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Unidos por un hilo rojo llamado ‘presupuestos’

El bloqueo de los presupuestos catalanes y la presión de ERC revelan hasta qué punto el futuro político de Moncloa y de la Generalitat depende ya de una misma ecuación.

Hay momentos en política en los que las relaciones dejan de ser tácticas para convertirse en estructurales. Eso es lo que está ocurriendo entre Pedro Sánchez y Salvador Illa. Ya no se trata de afinidad política ni de estrategia compartida. Se trata de algo más profundo: la suerte de uno depende directamente de la del otro.

Lo ocurrido en las últimas semanas en Cataluña lo confirma.

El intento de sacar adelante los presupuestos de la Generalitat ha terminado encallando en el mismo lugar donde se atasca hoy buena parte de la política española: en la capacidad de ERC para condicionar, retrasar o directamente bloquear cualquier acuerdo. Y lo que en apariencia es una negociación autonómica se ha convertido, en realidad, en un problema de Estado.

ERC como árbitro permanente

Esquerra ha vuelto a demostrar que su papel no es el de socio estable, sino el de árbitro interesado. No busca cerrar acuerdos duraderos, sino maximizar su posición en cada negociación. Presiona en Cataluña para obtener ventajas en Madrid. Y presiona en Madrid para reforzar su posición en Cataluña.

El resultado es conocido: presupuestos que no avanzan, acuerdos que se posponen y una sensación creciente de provisionalidad.

Para Salvador Illa, esto supone un problema inmediato. Su proyecto político —presentarse como gestor solvente, capaz de devolver estabilidad institucional a Cataluña— queda en entredicho cuando no puede garantizar algo tan básico como unas cuentas públicas.

Pero el problema no es sólo suyo.

Cada dificultad de Illa en Cataluña es una señal de debilidad para Sánchez en Madrid.

Porque el presidente del Gobierno ha construido su mayoría parlamentaria sobre una lógica muy concreta: la capacidad de integrar a los independentistas en un marco de negociación permanente. Si ese marco se resquebraja en Cataluña, pierde consistencia en el Congreso.

El bloqueo presupuestario en la Generalitat no es un episodio aislado. Es un síntoma. Indica que el equilibrio sobre el que se sostiene la legislatura empieza a mostrar grietas.

Y esas grietas no son fácilmente reparables, porque no dependen de decisiones unilaterales. Dependen de actores que tienen incentivos claros para mantener la tensión.

Dos agendas, una misma dependencia

Sánchez necesita a ERC para gobernar en España. Illa necesita a ERC para gobernar en Cataluña.

Esa doble dependencia genera una situación paradójica: ambos están obligados a ceder, pero ninguno puede hacerlo en exceso sin debilitarse políticamente.

En ese equilibrio inestable, cada negociación se convierte en un pulso. Y cada pulso en una prueba de resistencia.

Lo que ha ocurrido con los presupuestos catalanes es precisamente eso: un recordatorio de quién tiene la capacidad de bloquear.

El problema de fondo

Durante meses se ha intentado presentar la relación con el independentismo como un proceso de normalización política. Como una forma de integrar el conflicto en las instituciones y reducir la tensión.

Pero la realidad es más compleja.

La normalización no ha eliminado la capacidad de veto de los socios. Al contrario, la ha institucionalizado. Y eso convierte cada decisión relevante en una negociación incierta.

Cuando esa lógica se traslada a dos niveles —el autonómico y el nacional—, el resultado es un sistema político permanentemente condicionado.

Un mismo horizonte

Por eso el vínculo entre Sánchez e Illa ya no es sólo político. Es estructural.

Si Illa fracasa en consolidar su proyecto en Cataluña, la estrategia de Sánchez pierde una de sus piezas clave.
Si Sánchez pierde capacidad de maniobra en Madrid, Illa ve limitada la suya en la Generalitat.

No son dos problemas distintos. Es el mismo problema en dos escenarios.

Y en ese contexto, el bloqueo de unos presupuestos deja de ser una anécdota parlamentaria para convertirse en algo más relevante: una advertencia sobre la fragilidad del modelo político que ambos comparten.

El futuro de Sánchez pasa por Cataluña. Y el de Illa, inevitablemente, por Madrid.

La política convertida en teatro de sombras

Pedro Sánchez promete unos nuevos Presupuestos como quien promete primavera en medio del invierno. Pero detrás del gesto no hay voluntad de gobierno: hay coreografía de poder. Una ficción política que busca conservar, no construir. 
FUENTE: EFE

Anunció que presentará Presupuestos para 2026. Lo dijo con gesto solemne, como si estuviéramos ante un ejercicio de política responsable. Pero no dijo cuándo. No dijo si buscará apoyos. Ni siquiera si los registrará. La única certeza es la puesta en escena: una promesa hecha no para cumplirse, sino para ocupar titulares, ganar tiempo y simular normalidad en mitad de una legislatura hueca. 

