sánchez - La España Que Reúne

La moción imposible y el largo desgaste de Sánchez

Mientras la corrupción ocupa el centro de la conversación pública, parte de la oposición vuelve a refugiarse en la tentación de una moción de censura. El problema es que no existen los números, no existe una mayoría alternativa y, sobre todo, no existe ningún incentivo para que quienes sostienen a Sánchez derriben ahora el sistema que les ha otorgado más poder que nunca.

FUENTE: EFE

La política española atraviesa uno de esos momentos en los que la ansiedad amenaza con imponerse al análisis. Las investigaciones judiciales, las declaraciones de testigos, el deterioro institucional y la sensación de agotamiento que rodea al Gobierno han generado una presión creciente sobre Pedro Sánchez. Y precisamente por eso ha reaparecido una vieja tentación: la moción de censura.

La propuesta tiene algo de acto de purificación colectiva. Como si bastara con registrar una iniciativa parlamentaria para limpiar el ambiente político, devolver la dignidad a las instituciones y ofrecer una salida inmediata a una legislatura cada vez más erosionada. El problema es que la política no funciona como la literatura moral. Las mociones de censura no sirven para expresar estados de ánimo. Sirven para sustituir gobiernos. Y hoy no existe ninguna mayoría capaz de hacerlo.

Por eso la discusión resulta tan llamativa. España vive probablemente la mayor crisis política del sanchismo desde su llegada al poder y, sin embargo, buena parte del debate gira alrededor de una herramienta que carece de recorrido práctico. Es una paradoja profundamente española: cuanto más grave parece el problema, más energía se dedica a soluciones imposibles.

El muro que Sánchez construyó sigue intacto

La principal fortaleza del presidente no es ya su Gobierno. Tampoco su partido. Ni siquiera su popularidad. Su principal fortaleza es la aritmética parlamentaria que construyó durante los últimos años.

Porque mientras la conversación pública se concentra en los escándalos, la estructura política que sostiene al Ejecutivo permanece prácticamente inalterada. Los socios independentistas continúan obteniendo concesiones. Los nacionalistas siguen acumulando influencia. La izquierda alternativa mantiene posiciones institucionales que desaparecerían con un cambio de mayoría.

En esas condiciones, plantear una moción de censura equivale a pedir a todos los beneficiarios del actual sistema que voten contra sus propios intereses.

No existe ninguna evidencia de que ERC quiera facilitar un gobierno alternativo. Tampoco Junts. Mucho menos Bildu o el PNV. Al contrario: buena parte de las negociaciones que hoy ocupan la agenda política —la financiación singular catalana, los acuerdos competenciales o las transferencias pendientes— dependen precisamente de que Sánchez continúe en La Moncloa.

La realidad es mucho más sencilla que la épica parlamentaria. Quienes han obtenido más poder con Sánchez difícilmente serán quienes provoquen su caída.

La tentación de la política simbólica

Eso no significa que la oposición carezca de argumentos. Significa que corre el riesgo de confundir la denuncia con la estrategia.

Una moción condenada al fracaso puede generar titulares durante unos días. Puede movilizar a los convencidos. Puede incluso ofrecer una imagen de iniciativa política. Pero también puede producir el efecto contrario: reforzar a un Gobierno que necesita desesperadamente cambiar de conversación.

No sería la primera vez que sucede. La historia parlamentaria española está llena de iniciativas concebidas para desgastar al adversario que terminaron permitiéndole reagruparse. Cuando una operación nace sin posibilidad matemática de éxito, el riesgo de convertirse en un simple espectáculo es enorme.

Y además existe otro problema más profundo. Cada semana dedicada a discutir una moción inviable es una semana menos dedicada a explicar por qué la situación política ha llegado hasta aquí. La corrupción deja de ocupar el centro del escenario y la atención se desplaza hacia una batalla parlamentaria cuyo desenlace conocen todos antes incluso de empezar.

La oposición gana ruido. El Gobierno gana tiempo.

El desgaste verdadero está en otro lugar

La paradoja del momento actual es que Sánchez parece más débil políticamente de lo que indican los números del Congreso y más fuerte parlamentariamente de lo que sugiere el deterioro de su imagen.

La legislatura muestra signos evidentes de agotamiento. La ausencia de Presupuestos, las dificultades para aprobar reformas, la creciente dependencia de acuerdos bilaterales con los socios nacionalistas y la acumulación de escándalos han erosionado el relato gubernamental. Pero ninguna de esas dificultades altera todavía la mayoría que sostiene al Ejecutivo.

Por eso el verdadero desafío para Sánchez no está en una hipotética moción de censura. Está en el paso del tiempo.

Cada mes adicional aumenta el desgaste institucional. Cada negociación extraordinaria encarece el precio de la supervivencia parlamentaria. Cada nueva polémica agrava la percepción de un poder que dedica más energía a resistir que a gobernar.

Y ése es precisamente el motivo por el que la impaciencia puede convertirse en un error estratégico para sus adversarios.

La política tiene sus tiempos

Existe una diferencia fundamental entre una crisis política y una caída política. La primera puede durar meses o incluso años. La segunda suele producirse de manera abrupta, cuando las condiciones que la hacían posible se agotan de golpe.

Hoy Sánchez atraviesa una crisis evidente. Lo que todavía no existe es una mayoría alternativa que permita convertir esa crisis en una sustitución inmediata del Gobierno.

Por eso la moción de censura se parece más a una válvula emocional que a una solución real. Permite expresar indignación, pero no resolver el problema. Permite escenificar una ruptura, pero no construir una alternativa.

Y quizá ahí resida la principal enseñanza de este momento político. No todas las crisis se solucionan acelerando los acontecimientos. Algunas se resuelven dejando que el propio desgaste haga su trabajo.

Porque la triste realidad para el PSOE es que cuanto más se prolongue esta situación, más difícil será reconstruir su posición política. Y la triste realidad para Sánchez es aún más simple: puede sobrevivir a una moción de censura imposible, pero resulta mucho más complicado sobrevivir indefinidamente al desgaste de la realidad.

La cuestión ya no es cuánto puede resistir el Gobierno. La cuestión es cuánto puede resistir el sistema político construido para sostenerlo. Y ésa es una pregunta mucho más incómoda que cualquier moción condenada a perderse en una tarde parlamentaria.

¿Preocupación institucional o instinto de supervivencia?

