EN DEFENSA DE LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL

No existe arrepentimiento, no se ha hecho gesto alguno de reparación del daño provocado, no ha pasado el tiempo suficiente de cumplimiento de condena, ni tan siquiera hay una voluntad clara de acuerdo para poner fin a más de una década de despropósito continuado en Cataluña. Si no se dan ni las más mínimas condiciones que pudieran permitir estudiar siquiera alguna medida de gracia, ¿por qué insiste el Gobierno en ‘naturalizar’ el indulto a los presos del procés? Es evidente que esta medida es el puntal de una legislatura agotada, de un paradigma que se consume cada día que pasa, con un daño creciente a la imagen de España en el exterior y el deterioro que supone para la calidad institucional en nuestro país. Ante un caso tan evidente de trato de favor de un Gobierno para uno de sus apoyos fundamentales parlamentarios, no caben discursos vacíos, sino la contundencia del Estado de Derecho para con aquellos que han querido romper la nación constitucional.

(FUENTE: EFE)

Tras la sesión parlamentaria del pasado miércoles, quedó claro que la postura del presidente Pedro Sánchez en este aspecto no es la que debería ser razonable. Durante el pleno, el presidente llegó a decir que “hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia”. Curioso que la concordia se haya logrado por la aprobación de unos Presupuestos y no por el arrepentimiento de los condenados, que claramente tienen un peligro de volver a intentar otro golpe de Estado de Cataluña.

Por otro lado, el Gobierno está usando la Constitución a su antojo en su defensa o ataque hacia aquellos que discrepan. Sin embargo, en este caso no hay escapatoria posible. La Carta Magna en ningún momento admite la posibilidad de quebrantar la unidad nacional. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha incidido sobre esto tras las palabras de Sánchez, acusándole de “poner en riesgo la continuidad de la España constitucional a cambio de continuar en el poder”.

No hay un precedente de un comportamiento así en Europa y mucho menos que un ministro de Justicia, como es Juan Carlos Campo, afirme con naturalidad que se pueda indultar a personas que han quebrantado de todas las formas que han podido el Código Penal y que, volvemos a recordamos, jamás se han arrepentido y ya han confirmado que van a seguir intentando su tan ansiado e ilegal propósito. El Ejecutivo de Sánchez está causando mucho daño a la calidad democrática de nuestro país y, por la contundencia de actos como estos, son plenamente conscientes de ello.

Por otro lado, el máximo organismo de justicia de España, el Tribunal Supremo, no ha tardado en expresas su rotunda disconformidad con esta situación oponiéndose rotundamente a conceder cualquier forma de indulto, incluso de forma parcial a los doce condenados en el juicio del procés. En caso de que esta solución se adopte finalmente, el organismo considera que sería una “solución inaceptable”, al no darse ninguna de las tres razones que, por ley, contemplan el indulto.

En el informe dirigido al ministro de Justicia, el Supremo señala que estos indultos pretenden que el Gobierno “corrija la injusticia” que para los independentistas fue la sentencia de este mismo tribunal por el referéndum del 1-O. Señalando también que “no es este el sentido y finalidad del indulto”.

Esta postura del Gobierno de coalición, supeditando su estabilidad al deterioro del régimen constitucional, solo hace mal al país. Los presidentes vienen y van, lo importante es que desarrollen su trabajo por el bien de su país y, en este momento, es evidente que no está defendiendo los intereses del país. Desde ‘La España que Reúne’, instamos al Gobierno a reconsiderar sus intenciones de indultar a aquellos que quieren dividirnos y la oposición en luchar contra estos indultos para defender la Constitución, siendo necesario no dejar espacio a posturas más extremas que empeoren aún más la situación.

ARREGLAR EL FUTURO OLVIDANDO EL PRESENTE

En los últimos tiempos se ha intensificado la producción de documentos que pretenden dar una visión de largo plazo tanto en materia económica como en términos globales en materia de reformas políticas e institucionales. Siempre es necesario tener una visión de futuro y dedicar el tiempo necesario siempre y cuando se tenga una visión cabal sobre el presente y lo que se debe hacer a corto plazo. Éste es, sin duda, el principal problema de España, donde se destina más tiempo a pensar en 2030 y 2050 que en elaborar los programas urgentes de medidas a aplicar para el próximo año.

