Normas y restricciones ante la pandemia: el ‘caso Djokovic’ 

Estas últimas semanas ha sido noticia en el mundo del deporte la noticia de la llegada de Novak Djokovic para disputar el Open de Australia sin haberse vacunado, en un país que ha sabido gestionar con éxito la pandemia y tiene unas normas muy claras en términos de salud pública con respecto al virus.

FUENTE: EFE

La situación de tenista nº1 del mundo se ha convertido en cuestión de estado en el país oceánico tras una polémica exención médica que le otorgó la organización de Open de Australia y con la que el serbio de decidió a acudir, a sabiendas de que el que impone la ley es el país y no la competición. 

Djokovic es libre y ha de respetarse su decisión de no haberse vacunado, así como él debe acatar las leyes de un país si quiere acceder a legalmente a un país sometido a unas políticas restrictivas de las más duras del mundo durante la pandemia. Este, no es un conflicto entre antivacunas y provacunas; pero los antivacunas han encontrado una figura de peso en el deporte para apoyar su tesis, siendo peligroso para la salud que haya gente que no se vacune y se contagie de covid, debido a los efectos que este puede tener sin una protección como la de las vacunas. 

El tenista serbio estuvo unos días ‘retenido’, pero la decisión del juez Anthony Kelly le dio un respiro al este ordenar al Gobierno australiano implementar la orden de liberación, entregar su pasaporte al tenista serbio y sus efectos personales y pagar los costes legales de Djokovic, quien podría jugar en el Abierto de Australia.  

Entre los argumentos de Djokovic para no vacunarse es que pasó el virus hace 6 meses y recientemente, en diciembre. Argumento que, de ser cierto, sería de gran irresponsabilidad por parte del deportista, debido a que tuvo un acto el día después de ese supuesto positivo, con niños y sin ningún tipo de medidas de seguridad.  

Como comentamos al principio de esta pieza, no es preocupante que el tenista serbio, nº1 del mundo, no haya sido vacunado; pero debe asumir las consecuencias de sus actos, así como la de tomar responsabilidad en sus acciones y no culpabilizar a otros por sus errores. Esta situación está causando gran revuelo a nivel mundial, dando fuerza a que la gente que niega el virus o su cura se reafirmen en figura de gran referencia.  

Aquí en España se ha cogido a Djokovic como figura a defender por la ultraderecha, ya que Djokovic comparte esos valores ultraconservadores y ultranacionalistas que bien pueden ser identificables con los partidos de la extrema derecha; cuando identificarnos con los valores de Rafael Nadal, de un cumplimiento total y absoluto de la norma establecida, debería ser lo normal y más responsable. 

Finalmente, el caso se ha cerrado con la marcha del tenista de Australia al no cumplir las normas imperantes en el país. De esta forma se cierra uno de los casos que más controversia ha generado entre los aficionados de este deporte, y también entre los que defienden la ley y aquellos a quienes su libertad les preocupa más que la común.  

Desde otro de los ‘Grand Slam’ del tenis, la organización del Roland Garros también ha adelantado su rechazo a dejar participar a jugadores sin esta vacunados. Tesis que casa a la perfección con el discurso de su presidente, Emmanuel Macron, durante estas últimas semanas 

Está bien querer defender nuestras libertades, pero ningún individuo está por encima de la libertad colectiva. 

La licitación de los fondos europeos: el remedio peor que la enfermedad

Pronto se cumplirá un año de la convalidación del Real Decreto-Ley 36/2020 que regularía la concesión de los fondos europeos. Sin embargo, el que se anunció como el cambio más drástico y modernizador de la Administración para agilizar la llegada de los fondos ha entrado en ‘vía muerta’ tras sucesivas prórrogas de los plazos de enmiendas y enfrentarse a la realidad de que la Administración no está suficientemente preparada para una tarea tan compleja como ejecutar 140.000 millones en cuatro años y haciendo llegar el dinero al tejido productivo.

FUENTE: ISTOCK

La fuerza de los hechos ha impuesto un sistema que mezcla el sistema administrativo existente con nuevas fórmulas de convocatoria, pero con una fuerte dependencia de empresas públicas y grandes multinacionales que sirvan como garantía de que los fondos se pueden aplicar en tiempo y forma comprometidos con la Comisión Europea.

