Más prudencia con la política presupuestaria

La semana pasada, el Ejecutivo presento el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con la peculiaridad de ser el de mayor gasto público de la historia de nuestro país. Previsiblemente será aprobado en la Cámara Baja, no sin antes algunos ajustes presumiblemente provenientes de los socios de la coalición

FUENTE: EFE

Este Presupuesto puede tener mayor importancia de lo normal, y es que el calendario de las próximas elecciones generales puede hacer que se ejecute no solo en 2023, sino que se prorrogue hasta 2024, por lo que serían unas Cuentas con virtualidad bianual. 

Sorprende que en la actual situación el Gobierno se centre en incrementar el gasto muy por encima del crecimiento nominal de la economía, mientras en Europa sobrevuelan los fantasmas de las pasadas crisis. Berlín, París y Roma miran con miedo al cielo en la actual situación económica internacional, apostando por unas políticas de gasto público mucho más austeras después de navegar a merced de las políticas monetarias del BCE, inundando de liquidez el sistema. Una política expansiva que ha fomentado la inflación actual, que es la gran amenaza de la prosperidad europea. 

Ahora el BCE puso en marcha, con mucho retraso, una política monetaria restrictiva que choca frontalmente con las políticas presupuestarias expansivas que ha venido alentando Bruselas y que nuestro país ha suscrito sin miramientos. En este contexto, donde el último informe del Banco de España describía esta semana con tintes mucho más dramáticos, el Gobierno acaba de presentar su proyecto de Presupuestos, unos PGE demasiado expansivos que ignoran nuestro contexto por completo, porque, digámoslo, no son los Presupuestos que España necesita y que le vendrían bien al país en estos momentos, sino los que convienen a la coalición para tratar de ganar la reelección a finales del próximo año. 

El problema de las Cuentas es que la previsión sobre la que se sustentan sea creíble. Solo 24 horas antes de aprobarlos, la vicepresidenta económica ya rebajó esa previsión de crecimiento al 2,1% del PIB. Pero apenas 24 horas después, el Banco de España desautorizó ese dato, al fijar su propia previsión en el 1,4%, siete décimas menos, y aún menos el FMI con un 1,2%. Unas pocas décimas en el ‘Libro Amarillo’ es mucho dinero.

En consecuencia, las estimaciones de ingresos no financieros contenidas en el proyecto son papel mojado. la reducción del crecimiento es muy importante, porque significa no solo que vas a crecer menos, y por tanto vas a recaudar menos, sino que no vas a crear empleo, al contrario, con lo que ello significa en términos de recaudación. De modo que el capítulo de ingresos está inflado y normalmente serán inferiores, incluso muy inferiores, a pesar del efecto de la inflación y de los fondos Next Generation. 

Con los gastos ocurre lo contrario. Unas prácticas particularmente llamativas en el caso de las cuentas de la Seguridad Social, con ingresos sobreestimados para poder hacer frente a la enorme cuantía del gasto reconocido. Y para dar dinero público primero hay que quitárselo al contribuyente. Pensionistas, trabajadores públicos (la masa salarial del Estado supera los 25.000 millones) y rentas del trabajo inferiores a 21.000 euros son los grandes beneficiarios de esta política.

Cuadrar esas cuentas va a ser tarea difícil. Y si no cuadran, seguiremos aumentando la deuda pública que, antes o después tendremos que pagar. Será bueno que no nos instalemos en el pan para hoy hambre para mañana. 

Escapar de los ‘egos’ europeos

Como si fuera un padre o una madre hacia sus hijos al echarles una bronca se refirió Josep Borrell a los cuerpos diplomáticos europeos. Fue un discurso correctivo en un momento de incertidumbre con la guerra en Ucrania como telón de fondo. La burocracia de la Unión Europea no está siendo ágil y, por el contrario, está siendo arrogante y lenta, en palabras del propio Borrell.