Sánchez no gobierna con leyes. Gobierna con anuncios. Presupone autoridad donde solo hay resistencia, y viste de épica la parálisis institucional. Como si pronunciar la palabra «Presupuesto» bastara para gobernar. 

Esta es la política sin substancia. Un poder que no legisla, no pacta, no persuade: simplemente resiste. Sánchez no busca consenso, busca relato. No busca una mayoría parlamentaria, busca una mayoría mediática. La palabra «Presupuesto» ya no remite a un documento contable: es un amuleto retórico, un conjuro contra la irrelevancia. 

Mientras tanto, el Estado funciona por inercia. La democracia, por automatismo. Las cuentas públicas, congeladas en un bucle de excepciones y prórrogas. Gobernar ya no consiste en negociar, sino en estirar el calendario hasta agotar la legislatura. 

Una política rendida al simulacro 

¿Qué es un Presupuesto sin Congreso? ¿Qué es una legislatura sin ley? Es una democracia reducida a escenario, un régimen que conserva las formas, pero ha perdido el alma. No hay Parlamento: hay aplausos o abucheos. No hay oposición: hay ruido. No hay gobierno: hay propaganda. 

Cuando los presupuestos son una ficción política, el ciudadano se convierte en espectador de una obra escrita sin autor. Todo está medido para no pasar nada. La legislatura es un plató. El Consejo de Ministros, un guion. Y el país, un atrezzo. 

Los fondos europeos como coartada mágica 

Sánchez ha sugerido que, aunque no haya Presupuestos, los fondos europeos seguirán irrigando la economía. Pero eso no es política: es contabilidad tecnocrática disimulada de salvación providencial. Mientras los presupuestos nacionales requieren debate y rendición de cuentas, los fondos Next Generation se reparten entre despachos y consorcios, lejos del Congreso y del ciudadano común. 

Es una forma de gobernar sin gobernar. De invertir sin rendir cuentas. De consolidar una lógica de poder vertical, desconectada del control público. Una política que no necesita mayoría: solo opacidad. 

Lo más grave no es que no presente Presupuestos. Lo verdaderamente corrosivo es que finge que lo hará, sabiendo que no lo hará, confiando en que la ciudadanía ya no distingue entre anuncio y hecho, entre palabra y ley. Así funciona hoy el poder: en diferido, en retórico, en eterno «ya veremos». 

El sanchismo no gobierna con proyectos, sino con gestos. No administra Estado, sino relato. Su fuerza no está en los votos del Congreso, sino en los algoritmos, en los titulares, en el poder de saturar el espacio público con humo. 

El país suspendido en el tiempo 

España vive en una prórroga permanente. El calendario avanza, pero la política no se mueve. El presidente promete, la oposición exige elecciones, las leyes duermen en los cajones, y los Presupuestos —esa pieza cardinal del pacto democrático— se han convertido en un accesorio prescindible. 

Pero un país sin Presupuestos no solo es un país sin política fiscal. Es un país sin horizonte, sin hoja de ruta, sin pacto de futuro. Un país que sobrevive sin decidir. Que transita sin dirección. Que habita la democracia como un cascarón vacío, sostenido por inercias administrativas y marketing gubernamental. 

La inoperancia del Gobierno y la sumisión al soberanismo

La parálisis política que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez no solo es preocupante, sino que amenaza con poner en jaque la estabilidad económica y social del país. La incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en un contexto tan crucial no puede interpretarse de otra forma que como un acto de irresponsabilidad política.

FUENTE: EFE

Este fracaso no sólo es consecuencia de la evidente falta de liderazgo, sino también del continuo sometimiento del Gobierno a los intereses de las fuerzas soberanistas, cuya influencia ha convertido a Sánchez en rehén de sus propios pactos. Ha sorprendido profundamente en las filas gubernamentales la extensa pieza publicada en el semanario económico más influyente del mundo, The Economist, la cual realiza el mismo diagnóstico que nuestro Club de Opinión lleva señalando un año: un presidente que está en el Gobierno, pero que no gobierna.

Es inadmisible que España, en medio de una crisis política sistémica que requiere respuestas firmes, siga permitiéndose el quebrantamiento de las normas tanto escritas como no escritas más elementales, gracias a las cuales los Estados de Derecho funcionan. La última ha sido el abandono consciente de los plazos y procedimientos para presentar en tiempo y forma el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Sí, los mismos que el presidente cuando era jefe de la oposición decía que «o Presupuestos, o elecciones«.

Los Presupuestos garantizan la inversión pública y el correcto funcionamiento de las instituciones que prestan los servicios públicos. La negativa del Gobierno a presentar una propuesta presupuestaria clara, escudándose en el complicado equilibrio político, deja en evidencia la falta de capacidad para gobernar con determinación. Este no es solo un problema coyuntural, sino un síntoma de un Ejecutivo paralizado por su propia debilidad y sus pactos con partidos nacionalistas, cuya agenda prioritaria no responde al interés general del país, sino al de sus regiones.

