Blog - La España Que Reúne

El precio (democrático) a pagar con la corrupción

Mientras los tribunales vuelven a llenarse de nombres y escándalos, la verdadera pregunta permanece intacta: cuánto le cuesta a España (en dinero, en instituciones y en confianza) una degradación que ya reflejan todos los indicadores internacionales.

FUENTE: EFE

España vuelve estos días a mirarse en el espejo incómodo de la corrupción. Declaraciones, juicios, nombres conocidos, tramas que se repiten con distintos protagonistas. El ruido es el de siempre. Pero el problema no está en el detalle de cada caso, sino en lo que todos ellos, juntos, revelan.

Porque más allá del morbo judicial hay una pregunta que rara vez se formula con la seriedad que merece: cuánto cuesta realmente la corrupción. Y la respuesta es más incómoda que cualquier titular.

Un coste que no siempre se ve

Medir la corrupción no es sencillo. No aparece en los presupuestos, no se etiqueta en las partidas de gasto, no deja una factura clara. Pero eso no significa que no tenga coste.

Diversos organismos internacionales han tratado de aproximarlo. La Comisión Europea estimó hace años que la corrupción puede suponer en torno al 1% del PIB en economías desarrolladas. En el caso español, distintos estudios han elevado esa cifra en determinados momentos hasta el 2% o incluso más, dependiendo de la metodología empleada.

No es sólo dinero desviado. Es también ineficiencia estructural: contratos inflados, inversiones mal diseñadas, decisiones públicas condicionadas por intereses privados.

Y ese coste, aunque no siempre visible, termina pagándose.

El deterioro institucional

Pero el impacto más profundo no es económico. Es institucional.

Los indicadores internacionales llevan tiempo señalando una tendencia preocupante. España sigue siendo una democracia consolidada, pero ha ido perdiendo posiciones en algunos de los principales índices de calidad institucional y control de la corrupción.

El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional refleja en los últimos años un estancamiento, cuando no un retroceso relativo frente a otros países europeos.

Lo mismo ocurre en los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, donde España ha visto deteriorarse algunos parámetros vinculados a la calidad regulatoria y al control de la corrupción.

No se trata de una caída abrupta. Es algo más sutil: una erosión lenta, pero constante.

Normalización del problema

Ese deterioro tiene una consecuencia especialmente peligrosa: la normalización.

Cuando los casos de corrupción se suceden sin consecuencias políticas claras, cuando las responsabilidades se diluyen y cuando el debate público se reduce al enfrentamiento partidista, el problema deja de percibirse como excepcional. Pasa a formar parte del paisaje.

Y en ese punto, el daño se multiplica. Porque la corrupción no sólo afecta a las instituciones, sino también a la percepción que los ciudadanos tienen de ellas.

La confianza, ese elemento invisible que sostiene cualquier sistema político, empieza a resquebrajarse.

Más allá de los tribunales

Los juicios son necesarios. La actuación de la justicia es imprescindible. Pero no es suficiente. Porque la corrupción no es sólo un problema penal. Es un problema político.

Tiene que ver con la calidad de los nombramientos, con los mecanismos de control, con la transparencia en la gestión y, sobre todo, con la asunción de responsabilidades.

Cuando esas responsabilidades no se asumen, el sistema se adapta. No corrige el error: lo incorpora.

Un problema estructural

Por eso el debate de estos días no debería quedarse en los detalles de cada caso. Lo relevante no es sólo quién hizo qué. Lo relevante es por qué sigue ocurriendo.

España no es una excepción en Europa. Pero tampoco es inmune a una tendencia que, si no se corrige, puede consolidarse: la de una degradación institucional progresiva, difícil de percibir en el corto plazo, pero muy costosa en el largo.

El verdadero coste

Al final, la corrupción no se mide sólo en millones de euros. Se mide en oportunidades perdidas, en decisiones públicas que no responden al interés general, en instituciones que pierden credibilidad y en ciudadanos que dejan de confiar. Ese es su verdadero precio.

Y, a diferencia de los escándalos que llenan titulares durante unos días, ese coste permanece mucho después de que los focos se apaguen.

Europa necesita a Estados Unidos en un mundo sin alternativas

Ni los excesos de Washington ni las derivas de Oriente Medio cambian una realidad incómoda: Europa y Estados Unidos siguen necesitándose en un mundo donde las alternativas no son neutrales, sino abiertamente hostiles.

FUENTE: EFE

Durante unas horas, el mundo volvió a asomarse al abismo. Las declaraciones de Donald Trump sobre Irán, con referencias que apuntaban a una lógica de aniquilación más que de contención, no fueron un exabrupto aislado, sino la expresión de una forma de entender el poder: directa, descarnada y peligrosamente desprovista de límites retóricos. Poco después, el acuerdo alcanzado con Irán rebajó la tensión inmediata. Pero no resolvió nada esencial.

Porque lo relevante no es el episodio. Es el marco. Y en ese marco, Europa vuelve a enfrentarse a una pregunta incómoda que lleva años intentando esquivar: con quién está y con quién puede contar realmente.