(FUENTE: EFE)

El Plan España 2050 presentado por el Gobierno es un excelente ejercicio de consultoría, no de política de Estado con fundamentos sólidos. Por supuesto es loable y hay que felicitar el trabajo realizado por los expertos que han participado, los cuales acuden a la llamada del Gobierno cuando es necesario. Sin perjuicio de esto, es necesario ser conscientes de qué se quiere hacer con un documento como éste y tratar de influir en el organismo que hace el encargo (en este caso, el Gobierno mismo) para que el trabajo que se realice sea lo más productivo posible.

Hace poco más de un lustro, España se unió al compromiso de 193 países de la ONU para crear la Agenda 2030, compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que pretenden, entre otras cosas, acabar con la pobreza y el hambre en el mundo, promover el trabajo decente o actuar para frenar el cambio climático. En realidad, la Agenda 2030 es la renovación -con avances y añadidos- de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados en el año 2000.

Siempre es bueno tener una política que busque un cambio en relación con el futuro, pero quizás ahora es momento de centrarse en lo más inmediato para poder luchar contra los efectos actuales de la crisis del coronavirus. Este plan, a 30 años vista, eclipsa el presentado por la ONU hace 6 años y del que parece que ya nos hemos olvidado porque sabemos que no vamos a poder cumplir con las directrices que en su momento se marcaron.

Estamos viviendo una situación límite en muchos aspectos y no podemos centrar nuestras fuerzas en resolver los problemas del futuro cuando, ahora mismo, la sociedad reclama acciones que achaquen los problemas que están sufriendo. No es momento de hacer propaganda con planes futuros, es momento de ponerse a disposición de la sociedad y dejar de reírse de ella de esta forma. No se le puede pedir a la sociedad que piense en 2050 cuando en 2021 estamos enfrentándonos aún a una situación muy complicada.

Por ejemplo, todavía no sabemos bien a dónde se va a destinar el dinero de los fondos europeos de recuperación, y es algo que la ciudadanía debe conocer, ya que debería afectar a un cambio inmediato en relación al bienestar de nuestro país. Sería el momento de aclarar las dudas que existen en la población, en lugar de generar más creando nuevas metas para un futuro que se encuentra a 30 años de la situación que estamos viviendo.

Más allá de la irresponsabilidad de la creación de este plan en un momento tan complicado para España, la Agenda 2050 deja grandes preguntas también. De momento, este informe, de 676 páginas, apuesta por una serie de medidas para garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo, que permita crear empleo y, a la vez, reducir el déficit público y la deuda. Además de lograr convertir a España en un país más eficiente, digital, verde y justo. “Una España que avanzaría desde la media europea alcanzada en los últimos 30 años para situarse entre los países más punteros de la UE. Algo realmente posible”, esto dijo Pedro Sánchez durante su la presentación del informe en el del Reina Sofía, con ausencias más que elocuentes de determinados dirigentes empresariales. A partir de ahora, dice que se abre “un gran diálogo nacional” para analizar los retos del país en los próximos treinta años e intentar construir desde la unidad la España de 2050

Las propuestas que más resaltan de esta Agenda 2050 son:

Jornada laboral de 35 horas, subida de impuestos, armonización fiscal, impuesto al uso de los vehículos, prohibición de viajes cortos en avión, fomento de pensiones privadas, ampliar la edad de jubilación, inmigración legal para paliar la caída demográfica, prestación por crianza, herencia universal para la juventud, aumentar el gasto educativo, plan de vivienda.

Predicar sobre el futuro sin tener bien anclado el presente es un ejercicio de riesgo que no nos debemos permitir como país.

RECONDUCIR LA POLÍTICA EXTERIOR EN EL NORTE DE ÁFRICA

El conflicto político y diplomático reabierto con Marruecos evidencia la urgente necesidad de replantear la política exterior española en el norte de África, especialmente tras el apoyo explícito de Estados Unidos a las pretensiones territoriales de la monarquía alauí a cambio del reconocimiento del Estado de Israel. La posición de España está debilitada por la falta de apoyo efectivo real de la Unión Europea, más allá de vagos discursos, y la escasa fuerza y complicidad en la relación con EE.UU, llegando todo ello en un momento delicado de movimientos migratorios, profundización en la desigualdad a un lado y otro de la frontera entre Europa y África, con un desafío notable en materia energética y con un más que probable revés de la Justicia europea a la inclusión del Sáhara Occidental en el acuerdo pesquero UE-Marruecos.

