Qué debería hacer el Gobierno y no hace para bajar el precio de la luz

La solución pasa por un cambio eficiente y con celeridad; contundente, pero con seguridad jurídica. 

Fuente:EFE

En primer lugar, es necesario incentivar la entrada masiva de fuentes de energía limpia a corto y medio plazo que contrarresten la enorme dependencia que tenemos del gas: fomento de las energías renovables apoyadas en sistemas de almacenamiento tecnológicamente maduros como las centrales de bombeo reversible, retirar el castigo vía impuestos y cánones a la hidroeléctrica y la nuclear o introducir más cogeneración, entre otros. En segundo lugar, cubrir con un déficit transitorio los enormes costes que están asumiendo 10,7 millones de consumidores, en su mayor parte familias vulnerables, de bajos ingresos, acogidas a programas de ayudas como el bono social o que están bajo esquemas de protección pública. En tercer lugar, una planificación a largo plazo de inventarios de materias primas para asegurar en todo momento el suministro. En cuarto y último lugar, fomentar la venta a largo plazo de energía y una mayor liquidez en los mercados que sirva para cubrir riesgos de enorme magnitud como inviernos más duros o mayor dependencia de menor número de productores que utilizan sus materias primas como arma geopolítica.

Éste es el camino que sí soluciona el problema de fondo de la energía en España, a diferencia de las propuestas conocidas esta semana que introducen más inseguridad jurídica, hunde las expectativas de inversiones en energías renovables y nos hace más dependientes de la coyuntura internacional, concretamente de la injerencia rusa en Europa. La nueva crisis propiciada por el aumento del precio de la luz ha provocado una ola de soluciones con poca garantía de éxito y con las que se intenta distrae la atención de la población culpabilizando a las compañías eléctricas, evadiendo de esta forma la responsabilidad de la política energética. A causa de esta mala praxis, podemos terminar sufriendo un problema mayor al que sufrimos actualmente, con nuevos récords en el precio de la electricidad prácticamente a diario.

Con el actual funcionamiento del mercado eléctrico (el famoso ‘mercado marginalista’) se han conseguido precios muy bajos para las familias y las empresas durante años, pero la cantidad de impuestos y tasas existentes en el recibo de la luz nos ha llevado a ser el quinto país de la Unión Europea donde más se paga por la energía doméstica. La solución no pasa por confiscar el beneficio de las empresas privadas (en muchos casos inexistente porque la mayor parte de la energía generada la tienen vendida a un precio fijo), sino por reducir el gravamen de la energía y apostar por soluciones alternativas a las que no les hemos dado cabida hasta ahora.

Estas políticas suponen cambios inmediatos para no agravar más aún la situación en la que nos encontramos los españoles. El Gobierno debe abogar por un sistema mixto de energía, incentivando lo que durante años se ha hecho bandera (las energías renovables) pero sin dejar el ‘cabo suelto’ de la energía de respaldo, lo que permite que no se produzcan apagones, siendo esto también uno de los puntos clave a los que están sujetos los famosos fondos de la Unión Europea. Estas modificaciones pasan por adaptarse ya, a través de políticas energéticas serias y no de desviar la atención con medidas que no hacen más que retrasar lo inevitable, mientras sigue aumentando el recibo de todos los españoles. Los políticos han de reconocer su error y el Gobierno y sus socios parlamentarios ser responsables con una situación que se puede resolver en el corto plazo. Los españoles no merecen seguir siendo engañados mientras pagan un precio desorbitado por servicios básicos y de primera necesidad.

El populismo con el que se está tratando el problema no hace más que seguir empeorando una situación ya compleja de por sí, medidas semejantes a la ‘expropiación’ de los beneficios de las empresas mientras estas registran pérdidas millonarias no tiene sentido alguno. Los españoles no han hecho nada para encontrarse en una situación de vulnerabilidad que pone en peligro la supervivencia económica de muchas familias de nuestro país, necesitamos soluciones eficientes y las necesitamos ya.

