ESTRATEGIA FRENTE A TÁCTICA ANTE LOS PLANES DE LA COALICIÓN

El Gobierno de coalición ha vuelto a colocar al independentismo en el centro del debate tras el fracaso de la «opción Illa» y la formación de un gobierno autonómico de «línea dura». Vuelve a instalarse (si es que alguna vez se marchó) el convencimiento de que una parte del soberanismo es rescatable con ciertas concesiones, siendo la más importante el indulto a los presos del procés, a cambio de dar estabilidad parlamentaria al actual Ejecutivo. Ante esta estrategia del Gobierno y sus apoyos políticos, no cabe anteponer movimientos tácticos si no que es necesaria más que nunca una estrategia política y técnica sólida y consistente que sí tenga capacidad de parar decisiones injustas que provoquen un daño irreparable al Estado de Derecho.

Conforme van a ir pasando las próximas semanas y meses, los motivos de protesta contra el Gobierno van a crecer de una manera exponencial: la gestión de la pandemia, la errática e inconsistente política sanitaria, el más que posible mal uso de los fondos europeos, la irrelevancia de España en política exterior evidenciada en la crisis con Marruecos, la escalada inflacionista de la cesta de la compra y cómo el Gobierno se dedica a echar más gasolina a ese fuego (por ejemplo, el cambio de tarifas de la electricidad), las concesiones a los nacionalismos periféricos….

Este escenario requiere de una estrategia inteligente, en la cual converjan todos aquellos que deseen evitar una mayor disgregación y discordia en la sociedad española, además de pensar y estructurar cuál va a ser la «vía de salida» de la actual situación. Por supuesto todos los medios cívicos y democráticos a nuestro alcance son necesarios y legítimos (manifiestos, firmas, manifestaciones en la calle…) para defender una visión alternativa y colocarla como referencia para presionar al actual Ejecutivo. Pero es el momento de trabajar para despertar la atención y provocar la movilización de una gran mayoría de españoles silenciosos que desde su trabajo y vida personal cada día pueden impulsar las grandes transformaciones que nuestro país requiere.

Movilizar a los ya movilizados es una tarea en la que se pierden recursos muy necesarios para trabajar en un amplio espacio de la nación que también desde su cotidianiedad se indigan y protestan contra los indultos que quiere conceder el Gobierno Sánchez a los dirigentes independentistas, sin tener el apoyo del máximo órgano de justicia en España ni haberse sentado a hablar con la oposición para, al menos, tratar de forma conjunta una cuestión que afecta a todos los ciudadanos del país.

El otro espacio imprescindible es el de los partidos políticos y políticos a título individual que están en contra de los indultos. Su trabajo no es sólo ir a manifestaciones a protestar, sino que el lugar donde es necesario intensificar su labor es el Congreso de los Diputados, que no se les olvide. Con ello, les pedimos a los partidos constitucionalistas que realicen su trabajo de contrapeso al descontrol presente. Ese trabajo no se hace con un par de fotos. Se hace desde dentro y en silencio buscando el bien común y no el rédito político, con discursos que, en el panorama actual, no hacen más que tensionar más si cabe a los españoles.

Por último, a los miembros del Gobierno y del PSOE que no están de acuerdo con esta decisión de indultar a los líderes independentista, les pedimos que luchen desde dentro y hagan pensar a los dirigentes del partido y del Gobierno de la falta de integridad que supone dejar sin consecuencias a quien pasa por encima de la Carta Magna y que no sólo no se arrepienten, sino que ya han manifestado su intención de seguir intentando lograr la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña.

CÓMO EMBRIDAR A LAS BIG TECH: MÁS ALLÁ DEL PACTO DEL G7

La batalla por un pago de impuestos justo y razonable por parte de las big tech, ha tenido un hito relevante con el pacto del G7 para la aplicación de un impuesto de sociedades mínimo del 15%. Sin embargo, esto no es más que una parte de lo mucho que es necesario hacer para romper un oligopolio que amenaza nuestra soberanía, privacidad y libertad.

Si bien el objetivo fundamental de este pacto es impedir que las grande multinacionales deslocalicen su sede a otro país donde tengan una situación fiscal mucho más favorable, además de hacerles pagar en los países donde operan, en realidad es positivo para las big tech (Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Netflix y Apple) porque les da estabilidad regulatoria, supone un incremento escaso del pago de impuestos y elimina el mayor problema al que se enfrentaban que era la implantación de tasas Google en todos los países donde operan. Sin duda, su mejor defensor está siendo el Gobierno Biden, el cual sigue aplicando aranceles a varios países, entre los que se encuentra España, por esta cuestión.