Cada vez más alcaldes y dirigentes territoriales socialistas reclaman que las elecciones generales se celebren antes que las municipales y autonómicas de 2027. La petición se presenta como una respuesta al desgaste del Gobierno, pero también revela una tensión más profunda: hasta qué punto las estructuras locales del PSOE temen convertirse en las principales víctimas electorales del sanchismo cuando llegue la hora de las urnas.

FUENTE: IMAGEN GENERADA POR IA

Durante las últimas semanas ha empezado a aflorar una tensión cada vez menos disimulada dentro del PSOE. Alcaldes, dirigentes provinciales y algunos líderes territoriales vienen reclamando que las próximas elecciones generales se celebren antes que las municipales y autonómicas previstas para mayo de 2027. No es una posición aislada ni marginal. Desde dirigentes históricos como Emiliano García-Page hasta alcaldes con peso orgánico llevan meses deslizando el mismo mensaje: el calendario electoral puede ser decisivo para la supervivencia de buena parte del poder territorial socialista.

La pregunta interesante no es si lo están pidiendo. Lo están pidiendo. La cuestión verdaderamente relevante es otra: ¿lo hacen por responsabilidad política ante la situación que atraviesan el Gobierno y el partido o simplemente porque quieren salvar sus propios ayuntamientos?

La respuesta probablemente no sea tan sencilla como les gustaría a unos y otros.

El miedo existe y tiene fundamentos

Resulta difícil negar que existe una preocupación real en numerosos cuadros territoriales socialistas. El deterioro político del Gobierno, la acumulación de escándalos, las investigaciones judiciales, las tensiones con los socios parlamentarios y el desgaste natural de una legislatura larga han generado inquietud incluso dentro de sectores tradicionalmente leales a Pedro Sánchez. Algunos militantes y cargos locales han llegado a pedir públicamente una transición ordenada en el liderazgo socialista.

Desde esta perspectiva, quienes reclaman adelantar las generales podrían argumentar que el problema no es únicamente electoral. Podrían sostener que la situación política se ha deteriorado hasta el punto de exigir una clarificación democrática. Que una legislatura sostenida sobre una mayoría cada vez más fragmentada y dependiente de pactos complejos necesita volver a contrastarse con las urnas.

Esa interpretación existe y sería un error descartarla por completo, pero tampoco parece suficiente para explicar lo que está ocurriendo.

La lógica municipal apunta en otra dirección

La política local tiene una característica que la hace especialmente sensible a los ciclos nacionales: los alcaldes suelen ser los últimos en abandonar el barco porque son también los primeros en sufrir las consecuencias de una mala marca nacional.

Los dirigentes municipales conocen perfectamente este mecanismo. Saben que una parte importante de su electorado distingue entre el alcalde y las siglas, pero también saben que cuando la marca entra en crisis esa separación tiene límites. Por eso el temor al llamado «superdomingo» electoral se ha extendido con tanta rapidez dentro del PSOE.

La preocupación es bastante transparente. Si las municipales coinciden con el momento de mayor desgaste nacional del partido, muchos alcaldes pueden acabar pagando en sus ayuntamientos decisiones tomadas a cientos de kilómetros de distancia.

En otras palabras: buena parte del municipalismo socialista teme convertirse en daño colateral. Y eso tiene mucho más que ver con la supervivencia política que con la teoría constitucional.

El conflicto de fondo es entre Ferraz y el territorio

Lo que aflora detrás de este debate es una vieja tensión de los partidos de gobierno: la diferencia entre quien controla el aparato nacional y quien administra poder territorial.

Para La Moncloa, aguantar hasta el final de la legislatura puede tener sentido. Cada mes adicional permite gestionar recursos, aprobar medidas, negociar alianzas y mantener la iniciativa institucional.

Para muchos alcaldes, sin embargo, cada mes adicional puede significar más desgaste acumulado.

Los incentivos son distintos. Cuando García-Page advertía hace meses que no podía hundirse «toda la infantería para que siga existiendo el cuartel general», estaba describiendo precisamente esa fractura.

La cuestión no es si el PSOE debe resistir. La cuestión es quién asume el coste de esa resistencia.

El problema para Sánchez

Aquí aparece una paradoja interesante: si los alcaldes tienen razón y el desgaste nacional amenaza seriamente al PSOE municipal, adelantar las generales podría permitir una cierta recomposición antes de las elecciones locales.

Pero si Sánchez aceptara ese razonamiento estaría reconociendo implícitamente algo que lleva meses negando: que el principal problema electoral del PSOE ya no está en la oposición, sino en el propio Gobierno.

Y ésa es una admisión políticamente muy costosa. Por eso resulta difícil imaginar que las presiones territoriales vayan a modificar fácilmente el calendario previsto.

Una discusión menos noble de lo que parece

La política suele disfrazar de principios lo que muchas veces son simples incentivos.

Seguramente hay alcaldes socialistas sinceramente preocupados por el deterioro institucional, por la situación del partido o por la imagen que proyecta el Gobierno. Sería absurdo pensar que todo responde exclusivamente al cálculo personal.

Pero también sería ingenuo ignorar que la inmensa mayoría de esas voces han empezado a elevar el tono precisamente cuando se acerca un ciclo electoral en el que ellos mismos se juegan el cargo.

Por eso la pregunta no admite una respuesta absoluta. No parece ser sólo preocupación por España; tampoco parece ser sólo conservación del sillón.

Lo que probablemente estamos viendo es algo mucho más humano y mucho más político: dirigentes que empiezan a preguntarse cuánto tiempo más pueden seguir defendiendo una estrategia nacional cuyos costes ya están llegando a la puerta de sus propios ayuntamientos. Y cuando eso ocurre, la lealtad orgánica suele empezar a competir con el instinto de supervivencia.

Cataluña es la precursora de la España ingobernable

La negociación imposible de los presupuestos catalanes revela hasta qué punto la política española ha dejado de gobernar para limitarse a sobrevivir. Illa depende de ERC; Sánchez depende de Illa. Y ambos han quedado atrapados en una aritmética que ya no administra poder, sino debilidad.

FUENTE: EFE

La política española lleva meses funcionando como una cadena de dependencias cruzadas donde nadie gobierna realmente, pero todos necesitan aparentar que aún controlan algo. Cataluña es el mejor reflejo de esa situación. Lo que allí ocurre ya no es una cuestión autonómica: es una radiografía del agotamiento del modelo parlamentario sobre el que descansa hoy el poder de Pedro Sánchez.