En este sentido, la prometida «nueva herramienta para ‘mejorar’ la canalización de los fondos europeos», era en muchos sentidos peor que lo ya existente. Entre otras cuestiones, elevaba la probabilidad de desviar fondos en favor de los ‘lobbies’ más cercanos al poder e incluso creando el germen de nuevos casos de corrupción. El Gobierno de coalición optó por crear un nuevo sistema fuera de las coordenadas tradicionales de la intervención y supervisión administrativa y fuera de la Ley de Contratos del Sector Público, en vez de construir una alternativa desde dentro, lo que le hubiera restado burocracia a una Administración repleta de mecanismos obsoletos.

Afortunadamente, el cambio de Gobierno en julio y el parón legislativo en esta materia han eliminado de facto uno de los elementos más lesivos del «durmiente» proyecto de Ley: la dependencia de la concesión y gestión de los fondos de un «gabinete en la sombra» ubicado en la Presidencia del Gobierno sin control parlamentario. De hecho, la Comisión Europea ha apercibido a España por la arbitrariedad de como comenzó el primer reparto para el coche eléctrico, anunciando el presidente del Gobierno en una tribuna de El País y en una rueda de prensa quiénes iban a ser las empresas que iban a ejecutar este proyecto sin haber habido previamente concurrencia competitiva.

A la luz de los hechos, se han dado pocos pasos para cambiar lo que no funciona. La opción de que el reparto se ejecute a través del actual sistema de contratos y licitaciones públicas no convence tampoco a las partes, ya que es más lento, está plagado de burocracia y fundamentalmente beneficia a empresas públicas y a las grandes empresas privadas. De esta forma, el Gobierno se aseguraría el beneplácito de las organizaciones con más poder, pero no atacaría a la raíz del problema. 

¿Por qué no se toman otras medidas para solventar los problemas del actual sistema? La cuestión es que ya es demasiado tarde para ponerse a idear nuevas soluciones que tarden en aplicarse tanto, o más, que este Real Decreto-ley paralizado como proyecto de Ley en el Congreso. Lo que queda claro es que ni al mismo Gobierno parece que le importe en absoluto desbloquear este decreto, ni acelerar el proceso de reparto, por lo que así es imposible comenzar a recuperarse de esta crisis.  

Tras haber analizado ambas posibilidades, podemos concluir que ambas soluciones dejan mucho que desear a la hora de hacer llegar esos fondos a aquellos que más lo necesitan; ya sean empresas, ciudadanos o herramientas a implementar. La nueva medida podría calificarse como una subasta entre amigos donde los ‘lobbys’ sacarían tajada del dinero europeo, algo que la Unión Europea está vigilando para evitar y multar a aquellos países que lo hagan. Por el lado del actual sistema, el reparto llegaría demasiado tarde debido al exceso de burocracia de nuestro país para acometer estos procesos en lo que ni desde dentro de la Administración saben de quien son responsabilidad.

En todo el tiempo que nuestro país lleva en la Unión Europea, nuestra Administración no ha sabido ejecutar y licitar los presupuestos con contundencia y rapidez a las ayudas que han ido viniendo desde Bruselas, demostrando la más absoluta rigidez en nuestro sistema. Es necesario un cambio de cultura institucional en nuestro país para poder hacer un formato híbrido entre las grandes ventajas que tiene la Administración en su tradición garantista y formalista, junto con herramientas que palien sus defectos otorgándole a estas mayor flexibilidad y rapidez en la ejecución de los proyectos.

Abandonar el sesgo retrospectivo sobre la historia y la justicia universal 

El intento de deslegitimar la Transición por parte de una juez argentina con la causa contra Martín Villa, es un buen ejemplo del sesgo retrospectivo que impregna la denominada «justicia universal».

FUENTE: El Comercio

Recurrir a una interpretación distorsionada de la Historia es una herramienta frecuente en la denominada «justicia universal». Un ámbito que, cuanto menos, es espinoso y cuando se intenta aplicar en los países desarrollados, supone una extralimitación de las competencias jurisdiccionales.

Uno de los casos más recientes de aplicación de la «justicia universal» ha sido la causa penal abierta en Argentina contra el exministro Rodolfo Martín Villa. Como bien recordaba recientemente Abel Cádiz, se trata de una «juez populista de izquierda, que se sirvió de una sentencia de 1996 en la que la Corte Internacional de Justicia reconocía el derecho de los estados a ejercer la justicia universal en casos de genocidio«.

Este caso se ha convertido en un paradigma claro de utilización de la Justicia con fines revisionistas, incluso llegando al extremo de intentar juzgar la Historia sin haber analizado previamente el contexto del momento en que se produjeron los hechos y, menos aún, eliminando el sesgo retrospectivo después de casi cinco décadas desde el momento que se investiga.

