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Delcy en Nueva York, María Corina en Panamá

Estados Unidos derrocó a Maduro, pero no desmontó el chavismo. Nueve meses después, Delcy Rodríguez se reúne con Trump y recupera reconocimiento internacional mientras Washington mantiene al margen a María Corina Machado e incluso ha frenado su regreso a Venezuela. La transición empieza a parecerse demasiado a una estabilización del régimen sin Maduro.

FUENTE: EFE

La fotografía tiene algo de desenlace escrito al revés. Nicolás Maduro duerme en una cárcel de Brooklyn después de haber sido capturado por Estados Unidos; su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, posa sonriente con Donald Trump a pocos kilómetros de allí y acude a la Asamblea General de Naciones Unidas como máxima representante de Venezuela. Mientras tanto, María Corina Machado intenta regresar a su país desde Panamá y vuelve a fracasar.

No es simplemente una anécdota de protocolo. Es la imagen más precisa hasta ahora de la política que Washington ha elegido para Venezuela.

El martes, Trump y Rodríguez mantuvieron en Nueva York su primer encuentro presencial desde la caída de Maduro, a puerta cerrada y acompañados por Marco Rubio, Scott Bessent y algunos de los principales responsables de la Administración estadounidense. Delcy lo presentó inmediatamente como una reunión «histórica» destinada a fortalecer las relaciones bilaterales en energía, minería y seguridad. Trump, por su parte, había aprovechado su intervención ante Naciones Unidas para exhibir como uno de sus éxitos el nuevo acuerdo petrolero con Caracas.

La paradoja es considerable. Delcy Rodríguez no representa una ruptura con el sistema que gobernó Venezuela durante los últimos años. Fue vicepresidenta de Maduro, ministra, presidenta de la Asamblea Constituyente chavista y una de las figuras centrales del aparato político. La Unión Europea mantiene actualmente sanciones contra 69 dirigentes venezolanos hasta enero de 2027, y Rodríguez figura desde 2018 entre las personas señaladas por actuaciones que, según el Consejo, socavaron la democracia y el Estado de Derecho.

Nueve meses después de la operación militar estadounidense que desalojó a Maduro, esa misma dirigente ha dejado de ser tratada como parte del problema para convertirse en la interlocutora necesaria de la solución.

Cambió el presidente, no el aparato

La explicación estadounidense es conocida: primero estabilizar el país, después recuperar la economía y finalmente conducirlo hacia una transición democrática. El problema es que, mientras se consolida la primera fase, la tercera sigue sin fecha.

Hace apenas una semana, la misión internacional de Naciones Unidas advertía de que el aparato represivo venezolano permanece esencialmente intacto. Human Rights Watch, después de su primera visita oficial al país en dieciocho años, reconoce avances —liberaciones de presos, mayor espacio para algunos medios y menor intensidad represiva—, pero reclama todavía la liberación de todos los presos políticos, una reforma real del sistema judicial y electoral y el desmantelamiento de estructuras que hicieron posible los abusos anteriores.

Ése es el contexto que convierte la presencia de Delcy en Nueva York en algo más que diplomacia pragmática. La normalización internacional avanza bastante más deprisa que la democratización interior.

Y cuanto más legitimidad exterior obtiene Rodríguez, menos incentivos tiene para acelerar una transición que podría apartarla del poder.

Estados Unidos consiguió sacar a Maduro. Lo que todavía no está claro es si pretendía desmontar el sistema que lo sostuvo o simplemente encontrar dentro de él a alguien con quien pudiera hacer negocios.

El petróleo ayuda a responder. Washington ha convertido la recuperación de la producción venezolana y el acceso estadounidense a sus reservas en uno de los ejes de la nueva relación. El Financial Times describe a Delcy como la gran beneficiaria política del acuerdo: coopera con las exigencias estadounidenses, facilita intereses económicos de Washington y, a cambio, consolida su posición interna mientras las elecciones continúan sin un calendario claro.

La vieja retórica revolucionaria ha encontrado así una salida sorprendente: el chavismo sobrevive aceptando la tutela económica del país al que durante veinticinco años presentó como su enemigo imperial.

La oposición espera fuera

El contraste con María Corina Machado es todavía más difícil de explicar.

Esta semana ha intentado tres veces en apenas veinticuatro horas regresar a Venezuela desde Panamá. Con esos intentos serían ya al menos siete desde que abandonó clandestinamente el país el pasado diciembre. Su equipo asegura que las operaciones han sido impedidas, aunque no ha identificado públicamente quién frustró las tres últimas.

Pero sobre los intentos anteriores sabemos bastante más.

Una investigación de The Wall Street Journal relató cómo Washington se opuso a su regreso tras los terremotos de junio: autoridades estadounidenses pidieron que retrasara el viaje y la falta de respaldo de Estados Unidos terminó contribuyendo a frustrar distintas rutas de entrada. Reuters confirmó después que responsables estadounidenses habían pedido en privado a Machado que pospusiera su regreso y que las conversaciones respaldadas por Washington para rediseñar el sistema político venezolano ni siquiera incluyen a su movimiento.

La semana pasada Machado decidió que no podía esperar más. «Es hora de regresar», dijo al Wall Street Journal. La misma Administración que había intervenido militarmente para sacar a Maduro considera ahora que la presencia dentro de Venezuela de la principal figura de la oposición podría desestabilizar el proceso que desarrolla con la antigua vicepresidenta de Maduro.

Ahí reside la contradicción central.

