Manifiesto contra la derogación del delito de sedición y modificación del de malversación

En relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código penal para la derogación del delito de sedición y para la modificación de los desórdenes públicos:

FUENTE: EFE

Por la plataforma de sociedades civiles Consenso y Regeneración

CENSURAMOS que una reforma del Código penal de esta importancia, que afecta a delitos clave para la protección de nuestro orden de convivencia, pueda responder a razones políticas coyunturales, legislando ad personam, en lo que se ha presentado como una suerte de amnistía a quienes lideraron la insurgencia en Cataluña en otoño de 2017 bajo el mantra de buscar una pretendida “desjudicialización” del conflicto político catalán. Lo cual resulta especialmente evidente si, finalmente, se reforma también el delito de malversación de fondos públicos.

CONSIDERAMOS que la adecuación de nuestro ordenamiento penal debe venir presidida por un amplio consenso político, forjado a través de la correspondiente tramitación parlamentaria. Por ello, resulta inaceptable que esta reforma se haya planteado como una proposición de ley, eludiendo los informes pertinentes de los órganos consultivos; y que se tramite por vía de urgencia, reduciendo las posibilidades de debate, y sin un acuerdo transversal entre los principales partidos políticos.

ADVERTIMOS que las democracias del entorno europeo disponen de tipos penales que tutelan su orden constitucional y la integridad del propio Estado y, a este respecto, debemos señalar que la reforma que se pretende aprobar supondrá una desprotección de nuestra Constitución como marco democrático de convivencia. De hecho, en la medida que los Códigos penales deben responder a las amenazas que en cada momento se ciñen sobre un país, de acometerse alguna reforma penal en España, EXIGIMOS que esta contemple la inclusión de un delito que castigue las conductas más graves de deslealtad constitucional.

Firmantes*:

  • Aixeca´t-Levántate
  • Alternativa Ciudadana Progresista
  • Ampas Paralelas
  • Asamblea Nacional de Tabarnia (ANT)
  • Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)
  • Asociación Cultural Doble12
  • Asociación de estudiantes del mundo
  • Asociación de Profesores por el Bilingüismo (APB)
  • Asociación por la Tolerancia
  • Catalunya Somos Todos
  • Centro Libre de Arte y Cultura (CLAC)
  • Círculo de Empresarios
  • Círculo de Navarra en Madrid
  • Citizens pro Europe
  • Club Liberal Español
  • Concordia Real Española
  • Consenso y Regeneración (CyR)
  • Els segadors del Maresme
  • España Juntos sumamos (EJS)
  • Foro de Profesores
  • Foro Libertad y Alternativa (L&A)
  • Foro para la Concordia Civil
  • Foro para la Concordia Civil de Granada
  • Fundación Cultura Libre
  • Fundación Hay Derecho
  • Fundación Independiente
  • Fundación Internacional para la Libertad
  • Fundación Joan Bosca
  • Fundación Woman Forward
  • Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC)
  • Historiadors de Catalunya
  • Idiomas y Educación
  • Impulso Ciudadano
  • La España Que Reúne
  • LaSilenciosaCat
  • NEOS
  • Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística
  • Politeia
  • Polítical Network for Values
  • Pompaelo
  • Regenerar España Ahora
  • S´ha Acabat!
  • Sindicato AMES (Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari)
  • SOCIA
  • Sociedad Civil Balear
  • Sociedad Civil Navarra
  • Sociedad Civil Valenciana

La advertencia de la RAE (y lo que nos jugamos con una Selectividad de mala calidad)

La RAE, como institución, es una entidad que siempre se mantiene al margen de decisiones políticas porque sabe que no es quien legisla. El problema llega cuando el que legisla atenta contra la integridad de lo que, en este caso, defiende la RAE per se: nuestro idioma. La lengua conforma parte de nuestra identidad como españoles y la Real Academia no ha dudado en expresar contundentemente su posición, contraria, al nuevo modelo de Selectividad que la cartera de Educación quiere aplicar.

FUENTE: EUROPA PRESS

La institución ha difundido un comunicado en el que admite que entre los cometidos que recogen sus estatutos no figura opinar sobre la forma en que se enseña la lengua y la literatura, pero sí tiene opinión y debe expresarla a petición de los profesionales que día a día imparten las materias relativas al idioma y su uso. En este sentido, la RAE insta al Ministerio a cambiar el rumbo de su reforma, que está prevista que empiece a aplicarse en una primera versión limitada en 2024 y, de forma más profunda, en 2027.