Justicia e Historia son dos ámbitos diferentes. Las herramientas que se utilizan en uno no son válidas para el otro, y viceversa. Más aún cuando en casos como éste, un juez de un tercer país se arroga la facultad de pasar por encima del ordenamiento jurídico de otro país sólo con el pretexto de una mal interpretada y mal aplicada «justicia universal».

La juez argentina Servini, a pesar de no haber obtenido pruebas concluyentes, evidencias suficientes y hechos incontestables contra Martín Villa (así es como lo ha dictaminado la Corte Penal argentina), ha seguido fabricando un proceso sin ningún sentido y, lo que es peor, generando dudas en torno a la legitimidad de la Transición en España.

Es necesario poner fin al uso (y, sobre todo, abuso) de la «justicia universal» como mecanismo de deslegitimación de regímenes plenamente democráticos. Este tipo de causas deben estar reservadas a casos de verdaderos crímenes de lesa humanidad, para lo cual existe y actúa la Corte Penal Internacional. 

Editorial: A los dos años del Gobierno de coalición 

Pocas veces en la historia política reciente el concepto de «equilibrio inestable» se ha convertido en la filosofía y razón de ser principal del Gobierno de un país. Se cumplen dos años de la formación del primer Ejecutivo de coalición en España formado por el PSOE y Unidas Podemos, los cuales para sus protagonistas han sido muy positivos por el número de leyes aprobadas, los acuerdos alcanzados mediante el diálogo social y el reconocimiento de nuevos derechos. 

FUENTE: La Voz de Galicia

Medir así el éxito de un Gobierno es normal y aconsejable en un sistema democrático en el que se producen grandes acuerdos y mayorías cualificadas. Sin embargo, la democracia española no se desenvuelve dentro de unos ejes normales de coordenadas como venía sucediendo desde 1978 ya que, para conseguir los resultados que ponderan los socios de coalición, ha sido necesario naturalizar o normalizar el apoyo explícito y continuo en el tiempo de grupos políticos extremos, cuya finalidad última es acabar con el actual Estado de Derecho.

En este sentido, para valorar la acción del Gobierno de coalición es muy importante el «cómo» se ha llegado a los acuerdos y su sostenibilidad en el tiempo, dado que de otra forma, estaremos ante una versión moderna de la teoría maquiavélica «el fin justifica los medios«. Naturalizar al enemigo constitucional no es una acción inocua. Es un experimento efímero, pero con consecuencias de largo radio. Las democracias liberales no son indestructibles ni tampoco salen indemnes de gobernantes que tensan sus fibras más delicadas.

En un momento político experimental como el actual, el rigor en el análisis da paso a un cálculo probabilístico de cuánto tiempo será capaz el sistema democrático y de derecho español de resistir lo que está ocurriendo sin que se produzcan daños estructurales irreversibles.

No es posible establecer unas tesis racionales si continuamente se están moviendo los ejes de coordenadas hacia lo que en cada momento decide el gobernante. Si se sigue haciendo análisis racional sobre el que se articule una acción política, se caería en el desasosiego permanente y el radicalismo, cosa que ya vienen evidenciando las encuestas de opinión que se van publicando en los últimos meses.

Es exactamente lo que ha sucedido en los últimos dos años en torno a la duración de la coalición. Los pronósticos más desfavorables no se han cumplido porque las tesis que los fundamentaban estaban basadas en análisis racionales y en la ética de qué es posible y qué no lo es. Sin embargo, la frontera de lo «posible» se ha ampliado mucho más de lo que la racionalidad política era capaz de prever.

Dos años dan para mucho cuando la dinámica política no es la normal. Una coalición que ha vivido dos etapas muy diferenciadas: por un lado, la constitución del Gobierno y la primera parte de la pandemia; y, por otro lado, el cambio de Gobierno efectuado por el presidente Sánchez para intentar detener la crítica interna del PSOE tras las Elecciones Autonómicas de Madrid. Una historia trufada de desencuentros, salidas de tono, episodios rocambolescos (el caso último de la ganadería intensiva y el ministro de Consumo, sin ir más lejos) y otros de mayor consideración. 

Ante esta situación, no es razonable una estrategia de «wait and see», sino una acción y un discurso político fuera del eje de coordenadas marcado por el Gobierno de coalición, que recoja y sea fidedigno con lo que la sociedad española está viviendo para buscar una amplia mayoría transversal.

