Estados Unidos derrocó a Maduro, pero no desmontó el chavismo. Nueve meses después, Delcy Rodríguez se reúne con Trump y recupera reconocimiento internacional mientras Washington mantiene al margen a María Corina Machado e incluso ha frenado su regreso a Venezuela. La transición empieza a parecerse demasiado a una estabilización del régimen sin Maduro.
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La fotografía tiene algo de desenlace escrito al revés. Nicolás Maduro duerme en una cárcel de Brooklyn después de haber sido capturado por Estados Unidos; su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, posa sonriente con Donald Trump a pocos kilómetros de allí y acude a la Asamblea General de Naciones Unidas como máxima representante de Venezuela. Mientras tanto, María Corina Machado intenta regresar a su país desde Panamá y vuelve a fracasar.
No es simplemente una anécdota de protocolo. Es la imagen más precisa hasta ahora de la política que Washington ha elegido para Venezuela.
El martes, Trump y Rodríguez mantuvieron en Nueva York su primer encuentro presencial desde la caída de Maduro, a puerta cerrada y acompañados por Marco Rubio, Scott Bessent y algunos de los principales responsables de la Administración estadounidense. Delcy lo presentó inmediatamente como una reunión «histórica» destinada a fortalecer las relaciones bilaterales en energía, minería y seguridad. Trump, por su parte, había aprovechado su intervención ante Naciones Unidas para exhibir como uno de sus éxitos el nuevo acuerdo petrolero con Caracas.
La paradoja es considerable. Delcy Rodríguez no representa una ruptura con el sistema que gobernó Venezuela durante los últimos años. Fue vicepresidenta de Maduro, ministra, presidenta de la Asamblea Constituyente chavista y una de las figuras centrales del aparato político. La Unión Europea mantiene actualmente sanciones contra 69 dirigentes venezolanos hasta enero de 2027, y Rodríguez figura desde 2018 entre las personas señaladas por actuaciones que, según el Consejo, socavaron la democracia y el Estado de Derecho.
Nueve meses después de la operación militar estadounidense que desalojó a Maduro, esa misma dirigente ha dejado de ser tratada como parte del problema para convertirse en la interlocutora necesaria de la solución.
Cambió el presidente, no el aparato
La explicación estadounidense es conocida: primero estabilizar el país, después recuperar la economía y finalmente conducirlo hacia una transición democrática. El problema es que, mientras se consolida la primera fase, la tercera sigue sin fecha.
Hace apenas una semana, la misión internacional de Naciones Unidas advertía de que el aparato represivo venezolano permanece esencialmente intacto. Human Rights Watch, después de su primera visita oficial al país en dieciocho años, reconoce avances —liberaciones de presos, mayor espacio para algunos medios y menor intensidad represiva—, pero reclama todavía la liberación de todos los presos políticos, una reforma real del sistema judicial y electoral y el desmantelamiento de estructuras que hicieron posible los abusos anteriores.
Ése es el contexto que convierte la presencia de Delcy en Nueva York en algo más que diplomacia pragmática. La normalización internacional avanza bastante más deprisa que la democratización interior.
Y cuanto más legitimidad exterior obtiene Rodríguez, menos incentivos tiene para acelerar una transición que podría apartarla del poder.
Estados Unidos consiguió sacar a Maduro. Lo que todavía no está claro es si pretendía desmontar el sistema que lo sostuvo o simplemente encontrar dentro de él a alguien con quien pudiera hacer negocios.
El petróleo ayuda a responder. Washington ha convertido la recuperación de la producción venezolana y el acceso estadounidense a sus reservas en uno de los ejes de la nueva relación. El Financial Times describe a Delcy como la gran beneficiaria política del acuerdo: coopera con las exigencias estadounidenses, facilita intereses económicos de Washington y, a cambio, consolida su posición interna mientras las elecciones continúan sin un calendario claro.
La vieja retórica revolucionaria ha encontrado así una salida sorprendente: el chavismo sobrevive aceptando la tutela económica del país al que durante veinticinco años presentó como su enemigo imperial.
La oposición espera fuera
El contraste con María Corina Machado es todavía más difícil de explicar.
Esta semana ha intentado tres veces en apenas veinticuatro horas regresar a Venezuela desde Panamá. Con esos intentos serían ya al menos siete desde que abandonó clandestinamente el país el pasado diciembre. Su equipo asegura que las operaciones han sido impedidas, aunque no ha identificado públicamente quién frustró las tres últimas.
Pero sobre los intentos anteriores sabemos bastante más.
Una investigación de The Wall Street Journal relató cómo Washington se opuso a su regreso tras los terremotos de junio: autoridades estadounidenses pidieron que retrasara el viaje y la falta de respaldo de Estados Unidos terminó contribuyendo a frustrar distintas rutas de entrada. Reuters confirmó después que responsables estadounidenses habían pedido en privado a Machado que pospusiera su regreso y que las conversaciones respaldadas por Washington para rediseñar el sistema político venezolano ni siquiera incluyen a su movimiento.
La semana pasada Machado decidió que no podía esperar más. «Es hora de regresar», dijo al Wall Street Journal. La misma Administración que había intervenido militarmente para sacar a Maduro considera ahora que la presencia dentro de Venezuela de la principal figura de la oposición podría desestabilizar el proceso que desarrolla con la antigua vicepresidenta de Maduro.
Ahí reside la contradicción central.
Washington intervino en nombre de un cambio político, pero parece haber descubierto que la democracia es mucho menos manejable que la estabilidad. Delcy controla todavía buena parte del aparato estatal, mantiene interlocución con las Fuerzas Armadas y puede garantizar petróleo, orden y cumplimiento de acuerdos. María Corina representa algo distinto: competencia política, movilización social y unas elecciones cuyo resultado Estados Unidos no podría administrar.
Trump ha elegido por ahora la previsibilidad.
Eso permite entender el verdadero significado del «blanqueamiento» de Nueva York. No consiste únicamente en permitir que Delcy Rodríguez hable ante Naciones Unidas o en fotografiarse con ella. Consiste en modificar silenciosamente su condición política: de heredera inmediata de un régimen al que Washington decidió derribar a socia necesaria de la transición que Washington controla.
Puede acabar siendo una estrategia eficaz para estabilizar Venezuela. También puede producir exactamente lo contrario de aquello que supuestamente justificó la caída de Maduro: sustituir al dirigente sin sustituir el sistema.
La imagen de estos días contiene toda la contradicción. Delcy Rodríguez ha llegado a Nueva York por la puerta principal. María Corina Machado sigue buscando una puerta para volver a su propio país.
Y quizá por ahí deba empezar cualquier discusión seria sobre qué clase de transición está construyendo Estados Unidos en Venezuela.
El Constitucional todavía no ha dictado sentencia sobre Jordi Turull. Pero la decisión adoptada ayer apunta a un cambio de fondo mucho más importante que el eventual regreso de Puigdemont: después de avalar que la amnistía puede existir, el tribunal se encamina ahora a decidir si negarla en determinados casos puede vulnerar derechos fundamentales.
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La amnistía lleva más de dos años ocupando el debate público y empieza a resultar difícil encontrar algo nuevo que decir sobre ella. Ayer ocurrió, sin embargo, algo distinto. El Tribunal Constitucional comunicó oficialmente que su Pleno no aprobó la ponencia del magistrado José María Macías sobre el recurso de Jordi Turull contra la decisión del Supremo de excluir de la amnistía su condena por malversación. La nota oficial no dice más. Según la información conocida posteriormente, Macías defendía mantener el criterio del Supremo y la mayoría del tribunal optó por la solución contraria; ahora deberá redactarse una nueva propuesta para el Pleno previsto el 6 de octubre.
Conviene detenerse en esa precisión porque todavía no existe sentencia y sería prematuro escribir como si Puigdemont tuviera ya levantada la orden de detención. Pero también sería ingenuo fingir que ayer no ocurrió nada. La mayoría del Constitucional ha rechazado la salida jurídica que permitía mantener fuera de la ley de amnistía una de las últimas responsabilidades penales relevantes del procés. Si la nueva ponencia confirma esa dirección, la doctrina será inmediatamente relevante para Turull y previsiblemente para los demás recursos construidos sobre el mismo conflicto interpretativo.
Ya no discutimos si la amnistía cabe
La novedad está precisamente ahí. Durante dos años, el debate giró alrededor de una pregunta: ¿puede existir constitucionalmente una amnistía como ésta? El Constitucional respondió que sí en su sentencia de junio de 2025 y después fue aplicando esa doctrina a los distintos recursos. La propia sentencia distinguió entonces entre el juicio abstracto sobre la validez de la ley y los problemas que pudieran aparecer cuando los tribunales tuvieran que aplicarla a casos concretos. La sentencia 137/2025 dejó expresamente fuera de aquel primer examen los problemas concretos de aplicabilidad.
Eso es exactamente lo que ha llegado ahora.
El Supremo entendió que la malversación cometida durante el procés no podía ser amnistiada en determinados casos porque existió un beneficio personal de carácter patrimonial: quienes destinaron fondos públicos al referéndum evitaron tener que sufragar personalmente esos gastos. Turull recurrió al Constitucional alegando vulneraciones del principio de legalidad penal y del derecho a la tutela judicial efectiva. Cuando el tribunal admitió su recurso en abril de 2025, reconoció que planteaba una cuestión sobre la que no existía doctrina constitucional y que podía producir «consecuencias políticas generales».
Ahí aparece el cambio de naturaleza. Hasta ahora la amnistía necesitaba protección frente a quienes sostenían que la ley era inconstitucional. A partir de ahora puede ocurrir algo más profundo: que sea la negativa de un tribunal a aplicarla la que termine siendo examinada como una posible lesión de derechos fundamentales.
No es un juego de palabras. Significa desplazar el centro de gravedad desde la libertad interpretativa del juez hacia la posición jurídica del amnistiable.
De excepción legislativa a garantía individual
Macías defendía, según las informaciones sobre su ponencia, una idea jurídicamente clásica: que el Constitucional no está para determinar cuál es la mejor interpretación posible de cualquier ley ni para actuar como una instancia superior que corrige al Supremo siempre que discrepa de él. Si la resolución judicial está motivada y no resulta arbitraria, la tutela judicial efectiva no concede a nadie un derecho general a que el juez acierte según el criterio posterior del Constitucional. La mayoría ha rechazado que ésa sea la solución suficiente para este caso.
Éste es el punto verdaderamente novedoso y el que merece una discusión mucho mayor que la enésima especulación sobre cuándo volverá Puigdemont.
La amnistía nació como una decisión extraordinaria del legislador destinada a extinguir determinadas responsabilidades penales. Después recibió el aval general del Constitucional. Ahora puede dar un tercer paso: convertirse, para quienes entran dentro de su ámbito, en una posición constitucionalmente protegida frente a una interpretación judicial considerada excesivamente restrictiva.
Dicho de otra manera: podemos pasar de discutir el derecho del Parlamento a amnistiar a discutir el derecho del condenado a ser efectivamente amnistiado.
No son la misma cosa.