El espejismo de la equidistancia

En determinados sectores políticos europeos se ha instalado la idea de que es posible construir una posición autónoma basada en una suerte de equidistancia estratégica. Ni con Estados Unidos ni contra él. Ni dentro del bloque occidental ni plenamente fuera.

Esa posición, sin embargo, choca con la realidad.

Europa puede (y debe) aspirar a una mayor autonomía estratégica. Pero autonomía no significa neutralidad. Y, sobre todo, no significa ignorar la naturaleza de los actores con los que comparte escenario.

Ni el régimen iraní, ni la Rusia de Vladimir Putin, ni la China de Xi Jinping representan alternativas sistémicas compatibles con el modelo europeo. No es una cuestión moral abstracta. Es una cuestión política concreta.

Intereses, no simpatías

La relación entre Europa y Estados Unidos no se sostiene sobre la simpatía personal entre líderes. Nunca lo ha hecho. Se sostiene sobre una comunidad de intereses, de valores básicos y, sobre todo, de estructuras compartidas que llevan décadas articulando el orden internacional: desde la OTAN hasta el sistema financiero global.

Eso no desaparece porque el inquilino de la Casa Blanca adopte un tono más agresivo o porque sus decisiones generen incomodidad en las capitales europeas. Al contrario: en momentos de incertidumbre es cuando esas estructuras demuestran su importancia.

La tentación del distanciamiento

Las declaraciones de Trump y la actuación de Benjamin Netanyahu alimentan en Europa una tentación comprensible: la del distanciamiento. Pero esa tentación tiene límites muy claros.

Europa no dispone, al menos por ahora, de una capacidad militar autónoma suficiente para garantizar su seguridad sin el respaldo estadounidense. Tampoco tiene una arquitectura geopolítica alternativa que le permita sustituir esa alianza por otra equivalente.

Y, lo que es más importante, no existen socios globales que compartan con Europa un marco político mínimamente comparable.

Un mundo sin refugios cómodos

La idea de que Europa puede elegir sus alianzas como si se tratara de una cuestión de afinidades ideológicas ignora la naturaleza del momento actual.

El mundo no se está reordenando en torno a opciones cómodas. Se está reorganizando en torno a bloques de poder con intereses claros y, en muchos casos, incompatibles.

En ese contexto, la relación transatlántica no es perfecta. Nunca lo ha sido. Pero sigue siendo la menos imperfecta de las disponibles.

Lo ocurrido con Irán deja una enseñanza que va más allá del episodio concreto. Incluso en medio de declaraciones extremas, tensiones militares y decisiones controvertidas, Estados Unidos sigue siendo el actor imprescindible para cualquier intento de estabilización global. Y Europa, por sí sola, no puede sustituir ese papel.

Eso no implica aceptar acríticamente cada decisión de Washington. Implica algo más exigente: saber diferenciar entre la crítica necesaria y la ruptura imposible.

Aliados, pese a todo

Por eso la relación entre Europa y Estados Unidos no se define por momentos concretos, sino por una estructura más profunda. Una estructura que combina intereses estratégicos, valores compartidos y una interdependencia que no tiene equivalente en el sistema internacional actual.

Se puede (y se debe) discutir con Estados Unidos. Se puede (y se debe) discrepar de sus decisiones. Pero lo que no parece realista es imaginar un mundo en el que Europa pueda prescindir de esa alianza sin asumir costes mucho mayores.

En un escenario internacional cada vez más inestable, la pregunta no es si Europa está cómoda con Estados Unidos. La pregunta es si existe una alternativa mejor. Y, por ahora, la respuesta sigue siendo la misma.

Unidos por un hilo rojo llamado ‘presupuestos’

El bloqueo de los presupuestos catalanes y la presión de ERC revelan hasta qué punto el futuro político de Moncloa y de la Generalitat depende ya de una misma ecuación.

Hay momentos en política en los que las relaciones dejan de ser tácticas para convertirse en estructurales. Eso es lo que está ocurriendo entre Pedro Sánchez y Salvador Illa. Ya no se trata de afinidad política ni de estrategia compartida. Se trata de algo más profundo: la suerte de uno depende directamente de la del otro.

Lo ocurrido en las últimas semanas en Cataluña lo confirma.

El intento de sacar adelante los presupuestos de la Generalitat ha terminado encallando en el mismo lugar donde se atasca hoy buena parte de la política española: en la capacidad de ERC para condicionar, retrasar o directamente bloquear cualquier acuerdo. Y lo que en apariencia es una negociación autonómica se ha convertido, en realidad, en un problema de Estado.

ERC como árbitro permanente

Esquerra ha vuelto a demostrar que su papel no es el de socio estable, sino el de árbitro interesado. No busca cerrar acuerdos duraderos, sino maximizar su posición en cada negociación. Presiona en Cataluña para obtener ventajas en Madrid. Y presiona en Madrid para reforzar su posición en Cataluña.