(FUENTE: EFE)

Desde hace unos meses, España y Marruecos llevan aumentando la tensión diplomática a causa de que, el pasado abril, fuese acogido en La Rioja el líder polisario, Brahim Ghalil, para ser tratado de coronavirus ante los escasos medios y protección por parte del gobierno de este país.

Marruecos continúa luchando por obtener apoyos para hacerse con la soberanía del Sáhara Occidental. Ya a finales de 2020 el expresidente Donald Trump lo reconoció como tal y ahora esperan sumar a la Unión Europea a través de España. Sin embargo, las tensiones escalaron cuando el Gobierno confirmó que el líder polisario se encontraba hospitalizado en nuestro país «por razones estrictamente humanitarias».

A causa de esto, Marruecos ha roto la baraja diplomática, provocando una auténtica invasión en la Ciudad Autónoma de Ceuta con el amparo de Rabat. En este conflicto ha entrado también la Unión Europea en defensa de sus fronteras, situación que Marruecos quiere evitar a toda costa para no recibir multas del órgano supranacional. Marruecos quiere un pedazo del pastel de los fondos europeos para controlar las fronteras y, sumado al conflicto del Sáhara con nuestro país, ha hecho colmar el vaso del monarca africano. Del mismo modo, la semana pasada se aprobó la concesión de 30 millones de euros a Marruecos para frenar estos movimientos y tratar de calmar el enfado de la monarquía alauí.

Jugar con vidas humanas es una constante en las últimas décadas en Marruecos, creando un conflicto (España-Marruecos) a partir de otro (Marruecos-Sáhara). Marruecos ha mercantilizado con la vida de menores y personas desesperadas por obtener una vida mejor; menores que están siendo buscados por sus padres tras haber sido engañados para cruzar la frontera y sembrar el caos en Ceuta y Melilla. Detrás del uso de esta crisis por el lado ‘humanitario’, hay todo un reto de política hacia el norte de África para, por un lado, luchar de manera efectiva contra las mafias que trafican con seres humanos (en ocasiones amparados por los propios Gobiernos) y, por otro lado, crear las condiciones para una cooperación efectiva entre países.

España se la juega en múltiples materias en el Sahel de carácter geoestratégico. No todo es blanco y negro, la gama de grises en la política exterior en esta zona del mundo es especialmente importante, siempre bajo una imagen de contundencia y posiciones firmes que, hoy por hoy, no está mostrando el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

FALTA DE SENSATEZ EN LAS OPOSICIONES DE LA SALUD ESPAÑOLA

En el sistema de salud español la formación de los profesionales continúa tras la obtención de los títulos universitarios, para ello han de acceder a la FSE (Formación Sanitaria Especializada) donde durante 4/5 años se completa la formación mientras se trabaja (llamados R1, R2…), esto se realiza en centros hospitalarios repartidos por toda España.

(FUENTE: EFE)

El acceso a las plazas vacantes se realiza a través de un examen de oposición anual para el que la mayor parte de los opositores se preparan de una forma intensa varios años y su dificultad es de las más altas a nivel nacional. Se valora también el expediente académico del opositor.

En el año en curso son mas de 10.200 plazas, que en su mayoría son para graduados en medicina MIR (casi 8.000), a las que se añaden farmacia (FIR), psicología (PIR), química (QIR), biología (BIR), física (RFIR) y enfermería (EIR).

En las convocatorias hasta la fecha se ha priorizado el mérito y la transparencia. Para ello, tras la publicación de las listas con las notas, se procede a citar a los opositores, por orden de mayor a menor nota, en el ministerio para la elección de plazas. Esto se realiza de modo que en una sala con los representantes del ministerio y el grupo de opositores (150-300) presentes van eligiendo el destino por orden, publicándose cada día las plazas ya seleccionadas, hasta completarlas. De este modo se garantiza la transparencia, el mérito y el interés del opositor.