Si ésa acaba siendo la doctrina del 6 de octubre, el efecto irá bastante más allá de Turull. El Supremo seguirá teniendo la función de interpretar y aplicar las leyes, pero el margen desde el que venía excluyendo la malversación quedará notablemente condicionado por una lectura constitucional de los derechos fundamentales. Y precisamente por eso Junts interpretó ayer lo sucedido como una «desautorización» de los magistrados que habían rechazado la amnistía. Es la lectura política de Turull, no el lenguaje utilizado por el Constitucional, pero demuestra que los independentistas han entendido perfectamente el cambio de terreno. Turull llegó a pedir al Supremo que aplicara ya la amnistía sin esperar siquiera a la sentencia de octubre.
Durante mucho tiempo se dijo que el gran problema jurídico de la ley sería comprobar hasta dónde podían llegar sus excepciones. Ayer empezamos a conocer la respuesta: quizá bastante menos lejos de lo que creyó el Supremo.
Y esa es la verdadera noticia. No que la amnistía haya recibido otro empujón ni que Puigdemont pueda estar algo más cerca de regresar. Eso era previsible desde hace meses. Lo relevante es la transformación institucional que se está produciendo por debajo.
La amnistía comenzó siendo una potestad extraordinaria del legislador. Puede acabar siendo también un límite constitucional a la capacidad de los jueces para decidir cuándo esa potestad no alcanza a un condenado.
Después de dos años discutiendo quién tenía poder para perdonar, entramos en una fase distinta: decidir quién conserva el poder para decir que no.
La decisión cautelar sobre la llamada «ley de nietos» no cuestiona la nacionalidad ya concedida, pero sí detiene sus efectos electorales cuando no se acredita el exilio exigido por la norma.
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Durante meses, cualquier duda sobre los efectos electorales de la llamada «ley de nietos» pudo despacharse como una teoría interesada de la oposición. Ya no. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes —y los efectos de las ya realizadas— de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática sin acreditar que su padre, madre, abuelo o abuela hubiera sufrido realmente el exilio en los términos establecidos por la ley. La nacionalidad permanece; lo que queda en suspenso es el voto mientras se resuelve el fondo del litigio.
La distinción es importante porque permite ver con claridad dónde está la controversia. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática abrió la nacionalidad a determinados descendientes de españoles que habían perdido o renunciado a ella como consecuencia del exilio. Pero la posterior Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública desarrolló una interpretación expansiva de aquella previsión y facilitó la acreditación de esa condición. Ahí se encuentra el punto que ahora examina el Supremo: hasta dónde podía llegar una instrucción administrativa al aplicar una ley con capacidad para alterar sustancialmente el censo exterior.
De la memoria al censo
Las cifras explican la dimensión política del asunto. Más de dos millones de personas iniciaron solicitudes al amparo de la norma y más de medio millón de nacionalidades habían sido ya aprobadas cuando llegó la decisión cautelar. El aumento potencial del CERA dejó hace tiempo de ser estadísticamente irrelevante. En unas elecciones generales decididas por márgenes estrechos, unos pocos miles de votos exteriores pueden alterar escaños y, con ellos, mayorías parlamentarias.
Por eso la reacción del Gobierno resulta tan reveladora. Félix Bolaños reclamó al Supremo que resuelva «lo antes posible» y, en todo caso, antes de los procesos electorales de 2027, porque está en juego el derecho de voto, «lo más sagrado» de una democracia. Desde el Ejecutivo se ha insistido además en que las acusaciones sobre una operación de «ingeniería electoral» son un bulo.
La cautelar no prueba que Moncloa diseñara conscientemente una operación para fabricar electores favorables y sería impropio atribuírselo al auto. Pero sí ha destruido la comodidad con la que podía descartarse cualquier discusión sobre los efectos censales de la norma. El Supremo habla de un peligro «fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia de los procesos electorales. Es decir, aquello que políticamente se presentaba como una fantasía de la oposición ha alcanzado suficiente entidad jurídica como para que el alto tribunal considere necesario impedir que sus efectos electorales se consoliden antes de dictar sentencia.
No es poca cosa. Una política presentada exclusivamente como reparación histórica terminó produciendo una expansión extraordinaria del cuerpo electoral y ahora obliga a los tribunales a preguntarse si esa expansión se hizo respetando exactamente los requisitos que había establecido el legislador.
El Sáhara demuestra que la nacionalidad no admite atajos
En este debate aparece además una cuestión que ayuda a comprender hasta qué punto la nacionalidad exige precisión jurídica: el Sáhara Occidental.
Durante décadas España administró aquel territorio y muchos saharauis dispusieron de documentación española, vivieron bajo instituciones españolas o tuvieron vínculos jurídicos directos con nuestro país. Pero el Tribunal Supremo estableció en 2020 que haber nacido en el Sáhara durante la administración española no convierte por sí solo a una persona en española de origen a efectos del Código Civil. La legislación de descolonización había definido expresamente aquel territorio como colonial y abrió entonces un procedimiento específico para que determinados saharauis optaran por la nacionalidad. La explicación jurídica recogida por Iberley
Eso no significa que ningún saharaui pueda beneficiarse de la «ley de nietos». Puede hacerlo quien descienda de una persona que sí fuera originariamente española y cumpla los demás requisitos legales. Lo que no cabe es transformar automáticamente el hecho histórico de haber nacido bajo administración española en una nacionalidad de origen que el Supremo ha rechazado reconocer con carácter general.
La distinción parece técnica, pero toca exactamente el corazón de la controversia actual. La nacionalidad produce derechos civiles y políticos de enorme alcance y no puede descansar sobre aproximaciones históricas, presunciones administrativas o interpretaciones de conveniencia. Si para el Sáhara el Supremo exige distinguir cuidadosamente entre territorio administrado por España y territorio nacional, no resulta extraño que ahora reclame también precisión cuando una norma concebida para descendientes del exilio termina incorporando centenares de miles de personas al censo.
La reacción explica el daño
Quizá por eso el nerviosismo gubernamental importa tanto como la propia medida cautelar. Si estuviéramos ante una cuestión puramente administrativa, bastaría con defender la interpretación del Ministerio de Justicia y esperar la sentencia. En cambio, la respuesta ha sido inmediatamente política y ha colocado las elecciones de 2027 en el centro de la discusión.
Ese reflejo permite comprender lo que estaba realmente en juego.
La Ley de Memoria Democrática podía tener una justificación reparadora y, al mismo tiempo, producir un efecto político monumental. Ambas cosas no son incompatibles. El problema empieza cuando una ampliación extraordinaria del censo se ejecuta mediante una interpretación administrativa controvertida y cualquier pregunta sobre sus consecuencias electorales se desacredita como conspiración.
Ahora el Supremo obliga a hacer aquello que debió hacerse desde el principio: comprobar primero y contar después.
El Gobierno podrá ganar el procedimiento principal. La cautelar no anticipa la sentencia. Pero el daño político ya está hecho porque ha desplazado la discusión desde las intenciones atribuidas a Sánchez hasta algo mucho más verificable: qué decía la ley, cómo la amplió su Administración y cuántos nuevos electores podían incorporarse como consecuencia de esa interpretación.
La nacionalidad española no puede convertirse en una herramienta coyuntural de política partidista ni su regulación puede abordarse como si sus efectos electorales fueran secundarios. Reparar injusticias históricas es una obligación legítima del Estado. Modificar potencialmente el cuerpo electoral exige algo más: una escrupulosa fidelidad a la ley.
El Supremo no ha resuelto todavía si esa fidelidad existió. Lo que ha decidido es que la duda es demasiado grave para esperar a comprobarlo después de contar los votos.
El problema para Europa no es únicamente que AfD pueda gobernar algún día Alemania. Es que el avance iliberal está consiguiendo algo anterior y quizá más importante: cambiar lo que las democracias europeas consideran políticamente normal.
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El dato más inquietante de las elecciones de Sajonia-Anhalt no es sólo el 43,8% obtenido por Alternativa para Alemania. Es todo lo que rodea a ese porcentaje. AfD sumó 576.037 votos, 23 puntos más que en 2021, mientras la CDU se desplomó del 37,1% al 17,2%. Y no ocurrió gracias a una abstención excepcional que permitiera a una minoría movilizada apropiarse del resultado: participó el 77,8% del electorado, la cifra más alta registrada en unas elecciones regionales desde la reunificación. AfD ganó con claridad una elección muy participada. Los resultados provisionales oficiales de Sajonia-Anhalt
Tampoco sirve ya la caricatura sociológica de una extrema derecha sostenida exclusivamente por hombres mayores, resentidos y habitantes de las zonas rurales. AfD fue la primera fuerza en todos los grupos de edad: alcanzó el 41% entre los menores de 25 años y llegó al 52% entre los votantes de 35 a 44. La transversalidad generacional convierte el resultado en algo cualitativamente distinto. No estamos viendo simplemente cómo envejece un resentimiento; estamos viendo cómo se reproduce.
Y conviene añadir una precisión que separa este caso de una victoria convencional de la derecha populista. La organización de AfD en Sajonia-Anhalt está clasificada desde 2023 por la Oficina regional de Protección de la Constitución como una organización de extrema derecha confirmada. El informe oficial de 2025 señala que su discurso está atravesado por una concepción étnica del pueblo incompatible, según el organismo, con principios esenciales del orden democrático y con la garantía constitucional de la dignidad humana. AfD mantiene abierto un procedimiento contra esa clasificación. No debe confundirse esta situación regional con la controversia judicial todavía pendiente sobre la calificación de la organización federal, pero tampoco puede rebajarse lo sucedido: una formación oficialmente vigilada por extremismo acaba de quedarse a tres escaños de la mayoría absoluta de un Parlamento regional alemán. La valoración oficial del servicio de protección constitucional de Sajonia-Anhalt
El peligro empieza cuando deja de parecer extremo
Interpretar el 43,8% como si casi la mitad de Sajonia-Anhalt se hubiera convertido repentinamente al extremismo sería tan cómodo como inútil. Parte del éxito de AfD nace de problemas perfectamente reconocibles: estancamiento económico, temor ante la pérdida de industria, coste de la vida, inmigración, sensación de abandono en el este y una desconfianza monumental hacia el Gobierno federal. El 87% de los electores del Land se declaraba insatisfecho con el Ejecutivo de Friedrich Merz y, entre los votantes de AfD, dos tercios consideraban que recibían menos de lo que justamente les correspondía.
Ésa es precisamente la parte peligrosa. No hace falta que una sociedad se vuelva extremista para que una formación extremista pueda conquistarla electoralmente. Basta con que consiga convertirse en el vehículo más eficaz para expresar agravios que sí son mayoritarios. La seguridad económica, la inmigración, el declive industrial o la distancia entre gobernantes y gobernados dejan entonces de discutirse dentro del perímetro político tradicional y empiezan a formularse mediante las soluciones de quien había vivido fuera de él.
