Cataluña se esconde tras la mentira presupuestaria

La Generalidad de Cataluña no sabe mentir, así como los partidos que componen el gobierno regional. Cataluña se sitúa a la cola de la ejecución presupuestaria de 2021 y la culpa es de Madrid y el Gobierno de Sánchez; No. Aquí la culpa reside en el seno de la Generalidad y de la falta de predisposición para utilizar el dinero público asignado en los Presupuestos Generales del Estado.

FUENTE: EFE

El independentismo lleva engordando sus cuentas con Gobiernos de unos y otros signos políticos desde hace años bajo la amenaza de la independencia y ahora culpa al Ejecutivo central por no tener la capacidad de ejecutar el dinero que se le ha asignado.

La ejecución presupuestaria nace fruto de la colaboración entre gobiernos central, autonómico y local sin favorecer a unos frente a otros, ya que el reparto de fondos se hace primero y luego son las regiones y municipios los que se encargan de seleccionar, en base a sus necesidades, las inversiones más adecuadas.

Luchar frente a las mentiras del populismo es un trabajo muy complicado, y más frente al independentismo. Todo son excusas y ninguna se sustenta más allá de desviar la culpa a otros y generar alarma sobre el resto de comunidades para tratar de desestabilizar al Gobierno. “La culpa es de Madrid”; “provoca el hambre de otros territorios”; “es una humillación”.

La Generalidad pasa de verdugo a víctima con gran asiduidad y en este caso es la gran víctima de una persecución estatal, pero los que realmente son víctimas son los ciudadanos catalanes, que son los que sufren los vaivenes y la falta de calidad de sus gobernantes.

El Estado ejecutó el año pasado en Cataluña un 35,77 % de la inversión prevista en el presupuesto, es decir, 739,8 millones de euros sobre los 2.068 millones previstos, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado.

Unas cifras que contrastan con las de la Comunidad de Madrid, que logró una ejecución del 183,9 %, al recibir 952 millones más de lo presupuestado.

Estos datos están fuertemente relacionados entre sí, y coexisten debido a la falta de motivaciones de unos para mejorar y la voluntad de otros por facilitar a sus ciudadanos nuevas ventajas. Las mentiras independentistas, apoyadas en la Cámara por el brazo político del terrorismo, cada vez son creídas por menos ciudadanos. El funcionamiento del mecanismo de ejecución presupuestaria es simple: El Gobierno aprueba los PGE, con su correspondiente reparto a las comunidades autónomas. Cada Gobierno autonómico presenta sus propuestas de inversión y el Gobierno manda resoluciones, en su mayoría positivas, para ejecutar la inversión.

Sin propuestas no hay inversión. No podemos confundir persecución con falta de predisposición. El Govern catalán prefiere continuar con el discurso de que “España nos roba” para poder engañar al electorado. Las mentiras dejan de sostenerse con el tiempo y los catalanes ya las han vivido todas. Cataluña podría estar a la altura de la Comunidad de Madrid, pero el mayor lastre es su propio Gobierno.

El concepto ‘derogación política’ y el triunfo del ‘neolenguaje’

El neolenguaje es una herramienta útil para conciliar realidades que no son conciliables, decir algo sin decir nada o hacer brillar una u otra decisión política sin que implique nada nuevo y/o deseable. Ésta es la acción principal de la vicepresidenta Díaz en torno a la mal llamada ‘derogación de la reforma laboral’, más aún denominándola ‘derogación política’.

Fuente:EFE

Quitar la capa del ‘neolenguaje’ permite ver los aspectos básicos que sí pueden ser analizados y medibles de forma seria. El primero -y más importante- es que, a falta de conocer el texto definitivo, el nuevo Decreto-ley se limita a retocar aspectos relevantes de la normativa actual nacida en 2012, pero con consecuencias prácticas reducidas en materia de fijación de salarios, condiciones de trabajo y tipo de contratación.

