Puigdemont - La España Que Reúne

Las diez preguntas que España se lleva de vacaciones

Amnistía, Presupuestos, causas judiciales, economía y Europa: un mapa para distinguir lo que está resuelto de lo que volverá en septiembre.

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España llega a agosto con demasiados asuntos abiertos y demasiados relatos que los dan por cerrados. El Gobierno continúa, pero carece de una mayoría estable; la amnistía ha pasado por el Tribunal Constitucional y por Luxemburgo, aunque su aplicación más delicada sigue en manos de los tribunales españoles; las causas judiciales ya no caben bajo una sola etiqueta; la economía mantiene un pulso que contrasta con el deterioro político; y Bruselas entra en la recta final de los fondos extraordinarios que han acompañado a España desde la pandemia.

No faltan noticias. Falta un mapa.

Este no es un inventario de lo sucedido durante el semestre. Es un intento de separar lo que verdaderamente ha cambiado de aquello que apenas ha comenzado; lo que depende todavía de una sentencia de lo que seguirá siendo un problema político; y lo que parece una discusión agotada de aquello que volverá en septiembre con consecuencias nuevas.

1. ¿Puede el Gobierno terminar la legislatura?

Puede hacerlo, pero la continuidad del Gobierno ya no descansa sobre una mayoría parlamentaria reconocible, sino sobre la imposibilidad de sus adversarios y de sus socios de construir una alternativa común.

Las votaciones de julio ofrecen una imagen bastante precisa. El Ejecutivo consiguió evitar, por 178 votos frente a 170, que fueran devueltas las medidas sobre la asunción estatal de parte de la deuda autonómica. En esa misma sesión, sin embargo, perdió la votación de los objetivos de estabilidad necesarios para preparar los Presupuestos de 2027: obtuvo 166 votos favorables, 176 contrarios y cinco abstenciones. Los resultados oficiales del Congreso muestran que la mayoría que permite tramitar una ley puede desaparecer unas horas después ante una decisión presupuestaria.

Ésa es la naturaleza de la legislatura. El Gobierno puede reunir votos, pero no dispone de una coalición parlamentaria capaz de acompañarlo de manera estable. Cada iniciativa exige reconstruir desde cero una mayoría distinta entre partidos que discrepan sobre la política económica, la vivienda, la financiación autonómica, la inmigración o el futuro territorial de España.

Pedro Sánchez conserva una ventaja decisiva: quienes pueden bloquearle no comparten una estrategia para sustituirlo. Pero no ser capaz de derribar a un Gobierno no equivale a proporcionarle una mayoría para gobernar. La legislatura puede prolongarse precisamente porque está bloqueada.

2. ¿Se puede gobernar indefinidamente sin nuevos Presupuestos?

La prórroga presupuestaria está prevista para impedir que el Estado quede paralizado cuando las Cortes no aprueban unas cuentas nuevas. Su finalidad es asegurar la continuidad administrativa, no convertir unos Presupuestos antiguos en el programa económico permanente de gobiernos sucesivos.

España continúa funcionando sobre la prórroga de las cuentas de 2023. Entretanto, el Gobierno ha fracasado ya en la aprobación de la senda de estabilidad para 2027, primer paso de un nuevo proyecto presupuestario. El problema ha dejado de ser únicamente político: el Tribunal Constitucional admitió en febrero el conflicto promovido por el Senado por la falta de presentación de los Presupuestos de 2024, 2025 y 2026. Es la primera vez que estudia un conflicto entre órganos constitucionales basado en una omisión de esta naturaleza.

La Administración puede seguir pagando pensiones, salarios, deuda y servicios públicos. El Gobierno puede aprobar modificaciones de crédito, recurrir al decreto ley y adquirir compromisos con cargo a ejercicios posteriores. Lo que se deteriora es la función presupuestaria del Parlamento: la posibilidad de examinar de manera conjunta cuánto se recauda, en qué se gasta y qué prioridades políticas pretende financiar el Ejecutivo.

El debate no consiste, por tanto, en determinar si el Estado puede sobrevivir sin nuevas cuentas. Puede hacerlo. La cuestión es durante cuánto tiempo puede gobernarse así sin que una solución constitucional excepcional termine debilitando el principio de responsabilidad parlamentaria.

3. ¿Ha terminado el recorrido de la amnistía?

La ley ha superado sus dos impugnaciones generales más importantes, pero eso no significa que su aplicación haya concluido.

El Tribunal Constitucional fijó su doctrina en la sentencia 137/2025, que declaró la constitucionalidad esencial de la norma, aunque corrigió parte de su ámbito por razones de igualdad. Durante 2026 ha aplicado esa doctrina a otros recursos promovidos contra la ley.

El 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó dos sentencias sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Luxemburgo concluyó que el Derecho de la Unión no se opone a la amnistía en las materias examinadas: la eventual malversación no presentaba la conexión exigida con los intereses financieros europeos y la Directiva antiterrorista no impedía amnistiar determinadas conductas que no hubieran causado intencionadamente graves violaciones de los derechos humanos. El comunicado oficial del TJUE delimita expresamente el control europeo a las normas concretas de la Unión afectadas.

Eso despeja una parte sustancial del camino, pero no sustituye la aplicación judicial de la ley. La amnistía no opera sobre conceptos políticos generales, sino sobre hechos, delitos y responsabilidades determinados. Cada tribunal debe decidir quién queda comprendido, qué exclusiones resultan aplicables y hasta dónde alcanza la extinción de responsabilidad.

La discusión que queda ya no es si España podía aprobar una amnistía, sino qué conductas cubre realmente la amnistía que aprobó. Ése será uno de los grandes asuntos judiciales del otoño.

4. ¿Puede regresar Carles Puigdemont?

Las sentencias europeas de julio no modifican por sí mismas su situación procesal.

El Tribunal Supremo decidió no aplicarle la amnistía por el delito de malversación al considerar que existe beneficio patrimonial cuando se utilizan fondos públicos para afrontar gastos que, de otro modo, habrían debido sufragarse con recursos particulares. El instructor mantuvo las órdenes nacionales de detención y la Sala de Apelación confirmó posteriormente esa interpretación.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo de Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig contra esas decisiones. El asunto decisivo sigue siendo, por tanto, si el Constitucional acepta el concepto de enriquecimiento utilizado por el Supremo o considera que restringe indebidamente la aplicación de la ley.

Luxemburgo ha respondido a las cuestiones que recibía de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas. No ha resuelto la interpretación española de la excepción sobre el enriquecimiento ni ha levantado las órdenes de detención.

El regreso de Puigdemont sigue siendo políticamente imaginable, pero jurídicamente no es automático. Depende de una decisión que todavía debe producirse dentro del ordenamiento español.

5. ¿En qué punto están realmente las causas que rodean al PSOE y al presidente?

No se encuentran todas en la misma fase. Mezclarlas como si formaran una única macrocausa impide comprender tanto su importancia como sus límites.

En junio, el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a más de 24 años de prisión y a Koldo García a 19 por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La sentencia fue adoptada por unanimidad. La investigación sobre las adjudicaciones de obra pública relacionadas con Santos Cerdán continúa en una pieza diferente y ha recibido nuevas diligencias durante julio.

La situación de Begoña Gómez es distinta. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que continúe el procedimiento con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero ha sobreseído las imputaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida. Todavía debe completarse la fase procesal que conduce a la apertura del juicio oral.

David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz. Fue absuelto del delito de tráfico de influencias y la sentencia puede recurrirse.

Ninguno de estos procedimientos acredita por sí mismo una responsabilidad penal de Pedro Sánchez. Su efecto político procede de otro lugar: de la acumulación de condenas, investigaciones y procedimientos alrededor de antiguos dirigentes del partido, colaboradores próximos y miembros de su familia. El problema para el Gobierno no es que todos los casos sean iguales, sino que cada vez resulta más difícil presentarlos todos como episodios inconexos.

