¿Qué más puede pasar?

La primera semana completa del curso político ha bastado para recordar el tipo de legislatura en la que estamos.
FUENTE: EFE

Uno puede discutir durante meses si una legislatura está agotada, si el Gobierno conserva iniciativa o si la oposición exagera cada tropiezo hasta convertirlo en una crisis de Estado. Hay semanas, sin embargo, en las que el debate se vuelve casi superfluo porque los hechos adquieren una capacidad descriptiva difícil de mejorar. Esta ha sido una de ellas. No por un gran acontecimiento que lo explique todo, sino por la sucesión de episodios distintos que, colocados unos junto a otros, terminan componiendo un retrato bastante coherente del poder.

Empezamos descubriendo que el Ministerio del Interior había elaborado un documento de 54 páginas con fichas de 281 periodistas y colaboradores, incluyendo fotografías, medios, supuesta orientación ideológica y, en numerosos casos, su posición favorable o crítica respecto del Gobierno. El departamento de Fernando Grande-Marlaska reconoció su existencia y explicó que se trataba de un simple «documento de trabajo» interno, sin finalidad censora. Las principales asociaciones profesionales lo condenaron y hasta el portavoz socialista Patxi López admitió que no le gustan las listas que clasifican ideológicamente a los periodistas.

Precisamente la explicación agrava el episodio. Naturalizar que un Ministerio del Interior clasifique políticamente a periodistas porque resulta útil para su estrategia de comunicación significa haber perdido la noción de por qué determinadas prácticas son impropias antes incluso de preguntarse si son ilegales. El Estado no necesita elaborar una «lista negra» ni prohibir una publicación para atravesar una frontera preocupante. Basta con que una institución que dispone de policía, inteligencia y una extraordinaria capacidad de información considere normal confeccionar fichas sobre quién es de izquierdas, de derechas, afín o crítico con el Gobierno. El problema no está únicamente en la intención que tuviera quien encargó el documento; está en que a alguien le pareciera razonable hacerlo.

El Gobierno ya no distingue entre defenderse y tener razón

Unas horas después llegó Pedro Sánchez a TVE. Al presidente le preguntaron directamente por José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en la Audiencia Nacional en relación con su presunta intervención en el rescate de Plus Ultra. Esta misma semana han declarado antiguos directivos de la compañía sobre pagos realizados al entorno profesional del expresidente y su supuesta participación en las gestiones del rescate; Zapatero niega irregularidades y conserva, naturalmente, toda su presunción de inocencia.

Sánchez podía haberse limitado exactamente a eso: defender la presunción de inocencia. Fue más lejos. «Yo creo a José Luis Rodríguez Zapatero», afirmó, y confirmó que contará con él para la campaña electoral de 2027 «como he contado siempre».

La frase resume bastante bien una forma de entender la responsabilidad política que se ha ido consolidando durante estos años. La Justicia deberá decidir si existe o no responsabilidad penal; ésa no corresponde anticiparla. Pero un presidente no tiene obligación alguna de convertir una investigación judicial sobre un antiguo presidente de su partido en una profesión pública de fe ni de anunciar, precisamente ahora, que seguirá utilizándolo como activo electoral. Entre condenar anticipadamente a alguien y actuar como si nada pudiera modificar una relación política existe un amplio espacio que antes llamábamos prudencia.

Y la misma entrevista dejó otra muestra. Sánchez descalificó la cautelar del Supremo sobre la llamada «ley de nietos» y acusó a la derecha de cuestionar la democracia. Un día después, en la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, tuvo que recordar que la crítica a las resoluciones es legítima, pero que la descalificación pública de los jueces no puede convertirse en instrumento de presión.

Cada resolución incómoda encuentra así una explicación exterior. Si el Supremo interviene sobre el censo, se cuestiona su actuación; si una investigación alcanza al entorno político, aparece el lawfare; si un medio revela algo incómodo, sabemos ahora que Interior podía tener clasificados a sus periodistas. El poder conserva siempre derecho a defenderse. Lo inquietante comienza cuando esa defensa exige presentar sistemáticamente como sospechoso a quien controla, investiga o contradice al poder.

