El nutrido ejército de la abstención como síntoma de la orfandad política

Mañana volvemos a las urnas con un profundo malestar social que inunda el espacio político. En estas elecciones, en las que se solía valorar más las gestiones de los mandatarios con cierta ‘independencia’ de unas siglas que en clave nacional, se ha convertido en una oportunidad para mostrar el descontento existente de dos formas: el trasvase de voto entre partidos y, sobre todo, la abstención.

FUENTE: EFE

Pero la crispación, que sigue avanzando con múltiples micro casos de corrupción con el voto por correo, es la gota que colma el vaso de la paciencia del votante que, abandonado por los líderes a los que confió su voto en los comicios previos, busca alternativas fuera de los bloques que se consolidaron entre 2018 y 2019. 

Aquí, las consecuencias son claras y es en este escenario que el voto de protesta o reactivo puede tener más consecuencias, hasta el punto de provocar un cambio significativo. La abstención de los electores no sólo hace perder las elecciones al partido gobernante principal, sino que también supone una herida profunda a largo plazo. Y el voto de castigo -a favor de alguno de los adversarios- lo puede llevar al cementerio político. Es lo que estuvo a punto de pasarle al PSC durante los años del procés, que rozó la irrelevancia cuando sus electores migraron hacia Ciudadanos y tiñeron de naranja el famoso “cinturón rojo” de Barcelona. 

Por tanto, esta decisión es una cuestión de oferta. Si existe una oferta suficientemente razonable, habrá ese trasvase de voto. Si no lo hay, el “ejército” de votantes más nutrido será el de la abstención. En el actual contexto político, lleno de partidos con representación importante, el Gobierno más disperso de la democracia ya no solo por votos sino por políticas, ha provocado el desencanto de una población que, con tantas opciones, no consigue verse representada por nadie. España ha perdido en calidad democrática, lo dicen desde Europa, y nuestro país se encuentra junto a Hungría y Polonia en constante estudio por sus intromisiones en los distintos poderes del Estado. 

Los pactos con los herederos de los terroristas e independentistas van a provocar que muchos socialistas no voten porque políticamente tampoco están cercanos al Partido Popular y tampoco los actuales votantes de Ciudadanos, quienes probablemente terminen por cerrar, en muchos territorios, su vida como partido mientras el electorado de centro, también descontento, tendrá que migrar a otras opciones o abstenerse por no verse representados en ninguna otra fuerza política. Según las encuestas es una constante que los partidos que más van a sufrir la abstención son los mencionados anteriormente, creando un nutrido ejército de la abstención como síntoma de la orfandad política.

La cuestión central viene con la ley electoral, la cual otorga una “prima por abstención” a los partidos más pequeños, que son los extremos, dándole poder a insignes provocadores de la crispación y la situación política actual de España. En este sentido, los dos grandes partidos miran continuamente de reojo a estas formaciones porque en varios territorios dependerán de sus votos para gobernar.

España, sus regiones y sus municipios se merecen un PSOE a la altura de la ciudadanía de la izquierda constitucionalista, actualmente abandonados, políticamente, por su partido. En estas regiones y municipios hay candidatos que están a la altura de su electorado, pero que seguramente se verán perjudicados por las políticas del Gobierno. Y los hay que han sido críticos con la cúpula del Gobierno por muchos motivos, entre ellos por sus pactos y políticas.  

Ahora es la ciudadanía quien decide, ya que con el voto se pueden frenar algunas de esas políticas regresivas. El otro día cerraba un artículo, en El Mundo, César Antonio Molina que a su fin decía: “Sí, alguien, ahora o después, debe evitar el naufragio total del Partido Socialista de siempre. Hay que recuperar de nuevo el Estado de derecho, exigir el cumplimiento de las leyes (toda la justicia está en huelga), volver a la verdad, prosperar sin dañar a nadie, elevar la educación y la sanidad, crecer económicamente, rescatar la concordia, pues la democracia es el acuerdo de que no vamos a matarnos por lo que nos separa, sino que vamos a discutirlo.” 