Hace pocos días, se ha publicado el cambio en la dinámica de adjudicación de plazas para este año. Con la excusa de la pandemia, el ministerio y su responsable en formación Dr. Vicent Martinez (puesto a dedo por el ministro ILLA), han diseñado una adjudicación telemática basada en una lista (que puede llegar a más de 7.000 plazas) de preferencias que debe proporcionar el opositor, recibiendo en unos días cada opositor el destino asignado. Esto ha puesto en pie de guerra a todo el sector sanitario y en especial a los afectados, que ven como desaparece la transparencia, la meritocracia y la libre elección. Los perjuicios son mayores para las parejas que, pensando en unir destinos, han aprobado y con la opción de paso de turno podían reunirse, la cual ha desaparecido.

Añadido a esto, el ministerio quiere que en menos de 10 días se incorporen a sus destinos ya colegiados, algo que, en la mayoría de casos, supone el establecerse en otra ciudad. Seguro que con los medios telemáticos existentes habría distintas opciones de gestionar esta asignación sin perjudicar a los opositores ni el sentido común. Algunas opciones las han aportado distintas asociaciones que representan a los afectados, las cuales se han ignorado.

Estos son los nuevos profesionales que tienen que ayudar a superar la crisis sanitaria en la que nos encontramos y en el inicio de su relación con el SNS (Servicio Nacional de Salud) encuentran que algo transcendente y que les afectará el resto de su vida, va a depender de la suerte y no de su esfuerzo. Que su empleador no tiene en cuenta sus demandas y como justificación dan que “es más equitativo”. No sabemos para quien, porque la gran mayoría de los afectados se sienten maltratados.

Una sociedad avanzada no debería permitir que se trate de este modo a profesionales del SNS a los que tenemos que agradecer su sacrificio y esfuerzo. La administración debe legislar teniendo en cuenta a los afectados, no el beneficio propio. Lo mas importante para todos es ver otro paso más en el desmantelamiento del sistema público de salud al que dicen defender.

Hay que apoyar en la medida que cada uno pueda para que este despropósito no se materialice. Los afectados se están movilizando y han organizado manifestación frente al ministerio de sanidad el próximo 25 de mayo a las 18:00 H.

Autor: Manuel Cerezo

Una reflexión prudente sobre la reforma de las oposiciones

La reforma del sistema de acceso a la función pública es una constante a lo largo de los últimos años, la cual ha vuelto a aparecer a escena tras la propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y en el contexto de la desaparición de la ENA en Francia. La importancia del asunto obliga a hacer propuestas prudentes e inteligentes que vayan más allá de los eslóganes fáciles que se han transmitido durante estos días. No se puede reducir la cuestión a «memoria vs. aptitud». 

A partir de lo anunciado por el Gobierno (“se trabaja en una estrategia para reformar el modelo de acceso al empleo público en el que se tenga más en cuenta la capacidad y la aptitud y menos la habilidad memorística”), iniciamos el debate con tres aportaciones de interés: por un lado, lo que señalan dos destacados miembros de nuestro Club de Opinión como son los profesores Sosa Wagner y De Carreras y, por otro lado, las propuestas de los altos funcionarios de la Administración del Estado, representados por Fedeca.

En el caso del profesor de Carreras, este modelo le recuerda a aquel modelo de enseñanza conocido como plan Bolonia y que acabó siendo un completo desastre. “Habilidades, competencias, prácticas, contra el esfuerzo, contra la memoria y devaluando el conocimiento. Todo eso me suena. Lo que se necesita, pues, según la filosofía que inspira el proyecto, son personas inteligentes, cuya aptitud los psicólogos pueden evaluar mediante test, minusvalorando en cambio el esfuerzo para alcanzar «el mérito y la capacidad» que exige el artículo 103.3 de la Constitución, un elemento clave para que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública dentro de una Administración cuya finalidad es servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y a los fines que la justifican”.

Para el profesor Sosa Wagner, “otra grave consecuencia de estos modos de organización es el terremoto que se produce con ocasión de cualquier remodelación ministerial. Y lo ya definitivamente perturbador es que estas facultades de designaciones tan alejadas de la templanza que debería adornar a los ministros se trasladan, como en una cascada cantarina, a sus subordinados, los secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales quienes usan su voluntad para designar a los responsables de otras muchas dependencias: subdirectores y funcionarios asimilados que se cuentan ya por centenares”, lo que para Sosa Wagner, como antes comentábamos también, puede ocasionar la aparición de gente que solo busca un puesto fijo que no merecen.

