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¿Qué piden el nacionalismo y el independentismo? Un ejercicio de sinceridad

Como era previsible, Núñez Feijóo no tuvo éxito en su intento de investidura. En este punto, para lograr la formación de un gobierno, existen esencialmente dos opciones: un nuevo Gobierno de coalición liderado por Sánchez o la convocatoria de nuevas elecciones.

FUENTE: EFE

La coalición requeriría el apoyo de los independentistas catalanes, quienes han planteado condiciones muy rigurosas, como la amnistía para aquellos que se enfrentaron a la justicia debido al proceso soberanista de 2017, que en un momento proclamó la independencia y luego la revocó en cuestión de segundos. 

Que el PSOE saliese derrotado de las últimas elecciones parece haber afectado el intento de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder a cualquier costo. La notable debilidad del PSOE y su disposición a hacer concesiones de todo tipo a cambio de apoyo están llevando a los partidos nacionalistas y separatistas a intensificar sus demandas para respaldar lo que algunos llaman “progresismo”. 

Partidos como ERC, Junts, Bildu e incluso el PNV están aprovechando la situación política actual para plantear demandas que van desde referendos secesionistas hasta indultos para los líderes catalanes involucrados en el proceso independentista. Además, algunos están buscando el control de la mesa del Congreso de los Diputados o incluso la anexión de Navarra al País Vasco, aprovechando la falta de escrúpulos de ciertos políticos y la aquiescencia de sus superiores en Madrid. 

En este contexto, la política española se ha convertido en una especie de mercado persa, donde todo es objeto de intercambio a cambio de apoyo para la investidura, y el socialismo ha optado por el secretismo como estrategia principal. Se busca ocultar las concesiones que podrían estar en negociación con posibles aliados, utilizando todo tipo de recursos informativos y oficiales, desde el énfasis en las temperaturas récord hasta tácticas de distracción similares a las empleadas por los líderes romanos en el pasado. 

Sánchez y su entorno sostienen que sus acciones han logrado pacificar Cataluña y, de manera sorprendente, acusan al PP de haber provocado la situación al “judicializarla” mediante el artículo 155 de la Constitución, incluso cuando en su momento estuvieron de acuerdo con esta medida.

Resulta curioso que Sánchez haya adoptado el mismo lenguaje que antes de ser presidente usaba para calificar a los líderes catalanes como autores de un delito de “rebelión” y afirmara que se oponía a conceder indultos a los sediciosos. Sin embargo, en su camino hacia la Moncloa, parece que optó por priorizar sus intereses personales sobre sus principios. 

Sobre el presidente en funciones se ha evidenciado que no es una figura de confianza, ya que ha hecho concesiones que ponen en peligro la unidad de España con el fin de mantener su posición, lo cual es inaceptable. Un ejemplo destacado de esta actitud es su disposición a considerar una amnistía para Carles Puigdemont, un líder independentista que huyó de la justicia española. Esto envía un mensaje peligroso de impunidad y debilita la autoridad del marco constitucional.

Además, la propuesta de modificar la inviolabilidad del Rey, como algunos parlamentarios vascos han pedido, es un asunto de gran importancia y debería ser debatido de manera seria y con una perspectiva amplia, en lugar de parecer una concesión precipitada. 

Quizás una de las cuestiones más preocupantes es la disposición de Sánchez a considerar un referéndum unilateral en Cataluña. Aunque el diálogo es esencial, un referéndum unilateral no es la forma adecuada de abordar un conflicto de esta magnitud. Ignorar la legalidad y la Constitución de España en favor de los deseos de los independentistas es un error grave que socava la estabilidad y la cohesión del país. 

Es fundamental recordar que las demandas de los independentistas y separatistas no solo amenazan la unidad de España, sino que también plantean preocupaciones económicas y sociales significativas. La incertidumbre generada por estos movimientos separatistas ha tenido un impacto negativo en la inversión y el empleo en algunas regiones, lo que afecta directamente a los ciudadanos comunes. 

Junts, por ejemplo, exige la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para resolver este pasivo acumulado, lo que supondría aproximadamente 83.000 millones de euros. También busca el derecho a recaudar todos los impuestos a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y un acuerdo de solidaridad financiera con el Estado. También, propone la creación de una agencia de Seguridad Social propia para gestionar las pensiones y reclama el 19% de los fondos europeos Next Generation de forma retroactiva. 

Por último, Junts insiste en que se cumplan los compromisos en materia de infraestructuras y se establezcan plazos concretos para el pago de la disposición adicional tercera del Estatut, que se refiere a la transferencia de activos pendientes, como el Corredor Mediterráneo y las inversiones pendientes en el sistema ferroviario de Rodalies. 

La deuda también es una preocupación para ERC. Según sus cálculos, la deuda ascendió a 20.772 millones de euros en 2020 y a 21.982 millones de euros en 2021, como se presentó en la presentación anual del déficit fiscal del Estado realizada por la Generalitat. 

El Gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a cumplir una por una todas las demandas impuestas por Carles Puigdemont para obtener el apoyo de sus siete diputados en una posible investidura socialista. A pesar de estar en funciones, el Gobierno ha presentado ante la UE la solicitud de que el catalán sea reconocido como idioma oficial, está negociando la amnistía para los implicados en el proceso independentista y ha pedido a Europol que desvincule el independentismo del terrorismo. 

La fecha de la independencia parece depender sólo de Puigdemont o Junqueras, ¿qué puede salir mal? 

El sanchismo no es progresismo, es procesismo

El progresismo, como decía la RAE, se caracteriza por el pensamiento que defiende las libertades publicas. El sanchismo en total contradicción con el progresismo no soporta la discrepancia e intenta, hasta ahora desgraciadamente con bastante éxito, controlar las instituciones poniendo en grave riesgo el Estado de Derecho.

Por Jesús Ballesteros (Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho y Filosofía política en la Universitad de Valencia)

El sanchismo ha adoptado desde el principio un doble perfil. Por un lado de demonización del Partido Popular, en perfecta continuidad con el Pacto del Tinell de 14 12 03, firmado por los líderes del tripartito catalán (PSC, ERC y Esquerra Els Verds), cuyo espíritu inspiró también la acción del gobierno de Zapatero, empeñado en que la oposición no pudiera gobernar nunca.

De otro lado, desde su infundada y torticera moción de censura a Rajoy, se ha apoyado en los Partidos que querían destruir la Constitución del 78, como Podemos primero y después previa traición a Iglesias, Sumar, así como Bildu y en menor medida el PNV, que ha acusado a Sánchez de usarles como Kleenex, pero que sigue de momento en su órbita, y de modo aun mas radical especialmente los separatistas catalanes, como ERC y Junts.

Por ello, siguiendo también a Zapatero que afirmó aprobar el Estatut de Cataluña tal como saliese del Parlamento catalán aunque negase a los españoles su condición de ciudadanos libres e iguales, el sanchismo tiene perfecta continuidad con el procés separatista catalán ya que subordina toda su política a no perder el apoyo de los partidos separatistas catalanes para mantenerse en la Moncloa aunque ello implique aceptar la anticonstitucional amnistía y la condonación de la gigantesca deuda catalana, que deberían pagar el resto de los españolas, así como la entrega de la mayor parte de los fondos europeos. Por ello su verdadero nombre es el de procesismo, apoyo y rendición incondicional ante los líderes del procés.

La excusa es reducir la importancia del separatismo con una política a lo Chamberlain. Pero como ocurrió en aquel caso,- los separatistas también creen en la superioridad de su raza- lejos de pacificarse, han aumentado sus pretensiones. Como se ha visto con Puigdemont que aseguró no apoyar a Sánchez hasta que éste orinase sangre. En efecto, éste se ha mostrado dispuesto a derramar sangre, pero no lo suya, !quizás no tiene! sino la de España.

Por lo que se refiere a su presunción de ser un bloque de izquierdas, hay que decir que nada tiene que ver con la izquierda socialdemócrata del verdadero PSOE de Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Virgilio Zapatero, Juan Alberto Belloch, y un larguísimo etcétera, caracterizada por la defensa de la igualdad y de la equidad social de acuerdo con el espíritu de Robin Hood, considerando urgente gravar a los ricos para apoyar a los pobres. El sanchismo nada tiene de este izquierdismo ya que roba a las regiones mas pobres de España para darle el dinero a las ricas, como Cataluña y el País Vasco. Por eso el PP acusa al sanchismo con razón de alta traición al PSOE autentico.

La izquierda del sanchismo es izquierda populista preocupada por destruir a las empresas ( han quebrado una media de 20.000 por año desde que están en el poder) empezando por las pequeñas y medianas y con los autónomos, debido a unos impuestos desorbitados destinados a comprar el voto con subvenciones, y repartiendo el dinero sin más criterio que el electoral, por ejemplo repartiéndolo entre los jóvenes, en vez de conseguir empleo estable, jugando con burlas desde su denominación como los “fijos discontinuos”. El sanchismo es populismo casi fascista por el obsceno culto a la personalidad del jefe.

El sanchismo es también izquierda antifreudiana en la línea del postestructuralismo de Deleuze y Guattari, que elevan los deseos irracionales a origen de derechos, frente a Freud que consideraba necesario que el deseo se sometiese a la razón como el principio de placer al principio de realidad, para no caer esclavos del principio de muerte del impulso thanático.

Quizás con todo, el lado mas peligroso del sanchismo radica en querer abolir la independencia del poder judicial. Ya ha empezado con poner el Tribunal Constitucional y el Tribunal de cuentas a su servicio, al servicio de la dominación cesarista. Pero continuará haciéndolo con el control de CGPJ, sin aceptar la recomendación europea de que sean los jueces los que elijan a los jueces, concediendo la amnistía a todos los condenados del procés, dándole Navarra al País vasco, etc.

Si el pueblo español no abducido por el sanchismo no cobra conciencia de la extrema gravedad de la situación, nos espera una dictadura que acabará con las libertades y que nos empobrecerá en todos los ámbitos, del económico al del pensamiento.