Homenajes contra la libertad. Joseba Arregi y Mikel Azurmendi in memoriam

Con los acercamientos de los presos al País Vasco y excarcelaciones que forman parte de las concesiones del Gobierno de coalición a EH Bildu, estamos inmersos en una campaña de homenajes a etarras en País Vasco y Navarra. 

Fuente:EFE

En estos actos, el Ejecutivo central se ha puesto de perfil, dejando que sean los tribunales los que decidan si se celebran o no, en un claro gesto de dejadez intolerable. Ante esta “normalización” del enaltecimiento del terrorismo (por ejemplo, con actos tan viles y reprochables como el de Henri Parot, uno de los etarras con más asesinatos a sus espaldas condenado por cometer 39) pocas voces de la sociedad se alzaron con tanta autoridad y claridad como las de Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, tristemente desaparecidos en las últimas semanas.

Es preocupante el posicionamiento del Gobierno de Sánchez pensando sobre todo en las familias de las víctimas del terrorismo, que ven como el propio Estado les ha abandonado y permite que sus verdugos tengan espacios para el homenaje mayores que el de las propias víctimas. Contra esto siempre estuvieron Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, defensores de la libertad y la convivencia, los cuales dedicaron y arriesgaron su vida condenando con crudeza todo acto relacionado con la violencia, incluidos este tipo de actos contra aquellos que sufrieron la pérdida de familiares en una lucha armada sin sentido, como explicaba Mikel Azurmendi en su ensayo ‘La herida patriótica’, publicado en 1998, donde analiza la «identidad densa y absoluta» de los casi 200.000 vascos que se consideran en guerra y, que en ella, han olvidado la libertad individual y han generado que hoy «ser autóctono» sea «saber negociar con el miedo».

En honor a todos aquellos muertos y personas como Mikel y Joseba, que lucharon contra las injusticias del terrorismo, el Gobierno de España debe actuar con todas las herramientas que el Estado de Derecho da para impedir el enaltecimiento terrorista y no venderse a las exigencias del extremismo nacionalista. El Ejecutivo de Sánchez se confunde de nuevo de aliados, actuando en contra de la concordia que necesita España con respecto al terrorismo de ETA. Sin embargo, la llama que gente como Azurmendi y Arregi sigue viva, marcando el camino de la responsabilidad que deben asumir nuestros gobernantes en asuntos tan importantes y de responsabilidad social como estos. 

No a la mesa de exclusión

Esta semana ha comenzado la “mesa de la exclusión” entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès para negociar un mayor traspaso de competencias y mayor discrecionalidad de aquéllos que pretenden romper España

Fuente:EFE

Esta mesa de la mentira carece de sentido y más cuando no hay un verdadero diálogo de todas las partes implicadas, ya que no están representados en dicha mesa todos los españoles. Por ello, desde ‘La España que Reúne’, ‘Impulso Ciudadano’ y ‘S´ha Acabat!’, creemos que esta mesa tal como está planteada no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos. 

No es un buen instrumento porque en la citada mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los separatistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país. Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes. 

Además de esto, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación. 

Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural. 

El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades. 

En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles. Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace: 

El diálogo y la negociación en las cortes generales, no en la mesa de la exclusión

Los promotores de esta iniciativa ciudadana consideramos que la mesa de diálogo entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat sobre el futuro político de Cataluña no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos.

Fuente:EFE

Decimos que no es un buen instrumento porque en la citada Mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los nacionalistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país.

Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes.

Pero es que, además, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación.

Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural.

El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades.

En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles.

Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.

Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace:

Promotores:

  • Impulso Ciudadano
  • La España que Reúne
  • S’ha Acabat!