Retos y desafíos de España ante la presidencia europea 

A partir del 1 de julio España ocupará la presidencia del Consejo de la Unión Europa. Una presidencia rotatoria entre los países de la UE y que durará hasta el 31 de diciembre. Durante un semestre, el Estado de turno preside las sesiones en todos los niveles del Consejo, contribuyendo a garantizar la continuidad del trabajo de la UE en esa institución. 

FUENTE: EFE

Los Estados miembros que ejercen la Presidencia colaboran estrechamente en grupos de tres, denominados «Tríos». Este sistema fue instaurado por el Tratado de Lisboa en 2009. El Trío fija los objetivos a largo plazo y elabora un programa común con los temas y principales asuntos que abordará el Consejo en un periodo de dieciocho meses. Con arreglo a este programa, cada uno de los tres países elabora su programa semestral con mayor detalle. 

Por el momento el Gobierno todavía no ha presentado sus objetivos, de los que se conocen someramente sus tres ejes principales: autonomía estratégica, estrechar las relaciones entre Europa y Latam e implantar una agenda social europea. Es una oportunidad que debería valer para mostrar de lo que España, como país, puede ser capaz. 

Es momento de combinar el ejercicio neutral de la presidencia de turno con la búsqueda de consensos que vayan bien a las prioridades nacionales. Sin pasarse, pero suele haber margen para elevar propuestas, aunque en la última ocasión España se quedó con las ganas, porque lo peor de la crisis iniciada en 2008 estaba arrasando y había apuestas comunes que anteponer. 

Los expertos del Real Instituto Elcano coinciden con los ejes que el ministro Albares presentó hace meses, y añaden que el gran reto del año que acabamos de estrenar es el de mantener la unidad y coherencia, que serán puestas a prueba por la crisis energética, la inflación y otros precios a pagar por confrontar al agresor en el conflicto de Ucrania, o sea, a Rusia, que se ha convertido en un rival estratégico. 

La guerra ha alterado la arquitectura general de la relación entre la UE y el resto del continente, pero los Veintisiete, a través de las sanciones a Moscú y las ayudas a Kiev, han mostrado una contundencia que no podía darse por descontada cuando comenzaron los ataques. Además, se ha abierto la puerta al proceso de entrada de Ucrania en la UE, aunque es lento y, desde luego, no culminará en el semestre español.

Sí que ha reactivado otros debates, como la apertura mayor a los Balcanes occidentales o la creación de la Comunidad Política Europea, que parecía un invento temporal de Francia pero tiene visos de consolidarse como un órgano funcional para insertar en la cooperación política continental a potencias regionales alejadas de Bruselas, de Reino Unido a Turquía. 

En España habrá un debate importante sobre el futuro de Europa y una mayor integración. Hay países que la quieren acelerar y países que no la ven, “reacios al cambio”. Como Ucrania también ha puesto sobre el tapete, se puede lograr la unidad, pero con esfuerzo, porque cada cual tiene sus intereses. Hace falta una intensa labor de acercamiento en los meses por venir, cuando además viene el final del actual ciclo político, hay las elecciones europeas en primavera y también algunas nacionales de peso, como las de Grecia (junio) y Polonia (noviembre), más la propia España. 

Hay cosas concretas alcanzables, destaca Elcano: el deseo de llegar a un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales antes de que acabe 2023, ya que en 2024 se desactivaría la cláusula general de escape, el reparto completo de los fondos Next Generation, que tienen que estar disponibles, todos, para diciembre de este año, y avances en la Ley Europea de Chips o la de Materias Primas Fundamentales. Solo queda que Sánchez esté a la altura de este cometido. 

El bulo (que no es) de la cita previa

El otro día asistimos a un acalorado debate en el Congreso donde hemos podido presenciar un nuevo ataque de ira del ministro Escrivá, señal inequívoca de la inseguridad que provoca no estar de acuerdo con sus propios planteamientos.

FUENTE: EFE

El ministro de Seguridad Social acostumbra a tomar posiciones airadas, sea en las Cortes o incluso en las redes sociales, cuando alguien le lleva la contraria. Es lo que ha sucedido en estos días pasados en el Congreso tras la acusación por parte de la oposición sobre el hecho de que hay que pedir cita previa para ser atendido en las oficinas de la Seguridad Social, así como las advertencias de que algunos autónomos tendrían que devolver las ayudas por cese de actividad que recibieron al comienzo de la pandemia. 

