Homenajes contra la libertad. Joseba Arregi y Mikel Azurmendi in memoriam

Con los acercamientos de los presos al País Vasco y excarcelaciones que forman parte de las concesiones del Gobierno de coalición a EH Bildu, estamos inmersos en una campaña de homenajes a etarras en País Vasco y Navarra. 

Fuente:EFE

En estos actos, el Ejecutivo central se ha puesto de perfil, dejando que sean los tribunales los que decidan si se celebran o no, en un claro gesto de dejadez intolerable. Ante esta “normalización” del enaltecimiento del terrorismo (por ejemplo, con actos tan viles y reprochables como el de Henri Parot, uno de los etarras con más asesinatos a sus espaldas condenado por cometer 39) pocas voces de la sociedad se alzaron con tanta autoridad y claridad como las de Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, tristemente desaparecidos en las últimas semanas.

Es preocupante el posicionamiento del Gobierno de Sánchez pensando sobre todo en las familias de las víctimas del terrorismo, que ven como el propio Estado les ha abandonado y permite que sus verdugos tengan espacios para el homenaje mayores que el de las propias víctimas. Contra esto siempre estuvieron Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, defensores de la libertad y la convivencia, los cuales dedicaron y arriesgaron su vida condenando con crudeza todo acto relacionado con la violencia, incluidos este tipo de actos contra aquellos que sufrieron la pérdida de familiares en una lucha armada sin sentido, como explicaba Mikel Azurmendi en su ensayo ‘La herida patriótica’, publicado en 1998, donde analiza la «identidad densa y absoluta» de los casi 200.000 vascos que se consideran en guerra y, que en ella, han olvidado la libertad individual y han generado que hoy «ser autóctono» sea «saber negociar con el miedo».

En honor a todos aquellos muertos y personas como Mikel y Joseba, que lucharon contra las injusticias del terrorismo, el Gobierno de España debe actuar con todas las herramientas que el Estado de Derecho da para impedir el enaltecimiento terrorista y no venderse a las exigencias del extremismo nacionalista. El Ejecutivo de Sánchez se confunde de nuevo de aliados, actuando en contra de la concordia que necesita España con respecto al terrorismo de ETA. Sin embargo, la llama que gente como Azurmendi y Arregi sigue viva, marcando el camino de la responsabilidad que deben asumir nuestros gobernantes en asuntos tan importantes y de responsabilidad social como estos. 

No a la mesa de exclusión

Esta semana ha comenzado la “mesa de la exclusión” entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès para negociar un mayor traspaso de competencias y mayor discrecionalidad de aquéllos que pretenden romper España

Fuente:EFE

Esta mesa de la mentira carece de sentido y más cuando no hay un verdadero diálogo de todas las partes implicadas, ya que no están representados en dicha mesa todos los españoles. Por ello, desde ‘La España que Reúne’, ‘Impulso Ciudadano’ y ‘S´ha Acabat!’, creemos que esta mesa tal como está planteada no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos. 

No es un buen instrumento porque en la citada mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los separatistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país. Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes. 

Además de esto, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación. 

Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural. 

El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades. 

En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles. Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace: 

El diálogo y la negociación en las cortes generales, no en la mesa de la exclusión

Los promotores de esta iniciativa ciudadana consideramos que la mesa de diálogo entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat sobre el futuro político de Cataluña no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Por el contrario, es una herramienta de división y de creación de desigualdades entre los ciudadanos.

Fuente:EFE

Decimos que no es un buen instrumento porque en la citada Mesa bilateral intervienen en nombre de Cataluña sólo los nacionalistas catalanes y se margina a muchos otros catalanes que se oponen a la secesión. Tampoco está representado el conjunto de los españoles, que son los únicos legitimados para decidir sobre el futuro del país. Por lo tanto, cualquier acuerdo que afecte a la unidad de la nación no puede ser debatido por el gobierno de España con el gobierno de una sola de las comunidades autónomas del país.

Además del déficit de representatividad de la Mesa de Diálogo o de Negociación (las partes no se ponen de acuerdo sobre su título), su desarrollo muestra, hasta ahora, una preocupante falta de transparencia, ausencia de rendición de cuentas y secretismo de las partes.

Pero es que, además, los temas de diálogo que ha propuesto el Gobierno de la Generalitat carecen del mínimo consenso también en Cataluña y son inabordables desde un punto de vista constitucional por lo que no se deben ni siquiera incluir en el orden del día de la referida Mesa. Existen otras prioridades democráticas: el respeto a la ley y al estado de derecho de todas las instituciones (el principio de lealtad constitucional) y la recuperación de un marco convivencial profundamente deteriorado durante estos lustros de constante desafío a la legalidad y confrontación.