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Esta reprimenda al más puro estilo paternalista es un tirón de orejas necesario para la política europea. El propio Borrell lo ejemplificó de la forma más clara posible con un simple: “A veces, sabía más de lo que estaba pasando en algún lugar leyendo los periódicos que leyendo sus informes. Los informes llegan a veces demasiado tarde”, cuando la función de los diplomáticos europeos es llegar antes que nadie para informar de la situación en tiempo real de un país.

La guerra de Ucrania es un ejemplo ya que, cuando el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, llama a Borrell para decirle que la invasión estaba a punto de ocurrir, mientras la Unión Europea aún lo negaba. La falta de previsión ante un conflicto enquistado desde la entrada de los rusos en Crimea en 2014, desconociendo cuán efectiva sería la resistencia de los ucranianos o la capacidad de escalada de Putin.

La política europea y su capacidad de ordenar aquello que tienen que hacer sus diplomáticos, tiene una gran responsabilidad en el correcto funcionamiento y desarrollo del continente por lo que el desempeño de su actividad es crucial para poder atacar los problemas antes de que estos sucedan o, al menos, tener un plan de actuación para cuando ocurran. En este tipo de casos no se habla por hablar, y menos cuando se trata de una celebración y el de Borrell haya sido el discurso inaugural.

Europa tiene problemas y la organización debe estar lo más engrasada posible para salir de esta situación. “Este no es un momento en el que os vamos a mandar flores a todos diciéndoles que sois preciosos, trabajáis muy bien y estamos muy contentos, somos una gran familia”, llegó a ironizar en su discurso el exministro socialista de Asuntos Exteriores.

Por muy duro que parezca era algo que el alto comisionado quiso decir. Un tirón de orejas avisado al inicio de su discurso. “No quiero culpar ni avergonzar, pero esto es algo que tengo que decirles”. Crónica de una bronca anunciada.

Pero no se quedó ahí, Borrell fue más allá cuando toco referirse a la intervención de los funcionarios de la UE, cuya “arrogancia es legendaria” en los países pobres de África, América Latina o Asia, estaban enfureciendo a naciones que deberían ser cortejadas como aliadas en lugar de sermoneadas.

“Tratamos de exportar nuestro modelo, pero no pensamos lo suficiente en cómo los demás lo percibirán. Y les dices: ‘Este es un modelo, es el mejor, así que tienes que seguirlo’. Por razones culturales, históricas y económicas, esto ya no se acepta”, dijo Borrell y les espetó: “Recuerden esta frase: Es la identidad, estúpido”.

Esta última frase, es imprescindible ya que cada vez más, algunas identidades están surgiendo y dispuestas a ser reconocidas y aceptadas y no fusionadas dentro del enfoque ‘Occidental’. Europa está perdiendo la empatía y debe poner atención en el resto del mundo. Hay que dejar de pensar que sabemos mejor que es lo que interesa a otros y no nos preocupamos por conocerlo. ¿Cómo se pueden corregir todos estos problemas? ¿Qué deben hacer entonces los embajadores de la UE? El jefe de la diplomacia de la UE lo resume en esta regla de oro: «Tomen más la iniciativa. Prepárense para ser audaces».

Por una mediación efectiva de la UE ante situaciones de deterioro institucional

El día 3 de octubre tenemos que presentar ante Europa una renovación del Consejo General del Poder Judicial que llevamos retrasando años. Los informes de Bruselas han ido viendo la inacción de los políticos de nuestro país para negociar y no ha quedado más remedio que Bruselas intervenga en el proceso como árbitro para solventar una situación de deterioro institucional como ésta.

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El martes 27 de septiembre se presentó en Madrid el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, con un reto no imposible pero muy complejo: sentar a los dos grandes partidos en la misma mesa para terminar una renovación que lleva pausada 4 largos años. Todas las esperanzas por parte del Gobierno, del propio gobierno de los jueces y de las asociaciones judiciales están puestas en el Comisario que tiene tras de sí importantes episodios negociadores en la política interna de su país.

«Intentamos organizar un diálogo entre fuerzas políticas porque el cambio del CGPJ necesita mayorías tales que requiere de la colaboración entre las principales fuerzas políticas», dijo Reynders hace unos días desde Bruselas preguntado por el objetivo de su viaje a Madrid. El Comisario de Justicia considera urgente que se pongan en marcha los nuevos nombramientos y que se acometa «muy rápidamente» una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ.