El pasado 22 de septiembre, 13 especialistas de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II de lo que antes se conocía como Selectividad y ahora con distintas sopas de letras según la comunidad autónoma de que se trate; y pertenecientes a 10 comunidades autónomas, firmaban un manifiesto titulado expresivamente Competencias para la nada: en contra de la propuesta de las EBAU/EvAU redactada por el Ministerio de Educación disponible en la plataforma change.org en busca de adhesiones.

Este texto describe de forma minuciosa el procedimiento por el cual se fusionarían las pruebas lingüísticas –de castellano, inglés y la lengua cooficial correspondiente– hasta reducirse a una veintisieteava parte de la extensión que tiene en las pruebas actuales cada uno de los idiomas.
Lo cual comportaría, claro, una merma análoga de los contenidos y del conocimiento que de su asimilación se deriva. Una Selectividad ‘low cost’.

Este texto llegó a la RAE y su respuesta se produjo el pasado viernes 18 de noviembre, siendo ésta su primera vez mostrándose en contra del plan de un Gobierno en ejercicio.

En la nueva propuesta de prueba de acceso, los alumnos habrán de contestar a 25 preguntas de tipo test y no podrán sobrepasar las 150 palabras en cada uno de los textos que redacten con lo que, para la RAE, “pierden el lugar preponderante que hasta hace poco tenían la reflexión y la argumentación lingüística, la capacidad para compendiar y ordenar discursos, así como la interpretación, la valoración y el análisis de los textos literarios”.

Por último, lamenta que la propuesta de reforma de la prueba de acceso a la Universidad haya sido elaborada “sin contar con la opinión de los profesores de bachillerato y sin consultar tampoco con los coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad, sea cual sea la comunidad autónoma en la que estos desempeñen su labor”. En su opinión, las directrices sobre los conocimientos y las capacidades que se deben enseñar y evaluar en lengua y literatura “han de ser establecidas tras consultar con los profesionales de larga experiencia docente que imparten esas materias en la enseñanza secundaria, en el bachillerato y en la universidad. También debería tenerse en cuenta la opinión de las academias”.

No puede ser que desde las instituciones no se defienda la calidad en el uso de la lengua. Como dicen desde la RAE, esta propuesta debería ser establecida como un primer borrador provisional que facilite la aportación de todas esas personas e instituciones a una tarea común de considerable importancia. Este tipo de cambios se tienen que tomar con todos los expertos, no solo ministeriales, que puedan llegar a ser voces válidas. No se puede eliminar y restar importancia a los contenidos, reduciendo la importancia de trabajo a unos profesores que son quienes ponen las primeras piedras a los futuros ciudadanos de nuestro país.

Un ejercicio de sinceridad ante la reforma del delito de sedición

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos presentarán este viernes en el Congreso para reformar el delito de sedición supone un paso importante para la materialización de un compromiso adquirido por el Ejecutivo hace casi tres años.

FUENTE: EFE

De las muchas razones por las que debemos defender que las reformas sobre la legislación penal que afectan a personas que en este momento están imputadas, enjuiciadas o condenadas por aquello que se está reformando no deberían llevarse a cabo, existe una particularmente relevante como es la relación causal que puede establecerse entre el que emprende la reforma y el beneficiado por ella. Lo que de manera muy clara se rechaza cuando una o varias empresas influyen en el regulador para que cambie una normativa determinada en favor suyo, ¿por qué no existe un rechazo generalizado de la reforma del delito de sedición cuando es una decisión que pone en ventaja a unos pocos atendiendo a sus circunstancias particulares frente a la gran mayoría social?

Un ejercicio básico de ecuanimidad del poder debería ser estudiar a quién beneficia y perjudica cada medida que se toma. La reforma del delito de sedición, aun envuelta en la homologación del tipo penal con la media europea, se lleva a cabo en un momento en el que beneficiará directamente a encausados por la Justicia y, lo que es peor, fugados del país. Éste es un hecho incontestable que debe aparecer siempre al lado de otras justificaciones que quieran darse, pero en ningún momento se puede hurtar a la sociedad española de una información tan relevante como ésta.

Éste es, fundamentalmente, el ejercicio de sinceridad que ni el Gobierno de coalición ni sus apoyos parlamentarios han hecho ni tienen voluntad de hacer, al menos hasta la fecha. Si lo hicieran, darían la oportunidad a la sociedad española de valorar si están dispuestos a pagar un precio como éste para seguir contando con los escaños necesarios en las Cortes para acabar la Legislatura. La última ocasión en que ocurrió algo de estas características fue cuando se anunció la «mesa de diálogo», momento en que la presión política y social provocó una sinceridad a medias traducida en un coste político elevado que llevó a convocar nuevas Elecciones.