6. ¿Por qué la economía resiste mejor que la política?

Porque la economía no reacciona al mismo ritmo que las instituciones y porque España conserva todavía varios motores de crecimiento.

El PIB aumentó un 2,7 % interanual durante el primer trimestre. La demanda nacional aportó más de tres puntos al crecimiento, mientras la contribución exterior fue negativa. Los datos de Contabilidad Nacional del INE muestran una economía sostenida fundamentalmente por el consumo y la inversión internos.

El mercado laboral ha vuelto a ofrecer cifras históricas. Según la EPA publicada el 28 de julio, España alcanzó los 22.779.000 ocupados en el segundo trimestre, 510.200 más que un año antes. El paro descendió hasta 2.495.300 personas y la tasa se situó en el 9,87 %.

El cuadro no está exento de debilidades. El Banco de España prevé que la economía mantenga un crecimiento sólido durante 2026, pero advierte de una inflación general y subyacente todavía elevada y de un contexto internacional especialmente incierto.

La fortaleza económica concede tiempo a la debilidad política. Mientras crezcan el empleo y la actividad, la inestabilidad parlamentaria puede parecer un fenómeno encerrado en Madrid. La verdadera prueba llegará cuando desaparezcan algunos de los impulsos extraordinarios que han sostenido la inversión pública y cuando el deterioro institucional empiece a encarecer decisiones que hasta ahora podían posponerse.

7. ¿Qué ocurre cuando terminan los fondos Next Generation?

El calendario ya no admite grandes aplazamientos. Los Estados deben completar antes del 31 de agosto de 2026 todos los hitos y objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La última solicitud de pago deberá presentarse antes del 30 de septiembre y la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para efectuar los desembolsos finales. Así lo establece la guía de cierre publicada por la Comisión Europea.

Tras la aprobación del sexto desembolso, España habrá recibido más de 77.000 millones de euros, aproximadamente el 76 % de los fondos del mecanismo que tiene asignados. Ese último pago reconocido asciende a 7.021 millones y está vinculado al cumplimiento de 73 hitos y objetivos. Los datos figuran en la información oficial del Plan de Recuperación.

El final del mecanismo no significa que desaparezcan todas las inversiones europeas. Significa que termina el gran instrumento extraordinario que desde 2021 ha permitido financiar digitalización, energía, movilidad, industria, vivienda y modernización administrativa sin depender únicamente de los recursos presupuestarios ordinarios.

A partir de septiembre comenzará una evaluación más exigente. Ya no bastará con saber cuánto dinero se ha adjudicado o cuántas convocatorias se han publicado. Habrá que comprobar qué inversiones han mejorado la productividad, qué capacidades administrativas permanecerán y qué proyectos podrán sobrevivir sin una financiación excepcional.

8. ¿Está cambiando la Justicia sin que apenas se perciba?

Mientras la atención pública se concentraba en las causas políticas, España ha empezado a sustituir la estructura tradicional de juzgados unipersonales por tribunales de instancia.

La Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia reorganiza los órganos judiciales, transforma los antiguos juzgados de paz en oficinas de justicia municipales y modifica el funcionamiento de las oficinas judiciales. El propósito es permitir una distribución más flexible de los asuntos y reducir la dependencia de cada procedimiento respecto de un único juzgado aislado.

En julio, el Gobierno aprobó la creación de 500 nuevas unidades judiciales y 200 plazas fiscales. Las unidades judiciales suponen un incremento del 8,5 % de la planta y se incorporarán gradualmente entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027.

La reforma puede ser más importante a largo plazo que muchas de las sentencias que ocupan diariamente las portadas. Su éxito, sin embargo, dependerá de cuestiones menos visibles: sistemas informáticos compatibles, personal suficiente, criterios de reparto eficaces y coordinación entre el Estado y las comunidades con competencias transferidas.

Cambiar el nombre de los órganos es sencillo. Conseguir que una nueva organización reduzca los retrasos, homogeneice las cargas y mejore la experiencia del ciudadano será la verdadera medida de la reforma.

9. ¿Qué Europa comienza a aplicarse este verano?

La Unión está pasando de aprobar grandes normas a comprobar si puede ejecutarlas.

El Pacto sobre Migración y Asilo comenzó a aplicarse el 12 de junio. Introduce nuevas reglas sobre tramitación de solicitudes, procedimientos fronterizos, responsabilidad de los Estados y solidaridad con los países sometidos a mayor presión. El primer contingente anual de solidaridad contempla 21.000 reubicaciones o contribuciones económicas equivalentes a 420 millones de euros.

El 2 de agosto empiezan a aplicarse también las reglas de transparencia del Reglamento de Inteligencia Artificial. Los ciudadanos deberán poder identificar determinadas interacciones con sistemas de IA y ciertos contenidos generados o manipulados artificialmente. Ese mismo día entran en funcionamiento las facultades sancionadoras de la Comisión sobre los proveedores de modelos de propósito general.

La migración y la inteligencia artificial parecen materias alejadas, pero someten a Europa al mismo examen: si es capaz de convertir una legislación común en procedimientos coherentes dentro de veintisiete administraciones distintas.

Durante años la Unión ha medido su ambición por el número de reglamentos, pactos y estrategias aprobados. A partir de ahora empezará a ser juzgada por algo bastante menos solemne y mucho más difícil: si todo eso funciona.

10. ¿Qué crisis exterior puede alterar el escenario español?

La más inmediata continúa siendo la energía. La crisis de Oriente Próximo y las amenazas a la navegación por el estrecho de Ormuz han recordado hasta qué punto Europa sigue expuesta a cualquier interrupción de las rutas de suministro. La propia Unión ha señalado la necesidad de reducir su vulnerabilidad respecto de Ormuz mediante la diversificación de fuentes y rutas energéticas.

El Fondo Monetario Internacional advirtió en su actualización de julio de que la desinflación mundial se ha estancado y de que un nuevo deterioro en Oriente Próximo podría elevar los precios de las materias primas, alterar las cadenas de suministro y endurecer las condiciones financieras.

A esa incertidumbre se añaden la guerra de Ucrania, las tensiones comerciales y el aumento del gasto militar. El Gobierno sostiene que España ha consolidado en 2026 una inversión en defensa equivalente al 2 % del PIB, con un gasto nominal de 35.419 millones de euros. Es la cifra recogida en el informe presentado por La Moncloa antes de la cumbre de la OTAN.

La política española puede pasar agosto discutiendo sobre su mayoría parlamentaria. Su margen presupuestario y económico, sin embargo, dependerá también de decisiones tomadas en Bruselas, Washington, Moscú, Kiev y Oriente Próximo. Los acontecimientos internacionales no necesitan formar parte del debate nacional para alterar por completo sus condiciones.

Agosto no resolverá ninguna de estas preguntas. Lo que ofrece es algo más modesto y quizá más útil: tiempo para dejar de confundir cada novedad con un desenlace. España no se va de vacaciones con diez crisis recién nacidas, sino con diez procesos que llevan meses avanzando. Septiembre no los traerá. Simplemente volverá a ponerlos delante.

Europa no salva la amnistía

Durante dos años el Gobierno intentó convencer a los españoles de que la amnistía era una política de Estado. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea demuestra algo mucho más incómodo: Europa no ha querido asumir la responsabilidad de legitimar una ley que nació para garantizar una investidura. Porque la amnistía nunca fue un problema europeo.

FUENTE: EFE

La política democrática descansa sobre una regla elemental: las leyes sirven al interés general y no al interés particular de quienes las aprueban. Cuando esa frontera se desdibuja, el Derecho deja de actuar como límite del poder y comienza a convertirse en un instrumento a su servicio. Ese fue siempre el verdadero debate sobre la ley de amnistía y ese continúa siendo después del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo lo demás —las celebraciones oficiales, los titulares precipitados y la propaganda de unos y otros— pertenece al ruido de una política que hace tiempo sustituyó la explicación de sus decisiones por la fabricación de relatos que las justifiquen.