Porque el problema de Salvador Illa no es únicamente presupuestario. Es existencial. Su presidencia nació bajo una condición muy concreta: depender del independentismo para gobernar mientras prometía superar el “procés” y devolver estabilidad institucional a Cataluña. Pero cuanto más necesita a ERC, más se parece precisamente al esquema político que decía venir a corregir.

Y ahí aparece la verdadera dimensión nacional del problema. Illa depende de ERC para aprobar sus cuentas y Sánchez depende de Illa para sostener la ficción de normalización catalana. Y ERC depende de endurecer continuamente sus exigencias para justificar ante su electorado que sigue siendo útil después de haber entregado la Generalitat y facilitado la continuidad del sanchismo en Madrid.

El resultado es un sistema atrapado en la negociación permanente. Un poder que ya no transforma ni planifica, sino que administra vetos, cesiones y equilibrios precarios.

El presupuesto como chantaje estructural

Las últimas semanas han dejado una imagen muy reveladora: la negociación presupuestaria catalana ya no gira alrededor de prioridades económicas o modelos de gestión, sino alrededor de competencias, financiación singular, cesiones identitarias y nuevas transferencias de poder político. ERC sabe perfectamente dónde está la debilidad y la explota.

Cada vez que amenaza con bloquear las cuentas catalanas, amenaza también indirectamente la estabilidad de Sánchez. Porque el Gobierno necesita desesperadamente que Cataluña funcione como ejemplo político de la “desinflamación” del conflicto territorial. Illa era la gran prueba de que el socialismo podía volver a gobernar Cataluña sin ruptura institucional. Pero cuanto más tiempo pasa, más evidente resulta que esa estabilidad depende exactamente de quienes hicieron del conflicto su principal herramienta política.

La paradoja es evidente: el PSC ganó prometiendo pasar página del procés y ha terminado subordinado a sus herederos políticos.

Sánchez ya no arbitra: depende

Durante años, Sánchez logró convertir la fragmentación parlamentaria en una herramienta de supervivencia. Pactaba con unos y otros, desplazaba el eje político y utilizaba la necesidad mutua como mecanismo de poder. Pero esa fórmula empieza a mostrar síntomas de agotamiento. Hoy ya no es el árbitro del sistema, es rehén de él.

La negociación catalana lo demuestra de forma descarnada. El acuerdo de financiación singular exigido por ERC no responde únicamente a una lógica autonómica: responde a la necesidad del independentismo de justificar políticamente su alianza con el PSOE. Y Sánchez necesita conceder algo suficientemente relevante para mantener viva esa mayoría parlamentaria.

Por eso Cataluña ya no es sólo Cataluña, es el laboratorio donde se anticipa el futuro político nacional.

Si Illa fracasa, fracasa la gran narrativa del sanchismo territorial. Si ERC rompe, Sánchez pierde estabilidad. Y si las cesiones continúan aumentando, el coste político fuera de Cataluña seguirá creciendo en amplias capas del electorado socialista tradicional.

La geometría imposible del PSOE

El PSOE atraviesa una contradicción cada vez más difícil de sostener. Necesita al independentismo para gobernar España mientras intenta convencer al resto del país de que el independentismo ya no condiciona España y esa contradicción empieza a hacerse visible en todas partes.

Se vio con la amnistía, se ve con la financiación autonómica, se ve con las competencias fiscales y se está viendo ahora con los presupuestos catalanes. Cada cesión se presenta como un instrumento para “normalizar” la situación, pero el efecto acumulativo es justamente el contrario: aumenta la sensación de excepcionalidad permanente.

El problema no es sólo político, es institucional. Porque cuando un gobierno depende continuamente de minorías cuyo incentivo político consiste en diferenciarse del propio Estado, la lógica de funcionamiento acaba alterándose por completo. El poder deja de orientarse hacia mayorías amplias y empieza a organizarse alrededor de demandas cada vez más fragmentarias y territoriales.

Eso es exactamente lo que hoy refleja Cataluña.

Una legislatura atrapada en sí misma

Lo más significativo de todo es que nadie parece tener una salida real. ERC no puede permitirse aparecer irrelevante e Illa no puede romper con ERC sin poner en riesgo toda la estrategia del PSC. Por ende, Sánchez no puede permitirse perder Cataluña porque perdería el núcleo político que sostiene su mayoría parlamentaria en Madrid. Todos necesitan seguir, Aunque cada vez resulte más evidente que el sistema funciona peor.

Por eso la negociación presupuestaria catalana importa mucho más de lo que aparenta. No habla sólo de unas cuentas autonómicas. Habla del modelo político español surgido tras la fragmentación parlamentaria, del agotamiento del viejo bipartidismo y de un poder que ya no descansa sobre proyectos compartidos, sino sobre dependencias mutuas cada vez más difíciles de administrar.

Cataluña ya no es la excepción; empieza a ser el espejo.

Sánchez se queda solo con Sánchez

El PSOE firma otro hundimiento territorial y María Jesús Montero queda políticamente abrasada. Pero el presidente del Gobierno sale de Andalucía con algo que valora más que una victoria: más control interno, una derecha dependiente de Vox y el partido cada vez más sometido a su estrategia nacional.

FUENTE: EFE

Durante décadas, ganar Andalucía no era simplemente una victoria electoral para el PSOE. Era una forma de legitimidad. Era demostrar que el socialismo seguía conectado con la España trabajadora, con la España de las clases medias, con la España que aún asociaba al partido con movilidad social, estabilidad institucional y cierta idea de progreso colectivo. Hoy queda poco de aquello. Lo que anoche se confirmó no fue únicamente una derrota electoral. Fue el cierre, probablemente definitivo, de una época.

Nadie en La Moncloa reconocerá hoy en público la dimensión política de la derrota. Pero el golpe es severo. El PSOE andaluz ha vuelto a tocar suelo histórico con 28 escaños, perdiendo de nuevo representación y quedando muy lejos de cualquier posibilidad real de disputar el poder. El PP de Juanma Moreno gana con claridad, aunque pierde la mayoría absoluta y se queda en 53 diputados, obligado otra vez a mirar a Vox, que sube hasta los 15 escaños. La izquierda alternativa, además, conserva y amplía espacios propios, consolidando la fragmentación del electorado progresista. Los números son malos. Pero la lectura política es todavía peor.