El problema es que la primera acusación es bastante fácil de comprobar en la web de la propia Seguridad Social, en la que se indica claramente que “la atención al ciudadano en las oficinas de la Seguridad Social requiere disponer de una cita”, aunque ahora el ministro Escrivá trate de enmendar su error diciendo que “al 25% de personas se las atiende directamente”, sobre todo a colectivos vulnerables y a realizar trámites urgentes. Lo que está claro es que el mensaje de la web del sistema no es una recomendación, sino más bien una orden. Escrivá ha errado. 

Este modelo de citas, que lleva instaurado desde inicio de año, buscaba instaurar un orden y agilidad a la Administración que solo ha conseguido empeorar la asistencia. Con un sistema colapsado en el momento con más empleados públicos de la historia, algo digno de analizar más que de intentar desmentir, el clásico “vuelva usted mañana” se ha instaurado hasta en la vía telemática. 

La cita previa obligatoria pudo tener algún sentido en el momento inicial del caos que supuso la pandemia, pues se trataba de evitar las aglomeraciones y de salvar la vida de las personas.  Hoy en día, y pasada ya esta situación, ni tiene sentido ni cobertura legal. Por ello, sorprende la generalización que se está produciendo de este sistema. En rigor, solo debería tener sentido cuando se preste un servicio muy específico que requiera una especial atención a la persona, pero no en los registros administrativos ni en la generalidad de las Administraciones públicas. 

Esta herramienta se ha convertido en un trámite más que no está previsto expresamente en las normas que regulan los procedimientos administrativos.  Provoca un deterioro de los servicios públicos que solo encuentra explicación en una mala gestión y planificación por parte de los responsables y de los directivos públicos que la implantan. 

Lo más grave de esta situación son las acusaciones, recogidas por el periódico ‘El País’, de ciudadanos que tienen que recurrir a un “mercado negro de citas” para conseguir sentarse delante de un funcionario. La pandemia nos ha dejado la secuela de la cita previa, provocando la insuficiencia productiva del funcionariado, que han visto relajada su jornada con atenciones más espaciadas dejando como consecuencia el cuello de botella existente en la actualidad. 

En fin, la pandemia ya no puede justificar que se cambien los métodos de trabajo en la Administración. Es posible que exista una falta de funcionarios en muchas Administraciones, pero la solución no puede ser la cita previa obligatoria, sino una adecuada planificación del servicio y un redimensionamiento de las plantillas de personal. 

A la cola y a la contra 

Una condición que hay que aceptar cuando se forma parte de la Unión Europea es que las autoridades de Bruselas tienen la potestad de establecer políticas comunes que deben ser aplicadas por los países miembros. 

FUENTE: EFE

La Comisión Europea ha anunciado una de esas políticas comunes que no es inocua para el Gobierno español ni para sus socios independentistas porque va contra uno de los acuerdos más polémicos que Pedro Sánchez alcanzó con Podemos, Esquerra y Bildu. El pasado mes de diciembre, Moncloa decidió eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación para beneficiar a los líderes independentistas que fueron condenados o aquellos que pudieran ser condenados en los próximos meses. 

El objetivo era aprobar esas reformas cinco meses antes de las elecciones, para que a estas alturas de mayo hubieran quedado fuera del debate político y no se mezclara con la campaña. Pero la política va muchas veces por caminos inescrutables y siempre actúa sobre aquellos que se creen superiores a ella. Ahora Europa, a la que se ha tildado de permisiva y complaciente con las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, actúa sobre algo que considera importante y que va a la contra del rumbo tomado desde Bruselas, situándonos a la cola de Europa junto a Hungría y Polonia. 

La justicia poética ha querido que sea en plena campaña electoral para las regionales y municipales del 28-M, que serán una buena forma de medir el sentir de gran parte de la sociedad española con el Gobierno porque muchos evitarán votar al PSOE, aún con buenos candidatos, como castigo a las políticas de Sánchez, esta es solo una de ellas. 