Durante los últimos dos años, el Gobierno construyó una narración cuidadosamente elaborada. La amnistía era presentada como una exigencia de convivencia, el último paso para normalizar la situación política en Cataluña y una decisión de Estado cuya legitimidad terminaría siendo confirmada por Europa. El independentismo añadió su propia versión: Luxemburgo acabaría corrigiendo a unos jueces españoles descritos como el último obstáculo para la plena eficacia de la ley. Parte de la oposición, por su lado, depositó en las instituciones europeas una esperanza inversa, confiando en que un tribunal supranacional hiciera aquello que las instituciones españolas no habían podido o no habían querido impedir.

Todos esperaban que Europa resolviera un problema que nunca fue europeo. Y precisamente ahí se encuentra la principal enseñanza de la sentencia. El Tribunal se pronuncia sobre aquello que pertenece a su competencia, delimita el alcance del Derecho de la Unión y evita asumir una responsabilidad que corresponde exclusivamente a España. No le compete decidir si un presidente del Gobierno puede negociar su investidura mediante una ley reclamada por quienes iban a beneficiarse de ella. Tampoco le corresponde determinar si esa operación respondió realmente a un interés general sobrevenido o a una necesidad parlamentaria inmediata. Luxemburgo puede pronunciarse sobre directivas, principios comunitarios e intereses financieros de la Unión. No puede transformar una transacción política en una política de Estado.

Un aval que deja intacto el verdadero problema

El Gobierno se apresuró a presentar la resolución como una consagración europea de la amnistía. La sentencia, sin embargo, dice bastante menos de lo que pretende el relato oficial. El Tribunal no afirma que la ley fortalezca el sistema constitucional español, ni que la intervención directa de sus beneficiarios en la negociación resulte irrelevante desde el punto de vista institucional. No resuelve si el principio de igualdad entre los españoles ha quedado preservado en toda su dimensión constitucional, ni entra en la legitimidad política de modificar las consecuencias jurídicas de unos hechos para obtener los votos de quienes los protagonizaron.

En materia de malversación, el razonamiento europeo se circunscribe a una cuestión concreta: si los hechos analizados presentaban un vínculo suficientemente directo con los intereses financieros de la Unión. La conclusión es negativa porque los recursos empleados eran fondos públicos españoles y no dinero procedente del presupuesto comunitario. El TJUE no declara que no hubiera malversación, no convierte en jurídicamente inocuo el empleo de recursos públicos para financiar el proceso separatista ni borra las responsabilidades que puedan derivarse en el ámbito interno. Se limita a sostener que esa conducta, en los términos planteados, no afectó a los intereses financieros europeos.

La diferencia es decisiva. Decir que unos hechos no perjudican directamente al presupuesto de la Unión no equivale a afirmar que no hayan perjudicado al patrimonio público español. Sin embargo, la propaganda gubernamental necesita confundir ambas cosas para presentar una delimitación competencial como una absolución política. Societat Civil Catalana ha llamado acertadamente la atención sobre este extremo: Luxemburgo no niega la posible existencia de malversación, sino únicamente su conexión directa con los recursos financieros de la Unión. La responsabilidad contable interna y el examen del destino de los fondos continúan perteneciendo a los órganos españoles.

La sentencia preserva, además, la capacidad de los jueces para aplicar la amnistía a cada supuesto concreto. La ley no produce por sí sola una extinción automática e indiferenciada de cualquier responsabilidad. Son los órganos jurisdiccionales quienes deben identificar los hechos, comprobar que concurren las condiciones establecidas por el legislador y determinar si opera alguna de las exclusiones previstas. También se impide que los plazos extraordinariamente breves fijados por la ley vacíen de contenido el mecanismo de la cuestión prejudicial o obliguen a cerrar procedimientos antes de que el Tribunal europeo haya podido responder. El legislador puede ordenar urgencia; no puede convertirla en un método para hacer inútil el control jurisdiccional.

La resolución tampoco modifica la situación de Carles Puigdemont. El Tribunal Supremo no se ha negado a aplicar la ley de amnistía, como repiten el Gobierno y el independentismo, sino que la ha interpretado. La discusión se concentra en la excepción relativa al enriquecimiento patrimonial en los delitos de malversación. Conforme a su doctrina, anterior a esta ley, quien utiliza dinero público para financiar una actividad que de otro modo habría debido sufragar con su propio patrimonio obtiene un beneficio económico, aunque no reciba materialmente ese dinero en una cuenta personal.

Puede discreparse de esa interpretación. Algunos juristas consideran que extiende excesivamente el concepto de enriquecimiento y que la ley quiso reservar la exclusión para supuestos de apropiación directa. Pero una discrepancia jurídica no autoriza a describir al Supremo como un poder insumiso ni permite afirmar que haya inventado una doctrina para impedir el regreso de Puigdemont. La interpretación ya existía y es sobre ella sobre la que se está aplicando la norma. El TJUE no la corrige porque la cuestión sometida a su consideración era otra. La situación procesal del expresidente catalán dependerá de las decisiones que adopten el Supremo y, en su caso, el Tribunal Constitucional. Luxemburgo no le ha expedido ningún pasaporte de regreso.

Más discutible resulta el razonamiento sobre los delitos de terrorismo. La sentencia merece respeto institucional, pero ese respeto no exige silenciar la baja calidad jurídica de algunos de sus argumentos. El Tribunal acepta que puedan ser amnistiados actos comprendidos en la normativa europea sobre terrorismo cuando no hayan causado intencionadamente graves violaciones de los derechos humanos. De este modo, el resultado producido se convierte en la frontera que separa el terrorismo amnistiable del que no puede serlo.

El problema es que el delito de terrorismo no se define esencialmente por el resultado final, sino por la naturaleza de los medios empleados y por la finalidad perseguida: intimidar gravemente a la población, obligar a los poderes públicos o alterar las estructuras constitucionales de un Estado. El resultado puede aumentar la gravedad de la conducta y modificar la pena, pero no transforma por sí mismo la naturaleza del delito. Cuando la ausencia de una grave violación efectiva de derechos humanos sirve para hacer amnistiable una conducta terrorista, se construye una categoría orientada menos a explicar coherentemente el tipo penal que a permitir la solución previamente buscada por la ley. Es una argumentación jurídica a favor de obra.

La Directiva europea exige que los Estados tipifiquen y castiguen esas conductas mediante sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias. El Tribunal reconoce que una amnistía limita la aplicación de esas sanciones, pero concluye que la Directiva no prohíbe expresamente los mecanismos nacionales de extinción de la responsabilidad penal y que, por tanto, no excluye la utilización de la amnistía. El silencio de la norma europea termina operando como autorización, mientras que la finalidad de reconciliación proclamada por el propio legislador español se acepta como justificación suficiente para el trato excepcional.

Algo semejante sucede con el principio de igualdad. El Tribunal considera que los delitos cometidos en el contexto del proceso independentista catalán no son comparables con hechos similares producidos en otros contextos porque la ley persigue específicamente la reconciliación de aquel conflicto. El razonamiento resulta circular: la finalidad particular de la ley justifica la diferencia de trato creada por esa misma ley. La singularidad política elegida por el legislador se convierte así en el argumento jurídico que permite excepcionar la aplicación general de las normas.

La cuestión que Luxemburgo no podía resolver

El centro del debate sigue siendo la naturaleza política de la amnistía. Puede discutirse la exactitud técnica del concepto de autoamnistía, pero difícilmente puede negarse la realidad que pretende describir. La ley fue negociada con quienes iban a resultar directamente beneficiados por ella y aprobada porque sus votos eran indispensables para la investidura. Aquello que el Partido Socialista había considerado incompatible con la Constitución antes de las elecciones pasó a ser presentado, apenas unos meses después, como una exigencia de convivencia democrática.

