La fragmentación de los extremos: el caso Díaz-Iglesias

Estamos totalmente sumergidos en estrategias puramente electorales. Cada cuatro y menos años se convocan elecciones municipales, regionales, generales… y el ciudadano sabe perfectamente cuando queda poco para estas gracias al discurso y acción política. Quedó perfectamente demostrado por Pablo Iglesias el pasado fin de semana en el cierre de la ‘Uni de otoño’ de Unidas Podemos.

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Esa figura a la que nadie llama y quiere en el panorama nacional, y que entra a sus anchas y sacude a la extrema izquierda por su falta de protagonismo. Sin estar en política, Pablo Iglesias es el encargado de romper con el compadreo de la izquierda progre y, por consiguiente, generar un clima de mayor tensión si cabe en un Gobierno abocado a su fin en las urnas. Las relaciones entre Podemos, Yolanda Díaz e Izquierda Unida están en su peor momento.

Ya nadie niega el declive que Podemos ha sufrido en las urnas desde el 2019, tampoco que las relaciones con Izquierda Unida no atraviesan su mejor momento y que se encuentran enfangados en un debate interno y en negociaciones por concurrir en solitario o de forma conjunta a las municipales y autonómicas de mayo del año que viene, unos comicios que ya toman forma de primera vuelta de las generales, aún sin fecha. Todo ello, envuelto en las dudas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que no termina de decidir si encabezará un futuro frente de izquierdas tras ser designada por Pablo Iglesias como su sucesora cuando marchó de Podemos.

Desde las voces más radicales del conglomerado de partidos que forma Podemos, consideran que los procesos de crítica son buenos para avanzar; y ciertamente lo son, siempre y cuando se hagan internamente y no se genere una tensión en el ambiente, lo que las eliminará a sí mismas con el tiempo. Pablo Iglesias lo ha vivido en sus carnes y su discurso no ha cambiado, demostrando una torpeza absoluta de conocimientos prácticos de política.

Lo de recoger el acta, bien en la Asamblea de Vallecas el año pasado o en el Congreso de vuelta el año próximo, le da igual. Iglesias siempre ha tenido una visión instrumental del voto y del poder, al servicio del proyecto disolvente del Régimen del 78 que le gusta combatir. Sea en el Gobierno, donde dos años de poder institucional no han hecho mella en su afán impugnatorio de lo que es España desde hace 45 años, empezando por la monarquía, o sea en un futuro en la oposición tanto externa como interna.

No es mejor el futuro cuando los extremos se encuentran presentes en la ecuación. Ambos son generadores de conflictos y de populismo en la sociedad española. No podemos convertirnos en Italia con un nuevo Gobierno cada dos años por su propia inestabilidad. El electoralismo ciega al político por profesión, que prefiere enfrascarse en la crítica porque no tiene un plan de acción. Es ahí donde el que es político por vocación debe diferenciarse y saber tender puentes para buscar el bien común.

La radiotelevisión pública no puede ser del que gobierna

Durante varias legislaturas hemos podido observar casi las mismas leyes de educación que cambios en la dirección de Radio Televisión Española. La última salida de José Manuel Pérez Tornero como presidente de la casa reabre una vez más la batalla por el control que los gobiernos tienen y quieren para hacer con la televisión pública un elemento más de su propaganda política.

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La profesión no es lo que era, la polarización política ha polarizado aún más si cabe al poder mediático convirtiendo a los periodistas en siervos de partidos políticas y empresas. Muchos pensarán: “¿Por qué no iba a pasar lo mismo con la radio y televisión pública?” Sencillo, porque la pagamos entre todos y merecemos que los contenidos de esta sean de calidad; ya sea esta informativa, documental, cultural, histórica o educativa.

Por no decir que, fuera del poder propagandístico que de por sí un medio tiene, es un arma informativa para la protección de la ciudadanía, la cual el Ejecutivo pudo haber utilizado para educar sobre los cuidados del coronavirus. Una campaña que no se hizo en los medios y que sí se hace desde la DGT.