Con esta iniciativa, la Comisión no sólo aspira a actualizar, por arriba, las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir todo el posible abanico de los mismos sino, también, mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Y, con ella, queda desacreditado el principal argumento de Sánchez que apostó por la condescendencia con ciertas variantes del tipo de la malversación en nuestro país, asegurando que, con ello, España se aproximaba a los estándares europeos en la materia. 

Pero, aquí en España, Sánchez decidió que estas reformas eran lo más progresista para el país y que ahora hay que reconocer lo logrado por aquel que se embolsa el dinero de los contribuyentes al corrupto que utiliza el dinero de los contribuyentes para intentar hurtar, además del dinero, sus derechos políticos más básicos. 

Todo esto se da de bruces con lo que presuntamente lo justificaba, según el mendaz argumentario de Moncloa: los ‘criterios europeos’. Los dos nuevos tipos aprobados, al contemplar penas máximas de 3 y 4 años, quedan por debajo del umbral de 5 señalado por la Comisión. El Gobierno también tendrá que retocar el tipo de cohecho y el de tráfico de influencias. Toca ‘rearmonizar’ al alza lo que se había rebajado por conveniencia partidista.

Por encima de la ley 

El caso que envuelve la historia entre el ministro Grande Marlaska y el coronel Pérez de los Cobos es un claro caso de la injerencia del Gobierno en la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de demostraciones de poder al margen de la legalidad que, finalmente, la Justicia termina por desacreditar.

FUENTE: EFE

Tras el fallo judicial, el ministro Grande Marlaska no sólo tiene que restituir al coronel Pérez de los Cobos en el cargo, tal como ordena la sentencia, sino que no debería impedir, si le queda un atisbo de decencia, que sea ascendido a general de Brigada. Pocos casos hay en España de méritos más que suficientes en una carrera como guardia civil para merecer este ascenso.

La purga de Grande Marlaska tuvo consecuencias: Pérez de los Cobos fue injustamente privado de su ascenso al generalato, pese a que contaba con la mejor puntuación, siendo uno de los coroneles mejor puntuados en las evaluaciones del Consejo Superior de la Guardia Civil. Sin embargo, su nombre nunca figuró entre los señalados por el ministro. Ahora, De los Cobos tiene derecho a que le sean reconocidos tres años de servicio al frente de un puesto de tanta relevancia como la Comandancia de Madrid, que otorga mayor puntuación para el ascenso que la que recibía en su actual destino. Y este mismo año habrá cuatro puestos que cubrir. 

El varapalo para Marlaska es monumental, ya que el Supremo confirma ahora la primera sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que ya había anulado la decisión del ministro del Interior tras considerar que el cese fue una represalia por la determinación de Pérez de la Cobos de cumplir la orden de la magistrada que investigaba el denominado caso del 8-M de no informar a sus superiores.

El Alto Tribunal obliga al Ministerio del Interior a reincorporar al coronel en el que era su cargo y abonarle los devengos que le correspondían. Las reacciones no tardaron ayer en llegar y, además de los partidos de oposición, varias de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil reclamaron la dimisión del ministro por la “persecución injusta, inmerecida y desproporcionada” a la que fue sometido Pérez de los Cobos y por la “falta de confianza” que los miembros de la Benemérita tienen hacia el propio Grande-Marlaska. 

La trayectoria del titular de Interior, que descartó ayer su salida del Ejecutivo por la decisión del Supremo, está plagada de polémicas, entre las que destacan la tragedia acaecida en la valla fronteriza de Melilla con la muerte de varios inmigrantes presuntamente en suelo español; el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, con un giro de la política penitenciaria tras el apoyo de Bildu a los Presupuestos; o la adquisición de una cinta de correr de última generación con cargo al propio Ministerio. El cese ilegal de Pérez de los Cobos es el último episodio de un ministro con una situación insostenible y que sigue aferrado al cargo, pese a que ha tenido durante su mandato razones de peso para presentar su dimisión.   