Por tanto, es necesario revelar qué hay en el fondo de esta decisión y cuáles son los riesgos que entraña para la defensa constitucional. El tribunal enjuiciador del golpe separatista de 2017 ya hizo un ejercicio de «construir convivencia» al calificar como sedición unos hechos susceptibles de haber sido tipificados como rebelión. Ahora, una vez que se reduce el delito de sedición y se mantiene el de rebelión, dejando un espacio muy importante vacío en medio, existe el riesgo de que, ante otra intentona separatista, sea muy difícil condenar por el máximo posible en democracia.  

Conviene hacer un somero repaso de qué significa esta reforma y cómo se constituye en un beneficio tangible para personas actualmente encausadas o condenadas:

Fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del procés fueran condenados por sedición, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluiría ese delito y otros varios, como los sexuales o los medioambientales. En este tiempo ha habido reformas de esa ley orgánica, sin llegar a tocar el delito de sedición.

¿Qué dice el Código Penal?

El delito de sedición está incluido entre los delitos contra el orden público, en el artículo 544 y siguientes del Código Penal.

Castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen «pública y tumultuariamente» para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.

Está penada con entre cuatro y ocho años de prisión, que puede elevarse a una horquilla de entre ocho a diez años si se trata de los líderes de la sedición y de entre 10 y 15 años si quien se alza es una autoridad, que quedará también inhabilitada.

El procés y otros juicios

El 14 octubre de 2019 el Tribunal Supremo condenó por sedición a los líderes del procés sometidos a juicio.

La pena mayor, de trece años, recayó sobre el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado también por malversación, como los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Antes de esa condena se habían abierto procedimientos por sedición contra algunos ayuntamientos por promover y aprobar mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlamento catalán o incluso contra ediles, pero acabaron archivadas por la ausencia de protestas tumultuarias y de llamamientos a los ciudadanos a sumarse a esos actos.

También fueron juzgados por sedición y coacciones los controladores de Palma por el caos aéreo que se generó en varios aeropuertos en 2010, pero fueron condenados únicamente por abandono de servicio tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y reconocer los hechos.

La promesa

En enero de 2020 el Gobierno anunció que afrontaba con «amplitud de miras» la revisión del Código Penal para ajustarlo a la «realidad» y a la «actualidad» en delitos como el de sedición, una promesa que generó un aluvión de críticas desde la oposición, que pensó que esa promesa suponía un indulto encubierto.

En las semanas y meses siguiente el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se encargó de defender la reforma de un delito que, alegaba, había sido introducido en el Código Penal en el año 1822, que ya no respondía a la realidad vigente y que, además, estaba castigado con penas «inusitadamente altas», si se comparaba con legislaciones de países del entorno.

Pero nunca se hizo público un anteproyecto o un borrador de la reforma.

El 22 de junio de 2021 el Gobierno concedió finalmente un indulto parcial a los condenados por «razones de utilidad pública», según anunció el propio Pedro Sánchez en una declaración institucional.

Se les conmutaba las penas pendientes de prisión, pero se mantenían las de inhabilitación, es decir, que no pueden ejercer cargos públicos mientras dure la pena.

Cómo afecta la reforma a condenados y huídos

Del alcance de la reforma que baraja el Ejecutivo dependerá su impacto en los líderes del procés condenados, cuyo indulto está recurrido y que podrían beneficiarse de una eventual rebaja de la pena de inhabilitación.

Una reforma de la sedición también podría beneficiar a los dirigentes independentistas prófugos de la justicia española, como el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o el exconseller Toni Comín, ambos eurodiputados.

No obstante, no quedarían libres de una eventual condena a prisión aunque el delito de sedición fuera derogado o rebajado a penas mínimas, ya que podrían ser buscados también por malversación, delito castigado con entre dos años y seis de prisión.

La fragmentación de los extremos: el caso Díaz-Iglesias

Estamos totalmente sumergidos en estrategias puramente electorales. Cada cuatro y menos años se convocan elecciones municipales, regionales, generales… y el ciudadano sabe perfectamente cuando queda poco para estas gracias al discurso y acción política. Quedó perfectamente demostrado por Pablo Iglesias el pasado fin de semana en el cierre de la ‘Uni de otoño’ de Unidas Podemos.

