Núñez Feijóo estuvo la pasada semana en Bruselas para reunirse, entre otros, con Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, poco sospechosa de no tratar con evidente condescendencia al actual Ejecutivo español.
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La acción en sí no invita a pensar en nada negativo dado que el líder del PP comienza una carrera electoral con vistas a las elecciones generales de finales de año, y es normal reunirse con von der Leyen, parte del Grupo Popular en la Unión Europea.
Hablarían de todo: la reforma de pensiones, el salario mínimo y puede que de la justicia en nuestro país. En cualquier caso, puede que tras estas reuniones y las palabras de Núñez Feijóo entrase alguna duda de las verdaderas intenciones del líder del PP en Bruselas. Feijóo aprovechó para criticar a Sánchez y sus políticas más que hablar de las propuestas políticas que éste lleva a Bruselas como alternativa de Gobierno.
Aquí la cuestión es muy sencilla: ¿ha sido desleal Núñez Feijóo al Gobierno por reunirse en Bruselas? La respuesta es también muy sencilla: no.
Acostumbrados a la deslealtad permanente de Podemos siendo la otra mitad de la coalición, sorprende que la actual dirección socialista coloque esta visita en un lugar tan destacado en términos de crítica. Otra cuestión muy distinta es si la actuación del líder de la oposición es acertada para los intereses de España. Criticar en Bruselas la excepción ibérica y la reforma de pensiones en el mismo momento en que la Comisión Europea dio su visto bueno, es un error táctico que denota la facilidad de la posición de crítica, pero al mismo tiempo la debilidad a la hora de presentar una alternativa seria y consistente.
En cualquier caso, es importante considerar el contexto en el que Núñez Feijóo hizo sus declaraciones. Algunos pueden argumentar que criticar al Gobierno en un escenario internacional, como Bruselas, puede ser percibido como desleal o perjudicial para la reputación de España. Otros pueden argumentar que es necesario exigir responsabilidades al gobierno y que la crítica internacional puede ser una forma de presionar a Europa a que sea más estricto con España, tras una reforma de pensiones que termina por hundir el sistema público sin pensar en la sostenibilidad de las mismas, ni en políticas alternativas, para las futuras generaciones que están pagando este despropósito.
El salto a la palestra del ‘caso Pegasus’, el escándalo de presunto espionaje a más de 60 independentistas catalanes tras el referéndum independentista del 1-O ha revuelto las entrañas del Congreso de los Diputados
FUENTE: EL PAÍS
Sin entrar mucho en la cuestión de fondo (ya que profundizaremos sobre este en el próximo número), la aparición de esta información ha provocado tanto ERC como EH Bildu hayan puesto en jaque al Ejecutivo y a sus medidas como ‘castigo’ ante el descubrimiento de este caso.
El Gobierno, sabiendo que los independentistas y los abertzales pueden frustrar la aprobación de medidas como el decreto anticrisis aprobado el jueves y, de aquí en adelante, la propia legislatura, está tratando de restaurar la relación con sus socios en vez de comenzar, como comentábamos en el pasado número, a tender puentes con el principal partido de la oposición. Pedro Sánchez tiene miedo a terminar antes la legislatura sin poder sacar adelante nuevas medidas con el núcleo de investidura, exponiendo la gobernabilidad de España a los caprichos populistas e iliberales de los movimientos centrífugos.
Para tratar de calmar los ánimos con el destape de ‘Pegasus’, el Gobierno vendió su investigación cambiando a última hora los términos para incluir a los soberanistas en la Comisión de secretos oficiales y poder desbloquear la votación del plan anticrisis. Con Bildu, de momento, parece haber funcionado pues aprobaron el paquete de medidas gracias a ellos, pero con ERC será más complicado.