La falta de unos presupuestos claros para 2024 no es simplemente una anécdota más en el historial de este Gobierno; es un golpe directo al corazón de la estabilidad económica de España. Sin unas cuentas que permitan implementar medidas que impulsen la inversión y el empleo, el país queda en una situación de incertidumbre que afecta tanto a los mercados financieros como a los ciudadanos. No se puede ignorar que sin una política fiscal clara y sin capacidad de actuar en áreas clave como la inversión pública, las infraestructuras y los servicios sociales, el país corre el riesgo de agotar el crecimiento económico del que será difícil salir.

El Gobierno de Sánchez ha preferido prolongar su supervivencia política a cualquier precio, incluso si eso significa hipotecar el futuro del país. Los constantes pactos con las fuerzas independentistas, en especial con ERC, Bildu y el PNV, han socavado la capacidad del Ejecutivo para actuar con autonomía. Este es el precio que se paga cuando se depende de apoyos coyunturales que no buscan el beneficio de toda España, sino satisfacer intereses particulares. El constante chantaje al que Sánchez está sometido por parte de estos grupos hace que sea incapaz de aprobar unos presupuestos que respondan a las necesidades reales del país.

La influencia de los partidos soberanistas en la política nacional es una cuestión alarmante. Han bloqueado sistemáticamente la gobernabilidad del país al imponer sus propias condiciones, desde la reforma del delito de sedición hasta la exigencia de mayores transferencias autonómicas que, en muchos casos, perjudican a la cohesión territorial y agravan las desigualdades regionales. En este contexto, la falta de presupuestos no es más que la punta del iceberg de un problema mucho mayor: un gobierno que no gobierna, sino que sobrevive a costa de venderse a las exigencias soberanistas.

Sánchez ha demostrado que no tiene una visión de país clara. Su falta de un proyecto económico sólido y su dependencia constante de apoyos externos han llevado a España a una situación de inoperancia política sin precedentes. La incapacidad de aprobar unos presupuestos no es simplemente un fallo técnico o político, sino el reflejo de un gobierno sin rumbo, atrapado en su propia red de compromisos con actores cuyo interés está lejos de la gobernabilidad nacional.

Las consecuencias económicas de la inacción

La falta de presupuestos tiene consecuencias directas sobre la economía española. Con una inflación descontrolada y un mercado laboral que aún no se ha recuperado del todo tras la pandemia, España necesita urgentemente un plan económico que permita la reactivación de sectores clave y garantice la estabilidad de las políticas sociales. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez parece incapaz de ofrecer este plan, lo que genera una sensación de incertidumbre económica que afecta a la inversión y al crecimiento del empleo.

El sector empresarial ha sido claro en su mensaje: sin unos presupuestos sólidos, las empresas no pueden planificar inversiones a largo plazo. Esta falta de planificación repercute directamente en la creación de empleo, ya que muchas compañías están optando por retrasar sus decisiones de inversión hasta que el panorama político y económico sea más claro. Mientras tanto, los ciudadanos sufren las consecuencias de esta inacción. Los proyectos de infraestructura y las políticas sociales quedan paralizados, lo que afecta directamente a la calidad de vida de millones de personas.

Además, el retraso en la aprobación de los PGE incrementa la presión sobre el déficit público, lo que a su vez afecta la capacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos de reducción del endeudamiento asumidos ante la Unión Europea. La sostenibilidad de las finanzas públicas está en juego, y sin una política fiscal clara y responsable, España corre el riesgo de agravar aún más su déficit estructural.

Pedro Sánchez ha demostrado que es incapaz de liderar el país de manera efectiva. Su insistencia en mantenerse en el poder a toda costa, pactando con partidos cuyo objetivo último es la desintegración del Estado, ha puesto a España en una situación de bloqueo institucional. Un líder verdaderamente comprometido con el bienestar del país habría tenido el coraje de enfrentarse a estos grupos y de buscar consensos que permitan aprobar unos presupuestos que respondan a las necesidades de todos los españoles, no solo de unos pocos.

Este Gobierno ha perdido la oportunidad de demostrar que es capaz de tomar decisiones valientes y necesarias para sacar al país adelante. Sánchez ha cedido tanto terreno a los partidos nacionalistas que parece haber perdido el control del Gobierno, y España está pagando el precio de su inacción. La falta de presupuestos no es más que un síntoma de un problema mucho mayor: un gobierno que ha perdido su capacidad para gobernar y que está condenado a la inoperancia.

España no puede permitirse seguir por este camino. El país necesita un gobierno que sea capaz de actuar con firmeza y que ponga los intereses de todos los ciudadanos por encima de las exigencias de unos pocos. Sin unos presupuestos claros, sin una política económica coherente y sin un liderazgo fuerte, España se dirige hacia una crisis que podría haber sido evitada con decisiones más valientes y responsables.

Un proyecto por el que votar

Las elecciones catalanas que se avecinan no son solo un evento político más en el calendario; representan un momento de inflexión crucial para el constitucionalismo en España.

