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El neolenguaje es una herramienta útil para conciliar realidades que no son conciliables, decir algo sin decir nada o hacer brillar una u otra decisión política sin que implique nada nuevo y/o deseable. Ésta es la acción principal de la vicepresidenta Díaz en torno a la mal llamada ‘derogación de la reforma laboral’, más aún denominándola ‘derogación política’.

Fuente:EFE

Quitar la capa del ‘neolenguaje’ permite ver los aspectos básicos que sí pueden ser analizados y medibles de forma seria. El primero -y más importante- es que, a falta de conocer el texto definitivo, el nuevo Decreto-ley se limita a retocar aspectos relevantes de la normativa actual nacida en 2012, pero con consecuencias prácticas reducidas en materia de fijación de salarios, condiciones de trabajo y tipo de contratación.

Es, en este momento, no el óptimo pero sí uno de los mejores resultados de una negociación que se había complicado de una forma extraordinaria, dada la ambición de la vicepresidenta Díaz de obtener un banderín de enganche ante las próximas citas electorales. Si bien algunos de los socios de legislatura ya han dicho que no apoyarán la convalidación del Real Decreto-Ley cuando éste se lleve a las Cortes, los cambios normativos anunciados al menos no ponen en riesgo el puesto de trabajo de la mayor parte de los trabajadores, ya sea con un endurecimiento de las condiciones de empleabilidad o frenando la contratación por parte de los empresarios. Sánchez se metió en un gran problema con sus pactos para gobernar y ahora está pagando con creces estas decisiones.

En los últimos días, al menos la vicepresidenta segunda ha sido sincera, pero usando el ‘neolenguaje’ de ‘derogación política’. Yolanda Díaz admitió que el uso de este término es un “fetiche político” y que “técnicamente” no se puede poner fin a la norma de manera completa. La reforma laboral de 2012 “fue expansiva y afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de Trabajadores, a varios reales decretos y a varias directivas”, explicó la también ministra de Trabajo, que concretó que el objetivo es “suprimir algunos aspectos del ordenamiento jurídico”, como, de hecho, ya ha ocurrido durante esta legislatura en casos puntuales. “Pero otros no”, aclaró, por lo que el Gobierno no tiene previsto acabar totalmente con la norma, sino con el “marco de relaciones laborales del PP”, que va a “cambiar”.

Es imprescindible que se hagan cambios en el mercado laboral y Europa ya ha avisado de que hay que tocar la Reforma Laboral de 2012, y también ha dicho que no se debe eliminar los preceptos que evitan rigideces en el ecosistema español sin haber salido de la presente crisis en la que nos encontramos, pero el gobierno y sus socios lo han enfocado desde el punto de vista político, ni siquiera ideológico, y ahí reside el principal problema: sus motivaciones se centran en conseguir una suerte de ‘triunfo político’ para sus votantes más que tratar de mejorar el contexto actual en el que nos encontramos

Con respecto a la temporalidad, era necesario abordar el problema, como pide Europa, desde el consenso con patronal y sindicatos, no desde la imposición a través de porcentajes que pide el Ejecutivo. El mercado laboral no responde a los deseos o voluntades de los empresarios o los sindicatos, depende del ciclo económico. La contratación temporal responde a necesidades coyunturales. De lo que no depende es de la voluntad política. Y esto es lo que se trata de imponer sin ser conscientes de las consecuencias y de cómo pueden afectar estos cambios al mercado.

La vicepresidenta primera de Gobierno y responsable de Economía, Nadia Calviño, es quien ha tenido las cosas más claras. Ha expresado “con claridad” y desde hace “bastante tiempo” cuál es el objetivo del Gobierno de coalición: ejecutar una contrarreforma que permita “erradicar la precariedad” en el mercado laboral, no hacer una reforma política que contente a algunos y pueda precarizar el mercado.

Todo lo demás, opinó la ministra de Asuntos Económicos, forma parte de una discusión “estéril” en busca de “eslóganes”. Los españoles “se merecen más”, zanjó Calviño sobre la polémica acerca de cómo definir la acción que está diseñando el Ejecutivo y tiene toda la razón del mundo. En esta ocasión, la voz de Calviño ha prevalecido en los cambios necesarios en la reforma del 2012.

El corazón del funcionamiento del Estado ha sufrido dos ataques relevantes en los últimos días: por un lado, el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición y sus socios habituales para convertir en fijos a los trabajadores públicos interinos que lleven cinco años en su plaza sin necesidad de opositar. Y, por otro lado, la incapacidad de los dos grandes partidos de reformar el sistema de elección de cargos en los diferentes órganos constitucionales con carácter previo a un nuevo apaño como ha sido habitual en las últimas décadas.

Fuente:EFE

Tanto el primero como el segundo son acuerdos que socavan la calidad institucional, generando incentivos perversos tanto en el funcionamiento de la actual Administración como, muy especialmente, para los que serán los funcionarios y cargos públicos del futuro. Desaparece todo incentivo al mérito, la capacidad, el esfuerzo y la honorabilidad, valores sin los cuales no habría sido posible construir uno de los aparatos más relevantes que sostienen cada día a España. Son sustituidos por la proximidad de agenda política, la búsqueda de subterfugios que permita prosperar en ciertas carreras públicas con situación de ventaja injusta frente al resto o, simplemente, la búsqueda de rentas y poder que permita lucrarse económica y políticamente más que si se siguieran los cauces normales. 

Con todos los defectos y necesidades de reforma tanto del sistema de acceso a la función pública como de la escala informal que permite conseguir cargos de relevancia dado un currículum virtuoso, España ha construido a lo largo de las décadas un sistema razonable de ascensor social, el cual ha sufrido un deterioro constante en los últimos años debido a la extensión progresiva de redes clientelares basadas en organismos públicos paralelos controlados por los partidos políticos, elección arbitraria de altos cargos sin un preceptivo concurso de méritos serio y consistente, y la rebaja de las exigencias de estudio, conocimientos y competencias en los sucesivos pasos para alcanzar un puesto público.

Dada esta situación, es urgente un plan de reversión del deterioro institucional que recupere lo mejor del ascensor social construido en las últimas décadas, mejorando y cambiando lo que no funcionaba previamente. En esta discusión, un punto relevante es la igualdad de oportunidades, especialmente desde el punto de vista laboral y financiero. La creación de empleo público debe hacerse más eficiente, con un concurso de méritos y especial hincapié en aquéllos que tienen menos recursos, para acceder tanto a los puestos ordinarios como posteriormente a cargos de relevancia.

Estamos confundiendo gravemente el concepto de ‘interinidad’ con el de ‘temporalidad’, lo cual no se puede resolver a golpe de decreto, generando no sólo una discriminación frente a los empleados públicos que sí han opositado de forma completa, sino también con respecto a los trabajadores del sector privado, afectados por una ‘temporalidad oculta’ como es el elevado porcentaje de ocupados fijos pero a tiempo parcial. Aunque la medida se venda como ‘excepcional’ y por ‘sólo una vez’, no ha sido, ni es, ni tristemente será la última vez que esto suceda en el período democrático.