No cabe estar dormidos ni indiferentes, creyendo que todos los políticos son iguales.

El cansancio independentista y la compra de su statu quo 

La celebración de la Diada de Cataluña el lunes pasado congregó a miles de manifestantes independentistas convocados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Como es habitual, su objetivo era reivindicar la independencia, a pesar de que se estén discutiendo posibles alivios penales como la amnistía para personas condenadas o pendientes de juicio por delitos relacionados con el procés. 

FUENTE: EFE

A diferencia de los primeros años de esta marcha, donde predominaba la reivindicación festiva, el ambiente se ha vuelto más tenso y en algunos momentos se ha convertido en una demostración pública de descontento hacia los propios partidos independentistas. 

En esta convocatoria menos concurrida, se escucharon también gritos en contra de explorar acuerdos con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez y a favor de “bloquear” las instituciones del Estado mientras no haya posibilidad de celebrar un referéndum de independencia. 

Los principales partidos secesionistas, que antes apoyaban la manifestación y la utilizaban para sus intereses, ahora son objeto de críticas por parte de los manifestantes. Estas formaciones están experimentando lo mismo que en el pasado aplicaban a los partidos no independentistas y a quienes se distanciaban del soberanismo. 

En la protesta, liderada por la ANC, Òmnium, AMI y el Consejo de la República, se escucharon gritos a favor de la independencia y de Puigdemont, mientras que algunos increparon al actual presidente de la Generalitat Pere Aragonès y exigieron la dimisión del Gobierno, una solicitud que otros manifestantes consideraron equivocada. 

La Asamblea presiona a ERC y Junts para que la negociación con el PSOE con respecto a una posible investidura de Pedro Sánchez tenga como objetivo la independencia. Su presidenta, Dolors Feliú, afirmó que “no hay opción para vivir en libertad dentro de España” y exigió ante los manifestantes “independencia o bloqueo, independencia o elecciones”, repitiendo lo mismo que en el 2022. 

Aquellos que piensan que la política aplicada en los últimos años es un acierto, superaron un obstáculo importante con la celebración de la Diada en términos de reafirmación de su tesis. Ésta fue la movilización menos concurrida, excluyendo las de la pandemia, y ahora solo parece atractiva para aquellos que siguen aferrados a la época del procés, liderados por una organización que no representa democráticamente a nadie: la Asamblea Nacional de Cataluña, que no participa en elecciones, pero promueve la intransigencia en una posible solución pactada del conflicto. 

La Diada ha dejado de ser una expresión variada del sentimiento catalanista para convertirse en la manifestación del independentismo más intransigente. En definitiva, se ha convertido en una movilización donde solo son bienvenidos aquellos que comparten la misma visión. 

El tono de la manifestación también influye en los discursos políticos, que deben aumentar su intensidad para evitar ser considerados como blandos o traidores. Sin embargo, tanto ERC como Junts están manteniendo conversaciones con el Gobierno, y estas negociaciones deben ser realistas y evitar prometer lo imposible o lo que no se puede explicar adecuadamente. Nadie puede pedir la luna, sabiendo que es inalcanzable, y nadie debería prometer lo inalcanzable o inexplicable.

Por qué rechazar la amnistía, igual que se rechazaron los indultos

Los miembros del Gobierno y los líderes del PSOE y Sumar tienen fundamentos sólidos al sostener que existe una marcada distinción entre una amnistía y un indulto. Esta discrepancia resulta innegable. En efecto, las repercusiones políticas derivadas de una amnistía superan con creces en relevancia a las emanadas de la capacidad para otorgar indultos. 

FUENTE: EFE

Pero también se muestra hasta qué punto aceptar lo segundo (los indultos) abrió la puerta a aceptar lo primero (la amnistía) y si se acepta ésta como inocua para el régimen del 78, se aceptará el referéndum, sea cual sea el apellido que se le quiera poner (“no vinculante”, “consultivo”).

En contraposición al indulto, la amnistía no sólo altera la condena de aquellos ya sentenciados, sino que también excluye, en favor de todos los imputados en espera de juicio, el ejercicio de la jurisdicción estatal. Esto se debe a que la amnistía priva al poder judicial de su facultad para enjuiciar y aplicar sentencias sobre lo juzgado. Mientras el indulto impacta en la pena impuesta por el juez, la amnistía borra el delito y obstaculiza la labor que los jueces están exclusivamente encargados de realizar en los Estados regidos por el imperio de la ley. 

Lo que realmente está en juego es la supervivencia misma del sistema tal como fue configurado por el pacto constitucional. La consolidación de nuestra democracia como un espacio de convivencia en el cual todos los ciudadanos gocen de iguales derechos, ya residan en Bilbao, en Sant Feliu de Llobregat o en Olivenza. La gran paradoja de nuestra era radica en que aquellos que no cesan de enfatizar la solidaridad y la justicia social son precisamente los primeros en respaldar esta deriva confederal que ha permeado a la izquierda, lo cual resulta perjudicial para la necesaria cohesión territorial. 

