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El Abogado General y la farsa de la amnistía

El dictamen del Abogado General no es un rayo de luz ni un triunfo de la justicia. Es un recordatorio brutal: la Unión Europea no va a arreglar la podredumbre que los propios españoles consienten. Y mientras tanto, Sánchez juega a desmantelar el Estado con la ilusión de que Luxemburgo lo corrija.

FUENTE: Unión Europea

El Abogado General del TJUE, Dean Spielmann, ha dicho lo que era evidente para cualquier jurista honesto: la Ley de Amnistía vulnera la tutela judicial efectiva al imponer un procedimiento que obliga a los jueces españoles a aplicar la norma sin analizar caso por caso y sin valorar el daño causado al erario público. No es una sorpresa. Lo sorprendente es que haya tardado tanto en decirlo.

Si el TJUE refrenda esta opinión —y suele hacerlo en un porcentaje altísimo de casos— la consecuencia inmediata será devastadora para el relato gubernamental: el asunto regresará al Tribunal de Cuentas, justo donde el independentismo y el PSOE no querían que regresara jamás. Porque ahí no hay himnos, ni discursos, ni “relatos de convivencia”: hay responsabilidad contable, dinero público volatilizado y nombres propios. Y la amnistía, tal como la diseñó Sánchez, pretendía que el dinero evaporado no existiera.

El Abogado General: entre la pereza y el sesgo

Pero sería un error convertir a Spielmann en héroe. Ni lo es ni lo pretende. De hecho, su carrera está llena de decisiones discutibles: fue uno de los artífices de tumbar la doctrina Parot, un movimiento que dejó boquiabiertos incluso a juristas europeos.

Podemos ser generosos y atribuirle cierta pereza mental —esa manía europea de aplicar estándares generales sin entender el contexto español— o podemos ser sinceros y reconocer que juega con un sesgo evidente:
Europa tiende a desconfiar de la justicia española más que de la justicia española de quienes la atacan.

Pero aquí el problema no es Spielmann. El problema somos nosotros, que llevamos una década creyendo que Bruselas actuará como árbitro moral de nuestra política interna. Españoles que no se fían de su propio Estado depositan su fe en Luxemburgo como quien deposita la esperanza en un santo laico que ni nos conoce ni nos comprende.

Europa no nos va a salvar porque Europa no quiere salvarnos. Y aunque quisiera, no podría: los problemas de un país no los resuelve un tribunal extranjero cuando el país en cuestión está gobernado por políticos que consideran que desmantelar la ley es una forma creativa de hacer política.

La amnistía como acto de sumisión

Lo que ha quedado claro con este dictamen es que la amnistía no fue una concesión política: fue un acto de servidumbre. Un presidente dispuesto a sacrificar el principio de igualdad ante la ley para mantener el apoyo de quienes no creen en la ley. La amnistía no es un gesto de reconciliación; es una factura. Y Sánchez la pagó encantado: es el único presidente europeo capaz de hablar de “regeneración democrática” mientras torpedea los cimientos del Estado de derecho.

El Abogado General ha levantado el velo: el procedimiento impuesto por la LOA es un traje a medida, una costura cosida con el hilo del chantaje. No permite a los jueces analizar el daño contable. No les deja examinar el impacto económico de los delitos de sedición, malversación y desobediencia. No les deja, en definitiva, juzgar. Y cuando a un juez se le priva de juzgar, no se está haciendo política: se está perpetrando un fraude.

Si Luxemburgo ratifica al Abogado General, la amnistía no borrará las responsabilidades económicas del procés. La justicia contable volverá a su sitio. Los expedientes regresarán al Tribunal de Cuentas, ese organismo que el Gobierno ha intentado desacreditar, colonizar y neutralizar. Y volverán no por mérito de España, sino por defecto de España: por haber querido hacer trampas de tal calibre que ni el TJUE puede mirarlas sin sonrojarse.