Por último, Fedeca (Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) pide modernizar las oposiciones actualizando los procesos de selección y dar becas para acceder a la función pública para eliminar el sesgo socioeconómico. La Administración del Estado está envejecida: su edad media es de 52 años, 10 más que la del conjunto de la población activa, lo que hace que en la próxima década más de la mitad del personal se vaya a jubilar. Ante esta “crisis demográfica de la función pública”, los altos funcionarios llaman a tomar medidas urgentes para anticiparse a la futura “descapitalización” de la Administración. Por ello, piden planificar mejor las necesidades de efectivos, modernizar las oposiciones, ofrecer becas a los candidatos para democratizar el acceso al empleo público, y dar mucha más publicidad a las convocatorias para hacerlas atractivas a los jóvenes.

Ante unas pruebas de acceso criticadas por ser lentas, anticuadas y excesivamente memorísticas, Fedeca considera “inaplazable” su reformulación para adaptarlas más al desempeño concreto de los cargos y porque se midan mejor las aptitudes y las competencias como el liderazgo o la gestión de equipos. Si queremos seleccionar directivos, tenemos que valorar nuevas cuestiones. Y si se evalúan competencias distintas, también es necesario profesionalizar los tribunales examinadores.

Además, se deben actualizar los temarios, con conocimientos transversales para todos los cuerpos A1, y simplificar los procedimientos, reduciendo los tiempos entre distintas pruebas o liberando a los aspirantes de volver a realizar un examen si ya demostraron su capacidad en una convocatoria anterior. “La idea no es rebajar la dificultad, ya que si uno quiere captar la excelencia las pruebas deben ser difíciles, pero sí agilizar los plazos o guardar los exámenes de un año para otro, por ejemplo, en el caso de los idiomas”.

Por último, Fedeca propone generalizar un sistema de becas para opositores en función de su expediente académico y nivel de renta, y la posibilidad de acceder a préstamos financiados por el órgano que convoque las plazas ya que los costes de opositar son uno de sus desequilibrios del sistema de oposiciones, ya que no están al alcance de todos

Es evidente la necesidad de un cambio profundo en la Administración Pública en términos de productividad, generación de resultados, motivación y capacidad de innovación en sus puestos de trabajo. La mayor parte de los funcionarios se enfrentan ante situaciones de «riesgo moral» ya que, a no ser que hagan una barbaridad dentro de sus puestos, no pueden ser expulsados de la función pública. Es un trabajo que da seguridad al ciudadano por su condición de vitalicio y al que mucha gente pretende acceder.

Las democracias no son indestructibles

Colombia está en pie de guerra. Las calles sufren un descontrol absoluto que recuerda a un conflicto civil más que a la normalidad en la democracia más longeva de Latinoamérica. La situación lleva más de una semana fuera de control y, de momento, parece no tener fin. Al igual que sucedió en Chile, ¿de dónde nace este conflicto y por qué afecta especialmente a la Alianza del Pacífico?

Unas imágenes escalofriantes que recuerdan a una guerra entre ciudadanos más o menos organizados especialmente en provincias donde existen estados paralelos y el ejercito del país. Los manifestantes salieron a las calles colombianas desafiando una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender la jornada de protesta debido a la gravedad de la pandemia en el país, en el que han fallecido más de 75.000 por COVID-19. Poco después de que se iniciaran las protestas, el presidente Iván Duque desplegó fuerzas militares en las calles para tratar de sofocar los disturbios.

Las protestas comenzaron en noviembre de 2019 contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque, y han vuelto después de más de un año de coronavirus en el país, lo que ha derivado en graves consecuencias económicas para la mayoría de las familias colombianas, y tras la propuesta de una reforma tributaria que iba a afectar especialmente a las clases medias. Si bien estas revueltas pueden surgir a causa de determinadas decisiones gubernamentales que afectan especialmente a los estamentos más desfavorecidos de su sociedad en medio de un momento crítico, en realidad provienen de un movimiento de ataque a las democracias coaligadas en torno a la Alianza del Pacífico, habiendo ocurrido antes en Chile y Perú.