Esta cifra del 15% está por debajo del nivel más bajo de los países del G7. De todas formas, los países occidentales más relevantes esperan que este sea un primer movimiento para implicar a más países en estas nuevas medidas. Comprometiéndose a llegar a una solución equitativa sobre el reparto de los derechos de imposición, “concediendo a los países del mercado derechos de imposición sobre al menos el 20% de los beneficios que superen un margen del 10% para las empresas multinacionales más grandes y rentables”, reza el texto del acuerdo.

«Facebook lleva mucho tiempo pidiendo una reforma de las normas fiscales mundiales y acogemos con satisfacción el importante progreso realizado en el G7», ha declarado Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales de Facebook, en un comunicado enviado por correo electrónico. «Creemos que un proceso dirigido por la OCDE que cree una solución multilateral ayudará a dar estabilidad al sistema fiscal internacional. El acuerdo del G7 supone un paso adelante en el esfuerzo por lograr este objetivo», ha explicado un portavoz de Amazon a Reuters.

De esta forma, las empresas aceptan las medidas tomadas por el G7 en estos términos para así poder evitar la aplicación de la Tasa Google y actuar bajo parámetros unificados en todo el mundo.

Aquí en España se espera que estas medidas hagan que el Estado perciba alrededor de 950 millones de euros, este año, por el tributo a las grandes tecnológicas. España trata de liquidar este mes a las grandes tecnológicas el impuesto de los dos primeros trimestres del año y aprovechará el acuerdo en el G-7 para negociar con EEUU el levantamiento de los aranceles.

Por otro lado, se esperaba que las ‘big tech’ notasen estos nuevos tributos en los mercados internacionales, algo que finalmente no ha ocurrido de forma significativa tras este nuevo acuerdo. A punto de cumplirse la primera hora de negociación en Wall Street, los títulos de Apple registraban un retroceso del 0,80%, mientras que los de Amazon perdían un 0,27% y los de Alphabet, matriz de Google, un 0,17%. De su lado, las acciones de Facebook se revalorizaban un 0,21%.

EL RECIBO DE LA LUZ COMO PARADIGMA POLÍTICO

Fuente: EFE

Pocos lugares de nuestro día a día son tan confusos y conflictivos como la electricidad. Siendo uno de los servicios esenciales clave para el funcionamiento diario de la sociedad, sufre constantes cambios regulatorios que alteran gravemente su funcionamiento, alejándose de sus objetivos más importantes como son la seguridad del suministro a costes razonables, la inversión en tecnologías eficientes que permiten reducir la huella de carbono o ser un elemento fundamental de competitividad de las empresas.

Este problema se agudiza en épocas donde el precio de la electricidad se dispara por diversos factores. Durante la primera semana de junio, los precios de los mercados eléctricos europeos crecieron mientras que la demanda bajó. La caída de la producción solar y eólica en varios mercados unida a un contexto de precios de gas superiores a 25€/MWh y de CO2 cercanos a 51,38€/tonelada, han propiciado este ascenso de precios que se traducen en una escalada de la inflación hasta el 2,7%.

Dos argumentos muy repetidos siempre que ocurren este tipo de subidas en el precio de la energía son, por un lado, la privatización del sistema energético durante los años 90. La idea que algunos de los Gobiernos tanto del PSOE como del PP han vendido a la sociedad en momentos de tensión del precio de la luz, es que las eléctricas han creado un oligopolio con total poder para manipular el mercado. Nada más lejos de la realidad: sólo el 35% de la factura es la energía real, mientras que el otro 65% son costes regulados por el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado, de los cuales una gran mayoría son impuestos.

Y, por otro lado, la existencia de un mercado en el que se fija el precio de la energía según la última tipología de fuente de generación que entra. Así es como funciona la mayoría de los mercados eléctricos europeos (mercados marginalistas) y con este mismo funcionamiento se ha conseguido en reiteradas ocasiones en los últimos años reducir el precio de la electricidad incluso llegando a los 0€/MWh.