FUENTE: EFE

Esa figura a la que nadie llama y quiere en el panorama nacional, y que entra a sus anchas y sacude a la extrema izquierda por su falta de protagonismo. Sin estar en política, Pablo Iglesias es el encargado de romper con el compadreo de la izquierda progre y, por consiguiente, generar un clima de mayor tensión si cabe en un Gobierno abocado a su fin en las urnas. Las relaciones entre Podemos, Yolanda Díaz e Izquierda Unida están en su peor momento.

Ya nadie niega el declive que Podemos ha sufrido en las urnas desde el 2019, tampoco que las relaciones con Izquierda Unida no atraviesan su mejor momento y que se encuentran enfangados en un debate interno y en negociaciones por concurrir en solitario o de forma conjunta a las municipales y autonómicas de mayo del año que viene, unos comicios que ya toman forma de primera vuelta de las generales, aún sin fecha. Todo ello, envuelto en las dudas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que no termina de decidir si encabezará un futuro frente de izquierdas tras ser designada por Pablo Iglesias como su sucesora cuando marchó de Podemos.

Desde las voces más radicales del conglomerado de partidos que forma Podemos, consideran que los procesos de crítica son buenos para avanzar; y ciertamente lo son, siempre y cuando se hagan internamente y no se genere una tensión en el ambiente, lo que las eliminará a sí mismas con el tiempo. Pablo Iglesias lo ha vivido en sus carnes y su discurso no ha cambiado, demostrando una torpeza absoluta de conocimientos prácticos de política.

Lo de recoger el acta, bien en la Asamblea de Vallecas el año pasado o en el Congreso de vuelta el año próximo, le da igual. Iglesias siempre ha tenido una visión instrumental del voto y del poder, al servicio del proyecto disolvente del Régimen del 78 que le gusta combatir. Sea en el Gobierno, donde dos años de poder institucional no han hecho mella en su afán impugnatorio de lo que es España desde hace 45 años, empezando por la monarquía, o sea en un futuro en la oposición tanto externa como interna.

No es mejor el futuro cuando los extremos se encuentran presentes en la ecuación. Ambos son generadores de conflictos y de populismo en la sociedad española. No podemos convertirnos en Italia con un nuevo Gobierno cada dos años por su propia inestabilidad. El electoralismo ciega al político por profesión, que prefiere enfrascarse en la crítica porque no tiene un plan de acción. Es ahí donde el que es político por vocación debe diferenciarse y saber tender puentes para buscar el bien común.

Xi Jinping refuerza su liderazgo 

Las perspectivas socioeconómicas de China y las señales lanzadas durante la celebración del XX Congreso del Partido Comunista chino confirman los crecientes retos sobre la senda económica global y el orden liberal internacional. Todo ello en un contexto previo en el que la guerra comercial entre EEUU y la potencia asiática iniciada en 2018, la pandemia y la invasión de Rusia de Ucrania han situado a la sociedad en un nuevo ciclo marcado por crecientes incógnitas sobre la evolución del crecimiento, los precios, el diseño de la política económica o los riesgos geopolíticos. 

FUENTE: EFE

Bajo el sistema de partido único, el congreso del Partido Comunista Chino, al que asistieron 2296 delegados que representan a 96,7 millones de afiliados, eligió a los miembros del Comité Central que aprobaron la lista de 25 altos funcionarios del politburó y su Comité Permanente, organismo decisorio más poderoso del partido, encabezado por el secretario general. 

La «exitosa» celebración del Congreso lo fue para Xi habiendo asegurado un tercer mandato como presidente, algo sin precedentes en la historia del Partido, y consolidando aún más su poder en el politburó del partido. En 2018, el Congreso Popular Nacional aprobó eliminar el límite constitucional de dos mandatos en la presidencia. Este cambio permite a Xi renovar su liderazgo indefinidamente. 

Las imágenes del desalojo del anterior jefe del Estado, Hu Jintao, de 79 años, antes de que empezara la sesión de clausura —con independencia de que se debieran a la salud frágil del anciano o fueran una exhibición ejemplarizante de una purga política— constituyen la escenificación de la ruptura con los aires aperturistas que habían caracterizado al régimen chino hasta el ascenso de Xi. En el mundo de extrema opacidad y secretismo de la política oficial china, la ausencia sin explicaciones de Jiang Zemin, de 96 años, y la humillante salida de Hu Jintao, ambos miembros del presídium del Congreso, solo cabe interpretarse como la confirmación práctica de las acerbas prácticas del Gobierno chino. 

La ratificación de Xi al frente del partido parece confirmar los temores de algunos analistas de que el PCCh, y por ende China, se aleja cada vez más de la dirección colectiva y se convierte en un ente que depende cada vez más de una única figura sin verdaderos contrapesos. 