El independentismo lo sabe. Por eso su reacción es histérica. Saben que la amnistía política puede tragársela Europa, pero la amnistía económica no la tolera nadie. Porque borrar delitos es discutible. Pero borrar dinero público es obsceno.

La enésima lección que no aprenderemos

La conclusión es amarga: España ha vuelto a descubrir —por enésima vez— que Europa no interviene para salvar al país de sí mismo. Interviene para preservar estándares jurídicos que España aceptó libremente. Y si esos estándares contradicen los intereses del Gobierno, Europa no se mueve ni un milímetro.

El dictamen del Abogado General no es un triunfo: es una humillación. Nos recuerda que estamos tan entregados a nuestros propios abusos internos que solo reaccionamos cuando nos reprende un árbitro extranjero. A un país serio le bastaría su propio Tribunal Supremo. A nosotros no.

Si la amnistía es corregida por Europa, Sánchez venderá la rectificación como un matiz técnico. Si Europa la avala parcialmente, la proclamará como una victoria histórica. En ambos casos, España pierde: porque demuestra que su sistema político ya no es capaz de autocorregirse.

Mientras la mitad del país juega a dinamitar la legalidad y la otra mitad ruega a Luxemburgo que la restaure, la conclusión es clara: Europa no nos salvará. Europa no puede salvar a un país que ha renunciado a salvarse a sí mismo.

La amnistía que traiciona la memoria

De la reconciliación histórica a la cruda instrumentalización política de la amnistía

FUENTE: RTVE

El terrorismo criminal de ETA sumió en un dolorabilísimo eclipse a decenas de miles de familias. No fueron meros daños colaterales: fueron desgarros irreparables, sangre derramada en la conciencia colectiva. A diferencia de quienes promovieron la Transición, ETA no buscó transgredir el consenso democrático, quiso borrarlo. Fracasó en su aspiración de derrotar al Estado, pero no en su capacidad de sembrar muerte. Esa memoria es una advertencia: las balsas de la amnistía no pueden navegar sobre el silencio.

La Ley de Amnistía de 1977 nació de un acuerdo político noble: fue el abrazo nacional que permitió pasar página, convertir enemigos en adversarios y mirar al futuro con pragmatismo. Fue, en esencia, una decisión colectiva por la concordia, no el resultado de transacciones espurias. De ella brotó el Estado Social y Democrático de Derecho que hoy disfrutamos, una gesta de cordura en una Europa sacudida por el fantasma revolucionario.

La amnistía sanchista: distorsión y cinismo

Sin embargo, la nueva amnistía pactada por Sánchez –aquella que Conde‑Pumpido bendice con igual indignidad– se revela como su antítesis. No busca sanar, sino consolidar un tinglado político: agradar a los sedicentes aliados independentistas, reforzar una mayoría hueca, maquillar debilidades. El Tribunal Constitucional, en su mayoría progresista, se antoja menos un guardián del Estado de Derecho que un instrumento subalterno: “gladiadores más que juristas”, han dicho algunos críticos elpais.com+1hayderecho.com+1. La vieja grandeza constitucional desemboca en un simulacro de justicia: lo legítimo no se refuerza por ser legítimo, sino cuando encaja en el reloj político. Arbitrariedad, reza el epígrafe, sin pudor ni recato.

Un sistema democrático que adscribe la igualdad ante la ley selectivamente, según conveniencias partidistas, deja de ser democracia. Cuando los mismos magistrados que avalaron el perdón constitucional ahora legislan a golpe de necesidad gubernamental, el principio se tuerce. Felipe González no ha dudado en calificar la reforma de “acto de corrupción política”. Y el PP, el PP no recurre –simplemente cuestiona–, alta nota para la secular política de la razón: “un órgano político, no jurisdiccional” elpais.com.