La factura de la luz es el paradigma de la intervención desordenada, inconsistente y altamente perjudicial de los Gobiernos de los últimos años, los cuales sólo se preocupan de la electricidad, del gas o de las gasolinas cuando se producen situaciones de tensión de mercado. Mientras tanto, con sus decisiones se apropian de una cantidad nada desdeñable de dinero que se detrae de manera silenciosa de la caja del sistema eléctrico en forma de impuestos que no existen en otros países europeos.

En vez de hacer populismo barato con la factura de la luz, es urgente una acción de reducción costes en la factura, concretamente 5.000 millones de euros que Hacienda se apropia de manera injustificada teniendo un IVA de la electricidad al 21%, los ingresos con la subasta de derechos de CO2, el impuesto especial sobre la electricidad o el impuesto del 7% a la generación, entre otros.

RECONDUCIR LA POLÍTICA EXTERIOR EN EL NORTE DE ÁFRICA

El conflicto político y diplomático reabierto con Marruecos evidencia la urgente necesidad de replantear la política exterior española en el norte de África, especialmente tras el apoyo explícito de Estados Unidos a las pretensiones territoriales de la monarquía alauí a cambio del reconocimiento del Estado de Israel. La posición de España está debilitada por la falta de apoyo efectivo real de la Unión Europea, más allá de vagos discursos, y la escasa fuerza y complicidad en la relación con EE.UU, llegando todo ello en un momento delicado de movimientos migratorios, profundización en la desigualdad a un lado y otro de la frontera entre Europa y África, con un desafío notable en materia energética y con un más que probable revés de la Justicia europea a la inclusión del Sáhara Occidental en el acuerdo pesquero UE-Marruecos.

(FUENTE: EFE)

Desde hace unos meses, España y Marruecos llevan aumentando la tensión diplomática a causa de que, el pasado abril, fuese acogido en La Rioja el líder polisario, Brahim Ghalil, para ser tratado de coronavirus ante los escasos medios y protección por parte del gobierno de este país.

Marruecos continúa luchando por obtener apoyos para hacerse con la soberanía del Sáhara Occidental. Ya a finales de 2020 el expresidente Donald Trump lo reconoció como tal y ahora esperan sumar a la Unión Europea a través de España. Sin embargo, las tensiones escalaron cuando el Gobierno confirmó que el líder polisario se encontraba hospitalizado en nuestro país «por razones estrictamente humanitarias».

A causa de esto, Marruecos ha roto la baraja diplomática, provocando una auténtica invasión en la Ciudad Autónoma de Ceuta con el amparo de Rabat. En este conflicto ha entrado también la Unión Europea en defensa de sus fronteras, situación que Marruecos quiere evitar a toda costa para no recibir multas del órgano supranacional. Marruecos quiere un pedazo del pastel de los fondos europeos para controlar las fronteras y, sumado al conflicto del Sáhara con nuestro país, ha hecho colmar el vaso del monarca africano. Del mismo modo, la semana pasada se aprobó la concesión de 30 millones de euros a Marruecos para frenar estos movimientos y tratar de calmar el enfado de la monarquía alauí.

Jugar con vidas humanas es una constante en las últimas décadas en Marruecos, creando un conflicto (España-Marruecos) a partir de otro (Marruecos-Sáhara). Marruecos ha mercantilizado con la vida de menores y personas desesperadas por obtener una vida mejor; menores que están siendo buscados por sus padres tras haber sido engañados para cruzar la frontera y sembrar el caos en Ceuta y Melilla. Detrás del uso de esta crisis por el lado ‘humanitario’, hay todo un reto de política hacia el norte de África para, por un lado, luchar de manera efectiva contra las mafias que trafican con seres humanos (en ocasiones amparados por los propios Gobiernos) y, por otro lado, crear las condiciones para una cooperación efectiva entre países.

España se la juega en múltiples materias en el Sahel de carácter geoestratégico. No todo es blanco y negro, la gama de grises en la política exterior en esta zona del mundo es especialmente importante, siempre bajo una imagen de contundencia y posiciones firmes que, hoy por hoy, no está mostrando el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

ARREGLAR EL FUTURO OLVIDANDO EL PRESENTE

En los últimos tiempos se ha intensificado la producción de documentos que pretenden dar una visión de largo plazo tanto en materia económica como en términos globales en materia de reformas políticas e institucionales. Siempre es necesario tener una visión de futuro y dedicar el tiempo necesario siempre y cuando se tenga una visión cabal sobre el presente y lo que se debe hacer a corto plazo. Éste es, sin duda, el principal problema de España, donde se destina más tiempo a pensar en 2030 y 2050 que en elaborar los programas urgentes de medidas a aplicar para el próximo año.