En Chile, todo saltó por los aires cuando el Gobierno decidió subir el precio del billete del transporte público y no paró hasta que no se cambió la Constitución del país. En Perú, el caso más reciente al menos con cobertura en medios, provocó la renuncia de Manuel Merino tras lo que algunos medios consideraron como un intento de golpe de estado encubierto, hecho considerado por Mario Vargas Llosa como “anticonstitucional”. 

Los dirigentes deben reunirse con los líderes de la ciudadanía para reconducir una situación límite en favor del restablecimiento de la democracia y de su salud, así como de la ciudadanía, que es la base de ésta. Pero al mismo tiempo, es necesario investigar a fondo qué es lo que está sucediendo para que se produzca un movimiento de desestabilización de la región tan intenso y prácticamente simultáneo.

La pérdida de la libertad

Llevamos años con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. El tira y afloja de los partidos políticos en el reparto de los jueces es una anomalía democrática que ha tocado fondo con la aprobación por vía urgente de la renovación del CGPJ. Los miembros actuales quedan bloqueados y se hace urgente la intervención de instancias comunitarias como la Comisión de Venecia para replantear todo el proceso, el cual tiene que llevar necesariamente a un profundo cambio en la forma en que se decidió establecer un órgano de gobierno de los jueces hace décadas.

Fuente: EFE

Los resortes y contrapoderes del Estado de Derecho se han puesto en marcha para plantar cara a esta reforma. Es necesario destacar desde los pronunciamientos reiterados de expertos como el profesor Francisco Sosa Wagner («Poder judicial en funciones«, El Mundo, 29/03/2021) hasta las acciones parlamentarias en el Parlamento Europeo impulsadas por Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, la cual pidió a la Comisión que actúe para salvaguardar la “salud democrática de nuestros Estados”. Al mismo tiempo trasladó a la presidenta Ursula von der Leyen y Didier Reynders, responsable de Justicia, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaría pasando por alto la normativa Europea, siendo esta la tercera vez que insta a los organismos europeos a intervenir en la rifa judicial del Gobierno de España.

Pero si ha habido un movimiento sísmico en esta materia éste ha sido la carta de 2.500 jueces pertenecientes a las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), exponiendo la “situación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho” en nuestro país. Estos magistrados se han visto obligados a acudir a Bruselas por miedo a las decisiones del Ejecutivo, en referencia al fin de la independencia judicial en España e insta a la Comisión a actuar ya, después de haber estado pasando por encima de la importancia de esta cuestión en los últimos meses.

España se juega mucho en esta reforma. Para los denunciantes de la misiva a Bruselas «está en juego la separación de poderes y la independencia judicial, que es el apoyo del Estado de Derecho, como garantía de respeto de los derechos humanos, inseparable de los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, que son fundamentos de nuestra Unión Europea; y como parte de nuestro patrimonio espiritual y moral de la Unión Europea, fundada sobre dichos valores indivisibles y basada en los principios de la democracia y del Estado de Derecho (Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea)«

Los jueces quieren que, en caso de que no se aborden las reformas necesarias, se aplique el Reglamento 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre la posible condicionalidad de acceso a las ayudas de la Unión Europea para países que no respetan la separación de poderes.

Del mismo modo, Francisco Sosa Wagner, miembro de nuestro club de opinión, concretamente mostró su profundo rechazo a las formas en las que se está acometiendo la renovación del CGPJ. Para el jurista “si queremos respetar de verdad la independencia judicial, un valor constitucional, la regla es clara: nunca más el nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo debe ser el fruto de un enredo o intriga entre los vocales del CGPJ, que es – sépase- un enredo o intriga entre algunas asociaciones de jueces deseosas de colocar a sus afiliados o allegados. Una humillación que ningún juez se merece”.

La situación de libertad en el poder judicial en nuestro país se encuentra en una situación cercana a la comedia clásica, donde había de todo menos comedia, ya que estamos viendo que, como consecuencia de esta ley, ahora quedan suspendidos los nombramientos de los más altos cargos judiciales en nuestro país. Hasta que no se pongan de acuerdo PP y el PSOE, que son los que tienen la llave de la renovación, será imposible ejecutar ningún nombramiento “para la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo o al presidente de la Audiencia de Segovia. ¿Alguien concibe un despropósito de mayor envergadura?”.