Con este cambio normativo, reduciendo las mayorías para que pudiesen acceder a una comisión que lleva dos años parada, los investigados podrán tener acceso a las actividades e investigaciones del CNI, organismo que investigaba las actividades de los golpistas tras el referéndum, así como el uso de los fondos reservados por parte de los ministerios que tienen asignadas este tipo como Interior, Defensa, Exteriores y el propio CNI. Se espera que en las próximas semanas la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, habilite el calendario de reuniones y, una vez comenzado, los diputados recibirán explicaciones del Gobierno sobre, por ejemplo, el supuesto espionaje.
Este cambio de última hora carece totalmente de sentido, tanto en la teoría como en la práctica, ya que no es posible realizar las investigaciones pertinentes a un grupo de personas que se ha saltado la Constitución para tratar de romper España para su propio interés. De esta forma los independentistas se aseguran estar al tanto de todos los movimientos y prácticas de seguridad del Estado.
Sánchez ha vuelto a caer en la trampa del independentismo cuando estaba desarrollando una práctica justificada, y que ya había sido anunciada por Interior en 2019, después de que estos hubieran incumplido la Carta Magna. Este movimiento no solo debilita al Gobierno en el Congreso, sino que lo deja en evidencia ante las exigencias independentistas y debilita al Estado. Sánchez tenía alternativa con PP y Ciudadanos y les volvió a cerrar la puerta, en favor de aquellos que no buscan más que alimentar sus propios intereses.
Lo peor de todo, es que seguramente la entrada en la Comisión no sea suficiente como para calmar al independentismo victimista, al que tratarán de recuperar con la mesa de negociación con Cataluña. El Gobierno vuelve con las rebajas y facilitará a ERC muchas de sus exigencias para aprobar las medidas a costa de difuminar la identidad del socialismo.
Sánchez está comenzando a cavar su propia tumba y puede que la de su partido, que perpetua las acciones de su líder. Ha dejado muy claro que prefiere pactar con los enemigos de España antes que con un Feijóo dispuesto, a diferencia de Pablo Casado, a sentarse a negociar. O como bien dice el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, “introducir a los lobos en el mismo rebaño de las ovejas”.
Nada dura para siempre y lo ocurrido estás últimas semanas en la madrileña Calle Génova es buena prueba de ello. El cambio de liderazgo en el principal partido de la oposición supone un movimiento relevante, además de una señal para el resto de actores a unos pocos meses de que se celebren las Elecciones andaluzas y a un año escaso de las Elecciones municipales y autonómicas.
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Fuera de cualquier especulación en torno a la nueva dirección, ya se sabe quién será la figura que se hará cargo del Partido Popular. Un hombre que ‘siempre ha estado ahí’ y del que siempre se ha esperado que diese el salto a la presidencia del partido a nivel nacional: Alberto Núñez Feijóo. El orensano será, casi con total seguridad, el candidato a la presidencia del Gobierno en el momento en que se convoquen Elecciones Generales, una posibilidad nunca descartable ante la inestabilidad del Gobierno de coalición.
Pero, ¿cómo hemos llegado hasta este punto de forma tan acelerada? Pablo Casado tomó el relevo de Mariano Rajoy en 2018 y con ese relevo también heredó los problemas que tenía el partido en su momento: el desgaste del electorado con los casos de corrupción que salieron a la luz, la aparición de Ciudadanos y la ultra derecha que condensaron parte de los electores perdidos, el manejo de la situación en el proceso separatista catalán, y la rocambolesca salida de la presidencia de Mariano Rajoy tras la moción de censura, entre otros.
El partido que heredó Casado le ha lastrado en su etapa al frente del PP. No solo no ha podido revertir la situación, sino que nacieron nuevos problemas durante estos cuatro años. No se supo crear una estrategia clara ante la extrema derecha, que cada día es más fuerte a costa de los partidos constitucionalistas. Tampoco hubo acierto al gestionar su propio partido, en el que, antes del estallido del conflicto con la presidenta madrileña, ya había muchos que dudaban de su capacidad de liderazgo tanto para conducir a los populares a recuperar la presidencia del Gobierno como para gestionar los problemas internos.
