Construir una mayoría electoral que rompa el statu quo nacionalista

Cataluña y España, una división. Una guerra imaginaria en las cabezas de los independentistas que desde los distintos gobiernos no se le ha dado la suficiente importancia que se le debía dar y, cuando ha habido que actuar, se ha actuado tarde. Más aún cuando se trata de hacer equilibrios muy complejos para lograr los apoyos suficientes en la Cámara Baja que mantengan unos meses más con vida la actual Legislatura.

FUENTE: EFE

El derecho a tener como lengua vehicular el castellano en la escuela catalana no sólo es una cuestión jurídica sino, ante todo, de derechos humanos fundamentales recogidos en la Constitución y los tratados internacionales. Cuando tanto los tribunales como la principal fuerza de la oposición en Cataluña declararon que el castellano volvería a ser lengua vehicular de la educación en Cataluña, se celebró con cierta calma. Sin embargo, el líder de la oposición, Salvador Illa, sabía que esto no era verdad y que estaría sujeto a los pactos que el Gobierno de coalición realizase con los independentistas.

Se cumplirá, en principio, lo que el equipo adoctrinador del Gobierno de la Generalitat quería: desoír la voz de las familias que pedían ejercer el derecho a que sus hijos pudieran tener una educación en castellano en España, impensable para algunos. Este curso, los 27 centros de educación pública de Cataluña en las que se impartía una (solo una) asignatura en castellano, gracias a las peticiones y manifestaciones de familias, tampoco impartirán asignaturas en castellano. Esto es celebrado por el consejero de Educación, Josep González Cambray, como una ‘batalla ganada contra España’.

El clasismo del nacionalismo catalán solo permitirá estudiar en su lengua a aquellos que puedan pagar una educación privada o concertada, degradando al resto a la imposición de la lengua a modo de “limpieza étnica”, como menciona Juan Claudio de Ramón. Emplazar a la obligatoriedad convierte al Ejecutivo catalán en un régimen, que pretende desplazar fuera de la región a aquellos que no ‘crean en la causa’ independentista.

Han demostrado de lo que son capaces, ejerciendo toda la presión del independentismo sobre aquellas personas que no quieren que se pisoteen sus derechos como españoles y catalanes. Han degradado a Cataluña y su intención de seguir haciéndolo parece no tener fin.

Este tipo de situaciones son inexplicables en el contexto internacional. ¿Cómo explicar en Europa que en España hay una región en la que la educación pública no enseña en la lengua oficial del Estado? Y aún más difícil, ¿cómo es posible que el Gobierno estatal lo permita?

El domingo 18 de septiembre saldrán a la calle los catalanes a los que el Govern está vulnerando sus derechos como españoles. Desde el resto del país estaremos apoyando a aquellos que acudan a manifestarse. Cataluña se ha cansado de la dictadura lingüística y Barcelona acogerá la protesta. ‘Escuela de Todos’ se ha encargado de organizar esta manifestación con una intención clara: que se aplique el 25% de castellano que indica la ley. Una mezcla entre el ‘realismo mágico’ de García Márquez y el ‘esperpento’ de Valle-Inclán, que provoca que lo que nos rodea carezca de sentido alguno, y que sean los propios españoles los que tengan que pedir no sentirse excluidos de la enseñanza pública del país.

La movilización social debe dar paso a la estrategia política. Es imprescindible transformar el enfado con la vulneración de los derechos más básicos de la ciudadanía catalana en la construcción de una mayoría electoral sobre la marca o marcas políticas que ocupen un espacio de centralidad y, con esa valentía, romper con el statu quo nacionalista. Es evidente que existe una mayoría más que suficiente de ciudadanos catalanes hartos de esta situación, pero que o bien no lo expresan cuando van a votar (excepto un porcentaje notable de los votos que está extraordinariamente fragmentado en este momento) o bien su expresión es la abstención. 

¿Será capaz el principal partido de la oposición en Cataluña de identificarse de una vez con sus ciudadanos e instrumentar esa mayoría suficiente? ¿O tendrá que ser otra marca o marcas y otros liderazgos que lo hagan? Ahí está la batalla de los próximos meses mientras la Justicia vaya haciendo su trabajo en materia de ejecución de la sentencia última.

