Normas y restricciones ante la pandemia: el ‘caso Djokovic’ 

Estas últimas semanas ha sido noticia en el mundo del deporte la noticia de la llegada de Novak Djokovic para disputar el Open de Australia sin haberse vacunado, en un país que ha sabido gestionar con éxito la pandemia y tiene unas normas muy claras en términos de salud pública con respecto al virus.

FUENTE: EFE

La situación de tenista nº1 del mundo se ha convertido en cuestión de estado en el país oceánico tras una polémica exención médica que le otorgó la organización de Open de Australia y con la que el serbio de decidió a acudir, a sabiendas de que el que impone la ley es el país y no la competición. 

Djokovic es libre y ha de respetarse su decisión de no haberse vacunado, así como él debe acatar las leyes de un país si quiere acceder a legalmente a un país sometido a unas políticas restrictivas de las más duras del mundo durante la pandemia. Este, no es un conflicto entre antivacunas y provacunas; pero los antivacunas han encontrado una figura de peso en el deporte para apoyar su tesis, siendo peligroso para la salud que haya gente que no se vacune y se contagie de covid, debido a los efectos que este puede tener sin una protección como la de las vacunas. 

El tenista serbio estuvo unos días ‘retenido’, pero la decisión del juez Anthony Kelly le dio un respiro al este ordenar al Gobierno australiano implementar la orden de liberación, entregar su pasaporte al tenista serbio y sus efectos personales y pagar los costes legales de Djokovic, quien podría jugar en el Abierto de Australia.  

Entre los argumentos de Djokovic para no vacunarse es que pasó el virus hace 6 meses y recientemente, en diciembre. Argumento que, de ser cierto, sería de gran irresponsabilidad por parte del deportista, debido a que tuvo un acto el día después de ese supuesto positivo, con niños y sin ningún tipo de medidas de seguridad.  

Como comentamos al principio de esta pieza, no es preocupante que el tenista serbio, nº1 del mundo, no haya sido vacunado; pero debe asumir las consecuencias de sus actos, así como la de tomar responsabilidad en sus acciones y no culpabilizar a otros por sus errores. Esta situación está causando gran revuelo a nivel mundial, dando fuerza a que la gente que niega el virus o su cura se reafirmen en figura de gran referencia.  

Aquí en España se ha cogido a Djokovic como figura a defender por la ultraderecha, ya que Djokovic comparte esos valores ultraconservadores y ultranacionalistas que bien pueden ser identificables con los partidos de la extrema derecha; cuando identificarnos con los valores de Rafael Nadal, de un cumplimiento total y absoluto de la norma establecida, debería ser lo normal y más responsable. 

Finalmente, el caso se ha cerrado con la marcha del tenista de Australia al no cumplir las normas imperantes en el país. De esta forma se cierra uno de los casos que más controversia ha generado entre los aficionados de este deporte, y también entre los que defienden la ley y aquellos a quienes su libertad les preocupa más que la común.  

Desde otro de los ‘Grand Slam’ del tenis, la organización del Roland Garros también ha adelantado su rechazo a dejar participar a jugadores sin esta vacunados. Tesis que casa a la perfección con el discurso de su presidente, Emmanuel Macron, durante estas últimas semanas 

Está bien querer defender nuestras libertades, pero ningún individuo está por encima de la libertad colectiva. 

La licitación de los fondos europeos: el remedio peor que la enfermedad

Pronto se cumplirá un año de la convalidación del Real Decreto-Ley 36/2020 que regularía la concesión de los fondos europeos. Sin embargo, el que se anunció como el cambio más drástico y modernizador de la Administración para agilizar la llegada de los fondos ha entrado en ‘vía muerta’ tras sucesivas prórrogas de los plazos de enmiendas y enfrentarse a la realidad de que la Administración no está suficientemente preparada para una tarea tan compleja como ejecutar 140.000 millones en cuatro años y haciendo llegar el dinero al tejido productivo.

FUENTE: ISTOCK

La fuerza de los hechos ha impuesto un sistema que mezcla el sistema administrativo existente con nuevas fórmulas de convocatoria, pero con una fuerte dependencia de empresas públicas y grandes multinacionales que sirvan como garantía de que los fondos se pueden aplicar en tiempo y forma comprometidos con la Comisión Europea.

En este sentido, la prometida «nueva herramienta para ‘mejorar’ la canalización de los fondos europeos», era en muchos sentidos peor que lo ya existente. Entre otras cuestiones, elevaba la probabilidad de desviar fondos en favor de los ‘lobbies’ más cercanos al poder e incluso creando el germen de nuevos casos de corrupción. El Gobierno de coalición optó por crear un nuevo sistema fuera de las coordenadas tradicionales de la intervención y supervisión administrativa y fuera de la Ley de Contratos del Sector Público, en vez de construir una alternativa desde dentro, lo que le hubiera restado burocracia a una Administración repleta de mecanismos obsoletos.

Afortunadamente, el cambio de Gobierno en julio y el parón legislativo en esta materia han eliminado de facto uno de los elementos más lesivos del «durmiente» proyecto de Ley: la dependencia de la concesión y gestión de los fondos de un «gabinete en la sombra» ubicado en la Presidencia del Gobierno sin control parlamentario. De hecho, la Comisión Europea ha apercibido a España por la arbitrariedad de como comenzó el primer reparto para el coche eléctrico, anunciando el presidente del Gobierno en una tribuna de El País y en una rueda de prensa quiénes iban a ser las empresas que iban a ejecutar este proyecto sin haber habido previamente concurrencia competitiva.