Es muy discutible que el tinte político de las opiniones vertidas en RTVE sea predominantemente conservador, como apuntaban miembros del consejo de administración de la casa. En nuestro paisaje mediático, de hecho, es palpable la hegemonía de las posiciones cercanas al Gobierno de coalición y a sus socios parlamentarios. Además, sobran los ejemplos que ilustran una patente afinidad entre la línea editorial de la Corporación y el Gobierno.

Lo que realmente parece querer la principal fuerza de intervención en los medios (compuesta, fundamentalmente, por personas del entorno de Podemos) es una identificación total de RTVE con la doctrina del Ejecutivo de coalición. Una aspiración más propia de regímenes en los que la información es controlada por el Gobierno. Un ejemplo más de la obsesión por obtener el apoyo de los medios públicos y privados cuando su gestión no resulta espontáneamente merecedora de buena prensa.

No es de extrañar que Pablo Iglesias quisiese en su momento hacerse con el control de RTVE. Esta semana en un programa de radio de máxima audiencia, tanto Iglesias como Carmen Calvo, dos ex vicepresidentes del Gobierno durante esta legislatura, defendieron la organización de los contenidos y contertulios en función de la representación política vigente, una suerte de cuotas partidistas con las que ejercer control sobre el medio público. Se recuerdan pocos episodios tan liberticidas como éste sin que haya comportado una condena rotunda ni del propio ente público ni tampoco del resto de medios de comunicación públicos y privados.

No es cosa de este Gobierno, eso está claro, se puede apreciar como los Ejecutivos de las regiones con televisiones públicas también meten mano de forma clara a las cadenas a modo de propaganda. Los medios y el periodismo deben garantizar la libertad de los españoles, no la buena imagen de unos políticos que no les dejan trabajar. La muerte de la información y, por tanto, de la democracia.

Los cambios deben ser más que de nombre

Con la llegada de Feijóo a Madrid para liderar el nuevo proyecto nacional del Partido Popular, se abren nuevos escenarios en el panorama político. La fragmentación de la extrema izquierda en España, con la posibilidad de que Yolanda Díaz lidere un nuevo partido político, hace que más complicado que Pedro Sánchez, por más que quiera, pueda repetir el actual bloque de investidura; y todo ello en el caso de que vuelva a ganar las elecciones, algo que según las encuestas estaría muy reñido con el nuevo líder popular.

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En este escenario se presenta Alberto Núñez Feijóo, al que confían desde su partido que vuelva a relanzarles en las próximas elecciones con el pretexto de ser un hombre que no se acerca a los extremos. Esta posibilidad, como bien decía nuestro presidente en un artículo publicado el 7 de abril en El Mundo, puede que sea la última oportunidad para abordar la posibilidad de un acuerdo de Estado que mire por los españoles. Así bien, debemos repetir que debe haber intenciones por ambas partes para llegar a un acuerdo de tal calado.

La incertidumbre ahora reside en que el cambio en el PP sea solo de nombres y no de formas de hacer política. Feijóo llega a Madrid con un cartel de político ganador, tras no perder unas elecciones desde su llegada a la presidencia de la Xunta de Galicia en 2009, sin necesidad de pactar con nadie para gobernar. No pasará eso en las próximas elecciones, en las que, en cualquier caso, tendrá que negociar en caso de ganar.

Es aquí donde Feijóo debe distinguirse del anterior líder y no alinearse con la extrema derecha frente al Gobierno, para continuar con su discurso de evitar a alinearse con el extremo y alejarse políticamente de ella, que fue uno de los errores de Pablo Casado al querer asemejarse a ellos para recuperar votantes (lo que finalmente terminó por debilitar al partido).

No estamos hablando únicamente de la posibilidad de formar un Gobierno PP-PSOE, que sería muy complicado. Hablamos de mantener unos consensos básicos que garanticen lo mejor para todos. De la responsabilidad de ambos depende la supervivencia de sus partidos para que España no dependa de los designios de la extrema derecha e izquierda.