Washington intervino en nombre de un cambio político, pero parece haber descubierto que la democracia es mucho menos manejable que la estabilidad. Delcy controla todavía buena parte del aparato estatal, mantiene interlocución con las Fuerzas Armadas y puede garantizar petróleo, orden y cumplimiento de acuerdos. María Corina representa algo distinto: competencia política, movilización social y unas elecciones cuyo resultado Estados Unidos no podría administrar.

Trump ha elegido por ahora la previsibilidad.

Eso permite entender el verdadero significado del «blanqueamiento» de Nueva York. No consiste únicamente en permitir que Delcy Rodríguez hable ante Naciones Unidas o en fotografiarse con ella. Consiste en modificar silenciosamente su condición política: de heredera inmediata de un régimen al que Washington decidió derribar a socia necesaria de la transición que Washington controla.

Puede acabar siendo una estrategia eficaz para estabilizar Venezuela. También puede producir exactamente lo contrario de aquello que supuestamente justificó la caída de Maduro: sustituir al dirigente sin sustituir el sistema.

La imagen de estos días contiene toda la contradicción. Delcy Rodríguez ha llegado a Nueva York por la puerta principal. María Corina Machado sigue buscando una puerta para volver a su propio país.

Y quizá por ahí deba empezar cualquier discusión seria sobre qué clase de transición está construyendo Estados Unidos en Venezuela.

La amnistía cambia de naturaleza

El Constitucional todavía no ha dictado sentencia sobre Jordi Turull. Pero la decisión adoptada ayer apunta a un cambio de fondo mucho más importante que el eventual regreso de Puigdemont: después de avalar que la amnistía puede existir, el tribunal se encamina ahora a decidir si negarla en determinados casos puede vulnerar derechos fundamentales.

FUENTE: EFE

La amnistía lleva más de dos años ocupando el debate público y empieza a resultar difícil encontrar algo nuevo que decir sobre ella. Ayer ocurrió, sin embargo, algo distinto. El Tribunal Constitucional comunicó oficialmente que su Pleno no aprobó la ponencia del magistrado José María Macías sobre el recurso de Jordi Turull contra la decisión del Supremo de excluir de la amnistía su condena por malversación. La nota oficial no dice más. Según la información conocida posteriormente, Macías defendía mantener el criterio del Supremo y la mayoría del tribunal optó por la solución contraria; ahora deberá redactarse una nueva propuesta para el Pleno previsto el 6 de octubre.

Conviene detenerse en esa precisión porque todavía no existe sentencia y sería prematuro escribir como si Puigdemont tuviera ya levantada la orden de detención. Pero también sería ingenuo fingir que ayer no ocurrió nada. La mayoría del Constitucional ha rechazado la salida jurídica que permitía mantener fuera de la ley de amnistía una de las últimas responsabilidades penales relevantes del procés. Si la nueva ponencia confirma esa dirección, la doctrina será inmediatamente relevante para Turull y previsiblemente para los demás recursos construidos sobre el mismo conflicto interpretativo.

Ya no discutimos si la amnistía cabe

La novedad está precisamente ahí. Durante dos años, el debate giró alrededor de una pregunta: ¿puede existir constitucionalmente una amnistía como ésta? El Constitucional respondió que sí en su sentencia de junio de 2025 y después fue aplicando esa doctrina a los distintos recursos. La propia sentencia distinguió entonces entre el juicio abstracto sobre la validez de la ley y los problemas que pudieran aparecer cuando los tribunales tuvieran que aplicarla a casos concretos. La sentencia 137/2025 dejó expresamente fuera de aquel primer examen los problemas concretos de aplicabilidad.

Eso es exactamente lo que ha llegado ahora.

El Supremo entendió que la malversación cometida durante el procés no podía ser amnistiada en determinados casos porque existió un beneficio personal de carácter patrimonial: quienes destinaron fondos públicos al referéndum evitaron tener que sufragar personalmente esos gastos. Turull recurrió al Constitucional alegando vulneraciones del principio de legalidad penal y del derecho a la tutela judicial efectiva. Cuando el tribunal admitió su recurso en abril de 2025, reconoció que planteaba una cuestión sobre la que no existía doctrina constitucional y que podía producir «consecuencias políticas generales».

Ahí aparece el cambio de naturaleza. Hasta ahora la amnistía necesitaba protección frente a quienes sostenían que la ley era inconstitucional. A partir de ahora puede ocurrir algo más profundo: que sea la negativa de un tribunal a aplicarla la que termine siendo examinada como una posible lesión de derechos fundamentales.

No es un juego de palabras. Significa desplazar el centro de gravedad desde la libertad interpretativa del juez hacia la posición jurídica del amnistiable.

De excepción legislativa a garantía individual

Macías defendía, según las informaciones sobre su ponencia, una idea jurídicamente clásica: que el Constitucional no está para determinar cuál es la mejor interpretación posible de cualquier ley ni para actuar como una instancia superior que corrige al Supremo siempre que discrepa de él. Si la resolución judicial está motivada y no resulta arbitraria, la tutela judicial efectiva no concede a nadie un derecho general a que el juez acierte según el criterio posterior del Constitucional. La mayoría ha rechazado que ésa sea la solución suficiente para este caso.

Éste es el punto verdaderamente novedoso y el que merece una discusión mucho mayor que la enésima especulación sobre cuándo volverá Puigdemont.

La amnistía nació como una decisión extraordinaria del legislador destinada a extinguir determinadas responsabilidades penales. Después recibió el aval general del Constitucional. Ahora puede dar un tercer paso: convertirse, para quienes entran dentro de su ámbito, en una posición constitucionalmente protegida frente a una interpretación judicial considerada excesivamente restrictiva.

Dicho de otra manera: podemos pasar de discutir el derecho del Parlamento a amnistiar a discutir el derecho del condenado a ser efectivamente amnistiado.

No son la misma cosa.