(FUENTE: EFE)

El Plan España 2050 presentado por el Gobierno es un excelente ejercicio de consultoría, no de política de Estado con fundamentos sólidos. Por supuesto es loable y hay que felicitar el trabajo realizado por los expertos que han participado, los cuales acuden a la llamada del Gobierno cuando es necesario. Sin perjuicio de esto, es necesario ser conscientes de qué se quiere hacer con un documento como éste y tratar de influir en el organismo que hace el encargo (en este caso, el Gobierno mismo) para que el trabajo que se realice sea lo más productivo posible.

Hace poco más de un lustro, España se unió al compromiso de 193 países de la ONU para crear la Agenda 2030, compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que pretenden, entre otras cosas, acabar con la pobreza y el hambre en el mundo, promover el trabajo decente o actuar para frenar el cambio climático. En realidad, la Agenda 2030 es la renovación -con avances y añadidos- de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados en el año 2000.

Siempre es bueno tener una política que busque un cambio en relación con el futuro, pero quizás ahora es momento de centrarse en lo más inmediato para poder luchar contra los efectos actuales de la crisis del coronavirus. Este plan, a 30 años vista, eclipsa el presentado por la ONU hace 6 años y del que parece que ya nos hemos olvidado porque sabemos que no vamos a poder cumplir con las directrices que en su momento se marcaron.

Estamos viviendo una situación límite en muchos aspectos y no podemos centrar nuestras fuerzas en resolver los problemas del futuro cuando, ahora mismo, la sociedad reclama acciones que achaquen los problemas que están sufriendo. No es momento de hacer propaganda con planes futuros, es momento de ponerse a disposición de la sociedad y dejar de reírse de ella de esta forma. No se le puede pedir a la sociedad que piense en 2050 cuando en 2021 estamos enfrentándonos aún a una situación muy complicada.

Por ejemplo, todavía no sabemos bien a dónde se va a destinar el dinero de los fondos europeos de recuperación, y es algo que la ciudadanía debe conocer, ya que debería afectar a un cambio inmediato en relación al bienestar de nuestro país. Sería el momento de aclarar las dudas que existen en la población, en lugar de generar más creando nuevas metas para un futuro que se encuentra a 30 años de la situación que estamos viviendo.

Más allá de la irresponsabilidad de la creación de este plan en un momento tan complicado para España, la Agenda 2050 deja grandes preguntas también. De momento, este informe, de 676 páginas, apuesta por una serie de medidas para garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo, que permita crear empleo y, a la vez, reducir el déficit público y la deuda. Además de lograr convertir a España en un país más eficiente, digital, verde y justo. “Una España que avanzaría desde la media europea alcanzada en los últimos 30 años para situarse entre los países más punteros de la UE. Algo realmente posible”, esto dijo Pedro Sánchez durante su la presentación del informe en el del Reina Sofía, con ausencias más que elocuentes de determinados dirigentes empresariales. A partir de ahora, dice que se abre “un gran diálogo nacional” para analizar los retos del país en los próximos treinta años e intentar construir desde la unidad la España de 2050

Las propuestas que más resaltan de esta Agenda 2050 son:

Jornada laboral de 35 horas, subida de impuestos, armonización fiscal, impuesto al uso de los vehículos, prohibición de viajes cortos en avión, fomento de pensiones privadas, ampliar la edad de jubilación, inmigración legal para paliar la caída demográfica, prestación por crianza, herencia universal para la juventud, aumentar el gasto educativo, plan de vivienda.

Predicar sobre el futuro sin tener bien anclado el presente es un ejercicio de riesgo que no nos debemos permitir como país.

EN DEFENSA DE LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL

No existe arrepentimiento, no se ha hecho gesto alguno de reparación del daño provocado, no ha pasado el tiempo suficiente de cumplimiento de condena, ni tan siquiera hay una voluntad clara de acuerdo para poner fin a más de una década de despropósito continuado en Cataluña. Si no se dan ni las más mínimas condiciones que pudieran permitir estudiar siquiera alguna medida de gracia, ¿por qué insiste el Gobierno en ‘naturalizar’ el indulto a los presos del procés? Es evidente que esta medida es el puntal de una legislatura agotada, de un paradigma que se consume cada día que pasa, con un daño creciente a la imagen de España en el exterior y el deterioro que supone para la calidad institucional en nuestro país. Ante un caso tan evidente de trato de favor de un Gobierno para uno de sus apoyos fundamentales parlamentarios, no caben discursos vacíos, sino la contundencia del Estado de Derecho para con aquellos que han querido romper la nación constitucional.

