Ruptura del tablero de juego por parte del PNV

La difícil aritmética que ha originado el resultado del 23-J ha llevado a los dos grandes partidos a buscar nuevas alianzas para, o bien, mantenerse en el poder (el Gobierno de coalición pasado) o bien alcanzar el Gobierno (el Partido Popular).

FUENTE: EFE

En las últimas semanas han ido apareciendo diferentes combinatorias, especialmente durante el proceso de constitución de la Mesa de las Cortes Generales. Pero si hay un denominador común en todas ellas es la presencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV), un actor de sobra conocido por los ciudadanos, protagonista indiscutible de la política española de las últimas décadas, pero sobre el cual se ha creado una mística que lo sobreestima.

Los resultados de las Elecciones Municipales, primero, y las Generales después, han colocado al PNV en el momento más crítico de los últimos 25 años. A finales de los años noventa, la hegemonía del PNV estuvo seriamente cuestionada por la mayoría pujante de los dos grandes partidos nacionales, el PSOE y el PP, que a punto estuvieron de gobernar. Una década después el PSE consiguió arrebatar el Gobierno vasco al PNV con el apoyo en el Parlamento Vasco del PP y UPyD, pero esto no le supuso un problema estructural al PNV porque creía que el nuevo Gobierno era débil y, como mucho, duraría una legislatura que desembocaría en una nueva retornando al poder (como así terminó sucediendo). La crisis estructural la habían tenido entre 1998 y 2001 y ahí recurrieron como salvavidas a alianzas con los sectores nacionalistas más radicalizados, incluyendo a HB (el pacto de Estella).

Ahora, a unos meses de celebrarse las Elecciones Autonómicas vascas en 2024, el PNV ha entrado en otra crisis estructural, pero a esta vez sus competidores no son los dos partidos constitucionalistas sino el heredero del terrorismo, EH Bildu. Sólo un somero análisis de tendencias demoscópicas y demográficas en el País Vasco muestra hasta qué punto EH Bildu tiene por delante un crecimiento tendencial notable, mientras que el PNV muestra lo contrario. Por tanto, es más que evidente el problema y éste obliga a una reflexión interna donde ya han aparecido voces discrepantes con los comportamientos de la actual dirección.

Dicho de otra forma: los resultados del 23-J han colocado al PNV entre la espada y la pared. La “espada” de seguir dando su apoyo tácito o explícito al presidente del Gobierno en funciones, con el desgaste que supone compartir la misma mesa con EH Bildu que no ha puesto ninguna condición explícita a su apoyo (por ejemplo, el caso de Navarra). Y la “pared” de apoyar a un Gobierno en solitario del PP con el desgaste electoral que puede suponer a ambos lados. Una situación, se mire por donde se mire, sin salida medianamente aceptable.

Sin embargo, en el momento de más presión e incluso agobio para sus dirigentes, el PNV ha conseguido romper la situación usando para ello al Lehendakari Urkullu, de la misma forma que Ibarretxe y su “Plan” a principios de los 2000. Romper el eje de coordenadas constitucional básico es la vía que el PNV ha encontrado para descargar toda la presión que las urnas y las circunstancias políticas les había puesto en sus hombros en los del candidato a la investidura, primero, y después en el actual presidente del Gobierno en funciones.

Este movimiento cuenta con varios apoyos, permitiéndole al PNV tomar ventaja con respecto a EH Bildu en Madrid y fijando una posición útil muy similar a los postulados de fondo del PSC (que han contado con una mayoría amplia de electores) ante el conflicto entre Junts per Catalunya y ERC por la hegemonía independentista en Cataluña. Al mismo tiempo, provoca ruido y marejada de fondo en el resto de las autonomías, en especial las gobernadas por el PP.

De una manera muy clara y, a la vez, muy cruda, ha quedado al descubierto el horizonte que nos espera en los próximos años si no se produce en algún momento un pacto de los dos grandes partidos. Las condiciones básicas para el pacto de investidura irán mutando hacia compromisos mucho más rompedores. Desde la amnistía hasta el referéndum no vinculante, pasando por la creación de un estatus fiscal especial para Cataluña como cimiento básico de la transmutación de España en una organización confederal (y, por tanto, asimétrica) de amplias desigualdades. La forma de hacerlo es emprender una vía paralela de ruptura del actual pacto constitucional sin tener que pasar por el camino que la Constitución establece para su reforma, ya que la inmensa mayoría de la sociedad española ni lo apoyará ni lo aceptará de manera directa.