Sobre esto último, parece que el PSOE no va a presentar demasiada oposición, una vez que se ha abierto a poder negociar que en el futuro la carrera judicial tenga un papel más activo en la elección de los miembros del gobierno de los jueces. El PP exige antes de sentarse a negociar la renovación que el Gobierno se comprometa por escrito a reformar inmediatamente después la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales del Consejo. Los socialistas consideran esta exigencia una excusa más del PP para no proceder a la renovación; lo que está claro es que ambos se protegen en sus excusas para no ser el primero en reconocer que ha torcido el brazo.

La Comisión Europea viene advirtiendo desde hace años que el retraso en la renovación del CGPJ es un motivo de preocupación por la «posibilidad de que este organismo se perciba como vulnerable a la politización» y reclama la urgente renovación del gobierno de los jueces con el sistema vigente y que después se modifique el método de elección para evitar futuros bloqueos por falta de acuerdos políticos, como la actual.

Una mediación efectiva

Gobierno y oposición no han parado de lanzarse reproches durante la visita del Comisario, pero es responsabilidad compartida que no se haya avanzado durante estos años. Es muy preocupante que haya que defender una suerte de mediación europea ante situaciones de grave deterioro institucional, más aún cuando nuestro país es el siguiente en coger el relevo de la presidencia de la Unión Europea. Nuestra situación no es comparable a la de Hungría o Polonia, donde se vulnera la independencia judicial con asiduidad. Pero no nos podemos permitir que se nos pueda encasillar con países gobernados por iliberales. Tenemos una fecha límite para el lunes 3 de octubre y no parece que la vista del Comisario vaya a adelantar demasiado los acontecimientos.

En paralelo a la visita del comisario europeo de Justicia, el CGPJ celebrará este jueves un pleno ordinario al que Lesmes quiere llevar el informe que encargó al Gabinete Técnico del Consejo sobre su eventual sucesor. Desde el CGPJ no ocultan su malestar por que la futura dimisión de su presidente eclipse la visita del Comisario europeo. A su juicio, es improcedente someter a conocimiento de los vocales este informe, algo que, en su opinión, el Pleno del CGPJ tendría que ver una vez que él no esté y no precisamente en este momento. “Si se va, lo que él opine deja de ser relevante porque los que nos quedamos con el marrón somos nosotros”, recogen los medios desde fuentes del organismo.

Las consecuencias de que los partidos centrales abandonen su posición

Las Elecciones Generales celebradas en Italia han reabierto una de las cuestiones básicas del futuro político no sólo del país transalpino sino también de otros Estados Miembros de la UE como España.

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Ése es el caso de Giorgia Meloni en Italia, pero éste ha sido el caso de Pablo Iglesias y los restos de su formación en España en los últimos años. Como si se tratara de una ley del péndulo, esta situación sigue siendo un gran desafío para lo que Europa significa. La extrema derecha italiana ha culminado este domingo la cadena de tentativas anteriores de formaciones expresamente nacional-populistas y euroescépticas en países de larga tradición democrática. En Suecia, hace 15 días, la ultraderecha fue la segunda fuerza más votada y, antes del verano, Marine Le Pen perdió la presidencia de Francia, pero multiplicó por diez su número de escaños (de 8 a 89). 

Italia ha sido el caldo de cultivo de los grandes cambios políticos de Europa durante estos años, su gran inestabilidad nos ha permitido ver los grandes cambios que se produce en el imaginario de una sociedad cuando la situación nos es buena. Tomar decisiones a la ligera en busca de cambio cuando la coyuntura general no es buena solo desune, polariza. España se enfrenta este próximo curso a procesos electorales que locales y regionales donde podremos empezar a ver un atisbo del rumbo que puede coger nuestro país de cara a unas elecciones generales.