El fenómeno tampoco está confinado a un Land oriental. En las elecciones federales de 2025, AfD ya había duplicado su resultado nacional, pasando del 10,4% al 20,8% y convirtiéndose en la segunda fuerza del Bundestag. Las encuestas publicadas esta semana la sitúan ahora entre el 27% y el 29%, claramente por delante de la CDU/CSU. Y el próximo 20 de septiembre hay elecciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde Infratest dimap acaba de situarla en el 35%, más del doble del 16,7% obtenido en 2021. Resultado oficial de las elecciones federales de 2025
La frontera decisiva está cerca. AfD tiene 39 de los 83 diputados de Sajonia-Anhalt. Si consiguiera gobernar, dejaríamos de hablar de influencia sobre el debate para hablar de control sobre instituciones. Un Gobierno regional dispone de competencias sobre policía, educación, administración y medios públicos. Más delicado todavía: el Ministerio del Interior supervisa la propia Oficina de Protección de la Constitución que actualmente vigila a AfD. Los servicios de seguridad alemanes están estudiando ya qué información sensible podría compartirse con un Ejecutivo dirigido por una organización que ellos mismos consideran extremista.
Éste es el verdadero problema del iliberalismo moderno. Rara vez comienza quemando constituciones. Llega mediante elecciones, obtiene competencias ordinarias y después empieza a redefinir qué medios son legítimos, qué jueces estorban, qué asociaciones merecen financiación, qué minorías pertenecen plenamente a la comunidad nacional o qué órganos de control son sospechosos porque contradicen la voluntad de la mayoría. La democracia continúa celebrando elecciones mientras van debilitándose los contrapesos que impiden que una victoria electoral equivalga a disponer del Estado.
Cuando Alemania gira, Europa se desplaza
Sería un error considerar todo esto una peculiaridad de la antigua Alemania Oriental. Si AfD estuviera creciendo de esta manera en Eslovaquia o Bulgaria, el problema sería grave. Que ocurra en Alemania lo convierte además en un problema estructural de la Unión Europea.
Alemania representa el 23,8% del PIB comunitario, 4,5 billones de euros, y es con diferencia la mayor economía de la UE. Sus 83,5 millones de habitantes equivalen al 18,47% de la población utilizada para calcular las mayorías en el Consejo y dispone del máximo de 96 eurodiputados. Alemania no puede imponer por sí sola una política europea ni bloquear unilateralmente una mayoría cualificada, pero prácticamente ninguna gran coalición estable en materia fiscal, industrial, climática, migratoria, defensiva o presupuestaria puede comportarse como si Berlín no existiera.
El efecto europeo, además, puede producirse mucho antes de que AfD llegue a la Cancillería. Si la CDU concluye que necesita endurecer sus posiciones para recuperar electores, cambia la política alemana. Si ese cambio alemán modifica la posición del Consejo sobre inmigración, transición energética o asilo, cambia la política europea. La extrema derecha no necesita gobernar para gobernar una parte de la agenda.
La evidencia comparada debería hacer reflexionar especialmente sobre esa estrategia. Una investigación académica publicada este mismo año, basada en 14 elecciones de elevada saliencia migratoria, concluye que los partidos tradicionales no obtienen beneficios electorales claros endureciendo sus posiciones para competir con la derecha radical. Otros estudios comparados llegan incluso a advertir que esa acomodación puede legitimar al partido radical y favorecer que el elector termine prefiriendo al propietario original del discurso.
Europa ya dispone de un ecosistema preparado para amplificar el movimiento. Patriotas por Europa tiene actualmente 85 diputados, entre ellos Rassemblement National, Vox, el FPÖ austriaco y Fidesz; los Conservadores y Reformistas Europeos suman 84; y Europa de las Naciones Soberanas, donde se integra AfD, otros 27. Son 196 de los 719 diputados actuales del Parlamento Europeo. Sumarlos como si formaran una única organización sería incorrecto: Meloni no es AfD, existen diferencias sustanciales sobre Rusia, Ucrania, la OTAN, la UE y la economía. Pero sí demuestra que el espacio político situado a la derecha del Partido Popular Europeo ha dejado de ser una periferia parlamentaria.
Austria ya vio al FPÖ ganar las elecciones generales de 2024 con el 28,8%, aunque finalmente quedó fuera del Gobierno. Giorgia Meloni acaba de convertir su Ejecutivo en el más longevo de la República italiana. Rassemblement National es una fuerza central de la política francesa. Viktor Orbán perdió finalmente el Gobierno húngaro este año, demostrando que el movimiento no es irreversible. La tendencia europea no avanza en línea recta, pero su dirección de fondo resulta difícil de ignorar: la derecha radical ha dejado de discutir si puede entrar en las instituciones y empieza a discutir cuándo podrá dirigirlas.
España no está fuera del mapa
España se encuentra lejos del escenario de Sajonia-Anhalt. Conviene decirlo antes de establecer comparaciones fáciles. Vox es una formación parlamentaria consolidada y no puede colocarse sin más en la misma categoría jurídica o política que organizaciones neonazis extraparlamentarias. Tampoco Frente Obrero es equivalente a Núcleo Nacional. Precisamente lo interesante es observar cómo determinadas ideas circulan entre espacios que no son equivalentes.
El primer nivel es electoral. Vox cuenta con seis eurodiputados dentro de Patriotas por Europa y el último barómetro de 40dB. lo sitúa en el 17,8%, beneficiándose especialmente del endurecimiento del debate migratorio.
Más abajo está ocurriendo algo distinto. Núcleo Nacional, organización ultraderechista monitorizada por las fuerzas de seguridad y vinculada al discurso del «gran reemplazo» y la «remigración», se registró el pasado febrero como partido político con el nombre de Noviembre Nacional y ámbito estatal. El salto es pequeño en términos electorales, pero significativo en términos políticos: una organización nacida en Telegram, las protestas callejeras y la estética de la militancia encapuchada intenta trasladarse a una papeleta. El registro de Núcleo Nacional como Noviembre Nacional
También está Isabel Peralta, una de las figuras más conocidas del neonazismo español. El TSJM confirmó el pasado 31 de julio su condena a un año de prisión por provocación a la discriminación y al odio contra inmigrantes marroquíes y musulmanes durante una concentración de 2021. No estamos aquí ante una etiqueta periodística discutible: existe una sentencia.
Frente Obrero merece una lectura diferente y quizá más interesante. No es un movimiento neonazi y sería intelectualmente pobre introducirlo en la misma casilla. Se define a sí mismo como «patriota y revolucionario», pretende fusionar patriotismo y lucha obrera y sostiene en su programa que un país que no controla la inmigración y su «asimilación» está «condenado a desaparecer». Obtuvo algo más de 66.000 votos en las europeas de 2024. Su importancia para este análisis reside precisamente en demostrar que el repertorio nacionalista, identitario y radicalmente antiinmigración ya no viaja exclusivamente por la derecha tradicional: puede combinarse con lenguaje obrerista, anticapitalismo, rechazo de las élites y soberanismo. El programa político de Frente Obrero
Y existe todavía un extremo mucho más pequeño pero incomparablemente más peligroso. Ayer mismo, un juez de la Audiencia Nacional propuso juzgar al presunto responsable en España de una célula de The Base, organización terrorista neonazi y aceleracionista. La acusación sostiene que captaba y adoctrinaba militantes para la llamada «sucesión blanca», promovía entrenamiento con armas y pretendía utilizar el caos y la violencia para provocar un cambio político. Es un procedimiento pendiente de juicio y, por tanto, debe hablarse de acusaciones, no de hechos condenados. Pero su existencia recuerda que el universo radical posee también una periferia que ya no pretende ganar votos, sino acelerar el colapso del sistema.
El contexto social tampoco invita a la indiferencia. Interior registró en 2025 2.417 delitos e incidentes de odio, un 23,6% más que el año anterior y el máximo de la serie histórica; 934 estuvieron relacionados con racismo o xenofobia. Una cifra policial no permite atribuir causalidad a un partido ni convertir cualquier discurso duro sobre inmigración en violencia. Sí demuestra que el terreno en el que se está produciendo esta radicalización no es abstracto.
La advertencia alemana
La lección de Sajonia-Anhalt no consiste en anunciar un nuevo 1933 cada vez que AfD gana unas elecciones. Ese recurso termina banalizando aquello que pretende denunciar. Alemania sigue teniendo una Constitución robusta, tribunales independientes, una sociedad civil poderosa y la arquitectura de una democracia militante concebida precisamente para defenderse de quienes utilicen sus libertades para destruirlas.
La advertencia es más incómoda.
Durante años Europa se tranquilizó pensando que las fuerzas iliberales tenían un techo, que gobernar las moderaría, que los cordones sanitarios las desgastarían o que sus electores volverían a los partidos tradicionales en cuanto desapareciera una determinada crisis. Ninguna de esas hipótesis ha funcionado de manera universal. En Sajonia-Anhalt, el cordón sigue existiendo y AfD ha llegado al 43,8%. En el conjunto de Alemania, después de duplicar su voto en 2025, se mueve ya alrededor del 28%.
El peligro no empieza cuando la extrema derecha obtiene el poder. Empieza cuando deja de parecer extremo entregárselo.
Y quizá ésa sea la razón por la que España debería mirar con especial atención a Alemania. No porque Núcleo Nacional vaya a obtener mañana un 40% ni porque todos los movimientos mencionados sean comparables, sino porque las ideas recorren distancias mucho más deprisa que los partidos. La «remigración», el reemplazo demográfico, la identificación del discrepante como enemigo interno, la deslegitimación sistemática de jueces y medios, la reducción de la ciudadanía a pertenencia cultural o étnica y la idea de que una mayoría electoral debería poder gobernar sin demasiados límites forman ya un lenguaje político transnacional.
El resultado alemán demuestra hasta dónde puede llegar cuando el malestar ordinario encuentra en ese lenguaje su única traducción política eficaz. Lo verdaderamente inquietante no es que el 43,8% de Sajonia-Anhalt se haya vuelto extremista. Es que una organización considerada extremista haya conseguido convertirse, para el 43,8%, en una respuesta normal.
La primera semana completa del curso político ha bastado para recordar el tipo de legislatura en la que estamos.
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Uno puede discutir durante meses si una legislatura está agotada, si el Gobierno conserva iniciativa o si la oposición exagera cada tropiezo hasta convertirlo en una crisis de Estado. Hay semanas, sin embargo, en las que el debate se vuelve casi superfluo porque los hechos adquieren una capacidad descriptiva difícil de mejorar. Esta ha sido una de ellas. No por un gran acontecimiento que lo explique todo, sino por la sucesión de episodios distintos que, colocados unos junto a otros, terminan componiendo un retrato bastante coherente del poder.
Empezamos descubriendo que el Ministerio del Interior había elaborado un documento de 54 páginas con fichas de 281 periodistas y colaboradores, incluyendo fotografías, medios, supuesta orientación ideológica y, en numerosos casos, su posición favorable o crítica respecto del Gobierno. El departamento de Fernando Grande-Marlaska reconoció su existencia y explicó que se trataba de un simple «documento de trabajo» interno, sin finalidad censora. Las principales asociaciones profesionales lo condenaron y hasta el portavoz socialista Patxi López admitió que no le gustan las listas que clasifican ideológicamente a los periodistas.
