Ejecutivo. La democracia se vacía no por los golpes de fuerza, sino por la costumbre del abuso.

Al declarar “inocente” al fiscal general, el presidente no comete una torpeza: consolida un hábito. Un modo de entender el poder donde las instituciones no se respetan, sino que se utilizan. Donde el lenguaje jurídico se sustituye por consignas morales. Donde el delito deja de ser delito si lo comete un aliado.

La doctrina del presidente

El sanchismo ha creado su propia doctrina: la de la impunidad afectiva. El círculo de confianza se convierte en refugio ante la ley. La justicia es solo una molestia que se sortea con palabras. La inocencia ya no se gana en los tribunales, sino en las entrevistas de domingo. Y el presidente, lejos de proteger la independencia judicial, la pone a subasta en el mercado de su propio relato.

El resultado es devastador: un país donde la ley se convierte en un instrumento de defensa personal y donde la verdad procesal se sustituye por la verdad mediática. Cuando el presidente actúa como juez, el Estado se convierte en parte. Y cuando el Estado se convierte en parte, la justicia deja de ser árbitro.

Cada vez que Sánchez deslegitima a un juez, el país retrocede un paso hacia el autoritarismo blando: ese donde nadie rompe las urnas, pero todo el mundo teme al poder. El mensaje que lanza no es solo a los magistrados del Supremo: es a todos los servidores públicos que aún creen en la independencia de su función. Les está diciendo que el mérito ya no se mide por el cumplimiento de la ley, sino por la obediencia al relato.

Y así, poco a poco, se construye la ruina institucional: no por asalto, sino por desgaste; no con golpes, sino con declaraciones. Sánchez ya no necesita atacar abiertamente al Poder Judicial: le basta con proclamar inocencias y dictar sentencias morales desde la Moncloa.

Esa es la verdadera gravedad de su entrevista: no lo que dijo, sino lo que demostró. Que en España ya no hace falta ser juez para absolver. Basta con ser presidente.

Golpe directo al corazón de la democracia 

Cuando un gobierno que debería proteger los principios democráticos actúa como el mayor enemigo de la justicia, no estamos frente a una simple reforma legislativa; estamos siendo testigos de un ataque frontal al Estado de derecho. Las maniobras del PSOE para restringir la acción popular y consolidar su control sobre el poder judicial son un golpe bajo, calculado y premeditado para dinamitar los cimientos de nuestra democracia. 

FUENTE: EFE

Esta propuesta legislativa, disfrazada de una falsa modernización del sistema judicial, es en realidad un arma de defensa masiva del Ejecutivo. Limitar la acción popular significa eliminar una de las herramientas más poderosas que tienen los ciudadanos para combatir la corrupción y los abusos del poder. Este movimiento busca amordazar a las voces críticas y blindar a los responsables políticos, incluido el entorno de Pedro Sánchez, actualmente bajo la lupa de investigaciones judiciales. 

Es inadmisible que un gobierno se atreva a despojar a la sociedad de su capacidad para exigir responsabilidades. Más grave aún es que esto ocurra cuando las instituciones están ya profundamente erosionadas por la constante intromisión política. La historia nos enseña que cuando un poder ejecutivo decide amordazar al judicial, no es para el beneficio del pueblo, sino para perpetuar sus propias corruptelas. 

El PSOE no solo está destruyendo los contrapesos institucionales; está importando las tácticas de regímenes autoritarios. Eliminar a jueces considerados críticos, prohibir el uso de recortes de prensa como base para investigaciones y restringir las querellas populares son medidas más propias de sistemas autocráticos que de una democracia consolidada. 

¿Quién protege a los ciudadanos si se elimina su capacidad de participar activamente en la supervisión del poder? ¿A quién acuden los españoles cuando el Gobierno controla los tribunales y los cierra a la acción pública? Estas preguntas no son retóricas; son gritos de alarma que deberían resonar en cada rincón de nuestro país. 

Un Gobierno acorralado y peligroso 

La gravedad de esta reforma se amplifica por el contexto en el que se produce: un Gobierno acorralado por investigaciones que tocan a sus círculos más próximos. Pedro Sánchez y su partido buscan desesperadamente tapar los agujeros de un barco que hace aguas por todos lados, y en su desesperación no dudan en sacrificar los principios democráticos que juraron defender. 

Este es el momento de la verdad para España. Si permitimos que este atropello prospere, abrimos la puerta a una espiral de autoritarismo sin retorno. Las democracias no se destruyen de la noche a la mañana; caen por la suma de pequeñas traiciones como esta, que pasan desapercibidas o se normalizan bajo la excusa de la gobernabilidad. 

Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía, a las organizaciones civiles y a los partidos de la oposición: este es el momento de actuar. No basta con la crítica tibia o las palabras bonitas; se necesita una movilización masiva para frenar este atropello. Cada ciudadano tiene el deber moral de defender los valores democráticos que tanto nos ha costado conquistar. 