Es preferible hacerlo de manera escondida, amortiguando los efectos y su visibilidad pública para que el votante siga pensando que nada o casi nada está pasando, y que incluso lo que pasa es beneficioso para todos, tal como escribíamos hace unos días en esta misma newsletter. Las fuerzas centrífugas saben que en la política actual, la herramienta más poderosa es la “reforma silenciosa” para que el votante mediano español no se dé cuenta de lo que está pasando. Y si se da cuenta, que sea demasiado tarde para poder ser corregido.

Puigdemont y el ‘mando a distancia’ sobre la próxima legislatura

Hoy, sin embargo, no es un día para lamentarnos, es un día para reivindicar los valores de la Transición y, para muchos ciudadanos, los de una izquierda reformista, institucional, nacional, y que mire al futuro.

FUENTE: EFE

Puigdemont dijo que necesitaba hechos comprobables antes de la elección de la mesa del Congreso. Es evidente que sus pretensiones han tenido satisfacción. Pero lo importante es comprobar que hemos aceptado que el árbitro de la política española sea un personaje que oscila entre el carlismo decimonónico y Trump. Es inadmisible que los españoles dependamos de un político independentista fugado para no presentarse ante la justicia española. El PSOE debería saber que en política no se puede hacer todo lo que no es un delito. No se debió modificar la legislatura pasada el Código Penal para satisfacer necesidades parlamentarias, pero es todavía más intolerable que el Gobierno de España se deje secuestrar por un prófugo.

El acuerdo de todos los partidos anticonstitucionales ha funcionado en la mesa del Congreso y funcionará para la investidura de Pedro Sánchez. Pero la cuestión mayor y más grave es ética, dado que se planteó cuando el segundo partido (el PSOE) en las elecciones del 23-J, quiso apurar todas las posibilidades, hasta la de negociar la viabilidad del gobierno de España con una persona que si pisara suelo español sería detenido. Todos los indicios indican que la legislatura que iniciamos ayer, con la elección de la mesa, se situará en la lista de los episodios más bochornosos de nuestra historia moderna.

Todo lo que ha sucedido el día de ayer es lamentable, nos devuelve a la España retrasada, de pandereta, la que el resto de los europeos vieron durante tiempo como una anomalía. Los llamados “progresistas” nos han devuelto al siglo XIX. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refranero. Los socialistas, siendo el eje de esta alianza, se sitúan con quiénes frecuentemente en nuestra historia frustraron las ilusiones de progreso de los españoles, porque en el siglo XIX fue el carlismo y hoy es un integrismo nacionalista egoísta, xenófobo y antieuropeo.

Lo razonable, lo que permitiría que los españoles durmieran tranquilos sería que los partidos nacionales llegaran a acuerdos, impidiendo unas elecciones anticipadas y evitando la ignominia de depender de un fugado.

Se ha consumado el dislate, han introducido la política española en el “callejón del Gato” de Valle Inclán. Es evidente que la política española está dominada por pícaros, desvergonzados y ahora delincuentes. Han convertido la política en un negocio que es necesario preservar y esto ha sucedido impulsado por un PSOE que no representa la izquierda que necesita España.

La igualdad, la libertad de parte de los ciudadanos españoles, el respeto a la ley y a los usos democráticos, quedan suspendidos en España. La concordia mínima para que una democracia funcione, disuelta. La posibilidad de una política reformista, que haga de España un país capaz de enfrentarse al futuro, abolida.

Estimados Pedro y Alberto…

Por si había alguna duda, a día de hoy el PP y el PSOE están en un punto de imposible entendimiento y este breve intercambio epistolar, que fue bonito de leer por el vocabulario con el que ambos se han interpelado, en realidad nos aleja más de una gobernabilidad estable entre los dos grandes partidos.

FUENTE: EFE

Siguiendo las formalidades de la tradición epistolar española, los candidatos a la presidencia del Gobierno dirigiéndose mutuamente como “estimado Pedro”, “estimado Alberto”, han mostrado importantes errores cada uno en su campo en los últimos días. En el caso del líder popular, demostró durante días estar en una realidad distinta, intentando un acercamiento que había quedado descartado desde la misma noche de las Elecciones del 23-J. Recientemente ha persistido en el error de no asumir con coherencia los pactos que firma con Vox en las autonomías, concretamente, en el caso de Aragón.