Precisamente la explicación agrava el episodio. Naturalizar que un Ministerio del Interior clasifique políticamente a periodistas porque resulta útil para su estrategia de comunicación significa haber perdido la noción de por qué determinadas prácticas son impropias antes incluso de preguntarse si son ilegales. El Estado no necesita elaborar una «lista negra» ni prohibir una publicación para atravesar una frontera preocupante. Basta con que una institución que dispone de policía, inteligencia y una extraordinaria capacidad de información considere normal confeccionar fichas sobre quién es de izquierdas, de derechas, afín o crítico con el Gobierno. El problema no está únicamente en la intención que tuviera quien encargó el documento; está en que a alguien le pareciera razonable hacerlo.
El Gobierno ya no distingue entre defenderse y tener razón
Unas horas después llegó Pedro Sánchez a TVE. Al presidente le preguntaron directamente por José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en la Audiencia Nacional en relación con su presunta intervención en el rescate de Plus Ultra. Esta misma semana han declarado antiguos directivos de la compañía sobre pagos realizados al entorno profesional del expresidente y su supuesta participación en las gestiones del rescate; Zapatero niega irregularidades y conserva, naturalmente, toda su presunción de inocencia.
Sánchez podía haberse limitado exactamente a eso: defender la presunción de inocencia. Fue más lejos. «Yo creo a José Luis Rodríguez Zapatero», afirmó, y confirmó que contará con él para la campaña electoral de 2027 «como he contado siempre».
La frase resume bastante bien una forma de entender la responsabilidad política que se ha ido consolidando durante estos años. La Justicia deberá decidir si existe o no responsabilidad penal; ésa no corresponde anticiparla. Pero un presidente no tiene obligación alguna de convertir una investigación judicial sobre un antiguo presidente de su partido en una profesión pública de fe ni de anunciar, precisamente ahora, que seguirá utilizándolo como activo electoral. Entre condenar anticipadamente a alguien y actuar como si nada pudiera modificar una relación política existe un amplio espacio que antes llamábamos prudencia.
Y la misma entrevista dejó otra muestra. Sánchez descalificó la cautelar del Supremo sobre la llamada «ley de nietos» y acusó a la derecha de cuestionar la democracia. Un día después, en la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, tuvo que recordar que la crítica a las resoluciones es legítima, pero que la descalificación pública de los jueces no puede convertirse en instrumento de presión.
Cada resolución incómoda encuentra así una explicación exterior. Si el Supremo interviene sobre el censo, se cuestiona su actuación; si una investigación alcanza al entorno político, aparece el lawfare; si un medio revela algo incómodo, sabemos ahora que Interior podía tener clasificados a sus periodistas. El poder conserva siempre derecho a defenderse. Lo inquietante comienza cuando esa defensa exige presentar sistemáticamente como sospechoso a quien controla, investiga o contradice al poder.
Ceuta y PISA: la realidad tampoco coopera
El miércoles conocimos también los 40 documentos y comunicaciones oficiales desclasificados por el Gobierno sobre la crisis de Ceuta. El repositorio de La Moncloa incluye informes del CNI, Guardia Civil, Policía, Fuerzas Armadas y otros organismos correspondientes al mes de julio.
Los papeles no demuestran que nadie conociera de antemano la dimensión exacta del asalto, y conviene no atribuirles lo que no dicen. Demuestran algo suficientemente grave: sí existió información previa. El CNI emitió alertas sobre llamamientos multitudinarios en redes para entrar en Ceuta, se detectó un aumento de la presión, hubo peticiones de refuerzos y las comunicaciones alcanzaron tanto a organismos españoles como a los servicios marroquíes. Alguno de los documentos militares llegó a describir la conducta de Marruecos como negligente y pasiva y a contemplar motivaciones políticas. La entrada posterior alcanzó entre 70.000 y 80.000 personas.
Eso no prueba que el Gobierno supiera exactamente lo que ocurriría. Sí hace imposible seguir escondiendo toda la responsabilidad detrás de la palabra «imprevisible». Hubo avisos suficientes para saber que estaba ocurriendo algo extraordinario y no se preparó una respuesta proporcionada. Después llegaron semanas de contradicciones entre departamentos, explicaciones cambiantes y una tardía concentración de medios.
La desclasificación, destinada a acreditar transparencia, ha terminado proporcionando el material con el que evaluar la imprevisión.
Casi simultáneamente, la OCDE publicó PISA 2025. España obtiene los peores resultados de toda su serie histórica en las tres grandes competencias: 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias, por debajo de la media de la OCDE en las tres. La caída se inserta en un retroceso internacional —sería absurdo atribuir todo el fenómeno a una ley española—, pero en nuestro país el deterioro ha sido especialmente intenso.
Resultó difícil no apreciar cierta perfección en la reacción oficial. La nota del Ministerio de Educación tituló que «el alumnado español reporta niveles de perseverancia ante el aprendizaje superiores al promedio de los países de la OCDE». Y es cierto. También destacaba curiosidad científica, equidad y sentimiento de pertenencia. Más abajo aparecía que España se encontraba por debajo de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas y que el empeoramiento absoluto había sido mayor que en el promedio de los países desarrollados.
No hace falta negar los indicadores favorables para advertir el mecanismo. Cuando un país obtiene sus peores resultados académicos desde que existe PISA, convertir la perseverancia en titular institucional no cambia la realidad; únicamente explica hasta qué punto la comunicación política ha terminado sustituyendo a la obligación de llamar a los problemas por su nombre.
Y al final de la semana, Parot
Todavía quedaba Henri Parot.
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, dirigido por la socialista María Jesús San José, le ha concedido el tercer grado penitenciario a propuesta de la Junta de Tratamiento. Parot estaba ya desde 2025 en régimen de semilibertad mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y había disfrutado de permisos. La Fiscalía puede recurrir la nueva clasificación.
No hablamos de una figura secundaria de ETA. Parot acumula condenas por decenas de asesinatos; entre sus crímenes figura la matanza de la casa cuartel de Zaragoza de 1987, en la que ETA asesinó a once personas, cinco de ellas niños, y dejó decenas de heridos. Covite cifra en 39 los asesinatos por los que fue condenado y sostiene que nunca ha mostrado un arrepentimiento público, sincero y verificable. El Gobierno Vasco fundamenta, en cambio, la progresión en su evolución penitenciaria, el buen uso de permisos y escritos en los que Parot rechaza la violencia y reconoce el sufrimiento causado.
Conviene atribuir correctamente la decisión. No la ha concedido el Gobierno de España, sino el Ejecutivo vasco, que ejerce desde octubre de 2021 las competencias penitenciarias transferidas por el Estado. Fue precisamente el Gobierno de Sánchez quien culminó aquel traspaso mediante el Real Decreto 474/2021, que entregó a Euskadi la gestión de la clasificación, los permisos, el régimen abierto y el tratamiento de los internos conforme a la legislación estatal.
La discusión jurídica sobre la reinserción existe y el tercer grado forma parte de nuestro sistema penitenciario. Pero también existe la memoria. Una democracia que derrotó al terrorismo tiene derecho a preguntarse qué exige moralmente de quienes participaron en sus peores asesinatos antes de permitir que terminen sus condenas en semilibertad. La reinserción no debería necesitar olvido y la legalidad penitenciaria no obliga a las víctimas a aceptar como suficiente cualquier fórmula privada de distanciamiento de la violencia.
Al terminar de ordenar la semana se comprende que su gravedad no reside en que todos los asuntos sean equivalentes. No lo son. Una lista de periodistas no es una crisis fronteriza; un desastre educativo no es una decisión penitenciaria; una investigación sobre Zapatero no equivale a una condena. Lo que los relaciona es otra cosa: una creciente incapacidad del poder para aceptar límites, asumir consecuencias y reconocer la gravedad de aquello que le incomoda.
Interior clasifica periodistas y lo llama documento de trabajo. El presidente anuncia su confianza electoral en un antiguo jefe del Gobierno investigado y presenta la cautela como virtud suficiente. Los documentos de Ceuta acreditan avisos previos después de semanas defendiendo la imprevisibilidad. PISA ofrece los peores resultados históricos y el Gobierno encuentra perseverancia para el titular. Un responsable de algunos de los crímenes más atroces de ETA avanza hacia la libertad mientras las víctimas vuelven a recordar que el arrepentimiento no puede reducirse a un trámite administrativo.
El problema de las democracias rara vez comienza cuando dejan de existir las leyes. Empieza antes, cuando quienes gobiernan aprenden a explicar cualquier hecho sin permitir que ningún hecho altere su comportamiento.
Ésa ha sido la verdadera noticia de esta semana. Ya no sorprende únicamente lo que pasa. Empieza a preocupar que, pase lo que pase, nunca parezca suficiente para que alguien asuma una responsabilidad.
Ceuta ha dejado al descubierto dos debilidades que se alimentan mutuamente: España conserva menos aliados dispuestos a defender sus intereses y, dentro, el Estado ha adquirido una dependencia extraordinaria de las decisiones personales de Pedro Sánchez. Mucho poder concentrado arriba y muy poca capacidad para reaccionar cuando arriba no decide.
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La crisis de Ceuta ha proporcionado una imagen bastante precisa del Estado que hemos construido durante estos años. Hicieron falta casi cuatro semanas desde la entrada masiva del 30 de julio para que Pedro Sánchez convocara el Consejo de Seguridad Nacional, declarara la situación de interés para la Seguridad Nacional y estableciera un mando único. El presidente ceutí llevaba tiempo reclamándolo.
Algo más hemos esperado para atender las primeras explicaciones del presidente del Gobierno, a todas luces contradictorias, llenas de huecos inexplicables y con un conflicto latente entre ministros.
Un Estado que espera órdenes
La concentración del poder posee una consecuencia que suele advertirse demasiado tarde: cuanto más depende una Administración de quien ocupa la cúspide, menos preparada está para actuar cuando esa persona no toma una decisión de forma consciente y deliberada.
Luis XIV pudo decir que el Estado era él porque representaba el arquetipo del monarca absoluto. La comparación con una democracia del siglo XXI sólo puede ser una ironía, pero encierra una advertencia: cuando el Estado aprende a esperar al presidente, la concentración de poder termina produciendo impotencia administrativa.
Sánchez aparece entonces para centralizar la solución del problema que las estructuras situadas bajo su autoridad no fueron capaces de gestionar a tiempo. Y todos —Ejército, CNI, Policía, ministros, Unión Europea y presidente de Ceuta— quedan incorporados a una responsabilidad colectiva que diluye la responsabilidad política inicial.
Sin demasiados teléfonos a los que llamar
La debilidad interior coincide con un problema exterior todavía más serio. La política internacional no consiste en que otros gobiernos compartan nuestros valores, sino en conservar relaciones suficientes para defender los intereses nacionales cuando llega una crisis.