Ceuta y PISA: la realidad tampoco coopera

El miércoles conocimos también los 40 documentos y comunicaciones oficiales desclasificados por el Gobierno sobre la crisis de Ceuta. El repositorio de La Moncloa incluye informes del CNI, Guardia Civil, Policía, Fuerzas Armadas y otros organismos correspondientes al mes de julio.

Los papeles no demuestran que nadie conociera de antemano la dimensión exacta del asalto, y conviene no atribuirles lo que no dicen. Demuestran algo suficientemente grave: sí existió información previa. El CNI emitió alertas sobre llamamientos multitudinarios en redes para entrar en Ceuta, se detectó un aumento de la presión, hubo peticiones de refuerzos y las comunicaciones alcanzaron tanto a organismos españoles como a los servicios marroquíes. Alguno de los documentos militares llegó a describir la conducta de Marruecos como negligente y pasiva y a contemplar motivaciones políticas. La entrada posterior alcanzó entre 70.000 y 80.000 personas.

Eso no prueba que el Gobierno supiera exactamente lo que ocurriría. Sí hace imposible seguir escondiendo toda la responsabilidad detrás de la palabra «imprevisible». Hubo avisos suficientes para saber que estaba ocurriendo algo extraordinario y no se preparó una respuesta proporcionada. Después llegaron semanas de contradicciones entre departamentos, explicaciones cambiantes y una tardía concentración de medios.

La desclasificación, destinada a acreditar transparencia, ha terminado proporcionando el material con el que evaluar la imprevisión.

Casi simultáneamente, la OCDE publicó PISA 2025. España obtiene los peores resultados de toda su serie histórica en las tres grandes competencias: 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias, por debajo de la media de la OCDE en las tres. La caída se inserta en un retroceso internacional —sería absurdo atribuir todo el fenómeno a una ley española—, pero en nuestro país el deterioro ha sido especialmente intenso.

Resultó difícil no apreciar cierta perfección en la reacción oficial. La nota del Ministerio de Educación tituló que «el alumnado español reporta niveles de perseverancia ante el aprendizaje superiores al promedio de los países de la OCDE». Y es cierto. También destacaba curiosidad científica, equidad y sentimiento de pertenencia. Más abajo aparecía que España se encontraba por debajo de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas y que el empeoramiento absoluto había sido mayor que en el promedio de los países desarrollados.

No hace falta negar los indicadores favorables para advertir el mecanismo. Cuando un país obtiene sus peores resultados académicos desde que existe PISA, convertir la perseverancia en titular institucional no cambia la realidad; únicamente explica hasta qué punto la comunicación política ha terminado sustituyendo a la obligación de llamar a los problemas por su nombre.

Y al final de la semana, Parot

Todavía quedaba Henri Parot.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, dirigido por la socialista María Jesús San José, le ha concedido el tercer grado penitenciario a propuesta de la Junta de Tratamiento. Parot estaba ya desde 2025 en régimen de semilibertad mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y había disfrutado de permisos. La Fiscalía puede recurrir la nueva clasificación.

No hablamos de una figura secundaria de ETA. Parot acumula condenas por decenas de asesinatos; entre sus crímenes figura la matanza de la casa cuartel de Zaragoza de 1987, en la que ETA asesinó a once personas, cinco de ellas niños, y dejó decenas de heridos. Covite cifra en 39 los asesinatos por los que fue condenado y sostiene que nunca ha mostrado un arrepentimiento público, sincero y verificable. El Gobierno Vasco fundamenta, en cambio, la progresión en su evolución penitenciaria, el buen uso de permisos y escritos en los que Parot rechaza la violencia y reconoce el sufrimiento causado.

Conviene atribuir correctamente la decisión. No la ha concedido el Gobierno de España, sino el Ejecutivo vasco, que ejerce desde octubre de 2021 las competencias penitenciarias transferidas por el Estado. Fue precisamente el Gobierno de Sánchez quien culminó aquel traspaso mediante el Real Decreto 474/2021, que entregó a Euskadi la gestión de la clasificación, los permisos, el régimen abierto y el tratamiento de los internos conforme a la legislación estatal.

La discusión jurídica sobre la reinserción existe y el tercer grado forma parte de nuestro sistema penitenciario. Pero también existe la memoria. Una democracia que derrotó al terrorismo tiene derecho a preguntarse qué exige moralmente de quienes participaron en sus peores asesinatos antes de permitir que terminen sus condenas en semilibertad. La reinserción no debería necesitar olvido y la legalidad penitenciaria no obliga a las víctimas a aceptar como suficiente cualquier fórmula privada de distanciamiento de la violencia.