Nuestra visión sobre el nuevo curso político en España

El inicio del curso político 2022-2023 puede analizarse mediante una serie de ‘lugares comunes’ perfectamente descritos en los últimos meses. Dado que la intención de este Club de Opinión no es repetir lo obvio ni enfatizar lo evidente, es necesario buscar las claves de este próximo curso en un ejercicio de análisis más profundo.

FUENTE: EFE

La ventaja de contar con unas bases políticas tan superficiales como las de nuestro tiempo es que no es demasiado difícil ir a las motivaciones últimas de lo que está pasando y seguiremos viendo en los próximos meses con un alto grado de probabilidad.

En términos de estrategia, se trata de construir una coyuntura política y social basada en colocar al Gobierno y sus socios de legislatura como los garantes de una estabilidad precaria bajo la percepción de ser un «escudo protector» hasta diciembre de 2023. De esta manera, aquellas partes de la sociedad con más motivos para rebelarse mostrando su descontento no tengan suficiente fuerza y apoyo para movilizarse, mientras que se amplía el espectro social al que el Gobierno le genera la expectativa de que le está ayudando sin que haya ayuda real alguna.

Lo más importante no es ayudar con medidas eficaces ante los problemas socioeconómicos de los ciudadanos, sino hacerles creer que se les está dando un soporte que en realidad no existepara los que más lo necesitan. No hay más que ver qué ha sucedido con una medida como es el ingreso mínimo vital. Con un balance decepcionante (al cierre de 2021 apenas alcanzó al 40% de los beneficiarios según la AiREF), es un buen ejemplo no sólo del tipo de políticas que se aplican sino también del fin último que se persigue con ello.

Generar de forma permanente expectativas de que el Ejecutivo va a ayudar a quien lo necesite es una buena estrategia para minimizar la crítica hacia la labor de Gobierno, con independencia de su color político y administración (nacional, autonómica o local). Se aplica una máxima eficaz como es ‘no morder la mano del que te da de comer’, aunque en la realidad no te dé. Es la doctrina que se sigue desde el verano de 2020 con los ya archi-conocidos ‘fondos europeos‘. Se sabe que hay alguien que los percibe, pero muy pocos lo han visto de cerca o conocen casos de perceptores cercanos que sirvan para mantener la expectativa de participación en las inversiones millonarias hasta ahora planificadas. No hay más que ver la ejecución a principios de junio, por ejemplo, del que iba a ser el proyecto estrella: el vehículo eléctrico.

Obviamente, este juego de crear expectativas continuamente tiene fecha de caducidad. Pero es la suficiente como para mantener un año más el actual Gobierno, y un año menos para recomponer un tejido productivo profundamente desgastado y con unas perspectivas poco favorables en los próximos meses. Hay algunos indicadores que reflejan los problemas de fondo como las encuestas donde puede verse el cambio de fondo que se está produciendo en la intención de voto a menos de un año de las Elecciones locales y regionales. Sin embargo, no existe un mecanismo suficientemente engrasado que permita acelerar el fin de una legislatura más que agotada.

El Gobierno Sánchez-Díaz tomó hace ya tiempo la decisión inquebrantable de invertir todos los recursos públicos necesarios que les permita sobrevivir sin buscar acuerdos entre los grandes partidos, y que sirva para defenderse y contraatacar ante los escándalos, contradicciones y malas decisiones diarias. Ésta es, en definitiva, la realidad a la que nos enfrentamos en los próximos meses hasta el final de la Legislatura.

La ‘memoria democrática’, un mes después de su aprobación

El Club de Opinión La España que Reúne convocó a los medios en la mañana del viernes 15 de julio para expresar su más absoluta repulsa a la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso de los Diputados. Un mes después de su aprobación, los socios que dieron su apoyo preparan los siguientes ‘peajes’ que seguirán comprometiendo al actual Gobierno.

FUENTE: EUROPA PRESS

En la rueda de prensa del 15 de julio, José María Múgica recordó las palabras del Rey Felipe VI en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, en Ermua, el pasado 10 de julio. Para Múgica, estas palabras del Rey son perfectas y a la vez “incompatibles” con la reciente Ley de Memoria Democrática apoyada gracias a los votos que en su momento ayudaron al terrorismo. Una norma “sencillamente inconcebible que nace con tan infame apoyo, de los que jamás condenaron el terrorismo”, expresó. Este hecho resulta un “colmo”, ya que se investiga la democracia, con la Constitución aprobada y votada por la mayoría de los españoles, “poniendo en jaque el relato de la Transición” con aquellos condenados por la justicia por terrorismo y que se encuentran en la cúpula de EH Bildu.