(FUENTE: EFE)

Tras la sesión parlamentaria del pasado miércoles, quedó claro que la postura del presidente Pedro Sánchez en este aspecto no es la que debería ser razonable. Durante el pleno, el presidente llegó a decir que “hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia”. Curioso que la concordia se haya logrado por la aprobación de unos Presupuestos y no por el arrepentimiento de los condenados, que claramente tienen un peligro de volver a intentar otro golpe de Estado de Cataluña.

Por otro lado, el Gobierno está usando la Constitución a su antojo en su defensa o ataque hacia aquellos que discrepan. Sin embargo, en este caso no hay escapatoria posible. La Carta Magna en ningún momento admite la posibilidad de quebrantar la unidad nacional. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha incidido sobre esto tras las palabras de Sánchez, acusándole de “poner en riesgo la continuidad de la España constitucional a cambio de continuar en el poder”.

No hay un precedente de un comportamiento así en Europa y mucho menos que un ministro de Justicia, como es Juan Carlos Campo, afirme con naturalidad que se pueda indultar a personas que han quebrantado de todas las formas que han podido el Código Penal y que, volvemos a recordamos, jamás se han arrepentido y ya han confirmado que van a seguir intentando su tan ansiado e ilegal propósito. El Ejecutivo de Sánchez está causando mucho daño a la calidad democrática de nuestro país y, por la contundencia de actos como estos, son plenamente conscientes de ello.

Por otro lado, el máximo organismo de justicia de España, el Tribunal Supremo, no ha tardado en expresas su rotunda disconformidad con esta situación oponiéndose rotundamente a conceder cualquier forma de indulto, incluso de forma parcial a los doce condenados en el juicio del procés. En caso de que esta solución se adopte finalmente, el organismo considera que sería una “solución inaceptable”, al no darse ninguna de las tres razones que, por ley, contemplan el indulto.

En el informe dirigido al ministro de Justicia, el Supremo señala que estos indultos pretenden que el Gobierno “corrija la injusticia” que para los independentistas fue la sentencia de este mismo tribunal por el referéndum del 1-O. Señalando también que “no es este el sentido y finalidad del indulto”.

Esta postura del Gobierno de coalición, supeditando su estabilidad al deterioro del régimen constitucional, solo hace mal al país. Los presidentes vienen y van, lo importante es que desarrollen su trabajo por el bien de su país y, en este momento, es evidente que no está defendiendo los intereses del país. Desde ‘La España que Reúne’, instamos al Gobierno a reconsiderar sus intenciones de indultar a aquellos que quieren dividirnos y la oposición en luchar contra estos indultos para defender la Constitución, siendo necesario no dejar espacio a posturas más extremas que empeoren aún más la situación.

Las democracias no son indestructibles

Colombia está en pie de guerra. Las calles sufren un descontrol absoluto que recuerda a un conflicto civil más que a la normalidad en la democracia más longeva de Latinoamérica. La situación lleva más de una semana fuera de control y, de momento, parece no tener fin. Al igual que sucedió en Chile, ¿de dónde nace este conflicto y por qué afecta especialmente a la Alianza del Pacífico?

Unas imágenes escalofriantes que recuerdan a una guerra entre ciudadanos más o menos organizados especialmente en provincias donde existen estados paralelos y el ejercito del país. Los manifestantes salieron a las calles colombianas desafiando una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender la jornada de protesta debido a la gravedad de la pandemia en el país, en el que han fallecido más de 75.000 por COVID-19. Poco después de que se iniciaran las protestas, el presidente Iván Duque desplegó fuerzas militares en las calles para tratar de sofocar los disturbios.

Las protestas comenzaron en noviembre de 2019 contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque, y han vuelto después de más de un año de coronavirus en el país, lo que ha derivado en graves consecuencias económicas para la mayoría de las familias colombianas, y tras la propuesta de una reforma tributaria que iba a afectar especialmente a las clases medias. Si bien estas revueltas pueden surgir a causa de determinadas decisiones gubernamentales que afectan especialmente a los estamentos más desfavorecidos de su sociedad en medio de un momento crítico, en realidad provienen de un movimiento de ataque a las democracias coaligadas en torno a la Alianza del Pacífico, habiendo ocurrido antes en Chile y Perú.