La amnistía implica reconocer que, tanto aquellos que ya han sido condenados como los que están pendientes de juicio, no deberían enfrentar la justicia por crímenes cuya validez se cuestiona. Este cuestionamiento surge porque se admite que el contexto político prevaleciente en el momento en que se perpetraron dichos delitos justifica su eliminación, como si nunca hubieran ocurrido; lo que atenta ferozmente también contra la igualdad de todos los españoles ante la ley. 

El presidente del Gobierno en funciones es capaz de todo para gobernar y bien lo saben los independentistas. Aún por encima cuando los delincuentes no solo no han demostrado intención alguna de no repetir el acto que los llevó a la condena, sino que no hacen más que incidir en sus intenciones de repetir tan honrosa acción. 

El presidente en funciones ha traicionado al PSOE y lo ha llevado a traicionarse a sí mismo junto a la Constitución. La etapa que surgió con la Constitución de 1978 tiene el potencial de perdurar, lo cual sería beneficioso. Sin embargo, ha experimentado una transformación profunda.

Ya no es la época de mayorías absolutas en la que los dos principales partidos podían aliarse eventualmente con partidos nacionalistas moderados, al igual que entre ellos mismos. La posibilidad de acuerdos transversales sostenidos en el tiempo parece haber llegado a su fin, cuando una de las últimas fue la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El sistema originalmente no estaba diseñado para operar con dos bloques permanentes que no pueden cooperar entre sí, pero ahora debe adaptarse a esta nueva dinámica que se ha convertido en su característica central. 

Alberto Núñez Feijóo parece no haber reconocido esta transformación estructural. El candidato a la investidura actúa como si este cambio drástico sólo afectara a la izquierda, y como si pudiera continuar operando como en los tiempos anteriores. Por eso, ha tomado la sorprendente iniciativa de negociar con el PNV e incluso con Junts para obtener su apoyo en su investidura a finales de septiembre.

Es posible que esto sea simplemente un gesto de cortesía parlamentaria, en cuyo caso sería loable. Sin embargo, si alguien en el PP piensa que puede obtener el respaldo de aquellos que ya forman parte del otro bloque estructural, o que en el futuro tendrá alguna otra opción aparte de gobernar con el apoyo de Vox, demuestra que está atrapado en una mentalidad obsoleta y en grandes dificultades para sacar adelante un Gobierno.

Rubiales destronado por el ‘sí es sí’

Este espacio debía haber sido utilizado para felicitar a las flamantes campeonas del mundo de fútbol y los campeones del mundo de 35 Km marcha masculino y femenino. Más logros para el deporte español y que, como sociedad, debería llenarnos de orgullo.

FUENTE: EFE

Por desgracia, a parte de las obligadas menciones a los mundialistas, tenemos que centrarnos en el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, tras su bochornosa representación en la celebración final de la victoria del combinado español contra Inglaterra.  

Ese día, el máximo responsable del fútbol español decidió que era buena idea celebrar la victoria junto a las autoridades del palco agarrándose la entrepierna, por si fuera poco, de manera exagerada; como si de un animal del zoo se tratase. Se puede entender la excitación que supone la consecución del máximo título futbolístico a nivel mundial, pero nada más allá. Toda ‘alegría’ terminó con el momento más polémico de la noche el beso a Jennifer Hermoso, y la posterior serie de informaciones que han ido saliendo. 

Pero Rubiales nunca ha sido un angelito. El problema ha llegado cuando el Gobierno en funciones ha decidido usar este hecho políticamente para defender la polémica ley del ‘solo sí es sí’. Hasta entonces, el presidente en funciones siempre fue un baluarte para Rubiales. 

¿Rubiales debe dimitir por su comportamiento en la final? Sí. ¿Rubiales debía haber dimitido mucho antes? Sin lugar a dudas. PSOE y Sumar han querido utilizar este escándalo políticamente para beneficiarse, mientras que el PP apenas ha fijado una posición coherente alineada con la defensa de la calidad de las instituciones. España no puede ser representada por una persona así cuando nuestros deportistas se desviven por su nación en este tipo de competiciones. Pero tampoco pueden torcerse los mecanismos ya establecidos para provocar una salida que se debía haber producido mucho antes y por motivos de mayor calado.

Pero, para quien no tenga el ‘placer’ de conocer a Luis Rubiales, está siendo investigado por un viaje realizado en otoño de 2018 con una mujer, pagado, presuntamente, con dinero de la RFEF. Él lo justificó como un viaje de trabajo en busca de ingresos para la federación. La misma jueza trata de esclarecer ahora si Rubiales pactó con la empresa de Gerard Piqué una comisión de 24 millones por llevar la Supercopa a Arabia Saudí, para beneficiar al exfutbolista de unas comisiones por la operación en la que ambos sacaban tajada cuando todavía Piqué era jugador en activo. 