 

Entre la reelección de Macron y la refundación del eje franco alemán: las claves de la presidencia de la UE

Comienza el semestre de la presidencia francesa de turno de la Unión Europea casi con el mismo número de tareas pendientes que tenía al principio la presidencia eslovena, a lo que se añaden nuevas circunstancias y cambios de escenario en la política internacional, especialmente en los países geográficamente más próximos. El discurso inaugural del presidente Emmanuel Macron sirvió para enumerar los retos de los próximos seis meses, en un entorno de parálisis de las principales instituciones europeas tras haber realizado el esfuerzo de poner en marcha el Plan de Recuperación durante la segunda mitad de 2020 y la aprobación de algunas leyes como las que regulan el mercado digital europeo

FUENTE: EFE

La presidencia de turno iniciada el 1 de enero se va a mover entre dos aguas: por un lado, la incertidumbre en torno a la reelección en abril de Macron y, por otro lado, la refundación de las relaciones entre Francia y Alemania tras la formación de la coalición social-liberal-verde y los desencuentros en cuestiones esenciales de las últimas semanas.

En el primer caso, aunque las encuestas a 100 días de las Elecciones sean positivas para el actual presidente, está en juego la presidencia de la República. Tal como han señalado varios analistas en las últimas semanas, ninguno de los favoritos en las encuestas en los meses previos a los comicios llegó a ser elegido. Esta regularidad empírica puede resultar especialmente útil en esta ocasión, dada la situación política en Francia que hace menos previsible que en ocasiones anteriores el resultado final. La composición tradicional de los partidos políticos franceses ha estallado en los últimos años, dejando un escenario de fragmentación e imprevisibilidad muy notables, sobre todo en lo que a fortalecimiento de la extrema derecha se refiere.

En el segundo caso, es una incógnita cómo se establecerá la relación entre Macron (o su sucesor a partir de abril) y el nuevo Canciller alemán Scholz. Habiendo perdido el tradicional eje franco-alemán, recomponer la posición de acuerdos estratégicos entre París y Berlín no va a ser tarea fácil, incluso a pesar de una mayor afinidad ideológica como existe tras el cambio de gobierno en Alemania. Por un lado, es necesario poner en práctica diversos paquetes normativos como la regulación de los servicios digitales, los planes estratégicos de la Política Agrícola Comunitaria (PAC), aprobar y ejecutar regulaciones específicas bajo el paraguas del Green Deal (el caso, por ejemplo, del arancel de carbono en frontera, los acuerdos de reciprocidad con los países de origen de importaciones) o los cambios en el mercado de trabajo, entre otros.

Pero, por otro lado, están varios puntos de importancia trascendental donde los intereses y posición geopolítica de Francia y Alemania no coinciden. Desde la transición energética (en la cual no hay acuerdo en si considerar ‘verde’ la energía nuclear como defiende Francia o el gas como defiende Alemania) a la relación con Rusia (el canciller Scholz habla de ‘refundar’ las relaciones con Putin, en plena época de fuertes tensiones y la consideración por parte de Francia de ‘enemigo geopolítico’), pasando por los planes de reconversión de industrias y sectores para cumplir con los objetivos climáticos.

Éstas son las coordenadas sobre las que se moverá la presidencia francesa en los próximos seis meses. Cabe esperar algunas sorpresas. No hay más que ver el estallido social en Kazajistán, los movimientos de Rusia en la frontera con Ucrania o la propagación de la variante Ómicron en toda Europa. Es necesario estar vigilantes ante el desarrollo de la nueva presidencia de turno, ya que dos semestres después le tocará a España.

El concepto ‘derogación política’ y el triunfo del ‘neolenguaje’

El neolenguaje es una herramienta útil para conciliar realidades que no son conciliables, decir algo sin decir nada o hacer brillar una u otra decisión política sin que implique nada nuevo y/o deseable. Ésta es la acción principal de la vicepresidenta Díaz en torno a la mal llamada ‘derogación de la reforma laboral’, más aún denominándola ‘derogación política’.

Fuente:EFE

Quitar la capa del ‘neolenguaje’ permite ver los aspectos básicos que sí pueden ser analizados y medibles de forma seria. El primero -y más importante- es que, a falta de conocer el texto definitivo, el nuevo Decreto-ley se limita a retocar aspectos relevantes de la normativa actual nacida en 2012, pero con consecuencias prácticas reducidas en materia de fijación de salarios, condiciones de trabajo y tipo de contratación.