Cuando el Gobierno solicitó irregularmente a Pérez de los Cobos toda la información posible sobre la investigación de la manifestación feminista del 8-M, el principal perjudicado por dicha causa era José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid. Franco fue finalmente exonerado, pero el Gobierno temía que la imputación se extendiera también a Fernando Simón. La petición de información al coronel fue, por tanto, un intento de disponer de información clave que le habría permitido al Gobierno anticiparse a la imputación de cargos clave durante la pandemia.  

La decisión del Tribunal Supremo es una mancha más en el historial de un ministro del Interior que, en otras etapas de la democracia, ya habría sido fulminantemente cesado por el presidente del Gobierno. Hay que recordar que fue el propio Marlaska el que afirmó en el Congreso que no iba a dimitir porque “no había cometido ninguna ilegalidad”. 

Después de los cambios que se acaban de acometer en el Gobierno, Sánchez ha perdido una buena oportunidad para relevar a Marlaska, aunque fuese por unos meses. 

¿Fue desleal Núñez Feijóo con su viaje a Bruselas? 

Núñez Feijóo estuvo la pasada semana en Bruselas para reunirse, entre otros, con Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, poco sospechosa de no tratar con evidente condescendencia al actual Ejecutivo español.

FUENTE: EFE

La acción en sí no invita a pensar en nada negativo dado que el líder del PP comienza una carrera electoral con vistas a las elecciones generales de finales de año, y es normal reunirse con von der Leyen, parte del Grupo Popular en la Unión Europea. 

Hablarían de todo: la reforma de pensiones, el salario mínimo y puede que de la justicia en nuestro país. En cualquier caso, puede que tras estas reuniones y las palabras de Núñez Feijóo entrase alguna duda de las verdaderas intenciones del líder del PP en Bruselas. Feijóo aprovechó para criticar a Sánchez y sus políticas más que hablar de las propuestas políticas que éste lleva a Bruselas como alternativa de Gobierno. 

Aquí la cuestión es muy sencilla: ¿ha sido desleal Núñez Feijóo al Gobierno por reunirse en Bruselas? La respuesta es también muy sencilla: no. 

Acostumbrados a la deslealtad permanente de Podemos siendo la otra mitad de la coalición, sorprende que la actual dirección socialista coloque esta visita en un lugar tan destacado en términos de crítica. Otra cuestión muy distinta es si la actuación del líder de la oposición es acertada para los intereses de España. Criticar en Bruselas la excepción ibérica y la reforma de pensiones en el mismo momento en que la Comisión Europea dio su visto bueno, es un error táctico que denota la facilidad de la posición de crítica, pero al mismo tiempo la debilidad a la hora de presentar una alternativa seria y consistente.

En cualquier caso, es importante considerar el contexto en el que Núñez Feijóo hizo sus declaraciones. Algunos pueden argumentar que criticar al Gobierno en un escenario internacional, como Bruselas, puede ser percibido como desleal o perjudicial para la reputación de España. Otros pueden argumentar que es necesario exigir responsabilidades al gobierno y que la crítica internacional puede ser una forma de presionar a Europa a que sea más estricto con España, tras una reforma de pensiones que termina por hundir el sistema público sin pensar en la sostenibilidad de las mismas, ni en políticas alternativas, para las futuras generaciones que están pagando este despropósito. 

Estados Unidos, China y Europa como su ‘patio trasero’

La pandemia y la invasión rusa de Ucrania han acelerado la mayor parte de los cambios geopolíticos que estaban fraguándose en los últimos años. Lo que tuvo su primera manifestación como “guerra comercial”, ahora ya es la disputa central para copar el liderazgo global. Esto ya no va de ideologías: va de control territorial y poder económico. Éste es el principal mensaje que debe ser entendido por la política europea y redirigir sus ‘proyectos estrella’ como la transición verde y digital hacia una fórmula de ‘autonomía estratégica’ seria y realista.

FUENTE: EFE

China continúa creciendo, incluso a pesar del enorme coste económico y social que ha tenido la política de “COVID cero”, y parece aparentemente ajeno a todo lo que le rodea en términos políticos. Pero los más recientes movimientos geopolíticos están clarificando su estrategia día a día, siguiendo los pasos de Estados Unidos, quien ha apostado casi un “all-in” con la mayoría de sus aliados tradicionales.

