Minneapolis o el ensayo autoritario de Trump

Los disturbios y la respuesta de Trump revelan algo más inquietante que un exceso retórico: la tentación de gobernar el conflicto como método y la excepción como norma 
FUENTE: EFE

Los disturbios de Minneapolis no son solo un episodio de violencia urbana ni una expresión desbordada de protesta social. Son, sobre todo, el escenario elegido por Donald Trump para ensayar una deriva autoritaria que ya no se disfraza de retórica electoral, sino que se presenta como una forma legítima de ejercer el poder. Cuando un presidente convierte el desorden en argumento político y la fuerza en lenguaje, deja de gestionar una crisis y empieza a explotar una oportunidad. 

Trump no busca apagar el incendio: necesita que arda. Necesita imágenes de caos, enfrentamientos, saqueos y miedo para justificar un discurso que reduce la complejidad democrática a una dicotomía infantil: él o el colapso. La ley y el orden no aparecen como principios constitucionales, sino como armas arrojadizas contra el adversario político y, en última instancia, contra una parte de la ciudadanía. 

La militarización del relato 

La reacción del expresidente ante Minneapolis no fue la de un jefe de Estado preocupado por recomponer la convivencia, sino la de un caudillo dispuesto a demostrar autoridad. Amenazas de despliegue militar, retórica bélica, deslegitimación sistemática de gobernadores y alcaldes, y una narrativa que presenta a los manifestantes —con independencia de su conducta— como enemigos internos. 

No es casual. El autoritarismo contemporáneo no siempre empieza con tanques en la calle; empieza con palabras. Con la normalización de la excepcionalidad. Con la idea de que, ante determinadas circunstancias, los contrapesos sobran, los procedimientos estorban y los derechos son negociables. Minneapolis sirve así como laboratorio discursivo: si el miedo funciona, se amplifica; si la tensión moviliza, se estira. 

El conflicto como combustible político 

Trump entiende algo esencial de la política contemporánea: el conflicto moviliza más que la gestión. Por eso no hay intento serio de desescalar, de distinguir entre protesta legítima y violencia criminal, de proteger derechos sin renunciar al orden público. Todo se mezcla deliberadamente en un mismo relato simplificado, emocional y agresivo. 

El problema no es solo Trump. Es lo que legitima. Cuando desde la cúspide del poder se asume que la polarización es rentable, el sistema entero se ve arrastrado hacia una lógica de trincheras. La democracia deja de ser un espacio de mediación para convertirse en un campo de batalla simbólico donde ganar justifica casi cualquier medio. 

Instituciones bajo presión 

La deriva autoritaria no se mide solo por decisiones ejecutivas, sino por el desgaste progresivo de las instituciones. Minneapolis evidenció hasta qué punto Trump está dispuesto a tensionar el equilibrio federal, a desacreditar autoridades locales legítimas y a presentar cualquier límite a su actuación como una amenaza al país. 

Ese es el salto cualitativo: no se trata de mano dura frente al delito, sino de la construcción de un liderazgo que se sitúa por encima de las reglas cuando estas no convienen. El presidente no como garante del sistema, sino como intérprete exclusivo de la voluntad popular. Todo lo demás —tribunales, prensa, gobiernos estatales— pasa a ser sospechoso. 

La tentación americana 

Durante décadas, Estados Unidos se presentó como un referente democrático precisamente por su capacidad de absorber el conflicto sin romperse. Minneapolis muestra lo contrario: que también allí existe la tentación de sacrificar pluralismo por control, derechos por eficacia, deliberación por espectáculo. 

Trump no inventa el malestar, pero lo instrumentaliza. No crea la violencia, pero la utiliza. Y al hacerlo, cruza una línea peligrosa: la que separa gobernar en democracia de gobernar contra ella. 

Cuando el remedio es peor que la enfermedad 

El desorden es un problema. La violencia lo es aún más. Pero la respuesta autoritaria no los soluciona: los cronifica. Un poder que se alimenta del miedo acaba necesitándolo para sobrevivir. Y cuando eso ocurre, la excepción deja de ser provisional y se convierte en identidad política. 

Minneapolis no es solo una ciudad en crisis. Es un aviso. Porque cuando un líder utiliza el caos para reforzarse, lo que está en juego no es el orden público, sino la salud misma de la democracia. 