Es, en este momento, no el óptimo pero sí uno de los mejores resultados de una negociación que se había complicado de una forma extraordinaria, dada la ambición de la vicepresidenta Díaz de obtener un banderín de enganche ante las próximas citas electorales. Si bien algunos de los socios de legislatura ya han dicho que no apoyarán la convalidación del Real Decreto-Ley cuando éste se lleve a las Cortes, los cambios normativos anunciados al menos no ponen en riesgo el puesto de trabajo de la mayor parte de los trabajadores, ya sea con un endurecimiento de las condiciones de empleabilidad o frenando la contratación por parte de los empresarios. Sánchez se metió en un gran problema con sus pactos para gobernar y ahora está pagando con creces estas decisiones.

En los últimos días, al menos la vicepresidenta segunda ha sido sincera, pero usando el ‘neolenguaje’ de ‘derogación política’. Yolanda Díaz admitió que el uso de este término es un «fetiche político» y que «técnicamente» no se puede poner fin a la norma de manera completa. La reforma laboral de 2012 «fue expansiva y afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de Trabajadores, a varios reales decretos y a varias directivas», explicó la también ministra de Trabajo, que concretó que el objetivo es «suprimir algunos aspectos del ordenamiento jurídico», como, de hecho, ya ha ocurrido durante esta legislatura en casos puntuales. «Pero otros no», aclaró, por lo que el Gobierno no tiene previsto acabar totalmente con la norma, sino con el «marco de relaciones laborales del PP», que va a «cambiar».

Es imprescindible que se hagan cambios en el mercado laboral y Europa ya ha avisado de que hay que tocar la Reforma Laboral de 2012, y también ha dicho que no se debe eliminar los preceptos que evitan rigideces en el ecosistema español sin haber salido de la presente crisis en la que nos encontramos, pero el gobierno y sus socios lo han enfocado desde el punto de vista político, ni siquiera ideológico, y ahí reside el principal problema: sus motivaciones se centran en conseguir una suerte de ‘triunfo político’ para sus votantes más que tratar de mejorar el contexto actual en el que nos encontramos

Con respecto a la temporalidad, era necesario abordar el problema, como pide Europa, desde el consenso con patronal y sindicatos, no desde la imposición a través de porcentajes que pide el Ejecutivo. El mercado laboral no responde a los deseos o voluntades de los empresarios o los sindicatos, depende del ciclo económico. La contratación temporal responde a necesidades coyunturales. De lo que no depende es de la voluntad política. Y esto es lo que se trata de imponer sin ser conscientes de las consecuencias y de cómo pueden afectar estos cambios al mercado.

La vicepresidenta primera de Gobierno y responsable de Economía, Nadia Calviño, es quien ha tenido las cosas más claras. Ha expresado «con claridad» y desde hace «bastante tiempo» cuál es el objetivo del Gobierno de coalición: ejecutar una contrarreforma que permita «erradicar la precariedad» en el mercado laboral, no hacer una reforma política que contente a algunos y pueda precarizar el mercado.

Todo lo demás, opinó la ministra de Asuntos Económicos, forma parte de una discusión «estéril» en busca de «eslóganes». Los españoles «se merecen más», zanjó Calviño sobre la polémica acerca de cómo definir la acción que está diseñando el Ejecutivo y tiene toda la razón del mundo. En esta ocasión, la voz de Calviño ha prevalecido en los cambios necesarios en la reforma del 2012.

La gran subasta

La negociación presupuestaria es siempre un tira y afloja entre el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios. Si en la última edición de nuestra newsletter hablábamos de los intentos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) por romper la Denominación de Origen Rioja con fines políticos y tener poder de decisión en la producción de los vinos de La Rioja alavesa, en esta hablamos del desbloqueo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a los Presupuestos Generales del Estado debido a la aprobación de la Ley Audiovisual.

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Esto reservará un mínimo anual de 15 millones de euros para la producción de películas y series en catalán y demás lenguas cooficiales, así como la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales, según los detalles avanzados por ERC. 