Es, en este momento, no el óptimo pero sí uno de los mejores resultados de una negociación que se había complicado de una forma extraordinaria, dada la ambición de la vicepresidenta Díaz de obtener un banderín de enganche ante las próximas citas electorales. Si bien algunos de los socios de legislatura ya han dicho que no apoyarán la convalidación del Real Decreto-Ley cuando éste se lleve a las Cortes, los cambios normativos anunciados al menos no ponen en riesgo el puesto de trabajo de la mayor parte de los trabajadores, ya sea con un endurecimiento de las condiciones de empleabilidad o frenando la contratación por parte de los empresarios. Sánchez se metió en un gran problema con sus pactos para gobernar y ahora está pagando con creces estas decisiones.

En los últimos días, al menos la vicepresidenta segunda ha sido sincera, pero usando el ‘neolenguaje’ de ‘derogación política’. Yolanda Díaz admitió que el uso de este término es un «fetiche político» y que «técnicamente» no se puede poner fin a la norma de manera completa. La reforma laboral de 2012 «fue expansiva y afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de Trabajadores, a varios reales decretos y a varias directivas», explicó la también ministra de Trabajo, que concretó que el objetivo es «suprimir algunos aspectos del ordenamiento jurídico», como, de hecho, ya ha ocurrido durante esta legislatura en casos puntuales. «Pero otros no», aclaró, por lo que el Gobierno no tiene previsto acabar totalmente con la norma, sino con el «marco de relaciones laborales del PP», que va a «cambiar».

Es imprescindible que se hagan cambios en el mercado laboral y Europa ya ha avisado de que hay que tocar la Reforma Laboral de 2012, y también ha dicho que no se debe eliminar los preceptos que evitan rigideces en el ecosistema español sin haber salido de la presente crisis en la que nos encontramos, pero el gobierno y sus socios lo han enfocado desde el punto de vista político, ni siquiera ideológico, y ahí reside el principal problema: sus motivaciones se centran en conseguir una suerte de ‘triunfo político’ para sus votantes más que tratar de mejorar el contexto actual en el que nos encontramos

Con respecto a la temporalidad, era necesario abordar el problema, como pide Europa, desde el consenso con patronal y sindicatos, no desde la imposición a través de porcentajes que pide el Ejecutivo. El mercado laboral no responde a los deseos o voluntades de los empresarios o los sindicatos, depende del ciclo económico. La contratación temporal responde a necesidades coyunturales. De lo que no depende es de la voluntad política. Y esto es lo que se trata de imponer sin ser conscientes de las consecuencias y de cómo pueden afectar estos cambios al mercado.

La vicepresidenta primera de Gobierno y responsable de Economía, Nadia Calviño, es quien ha tenido las cosas más claras. Ha expresado «con claridad» y desde hace «bastante tiempo» cuál es el objetivo del Gobierno de coalición: ejecutar una contrarreforma que permita «erradicar la precariedad» en el mercado laboral, no hacer una reforma política que contente a algunos y pueda precarizar el mercado.

Todo lo demás, opinó la ministra de Asuntos Económicos, forma parte de una discusión «estéril» en busca de «eslóganes». Los españoles «se merecen más», zanjó Calviño sobre la polémica acerca de cómo definir la acción que está diseñando el Ejecutivo y tiene toda la razón del mundo. En esta ocasión, la voz de Calviño ha prevalecido en los cambios necesarios en la reforma del 2012.

La gran subasta

La negociación presupuestaria es siempre un tira y afloja entre el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios. Si en la última edición de nuestra newsletter hablábamos de los intentos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) por romper la Denominación de Origen Rioja con fines políticos y tener poder de decisión en la producción de los vinos de La Rioja alavesa, en esta hablamos del desbloqueo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a los Presupuestos Generales del Estado debido a la aprobación de la Ley Audiovisual.

FUENTE: EFE

Esto reservará un mínimo anual de 15 millones de euros para la producción de películas y series en catalán y demás lenguas cooficiales, así como la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales, según los detalles avanzados por ERC. 

La formación independentista asegura que, con este acuerdo, que ha permitido dar luz verde a la tramitación de los Presupuestos en el Senado, «todas las plataformas que operan en España, incluso las que tengan su sede en el extranjero como Netflix, HBO o Disney Plus, tendrán que financiar cada año producciones audiovisuales en catalán, por una vía o por otra. 

Así, cada año se destinarán un mínimo 15 millones de euros a la producción en catalán y en el resto de lenguas oficiales, lo que significa un 15% del 70% de la producción total que España exige a todas las plataformas (incluida las radicadas en el extranjero) a través del artículo 117 del anteproyecto, que establece la obligación de destinar el 5% de los beneficios a producciones europeas. Esta medida se recogerá en la ley y así no dependerá cada año de los presupuestos. 