Infraestructuras e interconexiones globales, antídoto contra el nacionalismo envuelto en el falso ecologismo

La ampliación del aeropuerto de El Prat de Barcelona, el AVE que conectará las tres capitales de provincia vascas con Madrid o las obras del tren de alta velocidad con Navarra son continuamente boicoteadas y saboteadas por un nacionalismo que, en sus diferentes manifestaciones políticas y sociales, manipula banderas como la del ecologismo para mantener bajo control a sus territorios, restándoles capacidad de crecimiento y desarrollo.

Fuente:EFE

Históricamente, el nacionalismo excluyente se ha envuelto en eslóganes y soflamas para intentar hacer «legítima» una lucha contra el conjunto de los ciudadanos. En este sentido, el nacionalismo e independentismo tanto de derecha como de izquierda emplean un falso ecologismo meramente instrumental para impedir el desarrollo de redes, infraestructuras e interconexiones vitales, tergiversando la normativa europea de protección de los espacios naturales. 

No sólo es posible, sino que es imprescindible, conciliar la realización de las obras con una apropiada conservación ambiental y un desarrollo del territorio compatible con los sectores económicos y sociales allí instalados. No debemos permitir que, primero el terrorismo y después el independentismo, obstaculicen el desarrollo de nuestro país, infligiendo pérdidas cuantiosas a largo plazo. Pasó con el desarrollo de la energía nuclear, con las conexiones por carretera, con la alta velocidad ferroviaria… No puede volver a ocurrir con las infraestructuras que van a reforzar nuestra conectividad con Europa y el resto del mundo.

En el caso concreto de la ampliación del aeropuerto de El Prat, el argumento falsamente ‘ecologista’ de la protección de la reserva natural de La Ricarda es la excusa para dilatar los plazos y continuar con la reivindicación del “agravio” entre Cataluña y el resto de España en materia de infraestructuras. Cierto es que la afectación de espacios protegidos necesita de la autorización de la Comisión Europea, pero con un plan bien armado y compensaciones ambientales razonables, el órgano europeo da su aprobación.

Esta bandera falsamente ecologista la ha cogido tanto el nacionalismo de izquierda de En Comú Podem como el de derecha de Junts per Catalunya. Un ejemplo es el expresidente de la Generalitat Quim Torra, el cual ha cargado contra esta ampliación diciendo que ya “basta de poner los intereses económicos por delante de la naturaleza”. De esta forma, continúa la línea oficial de su partido instando a los grupos independentistas en actuar en favor de un independentismo catalán que “tome la bandera del medio ambiente”.

Conocemos muy bien a los independentistas. Bajo este discurso defensor del medioambiente se esconde una de las bases del nacionalismo y más cuando se pretende la consecución de un país independiente. El pánico a la apertura exterior se esconde detrás de estas palabras de los líderes independentistas que pretenden no abrir de más su territorio. Cuanto más proteccionismo para el nacionalismo mejor, para ellos carece de sentido la ampliación de El Prat y por eso quieren evitar a toda costa, Europa mediante, esta renovación.

Cuidado con ‘la vuelta al cole’

Ya termina este segundo verano de pandemia y la cosa no ha mejorado como se esperaba con las vacunas. Sin inmunidad de grupo y a la espera de que se aprueben desde los organismos internacionales de la salud la administración de una tercera dosis de la vacuna

Fuente:EFE

Nos encontramos en España ante una situación en la que mueren cerca de 200 personas al día por el virus, inmersos en una quinta ola que ha devuelto infecciones a los centros de cuidados y que también se puede dar en la vuelta a las aulas de los más jóvenes.

Es imprenscindible acelerar la campaña de vacunación para que todas aquellas personas que vayan a asistir a clases en cualquiera de los niveles formativos, puedan hacerlo con las máximas garantías sanitarias. El año pasado, a pesar de la situación en la que nos encontrábamos, ni las comunidades autónomas ni el Ejecutivo estuvieron a la altura de lo que necesitaba la sociedad española; ahora hay una nueva oportunidad para poder garantizar a la ciudadanía lo que se merece en materia de Educación y Sanidad.