El resultado es conocido: presupuestos que no avanzan, acuerdos que se posponen y una sensación creciente de provisionalidad.

Para Salvador Illa, esto supone un problema inmediato. Su proyecto político —presentarse como gestor solvente, capaz de devolver estabilidad institucional a Cataluña— queda en entredicho cuando no puede garantizar algo tan básico como unas cuentas públicas.

Pero el problema no es sólo suyo.

Cada dificultad de Illa en Cataluña es una señal de debilidad para Sánchez en Madrid.

Porque el presidente del Gobierno ha construido su mayoría parlamentaria sobre una lógica muy concreta: la capacidad de integrar a los independentistas en un marco de negociación permanente. Si ese marco se resquebraja en Cataluña, pierde consistencia en el Congreso.

El bloqueo presupuestario en la Generalitat no es un episodio aislado. Es un síntoma. Indica que el equilibrio sobre el que se sostiene la legislatura empieza a mostrar grietas.

Y esas grietas no son fácilmente reparables, porque no dependen de decisiones unilaterales. Dependen de actores que tienen incentivos claros para mantener la tensión.

Dos agendas, una misma dependencia

Sánchez necesita a ERC para gobernar en España. Illa necesita a ERC para gobernar en Cataluña.

Esa doble dependencia genera una situación paradójica: ambos están obligados a ceder, pero ninguno puede hacerlo en exceso sin debilitarse políticamente.

En ese equilibrio inestable, cada negociación se convierte en un pulso. Y cada pulso en una prueba de resistencia.

Lo que ha ocurrido con los presupuestos catalanes es precisamente eso: un recordatorio de quién tiene la capacidad de bloquear.

El problema de fondo

Durante meses se ha intentado presentar la relación con el independentismo como un proceso de normalización política. Como una forma de integrar el conflicto en las instituciones y reducir la tensión.

Pero la realidad es más compleja.

La normalización no ha eliminado la capacidad de veto de los socios. Al contrario, la ha institucionalizado. Y eso convierte cada decisión relevante en una negociación incierta.

Cuando esa lógica se traslada a dos niveles —el autonómico y el nacional—, el resultado es un sistema político permanentemente condicionado.

Un mismo horizonte

Por eso el vínculo entre Sánchez e Illa ya no es sólo político. Es estructural.

Si Illa fracasa en consolidar su proyecto en Cataluña, la estrategia de Sánchez pierde una de sus piezas clave.
Si Sánchez pierde capacidad de maniobra en Madrid, Illa ve limitada la suya en la Generalitat.

No son dos problemas distintos. Es el mismo problema en dos escenarios.

Y en ese contexto, el bloqueo de unos presupuestos deja de ser una anécdota parlamentaria para convertirse en algo más relevante: una advertencia sobre la fragilidad del modelo político que ambos comparten.

El futuro de Sánchez pasa por Cataluña. Y el de Illa, inevitablemente, por Madrid.

Andalucía sorprende por la incógnita

La convocatoria electoral sorprende a la oposición, pero también abre una incógnita clave: si el PP puede sostener su mayoría absoluta o si empieza a reproducirse el nuevo equilibrio político nacional.

La convocatoria de elecciones en Andalucía ha cogido a casi todos con el paso cambiado. No porque no fuera previsible —la política española vive instalada en una precampaña permanente—, sino porque el momento elegido altera los cálculos de todos los actores.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido anticiparse. Y en esa decisión hay una intuición política clara: ir a las urnas antes de que el desgaste sea visible y antes de que la oposición tenga tiempo de ordenarse.

Pero esa ventaja táctica no elimina el problema de fondo.

El primer efecto de la convocatoria es evidente. El PSOE andaluz llega sin un proyecto consolidado ni un liderazgo plenamente asentado. A su izquierda, el espacio político sigue fragmentado, con dificultades para articular una alternativa reconocible.

Esa debilidad estructural coloca al PP en una posición inicial favorable. Moreno ha construido durante estos años una imagen de gestión moderada, alejada del ruido nacional, que le permite competir en un terreno distinto al de la confrontación ideológica.

Sin embargo, las elecciones no se ganan sólo por comparación con el rival.

El problema del PP

El verdadero desafío para el PP no está en la oposición, sino en sí mismo.

La mayoría absoluta obtenida en las anteriores elecciones fue, en buena medida, el resultado de una combinación excepcional: hundimiento del PSOE, desaparición del espacio a la izquierda y concentración del voto de centro en torno al PP.

Reproducir ese escenario es extremadamente difícil.

El contexto político ha cambiado. La fragmentación del voto en la derecha ha vuelto a aparecer en otros territorios. Y la lógica de bloques —que parecía diluirse— ha regresado con fuerza.

Eso significa que el PP puede ganar las elecciones con claridad y, aun así, quedarse por debajo de la mayoría absoluta.

Y en ese escenario, la dependencia de Vox reaparece como factor decisivo.

El campo de batalla: el voto transversal

Andalucía no se decide sólo en los grandes núcleos urbanos. Como en otras comunidades extensas, hay un voto territorial —a medio camino entre lo rural y lo urbano— que resulta decisivo.