España se enfrenta este próximo año a procesos electorales locales y regionales donde podremos empezar a ver un atisbo del rumbo que puede coger nuestro país de cara a unas elecciones generales que llegarían en los meses siguientes. En cualquier caso, un tiempo más que prudencial para que los partidos centrales presenten una propuesta creíble de futuro que orille a los extremos. Algunos primeros elementos ya están apareciendo con una orientación electoral clara como es tocar los impuestos.

Dejando España y volviendo a dos cuestiones básicas de lo que ha ocurrido en Italia. ¿Cómo se explica esta victoria del otro extremo del espectro político italiano? Giorgia Meloni llega al poder gracias a una “tormenta perfecta”, una extraña confluencia de escenarios malos para la democracia. Se da tras la conformación y luego la caída en 2022 del gobierno de unidad del tecnócrata Mario Draghi, quien fue apoyado por casi todos los partidos con la excepción del partido Hermanos de Italia (FDI, por su sigla en italiano) de Meloni. De la noche a la mañana, Meloni se convirtió en la principal figura y luego principal candidata de la oposición al gobierno. Un nombre desconocido que ha conseguido desplazar a Salvini a la consideración de derecha moderada en su país y que puede significar la apertura, aún más si cabe, de los extremos políticos.

Sin embargo, hoy las preguntas principales no son si Meloni es neofascista o si el fascismo está regresando al poder de la misma manera (no es el caso). El interrogante debería ser cuánto daño puede hacer a Italia y la Unión Europea (UE) una coalición liderada por Meloni, que intentará contar con el exlíder del Consejo de Ministros, Mario Draghi, para ganarse el beneplácito (al menos económico) de la UE y no ser abrasados a sanciones como Hungría o Polonia, ante un gobierno que promete de todo menos tranquilidad.

Una lectura europea de las alternativas al ‘colapso energético’

Europa y gran parte del mundo está viviendo una crisis energética sin precedentes en su historia. La falta de energía agravada por el conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando a los precios ante las dificultades de obtener estos recursos.

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Esto lleva apreciándose desde antes de principios de año, con el fin de los momentos más complicados de la pandemia y el alza en la inflación de la crisis económica posterior. Con el inicio de la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero, en Europa, especialmente, se abre una nueva vía de problemas para la estabilidad socioeconómica provocada por la falta de materias primas y de energía, la cual volvió a afectar a los precios del mercado de bienes y servicios.

Aquí en España, por si fuera poco, hemos actuado más tarde que el resto de países de nuestro entorno, lo que ha afectado a nuestra posición relativa. El paquete de medidas del Gobierno se ha demostrado insuficiente y el equipo de Pedro Sánchez no ha conseguido abrir nuevas vías para mejorar la situación de los españoles. A esto, se le unió un conflicto que no se esperaba en el país, la soberanía del Sahara Occidental, antigua colonia española, y por la cual mantienen gran tensión Argelia y Marruecos; lo que ha acabado por provocar una subida de precio del gas argelino y una caída extraordinaria de su contribución al abastecimiento total de España, sobre el cual teníamos un trato preferencial.

En las últimas semanas es cuando más se está notando la crisis energética y las perspectivas preocupantes para el invierno. Lo que eran conjeturas sobre la posición de Francia, Alemania y Reino Unido hace unos meses, hoy son realidad y mañana serán motivo de restricciones severas en el suministro de gas. Cada semana que pasa, el precio de la electricidad y el gas en los mercados mayoristas europeos pulveriza récords históricos, acelerando la provisión de reservas para el invierno pero con enormes limitaciones tanto de capacidad como de cerrar contratos a precios razonables más allá del mes de enero próximo.

Por un lado, la posición de Alemania es extremadamente frágil y se hace evidente cada día hasta qué punto la competitividad de su economía era fuertemente dependiente de tener una energía muy barata y de un único proveedor que era improbable que fallase (Rusia). En este sentido, busca de manera desesperada poner en marcha medidas que, primero, aseguren el suministro en los próximos meses presionando para que se ejecuten infraestructuras vitales como el Midcat (a financiar con fondos europeos, pero con el freno continuo de Francia y la dificultad de ponerlo en marcha en España) o la paralización del cierre de las centrales nucleares que aún no están desmanteladas. Y, después, moderar el consumo de gas y el impacto sobre la factura tanto de la industria como de los consumidores domésticos (anuncios de bajadas de impuestos, combinadas con subidas específicas por nivel de consumo).

