La moción imposible y el largo desgaste de Sánchez

Mientras la corrupción ocupa el centro de la conversación pública, parte de la oposición vuelve a refugiarse en la tentación de una moción de censura. El problema es que no existen los números, no existe una mayoría alternativa y, sobre todo, no existe ningún incentivo para que quienes sostienen a Sánchez derriben ahora el sistema que les ha otorgado más poder que nunca.
FUENTE: EFE

La política española atraviesa uno de esos momentos en los que la ansiedad amenaza con imponerse al análisis. Las investigaciones judiciales, las declaraciones de testigos, el deterioro institucional y la sensación de agotamiento que rodea al Gobierno han generado una presión creciente sobre Pedro Sánchez. Y precisamente por eso ha reaparecido una vieja tentación: la moción de censura.

La propuesta tiene algo de acto de purificación colectiva. Como si bastara con registrar una iniciativa parlamentaria para limpiar el ambiente político, devolver la dignidad a las instituciones y ofrecer una salida inmediata a una legislatura cada vez más erosionada. El problema es que la política no funciona como la literatura moral. Las mociones de censura no sirven para expresar estados de ánimo. Sirven para sustituir gobiernos. Y hoy no existe ninguna mayoría capaz de hacerlo.

Por eso la discusión resulta tan llamativa. España vive probablemente la mayor crisis política del sanchismo desde su llegada al poder y, sin embargo, buena parte del debate gira alrededor de una herramienta que carece de recorrido práctico. Es una paradoja profundamente española: cuanto más grave parece el problema, más energía se dedica a soluciones imposibles.

El muro que Sánchez construyó sigue intacto

La principal fortaleza del presidente no es ya su Gobierno. Tampoco su partido. Ni siquiera su popularidad. Su principal fortaleza es la aritmética parlamentaria que construyó durante los últimos años.

Porque mientras la conversación pública se concentra en los escándalos, la estructura política que sostiene al Ejecutivo permanece prácticamente inalterada. Los socios independentistas continúan obteniendo concesiones. Los nacionalistas siguen acumulando influencia. La izquierda alternativa mantiene posiciones institucionales que desaparecerían con un cambio de mayoría.

En esas condiciones, plantear una moción de censura equivale a pedir a todos los beneficiarios del actual sistema que voten contra sus propios intereses.

No existe ninguna evidencia de que ERC quiera facilitar un gobierno alternativo. Tampoco Junts. Mucho menos Bildu o el PNV. Al contrario: buena parte de las negociaciones que hoy ocupan la agenda política —la financiación singular catalana, los acuerdos competenciales o las transferencias pendientes— dependen precisamente de que Sánchez continúe en La Moncloa.

La realidad es mucho más sencilla que la épica parlamentaria. Quienes han obtenido más poder con Sánchez difícilmente serán quienes provoquen su caída.

La tentación de la política simbólica

Eso no significa que la oposición carezca de argumentos. Significa que corre el riesgo de confundir la denuncia con la estrategia.

Una moción condenada al fracaso puede generar titulares durante unos días. Puede movilizar a los convencidos. Puede incluso ofrecer una imagen de iniciativa política. Pero también puede producir el efecto contrario: reforzar a un Gobierno que necesita desesperadamente cambiar de conversación.

No sería la primera vez que sucede. La historia parlamentaria española está llena de iniciativas concebidas para desgastar al adversario que terminaron permitiéndole reagruparse. Cuando una operación nace sin posibilidad matemática de éxito, el riesgo de convertirse en un simple espectáculo es enorme.

Y además existe otro problema más profundo. Cada semana dedicada a discutir una moción inviable es una semana menos dedicada a explicar por qué la situación política ha llegado hasta aquí. La corrupción deja de ocupar el centro del escenario y la atención se desplaza hacia una batalla parlamentaria cuyo desenlace conocen todos antes incluso de empezar.

La oposición gana ruido. El Gobierno gana tiempo.

El desgaste verdadero está en otro lugar

La paradoja del momento actual es que Sánchez parece más débil políticamente de lo que indican los números del Congreso y más fuerte parlamentariamente de lo que sugiere el deterioro de su imagen.

La legislatura muestra signos evidentes de agotamiento. La ausencia de Presupuestos, las dificultades para aprobar reformas, la creciente dependencia de acuerdos bilaterales con los socios nacionalistas y la acumulación de escándalos han erosionado el relato gubernamental. Pero ninguna de esas dificultades altera todavía la mayoría que sostiene al Ejecutivo.

Por eso el verdadero desafío para Sánchez no está en una hipotética moción de censura. Está en el paso del tiempo.

Cada mes adicional aumenta el desgaste institucional. Cada negociación extraordinaria encarece el precio de la supervivencia parlamentaria. Cada nueva polémica agrava la percepción de un poder que dedica más energía a resistir que a gobernar.

Y ése es precisamente el motivo por el que la impaciencia puede convertirse en un error estratégico para sus adversarios.

La política tiene sus tiempos

Existe una diferencia fundamental entre una crisis política y una caída política. La primera puede durar meses o incluso años. La segunda suele producirse de manera abrupta, cuando las condiciones que la hacían posible se agotan de golpe.

Hoy Sánchez atraviesa una crisis evidente. Lo que todavía no existe es una mayoría alternativa que permita convertir esa crisis en una sustitución inmediata del Gobierno.

Por eso la moción de censura se parece más a una válvula emocional que a una solución real. Permite expresar indignación, pero no resolver el problema. Permite escenificar una ruptura, pero no construir una alternativa.

Y quizá ahí resida la principal enseñanza de este momento político. No todas las crisis se solucionan acelerando los acontecimientos. Algunas se resuelven dejando que el propio desgaste haga su trabajo.