Es necesario ampliar turnos y llamar a más personal cualificado para poder vacunar y que no pase en lugares como el Hospital Isabel Zendal de Madrid, donde a pesar de estar abiertos las 24 horas del día, durante la noche no hay apenas citas ni personal para vacunar. Es de vital importancia poner los medios necesarios para lograr lo que a día de hoy supone un reto.

Los primeros en dar comienzo a la actividad docente serán los estudiantes universitarios, de grado o máster, y los de ciclos de formación media y superior. En estos casos, en su mayoría podrían llegar al pistoletazo de salida del curso con dos dosis, pero hay que tratar de que esa posibilidad sea una realidad. Más tiempo tendrán los que cursen la educación escolar para ser vacunados, pero también es probable que lleguen con menos garantías de comenzar las clases con la pauta completa, ya que en muchas comunidades todavía están vacunando jóvenes adolescentes.

Desde la asociación pedimos a las administraciones que pongan en valor nuestro sistema público de Sanidad y, repetimos, que amplíen horarios y plantilla para poder dotar de mayor seguridad a todos los españoles. La vuelta al trabajo y a los estudios tras el verano debe hacer que los políticos estén alerta ante los efectos destructores que consigo puede volver a traer el Covid-19 y sus variantes.

Estos refuerzos en las vacunas no pueden quedarse ahí, sino que hay que complementarlos con medidas de seguridad que puedan beneficiarnos a todos. Para ello es necesarios la cooperación entre los agentes políticos y expertos en la materia, solemos incidir siempre en la necesidad de apoyo entre los gobiernos regionales y Moncloa, pero es que sin el entendimiento común, imprescindible en democracia, no solo no lograremos acelerar la vacunación, sino que seguiremos poniendo en peligro nuestras vidas por culpa de las pataletas políticas.

La inación del Mar Menor hace saltar las alarmas

La Región de Murcia se encuentra sumida en el caos un verano más debido a la falta de acción por parte de distintas administraciones en torno al desastre ecológico del Mar Menor. La mayor laguna de agua salada de Europa esta en una situación límite y se está convirtiendo en una cloaca: peces muertos salen de forma descontrolada del fondo del mar y todavía nadie ha tomado medidas.

Fuente:EFE

El problema surge de los vertidos incontrolados que están contaminando las aguas que desembocan en este territorio, fundamental para la región y para parte de su ciudadanía. De momento, tras unas palabras de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, queda claro que de manera directa no se hará nada, más allá de velar por el respeto de la ley contra los vertidos con un refuerzo en la vigilancia de sus aguas.

Para lo que si ha valido, por el momento, es para poner a trabajar codo con codo a PSOE y PP aunque sea dentro de esta comunidad. Teresa Ribera y el presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Mirás, trabajarán juntos para abordar un problema tildado por los afectados como una cuestión de Estado; y no es para menos si recordamos la catástrofe del Prestige en las aguas gallegas, en la que se actuó de forma tardía por parte de la Administración.

La colaboración entre los dos grandes partidos es algo que desde ‘La España que Reúne’ veníamos reclamando y, aunque sea por una desgracia inmensa como la del Mar Menor, es una buena noticia y debe ser un punto de partida en la colaboración entre ellos para eliminar a los socios extremistas de ambos partidos. Es momento de no echarse culpas y de trabajar juntos, al contrario de lo que se hizo en la pandemia. Los políticos deben cumplir con sus obligaciones para luchar por el bien común.

Tras una reunión mantenida en el Palacio de San Esteban, ambos representantes reconocieron ante los medios esta predisposición con una serie de medidas concretas para revertir de la mejor forma y con la mayor brevedad posible los efectos de esta crisis medioambiental. Como primera decisión tras este encuentro, el Gobiernos autonómico prohibirá el uso de los fertilizantes nitrogenados en las zonas más próximas al Mar Menor así como la reducción de los plazos administrativos que sancionan a aquellos que se salten las leyes en el ámbito de la albufera.