Pactos de poder versus futuro compartido

La Transición fue, también, eso: pactos difíciles, concesiones firmes, sacrificios mutuos. Y no, no fue impunidad. Hubo verdad, hubo justicia, aunque sesgada. Fue larga y no exenta de complejidades, pero honesta. La amnistía de 2025 es la contraria: tácita rendición al tacticismo, destrucción del principio de igualdad, erosión del poder judicial a conveniencia. Se regresa al decimononismo, a la arbitrariedad, a una política esencialmente personalista –“la ley para seguir durmiendo en La Moncloa”–.

Un día fue el 15 de octubre de 1977, cuando España entonó la canción de la reconciliación. Hoy, por el contrario, ese día pasa a ser ceniza: inauguración de un modelo de Estado ad hoc, concebido no para servir, sino para sostener. La amnistía del siglo XXI no perdona ni olvida: promueve una ruptura silenciosa con la igualdad, y convierte en mercaderes a quienes dicen servir a la patria.

Cuando la Constitución se convierte en papel para fumar

El Tribunal que debe garantizar la defensa de la Constitución y la amnistía: del garante al cómplice, del intérprete al legitimador de lo ilegítimo

FUENTE: IA

Las filtraciones de la ponencia que debe avalar la constitucionalidad de la ley de amnistía no solo han desvelado el sentido del fallo —más que previsible—, sino algo mucho más preocupante: la concepción del poder que subyace en la doctrina que el Tribunal está dispuesto a consagrar. Una doctrina que reescribe, de forma subrepticia pero demoledora, el equilibrio de la Carta Magna, y que convierte el silencio de la Constitución en carta blanca para el ejercicio del poder más puro, más bruto y menos democrático: el poder sin límite.

La lógica que se esconde tras esa ponencia no es nueva, pero sí alarmantemente explícita. Si la Constitución no prohíbe la amnistía, entonces la amnistía es válida. Bajo ese principio, el Parlamento puede hacer cuanto le plazca, siempre que el texto constitucional no lo prohíba con precisión quirúrgica y en negrita.

Esta lectura revienta de raíz la arquitectura del Estado de Derecho, donde el poder —cualquier poder— está limitado, tasado, subordinado a un marco normativo que no solo enumera prohibiciones, sino que define un perímetro de acción positiva. Cuando se invierte esa lógica, cuando al poder se le permite todo salvo lo que se le veda expresamente, lo que se consagra es una forma de despotismo legalista, formalmente limpio pero sustancialmente arbitrario.

Y ahí está el giro. Porque lo que debería ser una interpretación restrictiva, garantista, propia de un tribunal que vela por que nadie —ni siquiera el legislador— cruce ciertas líneas, se convierte en una exégesis complaciente, en una plasticidad interpretativa al servicio del momento político. La Constitución, entonces, no es norma; es sugerencia. Un marco maleable donde todo cabe si conviene, si es útil, si resuelve una urgencia parlamentaria o una investidura imposible.

Esta visión del Derecho es profundamente corrosiva. Porque si el poder puede hacer todo salvo lo que le está expresamente vedado, entonces deja de ser poder limitado para convertirse en poder constituyente. Y un poder constituyente sin contrapesos es, sencillamente, un poder absoluto. No hay diferencia esencial entre eso y la voluntad de una mayoría ocasional decidida a reinterpretar la legalidad según su necesidad más inmediata. Ya no hay fronteras entre lo legal y lo legítimo. Todo es cuestión de votos. Y donde todo es posible, nada está a salvo.

La ponencia, además, practica un silencio significativo y estratégico sobre el delito más incómodo: la malversación. Se evita, se aparca, se escamotea. Porque ahí es donde chirría el engranaje, donde la máquina jurídica se queda sin aceite.

La sedición ya ha sido amortiguada mediante ingeniería penal. Pero la malversación —el uso espurio de dinero público para financiar un proceso de ruptura institucional— permanece como un escollo que ni los más habilidosos redactores constitucionales pueden suprimir sin sonrojo. Y ante eso, la táctica es clara: no pronunciarse, dejar correr el tiempo, permitir que la amnistía actúe mientras Europa mira y, quizá, reacciona.