Porque la triste realidad para el PSOE es que cuanto más se prolongue esta situación, más difícil será reconstruir su posición política. Y la triste realidad para Sánchez es aún más simple: puede sobrevivir a una moción de censura imposible, pero resulta mucho más complicado sobrevivir indefinidamente al desgaste de la realidad.

La cuestión ya no es cuánto puede resistir el Gobierno. La cuestión es cuánto puede resistir el sistema político construido para sostenerlo. Y ésa es una pregunta mucho más incómoda que cualquier moción condenada a perderse en una tarde parlamentaria.

Cuando Bruselas paga y Moncloa tapa agujeros

El choque inédito en el Tribunal de Cuentas no gira sólo sobre pensiones o contabilidad pública. Lo que empieza a emerger es algo mucho más serio: la transformación de los fondos europeos —concebidos para modernizar la economía— en una herramienta para sostener gasto corriente, maquillar tensiones presupuestarias y ganar tiempo político.
FUENTE: EFE

La noticia de esta semana no está en un juzgado, ni en un pleno bronco del Congreso, ni siquiera en la guerra diaria de titulares que acompaña a esta legislatura. Está en un edificio mucho más silencioso y mucho más importante: el Tribunal de Cuentas.

Allí se ha producido algo que rara vez ocurre y que, precisamente por eso, merece atención. La aprobación de la Cuenta General del Estado de 2024 —el gran examen anual de las finanzas públicas— ha provocado una fractura interna sin precedentes. Votos concurrentes críticos. Un voto particular en contra. Consejeros denunciando deterioro institucional y uso irregular de fondos europeos para cubrir gasto ordinario, incluido el sistema de pensiones. Algo prácticamente desconocido en la historia reciente del órgano fiscalizador.

No estamos ante una discusión técnica entre contables del Estado. Estamos ante una pregunta mucho más incómoda: ¿qué está haciendo realmente el Gobierno con el dinero europeo?

El dinero que debía transformar el país

Los fondos Next Generation no nacieron para cuadrar la caja del mes. No fueron concebidos para aliviar tensiones de tesorería ni para cubrir agujeros estructurales del gasto público. Su filosofía era otra: digitalización, transición energética, productividad, innovación, infraestructuras críticas, modernización administrativa. En otras palabras: futuro.

Europa no diseñó el mayor programa de transferencias de su historia para que los gobiernos nacionales sobrevivieran políticamente unos años más. Lo diseñó para evitar que el continente saliera de la pandemia más pobre, más dependiente y menos competitivo.

España ha recibido más de 55.000 millones en transferencias directas, además de miles de millones adicionales en préstamos. Una cifra histórica. Un volumen de recursos que, bien utilizado, podía cambiar estructuras enteras de nuestra economía.

La sospecha que ahora emerge es que parte de ese dinero ha servido, mientras no estaba adjudicado, para otra cosa mucho menos épica: taponar vías de agua del Estado.

Del plan de transformación al parche presupuestario

No hay nada más tentador para un gobierno con problemas fiscales que una gran bolsa de liquidez disponible. Y no hay nada más peligroso que empezar a verla como caja de resistencia.

Eso es exactamente lo que subyace en la polémica actual. Según los consejeros críticos del Tribunal, fondos europeos pendientes de asignación habrían terminado integrados en la cuenta única del Tesoro, permitiendo aliviar otras necesidades inmediatas del Estado, entre ellas complementar el pago de pensiones y otras obligaciones corrientes.

Puede que jurídicamente se discuta el encaje. Puede que Hacienda alegue flexibilidad financiera. Puede que se argumente que esos fondos acabarán ejecutándose en destino. Todo eso puede discutirse.

Lo que políticamente resulta mucho más difícil de esconder es el mensaje que transmite: Bruselas financia inversión, Madrid gana oxígeno.

Gobernar sin presupuestos tiene un precio

Hay un dato que atraviesa toda esta discusión y que explica buena parte del deterioro actual: España lleva años gestionando el Estado sin nuevos Presupuestos Generales.

Y gobernar sin presupuestos no elimina las necesidades del Estado. Sólo obliga a buscar ingeniería financiera para sostenerlas.

Transferencias internas, ampliaciones de crédito, deuda creciente, cláusulas de escape, anticipos europeos, reprogramaciones. El lenguaje técnico es sofisticado. El problema político es muy básico: cuando desaparece la disciplina presupuestaria, aparece la tentación de utilizar cualquier recurso disponible como colchón.

Lo extraordinario deja de ser excepcional. Y lo temporal empieza a comportarse como estructural.

Europa no paga para eso

Aquí está la cuestión de fondo. Europa puede tolerar retrasos administrativos. Puede asumir que algunos proyectos ejecuten peor. Puede incluso convivir con cierta burocracia nacional.

Lo que no puede aceptar indefinidamente es que fondos creados para reformar economías terminen siendo percibidos como combustible para sostener gasto político ordinario. Porque entonces ya no hablamos de ejecución deficiente.

Hablamos de desnaturalización y eso tiene consecuencias: en credibilidad exterior, en confianza institucional, en futuras negociaciones presupuestarias y en la posición de España dentro de la propia Unión.

No es casualidad que el propio Tribunal de Cuentas haya venido reclamando en sus últimos informes más control, más trazabilidad y más planificación en la gestión de fondos europeos.

Cuando los órganos de control empiezan a elevar el tono, normalmente es porque el problema dejó de ser anecdótico.

El deterioro siempre empieza así

Las democracias no suelen romperse con una gran decisión dramática. Se erosionan con pequeños desplazamientos de frontera.

