Alemania ya no puede tratar a AfD como un accidente

El problema para Europa no es únicamente que AfD pueda gobernar algún día Alemania. Es que el avance iliberal está consiguiendo algo anterior y quizá más importante: cambiar lo que las democracias europeas consideran políticamente normal.
FUENTE: EFE

El dato más inquietante de las elecciones de Sajonia-Anhalt no es sólo el 43,8% obtenido por Alternativa para Alemania. Es todo lo que rodea a ese porcentaje. AfD sumó 576.037 votos, 23 puntos más que en 2021, mientras la CDU se desplomó del 37,1% al 17,2%. Y no ocurrió gracias a una abstención excepcional que permitiera a una minoría movilizada apropiarse del resultado: participó el 77,8% del electorado, la cifra más alta registrada en unas elecciones regionales desde la reunificación. AfD ganó con claridad una elección muy participada. Los resultados provisionales oficiales de Sajonia-Anhalt

Tampoco sirve ya la caricatura sociológica de una extrema derecha sostenida exclusivamente por hombres mayores, resentidos y habitantes de las zonas rurales. AfD fue la primera fuerza en todos los grupos de edad: alcanzó el 41% entre los menores de 25 años y llegó al 52% entre los votantes de 35 a 44. La transversalidad generacional convierte el resultado en algo cualitativamente distinto. No estamos viendo simplemente cómo envejece un resentimiento; estamos viendo cómo se reproduce.

Y conviene añadir una precisión que separa este caso de una victoria convencional de la derecha populista. La organización de AfD en Sajonia-Anhalt está clasificada desde 2023 por la Oficina regional de Protección de la Constitución como una organización de extrema derecha confirmada. El informe oficial de 2025 señala que su discurso está atravesado por una concepción étnica del pueblo incompatible, según el organismo, con principios esenciales del orden democrático y con la garantía constitucional de la dignidad humana. AfD mantiene abierto un procedimiento contra esa clasificación. No debe confundirse esta situación regional con la controversia judicial todavía pendiente sobre la calificación de la organización federal, pero tampoco puede rebajarse lo sucedido: una formación oficialmente vigilada por extremismo acaba de quedarse a tres escaños de la mayoría absoluta de un Parlamento regional alemán. La valoración oficial del servicio de protección constitucional de Sajonia-Anhalt

El peligro empieza cuando deja de parecer extremo

Interpretar el 43,8% como si casi la mitad de Sajonia-Anhalt se hubiera convertido repentinamente al extremismo sería tan cómodo como inútil. Parte del éxito de AfD nace de problemas perfectamente reconocibles: estancamiento económico, temor ante la pérdida de industria, coste de la vida, inmigración, sensación de abandono en el este y una desconfianza monumental hacia el Gobierno federal. El 87% de los electores del Land se declaraba insatisfecho con el Ejecutivo de Friedrich Merz y, entre los votantes de AfD, dos tercios consideraban que recibían menos de lo que justamente les correspondía.

Ésa es precisamente la parte peligrosa. No hace falta que una sociedad se vuelva extremista para que una formación extremista pueda conquistarla electoralmente. Basta con que consiga convertirse en el vehículo más eficaz para expresar agravios que sí son mayoritarios. La seguridad económica, la inmigración, el declive industrial o la distancia entre gobernantes y gobernados dejan entonces de discutirse dentro del perímetro político tradicional y empiezan a formularse mediante las soluciones de quien había vivido fuera de él.

El fenómeno tampoco está confinado a un Land oriental. En las elecciones federales de 2025, AfD ya había duplicado su resultado nacional, pasando del 10,4% al 20,8% y convirtiéndose en la segunda fuerza del Bundestag. Las encuestas publicadas esta semana la sitúan ahora entre el 27% y el 29%, claramente por delante de la CDU/CSU. Y el próximo 20 de septiembre hay elecciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde Infratest dimap acaba de situarla en el 35%, más del doble del 16,7% obtenido en 2021. Resultado oficial de las elecciones federales de 2025

La frontera decisiva está cerca. AfD tiene 39 de los 83 diputados de Sajonia-Anhalt. Si consiguiera gobernar, dejaríamos de hablar de influencia sobre el debate para hablar de control sobre instituciones. Un Gobierno regional dispone de competencias sobre policía, educación, administración y medios públicos. Más delicado todavía: el Ministerio del Interior supervisa la propia Oficina de Protección de la Constitución que actualmente vigila a AfD. Los servicios de seguridad alemanes están estudiando ya qué información sensible podría compartirse con un Ejecutivo dirigido por una organización que ellos mismos consideran extremista.