Por su parte, el PSOE destaca que el acuerdo «encaja en la directiva europea» y también en la política del Gobierno de promoción de las lenguas cooficiales. Así ha querido poner en valor la ley «en su conjunto» porque supondrá «un punto de inflexión» para el sector audiovisual en España. 

Es inadmisible que los presupuestos se negocien al mejor postor. Por un lado, el Gobierno no puede generar una subasta con los recursos que se deben emplear en la mejora de los recursos del país. Y por el otro, es vergonzoso destinar recursos públicos para contentar los deseos del independentismo en otro refuerzo más a su proyecto de separar Cataluña de España sin tener la calidad de país. 

Desde ‘La España que Reúne’ nos parece que tomar este tipo de decisiones, puramente políticas que no buscan el beneficio común, solo empeora la calidad democrática de nuestro país. No es el momento más adecuado para seguir distanciando a los ciudadanos y decisiones como esta solo generan una tensión mayor entorno a Cataluña.  

¿Qué ocurre cuando las coaliciones se rompen?

Tras las coaliciones rotas en Madrid y Murcia, y los múltiples problemas de la coalición de gobierno central, ha llegado el punto y final para la de la región castellanoleonesa. Los problemas que ocasionan estos ceses de acuerdos pueden ser varios y en las circunstancias actuales debemos analizar la complejidad de este tipo de figuras.

FUENTE: MAPADEESPAÑA.ES

El entretenido panorama político español de los últimos años, con la irrupción de los partidos de la llamada ‘nueva política’, se ha caracterizado por una sensación permanente de incertidumbre, fenómeno que se intensifica si descendemos en los diferentes niveles de Administración. 

Las coaliciones se han convertido en un asunto de discusión política diaria. Con un sistema de partidos crecientemente polarizado y con una ley electoral que acoge el sistema D’Hondt, era de esperar que las coaliciones que han dominado la gobernabilidad de nuestro país hasta la fecha, se rompieran por múltiples razones. 

Ante esto, se dibuja en los próximos meses un escenario que podríamos calificar como una contienda para conservar u obtener el trono de hierro autonómico y local, justificado principalmente por la importancia de ostentar la presidencia autonómica o el bastón de mando de la alcaldía. 

Debilidades de la figura de la ‘coalición’ 

En primer lugar, las coaliciones entrañan consecuencias que no siempre son las deseadas. El argumento principal utilizado suele ser la afirmación de que la suma de los dos resultados en comicios anteriores por ambos partidos será la suma que se obtendrá con la coalición. Esto no parece ser del todo cierto debido a las experiencias previas, como la fusión entre IU y Unidas Podemos que no dio los resultados esperados. En diciembre de 2015 Podemos obtuvo 3.198.584 votos e IU 926.783 votos; seis meses más tarde en junio de 2016 la coalición Podemos-IU-Equo obtuvo 3.227.123 votos. 

Otro hecho que conviene tener en cuenta es la fractura que puede llegar a suponer dentro de los propios partidos. Los partidos son, a menudo, estructuras rígidas. La toma de decisiones no siempre se antoja fácil y las luchas internas pueden avivarse con facilidad. Asimismo, al haber acuerdo, sólo se presentará una lista y, por ello, habría la mitad de oportunidades para formar parte de la misma. Este último, que parece no tener demasiada enjundia, es el escollo a resolver más complicado por parte de la dirección de los partidos. 

Por todo ello, los partidos deben valorar qué va a tener mejores consecuencias para sus formaciones o, por el contrario, seguir por el camino marcado por la improvisación del día a día. Deben efectuar un ejercicio de ponderación, esto es si llevar a cabo la coalición –con los potenciales problemas que le puede acarrear– o seguir siendo estructuras tradicionales no adaptadas al nuevo sistema de partidos. 

Causas de las brechas 

Las brechas que se pueden generar entre los partidos pueden provocarse por causas electoralistas o políticas. En el primero de los casos las decisiones suelen ser tomadas por el partido mayoritario, en nuestro país suelen ser PP y PSOE, frente a los aliados. Esto ocurre principalmente en el ámbito regional, cuando uno de estos grandes partidos engulle en las encuestas al aliado más débil para tratar de gobernar en mayoría o con apoyos puntuales de otros partidos sin la necesidad de verse con estos en una misma estructura ejecutiva. Al ver estas encuestas, los grandes partidos pueden tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas (como en Castilla y León) para sacar el máximo rédito posible a estos resultados. 