Mientras, el presidente del Gobierno en funciones ha dejado paso a sus segundos niveles para preparar como mínimo los apoyos de investidura, evidenciando una de las “bombas de relojería” existentes en el actual Estado autonómico como es la enorme deuda que sólo cuatro CC.AA tienen con el Estado y la posibilidad de que, o bien impaguen, o bien se les condone dicha deuda en parte o en su totalidad. Al mismo tiempo, las vacaciones privadas en Marruecos (considerado por la prensa del país como un “acto de buena voluntad”), el préstamo “gratuito” de los diputados de Bildu en el Parlamento de Navarra y la negativa a una gran coalición para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, complementan el escenario.

En el interior de las cartas también se esconden mentiras en forma de medias verdades, como que en nuestro país debe gobernar quien haya ganado las elecciones. Aquí el problema no es ese, sino en con quién gobiernas, que es el mayor problema de Sánchez. La carta de Núñez Feijóo pudiese estar enfocada a una investidura en segunda vuelta de Sánchez bajo ciertas condiciones, para alejar a los extremos de la gobernabilidad. Intentar, al menos, dejar esa puerta abierta si la situación se volviese imposible.

Pero la respuesta de Sánchez fue la esperada, alegando que las elecciones eran para medir el sentir general de la población en torno a su proyecto político, aceptando implícitamente que el PSOE no volverá a tener una mayoría cualificada sino que a lo que puede (y debe) aspirar de aquí al futuro es a ser la fuerza política de cabecera de un nuevo “Pacto de San Sebastián”. Este punto merecerá un análisis más en profundidad, especialmente para medir los riesgos de seguir esta estrategia y preguntarse por qué la actual dirección del PSOE ha renunciado a ser una fuerza de mayorías que vayan más allá de los 120-130 diputados.

En definitiva, lo que ha quedado más que claro es que estas cartas son el único canal de comunicación entre los dos líderes, renunciando a una interlocución a una escala superior. Lo que llaman “perseguir la gobernabilidad” es pensar al minuto siguiente en qué concesiones son necesarias para garantizar unos meses más de Gobierno… hasta que el año que viene tanto en el País Vasco como en Cataluña (de manera anticipada) celebren comicios.

Las servidumbres del pasado más reciente que impedirán un gran acuerdo

A falta de un leve porcentaje por escrutar, ya se vislumbra en el horizonte la imposibilidad de formar un Gobierno estable para cualquiera de los grandes partidos. PP y PSOE tienen muy difícil articular una coalición de aliados y la gobernabilidad del país ha quedado vendida al independentismo tras el debate del miércoles, que ha dado como claro perdedor a Núñez Feijóo, cuyo electorado ha emigrado a Vox, después de que éste cancelase su campaña electoral y no acudiese a la cita organizada por RTVE.

FUENTE: EFE

La dispersión del voto, en este caso, ha perjudicado sobremanera al centro derecha y el panorama político nos encamina ahora a un ejercicio de responsabilidad nunca antes visto por los grandes partidos como sería o bien una abstención para gobernar sin una mayoría parlamentaria; o bien la repetición electoral, cuyos efectos podrían ser incluso más regresivos para con la posibilidad de formar un Ejecutivo serio. Pero ¿podría ser también un acuerdo amplio entre los dos grandes partidos, cuya suma de diputados vuelve a estar por encima de los 250 diputados?

Debería ser el momento de dejar a un lado las diferencias y luchar por lo que debería unirnos: España. Núñez Feijóo le tendió la mano a Sánchez en el debate para evitar a Vox en caso de que el PP fuese la lista más votada, o bien para que el PP habilitase un gobierno del PSOE sin la mano de la izquierda radical. Sánchez debería mostrar altura de miras y que, a pesar de no haberlo demostrado en los últimos cinco años, saber hacer política de Estado y poner sus intereses por detrás de la Nación es lo que debería producirse.

Los votantes no quieren volver a las urnas ni otro gobierno Frankenstein, da igual de qué lado sea éste. A pesar de que tanto Sánchez como Núñez Feijóo hayan aplazado sus pactos con Bildu y Vox, en Navarra y Murcia respectivamente, hasta después de las elecciones, han perdido un voto centrista, huérfano por las políticas actuales, más centradas en buscar socios hacia los extremos que buscar puntos de encuentro.

En el actual contexto político, lleno de partidos con representación importante, el Gobierno más disperso de la democracia, ya no solo por votos sino por políticas, ha provocado el desencanto de una población que, con tantas opciones, no consigue verse representada por nadie. España ha perdido en calidad democrática, lo dicen desde Europa, y nuestro país se encuentra junto a Hungría y Polonia en constante estudio por sus intromisiones en los distintos poderes del Estado.