María Jesús Montero no sólo ha perdido. Ha quedado políticamente dañada en el territorio que debía relanzarla. Y eso tiene una lectura inmediata: el proyecto de Sánchez vuelve a fracasar cuando se somete a examen territorial fuera de sus enclaves parlamentarios naturales. Ya ocurrió en Extremadura. Después en Aragón. Más tarde en Castilla y León. Ahora Andalucía confirma el patrón.

Pero sería un error interpretar la noche sólo como una derrota socialista. Porque, paradójicamente, el resultado también fortalece a Pedro Sánchez.

Montero cae porque era Sánchez

Todo el mundo sabía que Montero era una candidata difícil. Su perfil estaba asociado a demasiadas cosas al mismo tiempo: al viejo aparato andaluz, a la disciplina sanchista, a la gestión de Hacienda y, sobre todo, a la política de concesiones al independentismo que tan mal digiere una parte sustancial del electorado del sur.

Montero no era simplemente una ministra con proyección nacional bajando a pelear unas autonómicas. Era la encarnación política de una etapa. La dirigente que ha defendido una financiación territorial asimétrica mientras invocaba la igualdad entre españoles. La ministra que ha convertido el lenguaje económico en propaganda política. La portavoz más eficaz de una cultura de partido en la que el mérito hace tiempo dejó de ser tan importante como la utilidad para el líder.

Por eso la derrota no puede desligarse de Sánchez. Montero no representaba una alternativa al presidente. Era el presidente traducido al acento andaluz y los votantes lo entendieron perfectamente.

Cada derrota territorial deja menos partido y más líder

Hace no tantos años, un resultado así habría abierto una crisis interna de enormes dimensiones. Andalucía no es una federación cualquiera dentro del PSOE. Históricamente ha sido una de las estructuras más poderosas, más autónomas y más capaces de discutir decisiones de la dirección federal. Hoy ocurre exactamente lo contrario.

Lo que estamos viendo desde hace meses es un patrón cada vez más evidente. Ocurrió en Extremadura. Después en Aragón. Más tarde en Castilla y León. Ahora Andalucía. Cada derrota territorial no está erosionando realmente a Pedro Sánchez. Está eliminando, una a una, todas las estructuras internas que podrían ejercer algún tipo de contrapoder.

Cada barón que cae deja menos autonomía orgánica. Cada aparato debilitado deja menos discusión interna. Cada fracaso electoral concentra más capacidad de decisión en La Moncloa.

La paradoja es brutal, pero políticamente eficaz: el PSOE pierde territorios, pierde implantación y pierde prestigio institucional, pero Sánchez sigue ganando partido.

Moreno gana… pero tampoco del todo

La otra lectura importante de la noche está en el PP. Juanma Moreno vuelve a demostrar que sigue siendo uno de los dirigentes autonómicos más sólidos del centro-derecha español. Gana con claridad y mantiene Andalucía como principal bastión territorial del partido. Pero no logra cerrar del todo la partida.

La pérdida de la mayoría absoluta obliga otra vez a depender de Vox. Y eso tiene consecuencias nacionales que van mucho más allá de Sevilla. Porque el escenario ideal para Sánchez nunca ha sido derrotar al PP. Su escenario ideal siempre ha sido otro: que el PP necesite a Vox para gobernar.

Mientras esa dependencia exista, el presidente puede seguir construyendo el mismo relato. Puede seguir presentándose como el último muro frente a los extremos, aunque lleve años dependiendo de fuerzas que han cuestionado la unidad del Estado, la independencia judicial o incluso algunos consensos básicos de la Transición.

Moreno gana la elección. Pero Sánchez conserva el marco político.

El verdadero mensaje de Andalucía

La jornada deja una lección mucho más profunda que un simple reparto de escaños: el PSOE sigue perdiendo arraigo donde antes construía identidad, sus estructuras territoriales se debilitan, sus referentes autonómicos caen, sus candidaturas pierden credibilidad incluso en plazas históricas, y, sin embargo, Pedro Sánchez sale de cada derrota más fuerte dentro del partido que antes de sufrirla.

Montero probablemente firmó anoche el final de su recorrido electoral. Pero Sánchez ha vuelto a demostrar algo mucho más inquietante: que ha construido un partido donde perder elecciones ya no genera debate, sino obediencia.

Y cuando un líder consigue eso, el problema deja de ser electoral. El problema empieza a ser institucional.

Cuando Bruselas paga y Moncloa tapa agujeros

El choque inédito en el Tribunal de Cuentas no gira sólo sobre pensiones o contabilidad pública. Lo que empieza a emerger es algo mucho más serio: la transformación de los fondos europeos —concebidos para modernizar la economía— en una herramienta para sostener gasto corriente, maquillar tensiones presupuestarias y ganar tiempo político.

FUENTE: EFE

La noticia de esta semana no está en un juzgado, ni en un pleno bronco del Congreso, ni siquiera en la guerra diaria de titulares que acompaña a esta legislatura. Está en un edificio mucho más silencioso y mucho más importante: el Tribunal de Cuentas.

Allí se ha producido algo que rara vez ocurre y que, precisamente por eso, merece atención. La aprobación de la Cuenta General del Estado de 2024 —el gran examen anual de las finanzas públicas— ha provocado una fractura interna sin precedentes. Votos concurrentes críticos. Un voto particular en contra. Consejeros denunciando deterioro institucional y uso irregular de fondos europeos para cubrir gasto ordinario, incluido el sistema de pensiones. Algo prácticamente desconocido en la historia reciente del órgano fiscalizador.

No estamos ante una discusión técnica entre contables del Estado. Estamos ante una pregunta mucho más incómoda: ¿qué está haciendo realmente el Gobierno con el dinero europeo?

El dinero que debía transformar el país

Los fondos Next Generation no nacieron para cuadrar la caja del mes. No fueron concebidos para aliviar tensiones de tesorería ni para cubrir agujeros estructurales del gasto público. Su filosofía era otra: digitalización, transición energética, productividad, innovación, infraestructuras críticas, modernización administrativa. En otras palabras: futuro.

Europa no diseñó el mayor programa de transferencias de su historia para que los gobiernos nacionales sobrevivieran políticamente unos años más. Lo diseñó para evitar que el continente saliera de la pandemia más pobre, más dependiente y menos competitivo.