Entre otras cosas, y para demostrar la defensa que el Partido Socialista ha hecho de su figura hasta ahora, hay grabaciones que él mismo grabó a cargos del Gobierno de Pedro Sánchez y en las que se mostró como víctima, argumentando que le habían robado información del móvil. Como confesó en abril de 2022, “soy un poco diferente al resto, no bebo alcohol, no fumo, pero no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero”. Quizás el Gobierno se sintío amenazado y decidió que en otros escándalos no había que correr riesgos. 

Y muy sonadas son las fiestas privadas que realizaba Rubiales como la del chalet de Salobreña con una decena de mujeres y financiada presuntamente con dinero de la RFEF, que declaró en 2020 su tío Juan Rubiales, exdirector del Gabinete del presidente de la RFEF. 

¿Cómo es posible que esto haya sido permitido durante tantos años? El Gobierno ha ido creando una sensación de inmortalidad en Luis Rubiales que han terminado explotando, y ahora quieren usarlo a su favor en una jugada de la máxima repugnancia política.  

Lo que ha quedado claro es que Rubiales demuestra un desconocimiento de las normas fundamentales que debe seguir un representante de España y perpetúa actitudes machistas que la victoria del equipo nacional está trabajando para erradicar. Por tanto, no se encuentra en una posición adecuada para continuar liderando dicha entidad, la cual debe respaldar de manera equitativa tanto el fútbol masculino como el femenino, en una transformación irreversible. La conducta de Rubiales evidencia tanto la ardua travesía que las deportistas han superado como el extenso camino que aún falta por recorrer en la búsqueda de equidad de género. 

Ruptura del tablero de juego por parte del PNV

La difícil aritmética que ha originado el resultado del 23-J ha llevado a los dos grandes partidos a buscar nuevas alianzas para, o bien, mantenerse en el poder (el Gobierno de coalición pasado) o bien alcanzar el Gobierno (el Partido Popular).

FUENTE: EFE

En las últimas semanas han ido apareciendo diferentes combinatorias, especialmente durante el proceso de constitución de la Mesa de las Cortes Generales. Pero si hay un denominador común en todas ellas es la presencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV), un actor de sobra conocido por los ciudadanos, protagonista indiscutible de la política española de las últimas décadas, pero sobre el cual se ha creado una mística que lo sobreestima.

Los resultados de las Elecciones Municipales, primero, y las Generales después, han colocado al PNV en el momento más crítico de los últimos 25 años. A finales de los años noventa, la hegemonía del PNV estuvo seriamente cuestionada por la mayoría pujante de los dos grandes partidos nacionales, el PSOE y el PP, que a punto estuvieron de gobernar. Una década después el PSE consiguió arrebatar el Gobierno vasco al PNV con el apoyo en el Parlamento Vasco del PP y UPyD, pero esto no le supuso un problema estructural al PNV porque creía que el nuevo Gobierno era débil y, como mucho, duraría una legislatura que desembocaría en una nueva retornando al poder (como así terminó sucediendo). La crisis estructural la habían tenido entre 1998 y 2001 y ahí recurrieron como salvavidas a alianzas con los sectores nacionalistas más radicalizados, incluyendo a HB (el pacto de Estella).

Ahora, a unos meses de celebrarse las Elecciones Autonómicas vascas en 2024, el PNV ha entrado en otra crisis estructural, pero a esta vez sus competidores no son los dos partidos constitucionalistas sino el heredero del terrorismo, EH Bildu. Sólo un somero análisis de tendencias demoscópicas y demográficas en el País Vasco muestra hasta qué punto EH Bildu tiene por delante un crecimiento tendencial notable, mientras que el PNV muestra lo contrario. Por tanto, es más que evidente el problema y éste obliga a una reflexión interna donde ya han aparecido voces discrepantes con los comportamientos de la actual dirección.

Dicho de otra forma: los resultados del 23-J han colocado al PNV entre la espada y la pared. La “espada” de seguir dando su apoyo tácito o explícito al presidente del Gobierno en funciones, con el desgaste que supone compartir la misma mesa con EH Bildu que no ha puesto ninguna condición explícita a su apoyo (por ejemplo, el caso de Navarra). Y la “pared” de apoyar a un Gobierno en solitario del PP con el desgaste electoral que puede suponer a ambos lados. Una situación, se mire por donde se mire, sin salida medianamente aceptable.

Sin embargo, en el momento de más presión e incluso agobio para sus dirigentes, el PNV ha conseguido romper la situación usando para ello al Lehendakari Urkullu, de la misma forma que Ibarretxe y su “Plan” a principios de los 2000. Romper el eje de coordenadas constitucional básico es la vía que el PNV ha encontrado para descargar toda la presión que las urnas y las circunstancias políticas les había puesto en sus hombros en los del candidato a la investidura, primero, y después en el actual presidente del Gobierno en funciones.

Este movimiento cuenta con varios apoyos, permitiéndole al PNV tomar ventaja con respecto a EH Bildu en Madrid y fijando una posición útil muy similar a los postulados de fondo del PSC (que han contado con una mayoría amplia de electores) ante el conflicto entre Junts per Catalunya y ERC por la hegemonía independentista en Cataluña. Al mismo tiempo, provoca ruido y marejada de fondo en el resto de las autonomías, en especial las gobernadas por el PP.