Un decreto que sustituye al Parlamento. Un presupuesto que nunca llega. Una deuda que se esconde bajo lenguaje técnico. Un fondo extraordinario que termina cubriendo necesidades ordinarias.

Y un día el país descubre que aquello que se presentó como una excepción se ha convertido en método. Los fondos europeos llegaron para financiar el futuro. Si acaban sosteniendo el presente, el problema ya no será contable.

Será político. Y mucho más caro.

La no reunión de la izquierda europea

La cumbre progresista de Barcelona ha reunido a líderes del eje latinoamericano y del activismo global, pero ha evidenciado una ausencia más relevante que cualquier presencia: la de la socialdemocracia europea clásica, hoy desplazada de este relato político.
FUENTE: EFE

No todas las cumbres dicen lo que dicen sus discursos. Algunas, directamente, dicen lo que callan. La reunión progresista celebrada en Barcelona, impulsada por el Gobierno español, ha querido proyectar una imagen de coordinación global de la izquierda frente al avance de la derecha internacional. Pero el efecto real ha sido otro: ha dejado al descubierto una fractura interna en el propio universo progresista. Porque lo que se ha visto en Barcelona no es la socialdemocracia europea en sentido estricto. Es otra cosa.

Una izquierda con acento latinoamericano

El núcleo visible del encuentro lo han protagonizado figuras como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro o Gabriel Boric, junto a mandatarios como Claudia Sheinbaum o representantes de una izquierda global de corte más político-identitario que institucional.

En ese ecosistema, el liderazgo de Pedro Sánchez actúa como puente: más un organizador de relato que un referente de una tradición política homogénea. La cumbre, en ese sentido, no articula una familia ideológica consolidada; articula una coalición de sensibilidades heterogéneas unidas más por el lenguaje del conflicto global que por un proyecto común de gobierno.

La ausencia europea define la foto

Pero lo verdaderamente significativo no está en el escenario, sino fuera de él.

No han participado los grandes referentes de la socialdemocracia de gobierno en Europa: ni el SPD en su papel histórico de eje del centroizquierda alemán, ni el Labour Party, ni las socialdemocracias nórdicas —Suecia, Dinamarca o Finlandia— que durante décadas han representado el modelo de izquierda institucional europea. Tampoco ha habido presencia relevante del Partido Demócrata estadounidense en su vertiente de gobierno.

La ausencia no es anecdótica. Es estructural.

Lo que estos partidos representan —gestión del Estado, pactos de estabilidad, reformas graduales dentro del marco liberal-democrático— queda fuera de una cita donde el eje discursivo se desplaza hacia la confrontación global, la denuncia del orden internacional y la retórica de bloques.

Dos izquierdas que ya no se reconocen

La distancia es cada vez menos ideológica y más operativa.

De un lado, una socialdemocracia europea que gobierna o ha gobernado con lógica de estabilidad institucional, disciplina fiscal, transiciones energéticas y gestión del consenso. Del otro, un espacio progresista global donde el lenguaje político se articula en torno a la polarización, la denuncia del sistema internacional y la construcción de identidades políticas más que de arquitecturas de gobierno.

No es que una haya sustituido a la otra. Es que ya no coinciden en la misma definición de lo que significa “gobernar”.

El problema no es la cumbre, es el espejo

La cumbre de Barcelona no es irrelevante. Es sintomática. Muestra hasta qué punto una parte de la izquierda europea ha dejado de operar como referencia central y ha pasado a ocupar un papel de anfitrión o facilitador de alianzas externas.

Y en ese desplazamiento aparece una paradoja incómoda: mientras la socialdemocracia clásica europea se mantiene en el terreno de la gestión, la nueva izquierda global ocupa el terreno del relato.

Uno administra el sistema. El otro lo describe —y, en ocasiones, lo combate.

Un espacio político en transición

Lo que Barcelona revela, en el fondo, no es la fortaleza de una internacional progresista, sino su fragmentación. No existe una única izquierda global, sino varias izquierdas que apenas comparten lenguaje común.

Y en esa disonancia se entiende mejor el vacío: no es que falten invitados. Es que falta unidad real.

Porque cuando los partidos que han sostenido el Estado del bienestar europeo no están, lo que queda no es una internacional progresista. Es una escena política distinta, todavía en búsqueda de definición.

Orbán cae en Hungría y Sánchez queda como la referencia iliberal de Europa

La derrota del laboratorio húngaro deja una paradoja europea: mientras Budapest inicia una rectificación democrática, en España persisten prácticas de colonización institucional que el continente ya aprendió a identificar.
FUENTE: EFE

La derrota de Viktor Orbán no es sólo una noticia húngara. Es un acontecimiento europeo. Después de dieciséis años de poder casi ininterrumpido, el dirigente que convirtió Hungría en el principal experimento iliberal de la Unión ha sido desalojado por las urnas. La oposición liderada por Péter Magyar obtuvo una mayoría contundente y abre un proceso de reversión institucional largamente esperado.

La lectura inmediata se hará en clave de Bruselas, de Ucrania o de la relación con Rusia. Todas son pertinentes. Pero hay otra más incómoda para España: caído Orbán, el único gobierno europeo que sigue avanzando en una lógica de ocupación partidista de las instituciones es el de Pedro Sánchez.

Hungría no cayó por accidente

Orbán no fue expulsado sólo por razones ideológicas. Cayó por desgaste económico, por corrupción percibida, por clientelismo y por una fatiga cívica acumulada tras años de concentración de poder. Incluso los mercados reaccionaron positivamente al cambio, anticipando una relación más normal con la Unión Europea y la posible liberación de fondos congelados.