Es lo que sucede con la OTAN, su apoyo ya no tácito sino explícito militar a Ucrania, sus relaciones con Marruecos (y sus posibles efectos con nuestra ruptura de relaciones con Argelia por ser aliada de Rusia y China) y la actitud con Oriente Próximo, en un momento delicado de la región donde la balanza se puede inclinar con cierta facilidad hacia el eje Rusia-China.

Lejos ya queda la tensión de los últimos años con Europa para que ésta contribuyera a una financiación más equilibrada de su política de seguridad y defensa (el famoso 2% del PIB comprometido con la OTAN). Ahora, la Administración Biden está demostrando sus intenciones de fondo: lealtad frente a “los enemigos” prometiendo protección. Un Estado “padre protector” que vela por sus intereses sobre el resto de regiones.

Un ejemplo práctico: Oriente Próximo. En los últimos contactos, la tónica es la misma: exponer sus líneas maestras de actuación y dejar claro que es “un socio activo” y comprometido en la región, a la vez que pide una integración real para Israel, sabiendo que muchos de estos países apoyan a Palestina. La influencia de Irán, aliado de Rusia y China en este lado del globo, es otro de los puntos a frenar por parte de Biden. No deja de ser importante la presencia indirecta norteamericana en el desarrollo de las protestas sociales iraníes, aunque no buscando una total desestabilización.

A Estados Unidos (y a Europa) le preocupa China y sabe que ante Rusia es un posible escudo ya que, mientras en Europa sufrimos las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, China es capaz de ser autosuficiente incluso en sus planteamientos de política exterior. Una vez pasado el momento de tensión en torno a una reunificación con la isla de Taiwán, China ha pasado a convertirse en un actor decisivo pero con el riesgo de cronificar la deriva de Putin, ya que no apoya sus decisiones (en todos los comunicados del Ministerio de Exteriores chino se alude al respeto a la integridad territorial de los países), pero no puede dejar caer a Rusia, ayudándola en los últimos meses a comercializar el petróleo y gas que ha dejado de vender a Europa.

En definitiva, las piezas del tablero que manejan USA y China son lo suficientemente importantes como para estar vigilantes sobre lo que sucederá en los próximos tiempos. Mecanismos de gobierno global como el G-20 sirven para ver hasta qué punto existen fricciones irreconciliables a corto plazo, provocando una gran pérdida de las identidades y decisiones nacionales con amplitud de miras hacia el exterior. La gran excusa de la protección para los países occidentales, mantenida desde la Segunda Guerra Mundial, parece irreversible porque a nadie le ha interesado atajarla, y menos a Europa que se encuentra en medio de todo y, sin un planteamiento fuerte sobre cómo está cambiando el equilibrio global de fuerzas, será quien más sufra los efectos de una nueva Guerra Fría.

El elevado coste de aprobar los últimos Presupuestos de la legislatura

El problema no es en qué se cede sino ante quién se hace. No es lo mismo ceder para llegar a un acuerdo con fuerzas políticas centradas que hacerlo con extremistas que, además, alardean públicamente de que gracias a ellas el Gobierno actual mantiene su estabilidad parlamentaria

FUENTE: EFE

Los apoyos son los ya conocidos: ERC, PNV y EH Bildu. Una ‘ayuda’ que la ministra de Hacienda compara con los Pactos de La Moncloa, que ahora cumplen 45 años, para defenderse de los indefendibles. Huelga decir que cualquier parecido de los Pactos de la Moncloa con la situación actual es pura coincidencia. Ni el lugar que cada actor representaba en el espectro político es el mismo (más allá de las siglas), ni tampoco el fondo del discurso, la política económica y las medidas concretas.

Para lograr la suma mágica, los negociadores de la Moncloa han tenido que conceder importantes cuestiones. El apoyo más costoso en términos políticos y monetarios es el de ERC con la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación. A ello se añaden más de 23.000 millones de gasto público para 2023.