El PSOE está jugando con fuego, y el precio de sus acciones lo pagaremos todos. No se trata solo de esta reforma; es la acumulación de ataques a la libertad y a la justicia lo que convierte a este Gobierno en una amenaza directa para España. Si no resistimos ahora, mañana será demasiado tarde. 

La Justicia y el sentido común

La Ley de Amnistía ha generado un debate encendido en la sociedad española. Esta ley, que busca exonerar a aquellos implicados en el procés independentista catalán, plantea serios interrogantes sobre el respeto al Estado de derecho y la integridad de nuestras instituciones judiciales.

FUENTE:EFE

La Ley de Amnistía no solo es un error político, sino también una amenaza a los principios fundamentales de justicia y equidad.

En primer lugar, es crucial entender que el problema no radica en los jueces del Tribunal Supremo, sino en las trampas inherentes a la Ley de Amnistía. Esta ley representa una maniobra política que busca desvirtuar las decisiones judiciales previas y socavar la independencia del poder judicial. La justicia debe ser imparcial y basada en hechos y leyes, no en conveniencias políticas o presiones externas. Alterar los veredictos judiciales a través de una ley ad hoc sienta un peligroso precedente que mina la confianza en el sistema judicial.

Asimismo, debemos subrayar la importancia del imperio de los jueces. La propuesta de amnistía, lejos de promover la reconciliación, ataca directamente el corazón de nuestro sistema de justicia. Al desautorizar las sentencias emitidas por los tribunales, se envía un mensaje desalentador a los ciudadanos: la justicia puede ser manipulada por intereses políticos. Esto no solo desacredita a los jueces, sino que también erosiona la credibilidad del sistema judicial en su conjunto. Los jueces son los garantes de la ley, y su autoridad debe ser respetada para mantener la integridad y la estabilidad del orden legal.

Por otro lado, la ley y el sentido común deben prevalecer. La Ley de Amnistía, en su esencia, desafía ambos principios. La ley no debe ser vista como una herramienta flexible para acomodar decisiones políticas, sino como un marco riguroso que asegura la justicia y la equidad. La justicia debe ser igual para todos, y cualquier intento de modificarla para beneficiar a un grupo específico es, en última instancia, injusto y contraproducente.

Además, es fundamental considerar el impacto que esta ley tendría en el tejido social y político de España. La amnistía no resolverá las tensiones políticas subyacentes ni promoverá una verdadera reconciliación. Por el contrario, podría profundizar las divisiones al crear una percepción de impunidad y favoritismo. Aquellos que respetan la ley podrían sentirse traicionados, mientras que los beneficiados por la amnistía podrían interpretarla como una licencia para repetir sus acciones sin temor a repercusiones.

En este contexto, es imprescindible mantener una postura firme en defensa del Estado de derecho. La justicia no puede ser una variable dependiente de las circunstancias políticas. La amnistía no solo es una solución inapropiada para la crisis catalana, sino que también representa un peligroso precedente para el futuro de nuestra democracia. Si permitimos que las decisiones judiciales sean revocadas por conveniencias políticas, ¿qué mensaje estamos enviando a las futuras generaciones sobre el valor de la justicia y el respeto a las leyes?

La ley es un grave error que socava los principios fundamentales de nuestra sociedad. Debemos rechazarla con firmeza y abogar por un sistema judicial independiente y respetado. La justicia debe ser ciega, imparcial y no estar sujeta a las fluctuaciones políticas. Solo así podremos garantizar una sociedad justa y equitativa, donde todos los ciudadanos, sin excepción, estén sujetos a las mismas leyes y normas. La amnistía no es el camino; el respeto a la ley y la justicia sí lo son.

Política y ética pasan de líquido a gas

La conferencia política que ha celebrado el PSOE en La Coruña este fin de semana tiene varios aspectos que merecen un análisis pormenorizado.

FUENTE: EFE

En primer lugar, tanto el acto en sí como los discursos que se realizaron en él son una muestra fiel del actual ciclo político. Los partidos occidentales a lo largo de los años han utilizado este tipo de convenciones para discutir los temas fundamentales, confrontar visiones opuestas y obtener una síntesis razonable y coherente para la sociedad en general, no sólo para el consumo interno de sus afiliados.

Éste no es el caso del acto de La Coruña. Más bien, todo lo contrario. Un mitin continuo de los dirigentes actuales que buscan protegerse debajo de la figura de su líder, ya que su supervivencia política depende de ello. Un acto en el que el tiempo se empleó en buscar argumentos que sirvan para simular una «normalidad» que dejó de existir hace mucho tiempo.

Es más, hacen creer que estamos ante una “nueva normalidad” mucho mejor que la anterior (por supuesto, combativa y contraria a todo lo que no sea gobernar), ya que supuestamente se asume la pluralidad del Estado, cosa que teóricamente antes no se hacía. Éste es el último giro de guión que los estrategas del presidente han encontrado para apuntalar los días posteriores a la que fue la peor sesión parlamentaria del actual régimen del 78, la del miércoles 10 de enero.