El sistema húngaro no se definía únicamente por sus discursos nacionalistas. Se definía por algo más práctico y más reconocible: control del aparato estatal, captura regulatoria, debilitamiento de contrapesos y colocación de fieles en organismos llamados precisamente a limitar al poder.

Eso es lo que Europa acabó señalando durante años. Y eso es lo que conviene mirar ahora sin provincialismo.

El espejo incómodo español

España no es Hungría. No lo ha sido ni lo es. Tiene una sociedad civil más densa, una prensa más plural y una inserción europea distinta. Conviene decirlo con claridad para no caer en caricaturas.

Pero las democracias no se degradan sólo mediante rupturas espectaculares; también se erosionan cuando el poder ejecutivo intenta condicionar al judicial, cuando el Tribunal Constitucional deja de percibirse como árbitro para ser visto como trinchera, cuando las empresas públicas se convierten en espacios de reparto partidista, cuando la alta administración se coloniza por afinidad y cuando el Parlamento renuncia a controlar para limitarse a convalidar. No hace falta copiar el modelo húngaro para asumir algunas de sus tentaciones.

No hace falta copiar a Orbán para recorrer parte de su camino.

La vieja tentación europea

Durante años, muchos gobiernos europeos observaron a Hungría como una anomalía lejana, algo casi folclórico. Un problema de Budapest. Una excentricidad del Este. Ese fue el error.

Las derivas iliberales no son geográficas. Son funcionales. Nacen allí donde el poder descubre que puede ocupar instituciones sin pagar un precio inmediato.

En Hungría ese proceso fue más veloz y más explícito. En otros lugares adopta formas más sofisticadas, jurídicas, administrativas, incluso retóricas.

Pero el impulso es el mismo: sustituir neutralidad institucional por obediencia política.

Lo que dicen las urnas húngaras

La elección húngara demuestra algo importante: los sistemas aparentemente blindados también se agotan. El votante puede tardar, pero no desaparece. La paciencia democrática suele ser lenta, no infinita.

También demuestra otra cosa: Europa sigue premiando a quien promete limpieza institucional, lucha contra la corrupción y vuelta al Estado de derecho. Ésos fueron algunos de los ejes de la campaña vencedora.

No es un detalle menor.

Mientras algunos siguen creyendo que la captura institucional sale gratis, Hungría acaba de recordar que siempre llega la factura.

La anomalía que queda

Con Orbán fuera, desaparece el símbolo más visible del iliberalismo europeo. Pero no necesariamente la enfermedad.

Porque hoy la cuestión ya no es sólo Budapest. También es Madrid, si el poder continúa entendiendo las instituciones como botín y no como límite.

El problema de Europa nunca fueron únicamente los populistas declarados. También lo son los gobiernos que, bajo lenguaje progresista o centrista, practican el mismo reflejo patrimonial: ocupar, someter, repartir.

Hungría ha empezado a cerrar el telón. La pregunta es cuánto tiempo seguirá España tolerando la misma función con distinto decorado.

Bruselas deja de esperar a Trump

El nuevo discurso estratégico de Bruselas confirma un giro profundo: la Unión ya no confía en el viejo orden internacional y se prepara para defender sus intereses con autonomía política, económica y militar.
FUENTE: EFE

Durante décadas, la política exterior europea se apoyó en una convicción casi automática: el orden internacional, garantizado por Estados Unidos y por las instituciones multilaterales nacidas tras la Segunda Guerra Mundial, proporcionaba estabilidad suficiente para que Europa prosperara. Ese supuesto ha dejado de existir. Y en Bruselas ya nadie lo disimula.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha formulado con una claridad poco habitual: Europa ya no puede seguir actuando como “custodia del viejo orden mundial”. Ese mundo, sencillamente, ha desaparecido.

La frase no es retórica. Es la síntesis de una transformación estratégica que se acelera a medida que el escenario internacional se vuelve más incierto. Las guerras en Oriente Medio, la prolongación del conflicto en Ucrania, la competencia económica con China y, sobre todo, la imprevisibilidad de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump han empujado a la Unión a replantearse su lugar en el mundo.

Durante años, Europa creyó que podía limitarse a defender normas y procedimientos. Hoy empieza a asumir que también tendrá que defender intereses.

La independencia europea

El nuevo concepto que domina la reflexión estratégica en Bruselas es la “independencia europea”. No se trata de romper alianzas ni de abandonar el sistema multilateral. Se trata de algo más pragmático: evitar dependencias que puedan convertirse en vulnerabilidades.

La lógica es clara. Si el mundo se organiza en torno a rivalidades geopolíticas cada vez más intensas, Europa no puede depender de un único proveedor para su energía, su tecnología o su seguridad. De ahí el esfuerzo por diversificar suministros, reforzar las cadenas industriales y ampliar acuerdos comerciales con regiones que van desde América Latina hasta el sudeste asiático.

Ese giro también afecta a la defensa. La Unión se ha embarcado en el mayor aumento del gasto militar de su historia reciente, con planes que prevén movilizar cientos de miles de millones de euros en la próxima década. La idea es simple: en un entorno más hostil, la paz europea ya no puede descansar exclusivamente en la protección de otros.

Comercio como instrumento de poder

El cambio no se limita al terreno militar. Bruselas empieza a tratar el comercio como una herramienta estratégica.

Durante años, la política comercial europea estuvo dominada por un discurso casi tecnocrático sobre mercados abiertos y reglas multilaterales. Ahora se presenta abiertamente como una forma de influencia geopolítica.

Los acuerdos firmados o negociados con economías emergentes —desde India hasta países africanos o latinoamericanos— responden a esa lógica. No son sólo instrumentos económicos. Son piezas de una red global de relaciones que reduzca dependencias y amplíe el margen de maniobra europeo.