Dicho lo anterior, los firmantes somos conscientes de la necesidad de articular un nuevo debate que abarque no sólo a Cataluña, como ahora se pretende, sino que sirva para racionalizar el Estado autonómico que en estos momentos da signos de fatiga estructural.

El escenario constitucional para ello son las Cortes Generales y, por ello, pedimos la creación de una Comisión Parlamentaria en la que participen todos los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones civiles y expertos que estudie con rigor las deficiencias de nuestro actual modelo territorial y ponga las bases para articular un nuevo proyecto participativo, integrador, trasparente y que se ajuste a la legalidad. Su objetivo debe ser asegurar que todos los poderes públicos actúen a favor de los intereses generales, con lealtad institucional y de la manera más eficaz para garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades.

En definitiva, rechazamos la mesa de ambos gobiernos en los términos hasta ahora conocidos porque no es una solución respetuosa para el conjunto de la ciudadanía. Abogamos por una alternativa representativa y democrática, respetuosa con el texto constitucional y que dé voz a todos los españoles.

Reconstruyamos el camino del buen diálogo y pongamos fin a la exclusión partidista.

Para todo aquel que se sienta representado por este discurso, puede firmar en el siguiente enlace:

Promotores:

  • Impulso Ciudadano
  • La España que Reúne
  • S’ha Acabat!

La inación del Mar Menor hace saltar las alarmas

La Región de Murcia se encuentra sumida en el caos un verano más debido a la falta de acción por parte de distintas administraciones en torno al desastre ecológico del Mar Menor. La mayor laguna de agua salada de Europa esta en una situación límite y se está convirtiendo en una cloaca: peces muertos salen de forma descontrolada del fondo del mar y todavía nadie ha tomado medidas.

Fuente:EFE

El problema surge de los vertidos incontrolados que están contaminando las aguas que desembocan en este territorio, fundamental para la región y para parte de su ciudadanía. De momento, tras unas palabras de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, queda claro que de manera directa no se hará nada, más allá de velar por el respeto de la ley contra los vertidos con un refuerzo en la vigilancia de sus aguas.

Para lo que si ha valido, por el momento, es para poner a trabajar codo con codo a PSOE y PP aunque sea dentro de esta comunidad. Teresa Ribera y el presidente de la Región de Murcia, el popular Fernando López Mirás, trabajarán juntos para abordar un problema tildado por los afectados como una cuestión de Estado; y no es para menos si recordamos la catástrofe del Prestige en las aguas gallegas, en la que se actuó de forma tardía por parte de la Administración.

La colaboración entre los dos grandes partidos es algo que desde ‘La España que Reúne’ veníamos reclamando y, aunque sea por una desgracia inmensa como la del Mar Menor, es una buena noticia y debe ser un punto de partida en la colaboración entre ellos para eliminar a los socios extremistas de ambos partidos. Es momento de no echarse culpas y de trabajar juntos, al contrario de lo que se hizo en la pandemia. Los políticos deben cumplir con sus obligaciones para luchar por el bien común.

Tras una reunión mantenida en el Palacio de San Esteban, ambos representantes reconocieron ante los medios esta predisposición con una serie de medidas concretas para revertir de la mejor forma y con la mayor brevedad posible los efectos de esta crisis medioambiental. Como primera decisión tras este encuentro, el Gobiernos autonómico prohibirá el uso de los fertilizantes nitrogenados en las zonas más próximas al Mar Menor así como la reducción de los plazos administrativos que sancionan a aquellos que se salten las leyes en el ámbito de la albufera.

Como mencionamos al principio, esta no es la primera vez que pasa algo por el estilo en la misma localización. Ya en octubre de 2019, se produjo el mismo suceso pero en una escala menor a la actual. Los cálculos de la ejecutiva autonómica, señalan que los peces muertos este verano superan en más de un 70% al total extraído en 2019; aunque las asociaciones medioambientales creen que estos cálculos han podido ser realizados muy a la baja y que los números totales serán escandalosos.

Desde ‘La España que Reúne’ pedimos una rápida actuación de las administraciones y la corrección del problema, desde el mismo lugar de estos vertidos, ya que, en caso contrario, esta situación se puede convertir en un suceso recurrente durante los próximos meses y años. También queremos dar mucho ánimo y reconocimiento a todas las personas que participan en las labores de limpieza de la zona y mucho ánimo a todos los afectados por esta catástrofe evitable.