Al terminar de ordenar la semana se comprende que su gravedad no reside en que todos los asuntos sean equivalentes. No lo son. Una lista de periodistas no es una crisis fronteriza; un desastre educativo no es una decisión penitenciaria; una investigación sobre Zapatero no equivale a una condena. Lo que los relaciona es otra cosa: una creciente incapacidad del poder para aceptar límites, asumir consecuencias y reconocer la gravedad de aquello que le incomoda.

Interior clasifica periodistas y lo llama documento de trabajo. El presidente anuncia su confianza electoral en un antiguo jefe del Gobierno investigado y presenta la cautela como virtud suficiente. Los documentos de Ceuta acreditan avisos previos después de semanas defendiendo la imprevisibilidad. PISA ofrece los peores resultados históricos y el Gobierno encuentra perseverancia para el titular. Un responsable de algunos de los crímenes más atroces de ETA avanza hacia la libertad mientras las víctimas vuelven a recordar que el arrepentimiento no puede reducirse a un trámite administrativo.

El problema de las democracias rara vez comienza cuando dejan de existir las leyes. Empieza antes, cuando quienes gobiernan aprenden a explicar cualquier hecho sin permitir que ningún hecho altere su comportamiento.

Ésa ha sido la verdadera noticia de esta semana. Ya no sorprende únicamente lo que pasa. Empieza a preocupar que, pase lo que pase, nunca parezca suficiente para que alguien asuma una responsabilidad.

 Sobre el lenguaje políticamente correcto

Por Ricardo Moreno Castillo
FUENTE: EFE

El Parlamento de Andalucía ha puesto en marcha planes de formación dirigidos a su personal funcionario para promover el uso de un lenguaje claro, accesible e inclusivo para la igualdad de género. Esto supone una gran desilusión para muchos ¿Es que hasta el centro derecha, en quien tantos confiamos cuando llegue la hora de desmontar todos los despropósitos de sanchistas, podemitas y demás ralea, va a caer también en los prejuicios de lo políticamente correcto?

      El lenguaje evoluciona siguiendo unas leyes que nada tienen que ver con el feminismo, ni el machismo ni el sexismo. En latín había tres géneros: Totus, tota, totum, y al caer la consonante final, el neutro coincidió con el masculino, de modo que “todos” se convirtió en una palabra polisémica (se puede referir a un colectivo formado solo por hombres o por hombres y mujeres) y “todas” siguió significando un colectivo en que sus componentes son mujeres o seres que se designan con una palabra femenina (como cuando decimos que “todas las hienas son carroñeras” y  no hace falta decir “las hienas son carroñeras y carroñeros” porque no se refiere al género, sino  a la especie, que se denomina con una palabra femenina, y nadie piensa que con esta afirmación se está excluyendo a los machos). Querer paliar esa desigualdad usando el “todes” no es más que una tontería propia de ignorantes.

       Pero por distintas razones, la evolución también ha dado lugar a palabras gramaticalmente femeninas aunque se refieran a hombres o mujeres indistintamente. Es correcto decir “todas las personas que estábamos allí nos sentíamos muy contentas”, aun cuando esas personas sean todas hombres. Sería un poco estúpido que una asociación de machos oprimidos reivindique que se ha de decir “las personas y los personos” (y ya puestos a afinar, también “les persones”, no vaya a ser que quienes poseen sexo fluido se sientan excluidas). Y decimos que “el accidente causó numerosas víctimas” aunque no todas sean mujeres, y no hace falta decir “las víctimas y los víctimos” para que las victimas de sexo masculino no se consideren menospreciadas. Y cogemos un niño en brazos decimos “¡Pero que criatura más linda!”, aunque la tal criatura sea un niño, y también decimos de alguien que “es buena gente” aunque ese alguien sea un hombre, y si ese hombre se siente ofendido porque se le ha adjudicado un adjetivo en forma femenina, pues ese hombre es un imbécil, y no alguien legítimamente preocupado por la igualdad. Y aceptamos que se diga de una mujer que “es un gran personaje” o de un hombre que “es una gran celebridad” sin que ni la primera ni el segundo (si son medianamente listos) tengan razones para sentirse ninguneados. Incluso la palabra “palabra” es femenina, aunque se refiera a un nombre masculino Decimos por ejemplo “coche es una palabra masculina”, y “masculino” va en femenino para concordar con “palabra”. ¿Habría que decir “palabras femeninas” y “palabros masculinos” para ser coherentes? Un poco de cordura, por favor.