Éste es el verdadero problema del iliberalismo moderno. Rara vez comienza quemando constituciones. Llega mediante elecciones, obtiene competencias ordinarias y después empieza a redefinir qué medios son legítimos, qué jueces estorban, qué asociaciones merecen financiación, qué minorías pertenecen plenamente a la comunidad nacional o qué órganos de control son sospechosos porque contradicen la voluntad de la mayoría. La democracia continúa celebrando elecciones mientras van debilitándose los contrapesos que impiden que una victoria electoral equivalga a disponer del Estado.

Cuando Alemania gira, Europa se desplaza

Sería un error considerar todo esto una peculiaridad de la antigua Alemania Oriental. Si AfD estuviera creciendo de esta manera en Eslovaquia o Bulgaria, el problema sería grave. Que ocurra en Alemania lo convierte además en un problema estructural de la Unión Europea.

Alemania representa el 23,8% del PIB comunitario, 4,5 billones de euros, y es con diferencia la mayor economía de la UE. Sus 83,5 millones de habitantes equivalen al 18,47% de la población utilizada para calcular las mayorías en el Consejo y dispone del máximo de 96 eurodiputados. Alemania no puede imponer por sí sola una política europea ni bloquear unilateralmente una mayoría cualificada, pero prácticamente ninguna gran coalición estable en materia fiscal, industrial, climática, migratoria, defensiva o presupuestaria puede comportarse como si Berlín no existiera.

El efecto europeo, además, puede producirse mucho antes de que AfD llegue a la Cancillería. Si la CDU concluye que necesita endurecer sus posiciones para recuperar electores, cambia la política alemana. Si ese cambio alemán modifica la posición del Consejo sobre inmigración, transición energética o asilo, cambia la política europea. La extrema derecha no necesita gobernar para gobernar una parte de la agenda.

La evidencia comparada debería hacer reflexionar especialmente sobre esa estrategia. Una investigación académica publicada este mismo año, basada en 14 elecciones de elevada saliencia migratoria, concluye que los partidos tradicionales no obtienen beneficios electorales claros endureciendo sus posiciones para competir con la derecha radical. Otros estudios comparados llegan incluso a advertir que esa acomodación puede legitimar al partido radical y favorecer que el elector termine prefiriendo al propietario original del discurso.

Europa ya dispone de un ecosistema preparado para amplificar el movimiento. Patriotas por Europa tiene actualmente 85 diputados, entre ellos Rassemblement National, Vox, el FPÖ austriaco y Fidesz; los Conservadores y Reformistas Europeos suman 84; y Europa de las Naciones Soberanas, donde se integra AfD, otros 27. Son 196 de los 719 diputados actuales del Parlamento Europeo. Sumarlos como si formaran una única organización sería incorrecto: Meloni no es AfD, existen diferencias sustanciales sobre Rusia, Ucrania, la OTAN, la UE y la economía. Pero sí demuestra que el espacio político situado a la derecha del Partido Popular Europeo ha dejado de ser una periferia parlamentaria.

Austria ya vio al FPÖ ganar las elecciones generales de 2024 con el 28,8%, aunque finalmente quedó fuera del Gobierno. Giorgia Meloni acaba de convertir su Ejecutivo en el más longevo de la República italiana. Rassemblement National es una fuerza central de la política francesa. Viktor Orbán perdió finalmente el Gobierno húngaro este año, demostrando que el movimiento no es irreversible. La tendencia europea no avanza en línea recta, pero su dirección de fondo resulta difícil de ignorar: la derecha radical ha dejado de discutir si puede entrar en las instituciones y empieza a discutir cuándo podrá dirigirlas.

España no está fuera del mapa

España se encuentra lejos del escenario de Sajonia-Anhalt. Conviene decirlo antes de establecer comparaciones fáciles. Vox es una formación parlamentaria consolidada y no puede colocarse sin más en la misma categoría jurídica o política que organizaciones neonazis extraparlamentarias. Tampoco Frente Obrero es equivalente a Núcleo Nacional. Precisamente lo interesante es observar cómo determinadas ideas circulan entre espacios que no son equivalentes.

El primer nivel es electoral. Vox cuenta con seis eurodiputados dentro de Patriotas por Europa y el último barómetro de 40dB. lo sitúa en el 17,8%, beneficiándose especialmente del endurecimiento del debate migratorio.