FUENTE: EFE

Más allá de las intrigas partidistas y las tácticas electorales, estas elecciones ofrecen una oportunidad dorada para reafirmar el compromiso con el marco constitucional y enviar una señal clara y fuerte, tanto a nivel regional como nacional. 

Por su parte, la decisión de Pedro Sánchez de no presentar en el Congreso los presupuestos del Estado para 2024 ha generado un revuelo político considerable. Las comparaciones con sus declaraciones pasadas, como aquella en 2018 durante un Comité Federal, son inevitables.

En aquel entonces, Sánchez criticó duramente a Rajoy por no aprobar los presupuestos para ese ejercicio, llegando a afirmar que «un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. No hay excusa». Sin embargo, la situación actual parece distar mucho de aquella analogía, y la percepción es que el gobierno actual se está quedando sin combustible y, en lugar de recargar, parece optar por una carretilla que apenas avanza. 

Durante años, se han desplegado esfuerzos considerables para hacer frente al movimiento independentista en Cataluña. Desde la llegada de Sánchez, se han aplicado medidas económicas y políticas, se han llevado a cabo diálogos y se han buscado soluciones alternativas, todo en un falso intento por entender las raíces del separatismo y encontrar un terreno común, pero siempre con el resto de los españoles como mayores perjudicados de estas políticas.

Estas estrategias han alcanzado un punto de estancamiento, por decirlo de alguna forma, con pocas perspectivas de avance a través de la justicia europea u otros medios legales. En este contexto, las elecciones catalanas emergen como una oportunidad para el surgimiento de una población más activa y con una visión distinta bajo el marco constitucional, lo que podría tener repercusiones de gran alcance a nivel nacional. 

Es fundamental reconocer el papel que ha desempeñado el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y su estrategia de ceder espacio al independentismo. La coherencia y la firmeza en el apoyo al marco constitucional deben ser prioritarias, incluso si eso implica adoptar posiciones más de confrontación. 

Un aspecto fascinante de este escenario electoral es el análisis de los presupuestos y su implicación en la dinámica política. Los presupuestos, originalmente diseñados como una herramienta para establecer una mayor equidad entre los territorios de España, ahora están en el centro del debate por su falta total de sentido en favor a las exigencias de los independentistas.

Incluso se ha planteado la posibilidad de crear un cupo catalán y modificar la recaudación de impuestos, propuestas que han sido frenadas en un corto lapso de tiempo, a pesar de haber estado acordadas, por la convocatoria electoral. Esto marca un punto de inflexión significativo y debería servir para enviar un mensaje claro y rotundo: se acabó el juego de las concesiones sin límites. 

No obstante, no basta con simplemente rechazar estas propuestas; es imperativo presentar una alternativa sólida y creíble. La fuerza del independentismo radica en la abstención de los votantes, y las elecciones catalanas han sido históricamente marcadas por altos niveles de abstención. Para contrarrestar esta tendencia, es fundamental ofrecer una visión atractiva y convincente que atraiga a aquellos que han optado por no participar en el proceso político. 

Las elecciones catalanas representan una oportunidad única para reafirmar el compromiso con el constitucionalismo y establecer una dirección clara para el futuro político de Cataluña y España en su conjunto. Es el momento de dejar claro que el juego de las concesiones unilaterales ha llegado a su fin y de presentar alternativas sólidas que puedan abordar las demandas legítimas de la sociedad catalana dentro del marco constitucional español. La historia nos está mirando; es hora de actuar con determinación y visión. 

En los últimos años, Cataluña ha estado inmersa en una profunda crisis política, marcada por el desafío independentista y la polarización de la sociedad. En este contexto, el constitucionalismo ha sufrido numerosos embates y ha visto cómo sus fuerzas se dispersaban en medio de disputas partidistas y estrategias divergentes.

La cuestión es: ¿sobre qué mimbres políticos se puede establecer una convergencia de valores y objetivos que brinde una base sólida sobre la cual construir una alianza política que pueda hacer frente al desafío independentista de manera efectiva y constructiva? El debate de siglas entre el PP de Cataluña y Ciutadans no ayuda a visibilizar una alternativa real al separatismo, menos aún fuera de Barcelona.

Es necesaria una muestra de unidad y cohesión dentro del bloque constitucionalista para recuperar la confianza de aquellos que han perdido la fe en las instituciones y para demostrar que hay una alternativa sólida y creíble al proyecto separatista, algo que se echa en falta en el PSOE. 

Volver a la sensatez constitucional: el valor de las formas

Los acontecimientos han llegado demasiado lejos como para que no haya un coste notable a medio y largo plazo para la calidad de nuestra democracia. Es urgente e imprescindible volver a la serenidad y la sensatez que permitan mediante el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, en la sede de la soberanía nacional, restablecer la normalidad democrática interrumpida por buscar solucionar un bloqueo de más de cuatro años de la manera más cuestionable y opaca posible.