La formación independentista asegura que, con este acuerdo, que ha permitido dar luz verde a la tramitación de los Presupuestos en el Senado, «todas las plataformas que operan en España, incluso las que tengan su sede en el extranjero como Netflix, HBO o Disney Plus, tendrán que financiar cada año producciones audiovisuales en catalán, por una vía o por otra. 

Así, cada año se destinarán un mínimo 15 millones de euros a la producción en catalán y en el resto de lenguas oficiales, lo que significa un 15% del 70% de la producción total que España exige a todas las plataformas (incluida las radicadas en el extranjero) a través del artículo 117 del anteproyecto, que establece la obligación de destinar el 5% de los beneficios a producciones europeas. Esta medida se recogerá en la ley y así no dependerá cada año de los presupuestos. 

Por su parte, el PSOE destaca que el acuerdo «encaja en la directiva europea» y también en la política del Gobierno de promoción de las lenguas cooficiales. Así ha querido poner en valor la ley «en su conjunto» porque supondrá «un punto de inflexión» para el sector audiovisual en España. 

Es inadmisible que los presupuestos se negocien al mejor postor. Por un lado, el Gobierno no puede generar una subasta con los recursos que se deben emplear en la mejora de los recursos del país. Y por el otro, es vergonzoso destinar recursos públicos para contentar los deseos del independentismo en otro refuerzo más a su proyecto de separar Cataluña de España sin tener la calidad de país. 

Desde ‘La España que Reúne’ nos parece que tomar este tipo de decisiones, puramente políticas que no buscan el beneficio común, solo empeora la calidad democrática de nuestro país. No es el momento más adecuado para seguir distanciando a los ciudadanos y decisiones como esta solo generan una tensión mayor entorno a Cataluña.  

No a la ruptura política de una unidad de mercado

En medio de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 ha reaparecido un asunto que los nacionalistas vascos se han encargado de recuperar para tratar de sacar tajada al diálogo presupuestario. Las intenciones del PNV son claras: trocear la Denominación de Origen Calificada Rioja sólo por la ambición de romper uno de los últimos puentes efectivos de unidad nacional. Una operación que no tiene ni sentido económico, ni social ni mucho menos en un mercado cada vez más global.

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El PNV está decidido a romper la D.O.Ca Rioja y su forma de hacerlo es a través de darle entidad independiente a los vinos producidos en la Rioja Alavesa. Para ello, sigue en pie la batalla judicial para crear una Denominación de Origen Protegida Viñedos de Álava, sin que esto esté fundamentado en una necesidad de crear nuevas marcas porque las antiguas hayan dejado de funcionar o tengan problemas en los mercados internacionales.

Del mismo modo, no es la primera vez que este tema se debate. Y es que el PNV registró en julio de 2020 una proposición para cambiar la ley que regula las denominaciones de origen de ámbito territorial supraautonómico. El PNV pretende tener una denominación propia de Rioja Alavesa dentro de la Denominación Rioja, lo que le otorgaría al Gobierno vasco cierto poder de control en el consejo regulador de esta subdenominación.

Y es que no tiene ningún sentido, para unos y otros, que esa idea termine por llegar a ejecutarse. Por un lado, las pequeñas bodegas de la Rioja alavesa pueden llegar a desaparecer en un acto suicida por parte del PNV desfavoreciendo a aquellas no tan conocidas. En palabras del dueño de una pequeña bodega alavesa a medios digitales “Hay gente que va a un restaurante y pide un Luis Cañas porque ya lo conoce, pero hay muchos que directamente piden un Rioja. Si nos escindimos, para nosotros podría ser la ruina», explica con toda cordura el bodeguero.

Por el otro lado, cabe destacarse que la Denominación de Origen Rioja es la etiqueta vinícola más prestigiosa a nivel nacional y uno de las mejores del mundo. Los vinos de La Rioja son marca España y bajo esta calificación se engloban más de 550 bodegas embotelladoras que producen anualmente una media de 269 millones de litros de vino.