En Chile, todo saltó por los aires cuando el Gobierno decidió subir el precio del billete del transporte público y no paró hasta que no se cambió la Constitución del país. En Perú, el caso más reciente al menos con cobertura en medios, provocó la renuncia de Manuel Merino tras lo que algunos medios consideraron como un intento de golpe de estado encubierto, hecho considerado por Mario Vargas Llosa como “anticonstitucional”. 

Los dirigentes deben reunirse con los líderes de la ciudadanía para reconducir una situación límite en favor del restablecimiento de la democracia y de su salud, así como de la ciudadanía, que es la base de ésta. Pero al mismo tiempo, es necesario investigar a fondo qué es lo que está sucediendo para que se produzca un movimiento de desestabilización de la región tan intenso y prácticamente simultáneo.

Una reflexión prudente sobre la reforma de las oposiciones

La reforma del sistema de acceso a la función pública es una constante a lo largo de los últimos años, la cual ha vuelto a aparecer a escena tras la propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y en el contexto de la desaparición de la ENA en Francia. La importancia del asunto obliga a hacer propuestas prudentes e inteligentes que vayan más allá de los eslóganes fáciles que se han transmitido durante estos días. No se puede reducir la cuestión a «memoria vs. aptitud». 

A partir de lo anunciado por el Gobierno (“se trabaja en una estrategia para reformar el modelo de acceso al empleo público en el que se tenga más en cuenta la capacidad y la aptitud y menos la habilidad memorística”), iniciamos el debate con tres aportaciones de interés: por un lado, lo que señalan dos destacados miembros de nuestro Club de Opinión como son los profesores Sosa Wagner y De Carreras y, por otro lado, las propuestas de los altos funcionarios de la Administración del Estado, representados por Fedeca.

En el caso del profesor de Carreras, este modelo le recuerda a aquel modelo de enseñanza conocido como plan Bolonia y que acabó siendo un completo desastre. “Habilidades, competencias, prácticas, contra el esfuerzo, contra la memoria y devaluando el conocimiento. Todo eso me suena. Lo que se necesita, pues, según la filosofía que inspira el proyecto, son personas inteligentes, cuya aptitud los psicólogos pueden evaluar mediante test, minusvalorando en cambio el esfuerzo para alcanzar «el mérito y la capacidad» que exige el artículo 103.3 de la Constitución, un elemento clave para que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública dentro de una Administración cuya finalidad es servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y a los fines que la justifican”.

Para el profesor Sosa Wagner, “otra grave consecuencia de estos modos de organización es el terremoto que se produce con ocasión de cualquier remodelación ministerial. Y lo ya definitivamente perturbador es que estas facultades de designaciones tan alejadas de la templanza que debería adornar a los ministros se trasladan, como en una cascada cantarina, a sus subordinados, los secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales quienes usan su voluntad para designar a los responsables de otras muchas dependencias: subdirectores y funcionarios asimilados que se cuentan ya por centenares”, lo que para Sosa Wagner, como antes comentábamos también, puede ocasionar la aparición de gente que solo busca un puesto fijo que no merecen.

Por último, Fedeca (Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) pide modernizar las oposiciones actualizando los procesos de selección y dar becas para acceder a la función pública para eliminar el sesgo socioeconómico. La Administración del Estado está envejecida: su edad media es de 52 años, 10 más que la del conjunto de la población activa, lo que hace que en la próxima década más de la mitad del personal se vaya a jubilar. Ante esta “crisis demográfica de la función pública”, los altos funcionarios llaman a tomar medidas urgentes para anticiparse a la futura “descapitalización” de la Administración. Por ello, piden planificar mejor las necesidades de efectivos, modernizar las oposiciones, ofrecer becas a los candidatos para democratizar el acceso al empleo público, y dar mucha más publicidad a las convocatorias para hacerlas atractivas a los jóvenes.

Ante unas pruebas de acceso criticadas por ser lentas, anticuadas y excesivamente memorísticas, Fedeca considera “inaplazable” su reformulación para adaptarlas más al desempeño concreto de los cargos y porque se midan mejor las aptitudes y las competencias como el liderazgo o la gestión de equipos. Si queremos seleccionar directivos, tenemos que valorar nuevas cuestiones. Y si se evalúan competencias distintas, también es necesario profesionalizar los tribunales examinadores.