Más abajo está ocurriendo algo distinto. Núcleo Nacional, organización ultraderechista monitorizada por las fuerzas de seguridad y vinculada al discurso del «gran reemplazo» y la «remigración», se registró el pasado febrero como partido político con el nombre de Noviembre Nacional y ámbito estatal. El salto es pequeño en términos electorales, pero significativo en términos políticos: una organización nacida en Telegram, las protestas callejeras y la estética de la militancia encapuchada intenta trasladarse a una papeleta. El registro de Núcleo Nacional como Noviembre Nacional

También está Isabel Peralta, una de las figuras más conocidas del neonazismo español. El TSJM confirmó el pasado 31 de julio su condena a un año de prisión por provocación a la discriminación y al odio contra inmigrantes marroquíes y musulmanes durante una concentración de 2021. No estamos aquí ante una etiqueta periodística discutible: existe una sentencia.

Frente Obrero merece una lectura diferente y quizá más interesante. No es un movimiento neonazi y sería intelectualmente pobre introducirlo en la misma casilla. Se define a sí mismo como «patriota y revolucionario», pretende fusionar patriotismo y lucha obrera y sostiene en su programa que un país que no controla la inmigración y su «asimilación» está «condenado a desaparecer». Obtuvo algo más de 66.000 votos en las europeas de 2024. Su importancia para este análisis reside precisamente en demostrar que el repertorio nacionalista, identitario y radicalmente antiinmigración ya no viaja exclusivamente por la derecha tradicional: puede combinarse con lenguaje obrerista, anticapitalismo, rechazo de las élites y soberanismo. El programa político de Frente Obrero

Y existe todavía un extremo mucho más pequeño pero incomparablemente más peligroso. Ayer mismo, un juez de la Audiencia Nacional propuso juzgar al presunto responsable en España de una célula de The Base, organización terrorista neonazi y aceleracionista. La acusación sostiene que captaba y adoctrinaba militantes para la llamada «sucesión blanca», promovía entrenamiento con armas y pretendía utilizar el caos y la violencia para provocar un cambio político. Es un procedimiento pendiente de juicio y, por tanto, debe hablarse de acusaciones, no de hechos condenados. Pero su existencia recuerda que el universo radical posee también una periferia que ya no pretende ganar votos, sino acelerar el colapso del sistema.

El contexto social tampoco invita a la indiferencia. Interior registró en 2025 2.417 delitos e incidentes de odio, un 23,6% más que el año anterior y el máximo de la serie histórica; 934 estuvieron relacionados con racismo o xenofobia. Una cifra policial no permite atribuir causalidad a un partido ni convertir cualquier discurso duro sobre inmigración en violencia. Sí demuestra que el terreno en el que se está produciendo esta radicalización no es abstracto.

La advertencia alemana

La lección de Sajonia-Anhalt no consiste en anunciar un nuevo 1933 cada vez que AfD gana unas elecciones. Ese recurso termina banalizando aquello que pretende denunciar. Alemania sigue teniendo una Constitución robusta, tribunales independientes, una sociedad civil poderosa y la arquitectura de una democracia militante concebida precisamente para defenderse de quienes utilicen sus libertades para destruirlas.

La advertencia es más incómoda.

Durante años Europa se tranquilizó pensando que las fuerzas iliberales tenían un techo, que gobernar las moderaría, que los cordones sanitarios las desgastarían o que sus electores volverían a los partidos tradicionales en cuanto desapareciera una determinada crisis. Ninguna de esas hipótesis ha funcionado de manera universal. En Sajonia-Anhalt, el cordón sigue existiendo y AfD ha llegado al 43,8%. En el conjunto de Alemania, después de duplicar su voto en 2025, se mueve ya alrededor del 28%.

El peligro no empieza cuando la extrema derecha obtiene el poder. Empieza cuando deja de parecer extremo entregárselo.

Y quizá ésa sea la razón por la que España debería mirar con especial atención a Alemania. No porque Núcleo Nacional vaya a obtener mañana un 40% ni porque todos los movimientos mencionados sean comparables, sino porque las ideas recorren distancias mucho más deprisa que los partidos. La «remigración», el reemplazo demográfico, la identificación del discrepante como enemigo interno, la deslegitimación sistemática de jueces y medios, la reducción de la ciudadanía a pertenencia cultural o étnica y la idea de que una mayoría electoral debería poder gobernar sin demasiados límites forman ya un lenguaje político transnacional.