Alejarse del iliberalismo y de los partidos populistas, reduciéndolos a oposición, traería a España la concordia que necesita tras un periodo de bipartidismo en el que, debido a la actitud de ambas formaciones, favorecieron un ecosistema de polarización social que han aprovechas los partidos iliberales que tanta fuerza han conseguido a día de hoy.

El ejemplo de Francia, un país donde la derecha y la izquierda clásica han pasado al segundo plano con el auge de los extremos y sustituidos por un centro fuerte, puede hacerse realidad en España si tanto PP como PSOE son responsables con España. Los grandes partidos constitucionalistas tienen la oportunidad de centrarse para trabajar por los españoles sin necesidad de acudir a los partidos extremistas.

Feijóo debe ser capaz de tender esos puentes que no ha sabido tender Casado, y no puede esperar a los próximos comicios para tratar de hacer ver a los socialistas que sus socios no hacen bien a España. Los cambios han de ser reales, no solo de nombres. Sánchez no debe pasar esa oportunidad y tiene que aprovechar la entrada de Feijóo para recuperar la seriedad política española, algo que la Europa actual demanda de un país importante en el continente como es España.

Qué ha pasado con el ‘paro’ del transporte

Desde el día 14 de marzo, España ha experimentado un suceso alejado de la normalidad. Un paro que comenzó con el transporte y que terminó por afectar a gran parte de los sectores de actividad a causa del alza en los precios de la energía y la falta de materias primas provenientes de la zona del conflicto entre Ucrania y Rusia.

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El día de la convocatoria se inició directamente el paro, organizado por una pequeña patronal del transporte, con un seguimiento bastante bajo, que se fue incrementando con el paso de los días. Los sindicatos, por su parte, no convocaron huelga hasta el día 21 de marzo. La diferencia entre ambos movimientos, paro y huelga, viene marcado por sus convocantes: el paro lo convocan las patronales (empresarios) y la huelga los sindicatos (trabajadores).

En estos días hemos podido observar qué ha sucedido en los últimos años con respecto a la representatividad de los sindicatos tradicionales, dado que los transportistas siguen buscando un órgano que les represente y defienda los intereses específicos del sector. Algo que hubiera sido impensable en el pasado, cuando el transporte era un sector organizado. Este desapego hacia los sindicatos y patronales tradicionales, ha terminado por ocasionar una situación de desorden del movimiento, con autónomos y pymes asfixiados por la pandemia y los costes buscan una solución más radicalizada a las grandes organizaciones; y eso está sucediendo ahora tras el fin de la huelga y la continuación indefinida del paro protagonizado fundamentalmente por autónomos. Este fin, a medias, del problema (se cifra en el 5% el porcentaje de transportistas que continúan el paro) es parte de otro gran problema en las reuniones para solucionar el conflicto: las negociaciones asimétricas debido a la falta de estructura del diálogo social en este mercado.

Estas situaciones se dan debido a que, en primer lugar, el sector del transporte por carretera en España es muy heterogéneo. En él, conviven las grandes empresas y plataformas logísticas, son muy competitivas y pueden absorber las subidas de costes que pudieran producirse, beneficiándose de su posición en el mercado. Si suben costes, como está sucediendo ahora, incluso pueden aprovechar la situación para aumentar sus márgenes de beneficio.

Junto a esos grandes transportistas hay otros miles de pequeños que viven continuamente al límite y que, en ocasiones, dependen de los picos de las grandes logísticas para operar. No tienen el volumen de horas de las grandes empresas, ni tienen acceso a una gama tan amplia y rentable de clientes y cuando son subcontratados se ven obligados a aceptar sin rechistar las condiciones que les imponen. A poco que empeoren las condiciones, porque baje la demanda o suban los costes, muchos de ellos entran sin remedio en pérdidas. De ahí la famosa frase del paro: “Si estamos parados no gastamos”, tan repetida por la curiosa figura del presidente de la CNTC.