Por otro lado, la posición de Francia también está revelando peligrosas fragilidades debido a las necesidades de conservación y reparación del parque de generación nuclear. Dado que en este país (y también en Alemania) el precio mayorista de la electricidad no se traslada ni de manera inmediata ni tampoco en todo su impacto (las tarifas se fijan por contratos bilaterales a plazo), los consumidores no han notado todavía el mayor impacto por la subida de precios, pero lo tendrán en los próximos meses aunque de manera amortiguada.

Será necesario, por tanto, buscar vías alternativas para asegurar el suministro y, al mismo tiempo, reducir el impacto sobre los consumidores. En el caso de España, se interpreta como un «triunfo» el llamado tope del precio del gas, bajo el cual el mercado mayorista de electricidad en España es sustancialmente menor que el de otros mercados europeos. No cabía esperar algo distinto, teniendo en cuenta que el gas es una energía de enorme importancia en el mix eléctrico español. Pero hay que ser muy conscientes de que la compensación que hoy se le paga a las centrales de gas para que no suban el precio lo estamos pagando, una parte, en el precio diario minorista (el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, el 40% de los consumidores domésticos) y el resto se irá repercutiendo en los contratos de electricidad a precio fijado cuando toquen ser renovados.

De una forma u otra, obviamente, quienes notaremos estos incrementos seremos los consumidores finales, que usamos a diario la energía para todo lo que tiene que ver con la vida: cocinar, transportarnos, limpiar, ocio… No estamos a salvo y las previsiones no son nada alentadoras.

Las empresas no aguantan este tirón. Estos precios, sumados a la falta de materiales, también las deja en jaque. El consumidor no consume y las empresas no sobreviven, mientras la clase política se preocupa de trivialidades y de echarse los males de unos y otros, lo que no resuelve ni un solo problema.

Ya hemos empezado con el racionamiento energético que prometía Bruselas y en invierno será peor. De momento, las medidas aprobadas por el Gobierno de Sánchez hace una semana ya han iniciado una nueva batalla política en nuestro país. Desde hace unos días se han empezado a aplicar las primeras regulaciones, que vivirán su segunda fase en septiembre y de la que probablemente haya más fases.

Empezando por los empresarios, estás medidas generan un gran desconcierto por las diferencias que hay entre los distintos negocios y sus actividades. No tiene sentido que un negocio en el que se conservan alimentos frescos tengo la misma temperatura que una peluquería.

Es indiscutible que tenemos que hacer un esfuerzo de ahorro energético en línea con las indicaciones de los Veintisiete. En el caso español dista mucho de lo que debiera haber sido: un pacto diáfano y consensuado entre todas las instituciones.

Ya veremos si, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, estas medidas son inconstitucionales, siendo España uno de los países europeos con mayor iluminación pública de Europa, superando a países como Francia, Alemania o Italia. El problema de la iluminación de los escaparates de los locales, una vez cerrados, no desincentivará el turismo ni hará menos seguras nuestras calles, ese enfoque es menor.

Grandes cambios en la OTAN y en la autonomía estratégica de la Europa y España

Más militares, más enemigos y más Estados Unidos. La nueva Alianza que emerge de la cumbre de la OTAN en Madrid vislumbra un mundo mucho más impredecible y confrontado que 12 años atrás, según la estrategia acordada para los próximos diez años.

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Rusia pasa de considerarse un socio estratégico a una «amenaza directa», China es descrita como un «desafío sistémico» por primera vez en la Historia y Europa ve el mayor despliegue de tropas desde la Guerra Fría (más de una tercera parte, estadounidenses). Lo que es indudable es que han escenificado una Alianza Atlántica más unida, fortalecida y ampliada.