En ese contexto, Europa intenta presentarse ante muchos países como un socio alternativo a las grandes esferas de influencia que representan Washington o Pekín.

El factor estadounidense

Buena parte de esta transformación tiene un origen evidente: la evolución de Estados Unidos.

La política comercial agresiva de la Administración Trump, los conflictos arancelarios y la creciente tentación del unilateralismo han actuado como una llamada de atención para los europeos. La idea de que Washington garantizará siempre el marco internacional en el que Europa ha prosperado ya no se da por descontada.

No significa ruptura, pero sí una adaptación. La Unión empieza a prepararse para un mundo en el que su principal aliado puede actuar también como un competidor.

Las tensiones internas de Bruselas

Ese cambio estratégico, sin embargo, no está exento de fricciones dentro de la propia Unión.

En Bruselas se percibe con creciente preocupación que algunos gobiernos nacionales utilizan los debates europeos para reforzar posiciones internas. En el entorno de la Comisión se ha llegado a señalar que líderes como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, o el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, bloquean en ocasiones iniciativas comunitarias buscando réditos políticos domésticos.

Más allá de las polémicas concretas, el episodio refleja una tensión estructural: la construcción de una política exterior europea más ambiciosa exige decisiones rápidas y consensos amplios, algo que el sistema institucional de la Unión no siempre facilita.

El final de una época

La conclusión que empieza a imponerse en Bruselas es que el mundo que permitió la prosperidad europea durante décadas ya no existe. Las reglas siguen siendo importantes, pero ya no bastan por sí solas para proteger intereses ni para garantizar seguridad.

Europa entra así en una fase distinta de su historia: menos confiada en la estabilidad internacional, más consciente de sus vulnerabilidades y más dispuesta a actuar como una potencia.

No se trata de nostalgia por el pasado ni de confrontación con aliados tradicionales. Se trata, simplemente, de aceptar una realidad que se ha vuelto imposible de ignorar: en el nuevo orden internacional que está emergiendo, Europa tendrá que aprender a sostenerse por sí misma.

Acontecimientos que parecían imposibles

La reunión entre Sánchez y Feijóo sobre política exterior y Defensa obliga a recuperar algo que parecía olvidado: el diálogo de Estado en un momento de incertidumbre internacional extrema
FUENTE: EFE

El presidente del Gobierno ha llamado al líder de la oposición para hablar de política internacional y de Defensa después de años sin comunicación relevante entre ambos. Que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se sienten a abordar estos asuntos se percibe hoy como una anomalía positiva, síntoma del grado de deterioro institucional alcanzado en los últimos años, cuando el diálogo estratégico entre las principales fuerzas políticas ha sido sustituido por la confrontación permanente.

Probablemente, esta iniciativa sea obligada después de haberse comprometido a participar en un eventual despliegue militar en Ucrania. No se trata de una cuestión menor ni coyuntural, sino de una decisión de enorme calado político, estratégico y moral. En un contexto internacional tan volátil, con una guerra en suelo europeo y con una arquitectura de seguridad en plena revisión, ningún presidente debería dar pasos de este tipo sin compartir información, objetivos y límites con la oposición.

Mayorías, no gestos

Esta iniciativa, como otras de gran calado, debería depender de una mayoría clara y explícita. Por eso resulta inevitable señalar lo que no ha ocurrido: ni convocatoria de elecciones ni propuesta de una moción de confianza que permita al Congreso pronunciarse de forma ordenada sobre la orientación general de la política exterior y de Defensa. Y, aun así, que los líderes nacionales dialoguen sobre estas materias es una buena noticia. España necesita acuerdos amplios que definan marcos generales de actuación, especialmente en ámbitos que no admiten improvisaciones ni cálculos a corto plazo.

Ahora bien, si la conversación se limita a apoyar una cuestión concreta, es obligado un acuerdo general sobre la materia. No se puede pedir respaldo puntual sin ofrecer una visión de conjunto. Más aún en un momento de cambios profundos, donde las certezas de hace apenas unos años han saltado por los aires y donde las decisiones que se tomen hoy condicionarán a varias generaciones.

Requeriría un acuerdo el eventual despliegue de tropas en Ucrania, país europeo amigo y socio, pero también la política de gasto en Defensa y el cumplimiento de las obligaciones asumidas con nuestros socios de la OTAN. Durante demasiado tiempo hemos pospuesto este debate como si fuera incómodo o secundario, cuando en realidad afecta directamente a nuestra credibilidad internacional y a nuestra propia seguridad. No se puede hablar de compromisos militares sin hablar de recursos, planificación y prioridades.

Europa, China y el flanco sur

Tampoco deberían olvidar la necesidad de una política europea común respecto a China, un actor central en el equilibrio global, ni el presidente puede eludir informar al líder de la oposición sobre el cambio de posición respecto a Marruecos. Ese giro, realizado sin consenso ni explicación suficiente, sigue siendo una de las decisiones más opacas y trascendentes de la política exterior reciente, y merece algo más que silencios o apelaciones genéricas al interés nacional.

Venezuela: sin eufemismos

No puede quedar fuera de la conversación el futuro próximo de Venezuela. Y aquí conviene ser claro. Venezuela solo puede avanzar si se produce la liberación de los presos políticos. No valen eufemismos ni fórmulas diplomáticas diseñadas para no molestar. Y después, elecciones libres, con garantías reales, tras un periodo de transición que se apoye en los resultados electorales de los últimos comicios de julio de 2024. Cualquier otra cosa es prolongar una ficción que solo beneficia a quienes se aferran al poder.