FUENTE: EFE

Para ello, es necesario dar la importancia que se merece a la forma y no sólo al fondo. El fin nunca puede justificar los medios, más aún cuando el fin no está claro (solventar el bloqueo de los dos grandes partidos, pero inclinando la balanza hacia el otro lado) y los medios son los peores que se podían usar. No se trata de una discusión técnica de la cual los ciudadanos puedan permanecer al margen. Se trata de unas formas que representan la protección de cada uno de los derechos de los ciudadanos españoles, representados en los diputados que integran las Cámaras. Ni se pueden torcer las formas ni se puede apelar a un supuesto fin superior para cometer un atropello como el que se ha intentado.

No se puede deslegitimar la decisión de un tribunal que decide por mayoría de 6 a 5, cuando el actual Gobierno y sus socios parlamentarios aprueban todas las leyes con una proporción idéntica sobre el total de diputados y senadores (una media del 54%). No se puede pasar por alto la responsabilidad de los presidentes del Congreso y del Senado que en los últimos meses no han hecho ni un sólo movimiento favorable para buscar el pacto entre la mayoría cualificada de los diputados y senadores. No es tolerable que varios líderes políticos hayan pronunciado el mismo discurso de 2017 (actualizado a 2022) de los independentistas catalanes, mostrando su profundo desprecio a la separación de poderes y que como Montesquieu ideó, ningún poder tenga el monopolio, ni siquiera el Parlamento cuando éste legisla al margen de los cauces claramente establecidos en el marco constitucional.

Tampoco puede olvidarse que los actuales gobernantes, en vez de ejercer (lo hacen para lo bueno, pero no para lo malo) su ruling dividend para forzar al principal partido de la oposición a sentarse y negociar una lista de consenso con juristas de prestigio, han preferido profundizar en su mayoría exigua de Legislatura para asegurar un resultado favorable para sus intereses, con independencia de si estos son los mismos que los de la ciudadanía española.

En definitiva, es necesario reencauzar la situación con las formas adecuadas, con las garantías jurídicas oportunas, buscando el bien de la ciudadanía y no el del más inmediato corto plazo electoral y, sobre todo, no volver a legislar ad hominem. Desde este modesto Club de Opinión, pedimos a las Cámaras Legislativas que tomen todas las medidas que el marco constitucional permite para retornar a la serenidad y la sensatez.

Las palancas del cambio y el dilema del prisionero Gobierno-socios parlamentarios

Los acontecimientos de las últimas semanas están causando honda preocupación en amplias capas de la sociedad española, expresándola en una pregunta muy concreta: ¿hasta dónde vamos a llegar? Es evidente que cada día, semana y mes que transcurren surgen nuevas voces que alertan de la situación. Sin embargo, en pocas ocasiones, se va a la raíz política que ayuda a explicar y actuar para evitar un mayor deterioro del sistema del 78

FUENTE: EFE

Ante todo, es necesario hacer un ejercicio de sinceridad. La legislatura se sostiene gracias a una serie de equilibrios inestables conformados por un Gobierno de coalición que cuenta con el menor número de escaños que ha tenido un Ejecutivo en democracia, y sus apoyos parlamentarios caracterizados por ser fuerzas centrífugas abiertamente contrarias al régimen constitucional. Sin embargo, al contrario de la inestabilidad de los apoyos y la ruptura en Podemos, el PSOE ha mostrado solidez interna sólo matizada por algunas declaraciones y opiniones de cargos y figuras significativas que muestran discrepancias tanto en el fondo como en la forma de las políticas actuales.

Esta unidad de acción, compartida por la mayoría de los militantes, cargos públicos y dirigentes, está basada en dos elementos fundamentales y una premisa. Por un lado, se pone por delante la política social y exterior del actual Gobierno sobre las decisiones en materia territorial, judicial o institucional. Y, por otro lado, no perciben la existencia de riesgos relevantes sobre el futuro constitucional y la calidad democrática que se pueden derivar de medidas como los indultos, las reformas de los delitos de sedición y malversación o los nombramientos del poder judicial, entre otros.

Y la premisa es la importancia de que el PSOE es el partido más votado en las últimas dos Elecciones Generales y que su secretario general ostenta actualmente la presidencia del Gobierno. Gracias a este «ruling dividend» trufado de una épica discursiva contraria a la derecha por las características del último mandato del PP entre 2016 y 2018, los militantes y cargos orgánicos socialistas están unidos en torno a ello sin reparar en que su «causa» (su agenda de Gobierno en materia económica, social y exterior) está siendo desplazada del centro político hacia uno de los extremos, empujada por la confluencia de fuerzas nacionalistas, populistas e iliberales.

En consecuencia, existe una diferencia sustancial entre la percepción del simpatizante o cargo del PSOE en torno a las medidas que se están tomando y las consecuencias que con una alta probabilidad se pueden producir. Pero incluso para aquellos que sí pueden ser medianamente conscientes del riesgo que entraña la conservación de los apoyos de legislatura, importa más perder la posición de Gobierno y cederla al PP que los riesgos para el orden constitucional. 