“No hacía falta una Ley de Memoria Democrática pactada con Bildu, en la que ni una sola palabra se refiere al terrorismo. Qué tipo de memoria se pretende de la historia de España, en la que el terrorismo no figura. Sin esa ley todo estaba ya en la Transición, momento de reconciliación de los españoles; como estaba en la Constitución de 1978, viga maestra de nuestra unidad y de nuestra concordia”, recordó Múgica.

Esta norma no tiene el respaldo de los españoles ni la unidad de los partidos, como si tuvo la carta magna y por eso, si se mira esa Ley, “produce una profunda amargura que esté suscrita por los legatarios del terrorismo”. Esto hace que la norma sea imposible de considerarse como “positiva” y, con ella, “asistiremos a un retroceso” en nuestra sociedad, “pues es imposible avanzar en una convivencia con valores compartidos en esas condiciones”, sentencia José María Múgica.

Casi un mes después de la aprobación de esta ley, podemos observar los preparativos de los socios parlamentarios para seguir obteniendo concesiones por parte del Gobierno. No haber pactado la norma, ni siquiera negociarla en parte con el principal partido de la oposición, es un error que tiene costes importantes a medio y largo plazo. Por lo pronto, supone hundir más en el ‘círculo vicioso’ de los apoyos parlamentarios al actual Gobierno, el cual se verá obligado a seguir cediendo en pro de su estabilidad y durabilidad.

Pero llegará en breve un momento particularmente delicado como es la pretensión de los grupos extremos de acceder a la información sensible que el Estado guarda desde hace décadas para usarla en beneficio del ideario centrífugo que da más de 50 diputados a la actual coalición. En ese momento, se verá si los secretos son tan fácilmente revelables como se prometía en los debates de la ley (se plantea incluso alargar hasta en 50 años la revelación de cierta información) o si todo este movimiento se queda en agua de borrajas, pero habiendo repartido por el camino unos cuantos millones de euros que benefician a grupos políticos y sociales que se comportan como ‘buscadores de rentas’.

En los anteproyectos de Ley de Memoria Democrática circulados en los últimos dos años se establecía un presupuesto de 11 millones de euros para la ‘reparación, restitución de bienes y otras acciones’. Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática ha sido aprobada en julio sin una memoria económica, lo cual deja un enorme margen discrecional al Gobierno para establecer partidas presupuestarias con difícil auditoría (la ley establece que en el plazo de un año se realice la auditoría de todos los bienes y valoración de los daños).

Aparte de esto, hay partidas económicas aún sin cuantificar pero que tienen nombre y apellidos. Es el caso del PNV que será el principal y casi único beneficiario de la Disposición Adicional Novena; los grupos que representan a la etnia gitana a través de la Adicional Duodécima o los Gobiernos vasco, navarro y catalán en las sucesivas Adicionales Decimoséptima y Decimoctava y Final Sexta, respectivamente.

La insostenibilidad de la situación italiana… y europea

Italia se fractura con la falta de apoyo a Mario Draghi y su posterior dimisión como primer ministro italiano. La complicada situación que atraviesa Europa en estos momentos y que hemos ido repasando en las anteriores newsletters (autonomía estratégica, guerra entre Rusia y Ucrania, subida de tipos de interés, así como escándalos que se suceden en diversos países), está afectando de manera asimétrica a cada país, empezando por Italia.

FUENTE: EFE

La marcha de uno de los hombres con más reconocimiento en Europa en materia económica se ha notado con fuerza en los mercados, con una banca que se hunde y una prima de riesgo disparada. El exbanquero ya ha dicho que no repetirá y el país se acerca a nuevas elecciones. Italia tiene una larga tradición de crisis y en otras ocasiones se ha citado la frase de escritor Ennio Flaiano: “La situación política italiana es grave pero no es seria”.

