El sesgo sociológico que aún causa la política de bloques

España no termina de deshacerse de la “política de bloques” instaurada hace ya más de seis años por el sesgo sociológico que sigue introduciendo en la opinión pública

FUENTE: EFE

Tras una legislatura llena de problemas en la coalición de Gobierno, el país necesita un cambio y renovación en sus instituciones. Los extremos lo complican todo y una vez comienzan a gobernar se desinflan y parte de su electorado vuelve a la realidad, como ha pasado con la izquierda radical. La extrema derecha, en cambio, es muy joven en los gobiernos y las encuestas reflejan un posible protagonismo en la configuración del futuro Gobierno, incluso aunque esté registrando una tendencia demoscópica decreciente.

El horizonte de las próximas tres semanas apunta a dos posibles escenarios: un resultado que permita una colaboración entre los dos grandes partidos, teniendo el dominante la capacidad de ser investido sin el apoyo tácito o explícito de algunos de los extremos; o un resultado ajustado donde el ganador de las elecciones requiera la concurrencia del extremo más próximo.

El afán de poder de los extremos y su ego político les impide pactar sin tener su pedazo de tarta. La extrema derecha puede comenzar a sufrir lo mismo que le ha pasado a Unidas Podemos y que, tras su paso por los gobiernos municipales y regionales en los que ha estado, ha visto su marca desinflada una vez el electorado ha podido comprobar las ineficiencias de su gestión. 

Muchos españoles confiaron en la extrema izquierda y sus líderes, que entraban al Gobierno prometiendo acabar con la ‘casta’. El discurso en los extremos es atractivo hasta que demuestran su inutilidad política. El propio Pablo Iglesias, licenciado en Ciencias Políticas, demostró que, a pesar de poder tener un cierto control teórico, era ajeno al funcionamiento práctico del sistema. 

No se puede cambiar el mundo por mucho que conozcas un mapa y , a nivel narrativo, los tonos que emplean las formaciones extremistas las acerca más de lo que las separa.

La extrema derecha no es ajena a los errores de gestión, obviamente, y en el poco tiempo que llevan dentro de Castilla y León, única región donde se puede examinar su funcionamiento dentro de un gobierno. La vicepresidencia de Castilla y León, que ocupa Juan García-Gallardo desde hace año y medio, está siendo más conocida por errores y salidas de tono que por aciertos.

La reducción del “gasto superfluo”, uno de los principales objetivos de Vox en su discurso, cayó por sí solo cuando se conoció cómo se había disparado el presupuesto de la Junta para altos cargos y cargos ‘a dedo’. O el gasto de la Vicepresidencia, que no tiene competencias más allá de las representativas porque García-Gallardo nunca quiso estar al frente de ninguna consejería. Se invierten 1,1 millones de euros para pagar al personal, pero el presupuesto que se emplea para políticas es de 112.000 euros. 

Estas situaciones en el Gobierno no se dejan pasar y Vox, con su líder a la cabeza, no ha sabido estar a la altura incluso antes de entrar. Las principales medidas y políticas de Vox están ligadas a un discurso populista, en el que se esconden para no tener que responder o exponer las medidas que no tienen y que hacen que un país funcione.  

Izquierdas y derechas, iliberales y populistas, cuanto más lejos mejor. Con la extrema izquierda hemos visto la primera prueba, y ojalá no tener que contrastarla en una segunda vuelta sólo por comprobar como funciona su antítesis política. Estos partidos suelen generar gran apoyo cuando empiezan, hasta que realmente se demuestra que no valen más que para crispar y dividir más a los españoles. 

Los siguientes pasos necesarios tras orillar a los extremos en Andalucía

Hacía mucho tiempo que en unas elecciones, en las que se contaba con gran división en la intención de voto (municipales, regionales o generales), no eran decisivos los partidos que ocupan los extremos. Vox y Podemos han quedado fuera de la gobernabilidad andaluza para suerte de sus habitantes; en este caso, era Vox el partido que más posibilidad tenía para entrar al Gobierno tras el resultado de las elecciones de Castilla y León.