Si ésa acaba siendo la doctrina del 6 de octubre, el efecto irá bastante más allá de Turull. El Supremo seguirá teniendo la función de interpretar y aplicar las leyes, pero el margen desde el que venía excluyendo la malversación quedará notablemente condicionado por una lectura constitucional de los derechos fundamentales. Y precisamente por eso Junts interpretó ayer lo sucedido como una «desautorización» de los magistrados que habían rechazado la amnistía. Es la lectura política de Turull, no el lenguaje utilizado por el Constitucional, pero demuestra que los independentistas han entendido perfectamente el cambio de terreno. Turull llegó a pedir al Supremo que aplicara ya la amnistía sin esperar siquiera a la sentencia de octubre.

Durante mucho tiempo se dijo que el gran problema jurídico de la ley sería comprobar hasta dónde podían llegar sus excepciones. Ayer empezamos a conocer la respuesta: quizá bastante menos lejos de lo que creyó el Supremo.

Y esa es la verdadera noticia. No que la amnistía haya recibido otro empujón ni que Puigdemont pueda estar algo más cerca de regresar. Eso era previsible desde hace meses. Lo relevante es la transformación institucional que se está produciendo por debajo.

La amnistía comenzó siendo una potestad extraordinaria del legislador. Puede acabar siendo también un límite constitucional a la capacidad de los jueces para decidir cuándo esa potestad no alcanza a un condenado.

Después de dos años discutiendo quién tenía poder para perdonar, entramos en una fase distinta: decidir quién conserva el poder para decir que no.

Cuba se apaga y el castrismo se queda sin relato

Los apagones, las protestas y el colapso económico han abierto una grieta histórica en el régimen cubano. Pero el error de Occidente sería creer que la alternativa al castrismo pasa por entregar el Caribe a Rusia, China o el caos revolucionario permanente.

FUENTE: EFE

Cuba vuelve a apagarse. Literalmente. Las protestas de las últimas semanas en La Habana y otras ciudades han dejado imágenes que durante décadas parecían impensables en la isla: centenares de personas cortando calles, golpeando cacerolas, quemando basura y gritando contra el régimen mientras barrios enteros permanecen hasta veinte horas diarias sin electricidad.

La situación económica ha alcanzado un punto de agotamiento estructural. Escasez de combustible, colapso eléctrico, falta de medicamentos, deterioro alimentario, caída del turismo y una emigración masiva que vacía el país a velocidad histórica. Incluso organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos describen ya la crisis cubana como la peor desde el llamado “Periodo Especial” tras la caída soviética.

Y sin embargo, lo más importante no es la gravedad de la crisis. Lo verdaderamente relevante es que el castrismo empieza a quedarse sin relato.

El mito revolucionario se quedó sin electricidad

Durante décadas, buena parte de la izquierda occidental encontró en Cuba una especie de refugio sentimental. La revolución envejecida seguía funcionando como símbolo romántico frente al capitalismo americano, aunque la realidad cotidiana de los cubanos dijera exactamente lo contrario. Pero los símbolos también se deterioran y a veces lo hacen de manera muy material.

Es difícil seguir hablando de “resistencia heroica” cuando un país entero vive entre apagones, hospitales sin recursos, colas interminables y jóvenes que sólo sueñan con escapar. El problema para el régimen no es únicamente económico, es psicológico. La revolución ha dejado de prometer futuro incluso a quienes crecieron dentro de ella.

Eso explica la importancia de las protestas recientes. No son únicamente estallidos de hambre o electricidad, son síntomas de una erosión mucho más profunda: la pérdida progresiva del miedo y de la resignación.

El antiamericanismo ya no alimenta

El régimen cubano sigue utilizando el embargo estadounidense como explicación total de todos sus males y sería absurdo negar que las sanciones norteamericanas agravan gravemente la situación económica de la isla. La presión energética impulsada por la Administración Trump ha empeorado la crisis de combustible y los apagones. Pero también empieza a resultar evidente algo incómodo para muchos: el embargo ya no basta para explicar un fracaso de más de seis décadas.

La economía cubana no colapsa únicamente por Washington. Colapsa porque el modelo castrista destruyó durante generaciones cualquier incentivo productivo real, expulsó talento, laminó la iniciativa privada y convirtió al Estado en un aparato incapaz de sostener siquiera los servicios básicos que utilizaba como propaganda internacional.

La revolución sobrevivió demasiado tiempo gracias a subsidios externos: primero soviéticos, después venezolanos y ahora parcialmente rusos y chinos. Pero ninguna estructura política puede sostener indefinidamente una economía artificial sin productividad, sin inversión y sin libertad económica.

La factura siempre acaba llegando y Cuba la está pagando ahora.

Occidente tampoco puede equivocarse

Pero existe otro riesgo igual de serio: interpretar el derrumbe cubano desde el simplismo ideológico. Porque una cosa es reconocer el fracaso histórico del castrismo y otra muy distinta pensar que cualquier alternativa geopolítica será automáticamente mejor.

Europa y Estados Unidos tienen razones evidentes para apoyar una transición democrática en Cuba. Lo que no deberían hacer es repetir errores ya conocidos: empujar la isla hacia una situación de vacío institucional, radicalización o dependencia aún mayor de potencias hostiles.

Rusia y China llevan años utilizando América Latina como espacio de influencia estratégica frente a Washington y cualquier escenario de descomposición desordenada en Cuba abriría inmediatamente esa disputa geopolítica.

El debate serio no consiste en salvar al régimen cubano ni en romantizar su caída. Consiste en entender que la estabilidad del entorno atlántico sigue dependiendo, en gran medida, de la alianza occidental.