España ha ido reduciendo ese margen. Con Israel, el Gobierno cruzó hace tiempo la frontera entre criticar severamente a Netanyahu y convertir el enfrentamiento con el Estado israelí en una política casi permanente. España consolidó un embargo de armas, promovió sanciones, defendió la suspensión del Acuerdo de Asociación con la UE y RTVE abandonó Eurovisión 2026 por la participación israelí. Durante la Vuelta de 2025, Sánchez expresó además su «admiración» por las movilizaciones propalestinas antes de que los disturbios obligaran a cancelar la etapa final en Madrid.
Se puede defender cada una de esas decisiones por separado y seguir preguntándose si, acumuladas, han servido a los intereses estratégicos de España. Israel mantiene una asociación creciente con Marruecos y reconoce desde 2023 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Rabat y Jerusalén describen oficialmente su relación como una asociación fundada en intereses comunes y cooperación política y de seguridad.
Con Estados Unidos ocurre algo parecido. La relación no está rota y España continúa siendo un aliado de la OTAN, pero Sánchez ha elegido situarse en una posición singular frente al nuevo reparto de cargas militares. Los aliados asumieron en 2025 el compromiso de avanzar hacia un gasto del 5% del PIB en defensa y seguridad para 2035; España sostiene que puede cumplir sus objetivos de capacidades con aproximadamente un 2,1%. La propia OTAN ha dicho públicamente que considera insuficiente esa estimación y que cree que España necesitará alcanzar al menos el 3,5% para cumplir sus compromisos.
No significa que Washington vaya a romper con Madrid. Significa algo más sencillo: en política exterior también se acumula capital y también se gasta. Conviene saber cuánto queda cuando se necesita pedir un favor.
Y Marruecos lo sabe. Estados Unidos mantiene con Rabat una de sus relaciones diplomáticas más antiguas, reconoce su soberanía sobre el Sáhara y Marruecos conserva además el estatus de gran aliado extra-OTAN. Israel comparte la misma posición territorial sobre el Sáhara y ha profundizado su cooperación con el reino alauita. Los dos países con mayor capacidad para presionar a Mohamed VI están hoy estratégicamente mucho más próximos a Rabat de lo que querríamos admitir.
Europa es la última profundidad estratégica
Queda Europa. Y precisamente por eso resulta tan irresponsable presentarla unas veces como la solución a nuestros problemas y otras como un obstáculo cuando sus decisiones incomodan al Gobierno.
El nuevo Pacto de Migración y Asilo se aplica desde el 12 de junio y contiene una idea que España necesita especialmente después de Ceuta: las fronteras exteriores son una responsabilidad común. De hecho, el Consejo ha identificado expresamente a España, Italia, Grecia y Chipre como países sometidos a presión migratoria y, por tanto, beneficiarios del mecanismo europeo de solidaridad. Para 2026, el fondo común prevé como referencia 21.000 reubicaciones u otras medidas equivalentes, o 420 millones de euros en contribuciones financieras.
Ésa debería ser nuestra estrategia: menos ocurrencias diplomáticas y más profundidad europea. Ceuta y Melilla no pueden depender de que Mohamed VI decida cumplir cada mañana su parte del control fronterizo, ni de que Washington o Jerusalén quieran mediar por nosotros. España necesita reconstruir relaciones útiles, fortalecer sus propias capacidades y hacer que la defensa de su frontera africana sea entendida definitivamente como defensa de la frontera europea.
La política exterior no es un escenario sobre el que representar preferencias morales. Es la administración paciente de intereses, alianzas y capacidades que quizá un país no necesite hoy, pero puede necesitar desesperadamente mañana.
Ceuta nos ha permitido comprobar las consecuencias de olvidar esa diferencia. Nos hemos encontrado con un Estado que tardó casi un mes en organizarse por dentro y con muy pocos aliados poderosos a los que pedir ayuda fuera. Demasiado dependientes de Sánchez en España y demasiado solos cuando España necesita a los demás.
Mientras la política española consumía el año entre causas judiciales, negociaciones parlamentarias y crisis de supervivencia, varios cambios de mayor recorrido avanzaban casi sin discusión
FUENTE: IMAGEN GENERADA POR IA
La política tiene una extraordinaria capacidad para secuestrar nuestra atención. Durante meses hemos aprendido nombres de empresarios, asesores, fiscales y comisionistas; contado votos de Junts antes de cada pleno; discutido la amnistía hasta conocer sus recursos, cuestiones prejudiciales y votos particulares. Todo era importante. El problema aparece cuando lo urgente ocupa tanto espacio que termina ocultando aquello que, sin necesitar una portada diaria, está modificando lentamente las condiciones en las que España tendrá que gobernarse.
El verano permite recuperar algunas de esas historias. No porque hayan ocurrido en secreto, sino porque ocurrieron mientras mirábamos hacia otro lado.
Se acaba el dinero extraordinario
Durante cinco años España se ha acostumbrado a convivir con Next Generation como si Europa hubiera descubierto una nueva fuente permanente de financiación. No era así. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia entra este mes en su última fase: todos los hitos y objetivos deben estar completados antes del 31 de agosto de 2026. Después de esa fecha ya no podrán corregirse incumplimientos ni modificarse los planes. Los Estados tendrán hasta el 30 de septiembre para presentar la última solicitud de pago y la Comisión cerrará definitivamente el grifo el 31 de diciembre. En 2027 no habrá pagos del mecanismo.
La fecha debería provocar una discusión nacional mucho mayor de la que está provocando. El Gobierno ha convertido durante años la comunicación de los fondos europeos en una sucesión de millones movilizados, convocatorias lanzadas y programas aprobados. Ahora comienza la parte incómoda: averiguar qué queda cuando desaparece el dinero. Una inversión no transforma una economía porque haya sido adjudicada; tampoco una subvención aumenta la productividad porque figure en una nota de prensa. A partir de septiembre habrá que medir fábricas construidas, empresas transformadas, capacidad tecnológica adquirida y reformas que sobrevivan sin financiación extraordinaria.
Y coincide con otro cambio silencioso. Europa vuelve a exigir disciplina presupuestaria. España tiene comprometida con el Consejo una senda de crecimiento máximo del gasto neto del 3,5% en 2026, 3,2% en 2027 y 3% en 2028. Las últimas estimaciones comunitarias calculan, sin embargo, que el gasto neto español crecerá este año por encima de la referencia acordada, aunque parte de la desviación queda absorbida por la flexibilidad concedida al mayor gasto en defensa.
La paradoja merece atención: el Gobierno es incapaz de aprobar unos Presupuestos en el Congreso, pero Europa ya ha escrito buena parte de los límites dentro de los que tendrá que elaborar los siguientes. Mientras la política española discute cuánto puede durar la legislatura, el margen presupuestario de los próximos años se está decidiendo con bastante menos ruido y mucha mayor permanencia.
Europa ya no está debatiendo: está aplicando
Algo parecido sucede con dos de las grandes regulaciones europeas de los últimos años.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo dejó de ser una negociación en Bruselas el pasado 12 de junio. Ya está en aplicación. Introduce controles más sistemáticos en la frontera exterior, procedimientos fronterizos acelerados para determinados solicitantes, nuevas reglas sobre qué país debe tramitar cada petición y un mecanismo permanente de solidaridad entre Estados miembros. Incluye además protocolos específicos frente a situaciones de crisis y a la instrumentalización de migrantes por terceros países.
Es difícil encontrar mejor ejemplo de la distancia entre nuestro debate y la realidad. España continúa discutiendo la inmigración fundamentalmente como una batalla entre Gobierno y oposición, mientras el marco jurídico que determinará buena parte de esa política ya ha cambiado. Las próximas crisis en Canarias, Ceuta o Melilla no se producirán bajo las mismas reglas que las anteriores.
La segunda transformación ocurrió hace apenas unos días. Desde el 2 de agosto, la Comisión y las autoridades nacionales han comenzado a hacer cumplir nuevas obligaciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Los usuarios deben ser informados cuando interactúan con determinados sistemas de IA; los deepfakes tienen que identificarse y ciertos contenidos generados o manipulados artificialmente deben incorporar marcas detectables. Las infracciones pueden alcanzar multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación mundial anual de una empresa.
Mientras buena parte de nuestra conversación pública sigue preguntándose qué hará algún día la inteligencia artificial, Europa ya ha empezado a decidir jurídicamente qué puede hacer hoy. España corre aquí un riesgo habitual: participar intensamente en la aprobación de las normas europeas y descubrir demasiado tarde que aplicarlas exige reguladores, empresas preparadas, administraciones capaces y una estrategia tecnológica propia. Regular una revolución no equivale a protagonizarla.
La vivienda empeora más deprisa que el debate
Pocas cifras de este año deberían haber provocado mayor alarma que ésta: el precio de la vivienda aumentó un 12,9% interanual durante el primer trimestre de 2026. La vivienda usada subió un 13,5% y la nueva, un 9,1%. Los precios aumentaron en todas las comunidades autónomas. Son datos del Índice de Precios de Vivienda del INE, no una estimación de una inmobiliaria o una organización sectorial.
El problema tampoco parece responder fundamentalmente a una burbuja crediticia como la que precedió a 2008. El Banco de España describe un mercado en el que el crédito inmobiliario continúa contenido, pero donde la construcción de nuevas viviendas permanece muy por debajo de la creación neta de hogares. El 90% de las operaciones corresponde ya a vivienda usada. La demanda aumenta mucho más deprisa que el parque disponible y el desacople entre precios y renta de los hogares vuelve a crecer.
Después de años de anuncios, leyes, índices, declaraciones de zonas tensionadas y promesas de nuevos parques públicos, la restricción fundamental sigue siendo desesperantemente sencilla: faltan viviendas donde más personas quieren vivir. El Gobierno ha dedicado enorme energía política a intervenir sobre precios y relaciones contractuales, pero mucha menos eficacia a conseguir que aparezca oferta suficiente.
Ese desequilibrio trabaja en silencio. No derriba gobiernos en una tarde ni produce una crisis parlamentaria semanal, pero modifica cuándo se emancipan los jóvenes, dónde pueden vivir las familias, cuánto salario disponible queda después de pagar una casa y hasta qué punto las grandes ciudades expulsan a las rentas medias. Una subida anual próxima al 13% puede terminar teniendo consecuencias sociales mucho más profundas que muchos acontecimientos que ocuparon diez veces más titulares.
Los juzgados donde ocurren todas nuestras batallas ya no son los mismos
También hemos pasado medio año hablando de jueces sin prestar demasiada atención a los juzgados.
La reforma iniciada por la Ley de Eficiencia ha sustituido los antiguos órganos unipersonales por 431 Tribunales de Instancia, que reemplazan aproximadamente a 3.900 juzgados y comparten una nueva estructura de oficina judicial. El cambio culminó formalmente a finales de 2025 y en julio cumplió su primer año desde los primeros despliegues. El propio Consejo General del Poder Judicial ha tenido que modificar sus sistemas de inspección para adaptarlos al nuevo modelo.