La primera jornada de la cumbre dejó una sorpresa de última hora cuando Turquía levantó el veto sobre la adhesión de Suecia y Finlandia tras semanas de bloqueo. Ello ha permitido que la organización invita formalmente a ambos países a adherirse, en una decisión histórica por parte de dos naciones con una larga tradición de neutralidad, y que añade 1.300 kilómetros de frontera entre la Alianza y Rusia. Esto, beneficia directamente a estos países, que tendrán un refuerzo en caso de que la guerra entre en sus fronteras

En el caso de Rusia, hace 12 años, la OTAN reconocía a Rusia como un «socio estratégico»; sin embargo, el texto nacido en Madrid con la guerra de Ucrania como telón de fondo la Alianza señala a este país como la «más significativa y directa amenaza» para la seguridad de los aliados y la paz y la estabilidad en el territorio transatlántico. «No podemos descartar un ataque a la soberanía e integridad territorial de los aliados», prosiguen los líderes en su nuevo concepto estratégico.

La organización militar prepara el mayor despliegue de tropas a Europa desde la Guerra Fría para, en unos meses, tener en alerta más de 300.000 militares (frente a los 40.000 actuales) dispuestos a actuar bajo el mando de la OTAN. La mayoría de tropas serán destinadas a los países de la frontera Este, desde Estonia (norte) a Bulgaria (sur). La mayoría de soldados serán entrenados en sus países de origen, pero «listos para actuar ante cualquier amenaza» -dijo el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg- y ser desplazados allí donde sea necesario en un plazo de tres días. 

Por primera vez en la historia de la OTAN, China es presentada como una amenaza. La región del Indopacífico será una de las nuevas vías geoestratégicas de la Alianza para frenar las ambiciones políticas, económicas y militares de Pekín, a la que se considera ya un «desafío sistémico», según establece el concepto estratégico. Para frenar esas ambiciones, la OTAN y varios países clave de la región, como Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda (que por primera vez han asistido como invitados a una cumbre aliada), han afianzado en Madrid sus relaciones geoestratégicas.

Mientras unos miran al Este, las preocupaciones de España (y el apoyo de Italia) se centran en las amenazas de la frontera Sur. Madrid ha instado a sus aliados de la OTAN a considerar un papel más importante para la alianza en el norte de África y el Sahel. De hecho, por primera vez, la Alianza ha incluido a la región del Sahel como una zona que «afecta directamente» a la seguridad de la OTAN y de todos sus aliados.

La Alianza ha incorporado un nuevo supuesto a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez que consiste en «preservar la soberanía y la integridad territorial de todos los aliados ante cualquier agresor». «En un contexto de competencia estratégica -afirma-, mejoraremos nuestra conciencia global para conseguir disuadir, defender y responder en todos los territorios en línea con nuestro objetivo de los 360 grados», reza la estrategia.

Avances hacia una ‘autonomía estratégica tutelada’

Esta reunión no hace más que reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en la OTAN, la idea está clara: los enemigos de EEUU son los enemigos de Europa, Rusia y, sobre todo, China. El triunfo de la Administración norteamericana es enorme, el fracaso de la Unión Europea histórico y el éxito de China especialmente significativo. El Imperio Medio consigue una retaguardia geoeconómica y energética decisiva, iguala poder estratégico-nuclear con el país de Biden y, lo más importante, gana tiempo para construir alianzas, definir escenarios y fortalecer su complejo militar, tecnológico y científico.

Como ya hemos hablado en más de una ocasión, Europa y España necesitan ganar autonomía con respecto a Estados Unidos. Sin embargo, esta autonomía supone ganar margen de maniobra pero de forma ‘tutelada’ por Estados Unidos. No somos más que un aliado geoestratégico de contención con Rusia y China. La OTAN se creó en su momento por los americanos para evitar que Europa pudiera ser aliada de Rusia y en cambio, con el tiempo, la subordinación ha ido en aumento.