Infraestructuras e interconexiones globales, antídoto contra el nacionalismo envuelto en el falso ecologismo

La ampliación del aeropuerto de El Prat de Barcelona, el AVE que conectará las tres capitales de provincia vascas con Madrid o las obras del tren de alta velocidad con Navarra son continuamente boicoteadas y saboteadas por un nacionalismo que, en sus diferentes manifestaciones políticas y sociales, manipula banderas como la del ecologismo para mantener bajo control a sus territorios, restándoles capacidad de crecimiento y desarrollo.

Fuente:EFE

Históricamente, el nacionalismo excluyente se ha envuelto en eslóganes y soflamas para intentar hacer «legítima» una lucha contra el conjunto de los ciudadanos. En este sentido, el nacionalismo e independentismo tanto de derecha como de izquierda emplean un falso ecologismo meramente instrumental para impedir el desarrollo de redes, infraestructuras e interconexiones vitales, tergiversando la normativa europea de protección de los espacios naturales. 

No sólo es posible, sino que es imprescindible, conciliar la realización de las obras con una apropiada conservación ambiental y un desarrollo del territorio compatible con los sectores económicos y sociales allí instalados. No debemos permitir que, primero el terrorismo y después el independentismo, obstaculicen el desarrollo de nuestro país, infligiendo pérdidas cuantiosas a largo plazo. Pasó con el desarrollo de la energía nuclear, con las conexiones por carretera, con la alta velocidad ferroviaria… No puede volver a ocurrir con las infraestructuras que van a reforzar nuestra conectividad con Europa y el resto del mundo.

En el caso concreto de la ampliación del aeropuerto de El Prat, el argumento falsamente ‘ecologista’ de la protección de la reserva natural de La Ricarda es la excusa para dilatar los plazos y continuar con la reivindicación del “agravio” entre Cataluña y el resto de España en materia de infraestructuras. Cierto es que la afectación de espacios protegidos necesita de la autorización de la Comisión Europea, pero con un plan bien armado y compensaciones ambientales razonables, el órgano europeo da su aprobación.

Esta bandera falsamente ecologista la ha cogido tanto el nacionalismo de izquierda de En Comú Podem como el de derecha de Junts per Catalunya. Un ejemplo es el expresidente de la Generalitat Quim Torra, el cual ha cargado contra esta ampliación diciendo que ya “basta de poner los intereses económicos por delante de la naturaleza”. De esta forma, continúa la línea oficial de su partido instando a los grupos independentistas en actuar en favor de un independentismo catalán que “tome la bandera del medio ambiente”.

Conocemos muy bien a los independentistas. Bajo este discurso defensor del medioambiente se esconde una de las bases del nacionalismo y más cuando se pretende la consecución de un país independiente. El pánico a la apertura exterior se esconde detrás de estas palabras de los líderes independentistas que pretenden no abrir de más su territorio. Cuanto más proteccionismo para el nacionalismo mejor, para ellos carece de sentido la ampliación de El Prat y por eso quieren evitar a toda costa, Europa mediante, esta renovación.

Cuidado con ‘la vuelta al cole’

Ya termina este segundo verano de pandemia y la cosa no ha mejorado como se esperaba con las vacunas. Sin inmunidad de grupo y a la espera de que se aprueben desde los organismos internacionales de la salud la administración de una tercera dosis de la vacuna

Fuente:EFE

Nos encontramos en España ante una situación en la que mueren cerca de 200 personas al día por el virus, inmersos en una quinta ola que ha devuelto infecciones a los centros de cuidados y que también se puede dar en la vuelta a las aulas de los más jóvenes.

Es imprenscindible acelerar la campaña de vacunación para que todas aquellas personas que vayan a asistir a clases en cualquiera de los niveles formativos, puedan hacerlo con las máximas garantías sanitarias. El año pasado, a pesar de la situación en la que nos encontrábamos, ni las comunidades autónomas ni el Ejecutivo estuvieron a la altura de lo que necesitaba la sociedad española; ahora hay una nueva oportunidad para poder garantizar a la ciudadanía lo que se merece en materia de Educación y Sanidad.

Es necesario ampliar turnos y llamar a más personal cualificado para poder vacunar y que no pase en lugares como el Hospital Isabel Zendal de Madrid, donde a pesar de estar abiertos las 24 horas del día, durante la noche no hay apenas citas ni personal para vacunar. Es de vital importancia poner los medios necesarios para lograr lo que a día de hoy supone un reto.