El segundo factor no es tan comentado, pero igual de relevante. Guste o no, la realidad del sector del transporte de mercancías por carretera en España es que está sobredimensionado, en todos los sentidos. Desde un punto de vista más general, porque tiene un peso desproporcionado en relación con otras opciones del transporte de mercancías, como el ferrocarril, lo cual supone costes agregados e ineficiencias muy elevadas para el conjunto de la economía; es decir, para todos los hogares, empresas y administraciones públicas.

Una de las razones que pueden explicar que esta situación de paro y huelga hayan ocurrido, es que los sucesivos gobiernos han sido incapaces de enfrentarse con realismo al sector para evitar el peligro político que siempre lleva consigo su paralización, pues afecta a toda la economía.

Tiempos de cambio

Nada dura para siempre y lo ocurrido estás últimas semanas en la madrileña Calle Génova es buena prueba de ello. El cambio de liderazgo en el principal partido de la oposición supone un movimiento relevante, además de una señal para el resto de actores a unos pocos meses de que se celebren las Elecciones andaluzas y a un año escaso de las Elecciones municipales y autonómicas.

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Fuera de cualquier especulación en torno a la nueva dirección, ya se sabe quién será la figura que se hará cargo del Partido Popular. Un hombre que ‘siempre ha estado ahí’ y del que siempre se ha esperado que diese el salto a la presidencia del partido a nivel nacional: Alberto Núñez Feijóo. El orensano será, casi con total seguridad, el candidato a la presidencia del Gobierno en el momento en que se convoquen Elecciones Generales, una posibilidad nunca descartable ante la inestabilidad del Gobierno de coalición.

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta este punto de forma tan acelerada? Pablo Casado tomó el relevo de Mariano Rajoy en 2018 y con ese relevo también heredó los problemas que tenía el partido en su momento: el desgaste del electorado con los casos de corrupción que salieron a la luz, la aparición de Ciudadanos y la ultra derecha que condensaron parte de los electores perdidos, el manejo de la situación en el proceso separatista catalán, y la rocambolesca salida de la presidencia de Mariano Rajoy tras la moción de censura, entre otros.

El partido que heredó Casado le ha lastrado en su etapa al frente del PP. No solo no ha podido revertir la situación, sino que nacieron nuevos problemas durante estos cuatro años. No se supo crear una estrategia clara ante la extrema derecha, que cada día es más fuerte a costa de los partidos constitucionalistas. Tampoco hubo acierto al gestionar su propio partido, en el que, antes del estallido del conflicto con la presidenta madrileña, ya había muchos que dudaban de su capacidad de liderazgo tanto para conducir a los populares a recuperar la presidencia del Gobierno como para gestionar los problemas internos.

Los barones populares ya llevaban tiempo demandando a Casado que ejerciese la responsabilidad de su puesto por lo poco que aportaba el líder nacional a sus campañas, dejando caer que los éxitos electorales del PP eran una mezcla entre el demérito del rival y el buen hacer de sus candidatos a expensas de la inacción de la dirección nacional.

¿Qué le espera ahora al Partido Popular?

Con la confirmación el miércoles de la candidatura de Feijóo a presidir el partido, queda una idea muy clara que veremos si electoralmente es posible de realizar, ya que depende de la coincidencia entre varios factores. El “no” a la extrema derecha. El orensano comienza su etapa mostrando una estrategia alejada de Vox, uno de los errores que achacan desde el PP a la gestión de Pablo Casado, y acercándose al PSOE en la posibilidad de realizar pacto de Estado, lo que dotaría a España de gran fuerza a ojos de Europa.

Los populares viven ahora un momento de renovación y es ahora cuando se deben poner los cimientos de la nueva dirección y reforzarse tras la guerra interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. No será tarea fácil, pero Feijóo sabe crear confianza y sus resultados electorales lo demuestran.