Lo primero y más obvio es que Xi Jinping sigue a cargo y continuará tanto como quiera o hasta que alguna convulsión política desconocida en el futuro lo desplace. Nadie esperaba seriamente que el resultado de este congreso fuera otro que la continuación de Xi como centro del Partido Comunista. 

De hecho, su nuevo equipo está completamente lleno de sus allegados leales. No se ha incluido a nadie con la más mínima perspectiva distinta de Xi. El nombramiento más extraordinario ha sido el de Li Qiang como primer ministro, el líder número 2 del país, y por lo tanto quien gestionará la economía de China. 

El refuerzo de la posición de liderazgo de Xi Jinping debe ser preocupante para Occidente. China no tiene distracciones para consolidarse como mayor potencia económica mundial mientras Europa y Estados Unidos se encuentran sumidos en profundas crisis, tanto económicas como políticas. Rusia es la distracción perfecta y los populismos se alzan ante la gran inestabilidad. 

¿En qué nos afecta la inestabilidad británica, alemana, francesa…?

El Brexit que se prometía como panacea a todos los males no ha hecho más que agudizar la crisis y dividir la sociedad. También ha engullido a cuatro primeros ministros: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson y Liz Truss. El país empieza a parecerse a Italia; un modelo que antes les daba pavor. Muchos ciudadanos y ciudadanas se preguntan a dónde se dirige su país.

FUENTE: EFE

El serio desbarajuste que vive hoy en día la política en el Reino Unido va a tener consecuencias tanto en Escocia como en Irlanda del Norte. Desde ambos territorios se ve al Parlamento de Westminster como un lugar con mucho ruido, que lejos de dar respuestas a estos tiempos de crisis se enfanga en luchas intestinas por el poder. Pero no son solo los ciudadanos de Escocia o de Irlanda del Norte. Todos están hartos, los propios ingleses también lo están.

Olaf Scholz se hunde en las encuestas. Emmanuel Macron está debilitado tras las últimas elecciones legislativas. La derecha gana en Italia con Giorgia Meloni. Liz Truss no ha durado ni un mes y medio. Pedro Sánchez vive elecciones el próximo año. Y desde el inicio de su mandato, a Joe Biden le persigue una profunda falta de popularidad con graves errores de comunicación y estrategia interna. Occidente hace frente a una crisis de liderazgos.

Los ciudadanos de los países más desarrollados sufren las consecuencias de la inestabilidad que asola a Europa con la guerra en Ucrania y el derivado alza de los precios en todo el planeta.

La convulsión en los palacios presidenciales de estos líderes contrasta con la situación en países gobernados por otros abiertamente populistas e iliberales. La guerra en Ucrania ha favorecido al Ejecutivo polaco comandado por el PiS, quien comparte grupo con Vox en la Eurocámara, para mejorar su maltrecha relación con Bruselas. En Hungría, el indomable Víktor Orbán ha declarado el estado de emergencia aumentando sus poderes y haciendo de su oposición a la estrategia europea contra Rusia uno de sus puntos fuertes para ganar apoyo dentro de casa. Y en la lejana Turquía, Recep Tayyip Erdogan está jugando con el veto de Finlandia y Suecia a la OTAN para que estos países extraditen a combatientes kurdos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intenta asumir el liderazgo político de la UE, aprovechando la erosión de la influencia de Berlín y París. Von der Leyen se ha mostrado especialmente activa en promover paquetes de duras sanciones contra Rusia, que siguen la agenda de EEUU que no depende de la energía importada como la UE, pero infravaloró el masivo impacto en las empresas y ciudadanos europeos de esas sanciones y las previsibles represalias rusas.

No hay presidentes en los grandes países occidentales que estén capacitados para revertir las situaciones que atraviesan sus naciones. Mientras, la población asiste atónita a este gran circo de inestabilidad los gobiernos iliberales los atraen con sus discursos populistas, muy atractivos en periodos de tensión constante.

Es cierto que hay variables que afectan al contexto y que son incontrolables, y hasta que estas no estén resueltas Occidente no podrá notar fielmente el reflejo de un liderazgo nuevo moderado que obtenga la estabilidad necesaria en su propio país.

3 años de desencuentro constitucional… y más de 40 años de democracia

La última semana de octubre ha sido una fiel representación de la fase de inestabilidad y continuos juegos de equilibrios políticos que comenzó en 2019 y que amenaza con prolongarse al menos un año más. En menos de una semana hemos pasado de estar muy cerca del primer gran acuerdo entre los dos principales partidos a estar a años luz del acuerdo por una desconfianza mutua a la que ni el resto de los partidos moderados ni la sede de la soberanía nacional han sabido o querido contribuir a mitigar.