Ahora, con una posible repetición electoral en el horizonte, tanto España como Sánchez dejan una mala imagen hacia el exterior durante la presidencia española de turno en la Unión Europea. Un ejercicio de falta total de responsabilidad, al que ya estamos acostumbrados con el señor Presidente. En cualquier caso, ese bloqueo se convertiría en un arma de doble filo con una repetición electoral para el Ejecutivo, ya en funciones. La izquierda nacional (en estos comicios PSOE y Sumar), históricamente, consigue movilizar a su electorado una vez, no dos. Y el miedo que la ha podido movilizar ahora con Vox ya no tendrá la misma fuerza que en unos meses. Del mismo modo, la extrema derecha podría aumentar su poder después de que muchos hayan ejercido un voto útil con Núñez Feijóo.

No es el momento de abandonar, sino más bien el de seguir luchando. De lo contrario, las consecuencias económicas y sociales a las que se enfrenta nuestro país pueden ser muy perjudiciales para la ciudadanía.

Saber ceder (y dónde hacerlo)

Es posible echar a independentistas y populistas. Es posible hacer política de Estado, cediendo por el bien de la ciudadanía.

FUENTE: EFE

El caso de la ciudad de Barcelona ha supuesto un antes y un después en la dinámica de pactos, investiduras y nuevos gobiernos. La alternativa merecía un esfuerzo extraordinario, por compleja que pudiera parecer, para evitar que la Ciudad Condal continúe su particular escalada de destrucción. Xavier Trías, subordinado a los designios del fugado Puigdemont y vinculado a la corrupción de décadas de la derecha soberanista, era el mejor posicionado hasta el último momento, en el que los populares decidieron dar su apoyo a los socialistas.

Collboni no es Sánchez. Éste, de un perfil más moderado, ha sido sacado de la posición de segundo sin competencias reales que ha ocupado durante ocho años de gobierno local de Colau y los Comunes. Ya en 2015 se aceptó por parte del PSC y del PSOE a los Comunes y a Podemos, respectivamente, como aliados válidos a pesar de situarse en uno de los extremos del espectro político. Ocho años después, la ruptura ha venido más por una cuestión de gestión (más bien, de ausencia de gestión y deterioro permanente de los Gobiernos municipales y autonómicos que han compartido) que por las diferencias notables existentes en materia ideológica.

Una vez hecho el movimiento de la investidura, queda ahora por ver la capacidad de colaboración entre los dos grandes partidos constitucionalistas, y recuperar así la ciudad, paliando los déficits que se ha generado a la ciudad con el último gobierno municipal.

Mientras tanto, el ruido del cambio en Cataluña parece haber llegado a la Generalitat. El papel de Salvador Illa en este acuerdo, que repetirá como candidato en Cataluña, puede ayudarle a conseguir su objetivo de ganar. Las convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña está en la cabeza de Aragonés y pensar que serán este otoño es más que posible.

Illa sabe que solo hay una manera de lograr el objetivo y ha experimentado con Barcelona. A día de hoy el PP puede ayudar a que los socialistas eviten a los independentistas y los números solo podrían dar con los Comunes y ellos para echar a los independentistas de la Generalitat. Más o menos lo mismo que ha pasado en Barcelona, por lo que no es descabellado que se pueda reeditar un apoyo semejante en los próximos comicios.

Las prioridades en política nacional y de Estado pasan por defender el constitucionalismo y arrancar de raíz los iliberalismos y populismos en las zonas más tensionadas políticamente. A este juego es al que los dos grandes partidos en Cataluña parece que se acercan o, al menos, demuestran con los primeros pasos que están en esta clave.

Es importante que tanto PSOE como PP muestren que son independientes de los extremos por el bien del Estado. Esta vez ha sido el PP el que le ha dado una victoria al PSOE en varios ayuntamientos importantes para que el que ganase no fuese el malo. Estos comportamientos son la definición de hacer política en un país que la tiene olvidada, con un vago recuerdo del gobierno vasco de hace más de diez años.

Ahora, con las Elecciones Generales a la vuelta de la esquina, si las encuestas se traducen en una victoria del PP, y a este le diese con Vox para sumar una mayoría absoluta, ¿haría Sánchez un ejercicio similar a sabiendas de que es imposible Gobernar y que unas segundas elecciones con el escenario económico actual podrían ser muy perjudiciales para el país?