De Feijóo se espera mucho en la política española, tanto por los que están dentro como por los que están fuera. Se espera un líder alejado de la ultraderecha (siempre se ha querido alejar y nunca ha pensado en un pacto) y con el que se puede hablar, algo necesario con la actual polarización. Un soplo de aire fresco que puede atraer al PSOE hacia la moderación, alejándose de Unidas Podemos y los socios de investidura para formar una España fuerte, y alejada de los populismos.

2021 Una odisea en el espacio

En todo sistema solar hay planetas excéntricos que orbitan lejos de su centro, a izquierda y derecha. En el sistema español el caso es peor porque, además, hay excéntricos nacionalistas –nacionalista, según la Enciclopedia Galáctica, equivale a xenófobo, así que es normal que éstos orbiten a su bola-. Además está la PSOE, un planeta enorme que, por una extraña aberración óptica, todo el mundo cree ver en el centro del sistema cuando en realidad orbita en sus confines, junto con el planeta turrapopulista, los nacionalistas y la estrella de la muerte.

Por Fernando Navarro

Lo cierto es que la alianza de la PSOE con todos estos planetas -formando un subsistema bastante estable en la excentricidad- está provocando un éxodo de terrícolas hacia otro cuerpo excéntrico según se mira a la derecha. Y a su vez, este éxodo proporciona una justificación a los habitantes de la PSOE para permanecer en la periferia del sistema, aunque hay que decir que fueron arrastrados hasta allí -sin la menor queja- bastante antes de que ese éxodo se produjera. Pero esta es una cualidad que todos los planetas políticos poseen, y que algunos spin-doctors siderales llaman «mover la ventana de Overton». En realidad –lo cuenta Futurama- la Planet Express –trasunto de la PSOE- no se mueve, sino que reordena el universo en torno suyo gracias a la materia oscura defecada por los niblonianos –trasunto de los medios, expertos y politólogos de guardia-. Así, aunque sus desplazamientos sean dramáticos, siempre permanece en el centro del sistema y con ella sus ocupantes.

Pero la anomalía que mantiene actualmente tanta órbita excéntrica es Black Sánchez, un agujero negro -descubierto hace años por el astrónomo Voir Granovetter- que devora todos los escrúpulos y convicciones del sistema y genera unos campos gravitatorios bastante chungos. Este es, en resumen, el problema del infortunado sistema español: un enorme agujero negro que genera excentricidad. Pero él está tan feliz, y se hace muchas fotos.

Pensar antes de actuar

La catastrofe natural de La Palma ha sacado lo mejor de las personas con innumerables acciones por parte de personas y asociaciones de todo el país para poner de forma desinteresada toda la ayuda que está en su mano y que, sin duda, necesita la isla..

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De nuevo y por desgracia, ha sacado también lo peor de algunos políticos, que no han sopesado las consecuencias de algunas de sus decisiones y palabras para tratar de calmar los ánimos, los cuales han terminado alterando

Los casos más sonados hasta el momento han sido la de la ministra de Turismo, Reyes Maroto; el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida y el senador ‘popular’ Rafael Hernando. Sus resbalones o grandes fallos han sido producidos por distintas y desafortunadas acciones que, creemos que sin ánimo de causar malestar en los españoles, esperamos que no se produzcan más por parte de nuestros representantes políticos.

En el caso de la primera, la ministra Reyes Maroto tuvo un desafortunado comentario con respecto a la erupción de Cumbre Vieja. La ministra de Turismo definió el volcán como un «espectáculo maravilloso» y un reclamo turístico aprovechable, mientras cientos de personas veían como perdían todo lo que tenían. De esta forma, la ministra de Turismo ha querido priorizar la tranquilidad del turismo sobre las cientos de familias que están sufriendo en la incertidumbre que rodea a la isla desde hace varias semanas y sin dejar de obviar la peligrosidad de este suceso en las vidas humanas, ya sean turistas o no.