FUENTE: EFE

Esas elecciones fueron un triunfo de la sociedad española, ansiosa de democracia tras tantos años a la sombra del franquismo. Una victoria social que abrió un verdadero Estado de bienestar o la educación pública gratuita hasta los 16 años. Aquel octubre de 1982 en el que la sociedad española se movilizó por el futuro del país.

Enquistar el problema del gobierno de los jueces, ya de por sí manejados por el poder político de turno, ha generado una reacción incluso más disparatada de lo que cabría pensar. En este momento, sólo se habla de táctica política y no de estrategia. El principal partido de la oposición cayó en un error de manual de cualquier negociación abierta como es circunscribir las conversaciones con el Gobierno a la renovación del CGPJ cuando era plenamente consciente de que había otros factores que podían condicionar en el resultado. En el caso del partido dominante de la actual coalición de Gobierno, le traicionó la ambición y la impaciencia por cerrar acuerdos con sus apoyos parlamentarios para el próximo año.

En un terreno tan embarrado y en un nivel tan alto de recelo por ambas partes, es muy difícil lograr una solución si no hay un cambio de negociadores en ambas partes y un cambio total de escenario negociador. Ya ni siquiera serviría una ayuda proveniente de las instituciones europeas, tal como abogábamos hace unos días en esta misma newsletter. Es necesario estudiar qué camino alternativo dentro de la provisionalidad puede establecerse para volver a negociar dentro de un tiempo.

Tristemente, no es la primera vez (y probablemente no será la última) que se produce un desencuentro constitucional tan grave. Precisamente, la perspectiva histórica que da la celebración de los 40 años de la victoria del PSOE en las Elecciones Generales del 28 de octubre de 1982 ayuda a diferenciar los momentos de grandes acuerdos y profunda voluntad reformista de los momentos de mayor enfrentamiento y diferencias en los partidos que han ido representando las tres cuartas partes de la sociedad española desde 1977. Incluso, los aniversarios de estos acontecimientos clave son buenos indicadores del grado de conflicto. En estos últimos años nos hemos acostumbrado a que la celebración de efemérides clave en la joven democracia española sea una escenificación más del desencuentro constitucional profundo en el que nos encontramos, y un momento especialmente delicado para los líderes históricos que encarnan cada efeméride.

Incluso, algunos liderazgos políticos del pasado, hoy al menos considerados como liderazgos morales, sufren de un pánico escénico que los lleva a no querer verbalizar lo que verdaderamente piensan. Si bien es cierto que hay momentos en que es preferible optar por la corrección política basada en un discurso sin demasiadas complicaciones, no es menos cierto que, una vez que se acepta representar en público un determinado papel, es necesario (incluso podríamos decir imprescindible) dejar muy clara la posición mal que le pese a la mayoría de la audiencia presente.

En un mundo de tendencias polarizadoras, la autoridad moral que da un desempeño acreditado y prolongado de cargos políticos relevantes, más aún si se trata de liderazgos significativos, se hace más necesaria que nunca. Y su buen uso es fundamental para no desgastarse en lo pequeño y actuar en lo grande. Acumular un buen stock de capital político es un proceso lento y complejo, pero perderlo es rápido y sencillo. Por ello, es un valor que debe gestionarse con prudencia, sabiendo cuándo y cómo tiene que tomar una posición de riesgo que ayude a acabar con la deriva radical tanto en los discursos como en la acción política, en el fondo y en la forma (sin ir más lejos, el tipo de apoyos políticos). En algunos casos, es preferible dar un paso atrás y buscar un foro diferente.

Más prudencia con la política presupuestaria

La semana pasada, el Ejecutivo presento el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con la peculiaridad de ser el de mayor gasto público de la historia de nuestro país. Previsiblemente será aprobado en la Cámara Baja, no sin antes algunos ajustes presumiblemente provenientes de los socios de la coalición

FUENTE: EFE

Este Presupuesto puede tener mayor importancia de lo normal, y es que el calendario de las próximas elecciones generales puede hacer que se ejecute no solo en 2023, sino que se prorrogue hasta 2024, por lo que serían unas Cuentas con virtualidad bianual. 

Sorprende que en la actual situación el Gobierno se centre en incrementar el gasto muy por encima del crecimiento nominal de la economía, mientras en Europa sobrevuelan los fantasmas de las pasadas crisis. Berlín, París y Roma miran con miedo al cielo en la actual situación económica internacional, apostando por unas políticas de gasto público mucho más austeras después de navegar a merced de las políticas monetarias del BCE, inundando de liquidez el sistema. Una política expansiva que ha fomentado la inflación actual, que es la gran amenaza de la prosperidad europea. 