A la luz de los hechos, se han dado pocos pasos para cambiar lo que no funciona. La opción de que el reparto se ejecute a través del actual sistema de contratos y licitaciones públicas no convence tampoco a las partes, ya que es más lento, está plagado de burocracia y fundamentalmente beneficia a empresas públicas y a las grandes empresas privadas. De esta forma, el Gobierno se aseguraría el beneplácito de las organizaciones con más poder, pero no atacaría a la raíz del problema. 

¿Por qué no se toman otras medidas para solventar los problemas del actual sistema? La cuestión es que ya es demasiado tarde para ponerse a idear nuevas soluciones que tarden en aplicarse tanto, o más, que este Real Decreto-ley paralizado como proyecto de Ley en el Congreso. Lo que queda claro es que ni al mismo Gobierno parece que le importe en absoluto desbloquear este decreto, ni acelerar el proceso de reparto, por lo que así es imposible comenzar a recuperarse de esta crisis.  

Tras haber analizado ambas posibilidades, podemos concluir que ambas soluciones dejan mucho que desear a la hora de hacer llegar esos fondos a aquellos que más lo necesitan; ya sean empresas, ciudadanos o herramientas a implementar. La nueva medida podría calificarse como una subasta entre amigos donde los ‘lobbys’ sacarían tajada del dinero europeo, algo que la Unión Europea está vigilando para evitar y multar a aquellos países que lo hagan. Por el lado del actual sistema, el reparto llegaría demasiado tarde debido al exceso de burocracia de nuestro país para acometer estos procesos en lo que ni desde dentro de la Administración saben de quien son responsabilidad.

En todo el tiempo que nuestro país lleva en la Unión Europea, nuestra Administración no ha sabido ejecutar y licitar los presupuestos con contundencia y rapidez a las ayudas que han ido viniendo desde Bruselas, demostrando la más absoluta rigidez en nuestro sistema. Es necesario un cambio de cultura institucional en nuestro país para poder hacer un formato híbrido entre las grandes ventajas que tiene la Administración en su tradición garantista y formalista, junto con herramientas que palien sus defectos otorgándole a estas mayor flexibilidad y rapidez en la ejecución de los proyectos.

El concepto ‘derogación política’ y el triunfo del ‘neolenguaje’

El neolenguaje es una herramienta útil para conciliar realidades que no son conciliables, decir algo sin decir nada o hacer brillar una u otra decisión política sin que implique nada nuevo y/o deseable. Ésta es la acción principal de la vicepresidenta Díaz en torno a la mal llamada ‘derogación de la reforma laboral’, más aún denominándola ‘derogación política’.

Fuente:EFE

Quitar la capa del ‘neolenguaje’ permite ver los aspectos básicos que sí pueden ser analizados y medibles de forma seria. El primero -y más importante- es que, a falta de conocer el texto definitivo, el nuevo Decreto-ley se limita a retocar aspectos relevantes de la normativa actual nacida en 2012, pero con consecuencias prácticas reducidas en materia de fijación de salarios, condiciones de trabajo y tipo de contratación.

Es, en este momento, no el óptimo pero sí uno de los mejores resultados de una negociación que se había complicado de una forma extraordinaria, dada la ambición de la vicepresidenta Díaz de obtener un banderín de enganche ante las próximas citas electorales. Si bien algunos de los socios de legislatura ya han dicho que no apoyarán la convalidación del Real Decreto-Ley cuando éste se lleve a las Cortes, los cambios normativos anunciados al menos no ponen en riesgo el puesto de trabajo de la mayor parte de los trabajadores, ya sea con un endurecimiento de las condiciones de empleabilidad o frenando la contratación por parte de los empresarios. Sánchez se metió en un gran problema con sus pactos para gobernar y ahora está pagando con creces estas decisiones.

En los últimos días, al menos la vicepresidenta segunda ha sido sincera, pero usando el ‘neolenguaje’ de ‘derogación política’. Yolanda Díaz admitió que el uso de este término es un «fetiche político» y que «técnicamente» no se puede poner fin a la norma de manera completa. La reforma laboral de 2012 «fue expansiva y afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de Trabajadores, a varios reales decretos y a varias directivas», explicó la también ministra de Trabajo, que concretó que el objetivo es «suprimir algunos aspectos del ordenamiento jurídico», como, de hecho, ya ha ocurrido durante esta legislatura en casos puntuales. «Pero otros no», aclaró, por lo que el Gobierno no tiene previsto acabar totalmente con la norma, sino con el «marco de relaciones laborales del PP», que va a «cambiar».

Es imprescindible que se hagan cambios en el mercado laboral y Europa ya ha avisado de que hay que tocar la Reforma Laboral de 2012, y también ha dicho que no se debe eliminar los preceptos que evitan rigideces en el ecosistema español sin haber salido de la presente crisis en la que nos encontramos, pero el gobierno y sus socios lo han enfocado desde el punto de vista político, ni siquiera ideológico, y ahí reside el principal problema: sus motivaciones se centran en conseguir una suerte de ‘triunfo político’ para sus votantes más que tratar de mejorar el contexto actual en el que nos encontramos

Con respecto a la temporalidad, era necesario abordar el problema, como pide Europa, desde el consenso con patronal y sindicatos, no desde la imposición a través de porcentajes que pide el Ejecutivo. El mercado laboral no responde a los deseos o voluntades de los empresarios o los sindicatos, depende del ciclo económico. La contratación temporal responde a necesidades coyunturales. De lo que no depende es de la voluntad política. Y esto es lo que se trata de imponer sin ser conscientes de las consecuencias y de cómo pueden afectar estos cambios al mercado.