Nuestros aliados naturales no serán nunca ni los ayatolás iraníes, ni el autoritarismo chino, ni el revanchismo ruso. Tampoco quienes justifican dictaduras simplemente porque se presentan bajo etiquetas antiamericanas.

La izquierda occidental ante su espejo más incómodo

La crisis cubana deja además una pregunta especialmente incómoda para cierta izquierda europea y latinoamericana. ¿Hasta cuándo puede seguir tratándose Cuba como una excepción moral?

Durante años se exigió a las democracias occidentales una perfección ética absoluta mientras se relativizaban sistemáticamente las carencias democráticas del régimen cubano: presos políticos, ausencia de pluralismo, censura, represión y control estatal absoluto sobre la sociedad civil.

Ese doble rasero empieza a resultar cada vez más insostenible, porque cuando un sistema necesita restringir libertades durante décadas para evitar que su población huya o proteste, el problema ya no es coyuntural. El problema es el sistema y eso es precisamente lo que hoy empieza a quedar expuesto ante el mundo.

El final del relato del castrismo

Cuba no está viviendo únicamente una crisis energética. Está viviendo el agotamiento histórico de un modelo político que durante demasiado tiempo sobrevivió gracias a la épica revolucionaria mientras la realidad se deterioraba generación tras generación. El castrismo prometió dignidad y terminó administrando escasez.

Cuando un régimen ya no puede garantizar ni prosperidad, ni libertad, ni esperanza, lo único que le queda es el miedo. Hasta que el miedo también empieza a agotarse.

Orbán cae en Hungría y Sánchez queda como la referencia iliberal de Europa

La derrota del laboratorio húngaro deja una paradoja europea: mientras Budapest inicia una rectificación democrática, en España persisten prácticas de colonización institucional que el continente ya aprendió a identificar.

FUENTE: EFE

La derrota de Viktor Orbán no es sólo una noticia húngara. Es un acontecimiento europeo. Después de dieciséis años de poder casi ininterrumpido, el dirigente que convirtió Hungría en el principal experimento iliberal de la Unión ha sido desalojado por las urnas. La oposición liderada por Péter Magyar obtuvo una mayoría contundente y abre un proceso de reversión institucional largamente esperado.

La lectura inmediata se hará en clave de Bruselas, de Ucrania o de la relación con Rusia. Todas son pertinentes. Pero hay otra más incómoda para España: caído Orbán, el único gobierno europeo que sigue avanzando en una lógica de ocupación partidista de las instituciones es el de Pedro Sánchez.

Hungría no cayó por accidente

Orbán no fue expulsado sólo por razones ideológicas. Cayó por desgaste económico, por corrupción percibida, por clientelismo y por una fatiga cívica acumulada tras años de concentración de poder. Incluso los mercados reaccionaron positivamente al cambio, anticipando una relación más normal con la Unión Europea y la posible liberación de fondos congelados.

El sistema húngaro no se definía únicamente por sus discursos nacionalistas. Se definía por algo más práctico y más reconocible: control del aparato estatal, captura regulatoria, debilitamiento de contrapesos y colocación de fieles en organismos llamados precisamente a limitar al poder.

Eso es lo que Europa acabó señalando durante años. Y eso es lo que conviene mirar ahora sin provincialismo.

El espejo incómodo español

España no es Hungría. No lo ha sido ni lo es. Tiene una sociedad civil más densa, una prensa más plural y una inserción europea distinta. Conviene decirlo con claridad para no caer en caricaturas.

Pero las democracias no se degradan sólo mediante rupturas espectaculares; también se erosionan cuando el poder ejecutivo intenta condicionar al judicial, cuando el Tribunal Constitucional deja de percibirse como árbitro para ser visto como trinchera, cuando las empresas públicas se convierten en espacios de reparto partidista, cuando la alta administración se coloniza por afinidad y cuando el Parlamento renuncia a controlar para limitarse a convalidar. No hace falta copiar el modelo húngaro para asumir algunas de sus tentaciones.

No hace falta copiar a Orbán para recorrer parte de su camino.

La vieja tentación europea

Durante años, muchos gobiernos europeos observaron a Hungría como una anomalía lejana, algo casi folclórico. Un problema de Budapest. Una excentricidad del Este. Ese fue el error.

Las derivas iliberales no son geográficas. Son funcionales. Nacen allí donde el poder descubre que puede ocupar instituciones sin pagar un precio inmediato.

En Hungría ese proceso fue más veloz y más explícito. En otros lugares adopta formas más sofisticadas, jurídicas, administrativas, incluso retóricas.

Pero el impulso es el mismo: sustituir neutralidad institucional por obediencia política.

Lo que dicen las urnas húngaras

La elección húngara demuestra algo importante: los sistemas aparentemente blindados también se agotan. El votante puede tardar, pero no desaparece. La paciencia democrática suele ser lenta, no infinita.

También demuestra otra cosa: Europa sigue premiando a quien promete limpieza institucional, lucha contra la corrupción y vuelta al Estado de derecho. Ésos fueron algunos de los ejes de la campaña vencedora.

No es un detalle menor.

Mientras algunos siguen creyendo que la captura institucional sale gratis, Hungría acaba de recordar que siempre llega la factura.

La anomalía que queda

Con Orbán fuera, desaparece el símbolo más visible del iliberalismo europeo. Pero no necesariamente la enfermedad.

Porque hoy la cuestión ya no es sólo Budapest. También es Madrid, si el poder continúa entendiendo las instituciones como botín y no como límite.

El problema de Europa nunca fueron únicamente los populistas declarados. También lo son los gobiernos que, bajo lenguaje progresista o centrista, practican el mismo reflejo patrimonial: ocupar, someter, repartir.