Es evidente que este es un tema con más intereses políticos que de la propia calidad de los cultivos. Las pretensiones de poder del PNV han condicionado al Gobierno a la hora de hacer el texto presupuestario, ya que el Ejecutivo de coalición necesitaba a los partidos independentistas para dar luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero este apoyo no iba a ser gratuito. Sánchez ha tenido que ceder en algunos puntos para sacar adelante las cuentas estatales.

Sánchez tiene que elegir entre hacer bien su trabajo o restarle valor al de muchísimas personas que dependen de esta Denominación de Origen.

Claves de los Presupuestos Generales del Estado

Tras un año convulso, al Gobierno le toca conseguir la aprobación de las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. No será tarea fácil después de la reducción en 1,6 puntos de la previsión de crecimiento para España este año (4,6%) por parte de la Comisión Europea.

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Si ya de por sí el proyecto de Presupuestos no era realista (tal como han subrayado diversas instituciones públicas y privadas en los últimos meses), la revisión del crecimiento previsto por parte de la Comisión Europea ha terminado de romper el discurso del Ejecutivo. Las cifras publicadas por el Gobierno se quedarán lejos de cumplirse tras lo expresado por la Comisión Europea, con un gasto elevado que no permitirá cumplir el déficit y por el que Europa pedirá explicaciones a partir de 2023 y, por si fuera poco, con una estimación de crecimiento del PIB que para el año que viene se ha reducido en ocho décimas (5,5%).

El proyecto de ley, que está ahora en manos de los grupos políticos de la Cámara Baja (especialmente los socios habituales del Gobierno), fue presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace aproximadamente un mes; ahora es momento de negociar y todo queda supeditado a los clásicos acuerdos entre partidos en base a distintos intereses ideológicos, pero primero analizaremos las claves de estos PGE para el año que entra.

Los del año próximo, serán los presupuestos con mayor gasto público de la historia, 240.000 millones de euros, gracias a la entrada de los fondos europeos a nuestro país, que han sido muy importantes para dotar de semejante músculo financiero al Estado. El Gobierno, que da por hecho que contará con la llegada de 27.633 millones adicionales de los fondos europeos, confía en que éstas sean las cuentas que impulsen la recuperación.

Empleo

Según los datos manejados por el Gobierno, la recuperación económica para el próximo año está cifrada en un 7%, lo cual se verá en el empleo que, según este texto, en España crecerá un 2,5%. Esta situación llevará a una tasa de paro del 14% para finales del próximo año.

Para la cartera de Trabajo, la reactivación del mercado laboral supondrá una reducción en las prestaciones y mayores ingresos en cotizaciones. Por su parte, el SEPE prevé un gasto de cerca de 22.500 millones de euros que en su mayoría irán a parar a prestaciones no contributivas. En total, este gasto se reducirá un 10% en comparación con el de 2021.

Energía

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 establecen además un incremento del gasto del 1,2% en el capítulo de energía e industria, que contará con una dotación de 11.316 millones de euros. En este apartado, la inversión experimenta un incremento vinculado a la mayor compensación para la industria para frenar el incremento del precio de la luz.

Sanidad

Año y medio después del inicio del coronavirus, la partida del Ministerio de Sanidad cae por la menor inversión en vacunas. En concreto, cae un 9,9%. Sin embargo, la cifra tiene dos lecturas: teniendo en cuenta las vacunas, hay menos presupuesto total (ese 9,9%), pero sin ellas hay más (un 11%).

El año pasado, Sanidad obtuvo un presupuesto de 7.330 millones debido a la inversión en las vacunas que estaban a punto de llegar. Sin embargo, este año, con 37 millones de personas ya vacunadas, se va a destinar menos de la mitad de dinero a este aspecto. Si en las previsiones del año pasado la vacunación supuso 2.436 millones de los Presupuestos, en las de éste se quedará en 1.172 millones.