Para salir de esta situación -y antes de que sea demasiado tarde para el Estado de Derecho- hay varias alternativas, pero todas ellas pasan por un cambio de fondo en la percepción que la mayoría de los simpatizantes, militantes y cargos del PSOE tienen de la situación actual. Si esto se produce, la probabilidad de que los actuales dirigentes den marcha atrás y cambien de rumbo es elevada. Una dirección, por mucho «ruling dividend» que tenga, no se puede sostener en el tiempo con un rechazo generalizado de sus acciones. Éste es el trabajo a desarrollar en las próximas semanas y meses desde la base y con la base.

Es poco prudente esperar a que un dirigente actual o histórico tenga los incentivos y la fuerza suficiente para intentar un cambio en la política actual, ya que trabajará en contra no sólo de la dirección, sino que tampoco conseguirá persuadir a unas bases alimentadas con mensajes sencillos y con poca percepción de los riesgos. Y menos aún dejar que la presión del cambio descanse sobre los que se consideran adversarios políticos con herramientas tradicionales como manifestaciones, mociones de censura o confiar en un vuelco electoral significativo en los comicios de mayo. No es el momento de reacciones desairadas ni tactistas que sólo servirán para desincentivar al que hoy cierra filas en torno a su líder. 

Es una tarea muy compleja que requiere del concurso de todos, en un momento en que el Gobierno de coalición, ERC y EH Bildu juegan de manera repetida al «dilema del prisionero». Han aprendido a cooperar, a necesitarse mutuamente. Y eso es letal para la estabilidad democrática de España. Para romper este «dilema del prisionero» no se puede confiar en que los separatistas y herederos del terrorismo cometan algún error que les deje fuera de juego. Históricamente nunca ha sido así: conforme reciben concesiones por parte de los Gobiernos nacionales, sus reivindicaciones aumentan. Hay que actuar, cuanto antes, sobre el partido que durante muchos años ha sido central y que hoy conforme se escora hacia el extremo, dibuja un espacio de orfandad política creciente.

El elevado coste de aprobar los últimos Presupuestos de la legislatura

El problema no es en qué se cede sino ante quién se hace. No es lo mismo ceder para llegar a un acuerdo con fuerzas políticas centradas que hacerlo con extremistas que, además, alardean públicamente de que gracias a ellas el Gobierno actual mantiene su estabilidad parlamentaria

FUENTE: EFE

Los apoyos son los ya conocidos: ERC, PNV y EH Bildu. Una ‘ayuda’ que la ministra de Hacienda compara con los Pactos de La Moncloa, que ahora cumplen 45 años, para defenderse de los indefendibles. Huelga decir que cualquier parecido de los Pactos de la Moncloa con la situación actual es pura coincidencia. Ni el lugar que cada actor representaba en el espectro político es el mismo (más allá de las siglas), ni tampoco el fondo del discurso, la política económica y las medidas concretas.

Para lograr la suma mágica, los negociadores de la Moncloa han tenido que conceder importantes cuestiones. El apoyo más costoso en términos políticos y monetarios es el de ERC con la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación. A ello se añaden más de 23.000 millones de gasto público para 2023.

Si la polémica ha rodeado la propuesta de reformar a la baja las penas por sedición, el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu no es menos costoso. La formación radical vasca ha conseguido sellar un pacto de diez puntos en el que se recogen, entre otras cuestiones, el traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra, donde esta función pasará a desempeñarla la Policía Foral en lugar de la Guardia Civil, y la prolongación del tope del 2 % en la actualización de los alquileres hasta diciembre del 2023.

Por último, el PNV ha añadido sus seis votos al casillero gubernamental a cambio de la renovación del Concierto Económico Vasco (y la actualización del cálculo del cupo) en los mismos parámetros ahora vigentes para los próximos cinco años y de la aprobación de hasta 49 enmiendas a las cuentas, con lo que eleva en 41 millones de euros lo cosechado por los nacionalistas en el 2021. A ello se añade el PDeCAT y su enmienda para extender la gratuidad del transporte público para el usuario a los autobuses de larga distancia.

En suma, serán las urnas las que dictaminarán, en un año, si el precio ha valido la pena.

Más prudencia con la política presupuestaria

La semana pasada, el Ejecutivo presento el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con la peculiaridad de ser el de mayor gasto público de la historia de nuestro país. Previsiblemente será aprobado en la Cámara Baja, no sin antes algunos ajustes presumiblemente provenientes de los socios de la coalición

FUENTE: EFE

Este Presupuesto puede tener mayor importancia de lo normal, y es que el calendario de las próximas elecciones generales puede hacer que se ejecute no solo en 2023, sino que se prorrogue hasta 2024, por lo que serían unas Cuentas con virtualidad bianual. 