No fue una evolución doctrinal producida por una reflexión institucional prolongada. Fue una mutación política provocada por una aritmética parlamentaria. La necesidad de obtener siete votos transformó lo que hasta entonces se consideraba jurídicamente imposible en una política de Estado supuestamente imprescindible. Ninguna resolución europea puede borrar esa secuencia porque no pertenece al terreno del Derecho de la Unión. Pertenece al juicio político sobre el ejercicio del poder.

Tampoco puede olvidarse la naturaleza del conflicto que la amnistía pretende clausurar. En Cataluña no se produjo una mera discrepancia entre dos proyectos legítimos que buscaron una solución mediante los procedimientos constitucionales. Hubo un pronunciamiento de hechura decimonónica que utilizó las instituciones autonómicas, desobedeció las resoluciones judiciales y trató de segregar ilegalmente una parte del territorio nacional. No fue un proceso pacífico en el sentido institucional del término, aunque no alcanzara los niveles de violencia de otros conflictos históricos. Hubo coacción, intimidación, desobediencia organizada y utilización partidista de las estructuras públicas.

Convertir todo aquello en un conflicto entre sensibilidades equivalentes permite presentar la amnistía como reconciliación. Pero reconciliar no consiste en declarar retrospectivamente que la ruptura del orden constitucional fue sólo una manifestación política incomprendida. Una democracia puede aprobar una amnistía; lo que no debería hacer es falsear el significado de los hechos para justificarla.

Éste es el terreno en el que el TJUE se lava las manos, no necesariamente por cobardía, sino porque carece de competencia para entrar en él. Su prudencia jurisdiccional contrasta con la desmesura con la que la política española ha intentado utilizarlo. El Gobierno necesitaba un certificado europeo que disolviera el origen parlamentario de la ley. El independentismo esperaba una desautorización completa de los jueces nacionales. La oposición confiaba en que Europa reparase lo que no había podido frenar en España. Luxemburgo no satisface plenamente a ninguno porque el conflicto esencial no estaba en los Tratados.

La lección que España se resiste a aprender

Existe desde hace años una tendencia española a tratar Europa como un poder tutelar llamado a resolver nuestras crisis institucionales. Ocurrió con Estrasburgo y la doctrina Parot. Ocurre ahora con Luxemburgo y la amnistía. Cada vez que las instituciones nacionales afrontan un conflicto de gran trascendencia aparece la expectativa de que una jurisdicción europea dicte la solución definitiva y nos dispense de asumir nuestra propia responsabilidad.

Es una forma provinciana de entender Europa. La Unión no es una instancia superior encargada de corregir todas las debilidades constitucionales de sus miembros. Es una comunidad jurídica y política de competencias atribuidas, construida sobre los equilibrios que alcanzan los propios poderes nacionales. Puede disciplinar el ejercicio de determinadas competencias, garantizar la primacía del Derecho común y proteger los intereses de la Unión. No puede reemplazar la voluntad política que falta dentro de cada Estado ni proporcionar legitimidad retrospectiva a decisiones adoptadas por conveniencia parlamentaria.

Se puede tener poca fe en algunas de sus resoluciones y mantener, al mismo tiempo, una enorme esperanza en el proyecto europeo. Creer en Europa no obliga a convertir cada pronunciamiento de sus tribunales en una verdad política indiscutible. Tampoco permite esperar que sean sus jueces quienes defiendan por nosotros aquello que nuestras instituciones han renunciado a defender.

Pedro Sánchez obtuvo hace tiempo el resultado para el que la amnistía fue concebida: conservar la Presidencia del Gobierno. El proceso judicial posterior podrá delimitar su alcance, excluir determinados hechos, facilitar el regreso de algunos dirigentes o mantener las responsabilidades de otros. Pero ninguna de esas decisiones alterará el origen de la ley ni transformará la necesidad de una investidura en una razón de Estado.

La amnistía podrá superar recursos, cuestiones prejudiciales y futuras resoluciones. Lo que no podrá superar es el juicio histórico sobre una democracia que modificó su arquitectura jurídica para satisfacer una exigencia de poder y pidió después a Europa que llamara reconciliación a lo que había comenzado como una condición para gobernar. Luxemburgo puede decidir hasta dónde llega el Derecho de la Unión. La dignidad de las instituciones españolas, en cambio, sigue dependiendo exclusivamente de España.

Sánchez prepara la reforma del 78 y el referéndum que no se atreverá a nombrar

El Gobierno ha asumido, sin decirlo, el marco mental del independentismo: revisar la Transición, reconocer “naciones internas” y abrir la puerta a una votación que no se llamará referéndum, pero que tendrá el mismo efecto.

FUENTE: EFE

Al final de una de las semanas judicial, policial y políticamente más intensas de los últimos años, la lógica más básica dictaría que el presidente del Gobierno estaría redactando el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Pero no.

Su patrón de conducta en los últimos años no apunta en esa línea sino a la contraria: lanzar un órdago más fuerte, más potente, una “patada en el tablero” político, de manera que lo que hoy le asedia quede como un elemento accesorio y que para seguir descubriendo la corrupción se necesiten golpes aún más duros y contundentes. Su único camino es la ruptura con el régimen del 78.

El aniversario de la Constitución no fue un homenaje, sino un ensayo general. Francina Armengol pronunció un discurso que habría sido impensable hace apenas tres años: habló de “actualizar” el pacto del 78, de adaptarlo a una realidad territorial “más compleja”, de escuchar a quienes “no se sienten plenamente reconocidos” en la arquitectura constitucional.

No era una reflexión abstracta: era el pórtico de una nueva narrativa, sincronizada con el Gobierno y calculada para preparar al país para algo más profundo que una reforma técnica. Por primera vez, una presidenta del Congreso que depende directamente del Ejecutivo asumía la premisa independentista de que la Constitución no basta.

Y cuando el discurso institucional empieza a sonar como el argumentario de quienes quieren romper el Estado, ya no estamos ante una ceremonia: estamos ante una señal.

Puigdemont dicta el guion

En paralelo, Carles Puigdemont publicó en El País un texto que no es un análisis , sino un ultimátum. Describe la Transición como un pacto con el “antiguo régimen”, acusa a España de vivir heredada de 1714 y exige lo que siempre ha exigido: ruptura del 78, reconocimiento nacional, autodeterminación y metodología plebiscitaria.

Hace unos años, un presidente del Gobierno habría respondido inmediatamente, defendiendo el marco constitucional. Hoy, no. El silencio de Moncloa es sepulcral.

Y ese silencio duele más que cualquier concesión verbal, porque es la prueba de que ya se discute dentro del Gobierno lo que el independentismo lleva décadas escribiendo en su catecismo.

Armengol abre la puerta. Puigdemont marca el paso. Sánchez camina sin admitir a dónde va.

La rendición simbólica

Que un líder secesionista reivindique 1714 no debería escandalizar a nadie. Lo verdaderamente preocupante es que, por primera vez, el PSOE no rebate la fantasía, sino que la normaliza.

Aceptar que la Transición fue incompleta, que España no reconoció “la plurinacionalidad real”, que hay identidades “con derecho a decidir” y que el pacto constitucional fue una suerte de componenda con el franquismo no es parte del discurso socialista de siempre: es la asunción del marco emocional del independentismo.

Cuando se cede la narrativa, cuando se entrega el relato, cuando se acepta el origen simbólico del conflicto tal y como lo formula la otra parte, solo queda discutir el procedimiento.

Y ese procedimiento ya tiene nombre —aunque aún no se atrevan a pronunciarlo.

El referéndum que no se llamará referéndum

Sánchez sabe que no puede prometer un referéndum de autodeterminación. Pero sí puede ofrecer un mecanismo que haga exactamente lo mismo con otro nombre.

En los últimos meses, ministros, presidentes autonómicos socialistas y portavoces del Gobierno han comenzado a hablar de: “consulta democrática”, “metodología pactada”, “mecanismo de decisión”, “expresión del sentimiento mayoritario”.