El sesgo sociológico que aún causa la política de bloques

España no termina de deshacerse de la “política de bloques” instaurada hace ya más de seis años por el sesgo sociológico que sigue introduciendo en la opinión pública

FUENTE: EFE

Tras una legislatura llena de problemas en la coalición de Gobierno, el país necesita un cambio y renovación en sus instituciones. Los extremos lo complican todo y una vez comienzan a gobernar se desinflan y parte de su electorado vuelve a la realidad, como ha pasado con la izquierda radical. La extrema derecha, en cambio, es muy joven en los gobiernos y las encuestas reflejan un posible protagonismo en la configuración del futuro Gobierno, incluso aunque esté registrando una tendencia demoscópica decreciente.

El horizonte de las próximas tres semanas apunta a dos posibles escenarios: un resultado que permita una colaboración entre los dos grandes partidos, teniendo el dominante la capacidad de ser investido sin el apoyo tácito o explícito de algunos de los extremos; o un resultado ajustado donde el ganador de las elecciones requiera la concurrencia del extremo más próximo.

El afán de poder de los extremos y su ego político les impide pactar sin tener su pedazo de tarta. La extrema derecha puede comenzar a sufrir lo mismo que le ha pasado a Unidas Podemos y que, tras su paso por los gobiernos municipales y regionales en los que ha estado, ha visto su marca desinflada una vez el electorado ha podido comprobar las ineficiencias de su gestión.

Muchos españoles confiaron en la extrema izquierda y sus líderes, que entraban al Gobierno prometiendo acabar con la ‘casta’. El discurso en los extremos es atractivo hasta que demuestran su inutilidad política. El propio Pablo Iglesias, licenciado en Ciencias Políticas, demostró que, a pesar de poder tener un cierto control teórico, era ajeno al funcionamiento práctico del sistema.

No se puede cambiar el mundo por mucho que conozcas un mapa y , a nivel narrativo, los tonos que emplean las formaciones extremistas las acerca más de lo que las separa.

La extrema derecha no es ajena a los errores de gestión, obviamente, y en el poco tiempo que llevan dentro de Castilla y León, única región donde se puede examinar su funcionamiento dentro de un gobierno. La vicepresidencia de Castilla y León, que ocupa Juan García-Gallardo desde hace año y medio, está siendo más conocida por errores y salidas de tono que por aciertos.

La reducción del “gasto superfluo”, uno de los principales objetivos de Vox en su discurso, cayó por sí solo cuando se conoció cómo se había disparado el presupuesto de la Junta para altos cargos y cargos ‘a dedo’. O el gasto de la Vicepresidencia, que no tiene competencias más allá de las representativas porque García-Gallardo nunca quiso estar al frente de ninguna consejería. Se invierten 1,1 millones de euros para pagar al personal, pero el presupuesto que se emplea para políticas es de 112.000 euros.

Estas situaciones en el Gobierno no se dejan pasar y Vox, con su líder a la cabeza, no ha sabido estar a la altura incluso antes de entrar. Las principales medidas y políticas de Vox están ligadas a un discurso populista, en el que se esconden para no tener que responder o exponer las medidas que no tienen y que hacen que un país funcione.

Izquierdas y derechas, iliberales y populistas, cuanto más lejos mejor. Con la extrema izquierda hemos visto la primera prueba, y ojalá no tener que contrastarla en una segunda vuelta sólo por comprobar como funciona su antítesis política. Estos partidos suelen generar gran apoyo cuando empiezan, hasta que realmente se demuestra que no valen más que para crispar y dividir más a los españoles.

¿Fue desleal Núñez Feijóo con su viaje a Bruselas?

Núñez Feijóo estuvo la pasada semana en Bruselas para reunirse, entre otros, con Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, poco sospechosa de no tratar con evidente condescendencia al actual Ejecutivo español.

FUENTE: EFE

La acción en sí no invita a pensar en nada negativo dado que el líder del PP comienza una carrera electoral con vistas a las elecciones generales de finales de año, y es normal reunirse con von der Leyen, parte del Grupo Popular en la Unión Europea.

Hablarían de todo: la reforma de pensiones, el salario mínimo y puede que de la justicia en nuestro país. En cualquier caso, puede que tras estas reuniones y las palabras de Núñez Feijóo entrase alguna duda de las verdaderas intenciones del líder del PP en Bruselas. Feijóo aprovechó para criticar a Sánchez y sus políticas más que hablar de las propuestas políticas que éste lleva a Bruselas como alternativa de Gobierno.