Hungría ha empezado a cerrar el telón. La pregunta es cuánto tiempo seguirá España tolerando la misma función con distinto decorado.

Castilla y León consolida el giro

El PP gana y amplía ventaja, el PSOE resiste, Vox crece menos de lo esperado y el derrumbe del espacio a la izquierda explica el cambio real del mapa electoral.

Las elecciones autonómicas de Castilla y León dejan una imagen aparentemente conocida: el Partido Popular vuelve a ganar y necesitará a Vox para gobernar, pero esconden un movimiento político más profundo.

El PP de Alfonso Fernández Mañueco se impone con claridad y amplía su base electoral. El PSOE logra resistir y mejora ligeramente sus resultados. Vox crece, aunque menos de lo que anticipaban algunos sondeos. Pero el verdadero cambio no está en esas tres piezas del tablero, sino en lo que ocurre alrededor.

La comparación de los porcentajes de voto lo muestra con claridad. El PP gana 4,08 puntos; Vox añade 1,29; y una formación menor del mismo espacio, SALF, suma 1,40. En el otro lado del mapa, el PSOE mejora 0,72, pero ese avance queda eclipsado por el derrumbe del espacio que se abre a su izquierda: Podemos pierde 4,36 puntos, mientras que Izquierda Unida recupera 2,23.

El balance agregado es elocuente. La izquierda pierde en conjunto 1,41 puntos. La derecha gana 6,55.

No es sólo una victoria electoral. Es un desplazamiento del electorado.

El agujero que deja el centro

El segundo fenómeno decisivo es la desaparición del viejo centro político. Ciudadanos pierde 4,15 puntos y queda prácticamente borrado del mapa autonómico.

Durante años ese voto funcionó como un espacio intermedio que podía inclinar el equilibrio hacia un lado u otro. Hoy ese espacio ha dejado de existir. Y su electorado se ha dispersado, en gran medida hacia el bloque de la derecha.

Incluso si se descuenta completamente ese trasvase, es decir, si se supone que todo el voto perdido por Ciudadanos hubiera terminado en el mismo bloque, el resultado sigue siendo significativo: la derecha registra igualmente una ganancia neta cercana a 2,4 puntos.

Es decir, el movimiento electoral no se explica sólo por la desaparición de un partido. Hay algo más: un cambio en la orientación del voto.

Vox crece, pero no rompe el equilibrio

El resultado de Vox confirma esa lectura. El partido mejora su posición y alcanza alrededor del 19% del voto, pero lo hace sin alterar la jerarquía del bloque conservador.

El PP sigue siendo con claridad la fuerza dominante dentro de ese espacio. Y el crecimiento de Vox no cambia el hecho fundamental de la política autonómica: cualquier mayoría alternativa sigue siendo muy difícil.

El problema de la izquierda

En el lado contrario, el PSOE consigue evitar un retroceso y puede presentar el resultado como una resistencia razonable. Pero esa resistencia no cambia la dinámica general.

El problema no está en el partido socialista. Está en el paisaje político que lo rodea.

El hundimiento del espacio a su izquierda, especialmente el colapso electoral de Podemos, deja al bloque con menos capacidad para competir en el conjunto del territorio.

Y en una comunidad como Castilla y León, donde el mapa electoral depende tanto del territorio como de las ciudades, esas pérdidas pesan mucho.

El significado del resultado

Por eso estas elecciones dicen algo más que quién gobernará en Valladolid. Dicen que el sistema político autonómico está entrando en una fase distinta. Menos fragmentada. Más polarizada. Y con un bloque conservador que no sólo mantiene su posición dominante, sino que la amplía.

A veces los cambios electorales se anuncian con grandes terremotos.
Otras veces llegan en forma de desplazamientos lentos. Las elecciones de Castilla y León parecen pertenecer a esta segunda categoría. Y, como suele ocurrir en estos casos, sus efectos pueden durar bastante tiempo.

Cuando los jueces dicen no

El Tribunal Supremo de Estados Unidos frena los aranceles de Trump y recuerda que incluso frente al poder personalista, el Estado de Derecho puede funcionar

FUENTE: EFE

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Donald Trump no es solo un revés político para el expresidente. Es algo más profundo y más incómodo para quienes han construido su poder sobre la idea de que las instituciones solo sirven mientras obedecen. El fallo corta de raíz el núcleo del discurso trumpista: la creencia de que la voluntad del líder, revestida de urgencia nacional, puede imponerse sin límites legales ni contrapesos efectivos.

El golpe es duro y tendrá consecuencias. Incrementa la incertidumbre internacional porque Trump, fiel a su estilo, buscará otro atajo legal, otro vericueto normativo, otra forma de rodear el obstáculo sin asumir el fondo del problema. Mientras tanto, los pequeños empresarios que llevaron el caso a los tribunales seguirán pagando el precio de enfrentarse al poder, y las grandes corporaciones —prudentes, silenciosas, acomodadas— continuarán evitando cualquier gesto que pueda incomodar a quien todavía controla amplias palancas políticas y sociales.

Una lección institucional incómoda

Pero el verdadero valor de la decisión no está en el comercio ni en los aranceles. Está en el mensaje institucional. El Tribunal que ha frenado a Trump es, en buena medida, el mismo que él contribuyó a configurar. Varios de sus magistrados fueron nombrados por presidentes republicanos, algunos directamente por el propio Trump. Y, sin embargo, cuando llegó el momento, votaron conforme a la Constitución y no conforme a la lealtad política.