Pero esa omisión no es inocente. Es una decisión política envuelta en el celofán de la neutralidad jurídica. Y es ahí donde más se revela la naturaleza del problema: el Tribunal Constitucional no está ya interpretando, sino blindando. No analiza, sino que construye un relato jurídico para justificar lo que se ha decidido en otro lugar. Se convierte así en notario de lo inevitable, en firmante de una ficción de constitucionalidad que no resiste un examen de fondo mínimamente riguroso.

Porque aceptar que lo que no está prohibido está permitido equivale a asumir que el poder puede todo lo que la Constitución no haya tenido tiempo o detalle de negar. Y eso significa, sencillamente, acabar con el Estado de Derecho tal como lo hemos entendido hasta ahora. Significa que el Parlamento —si tiene mayoría suficiente— puede amnistiar, indultar, despenalizar, retroceder o arrasar, siempre que no lo contradiga una línea explícita del texto constitucional. Es la victoria del vacío sobre el principio. Y es, sobre todo, la derrota del ciudadano frente al poder.

Lo que se legitima con esta ponencia no es solo una ley; es una forma de gobernar. Una forma de gobernar sin límites, sin pudor, sin el freno que debería imponer la conciencia jurídica de un tribunal que nació precisamente para eso: para decir “hasta aquí”. Pero no. Aquí se ha dicho: “pasen, no hay frontera”.

Y cuando no hay frontera, lo que hay es selva.

La Justicia y el sentido común

La Ley de Amnistía ha generado un debate encendido en la sociedad española. Esta ley, que busca exonerar a aquellos implicados en el procés independentista catalán, plantea serios interrogantes sobre el respeto al Estado de derecho y la integridad de nuestras instituciones judiciales.

FUENTE:EFE

La Ley de Amnistía no solo es un error político, sino también una amenaza a los principios fundamentales de justicia y equidad.

En primer lugar, es crucial entender que el problema no radica en los jueces del Tribunal Supremo, sino en las trampas inherentes a la Ley de Amnistía. Esta ley representa una maniobra política que busca desvirtuar las decisiones judiciales previas y socavar la independencia del poder judicial. La justicia debe ser imparcial y basada en hechos y leyes, no en conveniencias políticas o presiones externas. Alterar los veredictos judiciales a través de una ley ad hoc sienta un peligroso precedente que mina la confianza en el sistema judicial.

Asimismo, debemos subrayar la importancia del imperio de los jueces. La propuesta de amnistía, lejos de promover la reconciliación, ataca directamente el corazón de nuestro sistema de justicia. Al desautorizar las sentencias emitidas por los tribunales, se envía un mensaje desalentador a los ciudadanos: la justicia puede ser manipulada por intereses políticos. Esto no solo desacredita a los jueces, sino que también erosiona la credibilidad del sistema judicial en su conjunto. Los jueces son los garantes de la ley, y su autoridad debe ser respetada para mantener la integridad y la estabilidad del orden legal.

Por otro lado, la ley y el sentido común deben prevalecer. La Ley de Amnistía, en su esencia, desafía ambos principios. La ley no debe ser vista como una herramienta flexible para acomodar decisiones políticas, sino como un marco riguroso que asegura la justicia y la equidad. La justicia debe ser igual para todos, y cualquier intento de modificarla para beneficiar a un grupo específico es, en última instancia, injusto y contraproducente.

Además, es fundamental considerar el impacto que esta ley tendría en el tejido social y político de España. La amnistía no resolverá las tensiones políticas subyacentes ni promoverá una verdadera reconciliación. Por el contrario, podría profundizar las divisiones al crear una percepción de impunidad y favoritismo. Aquellos que respetan la ley podrían sentirse traicionados, mientras que los beneficiados por la amnistía podrían interpretarla como una licencia para repetir sus acciones sin temor a repercusiones.