Ahora el BCE puso en marcha, con mucho retraso, una política monetaria restrictiva que choca frontalmente con las políticas presupuestarias expansivas que ha venido alentando Bruselas y que nuestro país ha suscrito sin miramientos. En este contexto, donde el último informe del Banco de España describía esta semana con tintes mucho más dramáticos, el Gobierno acaba de presentar su proyecto de Presupuestos, unos PGE demasiado expansivos que ignoran nuestro contexto por completo, porque, digámoslo, no son los Presupuestos que España necesita y que le vendrían bien al país en estos momentos, sino los que convienen a la coalición para tratar de ganar la reelección a finales del próximo año. 

El problema de las Cuentas es que la previsión sobre la que se sustentan sea creíble. Solo 24 horas antes de aprobarlos, la vicepresidenta económica ya rebajó esa previsión de crecimiento al 2,1% del PIB. Pero apenas 24 horas después, el Banco de España desautorizó ese dato, al fijar su propia previsión en el 1,4%, siete décimas menos, y aún menos el FMI con un 1,2%. Unas pocas décimas en el ‘Libro Amarillo’ es mucho dinero.

En consecuencia, las estimaciones de ingresos no financieros contenidas en el proyecto son papel mojado. la reducción del crecimiento es muy importante, porque significa no solo que vas a crecer menos, y por tanto vas a recaudar menos, sino que no vas a crear empleo, al contrario, con lo que ello significa en términos de recaudación. De modo que el capítulo de ingresos está inflado y normalmente serán inferiores, incluso muy inferiores, a pesar del efecto de la inflación y de los fondos Next Generation. 

Con los gastos ocurre lo contrario. Unas prácticas particularmente llamativas en el caso de las cuentas de la Seguridad Social, con ingresos sobreestimados para poder hacer frente a la enorme cuantía del gasto reconocido. Y para dar dinero público primero hay que quitárselo al contribuyente. Pensionistas, trabajadores públicos (la masa salarial del Estado supera los 25.000 millones) y rentas del trabajo inferiores a 21.000 euros son los grandes beneficiarios de esta política.

Cuadrar esas cuentas va a ser tarea difícil. Y si no cuadran, seguiremos aumentando la deuda pública que, antes o después tendremos que pagar. Será bueno que no nos instalemos en el pan para hoy hambre para mañana. 

Escapar de los ‘egos’ europeos

Como si fuera un padre o una madre hacia sus hijos al echarles una bronca se refirió Josep Borrell a los cuerpos diplomáticos europeos. Fue un discurso correctivo en un momento de incertidumbre con la guerra en Ucrania como telón de fondo. La burocracia de la Unión Europea no está siendo ágil y, por el contrario, está siendo arrogante y lenta, en palabras del propio Borrell.

FUENTE: EFE

Esta reprimenda al más puro estilo paternalista es un tirón de orejas necesario para la política europea. El propio Borrell lo ejemplificó de la forma más clara posible con un simple: “A veces, sabía más de lo que estaba pasando en algún lugar leyendo los periódicos que leyendo sus informes. Los informes llegan a veces demasiado tarde”, cuando la función de los diplomáticos europeos es llegar antes que nadie para informar de la situación en tiempo real de un país.

La guerra de Ucrania es un ejemplo ya que, cuando el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, llama a Borrell para decirle que la invasión estaba a punto de ocurrir, mientras la Unión Europea aún lo negaba. La falta de previsión ante un conflicto enquistado desde la entrada de los rusos en Crimea en 2014, desconociendo cuán efectiva sería la resistencia de los ucranianos o la capacidad de escalada de Putin.

La política europea y su capacidad de ordenar aquello que tienen que hacer sus diplomáticos, tiene una gran responsabilidad en el correcto funcionamiento y desarrollo del continente por lo que el desempeño de su actividad es crucial para poder atacar los problemas antes de que estos sucedan o, al menos, tener un plan de actuación para cuando ocurran. En este tipo de casos no se habla por hablar, y menos cuando se trata de una celebración y el de Borrell haya sido el discurso inaugural.

Europa tiene problemas y la organización debe estar lo más engrasada posible para salir de esta situación. “Este no es un momento en el que os vamos a mandar flores a todos diciéndoles que sois preciosos, trabajáis muy bien y estamos muy contentos, somos una gran familia”, llegó a ironizar en su discurso el exministro socialista de Asuntos Exteriores.