Como mencionamos al principio, esta no es la primera vez que pasa algo por el estilo en la misma localización. Ya en octubre de 2019, se produjo el mismo suceso pero en una escala menor a la actual. Los cálculos de la ejecutiva autonómica, señalan que los peces muertos este verano superan en más de un 70% al total extraído en 2019; aunque las asociaciones medioambientales creen que estos cálculos han podido ser realizados muy a la baja y que los números totales serán escandalosos.

Desde ‘La España que Reúne’ pedimos una rápida actuación de las administraciones y la corrección del problema, desde el mismo lugar de estos vertidos, ya que, en caso contrario, esta situación se puede convertir en un suceso recurrente durante los próximos meses y años. También queremos dar mucho ánimo y reconocimiento a todas las personas que participan en las labores de limpieza de la zona y mucho ánimo a todos los afectados por esta catástrofe evitable.

Cuando es demasiado tarde para restituir el dinero público

Una labor tan necesaria de contrapeso como la que ejerce por mandato constitucional el Tribunal de Cuentas, no puede verse ensombrecida por la lentitud de sus procedimientos, en especial ante grandes casos de desfalco de dinero público.

Fuente:EFE

Casos como los ERE en Andalucía, la antigua Convergència en Cataluña o Gürtel en Madrid y Valencia, han supuesto un quebranto sin precedentes del dinero del contribuyente de manera continuada durante décadas que debe ser dirimido de forma rápida y contundente antes de que sea demasiado tarde.

Dotarnos de organismos fiscalizadores con aparatos de análisis y ejecución rápidos, flexibles y disponibles siempre y en todo momento para intervenir, es imprescindible ante un presente y futuro cada vez más complejos y con demandas sociales de transparencia cada vez más importantes. Este tipo de ejercicios debe funcionar con independencia de que se diriman posibles responsabilidades penales, garantizando siempre la seguridad jurídica. En muchas ocasiones, la complejidad de las investigaciones judiciales lleva a una dilatación de los tiempos tan enorme que hace inviable restituir el dinero mal empleado.

Uno de los últimos casos que evidencian la urgencia de intervención en esta dirección es la mala gestión continuada de exlíderes socialistas y sindicales de las ayudas para el desempleo y la formación en Andalucía. Concretamente, el Tribunal de Cuentas exige a UGT más de 15 millones de euros en un auto de liquidación provisional con relación a las presuntas irregularidades en los expedientes de empleo fraudulentos. El origen de esta reclamación, según una nota del propio órgano de fiscalización contable, se encuentra en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas socio laborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía entre los ejercicios 2001 a 2010. 

A partir de sus resultados y ante la posibilidad de que hubiera responsabilidades contables, el Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía presentaron demandas y se abrieron tres procedimientos diferentes. Respecto de uno de ellos, el pasado 15 de julio se dictó acta de liquidación provisional en la que se reclaman solidariamente a los investigados un total de 15,6 millones, si bien de ellos 7,69 la investigación los imputa indiciariamente al que fuera director de Trabajo de la Junta ya fallecido Francisco Javier Guerrero, por lo que de esta cantidad, de confirmarse una condena por responsabilidad contable, responderán sus herederos.

De estos hechos ya han transcurrido más de 11 años y hemos obtenido la resolución de forma reciente. Tras la sentencia, en enero de 2020, el Tribunal de Cuentas ha tomado cartas en el asunto y exige la devolución de la cantidad indicada anteriormente. En el acta se cita igualmente como presuntos responsables del desvío de este dinero público aún pendiente de enjuiciar la Federación Estatal Minerometalúrgica de CC.OO. y la Federación Estatal del Metal, Construcciones y Afines de la UGT., además de varias empresas vinculadas a estas ayudas.