La vicepresidenta primera de Gobierno y responsable de Economía, Nadia Calviño, es quien ha tenido las cosas más claras. Ha expresado «con claridad» y desde hace «bastante tiempo» cuál es el objetivo del Gobierno de coalición: ejecutar una contrarreforma que permita «erradicar la precariedad» en el mercado laboral, no hacer una reforma política que contente a algunos y pueda precarizar el mercado.

Todo lo demás, opinó la ministra de Asuntos Económicos, forma parte de una discusión «estéril» en busca de «eslóganes». Los españoles «se merecen más», zanjó Calviño sobre la polémica acerca de cómo definir la acción que está diseñando el Ejecutivo y tiene toda la razón del mundo. En esta ocasión, la voz de Calviño ha prevalecido en los cambios necesarios en la reforma del 2012.

¿Qué ocurre cuando las coaliciones se rompen?

Tras las coaliciones rotas en Madrid y Murcia, y los múltiples problemas de la coalición de gobierno central, ha llegado el punto y final para la de la región castellanoleonesa. Los problemas que ocasionan estos ceses de acuerdos pueden ser varios y en las circunstancias actuales debemos analizar la complejidad de este tipo de figuras.

FUENTE: MAPADEESPAÑA.ES

El entretenido panorama político español de los últimos años, con la irrupción de los partidos de la llamada ‘nueva política’, se ha caracterizado por una sensación permanente de incertidumbre, fenómeno que se intensifica si descendemos en los diferentes niveles de Administración. 

Las coaliciones se han convertido en un asunto de discusión política diaria. Con un sistema de partidos crecientemente polarizado y con una ley electoral que acoge el sistema D’Hondt, era de esperar que las coaliciones que han dominado la gobernabilidad de nuestro país hasta la fecha, se rompieran por múltiples razones. 

Ante esto, se dibuja en los próximos meses un escenario que podríamos calificar como una contienda para conservar u obtener el trono de hierro autonómico y local, justificado principalmente por la importancia de ostentar la presidencia autonómica o el bastón de mando de la alcaldía. 

Debilidades de la figura de la ‘coalición’ 

En primer lugar, las coaliciones entrañan consecuencias que no siempre son las deseadas. El argumento principal utilizado suele ser la afirmación de que la suma de los dos resultados en comicios anteriores por ambos partidos será la suma que se obtendrá con la coalición. Esto no parece ser del todo cierto debido a las experiencias previas, como la fusión entre IU y Unidas Podemos que no dio los resultados esperados. En diciembre de 2015 Podemos obtuvo 3.198.584 votos e IU 926.783 votos; seis meses más tarde en junio de 2016 la coalición Podemos-IU-Equo obtuvo 3.227.123 votos. 

Otro hecho que conviene tener en cuenta es la fractura que puede llegar a suponer dentro de los propios partidos. Los partidos son, a menudo, estructuras rígidas. La toma de decisiones no siempre se antoja fácil y las luchas internas pueden avivarse con facilidad. Asimismo, al haber acuerdo, sólo se presentará una lista y, por ello, habría la mitad de oportunidades para formar parte de la misma. Este último, que parece no tener demasiada enjundia, es el escollo a resolver más complicado por parte de la dirección de los partidos. 

Por todo ello, los partidos deben valorar qué va a tener mejores consecuencias para sus formaciones o, por el contrario, seguir por el camino marcado por la improvisación del día a día. Deben efectuar un ejercicio de ponderación, esto es si llevar a cabo la coalición –con los potenciales problemas que le puede acarrear– o seguir siendo estructuras tradicionales no adaptadas al nuevo sistema de partidos. 

Causas de las brechas 

Las brechas que se pueden generar entre los partidos pueden provocarse por causas electoralistas o políticas. En el primero de los casos las decisiones suelen ser tomadas por el partido mayoritario, en nuestro país suelen ser PP y PSOE, frente a los aliados. Esto ocurre principalmente en el ámbito regional, cuando uno de estos grandes partidos engulle en las encuestas al aliado más débil para tratar de gobernar en mayoría o con apoyos puntuales de otros partidos sin la necesidad de verse con estos en una misma estructura ejecutiva. Al ver estas encuestas, los grandes partidos pueden tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas (como en Castilla y León) para sacar el máximo rédito posible a estos resultados. 

En el segundo caso, las divergencias suelen venir causados por la falta de cumplimiento de los programas conjuntos entre unos y otros, provocando sentimientos de ‘traición’. En casos como los sucedidos en nuestro país en los últimos meses, se han provocado mociones de censura por motivaciones varias. Esos sentimientos de incumplimiento de las promesas en relación a los apoyos, así como el miedo a esos adelantos electorales que puedan provocar la reducción de la representación, provocan que los partidos puedan buscar una moción de censura (como en Murcia) para evitar el adelanto electoral, o incluso mantenerse en el gobierno regional con otro aliado. 