No es únicamente el voto agrario. Es un electorado más amplio: clases medias provinciales, pequeños municipios, votantes que valoran la estabilidad más que la ideología y que han sido clave en la mayoría absoluta del PP.

Ese es el espacio que Moreno necesita retener.

Pero también es el espacio en el que Vox intenta crecer con un discurso más identitario y donde el PSOE aspira a recuperar terreno si consigue movilizar a su electorado tradicional.

Un indicador adelantado

Más allá del resultado autonómico, estas elecciones tienen una lectura nacional evidente.

Andalucía es, por tamaño y peso electoral, uno de los mejores termómetros políticos de España. Lo que ocurra aquí anticipa dinámicas que después se reproducen a nivel general.

Si el PP logra mantener la mayoría absoluta, reforzará la idea de que puede gobernar en solitario apelando a un voto amplio y transversal.

Si la pierde, aunque gane, el mensaje será distinto: el nuevo ciclo político exige mayorías más complejas y vuelve a situar a Vox como socio imprescindible.

En el otro lado, un PSOE que no recorte distancias confirmaría sus dificultades para reconstruir una alternativa sólida, mientras que una mejora significativa abriría un escenario distinto de cara a las elecciones generales.

Lo que está en juego

Por eso Andalucía no es sólo Andalucía.

Es el primer test real en un contexto político que empieza a cambiar. Un escenario donde ya no basta con ganar, sino que importa cómo se gana y con quién.

La convocatoria anticipada busca controlar el tiempo. Pero no puede controlar el resultado.

Y en ese resultado no sólo se decidirá el futuro de la Junta, sino también una parte del relato político que acompañará a España en los próximos meses.

Bruselas deja de esperar a Trump

El nuevo discurso estratégico de Bruselas confirma un giro profundo: la Unión ya no confía en el viejo orden internacional y se prepara para defender sus intereses con autonomía política, económica y militar.

FUENTE: EFE

Durante décadas, la política exterior europea se apoyó en una convicción casi automática: el orden internacional, garantizado por Estados Unidos y por las instituciones multilaterales nacidas tras la Segunda Guerra Mundial, proporcionaba estabilidad suficiente para que Europa prosperara. Ese supuesto ha dejado de existir. Y en Bruselas ya nadie lo disimula.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha formulado con una claridad poco habitual: Europa ya no puede seguir actuando como “custodia del viejo orden mundial”. Ese mundo, sencillamente, ha desaparecido.

La frase no es retórica. Es la síntesis de una transformación estratégica que se acelera a medida que el escenario internacional se vuelve más incierto. Las guerras en Oriente Medio, la prolongación del conflicto en Ucrania, la competencia económica con China y, sobre todo, la imprevisibilidad de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump han empujado a la Unión a replantearse su lugar en el mundo.

Durante años, Europa creyó que podía limitarse a defender normas y procedimientos. Hoy empieza a asumir que también tendrá que defender intereses.

La independencia europea

El nuevo concepto que domina la reflexión estratégica en Bruselas es la “independencia europea”. No se trata de romper alianzas ni de abandonar el sistema multilateral. Se trata de algo más pragmático: evitar dependencias que puedan convertirse en vulnerabilidades.

La lógica es clara. Si el mundo se organiza en torno a rivalidades geopolíticas cada vez más intensas, Europa no puede depender de un único proveedor para su energía, su tecnología o su seguridad. De ahí el esfuerzo por diversificar suministros, reforzar las cadenas industriales y ampliar acuerdos comerciales con regiones que van desde América Latina hasta el sudeste asiático.

Ese giro también afecta a la defensa. La Unión se ha embarcado en el mayor aumento del gasto militar de su historia reciente, con planes que prevén movilizar cientos de miles de millones de euros en la próxima década. La idea es simple: en un entorno más hostil, la paz europea ya no puede descansar exclusivamente en la protección de otros.

Comercio como instrumento de poder

El cambio no se limita al terreno militar. Bruselas empieza a tratar el comercio como una herramienta estratégica.

Durante años, la política comercial europea estuvo dominada por un discurso casi tecnocrático sobre mercados abiertos y reglas multilaterales. Ahora se presenta abiertamente como una forma de influencia geopolítica.

Los acuerdos firmados o negociados con economías emergentes —desde India hasta países africanos o latinoamericanos— responden a esa lógica. No son sólo instrumentos económicos. Son piezas de una red global de relaciones que reduzca dependencias y amplíe el margen de maniobra europeo.

En ese contexto, Europa intenta presentarse ante muchos países como un socio alternativo a las grandes esferas de influencia que representan Washington o Pekín.

El factor estadounidense

Buena parte de esta transformación tiene un origen evidente: la evolución de Estados Unidos.

La política comercial agresiva de la Administración Trump, los conflictos arancelarios y la creciente tentación del unilateralismo han actuado como una llamada de atención para los europeos. La idea de que Washington garantizará siempre el marco internacional en el que Europa ha prosperado ya no se da por descontada.