El Gobierno ya presenta las primeras cifras como prueba del éxito de la reforma: más señalamientos, más juicios celebrados y una reducción de la entrada de asuntos civiles. Conviene bastante más prudencia. Parte de la caída de la litigiosidad coincide con la obligación de intentar mecanismos alternativos de solución de conflictos antes de acudir al juez y un año resulta insuficiente para determinar si una reorganización de esta magnitud ha solucionado problemas estructurales que llevan décadas acumulándose.
Pero el cambio existe y es enorme. Quizá dentro de unos años comprobemos que una de las transformaciones judiciales más importantes de 2026 no fue ninguna de las sentencias que monopolizaron nuestras tertulias, sino la desaparición silenciosa del juzgado tal como lo conocíamos.
Ese es precisamente el problema del ruido. No es que aquello que lo produce sea irrelevante. Es que nos hace confundir lo más visible con lo más importante. Los casos de corrupción importan, la estabilidad del Gobierno importa y la amnistía importa. Pero mientras España discutía cada una de esas crisis, se acababa la mayor inyección extraordinaria de fondos europeos de nuestra historia, regresaban los límites fiscales, cambiaban las reglas migratorias, comenzaba a aplicarse la primera gran regulación mundial de la inteligencia artificial, la vivienda se encarecía casi un 13% y se reorganizaba desde los cimientos la Administración de Justicia.
Dentro de unos meses muchas de las polémicas del verano habrán encontrado otra polémica que las sustituya. Los fondos que se terminen no volverán, las viviendas que no se construyan seguirán faltando y las reglas que entren en vigor seguirán aplicándose. El ruido tiene una enorme capacidad para ocupar el presente; lo inadvertido suele ser lo que termina construyendo el futuro.
El verano no ha detenido ninguno de los procesos que condicionarán el regreso político. Septiembre no traerá problemas nuevos: hará visibles las consecuencias de los que Sánchez deja abiertos.
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Ordenado el presente y recuperados algunos de los cambios que el ruido político había ocultado, queda mirar hacia delante. No hace falta adivinar demasiado. Buena parte del otoño ya está escrita en decisiones tomadas antes de agosto, procedimientos que continúan su curso y plazos que no dependen de la voluntad del Gobierno.
Ésa es probablemente la principal diferencia respecto de otros regresos de verano. Pedro Sánchez ha convertido el tiempo en uno de sus mejores instrumentos políticos: resistir hasta que cambien las circunstancias, aparezca una mayoría posible o el problema que parecía definitivo sea sustituido por otro. En septiembre, sin embargo, encontrará varios asuntos en los que esperar ya no basta. Tendrá que producir resultados.
La primera prueba será demostrar que todavía existe una mayoría
Los Presupuestos de 2027 llegarán al otoño después de haber sufrido dos derrotas antes incluso de convertirse en proyecto de ley. El Congreso rechazó en julio dos veces los objetivos de estabilidad que debían abrir el camino a las nuevas cuentas. Hacienda puede continuar preparando el proyecto —la orden para elaborar los Presupuestos ya está en marcha—, pero la dificultad nunca ha sido técnica.
La cuestión será otra: si existe todavía una mayoría capaz de aprobar algo que obligue a todos los socios del Gobierno a retratarse al mismo tiempo.
Hasta ahora, la fragmentación parlamentaria ha permitido a Sánchez convertir prácticamente cada votación en una negociación independiente. Esa flexibilidad ha sido útil para sobrevivir porque una derrota concreta no implica necesariamente una ruptura definitiva. Los Presupuestos funcionan de otra manera. Obligan a construir una mayoría completa alrededor de la principal decisión política y económica del año.
Por eso su importancia excederá las cifras. Después de una legislatura sostenida con las cuentas de 2023, aprobar unos Presupuestos propios permitiría al Gobierno defender que todavía conserva capacidad para gobernar; fracasar otra vez confirmaría que la permanencia en La Moncloa y la existencia de una mayoría parlamentaria se han convertido en realidades distintas.
Junts lo sabe. Podemos lo sabe. El resto de los socios también. La debilidad del Ejecutivo no reduce el precio de sus votos: lo aumenta.
Septiembre comenzará, por tanto, con una negociación en la que Sánchez necesita más a sus aliados de lo que sus aliados necesitan unos nuevos Presupuestos. No es la posición desde la que un Gobierno suele recuperar la iniciativa.
Los tribunales seguirán escribiendo su propio calendario
La política podrá reanudar su actividad después del verano. La Justicia no necesita hacerlo.
Las causas que han condicionado buena parte del año seguirán avanzando con independencia de la estrategia que adopte La Moncloa. El Gobierno puede presentar nuevas medidas contra la corrupción, modificar su discurso o insistir en que cada procedimiento debe analizarse de manera independiente. No puede decidir cuándo se produce una nueva declaración, aparece un informe policial o un tribunal adopta una resolución.
Ése será uno de los grandes problemas del otoño: la agenda del Ejecutivo convivirá con otra agenda que no controla.
El procedimiento sobre las adjudicaciones de obra pública vinculadas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y distintos empresarios continúa en la Audiencia Nacional; la causa contra Begoña Gómez seguirá su recorrido después de que la Audiencia Provincial avalara en julio que prosiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación; y otros procedimientos que afectan al entorno político del presidente seguirán generando decisiones judiciales imposibles de programar desde Moncloa.
No hace falta anticipar ninguna conclusión penal para advertir el problema político. Después de meses de desgaste, cada avance judicial devolverá al Gobierno al mismo terreno del que intenta salir. Y cuanto más se acerque la legislatura a su final, menos tiempo quedará para que una nueva iniciativa política sustituya esa conversación por otra.
La amnistía ofrece una dificultad diferente. Sus grandes discusiones constitucionales y europeas han avanzado mucho, como ya hemos visto, pero continúa abierta la cuestión políticamente más incómoda para el pacto que permitió la investidura: Carles Puigdemont sigue sin obtener del Tribunal Supremo la aplicación de la ley que reclama.
El Tribunal Constitucional tiene pendiente su recurso de amparo. Cuando llegue su decisión, no estaremos ante una discusión abstracta sobre la constitucionalidad de la amnistía, sino ante algo mucho más inmediato: qué ocurre finalmente con quien convirtió sus siete votos en la condición indispensable para que Sánchez continuara en el poder.
El Gobierno ha pagado ya el coste político de aquella decisión. El otoño puede empezar a aclarar si obtuvo a cambio todo aquello que esperaba conseguir.
Europa tampoco espera a septiembre
Existe además un calendario que ni siquiera concede al Gobierno la cortesía de terminar las vacaciones.
El 31 de agosto vence el plazo para cumplir los últimos hitos y objetivos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Como explicábamos al mirar aquello que el ruido había dejado en segundo plano, Next Generation entra en su fase de cierre y con él desaparece una de las circunstancias económicas más extraordinarias de los últimos años.
No hace falta repetir aquí el volumen de fondos ni toda su arquitectura. Lo relevante para el otoño es el cambio de pregunta.
Durante años el éxito pudo medirse en dinero movilizado, proyectos anunciados y convocatorias aprobadas. A partir de ahora tendrá que medirse en resultados: qué inversión permanece, qué industria se ha creado, cuánto ha cambiado realmente la productividad y qué reformas funcionan cuando deja de llegar financiación excepcional.
Para un Gobierno que necesita recuperar iniciativa, el momento es especialmente incómodo. Coinciden el final del gran estímulo europeo, la obligación de contener progresivamente el gasto y la necesidad política de ofrecer a sus socios suficientes incentivos para sostener una legislatura cada vez más cara.
El margen empieza a estrecharse por varios lados al mismo tiempo.
Y eso es, probablemente, lo que define mejor el otoño que viene. No una fecha electoral determinada ni una crisis concreta, sino una reducción progresiva de las posibilidades de aplazar decisiones.
Los Presupuestos necesitarán votos. Los procedimientos judiciales producirán resoluciones. La situación de Puigdemont tendrá que seguir esclareciéndose. Los fondos europeos dejarán de ser una promesa para convertirse en un balance. Y los socios que permitieron la investidura volverán a exigir razones para prolongar una mayoría que nunca funcionó como una coalición estable.
Sánchez ha sobrevivido políticamente muchas veces porque el paso del tiempo terminaba jugando a su favor. El problema es que el tiempo sólo ayuda mientras mantiene abiertas las alternativas. Cuando empiezan a cerrarse los plazos, las mayorías y las salidas, deja de ser refugio y se convierte en cuenta atrás.
Septiembre no inaugurará una nueva etapa. Empezará a cobrar las facturas de la anterior. El otoño comprobará si Sánchez todavía puede gobernar el tiempo o si, después de tres años aplazando desenlaces, ha empezado por fin a gobernarle a él.
La legislatura llega al verano sin Presupuestos, golpeada por la corrupción y con una mayoría social que la juzga con una severidad poco compatible con el relato de normalidad.
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España llega al verano con demasiados asuntos abiertos y demasiados relatos que los dan por cerrados. No faltan noticias. Falta un mapa. La legislatura sigue formalmente viva y Pedro Sánchez conserva la Presidencia porque ninguna mayoría parlamentaria alternativa puede desalojarlo, pero alrededor de esa supervivencia se ha ido vaciando buena parte de aquello que normalmente permite hablar de un Gobierno en plenitud: no tiene Presupuestos propios desde 2023, negocia cada votación como si fuera una investidura en miniatura, varios de sus principales socios han convertido el apoyo parlamentario en una subasta permanente y la corrupción ha dejado de pertenecer exclusivamente al territorio de la investigación para producir ya condenas de enorme gravedad.
La fotografía social es todavía más dura. El último barómetro de Sigma Dos para EL MUNDO muestra que sólo un 12% de los españoles define positivamente la legislatura, mientras un 30,3% la considera espontáneamente desastrosa, nefasta o ruinosa; un 14,8%, corrupta o delictiva; y otro 6,7%, caótica, inestable o confusa. Un 31% no identifica ningún logro del Gobierno y el 41% cree que las elecciones generales se adelantarán al primer trimestre de 2027. No estamos ante una mera intención de voto. Es algo políticamente más inquietante: una parte considerable del país ha empezado a emitir su veredicto sobre la legislatura antes de que la legislatura haya terminado.
Una mayoría para resistir, no para gobernar
La gran habilidad de Sánchez continúa siendo la misma que ha marcado estos años: sus socios pueden negarle casi cualquier cosa sin querer entregar el Gobierno a PP y Vox. Esa imposibilidad de construir una alternativa es el principal cemento de la mayoría. El problema es que un cemento concebido para impedir una caída sirve mucho peor para levantar un edificio.
Junts, Podemos, ERC o PNV no forman una mayoría de legislatura reconocible. El Gobierno debe reconstruirla para cada decisión y aceptar que cada socio utiliza su posición para elevar el precio de la siguiente votación. La consecuencia no es sólo una sucesión de derrotas parlamentarias, sino una modificación de la propia naturaleza del Gobierno: la agenda política deja de responder a un programa y comienza a depender de aquello que resulte posible pactar cada semana.
Los Presupuestos son la expresión más evidente de ese agotamiento. España continúa funcionando con las cuentas de 2023 prorrogadas y el Congreso volvió a rechazar el 14 de julio los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2027-2029, primer paso imprescindible para construir unas nuevas cuentas. El Ejecutivo tuvo que aprobar una segunda propuesta apenas una semana después.