Por muy duro que parezca era algo que el alto comisionado quiso decir. Un tirón de orejas avisado al inicio de su discurso. “No quiero culpar ni avergonzar, pero esto es algo que tengo que decirles”. Crónica de una bronca anunciada.

Pero no se quedó ahí, Borrell fue más allá cuando toco referirse a la intervención de los funcionarios de la UE, cuya “arrogancia es legendaria” en los países pobres de África, América Latina o Asia, estaban enfureciendo a naciones que deberían ser cortejadas como aliadas en lugar de sermoneadas.

“Tratamos de exportar nuestro modelo, pero no pensamos lo suficiente en cómo los demás lo percibirán. Y les dices: ‘Este es un modelo, es el mejor, así que tienes que seguirlo’. Por razones culturales, históricas y económicas, esto ya no se acepta”, dijo Borrell y les espetó: “Recuerden esta frase: Es la identidad, estúpido”.

Esta última frase, es imprescindible ya que cada vez más, algunas identidades están surgiendo y dispuestas a ser reconocidas y aceptadas y no fusionadas dentro del enfoque ‘Occidental’. Europa está perdiendo la empatía y debe poner atención en el resto del mundo. Hay que dejar de pensar que sabemos mejor que es lo que interesa a otros y no nos preocupamos por conocerlo. ¿Cómo se pueden corregir todos estos problemas? ¿Qué deben hacer entonces los embajadores de la UE? El jefe de la diplomacia de la UE lo resume en esta regla de oro: «Tomen más la iniciativa. Prepárense para ser audaces».

La radiotelevisión pública no puede ser del que gobierna

Durante varias legislaturas hemos podido observar casi las mismas leyes de educación que cambios en la dirección de Radio Televisión Española. La última salida de José Manuel Pérez Tornero como presidente de la casa reabre una vez más la batalla por el control que los gobiernos tienen y quieren para hacer con la televisión pública un elemento más de su propaganda política.

FUENTE: EFE

La profesión no es lo que era, la polarización política ha polarizado aún más si cabe al poder mediático convirtiendo a los periodistas en siervos de partidos políticas y empresas. Muchos pensarán: “¿Por qué no iba a pasar lo mismo con la radio y televisión pública?” Sencillo, porque la pagamos entre todos y merecemos que los contenidos de esta sean de calidad; ya sea esta informativa, documental, cultural, histórica o educativa.

Por no decir que, fuera del poder propagandístico que de por sí un medio tiene, es un arma informativa para la protección de la ciudadanía, la cual el Ejecutivo pudo haber utilizado para educar sobre los cuidados del coronavirus. Una campaña que no se hizo en los medios y que sí se hace desde la DGT.

Es muy discutible que el tinte político de las opiniones vertidas en RTVE sea predominantemente conservador, como apuntaban miembros del consejo de administración de la casa. En nuestro paisaje mediático, de hecho, es palpable la hegemonía de las posiciones cercanas al Gobierno de coalición y a sus socios parlamentarios. Además, sobran los ejemplos que ilustran una patente afinidad entre la línea editorial de la Corporación y el Gobierno.

Lo que realmente parece querer la principal fuerza de intervención en los medios (compuesta, fundamentalmente, por personas del entorno de Podemos) es una identificación total de RTVE con la doctrina del Ejecutivo de coalición. Una aspiración más propia de regímenes en los que la información es controlada por el Gobierno. Un ejemplo más de la obsesión por obtener el apoyo de los medios públicos y privados cuando su gestión no resulta espontáneamente merecedora de buena prensa.

No es de extrañar que Pablo Iglesias quisiese en su momento hacerse con el control de RTVE. Esta semana en un programa de radio de máxima audiencia, tanto Iglesias como Carmen Calvo, dos ex vicepresidentes del Gobierno durante esta legislatura, defendieron la organización de los contenidos y contertulios en función de la representación política vigente, una suerte de cuotas partidistas con las que ejercer control sobre el medio público. Se recuerdan pocos episodios tan liberticidas como éste sin que haya comportado una condena rotunda ni del propio ente público ni tampoco del resto de medios de comunicación públicos y privados.

No es cosa de este Gobierno, eso está claro, se puede apreciar como los Ejecutivos de las regiones con televisiones públicas también meten mano de forma clara a las cadenas a modo de propaganda. Los medios y el periodismo deben garantizar la libertad de los españoles, no la buena imagen de unos políticos que no les dejan trabajar. La muerte de la información y, por tanto, de la democracia.