Los barones populares ya llevaban tiempo demandando a Casado que ejerciese la responsabilidad de su puesto por lo poco que aportaba el líder nacional a sus campañas, dejando caer que los éxitos electorales del PP eran una mezcla entre el demérito del rival y el buen hacer de sus candidatos a expensas de la inacción de la dirección nacional.
¿Qué le espera ahora al Partido Popular?
Con la confirmación el miércoles de la candidatura de Feijóo a presidir el partido, queda una idea muy clara que veremos si electoralmente es posible de realizar, ya que depende de la coincidencia entre varios factores. El “no” a la extrema derecha. El orensano comienza su etapa mostrando una estrategia alejada de Vox, uno de los errores que achacan desde el PP a la gestión de Pablo Casado, y acercándose al PSOE en la posibilidad de realizar pacto de Estado, lo que dotaría a España de gran fuerza a ojos de Europa.
Los populares viven ahora un momento de renovación y es ahora cuando se deben poner los cimientos de la nueva dirección y reforzarse tras la guerra interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. No será tarea fácil, pero Feijóo sabe crear confianza y sus resultados electorales lo demuestran.
De Feijóo se espera mucho en la política española, tanto por los que están dentro como por los que están fuera. Se espera un líder alejado de la ultraderecha (siempre se ha querido alejar y nunca ha pensado en un pacto) y con el que se puede hablar, algo necesario con la actual polarización. Un soplo de aire fresco que puede atraer al PSOE hacia la moderación, alejándose de Unidas Podemos y los socios de investidura para formar una España fuerte, y alejada de los populismos.
La votación en el Congreso del decreto de reforma laboral es una fiel representación del problema de fondo y forma que tiene el proceder actual de la política española. Mientras la ‘vieja mayoría’ que ha sostenido al Gobierno de coalición hasta la fecha no termina de disolverse, la conformación de una mayoría amplia que rompa la actual dinámica, no termina de nacer. De hecho, el intento de escenificar la capacidad del PSOE de tejer nuevas alianzas más transversales se ha saldado con una votación caótica y un resultado de un sólo voto de diferencia que provocará un conflicto jurídico en las próximas semanas.
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Más allá del resultado que se produzca en el trámite de enmiendas como proyecto de Ley, la clave son los escenarios que han rodeado a la votación y los partidos, los cuales tienen ante sí una situación en la que la estrategia política se torna fundamental en los próximos meses. ¿Sería posible ver una política objetiva? Es evidente que con la cuestión de la reforma laboral ha brillado por su ausencia.
Ni las posiciones a favor ni en contra han valorado con objetividad qué cambia y qué no esta reforma con respecto al marco regulatorio establecido en 2012 y que se ha ido modificando con los pronunciamientos de los tribunales en la última década: convenios colectivos centralizados, ultraactividad, desaparición de la temporalidad, subcontratas, formación…
Es indudable que la búsqueda de consensos y alianzas amplias entre políticos representantes de los españoles, sindicatos y patronales es no sólo deseable sino obligada. Sin embargo, no puede darse el mismo valor político a un acuerdo refrendado por una amplia mayoría de las Cortes que un pacto llevado por la mínima y con serias dificultades de implantación. O lo que es peor: el intento de minusvalorar el papel del Congreso para que no tocara el texto pactado.
La confluencia de todos estos factores señalados indica la dificultad de una transición urgente de los apoyos de los partidos extremos a una alianza que vaya más allá de la suma de 185 o 190 diputados que ha conseguido el Gobierno de coalición en estos dos años de mandato. En este marco, irrumpe con fuerza el papel de un bloque conformado por partidos minoritarios que han ido entrando y saliendo del bloque de investidura: Más País, Compromís, PdeCat, Partido Regionalista Cántabro, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Teruel Existe.
Si a ello se añade el posible papel de Ciudadanos como sustituto del apoyo de ERC al Gobierno, el escenario en vez de objetivarse se hace más complejo. En el caso del bloque de investidura, los socios más fuertes del Gobierno no han visto satisfechas sus demandas para con el texto de la reforma y han decidido votar que no. Esta decisión por parte de los aliados políticos (e interesados) del Gobierno deja muy tocado a Moncloa, ya que peligra la aprobación de más medidas hasta el final del mandato al tratarse de una de las reformas más ‘importantes’ del Ejecutivo y una de las grandes promesas de coalición.