Economía, Europa y Madrid: el principio del fin del gobierno de coalición

La continuidad en el tiempo y estabilidad de fórmulas políticas que son intrínsecamente inestables depende de que no se combinen simultáneamente en el tiempo diferentes factores de muy distinta naturaleza que puedan provocar el fin de la fórmula. Un ejemplo paradigmático de esta dinámica es el Ejecutivo de coalición que desde hace un año y cuatro meses gobierna España.

Fuente: EFE

En política, todo o casi todo está inventado, y lo que parece una “genialidad” salida de hábiles estrategas y gurús próximos a los líderes políticos, suele ser un invento difícilmente sostenible. La fórmula PSOE-Podemos es inestable por naturaleza, pero hasta ahora también igualmente eran inestables y dispersos los movimientos contrarios a la coalición tanto a nivel nacional, regional o incluso europeo. Sin embargo, en el momento en que se ha empezado a producir una mínima confluencia de factores contrarios a la alianza gobernante –algunos inesperados y otros más que esperados– se ve con toda crudeza su debilidad y la enorme dificultad de mantener por mucho más tiempo esta fórmula de gobierno.

De los muchos factores que atenazan al actual Gobierno, tres son decisivos para determinar el ‘principio del fin’ de la coalición: la economía, Europa y Madrid. Cada uno de estos tiene una naturaleza muy distinta, pero sobre todo tienen la capacidad combinada de hacer un enorme daño a un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez que ha ido haciendo de la precariedad virtud para mantenerse en el poder tres años y que no dudará ni un segundo en cambiar radicalmente su política si esto le asegura estar unos meses o años más en el Palacio de La Moncloa. La pertenencia de España a la Unión Europea, compartir una misma moneda con otros 19 países y ser la cuarta economía de la Eurozona, impone una serie de restricciones que más tarde o más temprano aparecen y, lo que es más importante, ejerce de mecanismo de ajuste cuando el gobernante de turno ha ido demasiado lejos en materia de degradación del Estado de Derecho, de la calidad democrática o de la estabilidad económica y financiera del país.

El presidente del Gobierno querría actuar de manera completamente autónoma en cualquier ámbito de decisión. Sin embargo, esto no es posible siempre, aunque se tensen las costuras del país tanto a nivel interno como a nivel externo. Es lo que está sucediendo con uno de los elementos más importantes de los próximos tiempos como es el programa de reformas e inversiones con el que España podría obtener hasta 140.000 millones de euros en los próximos años procedentes de la Unión Europea.

El plan de reformas e inversiones que ha presentado Pedro Sánchez ante la opinión pública y ante las Cortes, ni siquiera había sido aprobado por el Consejo de Ministros, y en su presentación en el Congreso de los Diputados no ha despejado ninguna de las dudas en cuanto a qué se hará con la totalidad de los fondos que percibirá nuestro país durante los próximos años. En Bruselas todavía están esperando a que el Ejecutivo despeje estas dudas, entre las que se encuentran reformas importantes como el mercado laboral o las pensiones. Puntos débiles de nuestro país ya antes del estallido del virus y que durante la pandemia han sufrido los propios efectos de esta.

A día de hoy, hay serias dudas de que Bruselas dé luz verde al plan ‘España Puede’, ya no solo por las lagunas económicas que este plan presenta y el uso que le intentará dar el binomio PSOE-Podemos, sino fundamentalmente por la dinámica de degradación de las instituciones que ejemplifica de manera extraordinaria la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ya que cualquier anomalía en lo referente a la división de poderes y al Estado de Derecho puede frenar el reparto de los fondos. Es de enorme relevancia en este aspecto la Carta dirigida por 2.500 jueces españoles a la Comisión Europea y la misión que enviará en las próximas semanas el ejecutivo comunitario a España para conocer qué está sucediendo.