Consecuencias en otros territorios 

Una vez se han roto las coaliciones, ya sea a través de una moción de censura o un adelanto electoral, las coaliciones formadas entre esos grupos pueden verse afectadas en otros territorios (ya sea a nivel regional o local). Esto puede cambiar la morfología política de un país debido al desgaste de las relaciones entre las cúpulas de los partidos tras diversos movimientos como ha ocurrido en nuestro país. Esto no tiene porqué darse siempre y cuando los pactos entre partidos sean sólidos en estas regiones o localidades. 

La gran subasta

La negociación presupuestaria es siempre un tira y afloja entre el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios. Si en la última edición de nuestra newsletter hablábamos de los intentos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) por romper la Denominación de Origen Rioja con fines políticos y tener poder de decisión en la producción de los vinos de La Rioja alavesa, en esta hablamos del desbloqueo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a los Presupuestos Generales del Estado debido a la aprobación de la Ley Audiovisual.

FUENTE: EFE

Esto reservará un mínimo anual de 15 millones de euros para la producción de películas y series en catalán y demás lenguas cooficiales, así como la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales, según los detalles avanzados por ERC. 

La formación independentista asegura que, con este acuerdo, que ha permitido dar luz verde a la tramitación de los Presupuestos en el Senado, «todas las plataformas que operan en España, incluso las que tengan su sede en el extranjero como Netflix, HBO o Disney Plus, tendrán que financiar cada año producciones audiovisuales en catalán, por una vía o por otra. 

Así, cada año se destinarán un mínimo 15 millones de euros a la producción en catalán y en el resto de lenguas oficiales, lo que significa un 15% del 70% de la producción total que España exige a todas las plataformas (incluida las radicadas en el extranjero) a través del artículo 117 del anteproyecto, que establece la obligación de destinar el 5% de los beneficios a producciones europeas. Esta medida se recogerá en la ley y así no dependerá cada año de los presupuestos. 

Por su parte, el PSOE destaca que el acuerdo «encaja en la directiva europea» y también en la política del Gobierno de promoción de las lenguas cooficiales. Así ha querido poner en valor la ley «en su conjunto» porque supondrá «un punto de inflexión» para el sector audiovisual en España. 

Es inadmisible que los presupuestos se negocien al mejor postor. Por un lado, el Gobierno no puede generar una subasta con los recursos que se deben emplear en la mejora de los recursos del país. Y por el otro, es vergonzoso destinar recursos públicos para contentar los deseos del independentismo en otro refuerzo más a su proyecto de separar Cataluña de España sin tener la calidad de país. 

Desde ‘La España que Reúne’ nos parece que tomar este tipo de decisiones, puramente políticas que no buscan el beneficio común, solo empeora la calidad democrática de nuestro país. No es el momento más adecuado para seguir distanciando a los ciudadanos y decisiones como esta solo generan una tensión mayor entorno a Cataluña.  

No a la ruptura política de una unidad de mercado

En medio de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 ha reaparecido un asunto que los nacionalistas vascos se han encargado de recuperar para tratar de sacar tajada al diálogo presupuestario. Las intenciones del PNV son claras: trocear la Denominación de Origen Calificada Rioja sólo por la ambición de romper uno de los últimos puentes efectivos de unidad nacional. Una operación que no tiene ni sentido económico, ni social ni mucho menos en un mercado cada vez más global.

FUENTE: EFE

El PNV está decidido a romper la D.O.Ca Rioja y su forma de hacerlo es a través de darle entidad independiente a los vinos producidos en la Rioja Alavesa. Para ello, sigue en pie la batalla judicial para crear una Denominación de Origen Protegida Viñedos de Álava, sin que esto esté fundamentado en una necesidad de crear nuevas marcas porque las antiguas hayan dejado de funcionar o tengan problemas en los mercados internacionales.

Del mismo modo, no es la primera vez que este tema se debate. Y es que el PNV registró en julio de 2020 una proposición para cambiar la ley que regula las denominaciones de origen de ámbito territorial supraautonómico. El PNV pretende tener una denominación propia de Rioja Alavesa dentro de la Denominación Rioja, lo que le otorgaría al Gobierno vasco cierto poder de control en el consejo regulador de esta subdenominación.

Y es que no tiene ningún sentido, para unos y otros, que esa idea termine por llegar a ejecutarse. Por un lado, las pequeñas bodegas de la Rioja alavesa pueden llegar a desaparecer en un acto suicida por parte del PNV desfavoreciendo a aquellas no tan conocidas. En palabras del dueño de una pequeña bodega alavesa a medios digitales “Hay gente que va a un restaurante y pide un Luis Cañas porque ya lo conoce, pero hay muchos que directamente piden un Rioja. Si nos escindimos, para nosotros podría ser la ruina», explica con toda cordura el bodeguero.

Por el otro lado, cabe destacarse que la Denominación de Origen Rioja es la etiqueta vinícola más prestigiosa a nivel nacional y uno de las mejores del mundo. Los vinos de La Rioja son marca España y bajo esta calificación se engloban más de 550 bodegas embotelladoras que producen anualmente una media de 269 millones de litros de vino.

Es evidente que este es un tema con más intereses políticos que de la propia calidad de los cultivos. Las pretensiones de poder del PNV han condicionado al Gobierno a la hora de hacer el texto presupuestario, ya que el Ejecutivo de coalición necesitaba a los partidos independentistas para dar luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero este apoyo no iba a ser gratuito. Sánchez ha tenido que ceder en algunos puntos para sacar adelante las cuentas estatales.

Sánchez tiene que elegir entre hacer bien su trabajo o restarle valor al de muchísimas personas que dependen de esta Denominación de Origen.