De una manera muy clara y, a la vez, muy cruda, ha quedado al descubierto el horizonte que nos espera en los próximos años si no se produce en algún momento un pacto de los dos grandes partidos. Las condiciones básicas para el pacto de investidura irán mutando hacia compromisos mucho más rompedores. Desde la amnistía hasta el referéndum no vinculante, pasando por la creación de un estatus fiscal especial para Cataluña como cimiento básico de la transmutación de España en una organización confederal (y, por tanto, asimétrica) de amplias desigualdades. La forma de hacerlo es emprender una vía paralela de ruptura del actual pacto constitucional sin tener que pasar por el camino que la Constitución establece para su reforma, ya que la inmensa mayoría de la sociedad española ni lo apoyará ni lo aceptará de manera directa.

Es preferible hacerlo de manera escondida, amortiguando los efectos y su visibilidad pública para que el votante siga pensando que nada o casi nada está pasando, y que incluso lo que pasa es beneficioso para todos, tal como escribíamos hace unos días en esta misma newsletter. Las fuerzas centrífugas saben que en la política actual, la herramienta más poderosa es la “reforma silenciosa” para que el votante mediano español no se dé cuenta de lo que está pasando. Y si se da cuenta, que sea demasiado tarde para poder ser corregido.

Puigdemont y el ‘mando a distancia’ sobre la próxima legislatura 

Hoy, sin embargo, no es un día para lamentarnos, es un día para reivindicar los valores de la Transición y, para muchos ciudadanos, los de una izquierda reformista, institucional, nacional, y que mire al futuro.

FUENTE: EFE

Puigdemont dijo que necesitaba hechos comprobables antes de la elección de la mesa del Congreso. Es evidente que sus pretensiones han tenido satisfacción. Pero lo importante es comprobar que hemos aceptado que el árbitro de la política española sea un personaje que oscila entre el carlismo decimonónico y Trump. Es inadmisible que los españoles dependamos de un político independentista fugado para no presentarse ante la justicia española. El PSOE debería saber que en política no se puede hacer todo lo que no es un delito. No se debió modificar la legislatura pasada el Código Penal para satisfacer necesidades parlamentarias, pero es todavía más intolerable que el Gobierno de España se deje secuestrar por un prófugo.

El acuerdo de todos los partidos anticonstitucionales ha funcionado en la mesa del Congreso y funcionará para la investidura de Pedro Sánchez. Pero la cuestión mayor y más grave es ética, dado que se planteó cuando el segundo partido (el PSOE) en las elecciones del 23-J, quiso apurar todas las posibilidades, hasta la de negociar la viabilidad del gobierno de España con una persona que si pisara   suelo español sería detenido. Todos los indicios indican que la legislatura que iniciamos ayer, con la elección de la mesa, se situará en la lista de los episodios más bochornosos de nuestra historia moderna. 

Todo lo que ha sucedido el día de ayer es lamentable, nos devuelve a la España retrasada, de pandereta, la que el resto de los europeos vieron durante tiempo como una anomalía.  Los llamados “progresistas” nos han devuelto al siglo XIX. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refranero. Los socialistas, siendo el eje de esta alianza, se sitúan con quiénes frecuentemente en nuestra historia frustraron las ilusiones de progreso de los españoles, porque en el siglo XIX fue el carlismo y hoy es un integrismo nacionalista egoísta, xenófobo y antieuropeo.

Lo razonable, lo que permitiría que los españoles durmieran tranquilos sería que los partidos nacionales llegaran a acuerdos, impidiendo unas elecciones anticipadas y evitando la ignominia de depender de un fugado.

Se ha consumado el dislate, han introducido la política española en el “callejón del Gato” de Valle Inclán. Es evidente que la política española está dominada por pícaros, desvergonzados y ahora delincuentes. Han convertido la política en un negocio que es necesario preservar y esto ha sucedido impulsado por un PSOE que no representa la izquierda que necesita España.

La igualdad, la libertad de parte de los ciudadanos españoles, el respeto a la ley y a los usos democráticos, quedan suspendidos en España. La concordia mínima para que una democracia funcione, disuelta. La posibilidad de una política reformista, que haga de España un país capaz de enfrentarse al futuro, abolida.

Darse cuenta cuando ya es demasiado tarde 

Una parte sustancial de la opinión pública en España no tiene la conservación del régimen del 78 entre una de sus prioridades máximas. En más de 40 años de democracia, los dos grandes partidos no han hecho la pedagogía necesaria para saber valorar y ponderar la importancia del sistema constitucional

FUENTE: EFE

Se han limitado a poner en valor el Estado del Bienestar como ámbito de actuación prioritario, preocupándose en los últimos años de asegurar un esquema de rentas que, aunque no sean suficientes para tener un nivel de vida elevado, sí permitan la supervivencia de amplias capas de la sociedad.