La perífrasis siempre es el preludio de la renuncia. Y esa perífrasis ya está instalada.

Lo que no se hace con una pregunta explícita se puede hacer con una fórmula retórica. Lo que no se convoca como plebiscito se puede convocar como reforma constitucional participada. Lo que no se llama quebrar la soberanía se puede vender como profundización democrática.

Pero el resultado es el mismo: la ruptura del principio de que la soberanía española es indivisible.

Un PSOE dispuesto a entregar el 78 para seguir en el poder

Lo más dramático no es que el independentismo quiera romper la Constitución. Es que el presidente del Gobierno parece dispuesto a descomponerla pieza a pieza con tal de mantenerse en pie.

El partido que durante décadas defendió el espíritu del 78 ha decidido ahora que la única forma de mantener la legislatura viva es asumir exactamente aquello contra lo que se construyó el sistema constitucional: la idea de que España no es una comunidad política de iguales, sino una confederación de identidades negociables.

Aquello que se llamó “pluralismo territorial” ahora se vende como reconocimiento nacional. Aquello que se llamó “autonomía” ahora se viste de soberanía compartida. Aquello que se llamaba “ruptura” ahora se denomina “consulta”.

El vocabulario no engaña: lo hace posible.

No hay que exagerar para diagnosticar la situación. No hace falta hablar de catástrofes históricas ni de escenarios apocalípticos. Basta con ver la trayectoria.

La amnistía fue la primera frontera. Los indultos, la segunda. La aceptación del relato histórico ajeno, la tercera. La revisión del pacto constitucional, la cuarta. Y ahora queda la quinta: el mecanismo plebiscitario que llamarán de otra manera, pero que tendrá el efecto político de abrir una puerta que nunca podrá cerrarse.

Ese es el proceso real. Sin grandes titulares. Sin choques institucionales estridentes. Sin golpes en la mesa.

La Constitución no se romperá de un día para otro. Se disolverá lentamente. Como se disuelven las certezas cuando se deja de creer en ellas.

Y lo más grave es que ese deshielo no lo provoca el independentismo. Lo provoca un presidente que, para salvar su Gobierno, ha decidido renunciar a una nación.

Cuando la demagogia sustituye a la Justicia

España está asistiendo a una sustitución de la Justicia por la demagogia. Pedro Sánchez, en su desesperación por mantenerse en la Moncloa, ha vuelto a demostrar que el interés nacional es un mero obstáculo en su hoja de ruta personalista.

FUENTE: IA

Su última ocurrencia: el reparto forzoso de menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, un truco disfrazado de «solidaridad» que en realidad es una maniobra burda para contentar a sus socios separatistas y perpetuar su frágil mayoría parlamentaria.

Y ahí está Carles Puigdemont, el prófugo de Waterloo, jugando a ser estadista desde su exilio dorado en Bélgica, exigiendo la transferencia del control migratorio a la Generalitat como si la inmigración fuera otra pieza en su proyecto de ingeniería social identitaria. No nos engañemos: la negociación sobre el reparto de inmigrantes no es un ejercicio de responsabilidad institucional. Es un chantaje político de la peor calaña, que utiliza a los menores como moneda de cambio para que el separatismo siga obteniendo privilegios a costa del resto de España.

El Gobierno ha trazado un sistema de distribución que, con una máscara de equidad, en realidad favorece descaradamente a Cataluña. Madrid, la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso y convertida en la bestia negra del sanchismo, deberá acoger a más de 700 menores, mientras que Cataluña, siempre beneficiada por los caprichos del socialismo y sus cómplices nacionalistas, apenas recibirá entre 20 y 30. Se justifica esta aberración con el supuesto «esfuerzo previo» de la Generalitat en la acogida de inmigrantes. Pero ¿acaso no es esfuerzo también el de otras comunidades que han estado sobrecargadas sin el beneplácito del Estado? ¿O solo Cataluña tiene derecho a decidir cuánto quiere contribuir y bajo qué condiciones?

Este acuerdo es un escándalo mayúsculo: el Estado español, en vez de garantizar un reparto justo y equitativo, está premiando a aquellos que chantajean, que amenazan y que juegan con la inmigración como si fuera una herramienta de ingeniería política. Y esto no es una opinión, es un hecho.

La inmigración como caballo de Troya del separatismo

No seamos ingenuos: detrás de este acuerdo se esconde una jugada estratégica de Puigdemont y los suyos. Junts per Catalunya no quiere una inmigración bien gestionada ni un modelo solidario de acogida. Lo que quiere es poder conceder permisos de residencia y trabajo con la condición de que los inmigrantes se sometan a su programa identitario, lo que en términos prácticos significa que deberán aprender catalán para integrarse.

La obsesión del separatismo por convertir Cataluña en un feudo excluyente encuentra en la inmigración su nuevo campo de batalla. Si el Gobierno cede y permite que la Generalitat controle el flujo migratorio, asistiremos a un proceso de selección ideológica de los inmigrantes. Puigdemont y su partido buscan un tipo de migración que refuerce su proyecto independentista, donde el conocimiento del catalán será más importante que la voluntad de integración real. Es una instrumentalización descarada de la inmigración para sus propios fines políticos.

Mientras tanto, las comunidades gobernadas por el PP y otras administraciones no alineadas con Sánchez están viendo cómo la decisión se impone por decreto, sin consulta, sin diálogo y sin respeto por su capacidad real de acogida. García-Page en Castilla-La Mancha lo ha denunciado sin tapujos: el Gobierno está imponiendo esta medida sin ninguna política migratoria seria, más preocupado por los equilibrios parlamentarios que por la estabilidad de las regiones que sufrirán las consecuencias de su incompetencia.

En Baleares, el Govern ha manifestado su rechazo absoluto al reparto. Y con razón. Porque este no es un mecanismo de cooperación, sino un abuso de poder centralista en beneficio de unos pocos. Se pide solidaridad a las comunidades cuando conviene, pero se les niega voz y voto cuando las decisiones se toman en los oscuros pasillos de la Moncloa, donde Sánchez y sus socios separatistas diseñan su siguiente golpe.

La inmigración debe gestionarse con rigor, justicia y planificación. No con demagogia ni con cálculos políticos. No se puede permitir que el Gobierno use a los menores inmigrantes como fichas en su tablero de alianzas, ni que Cataluña continúe obteniendo privilegios a costa del esfuerzo del resto de España. La acogida de inmigrantes debe responder a criterios claros, con una distribución equitativa basada en la capacidad real de cada comunidad y no en los favores que Sánchez deba devolver a sus socios.

Si la política migratoria sigue siendo rehén del oportunismo, no solo se estará desmantelando el principio de solidaridad territorial, sino que se estará alimentando una fractura cada vez más insalvable en la cohesión nacional. Y cuando llegue la hora de rendir cuentas, ni Sánchez ni Puigdemont podrán esconderse detrás de sus acuerdos secretos. España ya ha soportado demasiadas traiciones como para tolerar una más.

La infamia de dar voz a un terrorista

En un acto que desafía toda lógica y decencia, el Congreso de los Diputados ha sido escenario de una afrenta sin precedentes: la comparecencia de Mohamed Houli Chemlal, terrorista condenado por los atroces atentados de Barcelona y Cambrils en 2017.

FUENTE: EFE

Este individuo, responsable de la muerte de 16 personas inocentes, ha sido invitado a declarar en una comisión de investigación, no por un imperativo de justicia o esclarecimiento, sino como resultado de las maniobras políticas del partido que ‘manda’ en la política española, Junts per Catalunya, empeñados en alimentar teorías conspirativas infundadas que solo buscan sembrar la desconfianza y el caos.

La presencia del terrorista en el Parlamento es una burla a las víctimas y a la sociedad española en su conjunto. Este individuo, que cumple una condena de 43 años de prisión por su participación en la masacre, ha sido utilizado como peón en el juego político de aquellos que, carentes de argumentos sólidos, recurren a la estrategia más vil: dar credibilidad a las palabras de un terrorista para respaldar sus propias agendas.