No significa ruptura, pero sí una adaptación. La Unión empieza a prepararse para un mundo en el que su principal aliado puede actuar también como un competidor.

Las tensiones internas de Bruselas

Ese cambio estratégico, sin embargo, no está exento de fricciones dentro de la propia Unión.

En Bruselas se percibe con creciente preocupación que algunos gobiernos nacionales utilizan los debates europeos para reforzar posiciones internas. En el entorno de la Comisión se ha llegado a señalar que líderes como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, o el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, bloquean en ocasiones iniciativas comunitarias buscando réditos políticos domésticos.

Más allá de las polémicas concretas, el episodio refleja una tensión estructural: la construcción de una política exterior europea más ambiciosa exige decisiones rápidas y consensos amplios, algo que el sistema institucional de la Unión no siempre facilita.

El final de una época

La conclusión que empieza a imponerse en Bruselas es que el mundo que permitió la prosperidad europea durante décadas ya no existe. Las reglas siguen siendo importantes, pero ya no bastan por sí solas para proteger intereses ni para garantizar seguridad.

Europa entra así en una fase distinta de su historia: menos confiada en la estabilidad internacional, más consciente de sus vulnerabilidades y más dispuesta a actuar como una potencia.

No se trata de nostalgia por el pasado ni de confrontación con aliados tradicionales. Se trata, simplemente, de aceptar una realidad que se ha vuelto imposible de ignorar: en el nuevo orden internacional que está emergiendo, Europa tendrá que aprender a sostenerse por sí misma.

Castilla y León vota mirando al campo

La legislatura que termina ha estado marcada por la fragilidad parlamentaria, una oposición sin alternativa clara y una batalla electoral decisiva en el voto rural.

FUENTE: EFE

El próximo domingo los ciudadanos de Castilla y León volverán a las urnas para elegir las nuevas Cortes autonómicas. Están llamados a votar más de dos millones de electores en una comunidad que sigue siendo la más extensa de España y una de las más envejecidas y dispersas de Europa.

Las elecciones del 15 de marzo cierran una legislatura marcada por la inestabilidad política y por la ruptura del primer experimento de coalición entre Partido Popular y Vox en España.

El resultado del domingo no sólo decidirá el futuro gobierno de la comunidad. También servirá como termómetro político nacional en un año electoral intenso en varias autonomías.

Una legislatura de gobierno en minoría

La legislatura comenzó tras las elecciones de 2022 con un gobierno de coalición entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y Vox. Aquella alianza fue pionera en España y marcó un cambio en la política autonómica.

Sin embargo, la relación terminó deteriorándose. Las tensiones entre ambos socios desembocaron en la ruptura del acuerdo y en una etapa final de gobierno en minoría del PP, con dificultades para sacar adelante iniciativas clave.

El episodio más significativo fue el bloqueo presupuestario en las Cortes, síntoma de un Parlamento fragmentado y de la dificultad para construir mayorías estables.

Durante este periodo, la gestión autonómica ha girado en torno a problemas estructurales de la comunidad: despoblación, envejecimiento, servicios públicos en el medio rural o gestión de incendios forestales, cuestiones que han marcado buena parte del debate político.

La estrategia del presidente popular ha sido intentar agotar la legislatura y acudir a las urnas buscando reforzar su posición y aspirar a gobernar en solitario.

Una oposición fragmentada

En el lado de la oposición, el principal rival del PP es el PSOE, que presenta como candidato a Carlos Martínez, alcalde de Soria durante años y con un perfil más territorial que partidista.

Su estrategia ha sido presentarse como alternativa moderada y advertir del riesgo de un nuevo acuerdo entre PP y Vox tras las elecciones.

Pero el bloque de la izquierda llega fragmentado. Las formaciones a la izquierda del PSOE han tenido dificultades para consolidar un espacio político estable en la comunidad, lo que complica la posibilidad de una mayoría alternativa.

En paralelo, Vox aspira a reforzar su papel como tercera fuerza y como actor imprescindible en la formación de gobierno, una posición que ya ocupó en la legislatura anterior.

Las encuestas reflejan precisamente esa dinámica: el PP ganaría las elecciones, pero lejos de la mayoría absoluta y probablemente necesitando de nuevo apoyos para gobernar.

La batalla decisiva: el voto rural

Más allá de los equilibrios entre partidos, la verdadera clave electoral en Castilla y León sigue estando en el territorio.

La comunidad tiene más de dos mil municipios repartidos en nueve provincias, muchos de ellos con poblaciones muy pequeñas y dispersas.

Eso convierte al voto rural en un elemento decisivo. Y conviene distinguirlo del voto del sector agrario: no se trata sólo de agricultores o ganaderos, sino de una sociedad rural mucho más amplia que incluye pequeños empresarios, trabajadores de servicios o jubilados que viven en municipios cada vez más envejecidos.

Ese electorado ha sido tradicionalmente favorable al PP, pero en los últimos años se ha convertido en un terreno de competencia política creciente.