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De esta forma, Vox reduce por primera vez sus registros en unas elecciones con la alicantina Macarena Olona al frente de la formación en la región. Del mismo modo que la izquierda iliberal que acudía fragmentada a estas Elecciones, perdió la poca fuerza de votantes que esperaban alcanzar con las previsiones del CIS.

Desde las elecciones generales, donde la extrema derecha duplicó sus votantes en la región respecto a los anteriores comicios regionales, no se había visto una tendencia regresiva tan clara en la extrema derecha. No así en la extrema izquierda que, con más tiempo presente en la actividad política, ya había comenzado a sufrir la vuelta a la moderación de muchos votantes tras descubrir el engaño de las políticas extremistas e iliberales promulgadas aún hoy desde el Gobierno de la Nación.

Este proceso electoral ha provocado una pérdida de cerca del 50% de los votantes de Vox en Andalucía, que ha ayudado a que el Partido Popular de Juanma Moreno haya logrado estos resultados.

El PSOE que históricamente ha tenido en Andalucía un feudo electoral, vuelve a desinflarse y empeora sus resultados. Los socialistas no han logrado calar en una sociedad en desacuerdo con las políticas del Gobierno de coalición, provocando un trasvase de votos de hasta un 20% al PP, convertido semanas atrás en el ‘voto útil’ tanto identificado con los problemas de Andalucía como en clave nacional.

Estas Elecciones rompen con una tendencia que parecía venir desde Europa: por un lado, la reducción de ciudadanos que acuden a las urnas no se ha visto en Andalucía, que ha mejorado sus registros con respecto a 2018. Por otro lado, otra tendencia que rompe con la normalidad es lo holgado de la mayoría absoluta conseguida, ya que durante los últimos años las mayorías absolutas han dejado de ser comunes.

En este panorama político tan convulso, con la dimisión de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana que podría provocar un adelanto electoral, con un Gobierno en Cataluña que no consigue aprobar Presupuestos y trata de alejarse de Sánchez, con un Gobierno central que continúa perdiendo fuerza fracasando día tras día en sus medidas anticrisis y que sufre los electoralismos de los tres partidos que conviven en él (la ‘plataforma’ de Yolanda Díaz, Unidas Podemos y PSOE), es necesario pensar en cuáles serán los pasos siguientes, incluso ante una posibilidad cada vez menos remota de adelantos electorales en distintos territorios o incluso a nivel nacional.

En primer lugar, es necesario potenciar el deterioro de los extremos que, como pasó en Portugal, podrían desinflarse hasta quedar en un plano residual. Pero no debemos caer en la comodidad de pensar que esto va a suceder de manera inmediata. No hay más que ver el caso de Francia donde el fin de semana pasado los extremos consiguieron la representación suficiente en la Asamblea Nacional para condicionar las políticas nacionales.

En segundo lugar, ante los malos resultados electorales cosechados en Andalucía, en el PSOE nacional debe abrirse un periodo de reflexión para analizar sus asociaciones que no hacen más que debilitar al partido, así como examinar a su líder, que bajo su mandato no ha conseguido que sus políticas sean beneficiosas para la sociedad y, conforme se acerca la fecha de las Elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, es una rémora o un pasivo cada vez más insostenible para los actuales presidentes autonómicos.

Por último, es necesario colocar en el centro del diseño de las políticas públicas al ‘votante mediano’: familias de clase media cuyo poder adquisitivo se ha desplomado, con una situación laboral precaria, con incertidumbre sobre el futuro más inmediato suyo y de sus hijos, preocupado por las concesiones infinitas a los extremos políticos y sufridor del deterioro de la calidad democrática… No hay que dejarse obnubilar por la explosión del consumo que están haciendo las familias de renta media-alta. Es un espejismo de la realidad económica que va reconociéndose incluso en las cifras macro tal como publicó el INE el pasado viernes 24.