Durante su comparecencia, Chemlal afirmó sin aportar prueba alguna que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estaba al tanto de las intenciones del imán de Ripoll y permitió que este «nos comiera la cabeza». Estas declaraciones, carentes de fundamento y provenientes de alguien cuya credibilidad es, cuanto menos, cuestionable, han sido acogidas con entusiasmo por los independentistas de Junts. Carles Puigdemont y su séquito no han dudado en amplificar estas acusaciones, utilizando las palabras de un condenado por terrorismo para reforzar sus delirantes teorías de conspiración.

Es alarmante y profundamente irresponsable que representantes políticos otorguen plataforma y credibilidad a un individuo que ha demostrado su desprecio por la vida humana y los valores democráticos. Al hacerlo, no solo mancillan la memoria de las víctimas, sino que también ponen en entredicho la integridad de las instituciones del Estado. Esta actitud revela una desconexión total con la realidad y una desesperación por mantenerse relevantes, incluso a costa de la verdad y la decencia.

La reacción de otros grupos parlamentarios no se ha hecho esperar. El Partido Popular, en un gesto de dignidad y respeto hacia las víctimas, abandonó la sala en señal de protesta, negándose a participar en lo que calificaron como un «espectáculo» indigno. Esta respuesta contrasta con la actitud de Junts, quienes parecen dispuestos a cualquier cosa con tal de alimentar sus narrativas, incluso si ello implica dar voz a un terrorista confeso.

Es imperativo que, en momentos como este, las instituciones democráticas mantengan su firmeza y no se dejen arrastrar por maniobras políticas que solo buscan desestabilizar y dividir. Dar cabida a las declaraciones de un terrorista en el seno del Parlamento es una afrenta a la justicia, a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Las teorías conspirativas, especialmente cuando se basan en testimonios tan dudosos, no tienen lugar en un debate político serio y responsable.

La ciudadanía merece representantes que actúen con integridad, que honren la memoria de las víctimas y que trabajen por el bien común, no aquellos que, en su afán de protagonismo, están dispuestos a ensuciar las instituciones y dar voz a quienes han intentado destruir nuestra convivencia.

Traición al interés nacional

La reciente celebración del congreso de Junts en Calella, donde Carles Puigdemont ha reafirmado su liderazgo y redirigido la estrategia de su partido hacia una «ofensiva» para la independencia, vuelve a poner en evidencia el peligroso camino que está tomando la política española bajo el gobierno de Pedro Sánchez.

FUENTE: EFE

Lejos de representar un esfuerzo de reconciliación o integración, el apoyo intermitente de Junts revela una estrategia de supervivencia política en la que la unidad de España y el respeto por la Constitución parecen estar a la venta al mejor postor.

El pacto originario entre el PSOE y un partido que nunca ha renunciado a su agenda independentista es un ataque directo a la cohesión territorial y la estabilidad democrática de España. Carles Puigdemont, en su intervención, dejó claro que la independencia sigue siendo el objetivo principal de Junts.

Sin embargo, con el pragmatismo estratégico que le caracteriza, ha sugerido que ahora su partido busca una posición «de centralidad» que permita desestabilizar al Govern de Salvador Illa en Cataluña y al mismo tiempo mantener una posición de fuerza en sus negociaciones con el PSOE.

Es lamentable que Pedro Sánchez prefiera hipotecar el interés de la mayoría en beneficio de una alianza política que ni siquiera representa a la mayoría de los catalanes. Según los últimos datos de participación, menos de la mitad de la militancia de Junts acudió a las urnas para votar en este congreso, lo que demuestra el poco respaldo popular con el que cuenta el proyecto político de Puigdemont.

Aun así, con apenas siete diputados en el Congreso, su influencia en Madrid es desproporcionada, al punto de que el futuro del Gobierno depende de las exigencias de un grupo minoritario que amenaza la unidad territorial. Esta dependencia del Gobierno de Sánchez de un político como Puigdemont, que se encuentra prófugo de la justicia española, deja una cicatriz profunda en la legitimidad de nuestras instituciones.

Puigdemont, quien abandonó España tras la declaración unilateral de independencia en 2017, ahora vuelve como presidente de Junts con una agenda que incluye la «ofensiva» para desestabilizar y conquistar espacios políticos en Cataluña. El hecho de que un partido nacionalista, con una agenda rupturista, se considera un «socio necesario» para el PSOE pone en riesgo la confianza que los ciudadanos tienen en el sistema democrático y en la capacidad de sus líderes para preservar la integridad territorial de España.

Por otro lado, la situación es aún más grave al considerar el carácter de las demandas de Junts en temas fundamentales, como inmigración, vivienda y fiscalidad. En su reciente congreso, el partido de Puigdemont ha propuesto exigencias que incluyen el catalán como requisito para permisos de residencia y una política fiscal ambigua. Este tipo de propuestas, que se asemejan a la xenofobia y se desmarcan de la inclusión social, no solo dañan la cohesión social en Cataluña, sino que también podrían tener un impacto negativo en toda España. La falta de contundencia por parte del Gobierno en estos temas solo refuerza la percepción de que la estabilidad del país ha quedado subordinada a las demandas de Junts y que el PSOE prefiere asegurar su mandato que actuar en defensa de los valores constitucionales.

Sánchez, lejos de adoptar una postura firme para preservar la unidad de España, ha optado por buscar apoyo en una figura que continúa huyendo de la justicia y que carece de credibilidad. El mensaje de Junts es claro: quieren la independencia, pero esta vez adoptan una estrategia de chantaje y presión sobre el Gobierno central. Mientras Junts expresa la debilidad de un Gobierno en minoría, Sánchez parece estar dispuesto a ceder en cuestiones que comprometen no solo la unidad territorial, sino también la estabilidad económica y la integridad de nuestro sistema democrático.

España no puede permitirse que un Gobierno basado en la cesión y la complicidad con aquellos que abogan por la ruptura territorial siga marcando el rumbo político del país. El PSOE tiene el deber de defender el marco constitucional, pero ha preferido aliarse con quienes socavan las bases de nuestro sistema. Es urgente que España recupere una política centrada en el interés común, una política que respete la Constitución y que no dependa de los caprichos de partidos cuya agenda pone en riesgo nuestra unidad.

El PSOE, el PSC y el eterno problema del nacionalismo catalán

España, como nación, se enfrenta a un desafío histórico en el que el nacionalismo catalán continúa siendo uno de los problemas más espinosos. La solución a este problema no puede ser alcanzada mientras el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no redefina sus relaciones con el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).

FUENTE: EFE

La confusión y la ambigüedad que reina en esta relación han llevado al socialismo español a una posición débil y contradictoria, limitando su capacidad para abordar de manera efectiva el conflicto catalán.

El PSOE parece estar constantemente atrapado en un dilema interno. Por un lado, defiende la unidad de España y, por otro, coquetea con la idea de una «España plurinacional», propuesta que surge principalmente desde las filas del PSC. Este juego de equilibrios y ambigüedades no solo debilita la posición del PSOE frente al nacionalismo catalán, sino que también lo presenta como un partido que juega con una mano atada a la espalda. La dirigencia del PSC, liderada por Salvador Illa, parece tener secuestrada la voz del socialismo español, lo que impide que el PSOE adopte una postura clara y decidida en defensa de la nación española.

Es fundamental que el PSOE se libere de esta situación de ambigüedad y adopte una posición firme. No se puede abordar el desafío del nacionalismo catalán cuando el propio partido está dividido internamente sobre la definición de España. La búsqueda de una «España plurinacional en una Europa federal» que propone el presidente de la Generalitat de Cataluña no es más que una estratagema para desunir lo propio y fomentar un proyecto político que no tiene arraigo ni sentido en el contexto actual de la Unión Europea.