Por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su proposición de ayuda a La Palma no ha gustado demasiado a los madrileños, que han visto como el responsable de su ciudad ha ofrecido todos los medios a su disposición para tratar de paliar o controlar los efectos de las erupciones. Esto no debería ser en ningún caso un resabalón, el problema viene cuando hablamos de su gestión el pasado año con la llegada de la borrasca Filomena. Durante el temporal el alcalde prometió a los madrileños la movilización inmediata de todos los recursos para evitar el colapso de la capital de España, lo cual no llego a ser cierto y fue utilizado por el alcalde popular en una maniobra contra el gobierno de Pedro Sánchez.

El último de los casos lo protagoniza el senado Rafael Hernando, que criticó con dureza que los ministros y el propio Pedro Sánchez se acercasen a La Palma a “hacerse la foto” cuando miembros de su partido acudieron del mismo modo a la isla en un acto considerado previamente por él como una falta de respeto a los afectados y una frivolidad ya que su presencia no iba a hacer más que estorbar.

Es una vergüenza que hasta en las grandes catástrofes los políticos de los dos grandes partidos de nuestro país, que deberían ser ejemplo de saber estar y de ejemplo democrático, no hagan más que actuar de forma irresponsable para con sus actos y palabras. La política no es un circo mediático y no pueden ser las figuras políticas las que quieran convertirlo en ello para recibir un rédito partidista y, como decía el señor Hernando, frívolo. La sociedad está muy descontenta con el trabajo de nuestros políticos y es por cosas como estas. Señorías, tomen conciencia de sus actos antes de que sea demasiado tarde.

Qué debería hacer el Gobierno y no hace para bajar el precio de la luz

La solución pasa por un cambio eficiente y con celeridad; contundente, pero con seguridad jurídica. 

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En primer lugar, es necesario incentivar la entrada masiva de fuentes de energía limpia a corto y medio plazo que contrarresten la enorme dependencia que tenemos del gas: fomento de las energías renovables apoyadas en sistemas de almacenamiento tecnológicamente maduros como las centrales de bombeo reversible, retirar el castigo vía impuestos y cánones a la hidroeléctrica y la nuclear o introducir más cogeneración, entre otros. En segundo lugar, cubrir con un déficit transitorio los enormes costes que están asumiendo 10,7 millones de consumidores, en su mayor parte familias vulnerables, de bajos ingresos, acogidas a programas de ayudas como el bono social o que están bajo esquemas de protección pública. En tercer lugar, una planificación a largo plazo de inventarios de materias primas para asegurar en todo momento el suministro. En cuarto y último lugar, fomentar la venta a largo plazo de energía y una mayor liquidez en los mercados que sirva para cubrir riesgos de enorme magnitud como inviernos más duros o mayor dependencia de menor número de productores que utilizan sus materias primas como arma geopolítica.

Éste es el camino que sí soluciona el problema de fondo de la energía en España, a diferencia de las propuestas conocidas esta semana que introducen más inseguridad jurídica, hunde las expectativas de inversiones en energías renovables y nos hace más dependientes de la coyuntura internacional, concretamente de la injerencia rusa en Europa. La nueva crisis propiciada por el aumento del precio de la luz ha provocado una ola de soluciones con poca garantía de éxito y con las que se intenta distrae la atención de la población culpabilizando a las compañías eléctricas, evadiendo de esta forma la responsabilidad de la política energética. A causa de esta mala praxis, podemos terminar sufriendo un problema mayor al que sufrimos actualmente, con nuevos récords en el precio de la electricidad prácticamente a diario.

Con el actual funcionamiento del mercado eléctrico (el famoso ‘mercado marginalista’) se han conseguido precios muy bajos para las familias y las empresas durante años, pero la cantidad de impuestos y tasas existentes en el recibo de la luz nos ha llevado a ser el quinto país de la Unión Europea donde más se paga por la energía doméstica. La solución no pasa por confiscar el beneficio de las empresas privadas (en muchos casos inexistente porque la mayor parte de la energía generada la tienen vendida a un precio fijo), sino por reducir el gravamen de la energía y apostar por soluciones alternativas a las que no les hemos dado cabida hasta ahora.