El efecto capitalidad de Madrid y los exiguos resultados de deslocalizar sedes administrativas

Tras meses de negociaciones y planificación interna, el Ejecutivo ha presentado en los últimos días su hoja de ruta para la descentralización de las instituciones del Estado como medida para luchar contra la despoblación de algunas de las regiones de nuestro país y conseguir captar mayor inversión en estas zonas y, de este modo, tener un reparto territorial más equilibrado de las instituciones públicas.

FUENTE: EFE

Esta decisión afecta directamente a las zonas consideradas ‘más deprimidas’ de la España vacía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido Ponferrada, capital de El Bierzo, una tierra del norte leonés en pleno proceso de reinvención con cada vez menos habitantes y más envejecidos, que durante décadas vivió de las minas de carbón y de las centrales térmicas, para incidir en la “necesidad de un desarrollo equilibrado territorial”. Sánchez ha avanzado la reactivación de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y su conversión como centro de innovación tecnológica energética y digital vinculado con el medio rural.

Aún así, el presidente ha asegurado que estos cambios no afectarán al grueso de la Administración central, que lleva décadas arraigada en Madrid, permanecerá en la capital salvo proyectos muy concretos. La complejidad logística que implicaría la mudanza de alguno de los grandes organismos y la oposición de los sindicatos de funcionarios han llevado a desechar esa opción.

El informe del Gobierno defiende los efectos socioeconómicos y la distribución más equitativa de la riqueza que tendría la deslocalización administrativa. Una desconcentración “bien planificada podría además contribuir a reducir el coste de los servicios públicos, al elegirse ciudades con costes asociados más bajos”, resalta el informe.

A pesar de que a priori este movimiento puede ser una buena idea, no tiene efectos reales significativos, ya que la sede de las instituciones no tiene una relevancia tan grande como para lograr atraer actividad económica a las regiones seleccionadas para esta deslocalización Administrativa. Uno de los mitos más extendidos es el de pensar que la acumulación de sedes de instituciones públicas en una ciudad le hace a ésta partir con ventaja frente al resto de capitales del país. Es el caso que se quiere aplicar a la disputa entre Madrid y otras grandes capitales españolas, considerando que Madrid tiene una ‘posición de privilegio’ sobre el resto por su ‘capitalidad’ y, por tanto, ejerce una competencia desleal con el resto de los territorios.

Los datos demuestran el escaso valor económico que produce tener en un lugar u otro la sede de los organismos oficiales. Tomando como variable proxy de la ‘capitalidad’ el peso de las actividades del sector público sobre el PIB (datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística, INE) si comparamos 2019 (último dato disponible) con 2000, el peso del sector público sobre el PIB de la Comunidad de Madrid apenas ha crecido en 0,13 puntos porcentuales, mientras que en el conjunto de España ha crecido en 1,88 puntos porcentuales (es más importante en relación al PIB el sector público en el total nacional que en Madrid, concretamente casi 3 puntos más)”.

En las dos grandes capitales españolas además de Madrid, Barcelona y Valencia, el peso de la administración pública ha crecido en 4 puntos respectivamente, mientras que en Madrid se mantiene prácticamente en el mismo entorno que en 2000 (últimos datos disponibles de la Contabilidad Anual Regional del INE).

Si bien la medida puede tener ciertos beneficios para algunas capitales más apartadas y con menor importancia administrativa hasta la fecha, pudiendo generar algunos empleos vinculados, no supondrá un gran revulsivo ni tampoco un efecto político y social suficientemente relevante.

Editorial: Los costes democráticos de alargar por más tiempo la legislatura

La democracia es mucho más que la búsqueda incondicional de apoyos en las Cortes para sacar adelante los proyectos legislativos del Gobierno. En este sentido, uno de los principios básicos de una democracia es excluir de la gobernabilidad a aquéllos que persiguen su destrucción y la confrontación no pacífica entre ciudadanos, los cuales representan un porcentaje minúsculo de los electores. Sin embargo, en España estamos haciendo todo lo contrario: naturalizar al espacio político heredero del mayor enemigo del sistema constitucional que ha sido el terrorismo.

FUENTE: El Correo/EP

Sorprende que en un país cuyo Gobierno ha hecho de la ‘memoria democrática’ una de sus principales banderas, ésta sea tan asimétrica y kafkiana. Al mismo tiempo que se ponen en jaque los principales consensos sobre los que se construyó la Transición, se escenifica un programa de ‘olvido político’ intencionado que pretende ser implantado sin oposición entre la izquierda, aplacando cualquier crítica a través de palabras gruesas y acusaciones inaceptables entre demócratas de cualquier signo político.

Es evidente la dificultad de gobernar España con unas mayorías tan exiguas e inestables como las actuales. Sin embargo, esto no puede dar carta de naturaleza a una política de ‘todo vale’ para permanecer por más tiempo en el Gobierno. En el momento en que se da un lugar destacado a los enemigos de la democracia -todos ellos fuerzas extremas y centrífugas- la salud del sistema democrático se resiente profundamente, ya que la dinámica de sus demandas siempre es creciente, nunca decreciente. Y una vez que ocupan un espacio que ni electoral ni sociológicamente les corresponde, apartarlos para retomar el normal funcionamiento institucional de un país requiere de un gran esfuerzo.