El resultado alemán demuestra hasta dónde puede llegar cuando el malestar ordinario encuentra en ese lenguaje su única traducción política eficaz. Lo verdaderamente inquietante no es que el 43,8% de Sajonia-Anhalt se haya vuelto extremista. Es que una organización considerada extremista haya conseguido convertirse, para el 43,8%, en una respuesta normal.

La moción imposible y el largo desgaste de Sánchez

Mientras la corrupción ocupa el centro de la conversación pública, parte de la oposición vuelve a refugiarse en la tentación de una moción de censura. El problema es que no existen los números, no existe una mayoría alternativa y, sobre todo, no existe ningún incentivo para que quienes sostienen a Sánchez derriben ahora el sistema que les ha otorgado más poder que nunca.
FUENTE: EFE

La política española atraviesa uno de esos momentos en los que la ansiedad amenaza con imponerse al análisis. Las investigaciones judiciales, las declaraciones de testigos, el deterioro institucional y la sensación de agotamiento que rodea al Gobierno han generado una presión creciente sobre Pedro Sánchez. Y precisamente por eso ha reaparecido una vieja tentación: la moción de censura.

La propuesta tiene algo de acto de purificación colectiva. Como si bastara con registrar una iniciativa parlamentaria para limpiar el ambiente político, devolver la dignidad a las instituciones y ofrecer una salida inmediata a una legislatura cada vez más erosionada. El problema es que la política no funciona como la literatura moral. Las mociones de censura no sirven para expresar estados de ánimo. Sirven para sustituir gobiernos. Y hoy no existe ninguna mayoría capaz de hacerlo.

Por eso la discusión resulta tan llamativa. España vive probablemente la mayor crisis política del sanchismo desde su llegada al poder y, sin embargo, buena parte del debate gira alrededor de una herramienta que carece de recorrido práctico. Es una paradoja profundamente española: cuanto más grave parece el problema, más energía se dedica a soluciones imposibles.

El muro que Sánchez construyó sigue intacto

La principal fortaleza del presidente no es ya su Gobierno. Tampoco su partido. Ni siquiera su popularidad. Su principal fortaleza es la aritmética parlamentaria que construyó durante los últimos años.

Porque mientras la conversación pública se concentra en los escándalos, la estructura política que sostiene al Ejecutivo permanece prácticamente inalterada. Los socios independentistas continúan obteniendo concesiones. Los nacionalistas siguen acumulando influencia. La izquierda alternativa mantiene posiciones institucionales que desaparecerían con un cambio de mayoría.

En esas condiciones, plantear una moción de censura equivale a pedir a todos los beneficiarios del actual sistema que voten contra sus propios intereses.

No existe ninguna evidencia de que ERC quiera facilitar un gobierno alternativo. Tampoco Junts. Mucho menos Bildu o el PNV. Al contrario: buena parte de las negociaciones que hoy ocupan la agenda política —la financiación singular catalana, los acuerdos competenciales o las transferencias pendientes— dependen precisamente de que Sánchez continúe en La Moncloa.

La realidad es mucho más sencilla que la épica parlamentaria. Quienes han obtenido más poder con Sánchez difícilmente serán quienes provoquen su caída.

La tentación de la política simbólica

Eso no significa que la oposición carezca de argumentos. Significa que corre el riesgo de confundir la denuncia con la estrategia.

Una moción condenada al fracaso puede generar titulares durante unos días. Puede movilizar a los convencidos. Puede incluso ofrecer una imagen de iniciativa política. Pero también puede producir el efecto contrario: reforzar a un Gobierno que necesita desesperadamente cambiar de conversación.

No sería la primera vez que sucede. La historia parlamentaria española está llena de iniciativas concebidas para desgastar al adversario que terminaron permitiéndole reagruparse. Cuando una operación nace sin posibilidad matemática de éxito, el riesgo de convertirse en un simple espectáculo es enorme.

Y además existe otro problema más profundo. Cada semana dedicada a discutir una moción inviable es una semana menos dedicada a explicar por qué la situación política ha llegado hasta aquí. La corrupción deja de ocupar el centro del escenario y la atención se desplaza hacia una batalla parlamentaria cuyo desenlace conocen todos antes incluso de empezar.

La oposición gana ruido. El Gobierno gana tiempo.

El desgaste verdadero está en otro lugar

La paradoja del momento actual es que Sánchez parece más débil políticamente de lo que indican los números del Congreso y más fuerte parlamentariamente de lo que sugiere el deterioro de su imagen.