Aquí la cuestión es muy sencilla: ¿ha sido desleal Núñez Feijóo al Gobierno por reunirse en Bruselas? La respuesta es también muy sencilla: no.

Acostumbrados a la deslealtad permanente de Podemos siendo la otra mitad de la coalición, sorprende que la actual dirección socialista coloque esta visita en un lugar tan destacado en términos de crítica. Otra cuestión muy distinta es si la actuación del líder de la oposición es acertada para los intereses de España. Criticar en Bruselas la excepción ibérica y la reforma de pensiones en el mismo momento en que la Comisión Europea dio su visto bueno, es un error táctico que denota la facilidad de la posición de crítica, pero al mismo tiempo la debilidad a la hora de presentar una alternativa seria y consistente.

En cualquier caso, es importante considerar el contexto en el que Núñez Feijóo hizo sus declaraciones. Algunos pueden argumentar que criticar al Gobierno en un escenario internacional, como Bruselas, puede ser percibido como desleal o perjudicial para la reputación de España. Otros pueden argumentar que es necesario exigir responsabilidades al gobierno y que la crítica internacional puede ser una forma de presionar a Europa a que sea más estricto con España, tras una reforma de pensiones que termina por hundir el sistema público sin pensar en la sostenibilidad de las mismas, ni en políticas alternativas, para las futuras generaciones que están pagando este despropósito.

Cuando los secretos dejan de serlo

El salto a la palestra del ‘caso Pegasus’, el escándalo de presunto espionaje a más de 60 independentistas catalanes tras el referéndum independentista del 1-O ha revuelto las entrañas del Congreso de los Diputados

FUENTE: EL PAÍS

Sin entrar mucho en la cuestión de fondo (ya que profundizaremos sobre este en el próximo número), la aparición de esta información ha provocado tanto ERC como EH Bildu hayan puesto en jaque al Ejecutivo y a sus medidas como ‘castigo’ ante el descubrimiento de este caso.

El Gobierno, sabiendo que los independentistas y los abertzales pueden frustrar la aprobación de medidas como el decreto anticrisis aprobado el jueves y, de aquí en adelante, la propia legislatura, está tratando de restaurar la relación con sus socios en vez de comenzar, como comentábamos en el pasado número, a tender puentes con el principal partido de la oposición. Pedro Sánchez tiene miedo a terminar antes la legislatura sin poder sacar adelante nuevas medidas con el núcleo de investidura, exponiendo la gobernabilidad de España a los caprichos populistas e iliberales de los movimientos centrífugos.

Para tratar de calmar los ánimos con el destape de ‘Pegasus’, el Gobierno vendió su investigación cambiando a última hora los términos para incluir a los soberanistas en la Comisión de secretos oficiales y poder desbloquear la votación del plan anticrisis. Con Bildu, de momento, parece haber funcionado pues aprobaron el paquete de medidas gracias a ellos, pero con ERC será más complicado.

Con este cambio normativo, reduciendo las mayorías para que pudiesen acceder a una comisión que lleva dos años parada, los investigados podrán tener acceso a las actividades e investigaciones del CNI, organismo que investigaba las actividades de los golpistas tras el referéndum, así como el uso de los fondos reservados por parte de los ministerios que tienen asignadas este tipo como Interior, Defensa, Exteriores y el propio CNI. Se espera que en las próximas semanas la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, habilite el calendario de reuniones y, una vez comenzado, los diputados recibirán explicaciones del Gobierno sobre, por ejemplo, el supuesto espionaje.

Este cambio de última hora carece totalmente de sentido, tanto en la teoría como en la práctica, ya que no es posible realizar las investigaciones pertinentes a un grupo de personas que se ha saltado la Constitución para tratar de romper España para su propio interés. De esta forma los independentistas se aseguran estar al tanto de todos los movimientos y prácticas de seguridad del Estado.

Sánchez ha vuelto a caer en la trampa del independentismo cuando estaba desarrollando una práctica justificada, y que ya había sido anunciada por Interior en 2019, después de que estos hubieran incumplido la Carta Magna. Este movimiento no solo debilita al Gobierno en el Congreso, sino que lo deja en evidencia ante las exigencias independentistas y debilita al Estado. Sánchez tenía alternativa con PP y Ciudadanos y les volvió a cerrar la puerta, en favor de aquellos que no buscan más que alimentar sus propios intereses.