Ese dato, tantas veces ignorado o minimizado, es la demostración de la fortaleza de un sistema donde la independencia judicial no es un eslogan, sino una práctica real. En la América de “la ciudad en la colina”, tantas veces caricaturizada y tantas veces mal entendida, no todas las luces se han apagado. La división de poderes sigue operando. Y cuando opera, lo hace incluso contra quien se considera a sí mismo todopoderoso.

No es la primera vez que ocurre. El Supremo estadounidense ya se enfrentó en el pasado a presidentes en el momento álgido de su poder. Lo hizo con Roosevelt, lo hace ahora con Trump. Esa continuidad histórica es la que sostiene la confianza cívica de una parte mayoritaria de la sociedad estadounidense, como se ha visto en las movilizaciones recientes en grandes ciudades y en la persistencia de una cultura política que distingue entre el Gobierno de turno y el sistema que lo contiene.

Aquí no hay jueces heroicos ni gestos épicos. Hay algo más valioso: normalidad constitucional. La idea de que un tribunal existe precisamente para decir “no” cuando el poder ejecutivo cruza una línea, incluso —o sobre todo— cuando lo hace envuelto en retórica patriótica y urgencias fabricadas.

El contraste que incomoda

La comparación resulta inevitable. Mientras el Tribunal Supremo estadounidense mantiene una concepción férrea del control del poder y de la aplicación recta de la Constitución, en otros países asistimos a un espectáculo muy distinto: parlamentos poblados de diputados dóciles, serviciales, dispuestos a justificar cualquier arbitrariedad del Ejecutivo o, peor aún, a callarla con disciplina partidista.

Allí, los jueces recuerdan al presidente que no todo vale.
Aquí, demasiados representantes públicos se esfuerzan en explicar por qué todo vale.

Por eso la decisión del Supremo americano no es solo una noticia jurídica ni un episodio más de la batalla política en Estados Unidos. Es un recordatorio incómodo de que la democracia no se defiende con discursos, sino con instituciones que funcionan incluso cuando molestan. Y de que la grandeza de un Estado de Derecho se mide, precisamente, en su capacidad para frenar a los poderosos cuando creen que ya no necesitan límites.

El ejemplo de Willy Brandt

La responsabilidad política como frontera moral entre la democracia y la impunidad

FUENTE: EFE

La política española vive instalada en una confusión interesada entre responsabilidad penal y responsabilidad política. Una confusión que no es casual, sino funcional. Permite a la guardia pretoriana de Pedro Sánchez permanecer cohesionada, cerrada como un bloque de hoplitas: nadie retrocede porque cualquiera que lo haga pone en peligro la supervivencia del grupo. El poder se convierte así en un ejercicio colectivo de autoprotección.

La diferencia entre un Estado que se defiende y uno que se degrada no está en la ausencia de errores, sino en la forma de afrontarlos. En Estados Unidos, estos días, el Tribunal Supremo ha recordado que incluso el presidente está sometido a límites. En España, sin embargo, el poder político ha optado por otra vía: confundir deliberadamente responsabilidad penal con responsabilidad política para que nadie tenga que asumir nada.

Fernando Grande-Marlaska representa de forma paradigmática esa degradación. Cuando afirma que solo dimitirá si se lo pide la víctima, no solo elude su responsabilidad política: traslada una presión inadmisible a quien ya ha sufrido suficiente. La dimisión deja de ser una exigencia institucional para convertirse en una cuestión moral privada, casi sentimental. Es una perversión del concepto mismo de responsabilidad pública.

Conviene aclararlo sin ambages. En este momento no se está juzgando si Marlaska encubrió un presunto delito. No se trata de imputarle una complicidad penal que no corresponde determinar en el debate político. Lo que se juzga es algo mucho más elemental: el ministro es responsable del nombramiento del DAO de la Policía Nacional. Y no solo responsable en abstracto. Insistió con extraordinaria intensidad en ese nombramiento, estableciendo una relación directa, clara y verificable entre su decisión política y las consecuencias posteriores de esa gestión.

Todo nombramiento abre una responsabilidad para quien lo hace. Siempre. No porque el nombrado cometa necesariamente un delito, sino porque el poder político no es neutro: elige, avala y confiere autoridad. Cuando esa elección fracasa de forma grave, la responsabilidad política es inmediata, aunque no exista reproche penal alguno. Negarlo es vaciar de contenido la idea misma de gobierno responsable.

Aquí es donde el contraste histórico resulta devastador. Willy Brandt no espió para la Alemania comunista durante la Guerra Fría. No cometió traición alguna. Pero dimitió cuando se descubrió que Günter Guillaume, un asesor muy cercano a la Cancillería, era un espía al servicio de la RDA. Brandt entendió algo que hoy parece incomprensible: que la responsabilidad política no se delega, no se diluye y no se negocia.

Aquella dimisión no fue un gesto teatral. Fue una expresión de lo que podría llamarse el nervio moral del poder. Brandt asumió que su autoridad quedaba dañada, aunque no hubiera culpa penal. Esa cultura política es la que permite que las democracias resistan cuando las instituciones funcionan. Cuando desaparece —como hoy ocurre en España— no hacen falta autoritarios declarados: basta con dirigentes que se niegan sistemáticamente a responder.

Un partido a la deriva

Cuando un partido histórico renuncia a corregirse y decide acompañar la deriva

FUENTE: EFE

Si en otros sistemas democráticos la responsabilidad política actúa como mecanismo de corrección, en España ha sido abolida de facto. No por una ley, sino por una práctica. Y cuando esa renuncia deja de ser individual y pasa a ser colectiva, el problema ya no es un dirigente concreto, sino el partido que lo sostiene.