Hacía mucho tiempo que no se daba una situación tan favorable a la caída del extremismo en nuestro país, de acercamiento a posiciones moderadas e identificación con el ‘votante mediano’ y hay que aprovecharla. El efecto Feijóo está beneficiando a un PP que puede alejarse definitivamente de Vox, mientras que el PSOE se encuentra en una caída libre de la que debe escapar antes de que sea demasiado tarde. Las elecciones andaluzas deben abrir los ojos a los partidos moderados y sacar adelante un país fuerte de una situación muy adversa.

Cabeza de ‘listilla’

Macarena Olona, número 1 de Vox en las listas andaluzas para los próximos comicios ha sido ratificada por la Junta Electoral de Granada. Esto sucede 15 días después de que se conociese que la diputada de extrema derecha estaba registrada en Salobreña, pero, según su casero, no vivía en el domicilio, sino que “acudía a veces” o “en vacaciones”.

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El cambio de padrón antes de unas elecciones es algo común entre todos los partidos, pero este es un caso un poco más especial al tratarse la cabeza de lista de la formación para las elecciones andaluzas del 19 de junio. Desde el Ayuntamiento de esta localidad se comprobó si Olona residía en dicho domicilio. Algo que no pudo confirmarse ya que la policía no consiguió contactar con nadie en la vivienda, por lo que no se pudo confirmar ni positiva ni negativamente si la candidata reside en el lugar.

Ahora desde su formación ya han tomado cartas en el asunto tratando de acallar a todo aquel que denuncia las irregularidades de su partido. Y es que, a pesar de que no consiguieron contactar con ella en la comprobación, la candidata se acercó a denunciar a la alcaldesa de la localidad, del PSOE, por la presunta comisión de delitos: un delito electoral, otro de prevaricación administrativa y otro de vulneración de los derechos fundamentales; denunciando que la regidora andaluza “ha utilizado las instituciones y potestades públicas municipales, perjudicando gravemente la imagen, su honorabilidad y su candidatura”.

Estas palabras chocan con los propios actos de Olona, de los que podríamos decir que, presuntamente, también ha empleado las instituciones y herramientas públicas para presentarse como candidata de la extrema derecha en Andalucía sin tan siquiera residir en la comunidad.

Si finalmente Olona lograse presentar su candidatura ya ha expresado su posición con respecto a lo que espera de estas elecciones, diciendo que solo hay dos alternativas: “o Vox o el abrazo del PP y el PSOE”. Estas palabras de Olona muestran la mejor opción de los andaluces para las elecciones, evitando de esta forma a la coalición de extrema izquierda y la extrema derecha de Vox.

La agresividad de Olona, así como su última polémica (en la que viaja en un coche sin el cinturón de seguridad abrochado), pueden provocar que se cumpla esa segunda opción que realmente puede conseguir abrazar a la gente de Andalucía en detrimento del discurso de odio que la extrema derecha promulga allá por donde pasa.

Evitar la entrada de los extremos al ejecutivo andaluz es el objetivo viendo como funcionan estos cuando están dentro de los gobiernos, véase el claro ejemplo de Podemos en el Gobierno y el papel de Vox en Castilla y León. Es hora de abrir los ojos ante los peligros que estas formaciones pueden ocasionar a nuestro sistema democrática y es en las elecciones el momento de cerrarles las puertas.

Editorial: ¿Es posible una política objetiva?

La votación en el Congreso del decreto de reforma laboral es una fiel representación del problema de fondo y forma que tiene el proceder actual de la política española. Mientras la ‘vieja mayoría’ que ha sostenido al Gobierno de coalición hasta la fecha no termina de disolverse, la conformación de una mayoría amplia que rompa la actual dinámica, no termina de nacer. De hecho, el intento de escenificar la capacidad del PSOE de tejer nuevas alianzas más transversales se ha saldado con una votación caótica y un resultado de un sólo voto de diferencia que provocará un conflicto jurídico en las próximas semanas.