En el caso de España, independientemente de Europa, el refuerzo de la vigilancia de la frontera sur prometida por Biden, no es más que ceder competencias con los americanos para protegerse en un momento de máxima tensión con nuestros vecinos del sur. La OTAN crece, se expande, se refuerza, se amplía, aumenta el gasto en defensa y, de la misma manera, se solidifica la hipótesis de la autonomía estratégica tutelada de la Unión Europea.

Reino Unido no se cobra las acciones de Johnson

Cinco fiestas y tres disculpas después, Boris Johnson se enfrentaba a su primer gran examen con las elecciones locales en Reino Unido con su popularidad muy mermada por los escándalos.

FUENTE: THE GUARDIAN

El pasado fin de semana se produjo el principio de una tendencia que puede llegar a marcar la continuidad del primer ministro británico al frente del país. En estos comicios, por primera vez en más de medio siglo, el partido conservador perdió importantes feudos electorales en los distritos de la capital británica, Londres.

Al ‘PartyGate’ en investigación desde diciembre pasado, se le añade la inflación y la “crisis del coste de la vida”. Entre escándalos y economía, los conservadores perdieron cientos de concejales y decenas de municipios. Tanto Wandsworth, Barnet y Westminster en Londres o Southampton y West Oxfordshire fueron durante mucho tiempo importantes feudos del partido. Este fue un trago venenoso para concejales y militantes. Muchos salieron a pedir la renuncia de Boris Johnson. Uno de los más duros fue John Mallinson, quien perdió su puesto al frente del municipio de Carlisle, en el noroeste de Inglaterra. “Esto muestra que el pueblo ya no confía en que el primer ministro vaya a decir la verdad sobre nada”, dijo Mallinson en relación al ‘Partygate’, las fiestas que tuvieron lugar en 10 Downing Street durante la pandemia.

Los malos datos de Londres no han sido un reflejo del resto de Inglaterra, consiguiendo aguantar mucho más de lo previsto, incluso en las zonas con un tradicional voto de izquierdas, conocido como ‘el muro rojo’, conquistado por el primer ministro en 2019. “Si observas el panorama general, la foto completa de los resultados, nada parece indicar que el laborismo haya capturado la fuerza necesaria para aspirar a formar el próximo Gobierno”, ha defendido el presidente del Partido Conservador, Oliver Dowden, en la BBC. “Tony Blair arañó unos 1.800 representantes municipales en el 95, dos años antes de ganar las generales”, ha apuntado.

Johnson sale vivo de una situación que, en una situación normal, hubiera terminado con él el día que se demostraron las fiestas en su domicilio de Downing Street. No parece haber un partido en Reino Unido que pueda poner en problemas la posición del primer ministro a pesar de sus continúas actuaciones. El primer ministro ha conseguido desviar la atención de los problemas de su país hacia el conflicto en Ucrania, señalando al conflicto como causante de todos lo males de Reino Unido.

Radicalización de Irlanda del Norte

Por otro lado, sorprende la irrupción de Sinn Fein, el brazo político del grupo terrorista IRA, continuando con la tendencia al voto extremista europeo. De esta forma, el votante ha plasmado el precio a pagar por el acuerdo final que ha impedido una frontera interna en Irlanda, como consecuencia del Brexit, pero que ha exigido que esa frontera exista en el mar entre Gran Bretaña y su provincia de Irlanda del Norte. Desde que los acuerdos del Viernes Santo hicieron posible una convivencia, cuando parecía imposible la paz entre las dos comunidades enfrentadas, el Brexit ha venido a envenenar de nuevo el futuro de este pequeño recodo británico en la isla irlandesa.

¿Qué puede pasar ahora? Según los históricos acuerdos de paz, el partido ganador elige primer ministro, mientras que a la oposición le queda un puesto de viceprimer ministro, compartiendo poderes. Pero los unionistas no quieren hablar de la posibilidad de formar gobierno conjunto mientras no se abra la frontera por mar con Gran Bretaña. El ‘impasse’ podría llevar a nuevas elecciones. Un tiempo no obstante en el que va a aumentar la tensión en las calles y devolvernos a imágenes que creíamos olvidadas.