Las recientes declaraciones de Felipe González tras los resultados electorales en Aragón se han utilizado como cortina de humo. Como la crisis es profunda, el partido ha recurrido a viejos reflejos: personalizar, desviar, buscar culpables alternativos. Se ha sacado a escena al siempre dispuesto Óscar López para señalar al difunto Lambán y evitar mirar el fondo del problema.

Pero el fondo es evidente. En Aragón ha ocurrido lo mismo que en Extremadura, solo que de forma más agravada. La candidata no era una figura autónoma ni territorial: era la representación casi literal del jefe. El resultado no es un castigo personal, sino político. Y lo mismo ocurrirá en Castilla y León. Y será aún peor en Andalucía.

Si el problema fuera solo Sánchez, la solución sería relativamente sencilla. Cambiar de candidato, corregir el rumbo, reconstruir. Pero el problema ya no es de personas. Es de proyecto. El PSOE ha tomado decisiones estructurales que lo han alejado de sus principios históricos y de cualquier noción progresista compatible con el Estado constitucional.

El PSOE ha aprobado una ley de amnistía incompatible con el principio de igualdad ante la ley a cambio de unos votos. Ha aceptado una financiación autonómica que consagra comunidades de primera y de segunda, ciudadanos privilegiados y ciudadanos condenados al furgón de cola. Todo ello sin una sola dimisión relevante, sin una asunción de costes políticos, sin un solo gesto de responsabilidad institucional.

Ha paralizado de facto la política de inmigración para satisfacer a los independentistas. Ha asumido, parcial pero definitivamente, un marco autonómico de relaciones laborales que rompe la unidad de la clase trabajadora y fortalece al nacionalismo vasco, incluido el sindicato heredero del entorno del terrorismo. Ha aceptado, en suma, el desguace del Estado en parcelas negociables.

Todo ello no es coyuntural. No es un error táctico. Es una deriva. Por eso ya no basta con cambiar nombres ni con apelar a la nostalgia del pasado. Sin una refundación profunda, general y dolorosa, el PSOE ha dejado de ser un partido útil para España. Ha dejado de ser progresista para convertirse en reaccionario. Y ha pasado de defender el interés general a servir, con disciplina y silencio, a quienes tienen como objetivo debilitarlo.

Cuando Willy Brandt dimitió, protegió a su país de algo peor que un error: la normalización de la irresponsabilidad. Hoy, el PSOE ha optado por el camino contrario. No corrige, no responde y no se interroga. Acompaña. Y cuando un partido histórico deja de exigirse responsabilidad a sí mismo, deja de ser una solución y pasa a ser parte del problema.

El problema ya no es Sánchez. El problema es que el partido ha decidido acompañarlo.

El distractor demoscópico: cuando las encuestas son armas narrativas más que reflejos del pulso social

Iván Redondo estrena una empresa demoscópica justo a tiempo para publicar un sondeo favorable al PSOE. No es casualidad: es estrategia de poder. Y eso que las encuestas son armas más peligrosas que las pistolas retóricas.

FUENTE: IMAGEN CREADA POR IA

Las encuestas han dejado de ser instrumentos para medir el pulso de una sociedad; ahora son máquinas para fabricar climas de opinión. Lo que antes era una herramienta técnica se ha convertido en un lenguaje del poder: cifras al servicio de la propaganda, porcentajes convertidos en dogmas. Ya no describen la realidad: la reemplazan.

La última muestra de esta perversión ha llegado con la nueva empresa demoscópica del omnipresente Iván Redondo, un maestro de la política como espectáculo. Su primera encuesta ha sido un prodigio de oportunidad: justo cuando el Gobierno atraviesa su peor momento, el sondeo anuncia la resurrección socialista. La casualidad, en política, suele tener forma de encargo. Nadie discute que Redondo tenga derecho a dedicarse a las encuestas; lo inquietante es que lo haga en un país donde cada barómetro parece diseñado para sostener un relato.

El relato antes que el dato

En España hemos pasado de dudar del CIS a aceptar su versión privada, refinada y con traje de consultoría. Cambia la forma, pero no el fondo: el objetivo sigue siendo el mismo, convencer al ciudadano de que lo que ve no es lo que ocurre, sino lo que debería ocurrir. Las encuestas son ya un poder en sí mismas, un gobierno paralelo de números y titulares, capaz de alterar el ánimo de un electorado antes incluso de que vote.

El sistema funciona con precisión industrial. Los asesores de comunicación diseñan la narrativa: un Gobierno que resiste, una oposición dividida, una tercera fuerza que crece para asustar a los tibios. Las empresas demoscópicas afinan la melodía, ajustando muestras, proyecciones y fidelidades hasta que el resultado encaje con la historia prevista. Los medios la reproducen sin preguntar demasiado, porque necesitan titulares, no verdades, y los politólogos de guardia aportan el comentario que legitima la farsa. Todo encaja, todo fluye, todo parece verosímil. El círculo se cierra y la realidad, una vez más, queda fuera.

La manipulación es tan sofisticada que ni siquiera necesita mentir abiertamente. Basta con exagerar, omitir o reinterpretar. Basta con elegir a quién se pregunta y cómo se presentan los datos. Un punto arriba, otro abajo, un verbo cambiado, y ya se ha fabricado un clima. Una encuesta puede hundir la moral de un partido o resucitar su esperanza; puede mover inversores, alterar agendas y decidir portadas. Es el poder de la sugestión revestido de objetividad.

La trampa es perfecta porque todos participan. Los políticos encargan, los asesores redactan, los encuestadores maquillan, los medios publican y los ciudadanos consumen. Y, cuando las urnas desmienten los sondeos, nadie pide explicaciones: se pasa página y se prepara el siguiente barómetro. Nadie asume el engaño porque el engaño beneficia a todos los que viven de él.