Mientras que esto funciona, la mayoría de la sociedad española tiene la percepción de que el Estado funciona, que el país sigue hacia adelante y que no hay nada que haga pensar que España se vaya a romper. Es más, ejercen un voto de castigo a aquél que actúa de “Casandra”, que advierte de los problemas futuros que se gestan en el presente, algunos ya entre nosotros, pero a los que no se les presta la atención necesaria ni se les da la importancia que realmente tienen.

En este sentido, los últimos 20 años de avances en el proceso de deterioro del régimen del 78 han generado conciencias críticas, movimientos opositores y voces combativas contra estas fuerzas centrífugas colocando en el centro de su discurso el riesgo real de ruptura de la sociedad, con manifestaciones extremas como el golpe del 1-O.

Sin embargo, una vez superadas estas situaciones de tensión, los ojos de una parte no menor de la ciudadanía concluyen que “España no se ha roto”. Sobre esa base reducen su percepción del riesgo a futuro, otorgando una mirada más indulgente al político que coloca en el centro de su discurso conceptos como el “olvido” o el “perdón”, y una mirada beligerante sobre los que mantienen la tesis del grave daño, tanto a corto como a largo plazo, sobre la supervivencia del régimen del 78. La beligerancia crece cuanto más “duro” se percibe el lenguaje utilizado.

Probablemente sea ya tarde para confiar en que una acción pedagógica potente haga despertar las conciencias de estos compatriotas. A menos que no se produzca un cambio importante en el statu quo social (problemas económicos importantes que no puedan ser cubiertos por más políticas de rentas debido al compromiso de cumplir con Bruselas en 2024), el grupo de “votantes flotantes” que o bien no retiraron su confianza al PSOE actual o no se la dieron al PP, no cambiarán de opinión plasmándola con su voto en las próximas generales.

Este votante pide “hechos”, “ver para creer”. Pero si estos “hechos” son suficientemente visibles, entonces es porque la ruptura es un hecho y, en el peor de los escenarios, será ya irreparable. Y cómo ha sucedido en reiteradas ocasiones en la Historia de España, lo que quedará es lamentarse amargamente por la “leche derramada”.

La discordia ha permeado incluso en las estructuras estatales. A partir de este jueves, se permitirá el uso de todas las lenguas cooficiales en los respectivos territorios de nuestro país para que los diputados puedan expresarse en la que elijan. Sin embargo, este paso omite el hecho de que el Congreso de los Diputados es la representación de la soberanía nacional que engloba a toda la Nación española con una lengua común.

Este recinto es donde se ratifican normativas que afectan a todos por igual y se transforma en el escenario de discusión en el cual las diversas agrupaciones políticas configuran sus propuestas y manifiestan su posición frente a las labores legislativas. En este contexto, se manifiesta la contienda entre las múltiples alternativas en temas de interés general, y no particular.

Por lo tanto, todos los ciudadanos ostentan el derecho de acceder a los diálogos parlamentarios sin impedimentos artificiales erigidos por un enfoque extremadamente singular y sin intermediarios como traductores que menoscaban la expresividad del orador en vivo. Si bien traducen, no logran capturar la plenitud de las conversaciones.

La inclusión de lenguas autóctonas en el Congreso plantea un límite a los derechos de todos aquellos que son los dueños de la democracia y la soberanía nacional, que son las personas mismas. Este límite restringe el acceso pleno a sus operaciones y equivale a cercenar dicha soberanía, que no pertenece a una región específica, sino a todas las personas y no solo a algunas, sino a todos los ciudadanos españoles por igual.

Lo que antes se negociaba con dos, ahora se negocia con cuatro

Los últimos comicios elevan el coste, tanto económico como político, de la formación del próximo Gobierno. Dentro del bloque de apoyo al presidente del Gobierno en funciones, lo que antes se negociaba con dos (ERC y Bildu) ahora debe negociarlo con cuatro (ERC, Junts, Bildu y PNV) de manera imprescindible, buscando cada voto en cada votación

FUENTE: EFE

Los independentistas y nacionalistas ya le han mandado sus exigencias al candidato del PSOE, sabiendo que ningún otro estará dispuesto a explorar los recovecos legales para poderlas conseguir, y se escudan en no querer pactar con Vox para intentar no manchar una imagen que lleva tiempo embarrada. 

Siempre se ha pactado con estos partidos, eso es cierto. Y ha habido numerosos gobiernos en la historia reciente que han requerido su apoyo; pero ni el contexto, ni las circunstancias actuales, permiten (por moral y ética) dejarse hacer más daño por quien quiere quemar la casa común en la que vive pensando que ese fuego no afectará a su habitación. 

Pere Aragonès tomó la iniciativa frente a Carles Puigdemont y fijó este martes la agenda de un posible acuerdo entre las fuerzas independentistas para ir de forma conjunta a la investidura de Pedro Sánchez.  

El interlocutor de Puigdemont pidió que se acabe con los déficits fiscal, de infraestructuras y de servicios públicos en Cataluña, es decir, la condonación del dinero que recibieron del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) desde 2012, y también reclamó el fin de lo que el independentismo llama “represión”.