      Curiosamente, el masculino inclusivo se usa con la mayor naturalidad cuando se trata de algo peyorativo y entonces nadie se mosquea. Si alguien dice que “hay que perseguir a los corruptos, castigar a los ladrones o encarcelar a los asesinos”, nadie entienda que no haya que perseguir a las corruptas, ni castigar a las ladronas ni encarcelar a las asesinas. ¿Por qué será?

      De hecho, en casi todos los colectivos el individuo es una palabra masculina y el colectivo se nombra con una palabra femenina: la palabra “ciudadano” es masculina, en cambio “la ciudadanía” es femenina, “el ser humano” es masculino, “la humanidad” es femenina (y si ningún hombre se siente excluido por usar la palabra humanidad, ninguna mujer tiene por qué sentirse excluida cuando se habla de “seres humanos”), “el policía” es el individuo y “la policía” es la institución. Claro que desde que hay agentes femeninos, el grupo nominal “la policía” se convirtió en polisémico, porque puede referirse tanto a la institución como a la agente de sexo femenino, pero la diferencia siempre la aclara el contexto, y no hace falta decir “las policías y los policíos”.     

      Uno de tantos despropósitos que proponen las normas promulgadas por la Junta de Andalucía es sustituir “los usuarios” por “las personas usuarias”, con lo cual se alarga innecesariamente la palabra y no se gana nada, porque se sustituye una palabra masculina, pero en este caso inclusiva, por otra palabra, igualmente inclusiva, pero femenina, y si las mujeres tienen derecho a sentirse excluidas por decir “los usuarios” idéntico derecho tienen los hombres a sentirse también excluidos por decir “las personas”.

      También se aconseja alternar el orden (a veces el femenino primero, otras el masculino) para garantizar la simetría. Eso también es una mentecatez. Cuando un conferenciante se dirige a un colectivo suele decir “señoras y señores” o “damas y caballeros” (y nunca “caballeros y damas”), y no pasa nada. Si en ciertas construcciones ya está consagrado por el uso empezar por la palabra femenina, no hay razón alguna para alterarlo, y ningún varón (salvo que sea tonto de capirote) tiene motivo para sentirse arrinconado por pertenecer al colectivo nombrado en segundo lugar. También aconsejan las normas dictadas por la Junta usar las palabras “jefa”, “letrada” “ingeniera”, lo cual ya se hace desde siempre sin necesidad de normativa alguna, y esto es así porque son palabras que admiten la doble terminación (por razones puramente gramaticales, no sexistas) mientras que otras no admiten esa doble terminación: no es correcto decir “la reina regenta” ni, “el atleto”, ni “el ciclisto”, ni “la remitenta”, ni “el pediatro”, ni “el comunisto”, ni “el idioto”, ni “el gilipollos”, ni el “socialisto”, ni “el siquiatro”, ni “el nacionalisto”, ni “el patrioto”, ni “la abajo firmanta”, ni “el poeto”, ni el “novelisto”, ni “el artisto”, ni “el gimnasto”, ni “el masajisto”, ni “el periodisto” ni mucho menos (porque sonaría un poco feo) “el logopedo”. Lo mismo sucede con los nombres de animales, algunos admiten la variación de la vocal final para distinguir el macho de la hembra (como “el león y la leona” o “el lobo y la loba”) y otros no (y por ello decimos “la jirafa macho” o “el lince hembra” y no “el jirafo” o “la lincesa”), y esto no obedece a prejuicios de superioridad de unas especies sobre otras, sino a razones que solo las pueden explicar la gramática histórica y la etimología, no la zoología.