España ha recibido más de 55.000 millones en transferencias directas, además de miles de millones adicionales en préstamos. Una cifra histórica. Un volumen de recursos que, bien utilizado, podía cambiar estructuras enteras de nuestra economía.

La sospecha que ahora emerge es que parte de ese dinero ha servido, mientras no estaba adjudicado, para otra cosa mucho menos épica: taponar vías de agua del Estado.

Del plan de transformación al parche presupuestario

No hay nada más tentador para un gobierno con problemas fiscales que una gran bolsa de liquidez disponible. Y no hay nada más peligroso que empezar a verla como caja de resistencia.

Eso es exactamente lo que subyace en la polémica actual. Según los consejeros críticos del Tribunal, fondos europeos pendientes de asignación habrían terminado integrados en la cuenta única del Tesoro, permitiendo aliviar otras necesidades inmediatas del Estado, entre ellas complementar el pago de pensiones y otras obligaciones corrientes.

Puede que jurídicamente se discuta el encaje. Puede que Hacienda alegue flexibilidad financiera. Puede que se argumente que esos fondos acabarán ejecutándose en destino. Todo eso puede discutirse.

Lo que políticamente resulta mucho más difícil de esconder es el mensaje que transmite: Bruselas financia inversión, Madrid gana oxígeno.

Gobernar sin presupuestos tiene un precio

Hay un dato que atraviesa toda esta discusión y que explica buena parte del deterioro actual: España lleva años gestionando el Estado sin nuevos Presupuestos Generales.

Y gobernar sin presupuestos no elimina las necesidades del Estado. Sólo obliga a buscar ingeniería financiera para sostenerlas.

Transferencias internas, ampliaciones de crédito, deuda creciente, cláusulas de escape, anticipos europeos, reprogramaciones. El lenguaje técnico es sofisticado. El problema político es muy básico: cuando desaparece la disciplina presupuestaria, aparece la tentación de utilizar cualquier recurso disponible como colchón.

Lo extraordinario deja de ser excepcional. Y lo temporal empieza a comportarse como estructural.

Europa no paga para eso

Aquí está la cuestión de fondo. Europa puede tolerar retrasos administrativos. Puede asumir que algunos proyectos ejecuten peor. Puede incluso convivir con cierta burocracia nacional.

Lo que no puede aceptar indefinidamente es que fondos creados para reformar economías terminen siendo percibidos como combustible para sostener gasto político ordinario. Porque entonces ya no hablamos de ejecución deficiente.

Hablamos de desnaturalización y eso tiene consecuencias: en credibilidad exterior, en confianza institucional, en futuras negociaciones presupuestarias y en la posición de España dentro de la propia Unión.

No es casualidad que el propio Tribunal de Cuentas haya venido reclamando en sus últimos informes más control, más trazabilidad y más planificación en la gestión de fondos europeos.

Cuando los órganos de control empiezan a elevar el tono, normalmente es porque el problema dejó de ser anecdótico.

El deterioro siempre empieza así

Las democracias no suelen romperse con una gran decisión dramática. Se erosionan con pequeños desplazamientos de frontera.

Un decreto que sustituye al Parlamento. Un presupuesto que nunca llega. Una deuda que se esconde bajo lenguaje técnico. Un fondo extraordinario que termina cubriendo necesidades ordinarias.

Y un día el país descubre que aquello que se presentó como una excepción se ha convertido en método. Los fondos europeos llegaron para financiar el futuro. Si acaban sosteniendo el presente, el problema ya no será contable.

Será político. Y mucho más caro.

El CIS ya no mide España: intenta administrarla

La última encuesta de Tezanos vuelve a conceder una cómoda ventaja al PSOE y a dibujar una oposición impotente. Puede discutirse su cocina, su sesgo y su credibilidad. Pero sería un error no entender para qué sirve hoy realmente el CIS: menos para describir el país que para influir sobre él.

FUENTE: EFE

Hubo un tiempo en que las encuestas públicas pretendían retratar la realidad política. Hoy da la impresión de que algunas aspiran a corregirla. El último barómetro del CIS vuelve a colocar al PSOE con una ventaja amplia sobre el PP, sitúa a Vox en una posición contenida, reduce al espacio de Sumar a la marginalidad funcional y ofrece, en conjunto, una imagen de estabilidad gubernamental que contrasta con la tensión política, judicial y parlamentaria de los últimos meses.

No es un hecho aislado. Es una pauta.

Cada nueva encuesta del organismo presidido por José Félix Tezanos produce ya una reacción mecánica. El Gobierno la celebra sin excesivo entusiasmo, porque sabe que incluso sus propios votantes la leen con prevención. La oposición la ridiculiza con entusiasmo creciente, porque le permite descargar en un demóscopo oficial frustraciones que en realidad son políticas. Y una parte de la ciudadanía la contempla como quien asiste a una ceremonia conocida: más pendiente de la intención del mensaje que del mensaje mismo.

Ése es quizá el cambio decisivo. El CIS ha dejado de ser percibido como una institución técnica neutral para convertirse en un actor más de la contienda nacional.

Una encuesta no sólo pregunta: también ordena

Toda demoscopia contiene decisiones subjetivas. Se elige qué preguntar, cómo preguntar, a quién llamar, qué respuestas ponderar y de qué modo traducirlas en estimaciones electorales. No existe una encuesta químicamente pura. Pero sí existen diferencias entre una institución que inspira confianza metodológica y otra cuya dirección se identifica de manera abierta con una causa política concreta.

Tezanos no inventó la politización de España, pero sí ha contribuido a politizar el principal organismo público encargado de medirla.

Por eso cada barómetro se interpreta menos como una fotografía del momento que como una pieza del ecosistema comunicativo del poder. Cuando el CIS otorga al PSOE una ventaja muy superior a la que suelen reflejar otros sondeos, el debate deja de centrarse en la sociedad y se desplaza hacia la intención institucional. ¿Se está midiendo una realidad o se está intentando inducir un clima?

La pregunta, por sí sola, ya revela el deterioro.

El sesgo existe, pero no lo explica todo

Sería cómodo para la oposición despachar cada encuesta como propaganda integral. También sería intelectualmente pobre. Incluso los instrumentos sesgados pueden contener información valiosa si se leen con criterio.