Las ayudas fueron, supuestamente, concedidas a “trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo u otro tipo de despido”. Sin embargo fueron incluidos y se beneficiaron de este mecanismo otros “trabajadores que no reunían las condiciones exigidas para ello”, según el informe expedido por el Tribunal de Cuentas. La responsabilidad contable se derivaría de estas prácticas supuestamente ilícitas, lo cual dio ligar “a la existencia de unos menoscabos en los fondos públicos de la Junta de Andalucía que estarían constituidos por el importe de las primas correspondientes a las pólizas de seguros de rentas contratadas para la cobertura de estas contingencias”. Todos estos datos se refieren a los datos de todos “aquellos trabajadores que indebidamente hubieran sido incluidos en los expedientes de regulación de empleo, en los importes que hubieran sido financiados por la Junta de Andalucía”.

Desde ‘La España que Reúne’, al igual que como pasó con la resolución del Tribunal Constitucional acerca del primer toque de queda, manifestamos nuestra más absoluta preocupación sobre la tardanza de las deliberaciones sobre las que, tras más de diez años, no se han obtenido una respuesta clara desde el máximos organismo contable de nuestro país en términos de dinero público. Esperamos que esto mismo no suceda en una futura resolución del Tribunal de Cuentas acerca de la resolución de la financiación de procés en Cataluña.

La salud mental a través de los JJOO

Dentro de la sociedad española, este año 2021 ha cobrado gran fuerza en el debate político y social la importancia vital de la salud mental para poder desarrollar una vida plena. La salud mental abarca cantidad de rangos, no solo necesita apoyo una persona con una enfermedad diagnosticada. 

Fuente: EFE

Problemas como el estrés, la depresión, o la ansiedad; ya comunes entre la sociedad y cada vez más corrientes, no son tomados en serios por las mismas personas que sufren estas patologías que, aunque muchas veces ni las mismas personas que lo sufren son conscientes de su gravedad.

Este periodo de pandemia, donde hemos tenido que pasar más tiempo en casa o teletrabajando, ha aflorado cantidad de estos trastornos, más comunes, en los que nos vamos a centrar ya que, como hemos comentado, cada vez es un tema más frecuente en los medios y en los temas de conversación entre los españoles.

En el contexto actual, nos encontramos inmersos en los Juegos Olímpicos de Tokio, una actividad que, a modo de tradición, la sociedad española suele seguir acompañada de sus familias disfrutando de la gran variedad de deportes y atletas. Hace pocos días, saltó la noticia de que Simone Biles, una de las mayores estrellas de estos juegos olímpicos y claro opción a medallas de oro en gimnasia artística para Estados Unidos se marchaba de estos JJOO bajo un mar de dudas sobre el motivo. Ella misma despejaría a través de sus redes sociales que se debía a la presión que sentía en su persona y la ansiedad que esta situación le provocaba a la joven olímpica.

Otro de los nombres propios de estos Juego y campeón olímpico, al igual que Biles, es el británico Tom Daley. Al saltador, medallista en los 10 metros sincronizados, se le vio en las gradas del Centro Acuático cosiendo mientras disfrutaba del resto de competiciones acuáticas. También el reconoció a través de sus redes sociales, con la imagen suya tejiendo, que “es la manera en la que encuentro la calma y puedo presentar una atención plena que me alivia del estrés”, decía la publicación.

Es muy fácil que socialmente a los deportistas se les trate como auténticos privilegiados y se enmascaren sus problemas porque “viven de lo que más les gusta en el mundo”. Por eso mismo, debemos valorar que esos ‘privilegiados’ puedan ser susceptibles de graves problemas para el rendimiento y, por eso mismo, el resto de las personas deben tomar consciencia que todos podemos sufrir de trastornos en menor o mayor grado y no darle importancia. Es realmente importante para nuestra salud general poder ofrecer al cuerpo la comprensión necesaria para evitar que estos problemas ‘menores’ puedan derivar en algo más grande.