Sorprende que en la actual situación el Gobierno se centre en incrementar el gasto muy por encima del crecimiento nominal de la economía, mientras en Europa sobrevuelan los fantasmas de las pasadas crisis. Berlín, París y Roma miran con miedo al cielo en la actual situación económica internacional, apostando por unas políticas de gasto público mucho más austeras después de navegar a merced de las políticas monetarias del BCE, inundando de liquidez el sistema. Una política expansiva que ha fomentado la inflación actual, que es la gran amenaza de la prosperidad europea. 

Ahora el BCE puso en marcha, con mucho retraso, una política monetaria restrictiva que choca frontalmente con las políticas presupuestarias expansivas que ha venido alentando Bruselas y que nuestro país ha suscrito sin miramientos. En este contexto, donde el último informe del Banco de España describía esta semana con tintes mucho más dramáticos, el Gobierno acaba de presentar su proyecto de Presupuestos, unos PGE demasiado expansivos que ignoran nuestro contexto por completo, porque, digámoslo, no son los Presupuestos que España necesita y que le vendrían bien al país en estos momentos, sino los que convienen a la coalición para tratar de ganar la reelección a finales del próximo año. 

El problema de las Cuentas es que la previsión sobre la que se sustentan sea creíble. Solo 24 horas antes de aprobarlos, la vicepresidenta económica ya rebajó esa previsión de crecimiento al 2,1% del PIB. Pero apenas 24 horas después, el Banco de España desautorizó ese dato, al fijar su propia previsión en el 1,4%, siete décimas menos, y aún menos el FMI con un 1,2%. Unas pocas décimas en el ‘Libro Amarillo’ es mucho dinero.

En consecuencia, las estimaciones de ingresos no financieros contenidas en el proyecto son papel mojado. la reducción del crecimiento es muy importante, porque significa no solo que vas a crecer menos, y por tanto vas a recaudar menos, sino que no vas a crear empleo, al contrario, con lo que ello significa en términos de recaudación. De modo que el capítulo de ingresos está inflado y normalmente serán inferiores, incluso muy inferiores, a pesar del efecto de la inflación y de los fondos Next Generation. 

Con los gastos ocurre lo contrario. Unas prácticas particularmente llamativas en el caso de las cuentas de la Seguridad Social, con ingresos sobreestimados para poder hacer frente a la enorme cuantía del gasto reconocido. Y para dar dinero público primero hay que quitárselo al contribuyente. Pensionistas, trabajadores públicos (la masa salarial del Estado supera los 25.000 millones) y rentas del trabajo inferiores a 21.000 euros son los grandes beneficiarios de esta política.

Cuadrar esas cuentas va a ser tarea difícil. Y si no cuadran, seguiremos aumentando la deuda pública que, antes o después tendremos que pagar. Será bueno que no nos instalemos en el pan para hoy hambre para mañana. 

Cataluña se esconde tras la mentira presupuestaria

La Generalidad de Cataluña no sabe mentir, así como los partidos que componen el gobierno regional. Cataluña se sitúa a la cola de la ejecución presupuestaria de 2021 y la culpa es de Madrid y el Gobierno de Sánchez; No. Aquí la culpa reside en el seno de la Generalidad y de la falta de predisposición para utilizar el dinero público asignado en los Presupuestos Generales del Estado.

FUENTE: EFE

El independentismo lleva engordando sus cuentas con Gobiernos de unos y otros signos políticos desde hace años bajo la amenaza de la independencia y ahora culpa al Ejecutivo central por no tener la capacidad de ejecutar el dinero que se le ha asignado.

La ejecución presupuestaria nace fruto de la colaboración entre gobiernos central, autonómico y local sin favorecer a unos frente a otros, ya que el reparto de fondos se hace primero y luego son las regiones y municipios los que se encargan de seleccionar, en base a sus necesidades, las inversiones más adecuadas.

Luchar frente a las mentiras del populismo es un trabajo muy complicado, y más frente al independentismo. Todo son excusas y ninguna se sustenta más allá de desviar la culpa a otros y generar alarma sobre el resto de comunidades para tratar de desestabilizar al Gobierno. “La culpa es de Madrid”; “provoca el hambre de otros territorios”; “es una humillación”.

La Generalidad pasa de verdugo a víctima con gran asiduidad y en este caso es la gran víctima de una persecución estatal, pero los que realmente son víctimas son los ciudadanos catalanes, que son los que sufren los vaivenes y la falta de calidad de sus gobernantes.

El Estado ejecutó el año pasado en Cataluña un 35,77 % de la inversión prevista en el presupuesto, es decir, 739,8 millones de euros sobre los 2.068 millones previstos, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado.

Unas cifras que contrastan con las de la Comunidad de Madrid, que logró una ejecución del 183,9 %, al recibir 952 millones más de lo presupuestado.

Estos datos están fuertemente relacionados entre sí, y coexisten debido a la falta de motivaciones de unos para mejorar y la voluntad de otros por facilitar a sus ciudadanos nuevas ventajas. Las mentiras independentistas, apoyadas en la Cámara por el brazo político del terrorismo, cada vez son creídas por menos ciudadanos. El funcionamiento del mecanismo de ejecución presupuestaria es simple: El Gobierno aprueba los PGE, con su correspondiente reparto a las comunidades autónomas. Cada Gobierno autonómico presenta sus propuestas de inversión y el Gobierno manda resoluciones, en su mayoría positivas, para ejecutar la inversión.

