Politización, redes clientelares y búsqueda de rentas: los riesgos para la Administración Pública

El corazón del funcionamiento del Estado ha sufrido dos ataques relevantes en los últimos días: por un lado, el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición y sus socios habituales para convertir en fijos a los trabajadores públicos interinos que lleven cinco años en su plaza sin necesidad de opositar. Y, por otro lado, la incapacidad de los dos grandes partidos de reformar el sistema de elección de cargos en los diferentes órganos constitucionales con carácter previo a un nuevo apaño como ha sido habitual en las últimas décadas.

Fuente:EFE

Tanto el primero como el segundo son acuerdos que socavan la calidad institucional, generando incentivos perversos tanto en el funcionamiento de la actual Administración como, muy especialmente, para los que serán los funcionarios y cargos públicos del futuro. Desaparece todo incentivo al mérito, la capacidad, el esfuerzo y la honorabilidad, valores sin los cuales no habría sido posible construir uno de los aparatos más relevantes que sostienen cada día a España. Son sustituidos por la proximidad de agenda política, la búsqueda de subterfugios que permita prosperar en ciertas carreras públicas con situación de ventaja injusta frente al resto o, simplemente, la búsqueda de rentas y poder que permita lucrarse económica y políticamente más que si se siguieran los cauces normales. 

Con todos los defectos y necesidades de reforma tanto del sistema de acceso a la función pública como de la escala informal que permite conseguir cargos de relevancia dado un currículum virtuoso, España ha construido a lo largo de las décadas un sistema razonable de ascensor social, el cual ha sufrido un deterioro constante en los últimos años debido a la extensión progresiva de redes clientelares basadas en organismos públicos paralelos controlados por los partidos políticos, elección arbitraria de altos cargos sin un preceptivo concurso de méritos serio y consistente, y la rebaja de las exigencias de estudio, conocimientos y competencias en los sucesivos pasos para alcanzar un puesto público.

Dada esta situación, es urgente un plan de reversión del deterioro institucional que recupere lo mejor del ascensor social construido en las últimas décadas, mejorando y cambiando lo que no funcionaba previamente. En esta discusión, un punto relevante es la igualdad de oportunidades, especialmente desde el punto de vista laboral y financiero. La creación de empleo público debe hacerse más eficiente, con un concurso de méritos y especial hincapié en aquéllos que tienen menos recursos, para acceder tanto a los puestos ordinarios como posteriormente a cargos de relevancia.

Estamos confundiendo gravemente el concepto de ‘interinidad’ con el de ‘temporalidad’, lo cual no se puede resolver a golpe de decreto, generando no sólo una discriminación frente a los empleados públicos que sí han opositado de forma completa, sino también con respecto a los trabajadores del sector privado, afectados por una ‘temporalidad oculta’ como es el elevado porcentaje de ocupados fijos pero a tiempo parcial. Aunque la medida se venda como ‘excepcional’ y por ‘sólo una vez’, no ha sido, ni es, ni tristemente será la última vez que esto suceda en el período democrático.