Además, se deben actualizar los temarios, con conocimientos transversales para todos los cuerpos A1, y simplificar los procedimientos, reduciendo los tiempos entre distintas pruebas o liberando a los aspirantes de volver a realizar un examen si ya demostraron su capacidad en una convocatoria anterior. “La idea no es rebajar la dificultad, ya que si uno quiere captar la excelencia las pruebas deben ser difíciles, pero sí agilizar los plazos o guardar los exámenes de un año para otro, por ejemplo, en el caso de los idiomas”.

Por último, Fedeca propone generalizar un sistema de becas para opositores en función de su expediente académico y nivel de renta, y la posibilidad de acceder a préstamos financiados por el órgano que convoque las plazas ya que los costes de opositar son uno de sus desequilibrios del sistema de oposiciones, ya que no están al alcance de todos

Es evidente la necesidad de un cambio profundo en la Administración Pública en términos de productividad, generación de resultados, motivación y capacidad de innovación en sus puestos de trabajo. La mayor parte de los funcionarios se enfrentan ante situaciones de «riesgo moral» ya que, a no ser que hagan una barbaridad dentro de sus puestos, no pueden ser expulsados de la función pública. Es un trabajo que da seguridad al ciudadano por su condición de vitalicio y al que mucha gente pretende acceder.

Derecho a la discrepancia y lealtad política no son incompatibles

La publicación «Definición ABC» define la militancia como la promoción de “un cambio a nivel político a favor de una determinada postura política que es la que se promueve y defiende”. En este sentido, el afiliado debe ser un sujeto librepensador dentro de su propio partido en favor del progreso y beneficio de éste, algo que en los últimos días se está poniendo en cuestión con los expedientes disciplinarios incoados por la actual ejecutiva del PSOE a Nicolás Redondo Terreros y Joaquín Leguina.

En pleno proceso de deterioro de la calidad de las instituciones, los partidos políticos no quedan al margen. El debate ideológico se sustituye por la consigna, castigando o con la indiferencia o con la sanción a todo aquél que no sigue escrupulosamente los dictados de la ejecutiva correspondiente. Precisamente, no hay mayor prueba de lealtad a las siglas de un partido político que trabajar públicamente y no soterradamente por cambiar aquello que se entiende que no funciona o que podría ser mejorable. Esto es aún más importante en un contexto de crisis económica, política e institucional donde cada improvisación, error en las herramientas que se utilizan o inexistencia de los más elementales contrapesos internos que permiten encauzar el rumbo cuando todo sale mal, genera un enorme coste para los ciudadanos.

Las élites que gobiernan los partidos no son eternas ni infalibles. Están en tanto en cuanto existe proyecto político con éxito y apoyo de la militancia. Es evidente que en el Gobierno de coalición esto está empezando a cambiar, siendo necesario empezar el cambio por el «proyecto». Y para ello no se puede prescindir del talento, experiencia y criterio de personas que pueden aportar valor. Evitemos una mayor descapitalización política de los partidos y una acelerada desafección de aquéllos que tienen mucho que decir con solidez ideológica, capacidad de gestión y entendimiento con los adversarios.

Los partidos políticos son una herramienta imprescindible para organizar e instrumentar la participación ciudadana en las tareas de gobierno de su país. Como toda organización, cuenta con un código de conducta de obligado cumplimiento por parte de sus miembros, y la necesidad de identificarse y reconocerse en las siglas. Ni una cosa ni la otra han sido vulneradas por Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros, con lo cual el expediente disciplinario ya nace basado en apreciaciones que distan de la realidad a partir de una distorsión consciente de lo publicado en medios de comunicación. Es el caso de las fotos junto a la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto que nada tenía que ver con la campaña electoral, al cual se invitó a los principales partidos con representación en la anterior Asamblea de Madrid. Pero sólo la candidata popular se presentó a ver la labor que se realiza en la Fundación Alma Tecnológica.