En este contexto, es imprescindible mantener una postura firme en defensa del Estado de derecho. La justicia no puede ser una variable dependiente de las circunstancias políticas. La amnistía no solo es una solución inapropiada para la crisis catalana, sino que también representa un peligroso precedente para el futuro de nuestra democracia. Si permitimos que las decisiones judiciales sean revocadas por conveniencias políticas, ¿qué mensaje estamos enviando a las futuras generaciones sobre el valor de la justicia y el respeto a las leyes?

La ley es un grave error que socava los principios fundamentales de nuestra sociedad. Debemos rechazarla con firmeza y abogar por un sistema judicial independiente y respetado. La justicia debe ser ciega, imparcial y no estar sujeta a las fluctuaciones políticas. Solo así podremos garantizar una sociedad justa y equitativa, donde todos los ciudadanos, sin excepción, estén sujetos a las mismas leyes y normas. La amnistía no es el camino; el respeto a la ley y la justicia sí lo son.

Desviar la atención

El Gobierno, sometido a chantaje por sus socios, no parece vislumbrar un horizonte claro en esta legislatura, que acaba de comenzar. A pesar de las múltiples líneas rojas traspasadas para satisfacer a sus socios de investidura, especialmente después del desplante de ayer con la amnistía, la situación se complica.

FUENTE:EFE

Los tiempos de Sánchez todavía permiten maniobrar, aprovechando las elecciones gallegas para dar a Junts lo que pidan, desviando la atención con una retórica ‘españolista’. Para respaldar sus acciones, el Gobierno se apoya en terminales mediáticas y opinadores de guardia, quienes tratan de convertir la amnistía en una virtud, mientras la población española expresa su rechazo.

A pesar de las críticas y la oposición, el presidente parece ajeno a lo que sucede en el exterior, tal vez creyendo que contribuye positivamente al país con medidas regresivas. La ley de amnistía, tras la derrota parlamentaria, vuelve al inicio, y el Gobierno tiene un mes para satisfacer a Junts, evitando ceder ante la presión independentista cercana a las elecciones gallegas.

La persistencia de una corriente política y mediática que respalda la ley de amnistía, con una interpretación flexible del delito de terrorismo, genera alarma social. Esta estrategia, destinada a obtener votos y poder, no solo transgrede la ética legal, sino que también bordea la extralimitación moral, desafiando la capacidad de asombro de los ciudadanos españoles.

El texto señala una serie de acciones que cuestionan el Estado de Derecho, desde pactos con quienes inicialmente fueron rechazados, hasta indultos a delincuentes golpistas, eliminación de delitos y blanqueo de herederos políticos de terroristas. La inclusión de Puigdemont bajo la amnistía inconstitucional cruza la línea roja del terrorismo, socavando la separación de poderes.

La ley se enreda entre sus propias líneas, ya que Junts busca un texto concluyente que amnistíe todas las situaciones y evite la intervención de los jueces, lo cual va en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho y de la separación de poderes.

Aunque la amnistía continuará adelante debido a la demanda que respalda la legislatura, para el PSOE es una noticia desfavorable que su aprobación se retrase y siga acaparando la atención mediática.

Cuando lo inconstitucional nunca puede ser constitucional y es incompatible con Europa

Los asesores legales de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados lo dejaron meridianamente claro en su opinión sobre la propuesta de Ley de Amnistía del Gobierno destinada a eliminar los delitos relacionados con el procés

FUENTE: EFE

La iniciativa no puede fundamentarse en la Ley de Amnistía de 1977, ya que ésta fue aprobada antes de la entrada en vigor de la Constitución (un hecho anterior no implica automáticamente que éste esté reconocido en la Constitución) y que el texto constitucional no proporciona respaldo para la aprobación de una medida de gracia de este tipo al prohibir un hecho de rango menor a la amnistía como es el indulto general.