La prórroga es constitucional y el Estado no deja de funcionar por ella. Precisamente por eso resulta políticamente tan cómoda: permite administrar sin superar el examen parlamentario más importante de cada ejercicio. Pero gobernar durante años con unas cuentas nacidas en otra realidad económica y política transforma una solución excepcional en un síntoma. Los Presupuestos no son sólo columnas de gasto; son la autorización periódica con la que una mayoría parlamentaria respalda el proyecto económico de un Gobierno. Sánchez puede seguir en La Moncloa sin ellos. Lo que resulta cada vez más difícil es sostener que esa permanencia equivale a gobernar con normalidad.
Quizá por eso la pregunta sobre cuánto durará la legislatura resulta menos interesante que antes. Sánchez puede aguantar. Lo ha demostrado repetidamente. La pregunta verdadera es qué puede hacer durante el tiempo que consiga aguantar. La resistencia, elevada durante años a virtud política, corre el riesgo de convertirse en la única política reconocible del Ejecutivo.
La corrupción ya tiene sentencias
El barómetro de Sigma Dos publicado por EL MUNDO sitúa la corrupción en el centro de ese deterioro: el 39,3% de los encuestados la considera el principal reto que ha afrontado el Gobierno y un 27,8% la señala como su principal reproche. El dato más incómodo está dentro del PSOE: un 33,3% de sus propios votantes identifica la corrupción como la crítica fundamental al Ejecutivo.
Durante mucho tiempo el Gobierno pudo refugiarse, con razón jurídica, en la presunción de inocencia y en el carácter provisional de las investigaciones. Esa fase ya ha terminado para una parte esencial del llamado caso Koldo. El 22 de junio, el Tribunal Supremo condenó por unanimidad a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años, ocho meses y un día por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio, con suspensión de la ejecución de la pena por su colaboración con la Justicia. El Supremo dio por acreditada una organización criminal articulada alrededor de quien había sido ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.
No todos los procedimientos que afectan al PSOE, al Gobierno o al entorno presidencial están en la misma fase ni deben confundirse jurídicamente. Pero la defensa política basada exclusivamente en que «todo está siendo investigado» ha caducado. Ya existen hechos probados y condenas. Y cuanto más intenta el Ejecutivo encapsular cada episodio como una anomalía individual, más difícil resulta evitar que su acumulación sea percibida como el ambiente de una legislatura.
De ahí que las nuevas leyes de integridad o los sucesivos anuncios de regeneración tengan un problema previo de credibilidad. La confianza pública no se recupera redactando normas para impedir mañana aquello que los ciudadanos consideran que el poder toleró ayer. El Gobierno intenta combatir legislativamente una palabra —corrupción— que ya se ha convertido en uno de los adjetivos espontáneos con los que una parte de la sociedad describe su mandato.
La amnistía: victoria jurídica, factura política
La amnistía ofrece una paradoja diferente. Jurídicamente, el Gobierno llega al verano en una posición mucho mejor que cuando comenzó la legislatura. Políticamente, el coste continúa prácticamente intacto.
El Tribunal Constitucional ha seguido aplicando durante 2026 la doctrina con la que avaló los elementos esenciales de la ley. El 8 de julio volvió a hacerlo al desestimar el recurso presentado por Castilla-La Mancha, reiterando que de la Constitución no deriva una prohibición de amnistiar y rechazando las objeciones relativas, entre otras cuestiones, a la separación de poderes, la igualdad territorial y la seguridad jurídica. La sentencia volvió a contar con cuatro votos particulares.
El 16 de julio se añadió Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó en los asuntos planteados por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional que el Derecho de la Unión no se opone a la ley española de amnistía en los términos sometidos a su consideración. Quedan cuestiones nacionales de aplicación —entre ellas las consecuencias para Puigdemont y la interpretación de la malversación—, pero la expectativa de que Europa derribaría en bloque la norma ha recibido un golpe difícil de ignorar.
Y, sin embargo, el sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO señala la amnistía como la medida peor valorada del mandato: un 59,8% la considera mala o muy mala. También la rechaza el 41% del electorado socialista.
Ese dato importa más de lo que parece. Durante tres años el Gobierno ha intentado transformar retrospectivamente el origen de la amnistía: de condición indispensable para obtener los siete votos de Junts pasó a ser presentada como una política necesaria para la convivencia y la normalización de Cataluña. Si aquella reinterpretación hubiera penetrado realmente en la sociedad, el tiempo debería haber reducido el rechazo, especialmente entre los propios votantes socialistas. No ha sucedido.
Los tribunales pueden determinar que una ley tiene cabida en el ordenamiento. No pueden proporcionar la legitimidad política que el Gobierno no obtuvo cuando decidió aprobarla. La amnistía puede acabar sobreviviendo a prácticamente todas sus grandes batallas jurídicas y permanecer, al mismo tiempo, como una de las decisiones que más dañaron la autoridad política de quien la impulsó.
Ni siquiera la economía corrige el juicio
La dureza de este balance resulta todavía más significativa porque no coincide con un hundimiento de los grandes indicadores económicos. España alcanzó en el segundo trimestre los 22,779 millones de ocupados y la tasa de paro descendió al 9,87%, después de crear 510.200 empleos en doce meses. Son cifras objetivamente favorables y deberían constituir uno de los principales activos del Ejecutivo.
Pero ni siquiera ese contexto ha conseguido corregir la percepción de la legislatura. Ésa es precisamente la información política relevante. Un Gobierno con cifras récord de ocupación llega al verano con sólo un 12% de ciudadanos dispuestos a definir positivamente su mandato. El problema, por tanto, ya no puede reducirse a la economía ni resolverse enumerando estadísticas.
Los propios encuestados distinguen entre medidas concretas y Gobierno. La subida del salario mínimo obtiene un respaldo muy amplio en el mismo sondeo que condena severamente la legislatura. Esa separación es devastadora para el Ejecutivo: significa que un ciudadano puede beneficiarse de una política, aprobarla e incluso defenderla sin que eso mejore su juicio sobre quienes gobiernan. Cuando las medidas sobreviven al prestigio de sus autores, el problema ha dejado de ser de gestión y ha pasado a ser de confianza.
España llega así a agosto con una legislatura que conserva plazo constitucional, pero pierde progresivamente contenido político. Sánchez no tiene hoy una mayoría alternativa enfrente, pero tampoco una mayoría estable detrás. No dispone de nuevos Presupuestos. La corrupción ocupa el centro de la percepción ciudadana y ya cuenta con condenas que afectan a quien fue ministro y número tres del PSOE. La amnistía ha resistido jurídicamente mientras continúa siendo rechazada por una mayoría de españoles y por cuatro de cada diez votantes socialistas. Ni siquiera unos buenos datos de empleo han conseguido alterar sustancialmente ese paisaje.
El 41% de los ciudadanos cree que las elecciones se adelantarán al primer trimestre de 2027. Pueden equivocarse. Sánchez ha hecho de sobrevivir a sus propios finales una especialidad política. Pero ésa ya no es la cuestión principal. Lo verdaderamente revelador es que una parte del país ha empezado a hacer balance mientras el Gobierno sigue dedicado a conseguir tiempo. La legislatura todavía no ha terminado; para muchos españoles, lo que tenía que decir de sí misma, sí.
Amnistía, Presupuestos, causas judiciales, economía y Europa: un mapa para distinguir lo que está resuelto de lo que volverá en septiembre.
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España llega a agosto con demasiados asuntos abiertos y demasiados relatos que los dan por cerrados. El Gobierno continúa, pero carece de una mayoría estable; la amnistía ha pasado por el Tribunal Constitucional y por Luxemburgo, aunque su aplicación más delicada sigue en manos de los tribunales españoles; las causas judiciales ya no caben bajo una sola etiqueta; la economía mantiene un pulso que contrasta con el deterioro político; y Bruselas entra en la recta final de los fondos extraordinarios que han acompañado a España desde la pandemia.
No faltan noticias. Falta un mapa.
Este no es un inventario de lo sucedido durante el semestre. Es un intento de separar lo que verdaderamente ha cambiado de aquello que apenas ha comenzado; lo que depende todavía de una sentencia de lo que seguirá siendo un problema político; y lo que parece una discusión agotada de aquello que volverá en septiembre con consecuencias nuevas.
1. ¿Puede el Gobierno terminar la legislatura?
Puede hacerlo, pero la continuidad del Gobierno ya no descansa sobre una mayoría parlamentaria reconocible, sino sobre la imposibilidad de sus adversarios y de sus socios de construir una alternativa común.
Las votaciones de julio ofrecen una imagen bastante precisa. El Ejecutivo consiguió evitar, por 178 votos frente a 170, que fueran devueltas las medidas sobre la asunción estatal de parte de la deuda autonómica. En esa misma sesión, sin embargo, perdió la votación de los objetivos de estabilidad necesarios para preparar los Presupuestos de 2027: obtuvo 166 votos favorables, 176 contrarios y cinco abstenciones. Los resultados oficiales del Congreso muestran que la mayoría que permite tramitar una ley puede desaparecer unas horas después ante una decisión presupuestaria.
Ésa es la naturaleza de la legislatura. El Gobierno puede reunir votos, pero no dispone de una coalición parlamentaria capaz de acompañarlo de manera estable. Cada iniciativa exige reconstruir desde cero una mayoría distinta entre partidos que discrepan sobre la política económica, la vivienda, la financiación autonómica, la inmigración o el futuro territorial de España.
Pedro Sánchez conserva una ventaja decisiva: quienes pueden bloquearle no comparten una estrategia para sustituirlo. Pero no ser capaz de derribar a un Gobierno no equivale a proporcionarle una mayoría para gobernar. La legislatura puede prolongarse precisamente porque está bloqueada.
2. ¿Se puede gobernar indefinidamente sin nuevos Presupuestos?
La prórroga presupuestaria está prevista para impedir que el Estado quede paralizado cuando las Cortes no aprueban unas cuentas nuevas. Su finalidad es asegurar la continuidad administrativa, no convertir unos Presupuestos antiguos en el programa económico permanente de gobiernos sucesivos.
España continúa funcionando sobre la prórroga de las cuentas de 2023. Entretanto, el Gobierno ha fracasado ya en la aprobación de la senda de estabilidad para 2027, primer paso de un nuevo proyecto presupuestario. El problema ha dejado de ser únicamente político: el Tribunal Constitucional admitió en febrero el conflicto promovido por el Senado por la falta de presentación de los Presupuestos de 2024, 2025 y 2026. Es la primera vez que estudia un conflicto entre órganos constitucionales basado en una omisión de esta naturaleza.
La Administración puede seguir pagando pensiones, salarios, deuda y servicios públicos. El Gobierno puede aprobar modificaciones de crédito, recurrir al decreto ley y adquirir compromisos con cargo a ejercicios posteriores. Lo que se deteriora es la función presupuestaria del Parlamento: la posibilidad de examinar de manera conjunta cuánto se recauda, en qué se gasta y qué prioridades políticas pretende financiar el Ejecutivo.