Cuando la demagogia sustituye a la Justicia 

España está asistiendo a una sustitución de la Justicia por la demagogia. Pedro Sánchez, en su desesperación por mantenerse en la Moncloa, ha vuelto a demostrar que el interés nacional es un mero obstáculo en su hoja de ruta personalista.

FUENTE: IA

Su última ocurrencia: el reparto forzoso de menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, un truco disfrazado de «solidaridad» que en realidad es una maniobra burda para contentar a sus socios separatistas y perpetuar su frágil mayoría parlamentaria. 

Y ahí está Carles Puigdemont, el prófugo de Waterloo, jugando a ser estadista desde su exilio dorado en Bélgica, exigiendo la transferencia del control migratorio a la Generalitat como si la inmigración fuera otra pieza en su proyecto de ingeniería social identitaria. No nos engañemos: la negociación sobre el reparto de inmigrantes no es un ejercicio de responsabilidad institucional. Es un chantaje político de la peor calaña, que utiliza a los menores como moneda de cambio para que el separatismo siga obteniendo privilegios a costa del resto de España. 

El Gobierno ha trazado un sistema de distribución que, con una máscara de equidad, en realidad favorece descaradamente a Cataluña. Madrid, la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso y convertida en la bestia negra del sanchismo, deberá acoger a más de 700 menores, mientras que Cataluña, siempre beneficiada por los caprichos del socialismo y sus cómplices nacionalistas, apenas recibirá entre 20 y 30. Se justifica esta aberración con el supuesto «esfuerzo previo» de la Generalitat en la acogida de inmigrantes. Pero ¿acaso no es esfuerzo también el de otras comunidades que han estado sobrecargadas sin el beneplácito del Estado? ¿O solo Cataluña tiene derecho a decidir cuánto quiere contribuir y bajo qué condiciones? 

Este acuerdo es un escándalo mayúsculo: el Estado español, en vez de garantizar un reparto justo y equitativo, está premiando a aquellos que chantajean, que amenazan y que juegan con la inmigración como si fuera una herramienta de ingeniería política. Y esto no es una opinión, es un hecho. 

La inmigración como caballo de Troya del separatismo 

No seamos ingenuos: detrás de este acuerdo se esconde una jugada estratégica de Puigdemont y los suyos. Junts per Catalunya no quiere una inmigración bien gestionada ni un modelo solidario de acogida. Lo que quiere es poder conceder permisos de residencia y trabajo con la condición de que los inmigrantes se sometan a su programa identitario, lo que en términos prácticos significa que deberán aprender catalán para integrarse. 

La obsesión del separatismo por convertir Cataluña en un feudo excluyente encuentra en la inmigración su nuevo campo de batalla. Si el Gobierno cede y permite que la Generalitat controle el flujo migratorio, asistiremos a un proceso de selección ideológica de los inmigrantes. Puigdemont y su partido buscan un tipo de migración que refuerce su proyecto independentista, donde el conocimiento del catalán será más importante que la voluntad de integración real. Es una instrumentalización descarada de la inmigración para sus propios fines políticos. 

Mientras tanto, las comunidades gobernadas por el PP y otras administraciones no alineadas con Sánchez están viendo cómo la decisión se impone por decreto, sin consulta, sin diálogo y sin respeto por su capacidad real de acogida. García-Page en Castilla-La Mancha lo ha denunciado sin tapujos: el Gobierno está imponiendo esta medida sin ninguna política migratoria seria, más preocupado por los equilibrios parlamentarios que por la estabilidad de las regiones que sufrirán las consecuencias de su incompetencia. 

En Baleares, el Govern ha manifestado su rechazo absoluto al reparto. Y con razón. Porque este no es un mecanismo de cooperación, sino un abuso de poder centralista en beneficio de unos pocos. Se pide solidaridad a las comunidades cuando conviene, pero se les niega voz y voto cuando las decisiones se toman en los oscuros pasillos de la Moncloa, donde Sánchez y sus socios separatistas diseñan su siguiente golpe. 

La inmigración debe gestionarse con rigor, justicia y planificación. No con demagogia ni con cálculos políticos. No se puede permitir que el Gobierno use a los menores inmigrantes como fichas en su tablero de alianzas, ni que Cataluña continúe obteniendo privilegios a costa del esfuerzo del resto de España. La acogida de inmigrantes debe responder a criterios claros, con una distribución equitativa basada en la capacidad real de cada comunidad y no en los favores que Sánchez deba devolver a sus socios. 