Este informe, aunque no está firmado, ha sido elaborado bajo la dirección de Piedad García-Escudero, quien ha ocupado cargos importantes en el ámbito legislativo, siendo secretaria general del Congreso y letrada mayor del Senado. Su nominación para este puesto fue en noviembre, sustituyendo a Manuel Fernández-Fontecha, que se había manifestado públicamente en contra de la amnistía. Piedad García-Escudero es Letrada de las Cortes desde 1981 y es hermana de Pío García-Escudero, quien fue presidente del Senado por el Partido Popular (PP) entre 2011 y 2019.

Desde la asesoría jurídica de la Comisión de Justicia señalan la necesidad de que cualquier nueva amnistía requiere previamente una reforma constitucional que la respalde. Este planteamiento contrasta con el análisis previo realizado con la aprobación de la Proposición de Ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que contó con la aprobación del letrado mayor de la Cámara, Fernando Galindo, recientemente nombrado directamente desde un puesto político dado que formaba parte del Gobierno anterior.

Con todas las cautelas que se requieren para un órgano de consulta previa, los letrados admiten que la inconstitucionalidad de la norma puede no ser evidente, pero luego identifican múltiples aspectos que podrían no cumplir con el filtro de la Carta Magna, dejando la decisión final en manos del Tribunal Constitucional.

Un aspecto crítico es la «indeterminación de los delitos comprendidos en la amnistía», criticando la inclusión de actos «cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña» y la falta de precisión en el ámbito temporal. Advierte que esta falta de determinación y la amplia ventana temporal podrían afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley, incluso pudiendo derivar en una «delimitación arbitraria» que infrinja el principio de igualdad.

Pero más allá de que el Alto Tribunal pudiera pronunciarse en un sentido u otro, los letrados apuntan en la dirección más importante como es la compatibilidad con las leyes europeas. Y aquí es donde se produce un auténtico “choque de trenes” en cuatro cuestiones críticas:

La exclusión del ámbito de la amnistía de los delitos de terrorismo solo si hay una sentencia firme.

Las disposiciones relacionadas con los efectos suspensivos de la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La inclusión de delitos de corrupción en la amnistía, que pueden comprometer la armonización y efectividad de las normas reguladoras de estos delitos según el Derecho UE.

Sobre el artículo 4 de la Proposición de Ley de Amnistía que revoca las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención, con afección especial a los delitos de terrorismo y malversación.

Estos argumentos esgrimidos por los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados no sólo son claros, sino que muestran también hasta qué punto incluso una decisión con un sesgo favorable del Tribunal Constitucional al texto de la ley es incompatible con la permanencia de España en la Unión Europea.

Ante las cámaras, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó: «Es una ley sólida, impecable y absolutamente conforme con la Constitución». Esta idea fue reiterada poco después durante la misma intervención, al expresar: «Es una ley impecable desde el punto de vista legal y constitucional». El ministro expresa una confianza absoluta en la Ley de Amnistía, fundamentada, según él, en informes realizados por los letrados del Congreso de los Diputados.

Esta “confianza” no es tal, al tener que repetir hasta en ocho ocasiones distintas el término “constitucional” en la Exposición de Motivos. La acusación de terrorismo por parte del juez Manuel García-Castellón y los apabullantes indicios de que se cometieron graves violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones de 2019 y la llamada “batalla de Urquinaona”, inciden directamente en que España está obligada a cumplir los preceptos del Derecho europeo sin discusión alguna.

Para Europa no hay “terrorismo que no viole gravemente los derechos humanos”, parafraseando al ministro Bolaños. El delito de terrorismo es muy claro, al igual que el de malversación y corrupción. Se acepta o no se acepta. No faltarán presiones directas o indirectas en los próximos meses a los jueces para que los encausados por terrorismo salgan indemnes y puedan estar poco tiempo después de vuelta en España habiéndoseles borrado sus delitos. Este punto es el que decidirá todo de aquí en adelante, más allá de que se pueda producir una batalla judicial dura y duradera en los tribunales españoles y el TJUE.

