El decreto de inmigración ha sido recibido entre el aplauso acrítico y el rechazo frontal automático. Pero el verdadero debate no es moral ni identitario: es si España quiere seguir dependiendo de la irregularidad como modelo laboral encubierto.
FUENTE: EFE
La política española tiene una costumbre ya asentada: sólo comparece ante los problemas cuando éstos han crecido demasiado. Entonces llegan las urgencias, los decretos, las declaraciones solemnes y la pelea partidista. Después, casi siempre, regresa el abandono. La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno responde exactamente a ese patrón conocido: actuar cuando el sistema lleva años acumulando fallos que nadie quiso corregir a tiempo.
El debate posterior tampoco ha sorprendido. Para unos, cualquier objeción equivale a xenofobia con corbata. Para otros, toda regularización constituye una rendición del Estado y un incentivo irresistible para nuevas llegadas. Entre ambos extremos, desaparece una vez más la pregunta esencial: por qué España necesita periódicamente medidas excepcionales para resolver un fenómeno que hace tiempo dejó de ser excepcional.
Porque el verdadero asunto no es el decreto. El verdadero asunto es qué modelo tiene el país de relación con los movimientos migratorios, especialmente en los que hay o bien cercanía geográfica o histórico-cultural.
Un mercado laboral que reclama lo que la política niega
España envejece, arrastra déficits crónicos de natalidad y mantiene sectores enteros con dificultades crecientes para cubrir vacantes. Agricultura, hostelería, cuidados, logística, construcción y numerosos servicios funcionan en buena medida gracias al trabajo de personas nacidas fuera.
Negar esa realidad no la corrige. Sólo la vuelve más hipócrita.
No es casualidad que desde hace años organizaciones empresariales como CEOE y distintas patronales sectoriales hayan reclamado mecanismos más ágiles para incorporar trabajadores extranjeros allí donde existe demanda real. No lo hacen por filantropía, sino por necesidad productiva. Faltan manos en muchos ámbitos y sobran obstáculos administrativos para incorporarlas de forma ordenada.
Pero no sólo es una cuestión de mano de obra, sino de cómo es de productiva. Tan importante como la cantidad es la calidad. Y aquí es donde los diferentes modelos económicos aplicados a lo largo de los años ofrecen conclusiones dispares, puesto que si no hay productividad, los trabajadores regularizados —previamente, con elevada probabilidad, en la economía sumergida— competirán en el tramo medio-bajo de salarios, dificultando la mejora de su nivel de vida económico, personal y social.
En resumen: ni toda inmigración irregular puede normalizarse sin límites, ni toda restricción burocrática puede presentarse como defensa del interés nacional.
Cada regularización revela un fracaso previo
Toda regularización masiva contiene una confesión silenciosa. Reconoce que durante años entraron personas, trabajaron, pagaron alquileres, cuidaron mayores, recogieron cosechas o sostuvieron servicios sin que el Estado diseñara cauces legales suficientes, rápidos y creíbles para integrarlas desde el principio.
Después llega el decreto y, con él, la representación habitual: unos celebran la humanidad redentora del Gobierno, mientras otros anuncian el colapso inminente del país.
Pero ni unos ni otros responden a la pregunta decisiva: ¿por qué el sistema sólo sabe reaccionar cuando la irregularidad ya se ha hecho estructural?
España lleva demasiado tiempo administrando consecuencias porque nunca quiso afrontar las causas.
La economía sumergida como política implícita
Es necesario decir que durante años una parte de la economía española se ha beneficiado de la vulnerabilidad de miles de trabajadores sin papeles. Mano de obra barata, escasa capacidad de negociación, miedo a denunciar abusos y disponibilidad para ocupar puestos que otros rechazaban.
Se toleró mientras resultó útil. Se miró hacia otro lado mientras cuadraban balances, campañas agrícolas, plantillas de temporada o redes informales de cuidados. Y sólo cuando la bolsa de irregularidad se hizo demasiado visible apareció la política, tarde y jadeante, con un decreto en la mano. En buena parte debido a una presión asistencial creciente que, como una olla a presión, está pitando en cuestiones como la sanidad, las prestaciones sociales o la vivienda, entre otras.
Eso explica buena parte de la discusión actual. No se debate sólo sobre inmigración. Se debate sobre un modelo económico que ha convivido demasiado cómodamente con la precariedad ajena.