Los sacerdotes del porcentaje

La demoscopia se ha convertido en la religión laica del siglo XXI. Su dios es el porcentaje; su liturgia, el margen de error; sus sacerdotes, los expertos en plató. Y su pecado original es la vanidad: esa necesidad enfermiza de confirmar lo que ya se cree. Por eso cada encuesta es un acto de fe, no de conocimiento.

Lo más grave no es la mentira, sino la resignación. Hemos aprendido a aceptar que las encuestas mienten como aceptamos que los políticos prometen. Nos hemos acostumbrado a que nos digan lo que pensamos antes de pensarlo. Y así, poco a poco, el ciudadano deja de ser sujeto político para convertirse en dato estadístico. Lo cuentan, pero no lo escuchan. Lo miden, pero no lo representan.

No hay democracia sana sin incertidumbre, y las encuestas actuales trabajan precisamente para eliminarla. No informan: adoctrinan. No exploran: orientan. No sirven al votante: lo domestican. Detrás de cada gráfico colorido se esconde una convicción peligrosa, la de que la voluntad popular puede manipularse con la misma facilidad con la que se manipula una muestra.

Deberíamos recuperar el pudor de no saber. El respeto a la duda. La conciencia de que el futuro no está en los porcentajes sino en las decisiones reales. Pero para eso haría falta que la política dejara de usar las encuestas como espejo complaciente y los medios como altavoces del espejismo.

El precio de la mentira estadística

Mientras eso no ocurra, seguiremos viviendo bajo la dictadura amable del dato adulterado: un país que confunde la estadística con la verdad y la propaganda con el análisis. Y seguiremos creyendo que el futuro se vota en los sondeos del domingo, cuando en realidad se decide, como siempre, en la soledad de la urna.

Investidura con aires de fracaso

Esta semana marca el inicio de las consultas para la investidura del próximo presidente de Cataluña tras las recientes elecciones, y todo indica que la sesión parlamentaria del 25 de junio podría transcurrir sin un candidato claro.

FUENTE: EFE

En caso de no alcanzar acuerdos en dos meses, se activaría automáticamente el proceso hacia unas nuevas elecciones.

Los resultados de la consulta catalana de mayo revelaron dos mensajes contundentes: la clara victoria de los socialistas liderados por Salvador Illa y la pérdida de la mayoría parlamentaria por parte del bloque independentista. A pesar de ello, la sorpresiva caída electoral de ERC ha sumido a los posibles negociadores de la presidencia en un mar de confusión y desorden, prolongando así la inestabilidad política en Cataluña y, por extensión, en España.

Después de la dimisión de Oriol Junqueras, ahora es Marta Rovira quien, en su papel como figura clave de ERC, está liderando las negociaciones con el PSC, aunque también ha anunciado su dimisión «en diferido». La solicitud de los republicanos de una financiación singular para la Generalitat, al margen del régimen común establecido por la LOFCA, plantea riesgos conocidos del pasado y amenaza con agudizar la fatiga social y electoral.

El proyecto político de Pedro Sánchez, una vez más, está condicionado por la situación en Cataluña, sin que las urnas hayan logrado resolver el conflicto de forma definitiva. Mientras tanto, la extrema derecha observa complacida la perpetuación de estas disputas divisorias. En este contexto, es crucial que quienes están negociando actualmente mantengan una perspectiva de largo plazo y estén a la altura del desafío que representa resolver esta situación con responsabilidad y visión de Estado.

El debate sobre la financiación autonómica ha adquirido un papel central en estas negociaciones. Pedro Sánchez se muestra dispuesto a conceder un trato fiscal privilegiado a Cataluña, lo cual, según sus detractores, no solo consolidaría la desigualdad entre los españoles, sino que también establecería una relación bilateral más cercana a un modelo confederal que a uno federativo. Este enfoque ha generado críticas significativas tanto dentro del PSOE como en otras regiones de España, donde se percibe como una amenaza para la solidaridad interterritorial que la Constitución busca promover.

A diferencia del concierto vasco y el convenio navarro, que cuentan con respaldo constitucional, la propuesta de romper con el régimen común de financiación podría erosionar gravemente esta solidaridad. Esta medida tendría consecuencias directas para los ciudadanos de otras regiones, quienes podrían ver aumentados sus impuestos y una disminución en la calidad de los servicios públicos, lo que alimentaría aún más la percepción de desigualdad.

Es innegable que el sistema de financiación autonómica vigente desde 2009 necesita una revisión profunda. De hecho, en 2021, ocho gobiernos autonómicos, incluidos los socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha, pidieron una actualización en el Acuerdo de Santiago. Sin embargo, la propuesta actual de conceder un trato fiscal diferenciado a Cataluña, a cambio de apoyo político crucial para la investidura de Salvador Illa, ha suscitado críticas por considerarse una medida oportunista y cuestionable.

Mientras tanto, el líder del PSC, Salvador Illa, se muestra cada vez más abierto a prolongar las negociaciones para la investidura, tomando en cuenta las preocupaciones expresadas por los barones socialistas de otras regiones como Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura, quienes argumentan que Cataluña no debería recibir un trato fiscal más favorable mientras continúen siendo los principales contribuyentes netos al sistema de financiación autonómica.

El discurso adoptado por Illa, centrado en la idea de que Cataluña no puede seguir siendo una de las principales contribuyentes sin recibir un trato justo a cambio, ha sido criticado por acercarse demasiado a las narrativas nacionalistas que el PSOE ha intentado desmantelar. Además, ERC ha elevado sus demandas al solicitar no solo un concierto económico al estilo vasco, sino también un compromiso del presidente Sánchez con la celebración de un referéndum de autodeterminación.