Estas políticas suponen cambios inmediatos para no agravar más aún la situación en la que nos encontramos los españoles. El Gobierno debe abogar por un sistema mixto de energía, incentivando lo que durante años se ha hecho bandera (las energías renovables) pero sin dejar el ‘cabo suelto’ de la energía de respaldo, lo que permite que no se produzcan apagones, siendo esto también uno de los puntos clave a los que están sujetos los famosos fondos de la Unión Europea. Estas modificaciones pasan por adaptarse ya, a través de políticas energéticas serias y no de desviar la atención con medidas que no hacen más que retrasar lo inevitable, mientras sigue aumentando el recibo de todos los españoles. Los políticos han de reconocer su error y el Gobierno y sus socios parlamentarios ser responsables con una situación que se puede resolver en el corto plazo. Los españoles no merecen seguir siendo engañados mientras pagan un precio desorbitado por servicios básicos y de primera necesidad.

El populismo con el que se está tratando el problema no hace más que seguir empeorando una situación ya compleja de por sí, medidas semejantes a la ‘expropiación’ de los beneficios de las empresas mientras estas registran pérdidas millonarias no tiene sentido alguno. Los españoles no han hecho nada para encontrarse en una situación de vulnerabilidad que pone en peligro la supervivencia económica de muchas familias de nuestro país, necesitamos soluciones eficientes y las necesitamos ya.

Homenajes contra la libertad. Joseba Arregi y Mikel Azurmendi in memoriam

Con los acercamientos de los presos al País Vasco y excarcelaciones que forman parte de las concesiones del Gobierno de coalición a EH Bildu, estamos inmersos en una campaña de homenajes a etarras en País Vasco y Navarra. 

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En estos actos, el Ejecutivo central se ha puesto de perfil, dejando que sean los tribunales los que decidan si se celebran o no, en un claro gesto de dejadez intolerable. Ante esta “normalización” del enaltecimiento del terrorismo (por ejemplo, con actos tan viles y reprochables como el de Henri Parot, uno de los etarras con más asesinatos a sus espaldas condenado por cometer 39) pocas voces de la sociedad se alzaron con tanta autoridad y claridad como las de Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, tristemente desaparecidos en las últimas semanas.

Es preocupante el posicionamiento del Gobierno de Sánchez pensando sobre todo en las familias de las víctimas del terrorismo, que ven como el propio Estado les ha abandonado y permite que sus verdugos tengan espacios para el homenaje mayores que el de las propias víctimas. Contra esto siempre estuvieron Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, defensores de la libertad y la convivencia, los cuales dedicaron y arriesgaron su vida condenando con crudeza todo acto relacionado con la violencia, incluidos este tipo de actos contra aquellos que sufrieron la pérdida de familiares en una lucha armada sin sentido, como explicaba Mikel Azurmendi en su ensayo ‘La herida patriótica’, publicado en 1998, donde analiza la «identidad densa y absoluta» de los casi 200.000 vascos que se consideran en guerra y, que en ella, han olvidado la libertad individual y han generado que hoy «ser autóctono» sea «saber negociar con el miedo».

En honor a todos aquellos muertos y personas como Mikel y Joseba, que lucharon contra las injusticias del terrorismo, el Gobierno de España debe actuar con todas las herramientas que el Estado de Derecho da para impedir el enaltecimiento terrorista y no venderse a las exigencias del extremismo nacionalista. El Ejecutivo de Sánchez se confunde de nuevo de aliados, actuando en contra de la concordia que necesita España con respecto al terrorismo de ETA. Sin embargo, la llama que gente como Azurmendi y Arregi sigue viva, marcando el camino de la responsabilidad que deben asumir nuestros gobernantes en asuntos tan importantes y de responsabilidad social como estos.