Sin propuestas no hay inversión. No podemos confundir persecución con falta de predisposición. El Govern catalán prefiere continuar con el discurso de que “España nos roba” para poder engañar al electorado. Las mentiras dejan de sostenerse con el tiempo y los catalanes ya las han vivido todas. Cataluña podría estar a la altura de la Comunidad de Madrid, pero el mayor lastre es su propio Gobierno.

El concepto ‘derogación política’ y el triunfo del ‘neolenguaje’

El neolenguaje es una herramienta útil para conciliar realidades que no son conciliables, decir algo sin decir nada o hacer brillar una u otra decisión política sin que implique nada nuevo y/o deseable. Ésta es la acción principal de la vicepresidenta Díaz en torno a la mal llamada ‘derogación de la reforma laboral’, más aún denominándola ‘derogación política’. 

Fuente:EFE

Quitar la capa del ‘neolenguaje’ permite ver los aspectos básicos que sí pueden ser analizados y medibles de forma seria. El primero -y más importante- es que, a falta de conocer el texto definitivo, el nuevo Decreto-ley se limita a retocar aspectos relevantes de la normativa actual nacida en 2012, pero con consecuencias prácticas reducidas en materia de fijación de salarios, condiciones de trabajo y tipo de contratación.

Es, en este momento, no el óptimo pero sí uno de los mejores resultados de una negociación que se había complicado de una forma extraordinaria, dada la ambición de la vicepresidenta Díaz de obtener un banderín de enganche ante las próximas citas electorales. Si bien algunos de los socios de legislatura ya han dicho que no apoyarán la convalidación del Real Decreto-Ley cuando éste se lleve a las Cortes, los cambios normativos anunciados al menos no ponen en riesgo el puesto de trabajo de la mayor parte de los trabajadores, ya sea con un endurecimiento de las condiciones de empleabilidad o frenando la contratación por parte de los empresarios. Sánchez se metió en un gran problema con sus pactos para gobernar y ahora está pagando con creces estas decisiones.

En los últimos días, al menos la vicepresidenta segunda ha sido sincera, pero usando el ‘neolenguaje’ de ‘derogación política’. Yolanda Díaz admitió que el uso de este término es un «fetiche político» y que «técnicamente» no se puede poner fin a la norma de manera completa. La reforma laboral de 2012 «fue expansiva y afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de Trabajadores, a varios reales decretos y a varias directivas», explicó la también ministra de Trabajo, que concretó que el objetivo es «suprimir algunos aspectos del ordenamiento jurídico», como, de hecho, ya ha ocurrido durante esta legislatura en casos puntuales. «Pero otros no», aclaró, por lo que el Gobierno no tiene previsto acabar totalmente con la norma, sino con el «marco de relaciones laborales del PP», que va a «cambiar».

Es imprescindible que se hagan cambios en el mercado laboral y Europa ya ha avisado de que hay que tocar la Reforma Laboral de 2012, y también ha dicho que no se debe eliminar los preceptos que evitan rigideces en el ecosistema español sin haber salido de la presente crisis en la que nos encontramos, pero el gobierno y sus socios lo han enfocado desde el punto de vista político, ni siquiera ideológico, y ahí reside el principal problema: sus motivaciones se centran en conseguir una suerte de ‘triunfo político’ para sus votantes más que tratar de mejorar el contexto actual en el que nos encontramos

Con respecto a la temporalidad, era necesario abordar el problema, como pide Europa, desde el consenso con patronal y sindicatos, no desde la imposición a través de porcentajes que pide el Ejecutivo. El mercado laboral no responde a los deseos o voluntades de los empresarios o los sindicatos, depende del ciclo económico. La contratación temporal responde a necesidades coyunturales. De lo que no depende es de la voluntad política. Y esto es lo que se trata de imponer sin ser conscientes de las consecuencias y de cómo pueden afectar estos cambios al mercado.

La vicepresidenta primera de Gobierno y responsable de Economía, Nadia Calviño, es quien ha tenido las cosas más claras. Ha expresado «con claridad» y desde hace «bastante tiempo» cuál es el objetivo del Gobierno de coalición: ejecutar una contrarreforma que permita «erradicar la precariedad» en el mercado laboral, no hacer una reforma política que contente a algunos y pueda precarizar el mercado.

Todo lo demás, opinó la ministra de Asuntos Económicos, forma parte de una discusión «estéril» en busca de «eslóganes». Los españoles «se merecen más», zanjó Calviño sobre la polémica acerca de cómo definir la acción que está diseñando el Ejecutivo y tiene toda la razón del mundo. En esta ocasión, la voz de Calviño ha prevalecido en los cambios necesarios en la reforma del 2012.