Si la polémica ha rodeado la propuesta de reformar a la baja las penas por sedición, el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu no es menos costoso. La formación radical vasca ha conseguido sellar un pacto de diez puntos en el que se recogen, entre otras cuestiones, el traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra, donde esta función pasará a desempeñarla la Policía Foral en lugar de la Guardia Civil, y la prolongación del tope del 2 % en la actualización de los alquileres hasta diciembre del 2023.

Por último, el PNV ha añadido sus seis votos al casillero gubernamental a cambio de la renovación del Concierto Económico Vasco (y la actualización del cálculo del cupo) en los mismos parámetros ahora vigentes para los próximos cinco años y de la aprobación de hasta 49 enmiendas a las cuentas, con lo que eleva en 41 millones de euros lo cosechado por los nacionalistas en el 2021. A ello se añade el PDeCAT y su enmienda para extender la gratuidad del transporte público para el usuario a los autobuses de larga distancia.

En suma, serán las urnas las que dictaminarán, en un año, si el precio ha valido la pena.

Manifiesto contra la derogación del delito de sedición y modificación del de malversación

En relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código penal para la derogación del delito de sedición y para la modificación de los desórdenes públicos:

FUENTE: EFE

Por la plataforma de sociedades civiles Consenso y Regeneración

CENSURAMOS que una reforma del Código penal de esta importancia, que afecta a delitos clave para la protección de nuestro orden de convivencia, pueda responder a razones políticas coyunturales, legislando ad personam, en lo que se ha presentado como una suerte de amnistía a quienes lideraron la insurgencia en Cataluña en otoño de 2017 bajo el mantra de buscar una pretendida “desjudicialización” del conflicto político catalán. Lo cual resulta especialmente evidente si, finalmente, se reforma también el delito de malversación de fondos públicos.

CONSIDERAMOS que la adecuación de nuestro ordenamiento penal debe venir presidida por un amplio consenso político, forjado a través de la correspondiente tramitación parlamentaria. Por ello, resulta inaceptable que esta reforma se haya planteado como una proposición de ley, eludiendo los informes pertinentes de los órganos consultivos; y que se tramite por vía de urgencia, reduciendo las posibilidades de debate, y sin un acuerdo transversal entre los principales partidos políticos.

ADVERTIMOS que las democracias del entorno europeo disponen de tipos penales que tutelan su orden constitucional y la integridad del propio Estado y, a este respecto, debemos señalar que la reforma que se pretende aprobar supondrá una desprotección de nuestra Constitución como marco democrático de convivencia. De hecho, en la medida que los Códigos penales deben responder a las amenazas que en cada momento se ciñen sobre un país, de acometerse alguna reforma penal en España, EXIGIMOS que esta contemple la inclusión de un delito que castigue las conductas más graves de deslealtad constitucional.

Firmantes*:

  • Aixeca´t-Levántate
  • Alternativa Ciudadana Progresista
  • Ampas Paralelas
  • Asamblea Nacional de Tabarnia (ANT)
  • Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)
  • Asociación Cultural Doble12
  • Asociación de estudiantes del mundo
  • Asociación de Profesores por el Bilingüismo (APB)
  • Asociación por la Tolerancia
  • Catalunya Somos Todos
  • Centro Libre de Arte y Cultura (CLAC)
  • Círculo de Empresarios
  • Círculo de Navarra en Madrid
  • Citizens pro Europe
  • Club Liberal Español
  • Concordia Real Española
  • Consenso y Regeneración (CyR)
  • Els segadors del Maresme
  • España Juntos sumamos (EJS)
  • Foro de Profesores
  • Foro Libertad y Alternativa (L&A)
  • Foro para la Concordia Civil
  • Foro para la Concordia Civil de Granada
  • Fundación Cultura Libre
  • Fundación Hay Derecho
  • Fundación Independiente
  • Fundación Internacional para la Libertad
  • Fundación Joan Bosca
  • Fundación Woman Forward
  • Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC)
  • Historiadors de Catalunya
  • Idiomas y Educación
  • Impulso Ciudadano
  • La España Que Reúne
  • LaSilenciosaCat
  • NEOS
  • Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística
  • Politeia
  • Polítical Network for Values
  • Pompaelo
  • Regenerar España Ahora
  • S´ha Acabat!
  • Sindicato AMES (Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari)
  • SOCIA
  • Sociedad Civil Balear
  • Sociedad Civil Navarra
  • Sociedad Civil Valenciana