La foto se malinterpretó desde los medios de información para desgastar la imagen del PSOE, introduciendo así un elemento más de polémica a una de las campañas más tensas y polarizadas de la historia de nuestro país. De ningún modo la foto debía suponer un apoyo, al igual que otras declaraciones y pronunciamientos de este Club de Opinión o particular de los señores Leguina y Redondo Terreros. Por tanto, es una cuestión de vulneración de los derechos fundamentales de un militante de expresar su discrepancia con la dirección de su partido. Pero, tristemente, la élite dirigente confunde «discrepancia» con «desafección» o incluso con «traición», volviendo a concepciones y términos en lo más negro de nuestra historia.

El PSOE debe volver a la senda de la responsabilidad, la moderación y el respeto para recuperar la confianza de los españoles que, siendo socialistas, no confían en los líderes de su partido por sus actos más recientes y ataques a personas que, sin lugar a dudas, representan mejor que nadie los valores de este partido. No se puede ir en contra de la libertad y, mucho menos, de aquellos que han dado todo por ti si mañana quieres ser mejor que ayer.

La propaganda partidista llega al BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) llegó el pasado viernes 23 de abril con una sorpresa difícil de creer: un ataque directo al principal partido de la oposición en el Preámbulo de un texto normativo de enorme relevancia como es una Ley Orgánica, algo que no había sucedido nunca, ni siquiera en los momentos de mayor polarización política en democracia. No se trata de una mera anécdota, sino de otro ejemplo más del uso y abuso de las instituciones para el beneficio del actual Gobierno de coalición, el cual usa todos los canales a su alcance para reforzar su posición de poder e influencia.

La «anécdota» encierra un hecho de enorme gravedad. Es legítimo discrepar y construir una política alternativa a la que han ejercido gobiernos pasados, trasladándola a los textos legales. Es lo normal en democracia. Sin embargo, lo que no es normal es que una interpretación particular, sesgada y que refleja un criterio parcial sea elevada a categoría de preámbulo de una ley, y menos si ésta es una Ley Orgánica no menor que deroga el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal que establecía pena de cárcel para los piquetes en las huelgas.

“Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”. Este es el párrafo donde, de forma explícita, la coalición de Moncloa ha llevado su particular lucha partidista a una Ley Orgánica sancionada por el Rey. De inmediato, las organizaciones más importantes de profesionales y sociedad civil reaccionaron, por ejemplo la Asociación de Fiscales, la cual denunció que se utilice el BOE de forma partidista. Una manipulación que trata de demonizar al rival a través de la falta de neutralidad del texto de la ley, tratando de conseguir réditos político justo antes de los comicios regionales de Madrid del 4 de mayo.

A este primer párrafo se le añade otra dura reprimenda contra la reforma laboral aprobada bajo el
mandato de Mariano Rajoy, de la que el texto dice que «prácticamente excluyó la negociación colectiva
de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos». Y añade con
un estilo muy valorativo: «No pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las
medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015,
de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el
corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la
capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia
las políticas del Gobierno».

Este acto de Sánchez cruza todas las líneas rojas dando el mismo uso al BOE que el de un panfleto
político. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha denunciado con razón esta violencia institucional: “ya es el colmo que también el Boletín Oficial del Estado (BOE) sea un panfleto electoral del PSOE”, tildándolo de “inadmisible” y por lo que anunció que pedirá responsabilidades al Gobierno tras “atacar a la oposición” en la exposición de motivos que realiza el Ejecutivo para justificar la derogación del punto 3 del artículo 315 del Código Penal.

Pero esta crítica legítima no debe dejar de lado la responsabilidad de los partidos políticos y sus equipos parlamentarios en la elaboración de las leyes. ¿Por qué nadie se dio cuenta de que la norma iba a ser aprobada con semejante ataque a la neutralidad de las leyes? ¿Qué estaban haciendo los equipos de asesores y diputados en las Cortes para no percartarse de esta maniobra? Es evidente que alguien no ha hecho bien su trabajo, con lo cual es necesario exigir responsabilidades.

Con independencia de este punto no menor, el mero hecho de haber incluido valoraciones de debate político y de sectarismo son una vergüenza democrática que no pueden tener cabida en el espíritu constitucionalista que debe ser defendido por los partidos políticos y sobre todo debe ser defendido desde el Gobierno. Los textos normativos deben ser neutros, objetivos y generadores de seguridad jurídica. No pueden convertirse en otro espacio más de lucha partidista. Para eso está el Parlamento, representación de la soberanía nacional. Ése y no otro es el lugar para discutir las leyes y en función de la mayoría parlamentaria, aprobarlas o no.