Vox intenta penetrar en ese espacio con un discurso de defensa del campo y de los sectores tradicionales. El PSOE busca recuperar terreno con propuestas sobre servicios públicos y despoblación. Y junto a ellos aparecen partidos provinciales o plataformas municipalistas que explotan el sentimiento territorial y el abandono de algunas provincias.

La campaña ha estado llena de recorridos por pequeños municipios y actos en localidades donde apenas viven unos cientos de personas. Es ahí donde se deciden muchos procuradores.

Qué puede pasar el domingo

El escenario más probable que dibujan las encuestas es una victoria del PP, pero sin mayoría absoluta, lo que abriría de nuevo la negociación con Vox para formar gobierno.

El PSOE aspira a mantenerse como segunda fuerza y a recortar distancias, aunque la fragmentación del bloque de izquierdas complica cualquier alternativa de gobierno.

La incógnita principal está en el reparto final de escaños y en el peso que puedan tener las fuerzas territoriales en algunas provincias.

Como ocurre a menudo en Castilla y León, el resultado final dependerá menos de las grandes ciudades que de cientos de pequeños municipios.

Porque en una comunidad donde el mapa político se parece mucho al mapa demográfico, las elecciones se ganan —o se pierden— en el campo.

Cuando los jueces dicen no

El Tribunal Supremo de Estados Unidos frena los aranceles de Trump y recuerda que incluso frente al poder personalista, el Estado de Derecho puede funcionar

FUENTE: EFE

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Donald Trump no es solo un revés político para el expresidente. Es algo más profundo y más incómodo para quienes han construido su poder sobre la idea de que las instituciones solo sirven mientras obedecen. El fallo corta de raíz el núcleo del discurso trumpista: la creencia de que la voluntad del líder, revestida de urgencia nacional, puede imponerse sin límites legales ni contrapesos efectivos.

El golpe es duro y tendrá consecuencias. Incrementa la incertidumbre internacional porque Trump, fiel a su estilo, buscará otro atajo legal, otro vericueto normativo, otra forma de rodear el obstáculo sin asumir el fondo del problema. Mientras tanto, los pequeños empresarios que llevaron el caso a los tribunales seguirán pagando el precio de enfrentarse al poder, y las grandes corporaciones —prudentes, silenciosas, acomodadas— continuarán evitando cualquier gesto que pueda incomodar a quien todavía controla amplias palancas políticas y sociales.

Una lección institucional incómoda

Pero el verdadero valor de la decisión no está en el comercio ni en los aranceles. Está en el mensaje institucional. El Tribunal que ha frenado a Trump es, en buena medida, el mismo que él contribuyó a configurar. Varios de sus magistrados fueron nombrados por presidentes republicanos, algunos directamente por el propio Trump. Y, sin embargo, cuando llegó el momento, votaron conforme a la Constitución y no conforme a la lealtad política.

Ese dato, tantas veces ignorado o minimizado, es la demostración de la fortaleza de un sistema donde la independencia judicial no es un eslogan, sino una práctica real. En la América de “la ciudad en la colina”, tantas veces caricaturizada y tantas veces mal entendida, no todas las luces se han apagado. La división de poderes sigue operando. Y cuando opera, lo hace incluso contra quien se considera a sí mismo todopoderoso.

No es la primera vez que ocurre. El Supremo estadounidense ya se enfrentó en el pasado a presidentes en el momento álgido de su poder. Lo hizo con Roosevelt, lo hace ahora con Trump. Esa continuidad histórica es la que sostiene la confianza cívica de una parte mayoritaria de la sociedad estadounidense, como se ha visto en las movilizaciones recientes en grandes ciudades y en la persistencia de una cultura política que distingue entre el Gobierno de turno y el sistema que lo contiene.

Aquí no hay jueces heroicos ni gestos épicos. Hay algo más valioso: normalidad constitucional. La idea de que un tribunal existe precisamente para decir “no” cuando el poder ejecutivo cruza una línea, incluso —o sobre todo— cuando lo hace envuelto en retórica patriótica y urgencias fabricadas.

El contraste que incomoda

La comparación resulta inevitable. Mientras el Tribunal Supremo estadounidense mantiene una concepción férrea del control del poder y de la aplicación recta de la Constitución, en otros países asistimos a un espectáculo muy distinto: parlamentos poblados de diputados dóciles, serviciales, dispuestos a justificar cualquier arbitrariedad del Ejecutivo o, peor aún, a callarla con disciplina partidista.

Allí, los jueces recuerdan al presidente que no todo vale.
Aquí, demasiados representantes públicos se esfuerzan en explicar por qué todo vale.

Por eso la decisión del Supremo americano no es solo una noticia jurídica ni un episodio más de la batalla política en Estados Unidos. Es un recordatorio incómodo de que la democracia no se defiende con discursos, sino con instituciones que funcionan incluso cuando molestan. Y de que la grandeza de un Estado de Derecho se mide, precisamente, en su capacidad para frenar a los poderosos cuando creen que ya no necesitan límites.