Ojalá esta reunión no sea un gesto aislado ni una necesidad táctica impuesta por las circunstancias. Ojalá marque el inicio de una forma distinta de abordar los grandes asuntos de Estado. Porque hay acontecimientos que parecían imposibles no porque lo fueran, sino porque durante demasiado tiempo se decidió que no eran necesarios. Y eso, en política exterior y en Defensa, siempre acaba teniendo un coste.

El Abogado General y la farsa de la amnistía

El dictamen del Abogado General no es un rayo de luz ni un triunfo de la justicia. Es un recordatorio brutal: la Unión Europea no va a arreglar la podredumbre que los propios españoles consienten. Y mientras tanto, Sánchez juega a desmantelar el Estado con la ilusión de que Luxemburgo lo corrija.
FUENTE: Unión Europea

El Abogado General del TJUE, Dean Spielmann, ha dicho lo que era evidente para cualquier jurista honesto: la Ley de Amnistía vulnera la tutela judicial efectiva al imponer un procedimiento que obliga a los jueces españoles a aplicar la norma sin analizar caso por caso y sin valorar el daño causado al erario público. No es una sorpresa. Lo sorprendente es que haya tardado tanto en decirlo.

Si el TJUE refrenda esta opinión —y suele hacerlo en un porcentaje altísimo de casos— la consecuencia inmediata será devastadora para el relato gubernamental: el asunto regresará al Tribunal de Cuentas, justo donde el independentismo y el PSOE no querían que regresara jamás. Porque ahí no hay himnos, ni discursos, ni “relatos de convivencia”: hay responsabilidad contable, dinero público volatilizado y nombres propios. Y la amnistía, tal como la diseñó Sánchez, pretendía que el dinero evaporado no existiera.

El Abogado General: entre la pereza y el sesgo

Pero sería un error convertir a Spielmann en héroe. Ni lo es ni lo pretende. De hecho, su carrera está llena de decisiones discutibles: fue uno de los artífices de tumbar la doctrina Parot, un movimiento que dejó boquiabiertos incluso a juristas europeos.

Podemos ser generosos y atribuirle cierta pereza mental —esa manía europea de aplicar estándares generales sin entender el contexto español— o podemos ser sinceros y reconocer que juega con un sesgo evidente:
Europa tiende a desconfiar de la justicia española más que de la justicia española de quienes la atacan.

Pero aquí el problema no es Spielmann. El problema somos nosotros, que llevamos una década creyendo que Bruselas actuará como árbitro moral de nuestra política interna. Españoles que no se fían de su propio Estado depositan su fe en Luxemburgo como quien deposita la esperanza en un santo laico que ni nos conoce ni nos comprende.

Europa no nos va a salvar porque Europa no quiere salvarnos. Y aunque quisiera, no podría: los problemas de un país no los resuelve un tribunal extranjero cuando el país en cuestión está gobernado por políticos que consideran que desmantelar la ley es una forma creativa de hacer política.


La amnistía como acto de sumisión

Lo que ha quedado claro con este dictamen es que la amnistía no fue una concesión política: fue un acto de servidumbre. Un presidente dispuesto a sacrificar el principio de igualdad ante la ley para mantener el apoyo de quienes no creen en la ley. La amnistía no es un gesto de reconciliación; es una factura. Y Sánchez la pagó encantado: es el único presidente europeo capaz de hablar de “regeneración democrática” mientras torpedea los cimientos del Estado de derecho.

El Abogado General ha levantado el velo: el procedimiento impuesto por la LOA es un traje a medida, una costura cosida con el hilo del chantaje. No permite a los jueces analizar el daño contable. No les deja examinar el impacto económico de los delitos de sedición, malversación y desobediencia. No les deja, en definitiva, juzgar. Y cuando a un juez se le priva de juzgar, no se está haciendo política: se está perpetrando un fraude.

Si Luxemburgo ratifica al Abogado General, la amnistía no borrará las responsabilidades económicas del procés. La justicia contable volverá a su sitio. Los expedientes regresarán al Tribunal de Cuentas, ese organismo que el Gobierno ha intentado desacreditar, colonizar y neutralizar. Y volverán no por mérito de España, sino por defecto de España: por haber querido hacer trampas de tal calibre que ni el TJUE puede mirarlas sin sonrojarse.

El independentismo lo sabe. Por eso su reacción es histérica. Saben que la amnistía política puede tragársela Europa, pero la amnistía económica no la tolera nadie. Porque borrar delitos es discutible. Pero borrar dinero público es obsceno.

La enésima lección que no aprenderemos

La conclusión es amarga: España ha vuelto a descubrir —por enésima vez— que Europa no interviene para salvar al país de sí mismo. Interviene para preservar estándares jurídicos que España aceptó libremente. Y si esos estándares contradicen los intereses del Gobierno, Europa no se mueve ni un milímetro.

El dictamen del Abogado General no es un triunfo: es una humillación. Nos recuerda que estamos tan entregados a nuestros propios abusos internos que solo reaccionamos cuando nos reprende un árbitro extranjero. A un país serio le bastaría su propio Tribunal Supremo. A nosotros no.

Si la amnistía es corregida por Europa, Sánchez venderá la rectificación como un matiz técnico. Si Europa la avala parcialmente, la proclamará como una victoria histórica. En ambos casos, España pierde: porque demuestra que su sistema político ya no es capaz de autocorregirse.

Mientras la mitad del país juega a dinamitar la legalidad y la otra mitad ruega a Luxemburgo que la restaure, la conclusión es clara: Europa no nos salvará. Europa no puede salvar a un país que ha renunciado a salvarse a sí mismo.

Montoro y la política como chantaje de Estado 

Cuando el poder se sirve de los datos fiscales para premiar a aliados y castigar a disidentes, ya no estamos ante una democracia deteriorada, sino frente a un Estado capturado por prácticas autoritarias. 