En el segundo caso, las divergencias suelen venir causados por la falta de cumplimiento de los programas conjuntos entre unos y otros, provocando sentimientos de ‘traición’. En casos como los sucedidos en nuestro país en los últimos meses, se han provocado mociones de censura por motivaciones varias. Esos sentimientos de incumplimiento de las promesas en relación a los apoyos, así como el miedo a esos adelantos electorales que puedan provocar la reducción de la representación, provocan que los partidos puedan buscar una moción de censura (como en Murcia) para evitar el adelanto electoral, o incluso mantenerse en el gobierno regional con otro aliado. 

Consecuencias en otros territorios 

Una vez se han roto las coaliciones, ya sea a través de una moción de censura o un adelanto electoral, las coaliciones formadas entre esos grupos pueden verse afectadas en otros territorios (ya sea a nivel regional o local). Esto puede cambiar la morfología política de un país debido al desgaste de las relaciones entre las cúpulas de los partidos tras diversos movimientos como ha ocurrido en nuestro país. Esto no tiene porqué darse siempre y cuando los pactos entre partidos sean sólidos en estas regiones o localidades. 

No a la ruptura política de una unidad de mercado

En medio de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 ha reaparecido un asunto que los nacionalistas vascos se han encargado de recuperar para tratar de sacar tajada al diálogo presupuestario. Las intenciones del PNV son claras: trocear la Denominación de Origen Calificada Rioja sólo por la ambición de romper uno de los últimos puentes efectivos de unidad nacional. Una operación que no tiene ni sentido económico, ni social ni mucho menos en un mercado cada vez más global.

FUENTE: EFE

El PNV está decidido a romper la D.O.Ca Rioja y su forma de hacerlo es a través de darle entidad independiente a los vinos producidos en la Rioja Alavesa. Para ello, sigue en pie la batalla judicial para crear una Denominación de Origen Protegida Viñedos de Álava, sin que esto esté fundamentado en una necesidad de crear nuevas marcas porque las antiguas hayan dejado de funcionar o tengan problemas en los mercados internacionales.

Del mismo modo, no es la primera vez que este tema se debate. Y es que el PNV registró en julio de 2020 una proposición para cambiar la ley que regula las denominaciones de origen de ámbito territorial supraautonómico. El PNV pretende tener una denominación propia de Rioja Alavesa dentro de la Denominación Rioja, lo que le otorgaría al Gobierno vasco cierto poder de control en el consejo regulador de esta subdenominación.

Y es que no tiene ningún sentido, para unos y otros, que esa idea termine por llegar a ejecutarse. Por un lado, las pequeñas bodegas de la Rioja alavesa pueden llegar a desaparecer en un acto suicida por parte del PNV desfavoreciendo a aquellas no tan conocidas. En palabras del dueño de una pequeña bodega alavesa a medios digitales “Hay gente que va a un restaurante y pide un Luis Cañas porque ya lo conoce, pero hay muchos que directamente piden un Rioja. Si nos escindimos, para nosotros podría ser la ruina», explica con toda cordura el bodeguero.

Por el otro lado, cabe destacarse que la Denominación de Origen Rioja es la etiqueta vinícola más prestigiosa a nivel nacional y uno de las mejores del mundo. Los vinos de La Rioja son marca España y bajo esta calificación se engloban más de 550 bodegas embotelladoras que producen anualmente una media de 269 millones de litros de vino.

Es evidente que este es un tema con más intereses políticos que de la propia calidad de los cultivos. Las pretensiones de poder del PNV han condicionado al Gobierno a la hora de hacer el texto presupuestario, ya que el Ejecutivo de coalición necesitaba a los partidos independentistas para dar luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero este apoyo no iba a ser gratuito. Sánchez ha tenido que ceder en algunos puntos para sacar adelante las cuentas estatales.

Sánchez tiene que elegir entre hacer bien su trabajo o restarle valor al de muchísimas personas que dependen de esta Denominación de Origen.

La vigencia de nuestra Constitución y los consensos previos para su reforma

Cada 6 de diciembre, la práctica totalidad de los discursos políticos se repiten en los mismos términos: defender la Carta Magna y ponderar el tiempo de estabilidad política y social que ha traído el régimen del 78. También son una constante año tras año las peticiones tanto del mundo político como de otros ámbitos de la sociedad de reforma del marco constitucional, unos con el argumento de que es necesario «actualizar» artículos y disposiciones constitucionales, y otros que consideran que la reforma es el camino para un rediseño del Estado, empezando por la estructura territorial.