Con la polarización y la búsqueda de objetivos puramente electoralistas por parte de los partidos, es complicado analizar los pros y los contras de esta reforma. Esta podría haber sido una gran oportunidad para los partidos liberales de hacer bloque y tratar de separarse de los extremos iliberales cambiando la dinámica de apoyos del Gobierno. En primera instancia Ciudadanos no se juntaría con Unidas Podemos y lo ha hecho apelando a la responsabilidad de la negociación con los agentes sociales y asegurando a España 12.000 millones de euros de Europa por su aprobación.
Todo esto forma parte de la estrategia política electoral, ya que dentro de poco habrá elecciones generales y todos los partidos se están preparando para este contexto. Previo a la votación y por cómo se han mostrado estos partidos, se puede vislumbrar un poco sus intenciones en este sentido: El PSOE, tratando de atraer a partidos de diversas ideologías para tratar de aglutinar a sus votantes en Sánchez; Unidas Podemos, presentando a Díaz para unos comicios en los que llegaría vendiendo una super reforma cuando es más bien descafeinada; Ciudadanos, tratando de recuperar el centro político mostrándose para pactar con derechas e izquierdas; Partido Popular, mostrándose contrario al Gobierno en cualquier tema para mostrarse como única alternativa al actual Gobierno; y Vox, que no cambia su forma de actuar viendo que su forma de actuar le está aupando en las encuestas.
Ahora toca ver si tras lo vivido el jueves 4 de febrero en el Congreso, los incentivos de los partidos (y, en especial, del socio mayoritario de la coalición) cambian hacia una mayor objetividad del debate. Es probable que cierto movimiento en esta dirección se produzca conforme las presiones de los socios europeos se incrementen hacia un mayor grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos al recibir los fondos europeos.
Tras las coaliciones rotas en Madrid y Murcia, y los múltiples problemas de la coalición de gobierno central, ha llegado el punto y final para la de la región castellanoleonesa. Los problemas que ocasionan estos ceses de acuerdos pueden ser varios y en las circunstancias actuales debemos analizar la complejidad de este tipo de figuras.
FUENTE: MAPADEESPAÑA.ES
El entretenido panorama político español de los últimos años, con la irrupción de los partidos de la llamada ‘nueva política’, se ha caracterizado por una sensación permanente de incertidumbre, fenómeno que se intensifica si descendemos en los diferentes niveles de Administración.
Las coaliciones se han convertido en un asunto de discusión política diaria. Con un sistema de partidos crecientemente polarizado y con una ley electoral que acoge el sistema D’Hondt, era de esperar que las coaliciones que han dominado la gobernabilidad de nuestro país hasta la fecha, se rompieran por múltiples razones.
Ante esto, se dibuja en los próximos meses un escenario que podríamos calificar como una contienda para conservar u obtener el trono de hierro autonómico y local, justificado principalmente por la importancia de ostentar la presidencia autonómica o el bastón de mando de la alcaldía.
Debilidades de la figura de la ‘coalición’
En primer lugar, las coaliciones entrañan consecuencias que no siempre son las deseadas. El argumento principal utilizado suele ser la afirmación de que la suma de los dos resultados en comicios anteriores por ambos partidos será la suma que se obtendrá con la coalición. Esto no parece ser del todo cierto debido a las experiencias previas, como la fusión entre IU y Unidas Podemos que no dio los resultados esperados. En diciembre de 2015 Podemos obtuvo 3.198.584 votos e IU 926.783 votos; seis meses más tarde en junio de 2016 la coalición Podemos-IU-Equo obtuvo 3.227.123 votos.