FUENTE: EFE

Hay algo profundamente obsceno —y peligroso— en el modo en que Cristóbal Montoro dirigió el Ministerio de Hacienda. Durante años, este alto cargo del Partido Popular utilizó su posición en el engranaje del Estado no para proteger el interés general, sino para convertir los datos personales de los ciudadanos en armas de intimidación política. La información tributaria, que debe ser sagrada en cualquier democracia, fue manipulada y filtrada según conveniencia ideológica o empresarial. No fue solo corrupción: fue un abuso estructural de poder, ejecutado desde el corazón del Estado. 

El Estado como coartada, Hacienda como garrote 

Montoro no redactaba leyes: confeccionaba privilegios. El escándalo revela que su despacho privado, Equipo Económico, operaba como una central de beneficios fiscales a medida para empresas afines. Se diseñaban reformas tributarias con nombre y apellidos, con efectos retroactivos incluso, premiando a grupos concretos con deducciones que rozaban el 85 % y generaban “comisiones legales” millonarias. Pero lo más nauseabundo no son los beneficios: es que esas decisiones se tomaban mientras desde el ministerio se perseguía, vigilaba y filtraba información de quienes no eran aliados

Durante su mandato, periodistas críticos y rivales políticos sufrieron inspecciones fiscales selectivas, filtraciones ilegales a medios, y un uso institucionalizado del miedo. Era la versión digital del “que viene Hacienda”, convertida en política de Estado. En lugar de promover la equidad fiscal, Montoro convirtió los ficheros de la Agencia Tributaria en una red de chantaje y venganza. Y lo peor: no lo hizo en la sombra, sino con el aplauso cerrado del Consejo de Ministros. 

No exageremos: este escándalo no es una anécdota más, no es “otro caso de corrupción”. Es una línea roja cruzada. Cuando un ministro tiene el poder de manipular la ley, espiar ciudadanos y condicionar con información sensible el comportamiento del resto de actores políticos y sociales, el sistema ha dejado de ser democrático. Se ha convertido en una arquitectura de dominación con apariencia de institucionalidad

El problema no es solo Montoro. Es el tipo de poder que una democracia débil permite a sus gobernantes. El poder de saber lo que ganas, lo que heredas, lo que donas, lo que gastas, con quién te asocias, en qué empresa trabajas, a quién ayudas. El poder de utilizar esa información no para redistribuir riqueza, sino para redistribuir miedo. No se trata de un exceso personal, sino de una concepción despótica del Estado, que se siente legítimo para castigar la disidencia y premiar la servidumbre. 

El silencio institucional es cómplice 

¿Dónde estaba el Consejo de Transparencia? ¿La Inspección General del Estado? ¿Y los órganos de control parlamentario? La respuesta es simple: estaban colonizados o adormecidos. El verdadero escándalo es que ninguno de estos abusos habría salido a la luz sin una instrucción judicial filtrada y casi clandestina. La democracia no se defendió a sí misma: tuvo que ser sacudida a golpes de sumario. 

Montoro ya no está en el Gobierno, pero su forma de gobernar ha dejado una huella indeleble. Más allá del personaje, ha establecido un precedente inquietante: que los datos del ciudadano pueden ser convertidos en expediente político, en forma de presión, en castigo o recompensa. Que lo que entregamos al Estado para construir sociedad, puede ser usado para dinamitarla desde dentro. 

El “ministerio del miedo” que construyó Montoro no debería archivarse como una etapa oscura, sino como una lección fundacional: una democracia sin controles férreos sobre el uso de datos no es democracia, sino una fachada de suplantación. No basta con condenar penalmente: hay que refundar políticamente. 

Si el Estado se convierte en una máquina de inspeccionar enemigos y blindar amigos, no es un Estado fallido: es un Estado corrupto desde el alma. Y si la ciudadanía no responde, entonces el miedo habrá ganado el combate que la democracia nunca debió permitir. 

Una alianza que amenaza la estabilidad

No hay disimulo posible. Lo que ocurrió en Arabia Saudí no fue una negociación, ni siquiera un intento de mediación, sino un burdo reparto de poder entre dos líderes que tienen más en común de lo que parece: la fascinación por el autoritarismo, el desprecio por el orden internacional y una concepción del mundo propia del siglo XIX. 

FUENTE: IMAGEN GENERADA POR IA

Donald Trump y Vladimir Putin se han sentado a decidir el futuro de Ucrania como si fuera un tablero de ajedrez en el que solo importan sus intereses. No estaban allí para defender la paz, sino para garantizar que Rusia obtenga su botín y que Estados Unidos, bajo el prisma trumpista, saque rédito de la guerra sin importarle la soberanía de un país masacrado por la invasión. Y lo peor: Europa ni está ni se la espera. 

La frase de Trump lo deja claro: «Nunca deberían haberla iniciado. Deberían haber hecho un trato.» Palabras frías, crueles y desprovistas de cualquier atisbo de responsabilidad. Según su lógica, Ucrania es la culpable de haber resistido a la agresión rusa. Deberían haber cedido, rendido, entregado su tierra, sus ciudadanos y su democracia a los designios de Moscú. Es el mismo razonamiento que lleva al matón a justificar la violencia culpando a su víctima por no haberle entregado la cartera a la primera. 

Pero esto no es solo una cuestión de pragmatismo cínico. Es algo mucho más grave: estamos ante la demolición del orden internacional que, con todas sus imperfecciones, ha evitado durante décadas que los imperios vuelvan a hacer y deshacer fronteras a su antojo. La posguerra nos dejó un mundo dividido en esferas de influencia, pero con reglas claras.