Ni barra libre ni dureza declamatoria
Sería ingenuo pensar que cualquier regularización resuelve por sí sola el problema migratorio. No lo resuelve. Si no existen controles eficaces, capacidad administrativa, procedimientos previsibles y cooperación con países de origen, el desorden reaparecerá con otros nombres. Es lo que en Economía se denomina riesgo moral.
También sería pueril creer que la dureza retórica basta para gestionar fronteras complejas y mercados laborales necesitados de trabajadores. Tampoco lo hace. La mayor parte de la inmigración irregular entra como turistas a través de los aeropuertos. De poco sirven los grandes muros fronterizos.
La cuestión central de la inmigración es cómo se ordena, cómo se integra y cómo se legitima socialmente ese proceso.
La elección razonable no está entre ingenuidad y bronca. Está entre improvisación y gobierno.
Lo que exige una política adulta
La salida no está en repetir regularizaciones extraordinarias cada pocos años, como si el Estado sólo supiera aparecer cuando el problema ya se ha desbordado. Tampoco en refugiarse en la retórica bronca de quienes creen que una frontera se administra a base de gritos. Ambas respuestas nacen de la misma impotencia: llegan tarde y piensan poco.
Una se limita a ordenar el caos cuando el caos ya se ha instalado. La otra convierte ese mismo caos en combustible electoral. Ninguna gobierna de verdad. Ninguna corrige las causas. Ninguna ofrece continuidad.
Lo que España necesita es algo bastante menos vistoso y mucho más serio: un sistema estable, previsible y respetado con vías legales rápidas para sectores con demanda real, procedimientos eficaces para evitar años de limbo administrativo y capacidad para distinguir entre quien viene a trabajar y quien pretende aprovecharse del desorden. La reforma del cuerpo consular y, en general, de la acción exterior de España se hace imprescindible.
Pero ordenar no significa rendirse. Un país que se respeta protege sus fronteras, persigue a las mafias que trafican con personas y expulsa a quienes convierten la hospitalidad en delincuencia. La ley pierde legitimidad cuando no se cumple, pero también cuando sólo se invoca para hacer teatro.
Y después viene lo más difícil: integrar. No basta con conceder permisos y desaparecer. Integrar exige lengua, empleo, escuela, barrio, deberes compartidos y una idea común de convivencia. Sin eso, la tolerancia degenera en abandono y la diversidad acaba siendo simple fragmentación.
Nada de esto puede hacerse en solitario. La presión migratoria, las rutas ilegales, la competencia por atraer talento y el impacto demográfico desbordan cualquier frontera administrativa. También aquí Europa no es una opción estética, sino una necesidad práctica.
La palabra olvidada: integración
España ha discutido mucho sobre entradas, papeles y cupos, pero muy poco sobre integración. Y sin integración no hay política migratoria duradera.
Integrar significa una escuela que funcione, aprendizaje del idioma, acceso al empleo formal, barrios no segregados, respeto a las leyes comunes y expectativas reales de ascenso social. Significa también exigir reciprocidad: quien llega debe encontrar oportunidades, pero también asumir normas y responsabilidades.
Sin esa doble lógica, crecen al mismo tiempo la frustración del recién llegado y el recelo del autóctono. No hay más que ver los ejemplos de Francia, Alemania o Reino Unido.
Cuando la política sólo se ocupa del momento de entrada y se desentiende de lo que viene después, siembra problemas futuros con notable disciplina.
Europa o la ficción de ir por libre
Tampoco puede abordarse este desafío como si España viviera sola. El control de fronteras exteriores, la presión sobre el Mediterráneo, las rutas mafiosas, la competencia global por atraer talento y los movimientos secundarios dentro de la Unión exigen una respuesta coordinada.
Prometer soluciones exclusivamente nacionales es vender consuelo barato. Europa podrá hacerlo mejor o peor, pero sin Europa no podrá hacerse. Menos aún teniendo en cuenta el marco Schengen.
Y también aquí aparece otra contradicción: se reclama solidaridad europea cuando conviene, pero se rechaza cualquier marco común cuando exige disciplina.
El fondo del debate es más simple de lo que se admite. España lleva años beneficiándose de una inmigración irregular que abarata costes, cubre vacantes y sostiene sectores enteros de la economía, mientras finge escandalizarse cuando llega el momento de ordenar legalmente esa realidad.
Regularizar personas puede ser necesario. Lo urgente es regularizar, de una vez, la relación de España con la inmigración.