      Defendiendo una causa justa también se pueden hacer o decir tonterías, con lo cual se desprestigia la causa que se pretende defender y en consecuencia, en lugar de hacerla progresar, se la hace retroceder. Y si hay alguna a la que se está perjudicando por culpa de la estupidez de sus defensores (y nótese que no digo “y defensoras” porque se sobreentiende que la estupidez no es exclusiva del sexo masculino) es precisamente la del feminismo. Y tan es así que muchos jóvenes, al ser interrogados sobre el tema, dicen: “Yo creo que los hombres y las mujeres han de tener idénticos derechos, pero no soy feminista”. Se ha llegado a tal extremo de degradación que ya no se identifica el feminismo con la legítima lucha por la igualdad de derechos, sino con las toneladas de majaderías que se han vertido sobre una causa indiscutiblemente justa hasta dejarla irreconocible.

     Políticos de centroderecha, están ustedes cometiendo un error. Por no querer parecer demasiado reaccionarios, están asimilando algunos tics estúpidos de la izquierda. Pero entonces se vuelven más reaccionarios todavía, porque la estupidez es siempre reaccionaria, rancia y retrógrada, aunque sea sostenida por un izquierdista con el puño en alto. Solo la inteligencia es auténticamente progresista y luminosa, aunque para expresarse tenga que utilizar discursos políticamente incorrectos y poco gratos a oídos de progresistas de salón y revolucionarios de opereta. Dejen de gastar dinero y tiempo en tonterías, y traten a los electores como personas inteligentes. Eso, además, tendrá más réditos electorales que si se les trata como tontos.

 La revancha

Por Juan-José López Burniol
FUENTE: EFE

Desde hace algunos años, ha ido tomando cuerpo en España una insistente ansia de revancha de nuestra última contienda fratricida, que estalló hace noventa años. Esta revancha se libra como una nueva guerra civil, afortunadamente híbrida, en la que no se combate con ejércitos convencionales y en campos de batalla tradicionales, sino mediante la fractura social deliberada y azuzada, el bloqueo y el colapso institucionales y la polarización radical de las posturas, que desembocan en un enfrentamiento civil. Lo que se manifiesta en el alineamiento de dos bandos separados por un muro. Un maldito muro erigido en mala hora por el presidente Sánchez. Estos bandos son los mismos que definió el Pacto de San Sebastián en 1930 y se enfrentaron en 1936. Por un lado, las izquierdas de distinto octanaje, más las derechas separatistas catalana y vasca; y por otro, el resto de las derechas.

El objetivo que persigue esta revancha, iniciada ¡desde el poder! por el presidente Rodríguez Zapatero y potenciada sin límite por el presidente Sánchez, es: a) poner fin a la segunda restauración monárquica instaurada en la persona del Rey Don Juan-Carlos; b) derogar la Constitución de 1978; c) abrogar el Régimen implantado por ella; d) derrocar al Rey Don Felipe, para conectar directamente con la legalidad de la Segunda República (profanada en su día, primero por un bando y luego por el otro); y d) instaurar una Tercera República presidencialista, plurinacional y confederal, que ponga fin a España como nación, es decir, como un ámbito de solidaridad primaria e inmediata conformado por la geografía y por la historia, en el que todos los españoles son iguales.

Otra vez las malditas “dos Españas”. Y seamos claros: no son adversarias, sino que son enemigas. La resolución de su conflicto no atenderá, por tanto, a unas reglas aceptadas por todos, sino al respectivo poder de las fuerzas en presencia, con el apoyo sicario de sus respectivas tropas auxiliares mediáticas.

El choque se iniciará pronto. A lo más tardar, en un año. Y este conflicto civil coincidirá quizá con el estallido de la crisis larvada y agravada de Ceuta y Melilla, que, vistos los antecedentes, acabará en un nuevo 98. Será el “Desastre” final. España estará más sola que nunca, gracias a una política exterior demencial, y no tendrá ni el consuelo de salvar su honor gracias, como siempre, al sacrificio de sus soldados, como sí se salvó en Cuba y Filipinas. ¿Y las consecuencias de esta debacle? Eso, sábelo Dios. En cualquier caso, España perderá. Y entonces, todos, absolutamente todos, podremos decir refiriéndonos a España: “Entre todos la matamos y ella sola se murió”. No habremos sabido preservar ni el legado que recibimos.