Ahora, en pleno siglo XXI, Putin y Trump están dispuestos a dinamitar esas reglas para reinstaurar un nuevo reparto del mundo al estilo del Imperio Británico. Y ya sabemos cómo acabó aquello: siglos de colonización, opresión y guerras interminables. 

Mientras Ucrania se desangra, en Washington y Moscú juegan con su destino sin la más mínima intención de contar con Europa. No es casualidad. Para Trump, la UE no es más que un estorbo burocrático. Para Putin, es un enemigo a debilitar. Juntos, han decidido que el Viejo Continente no tiene voz en su gran partida. 

Pero lo más vergonzoso es la confianza ciega en la palabra de Putin. Trump cree que puede hacer un trato con él, que el Kremlin respetará lo pactado. ¿En qué mundo vive? Rusia ya ha violado todos los acuerdos internacionales previos: desde Budapest en 1994, cuando garantizó la seguridad de Ucrania a cambio de que entregara su arsenal nuclear, hasta Minsk en 2014, que incumplió en cuanto le convenía. Ahora, bajo la bendición de Trump, Putin tendrá vía libre para consolidar su dominio sobre el este ucraniano y, quién sabe, quizás empezar a mirar más allá. 

Y mientras tanto, Europa calla. O peor aún, se divide entre quienes todavía creen que pueden confiar en Estados Unidos como garante de seguridad y quienes, por puro oportunismo, empiezan a coquetear con la idea de aceptar el “nuevo orden” que Moscú y Washington pretenden imponer. Pero la historia nos ha enseñado que ceder ante el autoritarismo nunca es una solución, sino un aplazamiento de conflictos aún mayores. 

Lo que está en juego no es solo el destino de Ucrania, sino el futuro de todo el equilibrio geopolítico. Si permitimos que Putin dicte las condiciones de la paz con la bendición de Trump, estamos abriendo la puerta a una era en la que las potencias volverán a repartirse el mundo con total impunidad. Y cuando eso ocurra, ya no habrá vuelta atrás. 

Ceses arbitrarios a los embajadores y erosión de confianza

En el corazón de la política exterior española se ha desatado una tormenta de desconfianza e incertidumbre. En apenas unos días, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ejecutado una purga de embajadores que, lejos de responder a un criterio técnico o estratégico, se inscribe en un patrón de capricho y vendetta personal.

FUENTE: EFE

Un golpe de mano impropio de una democracia consolidada, más cercano a la inestabilidad de repúblicas fallidas que a la seriedad que se espera de un Estado con siglos de historia diplomática.

El cese fulminante del embajador en Bélgica, Alberto Antón, supuestamente por haber sucumbido al sopor durante un discurso del propio Albares, no es más que un síntoma de una enfermedad más profunda. Si antaño la diplomacia se regía por la mesura, la prudencia y la previsibilidad, hoy se rinde ante la susceptibilidad del ministro, que parece confundir la lealtad institucional con la pleitesía personal. No hay margen para la profesionalidad cuando la norma se dicta desde el despecho.

La destitución de Juan González-Barba en Croacia tampoco ha pasado desapercibida. Su pecado: escribir un artículo en el que ensalzaba la función del Rey en la política exterior, una verdad indiscutible que, al parecer, hirió la piel fina del ministro. Un país que degrada a sus diplomáticos por expresar opiniones que, lejos de desafiar la política oficial, la refuerzan, no puede sino verse abocado al descrédito internacional. ¿Qué confianza pueden tener nuestros aliados en un servicio exterior a merced del capricho?

La purga ministerial ha encendido todas las alarmas entre los profesionales de la carrera diplomática. La Asociación de Diplomáticos Españoles ha alzado la voz con una misiva en la que reclama, con inusual contundencia, transparencia y garantías en los nombramientos y ceses. No es una cuestión menor. Sin un marco reglado, sin criterios objetivos y verificables, España se arriesga a transformar su política exterior en un teatro de lealtades personales, donde la capacidad y el mérito son irrelevantes frente a la docilidad y la sumisión.

El problema no es solo la arbitrariedad, sino el efecto corrosivo que tiene sobre una institución que debería ser pilar de estabilidad. La diplomacia requiere continuidad, previsibilidad y profesionalidad. Albares, en cambio, ha sembrado el miedo. La sensación de que ningún embajador está seguro, de que cada palabra debe ser medida con escrúpulo para no despertar el enojo del ministro, es el peor veneno para la eficacia de la acción exterior. España no puede permitirse una diplomacia servil y atemorizada.

El daño es profundo y no se arregla con comunicados tibios ni con justificaciones burocráticas. España necesita urgentemente un Reglamento de la Carrera Diplomática que blinde el servicio exterior contra el capricho del inquilino de turno en el Palacio de Santa Cruz. La política exterior no puede depender del ego de un ministro ni del vaivén de sus humores. No se trata solo de una cuestión de justicia con los profesionales de la diplomacia, sino de la imagen y el peso internacional de España. Un país que ningunea y humilla a sus propios embajadores es un país que proyecta debilidad.

Albares haría bien en recordar que su poder es efímero, que los ministros pasan y las instituciones quedan. Su legado, de seguir por esta senda, será el de un hombre que, en su afán de control absoluto, erosionó la confianza en el servicio exterior español. Y la confianza, una vez destruida, rara vez se recupera.

Mientras tanto, nuestros diplomáticos, antaño embajadores de un país respetado, se ven hoy reducidos a piezas de un tablero movedizo, donde la lógica ha sido reemplazada por la arbitrariedad. Un escenario en el que cualquier destitución parece posible, en el que la incertidumbre se ha convertido en norma. Y en diplomacia, la incertidumbre es sinónimo de decadencia.