Esta frase cobra más fuerza desde la irrupción del Movimiento 5 Estrellas (M5E) o de la Liga Norte de Matteo Salvini. Desde 2018, estos movimientos populistas han intervenido en los gobiernos italianos con independencia de su ideología en búsqueda del tan ansiado poder, sin pensar en sus actos y en cómo afectan a la economía y a los ciudadanos. Una tragicomedia política.

Los grandes países del viejo continente no están viviendo su mejor momento político en cuanto a gobiernos se refiere. Boris Johnson ha tenido que abandonar su cargo por su desgobierno en Inglaterra, la política del espectáculo y las fiestas covid, que han acabado forzando su salida del 10 de Downing Street.

La gran potencia alemana tampoco se libra de problemas políticos. Alemana es uno de los países más afectados por la crisis energética provocada por Rusia, y el canciller alemán Olaf Scholz se encuentra en la vuelta a las políticas austeras y proteccionistas propias de una gran crisis. La salida de Merkel, una de las grandes figuras de la política europea en lo que llevamos de siglo ha sido un gran varapalo, ya no solo para el país, también para la Unión Europea. Cuando se inició la guerra, muchos apostaban por Merkel para tomar partido en las negociaciones con su ‘amigo’ Putin. Ya que era la única personalidad política europea con la que el líder ruso tenía una gran relación.

En Francia, a pesar de haber ganado las elecciones, Macron ha perdido la mayoría de la Cámara y tendrá muy complicado gobernar y sacar adelante sus medidas electorales. El ascenso de los populismos y extremismos ha puesto en jaque al Elíseo y la ciudadanía francesa, que ya no confía en Macron, se deja engatusar por enemigos de la libertad y la democracia.

En esta situación de crisis política permanente e inestabilidad, España tristemente fue pionera desde el inicio de la actual legislatura. Aunque es improbable que Sánchez convoque elecciones anticipadas a no ser que un gran escándalo o una situación insostenible en el país lo provoque, es evidente la recta final de la legislatura.

Cuando los secretos dejan de serlo

El salto a la palestra del ‘caso Pegasus’, el escándalo de presunto espionaje a más de 60 independentistas catalanes tras el referéndum independentista del 1-O ha revuelto las entrañas del Congreso de los Diputados

FUENTE: EL PAÍS

Sin entrar mucho en la cuestión de fondo (ya que profundizaremos sobre este en el próximo número), la aparición de esta información ha provocado tanto ERC como EH Bildu hayan puesto en jaque al Ejecutivo y a sus medidas como ‘castigo’ ante el descubrimiento de este caso.

El Gobierno, sabiendo que los independentistas y los abertzales pueden frustrar la aprobación de medidas como el decreto anticrisis aprobado el jueves y, de aquí en adelante, la propia legislatura, está tratando de restaurar la relación con sus socios en vez de comenzar, como comentábamos en el pasado número, a tender puentes con el principal partido de la oposición. Pedro Sánchez tiene miedo a terminar antes la legislatura sin poder sacar adelante nuevas medidas con el núcleo de investidura, exponiendo la gobernabilidad de España a los caprichos populistas e iliberales de los movimientos centrífugos.

Para tratar de calmar los ánimos con el destape de ‘Pegasus’, el Gobierno vendió su investigación cambiando a última hora los términos para incluir a los soberanistas en la Comisión de secretos oficiales y poder desbloquear la votación del plan anticrisis. Con Bildu, de momento, parece haber funcionado pues aprobaron el paquete de medidas gracias a ellos, pero con ERC será más complicado.

Con este cambio normativo, reduciendo las mayorías para que pudiesen acceder a una comisión que lleva dos años parada, los investigados podrán tener acceso a las actividades e investigaciones del CNI, organismo que investigaba las actividades de los golpistas tras el referéndum, así como el uso de los fondos reservados por parte de los ministerios que tienen asignadas este tipo como Interior, Defensa, Exteriores y el propio CNI. Se espera que en las próximas semanas la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, habilite el calendario de reuniones y, una vez comenzado, los diputados recibirán explicaciones del Gobierno sobre, por ejemplo, el supuesto espionaje.

Este cambio de última hora carece totalmente de sentido, tanto en la teoría como en la práctica, ya que no es posible realizar las investigaciones pertinentes a un grupo de personas que se ha saltado la Constitución para tratar de romper España para su propio interés. De esta forma los independentistas se aseguran estar al tanto de todos los movimientos y prácticas de seguridad del Estado.