Que el PSOE conserve una base electoral resistente no es una fantasía completa. Que una parte del electorado progresista cierre filas ante el temor a la derecha tampoco. Que el espacio a la izquierda del PSOE se haya encogido tras años de fragmentación, personalismos y fatiga es una evidencia observable más allá del CIS. Y que el PP no haya transformado plenamente el desgaste del Gobierno en una expectativa arrolladora también merece atención seria.

Los porcentajes pueden estar inflados o corregidos interesadamente. Las tendencias de fondo, no necesariamente.

Por eso conviene distinguir entre dos planos: la cifra concreta, discutible; y el movimiento político subyacente, mucho más relevante.

El problema no se arregla atacando al CIS

Cada vez que aparece un sondeo favorable al Ejecutivo, una parte de la oposición actúa como si desmontar la encuesta equivaliera a ganar las elecciones. Es un error recurrente. Ningún gobierno se sostiene sólo por una cocina demoscópica. Ninguna mayoría alternativa nace de ridiculizar al encuestador oficial.

Si después de tantos escándalos, cesiones parlamentarias, desgaste institucional y agotamiento de legislatura el PSOE sigue siendo competitivo, la explicación no reside únicamente en el CIS. Reside también en las insuficiencias de quienes aspiran a sustituirlo.

La política española ofrece a menudo una oposición que denuncia con energía, pero convence con dificultad. Y mientras eso ocurra, cualquier aparato propagandístico encontrará terreno fértil.

Tezanos puede exagerar fortalezas ajenas. No fabrica desde cero debilidades contrarias.

Fabricar continuidad en tiempos de desgaste

La utilidad principal del CIS actual no parece ser la precisión electoral. Parece otra: transmitir sensación de permanencia. Cada barómetro insiste, con matices, en la misma melodía. El PSOE resiste. La derecha no remata. Vox limita. La izquierda alternativa se disuelve. El presidente aguanta.

No es una predicción; es una atmósfera.

Y las atmósferas importan. Influyen en donantes, cuadros intermedios, medios de comunicación, votantes dudosos y dirigentes nerviosos. Hacen creer a unos que la victoria sigue lejos y a otros que la derrota no llega nunca. En política, muchas veces, el clima precede al resultado.

El CIS funciona así menos como notario del presente que como instrumento para disciplinarlo.

Una institución degradada por su uso

Lo verdaderamente grave no es que un gobierno quiera sacar ventaja de los resortes a su alcance. Eso pertenece a la naturaleza del poder. Lo grave es que una institución pública pierda prestigio común hasta el punto de que millones de ciudadanos la reciban con ironía preventiva.

España necesita organismos creíbles, no organismos útiles al partido de turno. Necesita estadísticas respetadas, no boletines sospechosos. Necesita árbitros que no parezcan alineados.

Cuando se erosiona la confianza en quien cuenta los datos, no sólo sufre una encuesta. Sufre el tejido institucional entero, porque la sospecha se extiende después a todo lo demás.

Y recuperar prestigio siempre cuesta mucho más que perderlo.

La cifra más importante no aparece en el sondeo

Tal vez el PSOE no esté tan alto como dice el CIS. Tal vez el PP no esté tan bajo. Tal vez la distancia real entre bloques sea otra. Ya lo dirán las urnas cuando llegue su momento.

Pero hay una cifra que ningún barómetro de Tezanos publica y que, sin embargo, define mejor el problema español contemporáneo: el número creciente de instituciones que una parte del país ya no considera neutrales.

Ése sí es un dato decisivo.

Porque una democracia puede sobrevivir a encuestas erróneas. Lo que la debilita de verdad es acostumbrarse a que todo organismo público parezca trabajar para alguien.

La no reunión de la izquierda europea

La cumbre progresista de Barcelona ha reunido a líderes del eje latinoamericano y del activismo global, pero ha evidenciado una ausencia más relevante que cualquier presencia: la de la socialdemocracia europea clásica, hoy desplazada de este relato político.

FUENTE: EFE

No todas las cumbres dicen lo que dicen sus discursos. Algunas, directamente, dicen lo que callan. La reunión progresista celebrada en Barcelona, impulsada por el Gobierno español, ha querido proyectar una imagen de coordinación global de la izquierda frente al avance de la derecha internacional. Pero el efecto real ha sido otro: ha dejado al descubierto una fractura interna en el propio universo progresista. Porque lo que se ha visto en Barcelona no es la socialdemocracia europea en sentido estricto. Es otra cosa.

Una izquierda con acento latinoamericano

El núcleo visible del encuentro lo han protagonizado figuras como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro o Gabriel Boric, junto a mandatarios como Claudia Sheinbaum o representantes de una izquierda global de corte más político-identitario que institucional.

En ese ecosistema, el liderazgo de Pedro Sánchez actúa como puente: más un organizador de relato que un referente de una tradición política homogénea. La cumbre, en ese sentido, no articula una familia ideológica consolidada; articula una coalición de sensibilidades heterogéneas unidas más por el lenguaje del conflicto global que por un proyecto común de gobierno.

La ausencia europea define la foto

Pero lo verdaderamente significativo no está en el escenario, sino fuera de él.

No han participado los grandes referentes de la socialdemocracia de gobierno en Europa: ni el SPD en su papel histórico de eje del centroizquierda alemán, ni el Labour Party, ni las socialdemocracias nórdicas —Suecia, Dinamarca o Finlandia— que durante décadas han representado el modelo de izquierda institucional europea. Tampoco ha habido presencia relevante del Partido Demócrata estadounidense en su vertiente de gobierno.

La ausencia no es anecdótica. Es estructural.

Lo que estos partidos representan —gestión del Estado, pactos de estabilidad, reformas graduales dentro del marco liberal-democrático— queda fuera de una cita donde el eje discursivo se desplaza hacia la confrontación global, la denuncia del orden internacional y la retórica de bloques.

Dos izquierdas que ya no se reconocen

La distancia es cada vez menos ideológica y más operativa.

De un lado, una socialdemocracia europea que gobierna o ha gobernado con lógica de estabilidad institucional, disciplina fiscal, transiciones energéticas y gestión del consenso. Del otro, un espacio progresista global donde el lenguaje político se articula en torno a la polarización, la denuncia del sistema internacional y la construcción de identidades políticas más que de arquitecturas de gobierno.

No es que una haya sustituido a la otra. Es que ya no coinciden en la misma definición de lo que significa “gobernar”.