Los primeros en dar comienzo a la actividad docente serán los estudiantes universitarios, de grado o máster, y los de ciclos de formación media y superior. En estos casos, en su mayoría podrían llegar al pistoletazo de salida del curso con dos dosis, pero hay que tratar de que esa posibilidad sea una realidad. Más tiempo tendrán los que cursen la educación escolar para ser vacunados, pero también es probable que lleguen con menos garantías de comenzar las clases con la pauta completa, ya que en muchas comunidades todavía están vacunando jóvenes adolescentes.

Desde la asociación pedimos a las administraciones que pongan en valor nuestro sistema público de Sanidad y, repetimos, que amplíen horarios y plantilla para poder dotar de mayor seguridad a todos los españoles. La vuelta al trabajo y a los estudios tras el verano debe hacer que los políticos estén alerta ante los efectos destructores que consigo puede volver a traer el Covid-19 y sus variantes.

Estos refuerzos en las vacunas no pueden quedarse ahí, sino que hay que complementarlos con medidas de seguridad que puedan beneficiarnos a todos. Para ello es necesarios la cooperación entre los agentes políticos y expertos en la materia, solemos incidir siempre en la necesidad de apoyo entre los gobiernos regionales y Moncloa, pero es que sin el entendimiento común, imprescindible en democracia, no solo no lograremos acelerar la vacunación, sino que seguiremos poniendo en peligro nuestras vidas por culpa de las pataletas políticas.

RECONDUCIR LA POLÍTICA EXTERIOR EN EL NORTE DE ÁFRICA

El conflicto político y diplomático reabierto con Marruecos evidencia la urgente necesidad de replantear la política exterior española en el norte de África, especialmente tras el apoyo explícito de Estados Unidos a las pretensiones territoriales de la monarquía alauí a cambio del reconocimiento del Estado de Israel. La posición de España está debilitada por la falta de apoyo efectivo real de la Unión Europea, más allá de vagos discursos, y la escasa fuerza y complicidad en la relación con EE.UU, llegando todo ello en un momento delicado de movimientos migratorios, profundización en la desigualdad a un lado y otro de la frontera entre Europa y África, con un desafío notable en materia energética y con un más que probable revés de la Justicia europea a la inclusión del Sáhara Occidental en el acuerdo pesquero UE-Marruecos.

(FUENTE: EFE)

Desde hace unos meses, España y Marruecos llevan aumentando la tensión diplomática a causa de que, el pasado abril, fuese acogido en La Rioja el líder polisario, Brahim Ghalil, para ser tratado de coronavirus ante los escasos medios y protección por parte del gobierno de este país.

Marruecos continúa luchando por obtener apoyos para hacerse con la soberanía del Sáhara Occidental. Ya a finales de 2020 el expresidente Donald Trump lo reconoció como tal y ahora esperan sumar a la Unión Europea a través de España. Sin embargo, las tensiones escalaron cuando el Gobierno confirmó que el líder polisario se encontraba hospitalizado en nuestro país «por razones estrictamente humanitarias».

A causa de esto, Marruecos ha roto la baraja diplomática, provocando una auténtica invasión en la Ciudad Autónoma de Ceuta con el amparo de Rabat. En este conflicto ha entrado también la Unión Europea en defensa de sus fronteras, situación que Marruecos quiere evitar a toda costa para no recibir multas del órgano supranacional. Marruecos quiere un pedazo del pastel de los fondos europeos para controlar las fronteras y, sumado al conflicto del Sáhara con nuestro país, ha hecho colmar el vaso del monarca africano. Del mismo modo, la semana pasada se aprobó la concesión de 30 millones de euros a Marruecos para frenar estos movimientos y tratar de calmar el enfado de la monarquía alauí.

Jugar con vidas humanas es una constante en las últimas décadas en Marruecos, creando un conflicto (España-Marruecos) a partir de otro (Marruecos-Sáhara). Marruecos ha mercantilizado con la vida de menores y personas desesperadas por obtener una vida mejor; menores que están siendo buscados por sus padres tras haber sido engañados para cruzar la frontera y sembrar el caos en Ceuta y Melilla. Detrás del uso de esta crisis por el lado ‘humanitario’, hay todo un reto de política hacia el norte de África para, por un lado, luchar de manera efectiva contra las mafias que trafican con seres humanos (en ocasiones amparados por los propios Gobiernos) y, por otro lado, crear las condiciones para una cooperación efectiva entre países.

España se la juega en múltiples materias en el Sahel de carácter geoestratégico. No todo es blanco y negro, la gama de grises en la política exterior en esta zona del mundo es especialmente importante, siempre bajo una imagen de contundencia y posiciones firmes que, hoy por hoy, no está mostrando el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.