En medio de esta penosa situación, que nos aboca al despeñadero, puede ser aleccionador, e incluso ameno, leer un libro reciente del historiador Juan-Francisco Fuentes, catedrático del ramo en la Complutense, que recoge su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. Se titula “Hambre de patria” (un título que no refleja la sutileza del texto) y recoge con minucioso rigor muchos aspectos de la peripecia vital, intelectual y sentimental del exilio republicano tras la guerra civil. Una peripecia que cristalizó en una verdad como un templo: la Transición (prescindir del pasado para pactar el futuro) se soñó en el exilio mucho antes de que los de dentro acertásemos ni tan siquiera a imaginarla. Por eso, considero hoy a muchos de los líderes republicanos de entonces como si fuesen “míos” de toda la vida, mientras que desconfío y reniego de nuestros actuales dirigentes. Son legítimos, pero carecen para mí de “auctoritas”, de credibilidad.

Ojalá un líder, tan demócrata como patriota, saque a España de este mal trance desde la ley, con la ley y por la ley. Como cuando de Gaulle levantó a Francia de su “extraña derrota” (Marc Bloch), llevándola a figurar luego entre los vencedores de la guerra. Y como cuando Churchill llevó al Reino Unido a resistir primero para vencer después. Todos necesitamos, a veces, un milagro. Así sea.

RECONDUCIR LA POLÍTICA EXTERIOR EN EL NORTE DE ÁFRICA

El conflicto político y diplomático reabierto con Marruecos evidencia la urgente necesidad de replantear la política exterior española en el norte de África, especialmente tras el apoyo explícito de Estados Unidos a las pretensiones territoriales de la monarquía alauí a cambio del reconocimiento del Estado de Israel. La posición de España está debilitada por la falta de apoyo efectivo real de la Unión Europea, más allá de vagos discursos, y la escasa fuerza y complicidad en la relación con EE.UU, llegando todo ello en un momento delicado de movimientos migratorios, profundización en la desigualdad a un lado y otro de la frontera entre Europa y África, con un desafío notable en materia energética y con un más que probable revés de la Justicia europea a la inclusión del Sáhara Occidental en el acuerdo pesquero UE-Marruecos.

(FUENTE: EFE)

Desde hace unos meses, España y Marruecos llevan aumentando la tensión diplomática a causa de que, el pasado abril, fuese acogido en La Rioja el líder polisario, Brahim Ghalil, para ser tratado de coronavirus ante los escasos medios y protección por parte del gobierno de este país.

Marruecos continúa luchando por obtener apoyos para hacerse con la soberanía del Sáhara Occidental. Ya a finales de 2020 el expresidente Donald Trump lo reconoció como tal y ahora esperan sumar a la Unión Europea a través de España. Sin embargo, las tensiones escalaron cuando el Gobierno confirmó que el líder polisario se encontraba hospitalizado en nuestro país «por razones estrictamente humanitarias».

A causa de esto, Marruecos ha roto la baraja diplomática, provocando una auténtica invasión en la Ciudad Autónoma de Ceuta con el amparo de Rabat. En este conflicto ha entrado también la Unión Europea en defensa de sus fronteras, situación que Marruecos quiere evitar a toda costa para no recibir multas del órgano supranacional. Marruecos quiere un pedazo del pastel de los fondos europeos para controlar las fronteras y, sumado al conflicto del Sáhara con nuestro país, ha hecho colmar el vaso del monarca africano. Del mismo modo, la semana pasada se aprobó la concesión de 30 millones de euros a Marruecos para frenar estos movimientos y tratar de calmar el enfado de la monarquía alauí.

Jugar con vidas humanas es una constante en las últimas décadas en Marruecos, creando un conflicto (España-Marruecos) a partir de otro (Marruecos-Sáhara). Marruecos ha mercantilizado con la vida de menores y personas desesperadas por obtener una vida mejor; menores que están siendo buscados por sus padres tras haber sido engañados para cruzar la frontera y sembrar el caos en Ceuta y Melilla. Detrás del uso de esta crisis por el lado ‘humanitario’, hay todo un reto de política hacia el norte de África para, por un lado, luchar de manera efectiva contra las mafias que trafican con seres humanos (en ocasiones amparados por los propios Gobiernos) y, por otro lado, crear las condiciones para una cooperación efectiva entre países.

España se la juega en múltiples materias en el Sahel de carácter geoestratégico. No todo es blanco y negro, la gama de grises en la política exterior en esta zona del mundo es especialmente importante, siempre bajo una imagen de contundencia y posiciones firmes que, hoy por hoy, no está mostrando el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.