Lo peor de todo, es que seguramente la entrada en la Comisión no sea suficiente como para calmar al independentismo victimista, al que tratarán de recuperar con la mesa de negociación con Cataluña. El Gobierno vuelve con las rebajas y facilitará a ERC muchas de sus exigencias para aprobar las medidas a costa de difuminar la identidad del socialismo.

Sánchez está comenzando a cavar su propia tumba y puede que la de su partido, que perpetua las acciones de su líder. Ha dejado muy claro que prefiere pactar con los enemigos de España antes que con un Feijóo dispuesto, a diferencia de Pablo Casado, a sentarse a negociar. O como bien dice el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, “introducir a los lobos en el mismo rebaño de las ovejas”.

Tiempos de cambio

Nada dura para siempre y lo ocurrido estás últimas semanas en la madrileña Calle Génova es buena prueba de ello. El cambio de liderazgo en el principal partido de la oposición supone un movimiento relevante, además de una señal para el resto de actores a unos pocos meses de que se celebren las Elecciones andaluzas y a un año escaso de las Elecciones municipales y autonómicas.

FUENTE: EFE

Fuera de cualquier especulación en torno a la nueva dirección, ya se sabe quién será la figura que se hará cargo del Partido Popular. Un hombre que ‘siempre ha estado ahí’ y del que siempre se ha esperado que diese el salto a la presidencia del partido a nivel nacional: Alberto Núñez Feijóo. El orensano será, casi con total seguridad, el candidato a la presidencia del Gobierno en el momento en que se convoquen Elecciones Generales, una posibilidad nunca descartable ante la inestabilidad del Gobierno de coalición.

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta este punto de forma tan acelerada? Pablo Casado tomó el relevo de Mariano Rajoy en 2018 y con ese relevo también heredó los problemas que tenía el partido en su momento: el desgaste del electorado con los casos de corrupción que salieron a la luz, la aparición de Ciudadanos y la ultra derecha que condensaron parte de los electores perdidos, el manejo de la situación en el proceso separatista catalán, y la rocambolesca salida de la presidencia de Mariano Rajoy tras la moción de censura, entre otros.

El partido que heredó Casado le ha lastrado en su etapa al frente del PP. No solo no ha podido revertir la situación, sino que nacieron nuevos problemas durante estos cuatro años. No se supo crear una estrategia clara ante la extrema derecha, que cada día es más fuerte a costa de los partidos constitucionalistas. Tampoco hubo acierto al gestionar su propio partido, en el que, antes del estallido del conflicto con la presidenta madrileña, ya había muchos que dudaban de su capacidad de liderazgo tanto para conducir a los populares a recuperar la presidencia del Gobierno como para gestionar los problemas internos.

Los barones populares ya llevaban tiempo demandando a Casado que ejerciese la responsabilidad de su puesto por lo poco que aportaba el líder nacional a sus campañas, dejando caer que los éxitos electorales del PP eran una mezcla entre el demérito del rival y el buen hacer de sus candidatos a expensas de la inacción de la dirección nacional.

¿Qué le espera ahora al Partido Popular?

Con la confirmación el miércoles de la candidatura de Feijóo a presidir el partido, queda una idea muy clara que veremos si electoralmente es posible de realizar, ya que depende de la coincidencia entre varios factores. El “no” a la extrema derecha. El orensano comienza su etapa mostrando una estrategia alejada de Vox, uno de los errores que achacan desde el PP a la gestión de Pablo Casado, y acercándose al PSOE en la posibilidad de realizar pacto de Estado, lo que dotaría a España de gran fuerza a ojos de Europa.

Los populares viven ahora un momento de renovación y es ahora cuando se deben poner los cimientos de la nueva dirección y reforzarse tras la guerra interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. No será tarea fácil, pero Feijóo sabe crear confianza y sus resultados electorales lo demuestran.

De Feijóo se espera mucho en la política española, tanto por los que están dentro como por los que están fuera. Se espera un líder alejado de la ultraderecha (siempre se ha querido alejar y nunca ha pensado en un pacto) y con el que se puede hablar, algo necesario con la actual polarización. Un soplo de aire fresco que puede atraer al PSOE hacia la moderación, alejándose de Unidas Podemos y los socios de investidura para formar una España fuerte, y alejada de los populismos.

Editorial: ¿Es posible una política objetiva?