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Más allá del resultado que se produzca en el trámite de enmiendas como proyecto de Ley, la clave son los escenarios que han rodeado a la votación y los partidos, los cuales tienen ante sí una situación en la que la estrategia política se torna fundamental en los próximos meses. ¿Sería posible ver una política objetiva? Es evidente que con la cuestión de la reforma laboral ha brillado por su ausencia.

Ni las posiciones a favor ni en contra han valorado con objetividad qué cambia y qué no esta reforma con respecto al marco regulatorio establecido en 2012 y que se ha ido modificando con los pronunciamientos de los tribunales en la última década: convenios colectivos centralizados, ultraactividad, desaparición de la temporalidad, subcontratas, formación… 

Es indudable que la búsqueda de consensos y alianzas amplias entre políticos representantes de los españoles, sindicatos y patronales es no sólo deseable sino obligada. Sin embargo, no puede darse el mismo valor político a un acuerdo refrendado por una amplia mayoría de las Cortes que un pacto llevado por la mínima y con serias dificultades de implantación. O lo que es peor: el intento de minusvalorar el papel del Congreso para que no tocara el texto pactado.

La confluencia de todos estos factores señalados indica la dificultad de una transición urgente de los apoyos de los partidos extremos a una alianza que vaya más allá de la suma de 185 o 190 diputados que ha conseguido el Gobierno de coalición en estos dos años de mandato. En este marco, irrumpe con fuerza el papel de un bloque conformado por partidos minoritarios que han ido entrando y saliendo del bloque de investidura: Más País, Compromís, PdeCat, Partido Regionalista Cántabro, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Teruel Existe.

Si a ello se añade el posible papel de Ciudadanos como sustituto del apoyo de ERC al Gobierno, el escenario en vez de objetivarse se hace más complejo. En el caso del bloque de investidura, los socios más fuertes del Gobierno no han visto satisfechas sus demandas para con el texto de la reforma y han decidido votar que no. Esta decisión por parte de los aliados políticos (e interesados) del Gobierno deja muy tocado a Moncloa, ya que peligra la aprobación de más medidas hasta el final del mandato al tratarse de una de las reformas más ‘importantes’ del Ejecutivo y una de las grandes promesas de coalición.

Con la polarización y la búsqueda de objetivos puramente electoralistas por parte de los partidos, es complicado analizar los pros y los contras de esta reforma. Esta podría haber sido una gran oportunidad para los partidos liberales de hacer bloque y tratar de separarse de los extremos iliberales cambiando la dinámica de apoyos del Gobierno. En primera instancia Ciudadanos no se juntaría con Unidas Podemos y lo ha hecho apelando a la responsabilidad de la negociación con los agentes sociales y asegurando a España 12.000 millones de euros de Europa por su aprobación. 

Todo esto forma parte de la estrategia política electoral, ya que dentro de poco habrá elecciones generales y todos los partidos se están preparando para este contexto. Previo a la votación y por cómo se han mostrado estos partidos, se puede vislumbrar un poco sus intenciones en este sentido: El PSOE, tratando de atraer a partidos de diversas ideologías para tratar de aglutinar a sus votantes en Sánchez; Unidas Podemos, presentando a Díaz para unos comicios en los que llegaría vendiendo una super reforma cuando es más bien descafeinada; Ciudadanos, tratando de recuperar el centro político mostrándose para pactar con derechas e izquierdas; Partido Popular, mostrándose contrario al Gobierno en cualquier tema para mostrarse como única alternativa al actual Gobierno; y Vox, que no cambia su forma de actuar viendo que su forma de actuar le está aupando en las encuestas. 

Ahora toca ver si tras lo vivido el jueves 4 de febrero en el Congreso, los incentivos de los partidos (y, en especial, del socio mayoritario de la coalición) cambian hacia una mayor objetividad del debate. Es probable que cierto movimiento en esta dirección se produzca conforme las presiones de los socios europeos se incrementen hacia un mayor grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos al recibir los fondos europeos.