Fuente: Ricardo/Asociación de Periodistas Europeos

Tanto los primeros como los segundos cuentan cada año con más adhesiones, hasta el punto de que el término ‘reforma constitucional’ está presente en la mayoría de los discursos de los principales partidos, incluso con rasgos comunes ciertamente razonables. El problema no es conceptual, ni siquiera teórico. Es la falta de un consenso previo y de un clima de entendimiento básico para poder poner en marcha un proceso de reforma constitucional que se ejecute bajo los cauces que regula la propia Constitución de 1978, y que sólo puede acabar de una forma: un consenso de más del 90% del arco parlamentario y de los ciudadanos en referéndum.

Dicho de otra forma: el camino de la reforma sólo puede emprenderse si se sabe cómo se va a acabar. Mientras tanto, el trabajo que debemos desarrollar es el de ir construyendo las bases para el consenso, mejorar el clima político y hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para que la Carta Magna se cumpla «de pe a pa» como comentó el presidente del Gobierno.

Es evidente que bajo el actual marco constitucional hay un amplio margen de mejora tanto en el cumplimiento de algunos principios básicos como la igualdad ante la Ley, como en el ejercicio práctico de ciertos derechos fundamentales, los cuales realmente existen o no en función del territorio donde el ciudadano resida. Del reconocimiento de esta realidad (y del propósito de enmendar estos problemas) debe rebrotar el consenso constitucional del 78. Si no hacemos esto y emprendemos una huída hacia adelante, volverá a suceder lo que ocurrió a principios de los 2000 cuando no se construyó el clima previo ni el consenso suficiente para reformar los Estatutos de Autonomía. 

En definitiva, para que este proceso pueda llevarse a cabo de manera sólida, somos los ciudadanos los que lo debemos impulsar, no los representantes políticos. Deben ser éstos los que pongan voz, diálogo y pedagogía a un consenso previo en la sociedad de qué queremos como país en los próximos años. No hay más que analizar, por ejemplo, las encuestas del CIS por su enorme riqueza de datos más allá de los cálculos de estimación de voto, para darnos cuenta de que hay ciertas tendencias y cuestiones que son compartidas por una gran mayoría de españoles. Ése es el terreno de juego de la reforma constitucional de medio plazo.

Y es que estamos pasando por momentos muy complicados, momentos en los que los españoles necesitan de la certidumbre de que las decisiones estructurales no van a depender de políticas extremistas, rupturistas e iliberales. Este 43º aniversario, especialmente por el contexto en el que nos encontramos, debe hacer que los partidos constitucionalistas recuperen el espíritu de unión con el que la Constitución fue concebida y que nuestro país tanto necesita.

Hasta que los principales partidos constitucionalistas no se sienten a intentar mejorar el país desde la defensa de la Constitución, ‘La España que Reúne’ no cesará en su discurso, sino que lo reforzará, hasta garantizar en nuestro país una correcta gobernabilidad en torno a ésta. No vale el discurso de defensa de la Constitución y luego no defenderla.

En el día de conmemoración, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet eligió unas buenas palabras para celebrar este aniversario; pidiendo a los partidos representados en las cortes la recuperación de la tan necesaria “lealtad constitucional” recordando que “podemos estar en desacuerdo con las obligaciones constitucionales y legales, y hasta intentar modificarlas, pero en tanto que vigentes no es cuestionable su cumplimiento”.

Batet se ha querido centrar en la responsabilidad de los políticos, especialmente ahora tras la pandemia y con el papel tan grande que han cobrado los populismos, presentando a la sociedad “soluciones simples a problemas complejos”. Por otro lado, el clima en el Congreso continúa empeorando mes a mes de manera progresiva entre los principales actores políticos del país. Batet ha alertado ya en varias ocasiones sobre la falta de “educación y respeto” como un gran escollo para la convivencia.

“El comportamiento y la actuación de los representantes políticos se ha convertido en un factor fundamental para el refuerzo de la democracia, de nuestro sistema constitucional; pero también, al contrario, para su cuestionamiento y el alejamiento de parte importante de los ciudadanos, para la traslación a la sociedad del enfrentamiento y la crispación. En definitiva, para la deslegitimación de la propia democracia”, ha señalado Batet.

Por otro lado, quedó clara la falta de respeto por parte de los partidos nacionalistas e independentistas al no acudir a la celebración del aniversario, así como de los representantes de las regiones gobernadas por estos. Era algo esperado, pero no por ello menos desagradable. Esta es la copla habitual del nacionalismo, que obvia que los ciudadanos de todo el territorio español son españoles y no serán abandonados a las imprudencias del nacionalismo porque el texto constitucional será el defensor principal de todos los españoles.