El triunfo del Sinn Fein en un país con mayorías unionistas permanentes amenaza con un nuevo incendio en el Reino Unido y apela al gobierno de Boris Johnson. En la victoria, los líderes republicanos ya han dejado caer que en cinco años sería posible un referéndum para la unificación de Irlanda, lo que sumado a la propuesta escocesa de otro de independencia empiezan a cuestionar lo que parecía evidente: que fuera de la UE, Gran Bretaña tiene problemas en sus fronteras que ponen en entredicho la integridad de su entidad política antes más protegida por su pertenencia a Europa.

El efecto capitalidad de Madrid y los exiguos resultados de deslocalizar sedes administrativas

Tras meses de negociaciones y planificación interna, el Ejecutivo ha presentado en los últimos días su hoja de ruta para la descentralización de las instituciones del Estado como medida para luchar contra la despoblación de algunas de las regiones de nuestro país y conseguir captar mayor inversión en estas zonas y, de este modo, tener un reparto territorial más equilibrado de las instituciones públicas.

FUENTE: EFE

Esta decisión afecta directamente a las zonas consideradas ‘más deprimidas’ de la España vacía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido Ponferrada, capital de El Bierzo, una tierra del norte leonés en pleno proceso de reinvención con cada vez menos habitantes y más envejecidos, que durante décadas vivió de las minas de carbón y de las centrales térmicas, para incidir en la “necesidad de un desarrollo equilibrado territorial”. Sánchez ha avanzado la reactivación de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y su conversión como centro de innovación tecnológica energética y digital vinculado con el medio rural.

Aún así, el presidente ha asegurado que estos cambios no afectarán al grueso de la Administración central, que lleva décadas arraigada en Madrid, permanecerá en la capital salvo proyectos muy concretos. La complejidad logística que implicaría la mudanza de alguno de los grandes organismos y la oposición de los sindicatos de funcionarios han llevado a desechar esa opción.

El informe del Gobierno defiende los efectos socioeconómicos y la distribución más equitativa de la riqueza que tendría la deslocalización administrativa. Una desconcentración “bien planificada podría además contribuir a reducir el coste de los servicios públicos, al elegirse ciudades con costes asociados más bajos”, resalta el informe.

A pesar de que a priori este movimiento puede ser una buena idea, no tiene efectos reales significativos, ya que la sede de las instituciones no tiene una relevancia tan grande como para lograr atraer actividad económica a las regiones seleccionadas para esta deslocalización Administrativa. Uno de los mitos más extendidos es el de pensar que la acumulación de sedes de instituciones públicas en una ciudad le hace a ésta partir con ventaja frente al resto de capitales del país. Es el caso que se quiere aplicar a la disputa entre Madrid y otras grandes capitales españolas, considerando que Madrid tiene una ‘posición de privilegio’ sobre el resto por su ‘capitalidad’ y, por tanto, ejerce una competencia desleal con el resto de los territorios.

Los datos demuestran el escaso valor económico que produce tener en un lugar u otro la sede de los organismos oficiales. Tomando como variable proxy de la ‘capitalidad’ el peso de las actividades del sector público sobre el PIB (datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística, INE) si comparamos 2019 (último dato disponible) con 2000, el peso del sector público sobre el PIB de la Comunidad de Madrid apenas ha crecido en 0,13 puntos porcentuales, mientras que en el conjunto de España ha crecido en 1,88 puntos porcentuales (es más importante en relación al PIB el sector público en el total nacional que en Madrid, concretamente casi 3 puntos más)”.

En las dos grandes capitales españolas además de Madrid, Barcelona y Valencia, el peso de la administración pública ha crecido en 4 puntos respectivamente, mientras que en Madrid se mantiene prácticamente en el mismo entorno que en 2000 (últimos datos disponibles de la Contabilidad Anual Regional del INE).

Si bien la medida puede tener ciertos beneficios para algunas capitales más apartadas y con menor importancia administrativa hasta la fecha, pudiendo generar algunos empleos vinculados, no supondrá un gran revulsivo ni tampoco un efecto político y social suficientemente relevante.