¿Y si la mayoría de los catalanes ha votado por la confederación?

El presidente en funciones quiere hacer borrón y cuenta nueva con Cataluña. La ciudadanía de este territorio habló en las pasadas elecciones generales que estaba con el ahora candidato a la investidura. La duda es si bajo la premisa de una España confederal en la que mantener a esta región tranquila de movimientos independentistas a cambio de un coste muy alto para el resto de España.

FUENTE: EFE

Ahora con las negociaciones en marcha, el PSOE es probable que tenga listo su plan para hacer aceptable la amnistía y preparar el terreno para un posible referéndum. Por el momento ya tiene su eufemismo para la amnistía: «estiramiento de la convivencia»

Salvador Illa ha iniciado una serie de declaraciones destinadas a vender la amnistía al público y fomentar la división en el período previo a nuevas elecciones. ERC y Junts están al borde de la muerte si no aceptan este planteamiento, cosa que el PSOE sabe, y si están de acuerdo es porque están buscando oportunidades para seguir manteniendo su posición en Cataluña.

Este modelo fue puesto en práctica recientemente en una reunión en el País Vasco, donde, de hecho, Illa elogió la «política» de la comunidad vasca. Para Illa, el uso de eufemismos y el discurso camuflado han servido para superar situaciones no deseadas y momentos oscuros. Esto se traduce en la necesidad de adoptar un enfoque cínico que permita mantener una agenda oculta ante la mayoría de la población mientras se promueve la idea de «mejorar la convivencia».

El catalán ha instado a los partidos independentistas a aprender de los partidos nacionalistas vascos en el ámbito político, destacando su capacidad para expresar sus proyectos políticos de manera clara y respetuosa, aunque reconoce la importancia de momentos de discreción en ocasiones.

Las palabras de Illa también hacen referencia al plan del PNV para avanzar en lo que llaman «plurinación». A diferencia de Junts, ERC y Bildu, que abogan abiertamente por la amnistía de los separatistas y un referéndum para la independencia de España, el PNV sigue un enfoque más elaborado y sutil.

Su plan busca permitir a los separatistas no solo autodefinirse como nación, sino también mantener su pertenencia a la Unión Europea y al sistema de financiación español, a pesar de tener un alto grado de autonomía. Este plan «plurinacional» busca una autodeterminación reconocida y un acuerdo inmediato para la administración conjunta. Todo esto con el fin de abandonar España, pero continuar beneficiándose de sus recursos.

Sánchez ha concedido el indulto a la amnistía, incluyendo uno para sí mismo y sus ministros, quienes previamente habían cuestionado la amnistía por considerarla inconstitucional y contraria a sus principios. La amnistía, que hoy pretenden que se perciba como justa y necesaria, fue condenada durante la legislatura, y resulta especialmente sorprendente que se la negara en la campaña electoral, cuando se argumentaba su inviabilidad jurídica y falta de fundamento moral.

Esta situación plantea dos posibilidades. La primera, que Sánchez no fuera capaz de comprender lo que ahora se reconoce como evidente por sus socios parlamentarios («la necesidad cívica de una amnistía y su viabilidad constitucional»). La segunda, que hubiera comprendido la situación, pero optó por no divulgar la verdad al pueblo, consciente de que no habría obtenido su respaldo si lo hubiera hecho.

Por qué rechazar la amnistía, igual que se rechazaron los indultos

Los miembros del Gobierno y los líderes del PSOE y Sumar tienen fundamentos sólidos al sostener que existe una marcada distinción entre una amnistía y un indulto. Esta discrepancia resulta innegable. En efecto, las repercusiones políticas derivadas de una amnistía superan con creces en relevancia a las emanadas de la capacidad para otorgar indultos.

