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Los acontecimientos han llegado demasiado lejos como para que no haya un coste notable a medio y largo plazo para la calidad de nuestra democracia. Es urgente e imprescindible volver a la serenidad y la sensatez que permitan mediante el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, en la sede de la soberanía nacional, restablecer la normalidad democrática interrumpida por buscar solucionar un bloqueo de más de cuatro años de la manera más cuestionable y opaca posible.

FUENTE: EFE

Para ello, es necesario dar la importancia que se merece a la forma y no sólo al fondo. El fin nunca puede justificar los medios, más aún cuando el fin no está claro (solventar el bloqueo de los dos grandes partidos, pero inclinando la balanza hacia el otro lado) y los medios son los peores que se podían usar. No se trata de una discusión técnica de la cual los ciudadanos puedan permanecer al margen. Se trata de unas formas que representan la protección de cada uno de los derechos de los ciudadanos españoles, representados en los diputados que integran las Cámaras. Ni se pueden torcer las formas ni se puede apelar a un supuesto fin superior para cometer un atropello como el que se ha intentado.

No se puede deslegitimar la decisión de un tribunal que decide por mayoría de 6 a 5, cuando el actual Gobierno y sus socios parlamentarios aprueban todas las leyes con una proporción idéntica sobre el total de diputados y senadores (una media del 54%). No se puede pasar por alto la responsabilidad de los presidentes del Congreso y del Senado que en los últimos meses no han hecho ni un sólo movimiento favorable para buscar el pacto entre la mayoría cualificada de los diputados y senadores. No es tolerable que varios líderes políticos hayan pronunciado el mismo discurso de 2017 (actualizado a 2022) de los independentistas catalanes, mostrando su profundo desprecio a la separación de poderes y que como Montesquieu ideó, ningún poder tenga el monopolio, ni siquiera el Parlamento cuando éste legisla al margen de los cauces claramente establecidos en el marco constitucional.

Tampoco puede olvidarse que los actuales gobernantes, en vez de ejercer (lo hacen para lo bueno, pero no para lo malo) su ruling dividend para forzar al principal partido de la oposición a sentarse y negociar una lista de consenso con juristas de prestigio, han preferido profundizar en su mayoría exigua de Legislatura para asegurar un resultado favorable para sus intereses, con independencia de si estos son los mismos que los de la ciudadanía española.

En definitiva, es necesario reencauzar la situación con las formas adecuadas, con las garantías jurídicas oportunas, buscando el bien de la ciudadanía y no el del más inmediato corto plazo electoral y, sobre todo, no volver a legislar ad hominem. Desde este modesto Club de Opinión, pedimos a las Cámaras Legislativas que tomen todas las medidas que el marco constitucional permite para retornar a la serenidad y la sensatez.

Los acontecimientos de las últimas semanas están causando honda preocupación en amplias capas de la sociedad española, expresándola en una pregunta muy concreta: ¿hasta dónde vamos a llegar? Es evidente que cada día, semana y mes que transcurren surgen nuevas voces que alertan de la situación. Sin embargo, en pocas ocasiones, se va a la raíz política que ayuda a explicar y actuar para evitar un mayor deterioro del sistema del 78

FUENTE: EFE

Ante todo, es necesario hacer un ejercicio de sinceridad. La legislatura se sostiene gracias a una serie de equilibrios inestables conformados por un Gobierno de coalición que cuenta con el menor número de escaños que ha tenido un Ejecutivo en democracia, y sus apoyos parlamentarios caracterizados por ser fuerzas centrífugas abiertamente contrarias al régimen constitucional. Sin embargo, al contrario de la inestabilidad de los apoyos y la ruptura en Podemos, el PSOE ha mostrado solidez interna sólo matizada por algunas declaraciones y opiniones de cargos y figuras significativas que muestran discrepancias tanto en el fondo como en la forma de las políticas actuales.

Esta unidad de acción, compartida por la mayoría de los militantes, cargos públicos y dirigentes, está basada en dos elementos fundamentales y una premisa. Por un lado, se pone por delante la política social y exterior del actual Gobierno sobre las decisiones en materia territorial, judicial o institucional. Y, por otro lado, no perciben la existencia de riesgos relevantes sobre el futuro constitucional y la calidad democrática que se pueden derivar de medidas como los indultos, las reformas de los delitos de sedición y malversación o los nombramientos del poder judicial, entre otros.

Y la premisa es la importancia de que el PSOE es el partido más votado en las últimas dos Elecciones Generales y que su secretario general ostenta actualmente la presidencia del Gobierno. Gracias a este «ruling dividend» trufado de una épica discursiva contraria a la derecha por las características del último mandato del PP entre 2016 y 2018, los militantes y cargos orgánicos socialistas están unidos en torno a ello sin reparar en que su «causa» (su agenda de Gobierno en materia económica, social y exterior) está siendo desplazada del centro político hacia uno de los extremos, empujada por la confluencia de fuerzas nacionalistas, populistas e iliberales.

