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Pronto se cumplirá un año de la convalidación del Real Decreto-Ley 36/2020 que regularía la concesión de los fondos europeos. Sin embargo, el que se anunció como el cambio más drástico y modernizador de la Administración para agilizar la llegada de los fondos ha entrado en ‘vía muerta’ tras sucesivas prórrogas de los plazos de enmiendas y enfrentarse a la realidad de que la Administración no está suficientemente preparada para una tarea tan compleja como ejecutar 140.000 millones en cuatro años y haciendo llegar el dinero al tejido productivo.

FUENTE: ISTOCK

La fuerza de los hechos ha impuesto un sistema que mezcla el sistema administrativo existente con nuevas fórmulas de convocatoria, pero con una fuerte dependencia de empresas públicas y grandes multinacionales que sirvan como garantía de que los fondos se pueden aplicar en tiempo y forma comprometidos con la Comisión Europea.

En este sentido, la prometida «nueva herramienta para ‘mejorar’ la canalización de los fondos europeos», era en muchos sentidos peor que lo ya existente. Entre otras cuestiones, elevaba la probabilidad de desviar fondos en favor de los ‘lobbies’ más cercanos al poder e incluso creando el germen de nuevos casos de corrupción. El Gobierno de coalición optó por crear un nuevo sistema fuera de las coordenadas tradicionales de la intervención y supervisión administrativa y fuera de la Ley de Contratos del Sector Público, en vez de construir una alternativa desde dentro, lo que le hubiera restado burocracia a una Administración repleta de mecanismos obsoletos.

Afortunadamente, el cambio de Gobierno en julio y el parón legislativo en esta materia han eliminado de facto uno de los elementos más lesivos del «durmiente» proyecto de Ley: la dependencia de la concesión y gestión de los fondos de un «gabinete en la sombra» ubicado en la Presidencia del Gobierno sin control parlamentario. De hecho, la Comisión Europea ha apercibido a España por la arbitrariedad de como comenzó el primer reparto para el coche eléctrico, anunciando el presidente del Gobierno en una tribuna de El País y en una rueda de prensa quiénes iban a ser las empresas que iban a ejecutar este proyecto sin haber habido previamente concurrencia competitiva.

A la luz de los hechos, se han dado pocos pasos para cambiar lo que no funciona. La opción de que el reparto se ejecute a través del actual sistema de contratos y licitaciones públicas no convence tampoco a las partes, ya que es más lento, está plagado de burocracia y fundamentalmente beneficia a empresas públicas y a las grandes empresas privadas. De esta forma, el Gobierno se aseguraría el beneplácito de las organizaciones con más poder, pero no atacaría a la raíz del problema. 

¿Por qué no se toman otras medidas para solventar los problemas del actual sistema? La cuestión es que ya es demasiado tarde para ponerse a idear nuevas soluciones que tarden en aplicarse tanto, o más, que este Real Decreto-ley paralizado como proyecto de Ley en el Congreso. Lo que queda claro es que ni al mismo Gobierno parece que le importe en absoluto desbloquear este decreto, ni acelerar el proceso de reparto, por lo que así es imposible comenzar a recuperarse de esta crisis.  

Tras haber analizado ambas posibilidades, podemos concluir que ambas soluciones dejan mucho que desear a la hora de hacer llegar esos fondos a aquellos que más lo necesitan; ya sean empresas, ciudadanos o herramientas a implementar. La nueva medida podría calificarse como una subasta entre amigos donde los ‘lobbys’ sacarían tajada del dinero europeo, algo que la Unión Europea está vigilando para evitar y multar a aquellos países que lo hagan. Por el lado del actual sistema, el reparto llegaría demasiado tarde debido al exceso de burocracia de nuestro país para acometer estos procesos en lo que ni desde dentro de la Administración saben de quien son responsabilidad.

En todo el tiempo que nuestro país lleva en la Unión Europea, nuestra Administración no ha sabido ejecutar y licitar los presupuestos con contundencia y rapidez a las ayudas que han ido viniendo desde Bruselas, demostrando la más absoluta rigidez en nuestro sistema. Es necesario un cambio de cultura institucional en nuestro país para poder hacer un formato híbrido entre las grandes ventajas que tiene la Administración en su tradición garantista y formalista, junto con herramientas que palien sus defectos otorgándole a estas mayor flexibilidad y rapidez en la ejecución de los proyectos.

Pocas veces en la historia política reciente el concepto de «equilibrio inestable» se ha convertido en la filosofía y razón de ser principal del Gobierno de un país. Se cumplen dos años de la formación del primer Ejecutivo de coalición en España formado por el PSOE y Unidas Podemos, los cuales para sus protagonistas han sido muy positivos por el número de leyes aprobadas, los acuerdos alcanzados mediante el diálogo social y el reconocimiento de nuevos derechos. 

FUENTE: La Voz de Galicia

Medir así el éxito de un Gobierno es normal y aconsejable en un sistema democrático en el que se producen grandes acuerdos y mayorías cualificadas. Sin embargo, la democracia española no se desenvuelve dentro de unos ejes normales de coordenadas como venía sucediendo desde 1978 ya que, para conseguir los resultados que ponderan los socios de coalición, ha sido necesario naturalizar o normalizar el apoyo explícito y continuo en el tiempo de grupos políticos extremos, cuya finalidad última es acabar con el actual Estado de Derecho.

En este sentido, para valorar la acción del Gobierno de coalición es muy importante el «cómo» se ha llegado a los acuerdos y su sostenibilidad en el tiempo, dado que de otra forma, estaremos ante una versión moderna de la teoría maquiavélica «el fin justifica los medios«. Naturalizar al enemigo constitucional no es una acción inocua. Es un experimento efímero, pero con consecuencias de largo radio. Las democracias liberales no son indestructibles ni tampoco salen indemnes de gobernantes que tensan sus fibras más delicadas.

En un momento político experimental como el actual, el rigor en el análisis da paso a un cálculo probabilístico de cuánto tiempo será capaz el sistema democrático y de derecho español de resistir lo que está ocurriendo sin que se produzcan daños estructurales irreversibles.

No es posible establecer unas tesis racionales si continuamente se están moviendo los ejes de coordenadas hacia lo que en cada momento decide el gobernante. Si se sigue haciendo análisis racional sobre el que se articule una acción política, se caería en el desasosiego permanente y el radicalismo, cosa que ya vienen evidenciando las encuestas de opinión que se van publicando en los últimos meses.

Es exactamente lo que ha sucedido en los últimos dos años en torno a la duración de la coalición. Los pronósticos más desfavorables no se han cumplido porque las tesis que los fundamentaban estaban basadas en análisis racionales y en la ética de qué es posible y qué no lo es. Sin embargo, la frontera de lo «posible» se ha ampliado mucho más de lo que la racionalidad política era capaz de prever.

Dos años dan para mucho cuando la dinámica política no es la normal. Una coalición que ha vivido dos etapas muy diferenciadas: por un lado, la constitución del Gobierno y la primera parte de la pandemia; y, por otro lado, el cambio de Gobierno efectuado por el presidente Sánchez para intentar detener la crítica interna del PSOE tras las Elecciones Autonómicas de Madrid. Una historia trufada de desencuentros, salidas de tono, episodios rocambolescos (el caso último de la ganadería intensiva y el ministro de Consumo, sin ir más lejos) y otros de mayor consideración. 

Ante esta situación, no es razonable una estrategia de «wait and see», sino una acción y un discurso político fuera del eje de coordenadas marcado por el Gobierno de coalición, que recoja y sea fidedigno con lo que la sociedad española está viviendo para buscar una amplia mayoría transversal.