Un eufemismo para referirse a una solución –imposible en nuestro Estado de Derecho– que evite juzgar a cientos de cargos y activistas del independentismo por los múltiples delitos del 1-O. Y por supuesto, ERC exigió una solución al ‘conflicto político’ mediante un referéndum de autodeterminación. 

Una propuesta con la que pone en juego no sólo la investidura de Pedro Sánchez, sino también el liderazgo del separatismo catalán. La propuesta de Aragonès quedaría de antemano descartada si no fuera el PSOE a quien se dirige. El presidente catalán tiene motivos para confiar en que ninguna negativa de los socialistas, y menos aún de Pedro Sánchez, es definitiva. 

Desde el PNV también ha puesto precio a tus votos, mientras que Bildu dará su voto “gratis” a un Gobierno de Sánchez. Los nacionalistas vascos han pedido un nuevo encaje para Cataluña y el País Vasco a cambio de sus votos. “Sánchez necesita a los catalanes y a los vascos. Eso exige un acuerdo sobre el modelo territorial. No digo que acepte el 100% de nuestras peticiones, pero tiene que abrir este melón”, comentó el líder de los nacionalistas vascos en una entrevista que publicó el lunes el diario El País. 

Los nacionalistas harán gala de ser un partido “previsible” y mantendrá las reclamaciones que Sánchez ya se comprometió a activar en diciembre de 2019 cuando firmó un documento de 12 puntos con Andoni Ortúzar. Un documento que en su punto cuarto incluía “adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales” de Cataluña y Euskadi.

Cuatro años después, los cinco diputados del PNV podrían respaldar una investidura de Sánchez, pero con mayor concreción en este objetivo y la inclusión de “garantías” en todo lo que forme parte del acuerdo… hasta que se celebren las Elecciones autonómicas en mayo del próximo año.

Estimados Pedro y Alberto… 

Por si había alguna duda, a día de hoy el PP y el PSOE están en un punto de imposible entendimiento y este breve intercambio epistolar, que fue bonito de leer por el vocabulario con el que ambos se han interpelado, en realidad nos aleja más de una gobernabilidad estable entre los dos grandes partidos. 

FUENTE: EFE

Siguiendo las formalidades de la tradición epistolar española, los candidatos a la presidencia del Gobierno dirigiéndose mutuamente como “estimado Pedro”, “estimado Alberto”, han mostrado importantes errores cada uno en su campo en los últimos días. En el caso del líder popular, demostró durante días estar en una realidad distinta, intentando un acercamiento que había quedado descartado desde la misma noche de las Elecciones del 23-J. Recientemente ha persistido en el error de no asumir con coherencia los pactos que firma con Vox en las autonomías, concretamente, en el caso de Aragón.

Mientras, el presidente del Gobierno en funciones ha dejado paso a sus segundos niveles para preparar como mínimo los apoyos de investidura, evidenciando una de las “bombas de relojería” existentes en el actual Estado autonómico como es la enorme deuda que sólo cuatro CC.AA tienen con el Estado y la posibilidad de que, o bien impaguen, o bien se les condone dicha deuda en parte o en su totalidad. Al mismo tiempo, las vacaciones privadas en Marruecos (considerado por la prensa del país como un “acto de buena voluntad”), el préstamo “gratuito” de los diputados de Bildu en el Parlamento de Navarra y la negativa a una gran coalición para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, complementan el escenario.

En el interior de las cartas también se esconden mentiras en forma de medias verdades, como que en nuestro país debe gobernar quien haya ganado las elecciones. Aquí el problema no es ese, sino en con quién gobiernas, que es el mayor problema de Sánchez. La carta de Núñez Feijóo pudiese estar enfocada a una investidura en segunda vuelta de Sánchez bajo ciertas condiciones, para alejar a los extremos de la gobernabilidad. Intentar, al menos, dejar esa puerta abierta si la situación se volviese imposible.

Pero la respuesta de Sánchez fue la esperada, alegando que las elecciones eran para medir el sentir general de la población en torno a su proyecto político, aceptando implícitamente que el PSOE no volverá a tener una mayoría cualificada sino que a lo que puede (y debe) aspirar de aquí al futuro es a ser la fuerza política de cabecera de un nuevo “Pacto de San Sebastián”. Este punto merecerá un análisis más en profundidad, especialmente para medir los riesgos de seguir esta estrategia y preguntarse por qué la actual dirección del PSOE ha renunciado a ser una fuerza de mayorías que vayan más allá de los 120-130 diputados.

En definitiva, lo que ha quedado más que claro es que estas cartas son el único canal de comunicación entre los dos líderes, renunciando a una interlocución a una escala superior. Lo que llaman “perseguir la gobernabilidad” es pensar al minuto siguiente en qué concesiones son necesarias para garantizar unos meses más de Gobierno… hasta que el año que viene tanto en el País Vasco como en Cataluña (de manera anticipada) celebren comicios.