Si la política migratoria sigue siendo rehén del oportunismo, no solo se estará desmantelando el principio de solidaridad territorial, sino que se estará alimentando una fractura cada vez más insalvable en la cohesión nacional. Y cuando llegue la hora de rendir cuentas, ni Sánchez ni Puigdemont podrán esconderse detrás de sus acuerdos secretos. España ya ha soportado demasiadas traiciones como para tolerar una más. 

¿En qué momento España se vio obligada a tomar esta decisión?

FUENTE: EFE

¿Qué ha pasado para que la geopolítica haya colocado a España ante la tesitura de aceptar las presiones para pactar con Marruecos o continuar con la relación en los mismos términos con Argelia? ¿En qué momento España ha perdido el equilibrio de las relaciones en el Magreb? No es baladí que el único contrato de gas que Argelia pone en revisión es el de España, mientras fortalece su alianza con Italia.

En plena crisis por la guerra de Ucrania y Rusia, con una clara importancia de la energía para muchos países, Marruecos sorprendió a todos al filtrar una carta enviada por Pedro Sánchez al monarca Mohamed VI. En ella se daba un giro de 180 grados en la política mantenida por nuestro país durante los últimos 10 años en relación al Sáhara Occidental, antigua colonia española, reconociendo la autonomía de Marruecos sobre el territorio saharaui.

Este movimiento de Marruecos ha provocado la incredulidad de los socios de Gobierno de Sánchez y de Argelia, que se encarga de proporcionarnos cerca del 40% de todo el gas que se consume en España y que ahora estaría en juego tras este movimiento tan repentino e inesperado. Pero, ¿en qué le afecta a Argelia esta nueva posición de España en cuanto a la autonomía del Sáhara Occidental?

El tema no es sencillo, y es que, desde hace más de 50 años, ambos países han tenido conflictos sobre el borde fronterizo que delimita ambos países, guerras como la de las Arenas o el conflicto por el Sáhara Occidental. Este último es el que nos ocupa y, en relación a estos países, el Sáhara ha sido un tema de disputa entre ambos países debido a las intenciones anexionistas de Marruecos sobre el territorio, como parte de su movimiento irredentista del Gran Marruecos. Argelia, que, en principio, no mantiene ninguna reclamación territorial sobre la zona, ha apoyado desde siempre al Frente Polisario y mantiene tanto un reconocimiento como relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, el ente de gobierno del Sáhara Occidental que mantiene el control sobre un pequeño porcentaje del territorio que no está bajo ocupación marroquí.

De esta forma, la posición de apoyo a Marruecos que ha cogido nuestro país puede poner en peligro nuestro acuerdo comercial respecto al gas y países como Italia se encontrarían a la cola esperando a que esta situación terminara por ocurrir. La posibilidad de que esto pueda suceder es algo que, a priori, ya contemplaba el Gobierno español. Este 2022 España ejecutará la compra de gas argelino más baja de los últimos 20 años, mientras que consigue que Estados Unidos, socio de Marruecos, sea su principal proveedor, evitando así cualquier complicación derivada de este acuerdo.

Estados Unidos y Francia, dos de los principales países desarrollados del mundo actual, tienen a Marruecos como aliado estratégico en el norte de África y la posición de España como ‘puerta de Europa’ desde el sur, por lo que les interesaba recuperar la relación de ‘colegueo’ entre ambos países, cuando las relaciones estaban rotas desde que Sánchez acogió al líder del Frente Polisario para recibir atención médica en nuestro país, algo que la monarquía alauí vio como una provocación.

Este acuerdo, por tanto, nace de la presión de Francia y Marruecos para cerrar un frente estratégico con España y Marruecos, desmarcando a España de Argelia socio clásico de China y Rusia, con los que tiene grandes relaciones comerciales. De esta forma, tanto Macron como Biden garantizan una mejora en las relaciones entre sus dos aliados, mientras sucede la crisis entre Occidente y Rusia con la invasión a Ucrania.