La votación en el Congreso del decreto de reforma laboral es una fiel representación del problema de fondo y forma que tiene el proceder actual de la política española. Mientras la ‘vieja mayoría’ que ha sostenido al Gobierno de coalición hasta la fecha no termina de disolverse, la conformación de una mayoría amplia que rompa la actual dinámica, no termina de nacer. De hecho, el intento de escenificar la capacidad del PSOE de tejer nuevas alianzas más transversales se ha saldado con una votación caótica y un resultado de un sólo voto de diferencia que provocará un conflicto jurídico en las próximas semanas.

FUENTE: EFE

Más allá del resultado que se produzca en el trámite de enmiendas como proyecto de Ley, la clave son los escenarios que han rodeado a la votación y los partidos, los cuales tienen ante sí una situación en la que la estrategia política se torna fundamental en los próximos meses. ¿Sería posible ver una política objetiva? Es evidente que con la cuestión de la reforma laboral ha brillado por su ausencia.

Ni las posiciones a favor ni en contra han valorado con objetividad qué cambia y qué no esta reforma con respecto al marco regulatorio establecido en 2012 y que se ha ido modificando con los pronunciamientos de los tribunales en la última década: convenios colectivos centralizados, ultraactividad, desaparición de la temporalidad, subcontratas, formación…

Es indudable que la búsqueda de consensos y alianzas amplias entre políticos representantes de los españoles, sindicatos y patronales es no sólo deseable sino obligada. Sin embargo, no puede darse el mismo valor político a un acuerdo refrendado por una amplia mayoría de las Cortes que un pacto llevado por la mínima y con serias dificultades de implantación. O lo que es peor: el intento de minusvalorar el papel del Congreso para que no tocara el texto pactado.

La confluencia de todos estos factores señalados indica la dificultad de una transición urgente de los apoyos de los partidos extremos a una alianza que vaya más allá de la suma de 185 o 190 diputados que ha conseguido el Gobierno de coalición en estos dos años de mandato. En este marco, irrumpe con fuerza el papel de un bloque conformado por partidos minoritarios que han ido entrando y saliendo del bloque de investidura: Más País, Compromís, PdeCat, Partido Regionalista Cántabro, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Teruel Existe.

Si a ello se añade el posible papel de Ciudadanos como sustituto del apoyo de ERC al Gobierno, el escenario en vez de objetivarse se hace más complejo. En el caso del bloque de investidura, los socios más fuertes del Gobierno no han visto satisfechas sus demandas para con el texto de la reforma y han decidido votar que no. Esta decisión por parte de los aliados políticos (e interesados) del Gobierno deja muy tocado a Moncloa, ya que peligra la aprobación de más medidas hasta el final del mandato al tratarse de una de las reformas más ‘importantes’ del Ejecutivo y una de las grandes promesas de coalición.

Con la polarización y la búsqueda de objetivos puramente electoralistas por parte de los partidos, es complicado analizar los pros y los contras de esta reforma. Esta podría haber sido una gran oportunidad para los partidos liberales de hacer bloque y tratar de separarse de los extremos iliberales cambiando la dinámica de apoyos del Gobierno. En primera instancia Ciudadanos no se juntaría con Unidas Podemos y lo ha hecho apelando a la responsabilidad de la negociación con los agentes sociales y asegurando a España 12.000 millones de euros de Europa por su aprobación.

Todo esto forma parte de la estrategia política electoral, ya que dentro de poco habrá elecciones generales y todos los partidos se están preparando para este contexto. Previo a la votación y por cómo se han mostrado estos partidos, se puede vislumbrar un poco sus intenciones en este sentido: El PSOE, tratando de atraer a partidos de diversas ideologías para tratar de aglutinar a sus votantes en Sánchez; Unidas Podemos, presentando a Díaz para unos comicios en los que llegaría vendiendo una super reforma cuando es más bien descafeinada; Ciudadanos, tratando de recuperar el centro político mostrándose para pactar con derechas e izquierdas; Partido Popular, mostrándose contrario al Gobierno en cualquier tema para mostrarse como única alternativa al actual Gobierno; y Vox, que no cambia su forma de actuar viendo que su forma de actuar le está aupando en las encuestas.

Ahora toca ver si tras lo vivido el jueves 4 de febrero en el Congreso, los incentivos de los partidos (y, en especial, del socio mayoritario de la coalición) cambian hacia una mayor objetividad del debate. Es probable que cierto movimiento en esta dirección se produzca conforme las presiones de los socios europeos se incrementen hacia un mayor grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos al recibir los fondos europeos.