El ejemplo de Willy Brandt

La responsabilidad política como frontera moral entre la democracia y la impunidad

FUENTE: EFE

La política española vive instalada en una confusión interesada entre responsabilidad penal y responsabilidad política. Una confusión que no es casual, sino funcional. Permite a la guardia pretoriana de Pedro Sánchez permanecer cohesionada, cerrada como un bloque de hoplitas: nadie retrocede porque cualquiera que lo haga pone en peligro la supervivencia del grupo. El poder se convierte así en un ejercicio colectivo de autoprotección.

La diferencia entre un Estado que se defiende y uno que se degrada no está en la ausencia de errores, sino en la forma de afrontarlos. En Estados Unidos, estos días, el Tribunal Supremo ha recordado que incluso el presidente está sometido a límites. En España, sin embargo, el poder político ha optado por otra vía: confundir deliberadamente responsabilidad penal con responsabilidad política para que nadie tenga que asumir nada.

Fernando Grande-Marlaska representa de forma paradigmática esa degradación. Cuando afirma que solo dimitirá si se lo pide la víctima, no solo elude su responsabilidad política: traslada una presión inadmisible a quien ya ha sufrido suficiente. La dimisión deja de ser una exigencia institucional para convertirse en una cuestión moral privada, casi sentimental. Es una perversión del concepto mismo de responsabilidad pública.

Conviene aclararlo sin ambages. En este momento no se está juzgando si Marlaska encubrió un presunto delito. No se trata de imputarle una complicidad penal que no corresponde determinar en el debate político. Lo que se juzga es algo mucho más elemental: el ministro es responsable del nombramiento del DAO de la Policía Nacional. Y no solo responsable en abstracto. Insistió con extraordinaria intensidad en ese nombramiento, estableciendo una relación directa, clara y verificable entre su decisión política y las consecuencias posteriores de esa gestión.

Todo nombramiento abre una responsabilidad para quien lo hace. Siempre. No porque el nombrado cometa necesariamente un delito, sino porque el poder político no es neutro: elige, avala y confiere autoridad. Cuando esa elección fracasa de forma grave, la responsabilidad política es inmediata, aunque no exista reproche penal alguno. Negarlo es vaciar de contenido la idea misma de gobierno responsable.

Aquí es donde el contraste histórico resulta devastador. Willy Brandt no espió para la Alemania comunista durante la Guerra Fría. No cometió traición alguna. Pero dimitió cuando se descubrió que Günter Guillaume, un asesor muy cercano a la Cancillería, era un espía al servicio de la RDA. Brandt entendió algo que hoy parece incomprensible: que la responsabilidad política no se delega, no se diluye y no se negocia.

Aquella dimisión no fue un gesto teatral. Fue una expresión de lo que podría llamarse el nervio moral del poder. Brandt asumió que su autoridad quedaba dañada, aunque no hubiera culpa penal. Esa cultura política es la que permite que las democracias resistan cuando las instituciones funcionan. Cuando desaparece —como hoy ocurre en España— no hacen falta autoritarios declarados: basta con dirigentes que se niegan sistemáticamente a responder.

Un partido a la deriva

Cuando un partido histórico renuncia a corregirse y decide acompañar la deriva

FUENTE: EFE

Si en otros sistemas democráticos la responsabilidad política actúa como mecanismo de corrección, en España ha sido abolida de facto. No por una ley, sino por una práctica. Y cuando esa renuncia deja de ser individual y pasa a ser colectiva, el problema ya no es un dirigente concreto, sino el partido que lo sostiene.

Las recientes declaraciones de Felipe González tras los resultados electorales en Aragón se han utilizado como cortina de humo. Como la crisis es profunda, el partido ha recurrido a viejos reflejos: personalizar, desviar, buscar culpables alternativos. Se ha sacado a escena al siempre dispuesto Óscar López para señalar al difunto Lambán y evitar mirar el fondo del problema.

Pero el fondo es evidente. En Aragón ha ocurrido lo mismo que en Extremadura, solo que de forma más agravada. La candidata no era una figura autónoma ni territorial: era la representación casi literal del jefe. El resultado no es un castigo personal, sino político. Y lo mismo ocurrirá en Castilla y León. Y será aún peor en Andalucía.

Si el problema fuera solo Sánchez, la solución sería relativamente sencilla. Cambiar de candidato, corregir el rumbo, reconstruir. Pero el problema ya no es de personas. Es de proyecto. El PSOE ha tomado decisiones estructurales que lo han alejado de sus principios históricos y de cualquier noción progresista compatible con el Estado constitucional.

El PSOE ha aprobado una ley de amnistía incompatible con el principio de igualdad ante la ley a cambio de unos votos. Ha aceptado una financiación autonómica que consagra comunidades de primera y de segunda, ciudadanos privilegiados y ciudadanos condenados al furgón de cola. Todo ello sin una sola dimisión relevante, sin una asunción de costes políticos, sin un solo gesto de responsabilidad institucional.