La guerra de bloques entre Estados Unidos y Occidente con China, Rusia y sus aliados. Tras este movimiento de España, China no tardó en contestar a Sánchez acusándole de dedicarse a “juegos estratégicos” en la región saharaui, diciendo que tanto ellos como Argelia “tienen una larga historia y apoyan la paz y la justicia”, que se lo pregunten a Hong Kong. Esto es el juego de la geopolítica y por el control los grandes bloques se olvidan de actuar bajo sus principios éticos, si es que alguna vez los tuvieron, para lograr sus ansias de control geoestratégico.

Para España, este movimiento geopolítico, con su consiguiente cambio de opinión en el apoyo a Marruecos, no se fundamenta solo en el Sáhara; es algo más. Para el Gobierno, este acuerdo se enmarca en la necesidad de blindar las ambiciones de Mohamed VI con Ceuta, Melilla y el archipiélago canario o la promesa de que combatirán la inmigración, las redes de narcotráfico o el yihadismo de manera permanente. Ahora, solo toca esperar a ver la evolución de este acuerdo en el tiempo.

RECONDUCIR LA POLÍTICA EXTERIOR EN EL NORTE DE ÁFRICA

El conflicto político y diplomático reabierto con Marruecos evidencia la urgente necesidad de replantear la política exterior española en el norte de África, especialmente tras el apoyo explícito de Estados Unidos a las pretensiones territoriales de la monarquía alauí a cambio del reconocimiento del Estado de Israel. La posición de España está debilitada por la falta de apoyo efectivo real de la Unión Europea, más allá de vagos discursos, y la escasa fuerza y complicidad en la relación con EE.UU, llegando todo ello en un momento delicado de movimientos migratorios, profundización en la desigualdad a un lado y otro de la frontera entre Europa y África, con un desafío notable en materia energética y con un más que probable revés de la Justicia europea a la inclusión del Sáhara Occidental en el acuerdo pesquero UE-Marruecos.

(FUENTE: EFE)

Desde hace unos meses, España y Marruecos llevan aumentando la tensión diplomática a causa de que, el pasado abril, fuese acogido en La Rioja el líder polisario, Brahim Ghalil, para ser tratado de coronavirus ante los escasos medios y protección por parte del gobierno de este país.

Marruecos continúa luchando por obtener apoyos para hacerse con la soberanía del Sáhara Occidental. Ya a finales de 2020 el expresidente Donald Trump lo reconoció como tal y ahora esperan sumar a la Unión Europea a través de España. Sin embargo, las tensiones escalaron cuando el Gobierno confirmó que el líder polisario se encontraba hospitalizado en nuestro país «por razones estrictamente humanitarias».

A causa de esto, Marruecos ha roto la baraja diplomática, provocando una auténtica invasión en la Ciudad Autónoma de Ceuta con el amparo de Rabat. En este conflicto ha entrado también la Unión Europea en defensa de sus fronteras, situación que Marruecos quiere evitar a toda costa para no recibir multas del órgano supranacional. Marruecos quiere un pedazo del pastel de los fondos europeos para controlar las fronteras y, sumado al conflicto del Sáhara con nuestro país, ha hecho colmar el vaso del monarca africano. Del mismo modo, la semana pasada se aprobó la concesión de 30 millones de euros a Marruecos para frenar estos movimientos y tratar de calmar el enfado de la monarquía alauí.

Jugar con vidas humanas es una constante en las últimas décadas en Marruecos, creando un conflicto (España-Marruecos) a partir de otro (Marruecos-Sáhara). Marruecos ha mercantilizado con la vida de menores y personas desesperadas por obtener una vida mejor; menores que están siendo buscados por sus padres tras haber sido engañados para cruzar la frontera y sembrar el caos en Ceuta y Melilla. Detrás del uso de esta crisis por el lado ‘humanitario’, hay todo un reto de política hacia el norte de África para, por un lado, luchar de manera efectiva contra las mafias que trafican con seres humanos (en ocasiones amparados por los propios Gobiernos) y, por otro lado, crear las condiciones para una cooperación efectiva entre países.

España se la juega en múltiples materias en el Sahel de carácter geoestratégico. No todo es blanco y negro, la gama de grises en la política exterior en esta zona del mundo es especialmente importante, siempre bajo una imagen de contundencia y posiciones firmes que, hoy por hoy, no está mostrando el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.