Una constante histórica es que los malos gobernantes no suelen caer por el caos político que generan, sino que suelen caer por la economía. Igual que Al Capone no cayó por sus crímenes sino por Hacienda, el mal gobierno Sánchez-Podemos está empezando a dar sus primeros pasos hacia su caída en desgracia, la cual se producirá en el momento en que el dinero del que disponen se agote. El dinero, incluso en una época de tipos cero, se agota más rápido que la paciencia de la ciudadanía. En este caso la situación es incluso más preocupante, porque ni siquiera sabemos bien en qué se va a gastar ese dinero.

PERO ENTONCES TODO CAMBIÓ

Hubo un tiempo en el que vivíamos en un país digno. Un país capaz de perdonar su pasado y mirar al futuro. Que sabía perfectamente cuáles fueron los errores del pasado y miraba el porvenir con ilusión. Con todas sus limitaciones pero también con la fuerza de su reconciliación.

FUENTE: LA RAZÓN

Pero entonces todo cambió. El perdón tornó en revancha. El recuerdo en dolor. Y el orgullo de su reconciliación fue destruido a fuerza de considerarlo impostado. Lo que fue una transición digna, compartida y trabajada por todos, hoy es cuestionada y ultrajada.

Y a fuerza de hurgar en las heridas, se despertó lo peor que siempre tuvo España: el odio. Cuando despojas a una sociedad de sus símbolos y su orgullo, sólo obtienes miseria. La miseria moral del enfrentamiento identitario. Nos han despojado de nuestra identidad compartida.

Y ahora, pretenden construir identidades que lejos de unirnos nos enfrentan, nos dividen y nos debilitan. Nos clasifican entre buenos españoles y malos españoles. Todos hablan de patria, unos desde su conciencia de clase, otros desde el amor y la unidad de destino.

Todos aluden a una patria a la que profundamente denostan. Porque no es más patriota el que más defiende lo público, ni es más patriota el que con más orgullo defiende su unidad. Es patriota el que defiende lo que con tanto esfuerzo conseguimos: la dignidad como pueblo.

Una dignidad que construimos desde la ilusión compartida por vivir en democracia. Una democracia que pertenece a todos. Esa es nuestra verdadera unidad de destino y nuestro patriotismo social máximo. El respeto, la tolerancia y la libertad que tanto nos costó construir.

Cada vez que tengas la tentación de ver al otro como enemigo, recuerda a Santiago Carrillo y a Adolfo Suárez entre otros muchos. En ellos está nuestra dignidad como pueblo. En ellos está nuestra unidad de destino. La que hará que veas tranquilo el telediario con tus hijos.

@Kinete21

Trabajador social y sociólogo

La verdadera cara de EH Bildu

En el día de ayer, los medios de comunicación se hicieron eco de la muerte de uno de los fundadores de la banda terrorista ETA, Julen Madariaga. Quienes también se hicieron eco fueron algunos miembros de su denominado ‘brazo político’, EH Bildu.

(FUENTE: EFE)

Bien es cierto que Madariaga condenó públicamente desde 2001 la violencia empleada por la banda terrorista, pero su implicación desde la fundación en 1959 de una banda que acabó con la vida de más de 800 personas no puede ser olvidada por la sociedad española.

Desde EH Bildu se han deshecho en elogios con el exlíder terrorista por el día de su fallecimiento, como no, Arnaldo Otegi ha salido a valorar su gran papel para el País Vasco. Una persona que jamás ha condenado la violencia de la banda terrorista y que, por ende, no tiene cabida en una democracia como la nuestra.

Otegui ha publicado sus condolencias a través de su Twitter, ensalzando la figura de un “abertzale comprometido con la libertad de nuestro pueblo”. Otros representantes de la formación han respaldado este mensaje de Otegi en sus respectivas despedidas al líder etarra destacando su lucha por algo a lo que ellos llaman “libertad”.

Esta es la verdadera cara de EH Bildu, un partido que, como algunos de sus representantes, no ha condenado la violencia públicamente. Una agrupación que no condena los actos terroristas que tanto daño han causado a nuestra sociedad, reiteramos, no tienen espacio en la democracia a la que tanto daño han hecho con sus actos.

El Gobierno no puede asociarse con aquellos que no respetan la libertad de aquellos que solo quieren lo mejor para España. Al final Pablo Iglesias iba a tener algo de razón con que en nuestro país no hay normalidad democrática, cuando representantes de partidos actúan contra los valores del sistema.