El problema no es la cumbre, es el espejo

La cumbre de Barcelona no es irrelevante. Es sintomática. Muestra hasta qué punto una parte de la izquierda europea ha dejado de operar como referencia central y ha pasado a ocupar un papel de anfitrión o facilitador de alianzas externas.

Y en ese desplazamiento aparece una paradoja incómoda: mientras la socialdemocracia clásica europea se mantiene en el terreno de la gestión, la nueva izquierda global ocupa el terreno del relato.

Uno administra el sistema. El otro lo describe —y, en ocasiones, lo combate.

Un espacio político en transición

Lo que Barcelona revela, en el fondo, no es la fortaleza de una internacional progresista, sino su fragmentación. No existe una única izquierda global, sino varias izquierdas que apenas comparten lenguaje común.

Y en esa disonancia se entiende mejor el vacío: no es que falten invitados. Es que falta unidad real.

Porque cuando los partidos que han sostenido el Estado del bienestar europeo no están, lo que queda no es una internacional progresista. Es una escena política distinta, todavía en búsqueda de definición.

Orbán cae en Hungría y Sánchez queda como la referencia iliberal de Europa

La derrota del laboratorio húngaro deja una paradoja europea: mientras Budapest inicia una rectificación democrática, en España persisten prácticas de colonización institucional que el continente ya aprendió a identificar.

FUENTE: EFE

La derrota de Viktor Orbán no es sólo una noticia húngara. Es un acontecimiento europeo. Después de dieciséis años de poder casi ininterrumpido, el dirigente que convirtió Hungría en el principal experimento iliberal de la Unión ha sido desalojado por las urnas. La oposición liderada por Péter Magyar obtuvo una mayoría contundente y abre un proceso de reversión institucional largamente esperado.

La lectura inmediata se hará en clave de Bruselas, de Ucrania o de la relación con Rusia. Todas son pertinentes. Pero hay otra más incómoda para España: caído Orbán, el único gobierno europeo que sigue avanzando en una lógica de ocupación partidista de las instituciones es el de Pedro Sánchez.

Hungría no cayó por accidente

Orbán no fue expulsado sólo por razones ideológicas. Cayó por desgaste económico, por corrupción percibida, por clientelismo y por una fatiga cívica acumulada tras años de concentración de poder. Incluso los mercados reaccionaron positivamente al cambio, anticipando una relación más normal con la Unión Europea y la posible liberación de fondos congelados.

El sistema húngaro no se definía únicamente por sus discursos nacionalistas. Se definía por algo más práctico y más reconocible: control del aparato estatal, captura regulatoria, debilitamiento de contrapesos y colocación de fieles en organismos llamados precisamente a limitar al poder.

Eso es lo que Europa acabó señalando durante años. Y eso es lo que conviene mirar ahora sin provincialismo.

El espejo incómodo español

España no es Hungría. No lo ha sido ni lo es. Tiene una sociedad civil más densa, una prensa más plural y una inserción europea distinta. Conviene decirlo con claridad para no caer en caricaturas.

Pero las democracias no se degradan sólo mediante rupturas espectaculares; también se erosionan cuando el poder ejecutivo intenta condicionar al judicial, cuando el Tribunal Constitucional deja de percibirse como árbitro para ser visto como trinchera, cuando las empresas públicas se convierten en espacios de reparto partidista, cuando la alta administración se coloniza por afinidad y cuando el Parlamento renuncia a controlar para limitarse a convalidar. No hace falta copiar el modelo húngaro para asumir algunas de sus tentaciones.

No hace falta copiar a Orbán para recorrer parte de su camino.

La vieja tentación europea

Durante años, muchos gobiernos europeos observaron a Hungría como una anomalía lejana, algo casi folclórico. Un problema de Budapest. Una excentricidad del Este. Ese fue el error.

Las derivas iliberales no son geográficas. Son funcionales. Nacen allí donde el poder descubre que puede ocupar instituciones sin pagar un precio inmediato.

En Hungría ese proceso fue más veloz y más explícito. En otros lugares adopta formas más sofisticadas, jurídicas, administrativas, incluso retóricas.

Pero el impulso es el mismo: sustituir neutralidad institucional por obediencia política.

Lo que dicen las urnas húngaras

La elección húngara demuestra algo importante: los sistemas aparentemente blindados también se agotan. El votante puede tardar, pero no desaparece. La paciencia democrática suele ser lenta, no infinita.

También demuestra otra cosa: Europa sigue premiando a quien promete limpieza institucional, lucha contra la corrupción y vuelta al Estado de derecho. Ésos fueron algunos de los ejes de la campaña vencedora.

No es un detalle menor.

Mientras algunos siguen creyendo que la captura institucional sale gratis, Hungría acaba de recordar que siempre llega la factura.

La anomalía que queda

Con Orbán fuera, desaparece el símbolo más visible del iliberalismo europeo. Pero no necesariamente la enfermedad.

Porque hoy la cuestión ya no es sólo Budapest. También es Madrid, si el poder continúa entendiendo las instituciones como botín y no como límite.

El problema de Europa nunca fueron únicamente los populistas declarados. También lo son los gobiernos que, bajo lenguaje progresista o centrista, practican el mismo reflejo patrimonial: ocupar, someter, repartir.

Hungría ha empezado a cerrar el telón. La pregunta es cuánto tiempo seguirá España tolerando la misma función con distinto decorado.

Unidos por un hilo rojo llamado ‘presupuestos’

El bloqueo de los presupuestos catalanes y la presión de ERC revelan hasta qué punto el futuro político de Moncloa y de la Generalitat depende ya de una misma ecuación.

Hay momentos en política en los que las relaciones dejan de ser tácticas para convertirse en estructurales. Eso es lo que está ocurriendo entre Pedro Sánchez y Salvador Illa. Ya no se trata de afinidad política ni de estrategia compartida. Se trata de algo más profundo: la suerte de uno depende directamente de la del otro.

Lo ocurrido en las últimas semanas en Cataluña lo confirma.

El intento de sacar adelante los presupuestos de la Generalitat ha terminado encallando en el mismo lugar donde se atasca hoy buena parte de la política española: en la capacidad de ERC para condicionar, retrasar o directamente bloquear cualquier acuerdo. Y lo que en apariencia es una negociación autonómica se ha convertido, en realidad, en un problema de Estado.