El problema del nacionalismo catalán no puede ser entendido sin una reflexión profunda sobre lo que significa ser español. En los últimos años, hemos visto cómo ciertas corrientes políticas e ideológicas han intentado introducir adjetivos a la nación española, como si hubiera que justificar su existencia o disculparse por su historia. Sin embargo, España es una nación con un pasado canónico, convencional, lleno de claroscuros, pero con la suficiente fuerza para ser considerada como uno de los países que ha contribuido significativamente a la historia universal.

El socialismo español no puede caer en la trampa de los discursos nacionalistas que buscan fragmentar la unidad de España en «naciones» que nunca han existido como tales. La historia de España, con todos sus altibajos, nos ha permitido ser sujetos de la historia europea. Otras regiones pueden haber querido serlo, pero no han tenido la fuerza, la capacidad o el valor para convertirse en sujetos de la historia sin la unidad del conjunto. España no necesita adjetivos ni disculpas; es una nación que ha demostrado su relevancia en la escena global y que debe mirar al futuro con confianza y sin complejos.

El nacionalismo, ya sea catalán, vasco o español, es una ideología reaccionaria que se nutre de la división y la fractura social. El nacionalismo catalán ha sabido explotar el victimismo, las derrotas y las incapacidades de sus propios líderes para justificar su causa, mientras condena todos los nacionalismos excepto el suyo. Esta doble vara de medir es no solo hipócrita, sino también peligrosa, pues fomenta un clima de confrontación que aleja cualquier posibilidad de convivencia pacífica y constructiva.

Un verdadero proyecto de nación no puede basarse en fragmentar lo existente, sino en encontrar puntos de unión que permitan avanzar hacia un futuro común. La propuesta de una «España plurinacional» no tiene ningún valor político o jurídico real; es, como mucho, un ripio de baja categoría poética que intenta encadenarnos al pasado, impidiéndonos mirar hacia adelante. La verdadera fortaleza de una nación reside en su capacidad para integrar, no para dividir.

Es hora de que el PSOE se libere del lastre del PSC y los partidos nacionalistas, y adopte una posición clara en defensa de la unidad de España. No se puede ser un partido de gobierno en España y, al mismo tiempo, permitir que una de sus federaciones regionales propugne proyectos que socavan la integridad del país. Esta ambigüedad constante no solo mina la credibilidad del PSOE como fuerza política nacional, sino que también favorece el avance de los movimientos nacionalistas que buscan dividir a España.

El PSOE debe recordar que la nación española no es un constructo artificial ni un proyecto político efímero. Es una de las naciones con más historia y cultura a sus espaldas, y lo que sea en el futuro dependerá de nuestra inteligencia o nuestra debilidad. No podemos permitir que una estrategia de fragmentación y desunión, impulsada desde dentro de nuestras propias filas, marque el destino de nuestra nación.

No debemos dejarnos llevar por proyectos artificiales, egoístas e inexistentes que solo nos encadenan al pasado y nos impiden mirar al futuro con claridad y determinación. El nacionalismo es una trampa que solo conduce a la división y al enfrentamiento. En lugar de caer en su juego, debemos reafirmar nuestro compromiso con una España unida, diversa, pero cohesionada, donde todos los ciudadanos puedan sentirse parte de un proyecto común. El PSOE tiene la responsabilidad de liderar este esfuerzo, pero para ello, debe primero aclarar sus propias contradicciones y asumir con valentía la defensa de la nación española.

Esto es insoportable. Convoque ya elecciones

El espectáculo que están dando hoy los independentistas en Barcelona es vergonzoso. Nos convierte en un país bananero y triste. Supone el final de un periodo que nació en 1978. Es bochornoso también para los ciudadanos que respetan las leyes y no renuncian al ejercicio pleno de su ciudadanía.

Por Nicolás Redondo Terreros, presidente de la Fundación para la Libertad

FUENTE: EFE

Hoy hemos vuelto a ser una lamentable excepción en Europa. El circo de cuarta división que ha protagonizado Puigdemont y sus allegados, entre ellos los dirigentes de ERC que acaban de suscribir un ignominioso pacto con los socialistas catalanes convalidado por la ejecutiva federal del PSOE, nos devuelve a la España de «charanga y pandereta, de espíritu burlón y alma quieta» excéntrica y retrasada. Es como si una justicia poética, por encima de designios y voluntades, nos devolviera la peor España justamente en Barcelona, lugar que fuera epítome de la modernidad y el europeísmo.

Sabíamos la tendencia al sacrificio simbólico de los soberanistas que siempre han preferido una buena derrota a las victorias ganadas día a día en las que se basan los países prósperos y modernos. Sabíamos que esta escena sacrificial la ha venido soñando Puigdemont durante los últimos años. ¿Cómo desdeñar un calvario liviano y breve rodeado de multitudes que después se irían a comer para culminar el día festivo que les ofrecía su presidente en el exilio?

Pero no nos engañemos. Nada de lo que ha ocurrido hoy en Barcelona habría ocurrido sin el amparo y la colaboración activa de los socialistas y el Gobierno de España volviendo a abdicar de sus atribuciones más trascendentes retirando a los servicios de información de Cataluña. Aquel partido moderno, fuerte, en ocasiones pretencioso, ha devenido en un partido trasnochado, sin principios que defender, capaz de justificar todo con tal de que Sánchez siga bajo el palio de la presidencia. El paso de un partido institucional a una organización política desconcertante y gamberra.

Sin el insaciable apetito por el poder de Sánchez, nada de lo que ha sucedido durante los últimos años habría sido posible. Dinamitaron el Código Penal para excarcelar a parte de los protagonistas del golpe de estado que intentaron los independentistas. Rectificaron al Tribunal Supremo para mantenerse en el gobierno durante la legislatura pasada, dejando claro que la justicia no es igual para todos. En esta nueva legislatura, los socialistas de Sánchez han pedido perdón en nombre de todos los españoles por el golpe de Estado que dieron los independentistas. Y ahora, como no era suficiente, ofrecen a los independentistas la soberanía fiscal a costa de hacer añicos los principios de igualdad y solidaridad tan mencionados como desdeñados por estos jóvenes insaciables.

De Puigdemont, de Junqueras, de Illa, no esperaba nada. Pero lo que más me ha sorprendido durante estos años es la facilidad con la que Sánchez ha pervertido lo más nuclear y sagrado, primero del PSOE y luego de la España constitucional. En otras circunstancias bien distintas Arendt habló de la banalidad del mal, y en estos tiempos hemos visto cómo el silencio, la colaboración de personas que parecían intachables, ha sido imprescindible para lograr el destrozo que presenciamos de nuestro sistema constitucional. Sólo hace falta que no se haga nada, que el silencio se imponga para que las locuras más inverosímiles se conviertan en realidad…si además se presta una ayuda nada desinteresada estaríamos ante la situación que vivimos en España.

La ópera bufa que se ha desarrollado en las puertas del Parlamento autonómico catalán nos devuelve a la España negra. Y volvemos a ese pasado sin que lo queramos la mayoría. Volvemos a causa de la ambición desbordada de un personaje sin principios políticos y sin atributos morales. Esta vergüenza que sentimos la mayoría no la siente Sánchez, blindado ante los mínimos éticos y estéticos necesarios para representar a todos los españoles. Presidente: convoque elecciones cuanto antes, la vergüenza para los españoles es insufrible. Pero si el presidente del Gobierno sigue blindado a la vergüenza, debemos emplear todos los medios democráticos y pacíficos con los que contamos para defender a la mejor España, la que heredamos de nuestros padres.

Hasta dónde el independentismo puede seguir perturbando España

El domingo marcó un hito histórico para el Partido de los Socialistas de Cataluña, al obtener la victoria. Liderados por Salvador Illa, cuya candidatura creció 9 escaños, alcanzando 42, el PSC logró un triunfo significativo, pero estéril para conformar una gobernabilidad sólida y con un serio riesgo de repetición electoral.