Otro hecho que conviene tener en cuenta es la fractura que puede llegar a suponer dentro de los propios partidos. Los partidos son, a menudo, estructuras rígidas. La toma de decisiones no siempre se antoja fácil y las luchas internas pueden avivarse con facilidad. Asimismo, al haber acuerdo, sólo se presentará una lista y, por ello, habría la mitad de oportunidades para formar parte de la misma. Este último, que parece no tener demasiada enjundia, es el escollo a resolver más complicado por parte de la dirección de los partidos.
Por todo ello, los partidos deben valorar qué va a tener mejores consecuencias para sus formaciones o, por el contrario, seguir por el camino marcado por la improvisación del día a día. Deben efectuar un ejercicio de ponderación, esto es si llevar a cabo la coalición –con los potenciales problemas que le puede acarrear– o seguir siendo estructuras tradicionales no adaptadas al nuevo sistema de partidos.
Causas de las brechas
Las brechas que se pueden generar entre los partidos pueden provocarse por causas electoralistas o políticas. En el primero de los casos las decisiones suelen ser tomadas por el partido mayoritario, en nuestro país suelen ser PP y PSOE, frente a los aliados. Esto ocurre principalmente en el ámbito regional, cuando uno de estos grandes partidos engulle en las encuestas al aliado más débil para tratar de gobernar en mayoría o con apoyos puntuales de otros partidos sin la necesidad de verse con estos en una misma estructura ejecutiva. Al ver estas encuestas, los grandes partidos pueden tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas (como en Castilla y León) para sacar el máximo rédito posible a estos resultados.
En el segundo caso, las divergencias suelen venir causados por la falta de cumplimiento de los programas conjuntos entre unos y otros, provocando sentimientos de ‘traición’. En casos como los sucedidos en nuestro país en los últimos meses, se han provocado mociones de censura por motivaciones varias. Esos sentimientos de incumplimiento de las promesas en relación a los apoyos, así como el miedo a esos adelantos electorales que puedan provocar la reducción de la representación, provocan que los partidos puedan buscar una moción de censura (como en Murcia) para evitar el adelanto electoral, o incluso mantenerse en el gobierno regional con otro aliado.
Consecuencias en otros territorios
Una vez se han roto las coaliciones, ya sea a través de una moción de censura o un adelanto electoral, las coaliciones formadas entre esos grupos pueden verse afectadas en otros territorios (ya sea a nivel regional o local). Esto puede cambiar la morfología política de un país debido al desgaste de las relaciones entre las cúpulas de los partidos tras diversos movimientos como ha ocurrido en nuestro país. Esto no tiene porqué darse siempre y cuando los pactos entre partidos sean sólidos en estas regiones o localidades.
“La historia intelectual es una disciplina que estudia la historia de un país desde el punto de vista de las ideas que lo han caracterizado. Podría hablarse también de historia de la mentalidad, en este caso española”
FUENTE: Zenda Libros
Por Joaquín E. Brótons, profesor de Filosofía.
Más allá de los hispanorromanos Séneca y Marcial, y posteriormente de San Isidoro de Sevilla, empezamos esta breve historia intelectual de España en la Edad Media, en el bien entendido de que la era medieval es una era proto moderna.
Así encontramos en la Edad Media tres grandes corrientes intelectuales que influyeron en Europa, ámbito no solo geográfico en el que cabe enmarcar a nuestro país.
Tenemos el averroísmo latino que influyó en la Sorbona de París, a Ramon Lull (que escribe en catalán) y a la Escuela de Traductores de Toledo, que pasó del árabe al latín todo el saber aristotélico que los islámicos habían hecho suyo.
Tras el tránsito del siglo XV a la Edad Moderna, se plantea la cuestión de si hubo Renacimiento en España. La respuesta es que sí. Pérez de Oliva escribe sobre la dignidad al estilo de Picco de la Mirandolla y Erasmo de Rotterdam es traducido con profusión al castellano. Su influencia llega hasta El Quijote.