Para intentar convencer a la ciudadanía (especialmente, aquella que está llamada a las urnas en los próximos meses) de que el camino correcto es el suyo, primero necesitan autoconvencerse. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. En el momento en que las convicciones políticas y éticas se ponen al servicio del ciclo político actual, éstas pasan del estado líquido (no podemos decir que vinieran del estado sólido, ya se habían deteriorado suficientemente por el camino de los últimos 20 años) al gaseoso.

En esta transición hay una actitud clave que hace unas semanas pronunciaba una conocida periodista: “si todos los días es todo tan grave, quiere decir que no pasa nada”. Una vez logrado ese convencimiento, viene el momento de vender unos resultados en términos de gestión económica y política social que, salvo en muy pocos aspectos, no han supuesto una mejora real de la vida de los ciudadanos.

No es de recibo que el Gobierno que ha contado con el mayor volumen de recursos económicos de la Historia (en torno a un billón de euros entre gasto público directo y financiación de deuda pública a un coste muy bajo) haya obtenido unos resultados tan pírricos.

Desde 2019, los ingresos de las familias en términos reales han bajado un 2,4% mientras la media europea subió un 1,4% volviendo oficialmente al «club de los países pobres» de la UE al caer nuestra renta per cápita al 85% de la media UE; el único de los grandes países europeos donde la inversión empresarial ha caído mientras la media europea ha subido más de un 10%, la productividad (lo que de verdad hace crecer un país) ha caído un 2,3% entre 2020 y 2022, la deuda del sistema público de pensiones ha pasado de 17.000 millones en 2016 a 106.000 millones al cierre de septiembre de 2023…

Con lo cual, ni siquiera el argumento económico o el de política social pueden justificar que se haga lo que sea necesario para mantener al Gobierno en el poder, instalado en una lógica permanente de «frente amplio». Nunca es fácil que alguien que ostenta la responsabilidad de Gobierno tenga la capacidad de autocrítica, voluntad de enmendar su proceder y rectificar su rumbo atendiendo a los problemas reales de la ciudadanía. No se ha hecho en La Coruña, y probablemente no se haga tampoco en los próximos meses, salvo que se produzca una contundente derrota electoral

. 

Política de retos en 2024

Los primeros días de 2024 no traen un panorama tan prometedor como se nos quería hacer creer tanto en lo económico como lo social.

FUENTE: EFE

2023 ha estado marcado por un continuo vaivén político y las sorpresas no han cesado. Con Pedro Sánchez de nuevo en el poder, surgen desafíos importantes que, lejos de ser solucionados, podrían intensificar las divisiones y desequilibrios en el país con las miras puestas en el nuevo año. 

El presidente del Gobierno demuestra más habilidad política que enfoque en resolver problemas reales. En lugar de abordar cuestiones cruciales, se han priorizado temas que dividen y polarizan a la sociedad. El énfasis en las cuestiones territoriales y la financiación autonómica puede profundizar las divisiones regionales en lugar de promover la cohesión nacional. 

Hablando de la tan promocionada ley de amnistía, su tramitación y aprobación desencadenarán un desequilibrio aún mayor en la independencia judicial y crear más discordia en lugar de restaurar la estabilidad. 

Mientras se aumenta el salario mínimo y mejorar las prestaciones por desempleo, se ignora el impacto que esto tiene en la economía. El enfoque en una política fiscal «redistributiva y justa» no consigue ni redistribuir correctamente, ni tampoco la equidad, con lo cual, se traducen en desincentivar la inversión y el crecimiento económico, perjudicando a largo plazo a todos los estratos sociales. 

Además, el desacuerdo constante en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja una polarización que afecta gravemente el funcionamiento de la justicia. Ambos lados políticos parecen estar más preocupados por sus propios intereses que por el bienestar general del país, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la independencia del sistema judicial. 

El nuevo Gobierno, lejos de ofrecer soluciones reales, parece querer profundizar en las divisiones y desequilibrios existentes en el país. Los desafíos planteados no parecen estar abordándose de manera efectiva, lo que podría augurar un período tumultuoso y poco productivo para el futuro inmediato de la nación. 

En el plano económico, nuestro país se enfrenta a un panorama de desaceleración del que tomará parte toda Europa. La economía española experimentó un 2023 que comenzó fuerte (comparando el dato presente con el de sus homólogos europeos), pero mostró una desaceleración gradual a lo largo del año, cerrando con un crecimiento aproximado del 2,3% para el conjunto del año.

A pesar de esto, se evidenció una tendencia a la desaceleración trimestral, reflejada en el estancamiento del empleo, el deterioro de los indicadores de manufacturas y servicios, así como en las exportaciones, incluyendo el sector turístico.