Sánchez ha vuelto a caer en la trampa del independentismo cuando estaba desarrollando una práctica justificada, y que ya había sido anunciada por Interior en 2019, después de que estos hubieran incumplido la Carta Magna. Este movimiento no solo debilita al Gobierno en el Congreso, sino que lo deja en evidencia ante las exigencias independentistas y debilita al Estado. Sánchez tenía alternativa con PP y Ciudadanos y les volvió a cerrar la puerta, en favor de aquellos que no buscan más que alimentar sus propios intereses.

Lo peor de todo, es que seguramente la entrada en la Comisión no sea suficiente como para calmar al independentismo victimista, al que tratarán de recuperar con la mesa de negociación con Cataluña. El Gobierno vuelve con las rebajas y facilitará a ERC muchas de sus exigencias para aprobar las medidas a costa de difuminar la identidad del socialismo.

Sánchez está comenzando a cavar su propia tumba y puede que la de su partido, que perpetua las acciones de su líder. Ha dejado muy claro que prefiere pactar con los enemigos de España antes que con un Feijóo dispuesto, a diferencia de Pablo Casado, a sentarse a negociar. O como bien dice el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, «introducir a los lobos en el mismo rebaño de las ovejas».

Recuperar peso en la política internacional cuesta algo más de 20 segundos

El encuentro de escasos segundos en un pasillo de la cumbre de la OTAN entre Pedro Sánchez y Joe Biden, es una buena muestra de lo mucho que queda por hacer en materia de política exterior. Esta mal denominada ‘reunión’ ejemplifica la irrelevancia de España en materia geopolítica, especialmente en un momento clave para las relaciones internacionales donde los bloques americano y chino presionan sobre una Europa desunida, dependiente energéticamente de un enemigo como es Rusia y que no ha sido capaz de recomponer sus dinámicas internas tras el Brexit. ¿Cómo es posible que la cuarta economía de la Unión Europea tenga un papel tan secundario, y que en el primer viaje de un presidente recién elegido en Estados Unidos, Madrid no haya sido ni siquiera planteada como parada obligada?

(FUENTE: EFE)

España debe poner urgentemente en marcha un plan que recupere su posición geopolítica, reivindique su historia y establezca un nuevo juego de alianzas estratégicas, empezando por sus aliados tradicionales y acabando con una entente cordial con sus enemigos tradicionales, especialmente su vecino del Estrecho. Es probable que el ‘atlantismo’ haya llegado a su fin, teniendo en cuenta que se construyó en un momento histórico donde el ‘centro de gravedad’ geopolítico estaba en Europa. Sin embargo, ahora está en el Pacífico y China en menos de 2-3 años será la primera economía del mundo con un peso del 20% sobre el PIB global.

Por tanto, es necesario reconstruir el mapa de alianzas teniendo dos ejes estratégicos como prioridad: por un lado, el eje atlántico con las relaciones con Estados Unidos y América Latina y, por otro lado, la ‘Nueva Ruta de la Seda’ puesta en marcha en 2013 por China, la cual se ha convertido en la principal fuerza de extensión de un bilateralismo dentro de la tendencia general de la globalización, el cual cambió el planteamiento de Estados Unidos en 2016 y que ahora está por ver si la Administración Biden cambiará o no.

Con semejante desafío por delante, se necesitan más de 100 metros o 30 segundos de paseo de nuestro presidente con el presidente Biden para hablar de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, de Latinoamérica y de felicitar a Biden por su agenda progresista, en lo que Sánchez calificó como “una primera toma de contacto”. Moncloa aunque quiera ‘vender’ un encuentro que jamás se realizó en esos términos y teniendo en cuenta que la comitiva de Estados Unidos no llevaba marcada en la agenda de su viaje a Bruselas para la reunión de la OTAN reunión alguna oficial con España, debe reconocer que ya vamos tarde y que cuanto más tiempo pase, mayor va a ser la irrelevancia de España en política exterior.

No dudamos de que en algún momento se producirá una reunión entre ambos presidentes, ya que nuestro país ha sido históricamente un fuerte aliado de EEUU, pero el ‘cuándo’ y el ‘cómo’ son extraordinariamente importantes.