Hay que resistirse a llamar toda esta operación como ‘rearme del socialismo’ y ‘marcar perfil propio’. Es todo lo contrario: entregar rentabilidad electoral a cambio de un proceso que puede llegar a ser irreversible de deterioro democrático. Tener la vista puesta más en las municipales de 2023 a la espera de que «estemos preparados o no para cosas mayores», es un ejercicio de irresponsabilidad difícil de aceptar en democracia.

Este movimiento no solo sería contrario a esta idea del ‘rearme socialista’, que se vería opacado por este refuerzo a la extrema izquierda, sino que va en contra de toda la trayectoria constitucional de los últimos años, la cual ha posibilitado una convivencia pacífica entre demócratas que luchaban juntos contra los enemigos de España.

«El presidente que salga en las urnas tendrá el rol de administrar la transición»

Hablamos con María de los Ángeles Fernández Ramil, Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y analista política, sobre el proceso electoral chileno semanas antes de la segunda vuelta de las elecciones

En 2019 nació en Chile el movimiento conocido como Estallido Social ¿Por qué surge esta situación en el país?

El llamado estallido social chileno tuvo lugar el 18 de Octubre de 2019. Desde mi punto de vista, representa la eclosión de una situación de malestar que se venía acumulando y manifestando  de manera intermitente en el país de distintas formas. A inicios 2000, gracias a los informes que desarrollaba el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se instaló un debate, a nivel de referentes de opinión, al que se le llamó “el difuso malestar”. Del mundo de las ideas y de la conversación pública, se trasladó al mundo de la protesta a través de episodios importantes  centrados específicamente en la demanda educativa. En el año 2006 el país asistió a la llamada  “revolución de los pinguinos” y luego, durante el año 2011, con las manifestaciones estudiantiles por educación pública, gratuita y de calidad centrada, esencialmente, en la educación superior y que, dicho sea de paso, fue el semillero de las que salieron importantes líderes políticos del país hoy día al punto que tienen hoy día a uno de ellos, Gabriel Boric, disputando la presidencia en la segunda vuelta presidencial como candidato de un conglomerado de izquierda (Apruebo Dignidad) que incluye al Partido Comunista de Chile. 

Desde esos años, se venía dando un debate en la sociedad chilena acerca de cómo era posible que el país, con unos buenos indicadores en muchos ámbitos que lo separaban del resto de sus pares en la región, expresaba de diversas formas su malestar.  Algunos analistas lo atribuían a la desigualdad del país ya que, aunque los gobiernos que llevaron adelante la transición a la democracia con lemas como “Crecer con igualdad” lograron reducir sustantivamente la pobreza, la desigualdad se ha mantenido latente al punto de ser Chile uno de los veinte países más desiguales del mundo y situarse entre los más desiguales de América Latina lo que obligaba a avanzar en políticas de mayores niveles de protección social. Por otra parte, otra corriente señalaba que lo que los chilenos querían era mayor acceso a los bienes de consumo y que, con la expresión de dicho malestar, no estarían repudiando el modelo de modernización capitalista que se instaló con la dictadura de Augusto Pinochet. 

Lo que sucedió en Chile puede inscribirse, por un lado, en el marco de las protestas sociales que tuvieron lugar en América Latina durante ese mismo año pero también debe leerse como algo propio y específico de un país extenuado por la aplicación de un modelo de libre mercado a ultranza que se instaló durante el régimen militar y que refundó totalmente la sociedad.  Es cierto que, desde que se recuperara la democracia en 1990, el conglomerado de centro izquierda que gobernó el país por 20 años (la Concertación de Partidos por la Democracia) intentó modificar el rol tan protagónico que el mercado ocupa en la vida cotidiana de los chilenos pero siempre hubo un límite ya que la Constitución heredada de Pinochet, y que hoy está en proceso de superación producto, justamente, del estallido social del 18 de Octubre, dejó expresamente consignados quórums muy altos e instituciones de tipo contramayoritario, lo que hizo que la aspiración de darle un rol más decisivo al Estado en un modelo que, originalmente buscó relegarlo a un plano subsidiario en la prestación de bienes públicos tan importantes como la sanidad, la educación y las pensiones, siempre encontraba un muro. 

¿Ha cambiado a mejor esa situación en este tiempo?

La respuesta no puede ser categórica. Por un lado, el estallido social del 18 de Octubre se expresó a través de masivas manifestaciones pacíficas pero tuvo una contracara de violencia y destrucción de bienes públicos desconocida desde el año 90 a la fecha y que no es de fácil categorización. Desde el primer momento, hubo fuerzas políticas que no condenaron expresamente dicho tipo de violencia sino que, de alguna forma, o la justificaron como necesaria para alumbrar el proceso constituyente que ahora está en curso o bien se omitieron de hablar sobre ella centrándose, como contrapartida, en criticar la gestión de la violencia y del desorden llevada a cabo por Carabineros de Chile. El récord de muertes y heridos producto del 18 de Octubre, ampliamente documentados por organismos internacionales de derechos humanos, ha dejado en la sociedad chilena una marca de difícil resolución ya que ha retrotraído al país a la memoria de tiempos oscuros de la represión llevada a cabo por el régimen de Augusto Pinochet y por la que se responsabiliza al presidente actualmente en ejercicio, Sebastián Piñera, cuyo mandato termina en marzo de 2022.

 Lo concreto es que, a partir de ese momento, la violencia se ha instalado con fuerza en Chile y está lejos de ser algo episódico. De hecho, hay territorios en el país que viven una situación de violencia estructural como la Araucanía, epicentro de demandas del pueblo mapuche largamente postergadas. 