En consecuencia, existe una diferencia sustancial entre la percepción del simpatizante o cargo del PSOE en torno a las medidas que se están tomando y las consecuencias que con una alta probabilidad se pueden producir. Pero incluso para aquellos que sí pueden ser medianamente conscientes del riesgo que entraña la conservación de los apoyos de legislatura, importa más perder la posición de Gobierno y cederla al PP que los riesgos para el orden constitucional. 

Para salir de esta situación -y antes de que sea demasiado tarde para el Estado de Derecho- hay varias alternativas, pero todas ellas pasan por un cambio de fondo en la percepción que la mayoría de los simpatizantes, militantes y cargos del PSOE tienen de la situación actual. Si esto se produce, la probabilidad de que los actuales dirigentes den marcha atrás y cambien de rumbo es elevada. Una dirección, por mucho «ruling dividend» que tenga, no se puede sostener en el tiempo con un rechazo generalizado de sus acciones. Éste es el trabajo a desarrollar en las próximas semanas y meses desde la base y con la base.

Es poco prudente esperar a que un dirigente actual o histórico tenga los incentivos y la fuerza suficiente para intentar un cambio en la política actual, ya que trabajará en contra no sólo de la dirección, sino que tampoco conseguirá persuadir a unas bases alimentadas con mensajes sencillos y con poca percepción de los riesgos. Y menos aún dejar que la presión del cambio descanse sobre los que se consideran adversarios políticos con herramientas tradicionales como manifestaciones, mociones de censura o confiar en un vuelco electoral significativo en los comicios de mayo. No es el momento de reacciones desairadas ni tactistas que sólo servirán para desincentivar al que hoy cierra filas en torno a su líder. 

Es una tarea muy compleja que requiere del concurso de todos, en un momento en que el Gobierno de coalición, ERC y EH Bildu juegan de manera repetida al «dilema del prisionero». Han aprendido a cooperar, a necesitarse mutuamente. Y eso es letal para la estabilidad democrática de España. Para romper este «dilema del prisionero» no se puede confiar en que los separatistas y herederos del terrorismo cometan algún error que les deje fuera de juego. Históricamente nunca ha sido así: conforme reciben concesiones por parte de los Gobiernos nacionales, sus reivindicaciones aumentan. Hay que actuar, cuanto antes, sobre el partido que durante muchos años ha sido central y que hoy conforme se escora hacia el extremo, dibuja un espacio de orfandad política creciente.

El problema no es en qué se cede sino ante quién se hace. No es lo mismo ceder para llegar a un acuerdo con fuerzas políticas centradas que hacerlo con extremistas que, además, alardean públicamente de que gracias a ellas el Gobierno actual mantiene su estabilidad parlamentaria

FUENTE: EFE

Los apoyos son los ya conocidos: ERC, PNV y EH Bildu. Una ‘ayuda’ que la ministra de Hacienda compara con los Pactos de La Moncloa, que ahora cumplen 45 años, para defenderse de los indefendibles. Huelga decir que cualquier parecido de los Pactos de la Moncloa con la situación actual es pura coincidencia. Ni el lugar que cada actor representaba en el espectro político es el mismo (más allá de las siglas), ni tampoco el fondo del discurso, la política económica y las medidas concretas.

Para lograr la suma mágica, los negociadores de la Moncloa han tenido que conceder importantes cuestiones. El apoyo más costoso en términos políticos y monetarios es el de ERC con la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación. A ello se añaden más de 23.000 millones de gasto público para 2023.

Si la polémica ha rodeado la propuesta de reformar a la baja las penas por sedición, el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu no es menos costoso. La formación radical vasca ha conseguido sellar un pacto de diez puntos en el que se recogen, entre otras cuestiones, el traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra, donde esta función pasará a desempeñarla la Policía Foral en lugar de la Guardia Civil, y la prolongación del tope del 2 % en la actualización de los alquileres hasta diciembre del 2023.

Por último, el PNV ha añadido sus seis votos al casillero gubernamental a cambio de la renovación del Concierto Económico Vasco (y la actualización del cálculo del cupo) en los mismos parámetros ahora vigentes para los próximos cinco años y de la aprobación de hasta 49 enmiendas a las cuentas, con lo que eleva en 41 millones de euros lo cosechado por los nacionalistas en el 2021. A ello se añade el PDeCAT y su enmienda para extender la gratuidad del transporte público para el usuario a los autobuses de larga distancia.

En suma, serán las urnas las que dictaminarán, en un año, si el precio ha valido la pena.