FUENTE: EFE

Pero también se muestra hasta qué punto aceptar lo segundo (los indultos) abrió la puerta a aceptar lo primero (la amnistía) y si se acepta ésta como inocua para el régimen del 78, se aceptará el referéndum, sea cual sea el apellido que se le quiera poner («no vinculante», «consultivo»).

En contraposición al indulto, la amnistía no sólo altera la condena de aquellos ya sentenciados, sino que también excluye, en favor de todos los imputados en espera de juicio, el ejercicio de la jurisdicción estatal. Esto se debe a que la amnistía priva al poder judicial de su facultad para enjuiciar y aplicar sentencias sobre lo juzgado. Mientras el indulto impacta en la pena impuesta por el juez, la amnistía borra el delito y obstaculiza la labor que los jueces están exclusivamente encargados de realizar en los Estados regidos por el imperio de la ley.

Lo que realmente está en juego es la supervivencia misma del sistema tal como fue configurado por el pacto constitucional. La consolidación de nuestra democracia como un espacio de convivencia en el cual todos los ciudadanos gocen de iguales derechos, ya residan en Bilbao, en Sant Feliu de Llobregat o en Olivenza. La gran paradoja de nuestra era radica en que aquellos que no cesan de enfatizar la solidaridad y la justicia social son precisamente los primeros en respaldar esta deriva confederal que ha permeado a la izquierda, lo cual resulta perjudicial para la necesaria cohesión territorial.

La amnistía implica reconocer que, tanto aquellos que ya han sido condenados como los que están pendientes de juicio, no deberían enfrentar la justicia por crímenes cuya validez se cuestiona. Este cuestionamiento surge porque se admite que el contexto político prevaleciente en el momento en que se perpetraron dichos delitos justifica su eliminación, como si nunca hubieran ocurrido; lo que atenta ferozmente también contra la igualdad de todos los españoles ante la ley.

El presidente del Gobierno en funciones es capaz de todo para gobernar y bien lo saben los independentistas. Aún por encima cuando los delincuentes no solo no han demostrado intención alguna de no repetir el acto que los llevó a la condena, sino que no hacen más que incidir en sus intenciones de repetir tan honrosa acción.

El presidente en funciones ha traicionado al PSOE y lo ha llevado a traicionarse a sí mismo junto a la Constitución. La etapa que surgió con la Constitución de 1978 tiene el potencial de perdurar, lo cual sería beneficioso. Sin embargo, ha experimentado una transformación profunda.

Ya no es la época de mayorías absolutas en la que los dos principales partidos podían aliarse eventualmente con partidos nacionalistas moderados, al igual que entre ellos mismos. La posibilidad de acuerdos transversales sostenidos en el tiempo parece haber llegado a su fin, cuando una de las últimas fue la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El sistema originalmente no estaba diseñado para operar con dos bloques permanentes que no pueden cooperar entre sí, pero ahora debe adaptarse a esta nueva dinámica que se ha convertido en su característica central.

Alberto Núñez Feijóo parece no haber reconocido esta transformación estructural. El candidato a la investidura actúa como si este cambio drástico sólo afectara a la izquierda, y como si pudiera continuar operando como en los tiempos anteriores. Por eso, ha tomado la sorprendente iniciativa de negociar con el PNV e incluso con Junts para obtener su apoyo en su investidura a finales de septiembre.

Es posible que esto sea simplemente un gesto de cortesía parlamentaria, en cuyo caso sería loable. Sin embargo, si alguien en el PP piensa que puede obtener el respaldo de aquellos que ya forman parte del otro bloque estructural, o que en el futuro tendrá alguna otra opción aparte de gobernar con el apoyo de Vox, demuestra que está atrapado en una mentalidad obsoleta y en grandes dificultades para sacar adelante un Gobierno.