Claves de la mayor oferta de empleo público

El reto de conciliar nuevos empleados públicos a corto plazo con la jubilación masiva de baby-boomers en 5 años

Lo que se ha calificado en los medios como “la mayor oferta de empleo público de la historia”, en el fondo debería responder a una necesidad más que imperiosa para la Administración Pública, la cual se enfrenta en los próximos cinco años a la jubilación del 12,7% de sus efectivos (438.200 personas), y en diez años del 30% (prácticamente un millón de empleados públicos). En los últimos cinco años, la demografía funcionarial en España ha envejecido a marchas forzadas. Según los últimos datos del INE, 95.000 personas han cumplido los 50 años y 183.100 han sobrepasado la barrera de los 60 años.

Sin perder de vista otras motivaciones espurias del actual Gobierno de coalición al aprobar una convocatoria masiva de más de 30.000 plazas para formar parte del personal de la Administración Central y Seguridad Social, es un debate prioritario en el que el coste de los nuevos empleados públicos tiene que evaluarse no sólo en términos de Presupuestos Generales del Estado del año en curso sino en términos estructurales. Se van a jubilar empleados públicos baby-boomers con altas bases de cotización, con lo cual van a devengar pensiones más altas pagadas por la propia Administración (desde el año pasado, Clases Pasivas se gestiona por parte de la Seguridad Social), con lo cual no se producirá ahorros significativos sino un trasvase de costes de una parte de la Administración a otra. Por tanto, es necesaria una política prudente que evalúe qué tasa de reposición es óptima y más eficiente para no disparar el coste estructural de sueldos en el sector público.

Los datos de la Administración revelan que desde 2018, el Gobierno de Sánchez ha ofertado más de 100.000 empleos públicos. Entre los puestos ofertados este año, el Ejecutivo pretende reforzar los sectores que considera como ‘prioritarios’, pero sin especificar cuáles son. Con este movimiento crecerá el número de empleados estatales, ya que se sustituirá a todos los trabajadores que se jubilen y se contratará a un 10% más. En los sectores no considerados como ‘prioritarios’, la tasa de reposición será del 100%, por lo que no habrá recorte de personal.

Estas cifras, se añaden a los casi 7.000 puestos ofertados para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; lo que suponen más de 30.000 empleos públicos. Entre estos puestos, de los que en torno a 9.500 estarán reservados para promociones internas, complementan las 1.920 vacantes que se cubrirán en las Fuerzas Armadas y los 5.034 nuevos efectivos que se incorporarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre las tres categorías, el Gobierno habrá ofertado un total de 30.445 plazas este año.

A ello se une la posible renovación del sistema de examen para el acceso a un empleo público. De esta forma, se pretende valorar la aptitud sobre la memorización de conceptos para pasar la prueba; esto es algo que se lleva valorando desde el Gobierno central y desde los autonómicos desde hace ya varios años. Se desconoce si se tratará de aplicar la reforma del sistema antes de este nuevo proceso de evaluación.

Desde ‘La España que Reúne’ creemos conveniente atender a las necesidades de la Administración, pero poniendo atención a las necesidades reales de esta y no abusar así de la excesiva burocracia estatal. Debemos tener en cuenta que España es de los países europeos con mayor número de empleados públicos en términos absolutos, a excepción de los países nórdicos, pero no se pueden comparar sus economías y sociedades con la nuestra.

Es imprescindible analizar, bajo una perspectiva de medio plazo, si los nuevos efectivos son suficientes para prestar un servicio público de calidad. Debe generarse un debate interno en la Administración acerca de la eficiencia del funcionariado, ya que con menos gente en algunos casos se puede llegar a ser más eficiente, pero viendo qué tasa de reemplazo sería la óptima. No es necesario que se reemplacen al 100% las plazas que se liberen de todas las secciones de la Administración, no tiene sentido querer aumentar efectivos si no son necesarios. El Gobierno debe preguntarse “¿Cuál debería ser la tasa óptima?” y no hacer caso únicamente a las exigencias de las asociaciones sindicales.