Cultura

El Ministerio de Cultura ya contó en este ejercicio con su mayor presupuesto en una década, pero este año el Ministerio contará con un 38,4% más que en 2021. El dinero con el que contará la cartera de Miquel Iceta pasará de cara a 2022 de 1.148 millones de euros a 1.589 millones. De ellos, 356 millones proceden de la Fondos de Recuperación europeos.

Recortes

El Gobierno sí ha reducido su asignación a la corporación RTVE un 6,3% para dejarla en 443 millones de euros, 30 millones menos que los adjudicados en los anteriores Presupuestos Generales del Estado.

Además, el Gobierno congela la asignación dedicada a la Casa Real. En concreto, ha previsto un total de 8.431.150 euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Esta cifra implica una congelación respecto a la del ejercicio 2021 tal y como se consignó en la sección 01 de las cuentas del Estado y publica la Casa de su Majestad el Rey en su página web.

Politización, redes clientelares y búsqueda de rentas: los riesgos para la Administración Pública

El corazón del funcionamiento del Estado ha sufrido dos ataques relevantes en los últimos días: por un lado, el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición y sus socios habituales para convertir en fijos a los trabajadores públicos interinos que lleven cinco años en su plaza sin necesidad de opositar. Y, por otro lado, la incapacidad de los dos grandes partidos de reformar el sistema de elección de cargos en los diferentes órganos constitucionales con carácter previo a un nuevo apaño como ha sido habitual en las últimas décadas.

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Tanto el primero como el segundo son acuerdos que socavan la calidad institucional, generando incentivos perversos tanto en el funcionamiento de la actual Administración como, muy especialmente, para los que serán los funcionarios y cargos públicos del futuro. Desaparece todo incentivo al mérito, la capacidad, el esfuerzo y la honorabilidad, valores sin los cuales no habría sido posible construir uno de los aparatos más relevantes que sostienen cada día a España. Son sustituidos por la proximidad de agenda política, la búsqueda de subterfugios que permita prosperar en ciertas carreras públicas con situación de ventaja injusta frente al resto o, simplemente, la búsqueda de rentas y poder que permita lucrarse económica y políticamente más que si se siguieran los cauces normales. 

Con todos los defectos y necesidades de reforma tanto del sistema de acceso a la función pública como de la escala informal que permite conseguir cargos de relevancia dado un currículum virtuoso, España ha construido a lo largo de las décadas un sistema razonable de ascensor social, el cual ha sufrido un deterioro constante en los últimos años debido a la extensión progresiva de redes clientelares basadas en organismos públicos paralelos controlados por los partidos políticos, elección arbitraria de altos cargos sin un preceptivo concurso de méritos serio y consistente, y la rebaja de las exigencias de estudio, conocimientos y competencias en los sucesivos pasos para alcanzar un puesto público.

Dada esta situación, es urgente un plan de reversión del deterioro institucional que recupere lo mejor del ascensor social construido en las últimas décadas, mejorando y cambiando lo que no funcionaba previamente. En esta discusión, un punto relevante es la igualdad de oportunidades, especialmente desde el punto de vista laboral y financiero. La creación de empleo público debe hacerse más eficiente, con un concurso de méritos y especial hincapié en aquéllos que tienen menos recursos, para acceder tanto a los puestos ordinarios como posteriormente a cargos de relevancia.

Estamos confundiendo gravemente el concepto de ‘interinidad’ con el de ‘temporalidad’, lo cual no se puede resolver a golpe de decreto, generando no sólo una discriminación frente a los empleados públicos que sí han opositado de forma completa, sino también con respecto a los trabajadores del sector privado, afectados por una ‘temporalidad oculta’ como es el elevado porcentaje de ocupados fijos pero a tiempo parcial. Aunque la medida se venda como ‘excepcional’ y por ‘sólo una vez’, no ha sido, ni es, ni tristemente será la última vez que esto suceda en el período democrático.