Ha paralizado de facto la política de inmigración para satisfacer a los independentistas. Ha asumido, parcial pero definitivamente, un marco autonómico de relaciones laborales que rompe la unidad de la clase trabajadora y fortalece al nacionalismo vasco, incluido el sindicato heredero del entorno del terrorismo. Ha aceptado, en suma, el desguace del Estado en parcelas negociables.

Todo ello no es coyuntural. No es un error táctico. Es una deriva. Por eso ya no basta con cambiar nombres ni con apelar a la nostalgia del pasado. Sin una refundación profunda, general y dolorosa, el PSOE ha dejado de ser un partido útil para España. Ha dejado de ser progresista para convertirse en reaccionario. Y ha pasado de defender el interés general a servir, con disciplina y silencio, a quienes tienen como objetivo debilitarlo.

Cuando Willy Brandt dimitió, protegió a su país de algo peor que un error: la normalización de la irresponsabilidad. Hoy, el PSOE ha optado por el camino contrario. No corrige, no responde y no se interroga. Acompaña. Y cuando un partido histórico deja de exigirse responsabilidad a sí mismo, deja de ser una solución y pasa a ser parte del problema.

El problema ya no es Sánchez. El problema es que el partido ha decidido acompañarlo.

Portugal, el espejo que nadie quiere mirar

Las elecciones presidenciales portuguesas dejan menos ruido que advertencias, pero su lectura resulta incómodamente cercana para la política española

FUENTE: EFE

Portugal ha votado presidente y, como casi siempre que ocurre algo relevante al otro lado de la frontera, en España apenas se ha prestado atención. Sin embargo, el resultado merece algo más que una nota a pie de página. No por lo que dice de Portugal, sino por lo que anticipa sobre un ciclo político que España ya ha empezado a recorrer.

La elección presidencial portuguesa confirma una tendencia que se repite en toda Europa occidental: el agotamiento de los consensos tradicionales, la fragmentación del espacio político y la creciente dificultad de las fuerzas clásicas para representar mayorías sociales estables. La figura presidencial, en teoría moderadora y arbitral, se convierte así en un termómetro del malestar y no en su corrector.

El fin del refugio institucional

Durante años, Portugal fue presentada como una excepción. Un país capaz de gestionar crisis económicas durísimas sin caer en la radicalización extrema, con una izquierda que pactaba sin romper y una derecha contenida, casi técnica. Esa imagen empieza a resquebrajarse. Las presidenciales muestran que ni siquiera las instituciones diseñadas para amortiguar el conflicto están a salvo del desgaste político y social.

El voto expresa algo más profundo que una preferencia personal: revela desconfianza hacia las élites, fatiga con el lenguaje político tradicional y una creciente tentación de castigo al sistema. No es un fenómeno portugués. Es europeo. Y España no solo no es ajena: va por delante en muchos de esos procesos.

La normalización de los extremos

Uno de los datos más relevantes es la consolidación de fuerzas que hace una década eran marginales. En Portugal, como en España, el descontento no se canaliza ya únicamente hacia la abstención, sino hacia opciones que cuestionan directamente los consensos básicos del sistema. No siempre con un proyecto claro, pero sí con un discurso eficaz: ruptura, denuncia y simplificación.

La diferencia es que Portugal aún conserva ciertos reflejos institucionales que España ha ido perdiendo. Allí, el presidente sigue siendo una figura que, al menos formalmente, intenta preservar equilibrios. Aquí, la jefatura del Ejecutivo se ha convertido en el principal factor de polarización, colonizando todos los espacios y reduciendo los contrapesos a obstáculos.

Gobernar sin mayoría social

Las presidenciales portuguesas ponen sobre la mesa un problema común: se gobierna —o se aspira a gobernar— sin una mayoría social clara. Las victorias son cada vez más estrechas, más frágiles y más dependientes de alianzas defensivas. Eso debilita la legitimidad política y empuja a los gobiernos a refugiarse en el control del relato, la ocupación institucional y la excepcionalidad permanente.

España conoce bien ese camino. Cuando un sistema deja de producir mayorías reconocibles, la tentación es sustituir el consenso por el procedimiento, la política por la aritmética y la responsabilidad por el cálculo. Portugal empieza a ver los síntomas. España ya convive con ellos.

La lección que no queremos aprender

Lo interesante del caso portugués no es quién gana o pierde, sino lo que todavía no ha ocurrido. Aún no se ha cruzado la línea de la ruptura institucional abierta. Aún no se ha normalizado la deslegitimación sistemática del adversario. Aún no se ha convertido el Estado en un botín repartido sin pudor. Pero las señales están ahí.

España debería mirar a Portugal no con condescendencia, sino con atención. Porque lo que allí empieza a tensarse, aquí ya está en fase avanzada. Y porque cuando las presidenciales dejan de ser un espacio de consenso y se convierten en un campo de batalla simbólico, lo que se erosiona no es una figura concreta, sino la confianza en el sistema.

Portugal vota. España mira hacia otro lado.
Pero el espejo está ahí. Y no devuelve una imagen tranquilizadora.