Pero con el descubrimiento y posterior conquista de América surge la cuestión de los indios. Las Casas y Ginés de Sepúlveda mantienen a mediados del siglo XVI un debate conocido como Junta de Valladolid sobre la esclavitud sin resultado concluyente. Todos los países han llevado a cabo una revisión de su pasado imperial y España no puede quedar fuera. El hecho de que ya entonces se debatiera sobre la legitimidad de la conquista y la esclavitud nos permite realizar una autocrítica fundada en la misma Junta de Valladolid. Por tanto, ni leyenda negra ni leyenda rosa sobre América sino la verdad.
El autor más importante del Renacimiento español es Juan Luis Vives, exiliado en Brujas, pero formado en la recién creada Universidad de Valencia. El exilio de Vives nos recuerda el conflicto con los judíos españoles. Y a finales del siglo tenemos a Francisco Suárez, el metafísico de la Universidad de Salamanca, exiliado a su vez en Coímbra (Portugal) después de la Contrarreforma.
Es de este modo como mientras el fantasma de la dignidad humana había recorrido España en el siglo XVI, el fantasma de la tolerancia que empieza a recorrer Europa en el siglo XVII topa con la cerrazón de los Pirineos. Esto no imposibilitó que hubiera actividad intelectual en España, pero sin duda la dificultó mucho. Gracián escribe a mediados del siglo XVII con bastante libertad, pero desde puestos muy modestos. Por otro lado, Descartes es traducido al castellano en Valencia a finales de este siglo, iniciando lo que cabe llamar Ilustración española que pese a todos los obstáculos existió y es digna de mención.
Así pues, del siglo XVIII español cabe destacar fundamentalmente dos autores: Feijoo como divulgador de las Luces (en concreto de los novatores) y Piquer, catedrático de la Universidad de Valencia, el primer autor moderno de la cultura española en sentido amplio. Hay muchos más ilustrados, algunos encarcelados por la Inquisición, y también cabe mencionar la fundación a finales de siglo de las Sociedades Económicas de Amigos del País.
Con esto entramos en la Edad Contemporánea, que es la nuestra. Aquí se mezclan la política con las ideas, en primer lugar en las fallidas Cortes de Cádiz. Los errores son varios pero podemos destacar la cuestión del sufragio, que Jovellanos tildó de “desgraciada”, y la cuestión del unicameralismo, que Blanco White rechazó.
La revolución española fracasa en la configuración de un Estado moderno. Balmes, el joven filósofo, muere tempranamente en 1848. La posterior Restauración no consigue industrializar España. Finalmente, con la pérdida de Cuba se acaba lo que quedaba del Imperio español.
El siglo XX se inicia, pues, con grandes retos a los que hacer frente pero el reformismo (que encuentra en Ortega su correlato intelectual) se ve abocado también al fracaso. Así llegan, tras la dictadura de Primo de Rivera, la 2ª República y la posterior Guerra civil, que es fundante respecto del actual Estado español. Franco sí logra industrializar España, digamos, manu militari, y la Constitución democrática de 1978 cumple el viejo programa republicano salvo en la figura del Rey.
Desde el punto de vista intelectual es reseñable que muchos autores hasta entonces poco o nada traducidos empiezan a aparecer en el panorama editorial español. Por fin toda la filosofía moderna es trasvasada al castellano y aun a otras lenguas peninsulares. España entra en la actual Unión europea en 1986.
Con la democracia se consolida la filosofía en la Universidad, con autores destacados como Eugenio Trías, fallecido en 2013. Otro cantar es la Educación Secundaria, casus belli de la política.
Esta es a grandes rasgos la historia intelectual de España. Se ha dicho que la mentalidad española es realista. Un cierto realismo recorrería la historia de las ideas en España desde Suárez hasta Ortega. Ferrater Mora hablaba en este sentido de una filosofía fiel a la realidad que también caracterizaría a la filosofía catalana.
Sea como fuere, la España del siglo XXI es un país que lucha por ser definitivamente moderno.
Joaquín E. Brotons, profesor de filosofía, ha publicado sobre esta cuestión Una imagen de España (Adarve, 2019).