El debate no consiste, por tanto, en determinar si el Estado puede sobrevivir sin nuevas cuentas. Puede hacerlo. La cuestión es durante cuánto tiempo puede gobernarse así sin que una solución constitucional excepcional termine debilitando el principio de responsabilidad parlamentaria.
3. ¿Ha terminado el recorrido de la amnistía?
La ley ha superado sus dos impugnaciones generales más importantes, pero eso no significa que su aplicación haya concluido.
El Tribunal Constitucional fijó su doctrina en la sentencia 137/2025, que declaró la constitucionalidad esencial de la norma, aunque corrigió parte de su ámbito por razones de igualdad. Durante 2026 ha aplicado esa doctrina a otros recursos promovidos contra la ley.
El 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó dos sentencias sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Luxemburgo concluyó que el Derecho de la Unión no se opone a la amnistía en las materias examinadas: la eventual malversación no presentaba la conexión exigida con los intereses financieros europeos y la Directiva antiterrorista no impedía amnistiar determinadas conductas que no hubieran causado intencionadamente graves violaciones de los derechos humanos. El comunicado oficial del TJUE delimita expresamente el control europeo a las normas concretas de la Unión afectadas.
Eso despeja una parte sustancial del camino, pero no sustituye la aplicación judicial de la ley. La amnistía no opera sobre conceptos políticos generales, sino sobre hechos, delitos y responsabilidades determinados. Cada tribunal debe decidir quién queda comprendido, qué exclusiones resultan aplicables y hasta dónde alcanza la extinción de responsabilidad.
La discusión que queda ya no es si España podía aprobar una amnistía, sino qué conductas cubre realmente la amnistía que aprobó. Ése será uno de los grandes asuntos judiciales del otoño.
4. ¿Puede regresar Carles Puigdemont?
Las sentencias europeas de julio no modifican por sí mismas su situación procesal.
El Tribunal Supremo decidió no aplicarle la amnistía por el delito de malversación al considerar que existe beneficio patrimonial cuando se utilizan fondos públicos para afrontar gastos que, de otro modo, habrían debido sufragarse con recursos particulares. El instructor mantuvo las órdenes nacionales de detención y la Sala de Apelación confirmó posteriormente esa interpretación.
El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo de Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig contra esas decisiones. El asunto decisivo sigue siendo, por tanto, si el Constitucional acepta el concepto de enriquecimiento utilizado por el Supremo o considera que restringe indebidamente la aplicación de la ley.
Luxemburgo ha respondido a las cuestiones que recibía de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas. No ha resuelto la interpretación española de la excepción sobre el enriquecimiento ni ha levantado las órdenes de detención.
El regreso de Puigdemont sigue siendo políticamente imaginable, pero jurídicamente no es automático. Depende de una decisión que todavía debe producirse dentro del ordenamiento español.
5. ¿En qué punto están realmente las causas que rodean al PSOE y al presidente?
No se encuentran todas en la misma fase. Mezclarlas como si formaran una única macrocausa impide comprender tanto su importancia como sus límites.
En junio, el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a más de 24 años de prisión y a Koldo García a 19 por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La sentencia fue adoptada por unanimidad. La investigación sobre las adjudicaciones de obra pública relacionadas con Santos Cerdán continúa en una pieza diferente y ha recibido nuevas diligencias durante julio.
La situación de Begoña Gómez es distinta. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que continúe el procedimiento con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero ha sobreseído las imputaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida. Todavía debe completarse la fase procesal que conduce a la apertura del juicio oral.
David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz. Fue absuelto del delito de tráfico de influencias y la sentencia puede recurrirse.
Ninguno de estos procedimientos acredita por sí mismo una responsabilidad penal de Pedro Sánchez. Su efecto político procede de otro lugar: de la acumulación de condenas, investigaciones y procedimientos alrededor de antiguos dirigentes del partido, colaboradores próximos y miembros de su familia. El problema para el Gobierno no es que todos los casos sean iguales, sino que cada vez resulta más difícil presentarlos todos como episodios inconexos.
6. ¿Por qué la economía resiste mejor que la política?
Porque la economía no reacciona al mismo ritmo que las instituciones y porque España conserva todavía varios motores de crecimiento.
El PIB aumentó un 2,7 % interanual durante el primer trimestre. La demanda nacional aportó más de tres puntos al crecimiento, mientras la contribución exterior fue negativa. Los datos de Contabilidad Nacional del INE muestran una economía sostenida fundamentalmente por el consumo y la inversión internos.
El mercado laboral ha vuelto a ofrecer cifras históricas. Según la EPA publicada el 28 de julio, España alcanzó los 22.779.000 ocupados en el segundo trimestre, 510.200 más que un año antes. El paro descendió hasta 2.495.300 personas y la tasa se situó en el 9,87 %.
El cuadro no está exento de debilidades. El Banco de España prevé que la economía mantenga un crecimiento sólido durante 2026, pero advierte de una inflación general y subyacente todavía elevada y de un contexto internacional especialmente incierto.
La fortaleza económica concede tiempo a la debilidad política. Mientras crezcan el empleo y la actividad, la inestabilidad parlamentaria puede parecer un fenómeno encerrado en Madrid. La verdadera prueba llegará cuando desaparezcan algunos de los impulsos extraordinarios que han sostenido la inversión pública y cuando el deterioro institucional empiece a encarecer decisiones que hasta ahora podían posponerse.
7. ¿Qué ocurre cuando terminan los fondos Next Generation?
El calendario ya no admite grandes aplazamientos. Los Estados deben completar antes del 31 de agosto de 2026 todos los hitos y objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La última solicitud de pago deberá presentarse antes del 30 de septiembre y la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para efectuar los desembolsos finales. Así lo establece la guía de cierre publicada por la Comisión Europea.
Tras la aprobación del sexto desembolso, España habrá recibido más de 77.000 millones de euros, aproximadamente el 76 % de los fondos del mecanismo que tiene asignados. Ese último pago reconocido asciende a 7.021 millones y está vinculado al cumplimiento de 73 hitos y objetivos. Los datos figuran en la información oficial del Plan de Recuperación.
El final del mecanismo no significa que desaparezcan todas las inversiones europeas. Significa que termina el gran instrumento extraordinario que desde 2021 ha permitido financiar digitalización, energía, movilidad, industria, vivienda y modernización administrativa sin depender únicamente de los recursos presupuestarios ordinarios.
A partir de septiembre comenzará una evaluación más exigente. Ya no bastará con saber cuánto dinero se ha adjudicado o cuántas convocatorias se han publicado. Habrá que comprobar qué inversiones han mejorado la productividad, qué capacidades administrativas permanecerán y qué proyectos podrán sobrevivir sin una financiación excepcional.
8. ¿Está cambiando la Justicia sin que apenas se perciba?
Mientras la atención pública se concentraba en las causas políticas, España ha empezado a sustituir la estructura tradicional de juzgados unipersonales por tribunales de instancia.
La Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia reorganiza los órganos judiciales, transforma los antiguos juzgados de paz en oficinas de justicia municipales y modifica el funcionamiento de las oficinas judiciales. El propósito es permitir una distribución más flexible de los asuntos y reducir la dependencia de cada procedimiento respecto de un único juzgado aislado.
En julio, el Gobierno aprobó la creación de 500 nuevas unidades judiciales y 200 plazas fiscales. Las unidades judiciales suponen un incremento del 8,5 % de la planta y se incorporarán gradualmente entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027.
La reforma puede ser más importante a largo plazo que muchas de las sentencias que ocupan diariamente las portadas. Su éxito, sin embargo, dependerá de cuestiones menos visibles: sistemas informáticos compatibles, personal suficiente, criterios de reparto eficaces y coordinación entre el Estado y las comunidades con competencias transferidas.
Cambiar el nombre de los órganos es sencillo. Conseguir que una nueva organización reduzca los retrasos, homogeneice las cargas y mejore la experiencia del ciudadano será la verdadera medida de la reforma.
9. ¿Qué Europa comienza a aplicarse este verano?
La Unión está pasando de aprobar grandes normas a comprobar si puede ejecutarlas.
El Pacto sobre Migración y Asilo comenzó a aplicarse el 12 de junio. Introduce nuevas reglas sobre tramitación de solicitudes, procedimientos fronterizos, responsabilidad de los Estados y solidaridad con los países sometidos a mayor presión. El primer contingente anual de solidaridad contempla 21.000 reubicaciones o contribuciones económicas equivalentes a 420 millones de euros.
El 2 de agosto empiezan a aplicarse también las reglas de transparencia del Reglamento de Inteligencia Artificial. Los ciudadanos deberán poder identificar determinadas interacciones con sistemas de IA y ciertos contenidos generados o manipulados artificialmente. Ese mismo día entran en funcionamiento las facultades sancionadoras de la Comisión sobre los proveedores de modelos de propósito general.
La migración y la inteligencia artificial parecen materias alejadas, pero someten a Europa al mismo examen: si es capaz de convertir una legislación común en procedimientos coherentes dentro de veintisiete administraciones distintas.
Durante años la Unión ha medido su ambición por el número de reglamentos, pactos y estrategias aprobados. A partir de ahora empezará a ser juzgada por algo bastante menos solemne y mucho más difícil: si todo eso funciona.
10. ¿Qué crisis exterior puede alterar el escenario español?
La más inmediata continúa siendo la energía. La crisis de Oriente Próximo y las amenazas a la navegación por el estrecho de Ormuz han recordado hasta qué punto Europa sigue expuesta a cualquier interrupción de las rutas de suministro. La propia Unión ha señalado la necesidad de reducir su vulnerabilidad respecto de Ormuz mediante la diversificación de fuentes y rutas energéticas.
El Fondo Monetario Internacional advirtió en su actualización de julio de que la desinflación mundial se ha estancado y de que un nuevo deterioro en Oriente Próximo podría elevar los precios de las materias primas, alterar las cadenas de suministro y endurecer las condiciones financieras.
A esa incertidumbre se añaden la guerra de Ucrania, las tensiones comerciales y el aumento del gasto militar. El Gobierno sostiene que España ha consolidado en 2026 una inversión en defensa equivalente al 2 % del PIB, con un gasto nominal de 35.419 millones de euros. Es la cifra recogida en el informe presentado por La Moncloa antes de la cumbre de la OTAN.
La política española puede pasar agosto discutiendo sobre su mayoría parlamentaria. Su margen presupuestario y económico, sin embargo, dependerá también de decisiones tomadas en Bruselas, Washington, Moscú, Kiev y Oriente Próximo. Los acontecimientos internacionales no necesitan formar parte del debate nacional para alterar por completo sus condiciones.
Agosto no resolverá ninguna de estas preguntas. Lo que ofrece es algo más modesto y quizá más útil: tiempo para dejar de confundir cada novedad con un desenlace. España no se va de vacaciones con diez crisis recién nacidas, sino con diez procesos que llevan meses avanzando. Septiembre no los traerá. Simplemente volverá a ponerlos delante.