La advertencia de la RAE (y lo que nos jugamos con una Selectividad de mala calidad)

La RAE, como institución, es una entidad que siempre se mantiene al margen de decisiones políticas porque sabe que no es quien legisla. El problema llega cuando el que legisla atenta contra la integridad de lo que, en este caso, defiende la RAE per se: nuestro idioma. La lengua conforma parte de nuestra identidad como españoles y la Real Academia no ha dudado en expresar contundentemente su posición, contraria, al nuevo modelo de Selectividad que la cartera de Educación quiere aplicar.

FUENTE: EUROPA PRESS

La institución ha difundido un comunicado en el que admite que entre los cometidos que recogen sus estatutos no figura opinar sobre la forma en que se enseña la lengua y la literatura, pero sí tiene opinión y debe expresarla a petición de los profesionales que día a día imparten las materias relativas al idioma y su uso. En este sentido, la RAE insta al Ministerio a cambiar el rumbo de su reforma, que está prevista que empiece a aplicarse en una primera versión limitada en 2024 y, de forma más profunda, en 2027.

El pasado 22 de septiembre, 13 especialistas de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II de lo que antes se conocía como Selectividad y ahora con distintas sopas de letras según la comunidad autónoma de que se trate; y pertenecientes a 10 comunidades autónomas, firmaban un manifiesto titulado expresivamente Competencias para la nada: en contra de la propuesta de las EBAU/EvAU redactada por el Ministerio de Educación disponible en la plataforma change.org en busca de adhesiones.

Este texto describe de forma minuciosa el procedimiento por el cual se fusionarían las pruebas lingüísticas –de castellano, inglés y la lengua cooficial correspondiente– hasta reducirse a una veintisieteava parte de la extensión que tiene en las pruebas actuales cada uno de los idiomas.
Lo cual comportaría, claro, una merma análoga de los contenidos y del conocimiento que de su asimilación se deriva. Una Selectividad ‘low cost’.

Este texto llegó a la RAE y su respuesta se produjo el pasado viernes 18 de noviembre, siendo ésta su primera vez mostrándose en contra del plan de un Gobierno en ejercicio.

En la nueva propuesta de prueba de acceso, los alumnos habrán de contestar a 25 preguntas de tipo test y no podrán sobrepasar las 150 palabras en cada uno de los textos que redacten con lo que, para la RAE, “pierden el lugar preponderante que hasta hace poco tenían la reflexión y la argumentación lingüística, la capacidad para compendiar y ordenar discursos, así como la interpretación, la valoración y el análisis de los textos literarios”.

Por último, lamenta que la propuesta de reforma de la prueba de acceso a la Universidad haya sido elaborada “sin contar con la opinión de los profesores de bachillerato y sin consultar tampoco con los coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad, sea cual sea la comunidad autónoma en la que estos desempeñen su labor”. En su opinión, las directrices sobre los conocimientos y las capacidades que se deben enseñar y evaluar en lengua y literatura “han de ser establecidas tras consultar con los profesionales de larga experiencia docente que imparten esas materias en la enseñanza secundaria, en el bachillerato y en la universidad. También debería tenerse en cuenta la opinión de las academias”.

No puede ser que desde las instituciones no se defienda la calidad en el uso de la lengua. Como dicen desde la RAE, esta propuesta debería ser establecida como un primer borrador provisional que facilite la aportación de todas esas personas e instituciones a una tarea común de considerable importancia. Este tipo de cambios se tienen que tomar con todos los expertos, no solo ministeriales, que puedan llegar a ser voces válidas. No se puede eliminar y restar importancia a los contenidos, reduciendo la importancia de trabajo a unos profesores que son quienes ponen las primeras piedras a los futuros ciudadanos de nuestro país.