Pronto se cumplirá un año de la convalidación del Real Decreto-Ley 36/2020 que regularía la concesión de los fondos europeos. Sin embargo, el que se anunció como el cambio más drástico y modernizador de la Administración para agilizar la llegada de los fondos ha entrado en ‘vía muerta’ tras sucesivas prórrogas de los plazos de enmiendas y enfrentarse a la realidad de que la Administración no está suficientemente preparada para una tarea tan compleja como ejecutar 140.000 millones en cuatro años y haciendo llegar el dinero al tejido productivo.
FUENTE: ISTOCK
La fuerza de los hechos ha impuesto un sistema que mezcla el sistema administrativo existente con nuevas fórmulas de convocatoria, pero con una fuerte dependencia de empresas públicas y grandes multinacionales que sirvan como garantía de que los fondos se pueden aplicar en tiempo y forma comprometidos con la Comisión Europea.
En este sentido, la prometida «nueva herramienta para ‘mejorar’ la canalización de los fondos europeos», era en muchos sentidos peor que lo ya existente. Entre otras cuestiones, elevaba la probabilidad de desviar fondos en favor de los ‘lobbies’ más cercanos al poder e incluso creando el germen de nuevos casos de corrupción. El Gobierno de coalición optó por crear un nuevo sistema fuera de las coordenadas tradicionales de la intervención y supervisión administrativa y fuera de la Ley de Contratos del Sector Público, en vez de construir una alternativa desde dentro, lo que le hubiera restado burocracia a una Administración repleta de mecanismos obsoletos.
Afortunadamente, el cambio de Gobierno en julio y el parón legislativo en esta materia han eliminado de facto uno de los elementos más lesivos del «durmiente» proyecto de Ley: la dependencia de la concesión y gestión de los fondos de un «gabinete en la sombra» ubicado en la Presidencia del Gobierno sin control parlamentario. De hecho, la Comisión Europea ha apercibido a España por la arbitrariedad de como comenzó el primer reparto para el coche eléctrico, anunciando el presidente del Gobierno en una tribuna de El País y en una rueda de prensa quiénes iban a ser las empresas que iban a ejecutar este proyecto sin haber habido previamente concurrencia competitiva.
A la luz de los hechos, se han dado pocos pasos para cambiar lo que no funciona. La opción de que el reparto se ejecute a través del actual sistema de contratos y licitaciones públicas no convence tampoco a las partes, ya que es más lento, está plagado de burocracia y fundamentalmente beneficia a empresas públicas y a las grandes empresas privadas. De esta forma, el Gobierno se aseguraría el beneplácito de las organizaciones con más poder, pero no atacaría a la raíz del problema.
¿Por qué no se toman otras medidas para solventar los problemas del actual sistema? La cuestión es que ya es demasiado tarde para ponerse a idear nuevas soluciones que tarden en aplicarse tanto, o más, que este Real Decreto-ley paralizado como proyecto de Ley en el Congreso. Lo que queda claro es que ni al mismo Gobierno parece que le importe en absoluto desbloquear este decreto, ni acelerar el proceso de reparto, por lo que así es imposible comenzar a recuperarse de esta crisis.
Tras haber analizado ambas posibilidades, podemos concluir que ambas soluciones dejan mucho que desear a la hora de hacer llegar esos fondos a aquellos que más lo necesitan; ya sean empresas, ciudadanos o herramientas a implementar. La nueva medida podría calificarse como una subasta entre amigos donde los ‘lobbys’ sacarían tajada del dinero europeo, algo que la Unión Europea está vigilando para evitar y multar a aquellos países que lo hagan. Por el lado del actual sistema, el reparto llegaría demasiado tarde debido al exceso de burocracia de nuestro país para acometer estos procesos en lo que ni desde dentro de la Administración saben de quien son responsabilidad.
En todo el tiempo que nuestro país lleva en la Unión Europea, nuestra Administración no ha sabido ejecutar y licitar los presupuestos con contundencia y rapidez a las ayudas que han ido viniendo desde Bruselas, demostrando la más absoluta rigidez en nuestro sistema. Es necesario un cambio de cultura institucional en nuestro país para poder hacer un formato híbrido entre las grandes ventajas que tiene la Administración en su tradición garantista y formalista, junto con herramientas que palien sus defectos otorgándole a estas mayor flexibilidad y rapidez en la ejecución de los proyectos.
Totalmente de acuerdo. Gobierno póngase a trabajar en este tema de vital importancia y déjese de disculpas y culpar a otros.