ERC como árbitro permanente

Esquerra ha vuelto a demostrar que su papel no es el de socio estable, sino el de árbitro interesado. No busca cerrar acuerdos duraderos, sino maximizar su posición en cada negociación. Presiona en Cataluña para obtener ventajas en Madrid. Y presiona en Madrid para reforzar su posición en Cataluña.

El resultado es conocido: presupuestos que no avanzan, acuerdos que se posponen y una sensación creciente de provisionalidad.

Para Salvador Illa, esto supone un problema inmediato. Su proyecto político —presentarse como gestor solvente, capaz de devolver estabilidad institucional a Cataluña— queda en entredicho cuando no puede garantizar algo tan básico como unas cuentas públicas.

Pero el problema no es sólo suyo.

Cada dificultad de Illa en Cataluña es una señal de debilidad para Sánchez en Madrid.

Porque el presidente del Gobierno ha construido su mayoría parlamentaria sobre una lógica muy concreta: la capacidad de integrar a los independentistas en un marco de negociación permanente. Si ese marco se resquebraja en Cataluña, pierde consistencia en el Congreso.

El bloqueo presupuestario en la Generalitat no es un episodio aislado. Es un síntoma. Indica que el equilibrio sobre el que se sostiene la legislatura empieza a mostrar grietas.

Y esas grietas no son fácilmente reparables, porque no dependen de decisiones unilaterales. Dependen de actores que tienen incentivos claros para mantener la tensión.

Dos agendas, una misma dependencia

Sánchez necesita a ERC para gobernar en España. Illa necesita a ERC para gobernar en Cataluña.

Esa doble dependencia genera una situación paradójica: ambos están obligados a ceder, pero ninguno puede hacerlo en exceso sin debilitarse políticamente.

En ese equilibrio inestable, cada negociación se convierte en un pulso. Y cada pulso en una prueba de resistencia.

Lo que ha ocurrido con los presupuestos catalanes es precisamente eso: un recordatorio de quién tiene la capacidad de bloquear.

El problema de fondo

Durante meses se ha intentado presentar la relación con el independentismo como un proceso de normalización política. Como una forma de integrar el conflicto en las instituciones y reducir la tensión.

Pero la realidad es más compleja.

La normalización no ha eliminado la capacidad de veto de los socios. Al contrario, la ha institucionalizado. Y eso convierte cada decisión relevante en una negociación incierta.

Cuando esa lógica se traslada a dos niveles —el autonómico y el nacional—, el resultado es un sistema político permanentemente condicionado.

Un mismo horizonte

Por eso el vínculo entre Sánchez e Illa ya no es sólo político. Es estructural.

Si Illa fracasa en consolidar su proyecto en Cataluña, la estrategia de Sánchez pierde una de sus piezas clave.
Si Sánchez pierde capacidad de maniobra en Madrid, Illa ve limitada la suya en la Generalitat.

No son dos problemas distintos. Es el mismo problema en dos escenarios.

Y en ese contexto, el bloqueo de unos presupuestos deja de ser una anécdota parlamentaria para convertirse en algo más relevante: una advertencia sobre la fragilidad del modelo político que ambos comparten.

El futuro de Sánchez pasa por Cataluña. Y el de Illa, inevitablemente, por Madrid.

Un partido a la deriva

Cuando un partido histórico renuncia a corregirse y decide acompañar la deriva

FUENTE: EFE

Si en otros sistemas democráticos la responsabilidad política actúa como mecanismo de corrección, en España ha sido abolida de facto. No por una ley, sino por una práctica. Y cuando esa renuncia deja de ser individual y pasa a ser colectiva, el problema ya no es un dirigente concreto, sino el partido que lo sostiene.

Las recientes declaraciones de Felipe González tras los resultados electorales en Aragón se han utilizado como cortina de humo. Como la crisis es profunda, el partido ha recurrido a viejos reflejos: personalizar, desviar, buscar culpables alternativos. Se ha sacado a escena al siempre dispuesto Óscar López para señalar al difunto Lambán y evitar mirar el fondo del problema.

Pero el fondo es evidente. En Aragón ha ocurrido lo mismo que en Extremadura, solo que de forma más agravada. La candidata no era una figura autónoma ni territorial: era la representación casi literal del jefe. El resultado no es un castigo personal, sino político. Y lo mismo ocurrirá en Castilla y León. Y será aún peor en Andalucía.

Si el problema fuera solo Sánchez, la solución sería relativamente sencilla. Cambiar de candidato, corregir el rumbo, reconstruir. Pero el problema ya no es de personas. Es de proyecto. El PSOE ha tomado decisiones estructurales que lo han alejado de sus principios históricos y de cualquier noción progresista compatible con el Estado constitucional.

El PSOE ha aprobado una ley de amnistía incompatible con el principio de igualdad ante la ley a cambio de unos votos. Ha aceptado una financiación autonómica que consagra comunidades de primera y de segunda, ciudadanos privilegiados y ciudadanos condenados al furgón de cola. Todo ello sin una sola dimisión relevante, sin una asunción de costes políticos, sin un solo gesto de responsabilidad institucional.

Ha paralizado de facto la política de inmigración para satisfacer a los independentistas. Ha asumido, parcial pero definitivamente, un marco autonómico de relaciones laborales que rompe la unidad de la clase trabajadora y fortalece al nacionalismo vasco, incluido el sindicato heredero del entorno del terrorismo. Ha aceptado, en suma, el desguace del Estado en parcelas negociables.

Todo ello no es coyuntural. No es un error táctico. Es una deriva. Por eso ya no basta con cambiar nombres ni con apelar a la nostalgia del pasado. Sin una refundación profunda, general y dolorosa, el PSOE ha dejado de ser un partido útil para España. Ha dejado de ser progresista para convertirse en reaccionario. Y ha pasado de defender el interés general a servir, con disciplina y silencio, a quienes tienen como objetivo debilitarlo.

Cuando Willy Brandt dimitió, protegió a su país de algo peor que un error: la normalización de la irresponsabilidad. Hoy, el PSOE ha optado por el camino contrario. No corrige, no responde y no se interroga. Acompaña. Y cuando un partido histórico deja de exigirse responsabilidad a sí mismo, deja de ser una solución y pasa a ser parte del problema.

El problema ya no es Sánchez. El problema es que el partido ha decidido acompañarlo.