A todo esto, hay que superponer la crisis sanitaria y económica sobrevenida por el impacto del Covid-19. No es exagerado afirmar que Chile vive, ad portas de la segunda vuelta de una elección presidencial, una condición de crisis sistémica pero, al mismo tiempo, muchas personas tienen esperanza en el proceso constituyente que deberá alumbrar una nueva carta fundamental en el año 2022 a ser sancionada por el pueblo chileno en un plebiscito de salida.

La primera vuelta se la ha llevado el candidato de la ultraderecha José Antonio Kast ¿Qué se espera de la segunda vuelta el 19 de diciembre?

De manera inédita, la primera vuelta encumbró a un candidato como José Antonio Kast que, muy poco tiempo antes, estaba llamado a cumplir un rol poco menos que anecdótico en dicha contienda. Pero el segundo aniversario del 18 de Octubre dejó tras de sí una nueva estela de violencia y de destrucción, cuando no de abierto pillaje en muchas zonas del país, que ha catapultado a dicho candidato a una posición que, seguramente de no mediar dicho episodio, jamás se habría soñado ocupar. Un sector de la población comienza a demandar seguridad y orden frente a un presidente que, como Sebastián Piñera, está notablemente debilitado incluso antes del segundo intento de acusación constitucional del que fue objeto en fecha reciente y que sorteó con éxito. A ello se suma el fenómeno migratorio, especialmente acuciante en el norte de Chile y que ha llevado al candidato Kast a proponer una variación del muro de Trump, pero ahora expresado en una zanja. 

Lo concreto es que su inédito resultado ha frenado a quienes anunciaban, como producto del proceso constituyente, un nuevo ciclo para la política marcado por la idea de cambio porque Kast, junto con posicionarse como candidato competitivo para el balotage que tendrá lugar el 19 de diciembre, ha logrado colocar el eje del orden y logrando importante presencia en las elecciones legislativas que tuvieron lugar el pasado 21 de diciembre. Junto con observar los resultados del balotage próximo, hay que considerar el mapa de cómo quedaron las fuerzas representadas en el Congreso ya que la derecha, que se pensaba que había sido derrotada en la conformación del órgano constituyente de 155 miembros, ha cobrado nuevos bríos al punto de que, como señalan varios analistas, podría proponerse frenar el proceso constitucional encabezando la opción del “rechazo” en el plebiscito de salida previsto para el año 2022.

Según los medios españoles La Moneda estará reñida entre el candidato de la izquierda dura, un líder estudiantil admirador de Pablo Iglesias, y el de la derecha extrema, un férreo defensor de los años de Pinochet ¿Es esto lo que necesita el país?

Ningún país, incluido Chile, necesita una polarización que comprometa tanto la gobernabilidad futura como la vida cotidiana de los chilenos, tanto a nivel individual como en los colectivos en los que participan. Hoy, la contienda ha tomado un tinte preocupante al punto de que muchas personas se sienten emplazadas por la lógica del “estar conmigo” o “estar contra mí” desde las dos posturas que dirimen en la segunda vuelta. Ninguna sociedad puede prosperar si no hay un espacio político importante para la capacidad de acuerdo y de procesamiento de las diferencias en un clima de tolerancia y apoyo mutuos que, vistas las cosas, solo la podrían proporcionar fuerzas políticas más cercanas a los matices pero que hoy se ven expulsadas de las lógicas políticas en curso.

Adicionalmente, las recientes elecciones permitieron que llegase tercero el representante del llamado Partido de la Gente, el economista Franco Parisi, que se hizo conocido gracias a los medios de comunicación y que hizo campaña presidencial desde Estados Unidos, totalmente a distancia y sin pisar el país en los últimos dos meses. Fue primera fuerza en la región de Antofagasta y segundo candidato más votado desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo. 

Sus votantes, que comienzan a ser disputados ahora en la segunda vuelta por los dos ganadores, colocan interrogantes nuevas para quienes estudian el impacto de las redes sociales en las elecciones y la “desterritorialización” relativamente exitosa de una candidatura.

¿Cómo está viviendo usted las selecciones desde la distancia?

Las vivo con sensaciones ambivalentes de esperanza y preocupación. Viví en Chile por 32 años, soy española y chilena al mismo tiempo y observo la pendiente resbaladiza hacia una creciente polarización que es inédita en el marco de su historia reciente. Es particularmente preocupante el hecho de que, a pesar de lo mucho en juego, la participación en las pasadas elecciones fuera ligeramente superior a 7 millones, un 47% (lo mismo que en la primera vuelta presidencial del año 2017) y menos al plebiscito para una nueva Constitución del 2020.

Por otra parte, como alguien que ha trabajado por años en el ámbito de la igualdad de género, me preocupa lo que puede representar una candidatura de extrema derecha que ofrece terminar con la maquinaria estatal de género tal como la conocemos así como muchos avances logrados por las mujeres de Chile hasta la fecha. Sin embargo, por otra parte, las recientes elecciones entregan motivos para celebrar ya que la participación política femenina en ambas Cámaras avanzó gracias a la puesta en práctica de una ley de cuotas de género aprobada durante el segundo mandato de Michelle Bachelt: en Diputados, de 36 a 57 mujeres y en el Senado, de 10 a 12. 

¿Espera que el resultado de estas elecciones mejore la situación del país y de los chilenos?