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Detrás de esta victoria están miles de catalanes que de buena fe creen que el camino que sigue el PSC es el correcto. Pero también otros tantos miles (hasta llegar al crecimiento de más de 200.000 votos del PSC con respecto a 2021) que tácticamente optan por esta formación para conseguir sus objetivos de convertir a España en un Estado confederal.

En cualquier caso, este resultado supone un cambio de rumbo en Cataluña, evidenciado por el repliegue parcial del bloque independentista, que ahora se encuentra lejos de la mayoría absoluta que ostentaba anteriormente. Esta elección refleja la decisión de un poco más de la mitad de los ciudadanos catalanes de dejar atrás el proceso independentista, marcado por la declaración ilegal de independencia en octubre de 2017, marcando otro paso distinto que sólo el tiempo dirá si es mejor o peor que lo visto hasta la fecha.

Además, este cambio de ciclo se caracteriza por el fortalecimiento y la consolidación de las fuerzas de derecha en la región. Tanto Junts, que aumentó en 3 escaños, como el Partido Popular, que pasó de 3 a 15 asientos en el Parlament, experimentaron un crecimiento significativo. Vox mantuvo su representación con 11 escaños, y se sumó a la Cámara la extrema derecha independentista de Aliança Catalana, con 2 escaños.

En un escenario «normal», la victoria de Illa lo posicionaría como el único candidato viable para una investidura en este momento. Sin embargo, la política catalana dista de ser «normal», acostumbrada a unas lógicas y normas muy distintas a lo que se puede considerar racional. El jugador más importante no tiene por qué ser el ganador (por ejemplo, no vale que ahora la dirección del PSOE reivindique como líder de la situación al partido más votado cuando esa legitimidad se le negó al PP en julio de 2023). Y es precisamente lo que sucede aquí: Puigdemont y Junqueras siguen controlando la situación, teniendo la capacidad de condicionar los planes de Illa y Sánchez.

El nacionalismo catalán, transformado en independentismo, ha perdido su mayoría en el Parlament por primera vez desde 1980. El resultado de las elecciones del domingo indica claramente el deseo de una parte de la sociedad cansada de más de una década de polarización y parálisis institucional. Durante este período se han sucedido cuatro elecciones, cuatro presidentes, un intento de ruptura constitucional, la suspensión del autogobierno y una falta de atención a las políticas públicas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

Pero éste es un análisis parcial, ya que la abstención es alarmante. Aunque el independentismo parece haber perdido su impulso, no se puede afirmar que esté completamente derrotado. Más bien parece haber entrado en un periodo de letargo. Con una participación del 58% en estas elecciones (comparado con el 79% registrado el 21 de diciembre de 2017), el futuro político de Cataluña sigue pasando por el independentismo.

La situación en Cataluña se caracteriza por un desgavell, es decir, un lío. Además, se observa el alto coste político de la propuesta de amnistía, que ha llevado a una pérdida neta de aproximadamente 200.000 votos independentistas, mientras que el PSC solo ha ganado algo más de 200.000 votos.

En 2017, los votos combinados del PSC, PP y Cs totalizaron 1,9 millones. Sin embargo, en las elecciones actuales, estos partidos, junto con Vox, no llegan a los 1,5 millones de votos. Esto sugiere que una parte significativa del electorado constitucionalista, que se movilizó durante el punto álgido del proceso independentista, ha optado por quedarse en casa en esta ocasión.

Todo queda en manos de una mayor movilización del electorado en una más que probable repetición electoral ante los vetos cruzados que a la mañana del lunes 13 ya se han oficializado. Mientras tanto, el independentismo mantiene intacta su capacidad de seguir condicionando la gobernabilidad de España. Éste es el elemento más preocupante y el que seguirá siendo perturbador en los próximos meses.

Por qué rechazar la amnistía, igual que se rechazaron los indultos

Los miembros del Gobierno y los líderes del PSOE y Sumar tienen fundamentos sólidos al sostener que existe una marcada distinción entre una amnistía y un indulto. Esta discrepancia resulta innegable. En efecto, las repercusiones políticas derivadas de una amnistía superan con creces en relevancia a las emanadas de la capacidad para otorgar indultos.

FUENTE: EFE

Pero también se muestra hasta qué punto aceptar lo segundo (los indultos) abrió la puerta a aceptar lo primero (la amnistía) y si se acepta ésta como inocua para el régimen del 78, se aceptará el referéndum, sea cual sea el apellido que se le quiera poner («no vinculante», «consultivo»).

En contraposición al indulto, la amnistía no sólo altera la condena de aquellos ya sentenciados, sino que también excluye, en favor de todos los imputados en espera de juicio, el ejercicio de la jurisdicción estatal. Esto se debe a que la amnistía priva al poder judicial de su facultad para enjuiciar y aplicar sentencias sobre lo juzgado. Mientras el indulto impacta en la pena impuesta por el juez, la amnistía borra el delito y obstaculiza la labor que los jueces están exclusivamente encargados de realizar en los Estados regidos por el imperio de la ley.

Lo que realmente está en juego es la supervivencia misma del sistema tal como fue configurado por el pacto constitucional. La consolidación de nuestra democracia como un espacio de convivencia en el cual todos los ciudadanos gocen de iguales derechos, ya residan en Bilbao, en Sant Feliu de Llobregat o en Olivenza. La gran paradoja de nuestra era radica en que aquellos que no cesan de enfatizar la solidaridad y la justicia social son precisamente los primeros en respaldar esta deriva confederal que ha permeado a la izquierda, lo cual resulta perjudicial para la necesaria cohesión territorial.

La amnistía implica reconocer que, tanto aquellos que ya han sido condenados como los que están pendientes de juicio, no deberían enfrentar la justicia por crímenes cuya validez se cuestiona. Este cuestionamiento surge porque se admite que el contexto político prevaleciente en el momento en que se perpetraron dichos delitos justifica su eliminación, como si nunca hubieran ocurrido; lo que atenta ferozmente también contra la igualdad de todos los españoles ante la ley.

El presidente del Gobierno en funciones es capaz de todo para gobernar y bien lo saben los independentistas. Aún por encima cuando los delincuentes no solo no han demostrado intención alguna de no repetir el acto que los llevó a la condena, sino que no hacen más que incidir en sus intenciones de repetir tan honrosa acción.

El presidente en funciones ha traicionado al PSOE y lo ha llevado a traicionarse a sí mismo junto a la Constitución. La etapa que surgió con la Constitución de 1978 tiene el potencial de perdurar, lo cual sería beneficioso. Sin embargo, ha experimentado una transformación profunda.

Ya no es la época de mayorías absolutas en la que los dos principales partidos podían aliarse eventualmente con partidos nacionalistas moderados, al igual que entre ellos mismos. La posibilidad de acuerdos transversales sostenidos en el tiempo parece haber llegado a su fin, cuando una de las últimas fue la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El sistema originalmente no estaba diseñado para operar con dos bloques permanentes que no pueden cooperar entre sí, pero ahora debe adaptarse a esta nueva dinámica que se ha convertido en su característica central.

Alberto Núñez Feijóo parece no haber reconocido esta transformación estructural. El candidato a la investidura actúa como si este cambio drástico sólo afectara a la izquierda, y como si pudiera continuar operando como en los tiempos anteriores. Por eso, ha tomado la sorprendente iniciativa de negociar con el PNV e incluso con Junts para obtener su apoyo en su investidura a finales de septiembre.

Es posible que esto sea simplemente un gesto de cortesía parlamentaria, en cuyo caso sería loable. Sin embargo, si alguien en el PP piensa que puede obtener el respaldo de aquellos que ya forman parte del otro bloque estructural, o que en el futuro tendrá alguna otra opción aparte de gobernar con el apoyo de Vox, demuestra que está atrapado en una mentalidad obsoleta y en grandes dificultades para sacar adelante un Gobierno.