Es muy difícil entregar una respuesta. El presidente que salga de las urnas el 19 de diciembre tiene un rol en administrar una etapa de transición que viene dada por el proceso constituyente, la eventual aprobación de la carta fundamental que de allí salga y su puesta en funcionamiento. Para muchos, allí estaría residiendo el verdadero poder. En ese marco, ojalá sea una persona que, aunque emerja de una posición de extremos, entienda que debe sobreponerse a ella intentando coser una sociedad que hoy es vista y vivida como fracturada. El resultado que arroja la conformación del Congreso anticipa fragmentación, polarización e indisciplina.

Como resumen, al menos hasta el día de hoy, se constata que Chile no logra escapar de un fenómeno que recorre América Latina como es la implosión de su sistema de partidos con derrumbe relativo de los conglomerados políticos que administraron la transición (centro izquierda y centro derecha), el surgimiento de propuestas extremas, elecciones con alto nivel de abstencionismo y profundización del populismo que, en algunos casos, no disimula su autoritarismo. Todo ello, a su vez, hay que colocarlo en un marco de tendencias más preocupantes como advierte el reporte “El estado global de la democracia 2021: Construyendo resiliencia en una era pandémica”, de Idea Internacional que revela “mayor tendencia autoritaria y un retroceso de la democracia a nivel global”.

Claves de los Presupuestos Generales del Estado

Tras un año convulso, al Gobierno le toca conseguir la aprobación de las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. No será tarea fácil después de la reducción en 1,6 puntos de la previsión de crecimiento para España este año (4,6%) por parte de la Comisión Europea.

FUENTE: EFE

Si ya de por sí el proyecto de Presupuestos no era realista (tal como han subrayado diversas instituciones públicas y privadas en los últimos meses), la revisión del crecimiento previsto por parte de la Comisión Europea ha terminado de romper el discurso del Ejecutivo. Las cifras publicadas por el Gobierno se quedarán lejos de cumplirse tras lo expresado por la Comisión Europea, con un gasto elevado que no permitirá cumplir el déficit y por el que Europa pedirá explicaciones a partir de 2023 y, por si fuera poco, con una estimación de crecimiento del PIB que para el año que viene se ha reducido en ocho décimas (5,5%).

El proyecto de ley, que está ahora en manos de los grupos políticos de la Cámara Baja (especialmente los socios habituales del Gobierno), fue presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace aproximadamente un mes; ahora es momento de negociar y todo queda supeditado a los clásicos acuerdos entre partidos en base a distintos intereses ideológicos, pero primero analizaremos las claves de estos PGE para el año que entra.

Los del año próximo, serán los presupuestos con mayor gasto público de la historia, 240.000 millones de euros, gracias a la entrada de los fondos europeos a nuestro país, que han sido muy importantes para dotar de semejante músculo financiero al Estado. El Gobierno, que da por hecho que contará con la llegada de 27.633 millones adicionales de los fondos europeos, confía en que éstas sean las cuentas que impulsen la recuperación.

Empleo

Según los datos manejados por el Gobierno, la recuperación económica para el próximo año está cifrada en un 7%, lo cual se verá en el empleo que, según este texto, en España crecerá un 2,5%. Esta situación llevará a una tasa de paro del 14% para finales del próximo año.

Para la cartera de Trabajo, la reactivación del mercado laboral supondrá una reducción en las prestaciones y mayores ingresos en cotizaciones. Por su parte, el SEPE prevé un gasto de cerca de 22.500 millones de euros que en su mayoría irán a parar a prestaciones no contributivas. En total, este gasto se reducirá un 10% en comparación con el de 2021.

Energía

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 establecen además un incremento del gasto del 1,2% en el capítulo de energía e industria, que contará con una dotación de 11.316 millones de euros. En este apartado, la inversión experimenta un incremento vinculado a la mayor compensación para la industria para frenar el incremento del precio de la luz.

Sanidad

Año y medio después del inicio del coronavirus, la partida del Ministerio de Sanidad cae por la menor inversión en vacunas. En concreto, cae un 9,9%. Sin embargo, la cifra tiene dos lecturas: teniendo en cuenta las vacunas, hay menos presupuesto total (ese 9,9%), pero sin ellas hay más (un 11%).

El año pasado, Sanidad obtuvo un presupuesto de 7.330 millones debido a la inversión en las vacunas que estaban a punto de llegar. Sin embargo, este año, con 37 millones de personas ya vacunadas, se va a destinar menos de la mitad de dinero a este aspecto. Si en las previsiones del año pasado la vacunación supuso 2.436 millones de los Presupuestos, en las de éste se quedará en 1.172 millones.

Cultura

El Ministerio de Cultura ya contó en este ejercicio con su mayor presupuesto en una década, pero este año el Ministerio contará con un 38,4% más que en 2021. El dinero con el que contará la cartera de Miquel Iceta pasará de cara a 2022 de 1.148 millones de euros a 1.589 millones. De ellos, 356 millones proceden de la Fondos de Recuperación europeos.

Recortes

El Gobierno sí ha reducido su asignación a la corporación RTVE un 6,3% para dejarla en 443 millones de euros, 30 millones menos que los adjudicados en los anteriores Presupuestos Generales del Estado.

Además, el Gobierno congela la asignación dedicada a la Casa Real. En concreto, ha previsto un total de 8.431.150 euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Esta cifra implica una congelación respecto a la del ejercicio 2021 tal y como se consignó en la sección 01 de las cuentas del Estado y publica la Casa de su Majestad el Rey en su página web.