La legislatura muestra signos evidentes de agotamiento. La ausencia de Presupuestos, las dificultades para aprobar reformas, la creciente dependencia de acuerdos bilaterales con los socios nacionalistas y la acumulación de escándalos han erosionado el relato gubernamental. Pero ninguna de esas dificultades altera todavía la mayoría que sostiene al Ejecutivo.

Por eso el verdadero desafío para Sánchez no está en una hipotética moción de censura. Está en el paso del tiempo.

Cada mes adicional aumenta el desgaste institucional. Cada negociación extraordinaria encarece el precio de la supervivencia parlamentaria. Cada nueva polémica agrava la percepción de un poder que dedica más energía a resistir que a gobernar.

Y ése es precisamente el motivo por el que la impaciencia puede convertirse en un error estratégico para sus adversarios.

La política tiene sus tiempos

Existe una diferencia fundamental entre una crisis política y una caída política. La primera puede durar meses o incluso años. La segunda suele producirse de manera abrupta, cuando las condiciones que la hacían posible se agotan de golpe.

Hoy Sánchez atraviesa una crisis evidente. Lo que todavía no existe es una mayoría alternativa que permita convertir esa crisis en una sustitución inmediata del Gobierno.

Por eso la moción de censura se parece más a una válvula emocional que a una solución real. Permite expresar indignación, pero no resolver el problema. Permite escenificar una ruptura, pero no construir una alternativa.

Y quizá ahí resida la principal enseñanza de este momento político. No todas las crisis se solucionan acelerando los acontecimientos. Algunas se resuelven dejando que el propio desgaste haga su trabajo.

Porque la triste realidad para el PSOE es que cuanto más se prolongue esta situación, más difícil será reconstruir su posición política. Y la triste realidad para Sánchez es aún más simple: puede sobrevivir a una moción de censura imposible, pero resulta mucho más complicado sobrevivir indefinidamente al desgaste de la realidad.

La cuestión ya no es cuánto puede resistir el Gobierno. La cuestión es cuánto puede resistir el sistema político construido para sostenerlo. Y ésa es una pregunta mucho más incómoda que cualquier moción condenada a perderse en una tarde parlamentaria.

Extremadura como laboratorio electoral y Aragón en el horizonte

El resultado extremeño marcará el destino de Pedro Sánchez: un test político decisivo que puede precipitar el adelanto electoral y redefinir el fin de la legislatura. 
FUENTE: EFE

La política tiene sus probetas: territorios donde un resultado no es sólo un trofeo local sino un experimento de alta precisión. Extremadura huele hoy a ensayo clínico. No porque tenga una población mística sino porque su calendario, su geografía política y las fuerzas en liza la convierten en el lugar perfecto para probar mensajes, medir reacciones y calibrar la mecánica electoral que podría definir unas generales adelantadas en 2026. 

La primera razón es aritmética y brutal: las encuestas la colocan en zona de riesgo para el PSOE y en pinzas para el PP. Los sondeos preelectorales y el CIS sitúan al PP como ganador claro, pero sin garantía de absoluta, y sitúan a Vox en una posición de relevo decisivo; la suma de ambos puede gobernar la Junta. Eso convierte a Extremadura en un medidor del fenómeno que más inquieta a Moncloa: si el eje PP–Vox se consolida aquí, se consolida en otras circunscripciones provinciales, y la narrativa del “luchar contra la ultraderecha” como argumento movilizador pierde efectividad.  

Pero el laboratorio no es solo aritmética. Es tiempo y oportunidad. La presidenta María Guardiola ha ido poniendo las condiciones para un adelanto: debió decidir presupuestos, ha jugado con la dislocación del calendario y al haber disuelto el parlamento la contienda llegará pronto. Una victoria holgada del PP aquí tendría efectos dominó: ofrecería confianza al centro-derecha, debilitaría el relato de que Vox es el peligro inminente y abriría la puerta a un PP reforzado que tose a la derecha y sonríe al centro. Si, por el contrario, el PSOE aguanta o frena la sangría, Moncloa puede aferrarse a la idea de rearme electoral para aguantar hasta 2027. Aquí se mide la salud del relato sanchista.  

El segundo vector es discursivo. Para Sánchez, Extremadura ofrece un escenario privilegiado para repetir la táctica probada en 2023: usar una autonómica como termómetro y altavoz para un relato nacional. Si el Gobierno logra convertir la campaña en un plebiscito sobre la gestión frente a la extrema derecha podrá usar cualquier rendimiento aceptable como excusa para apretar el botón de las generales: “hemos probado el mensaje, la gente responde, ahora toca trasladarlo a toda España”. Si fracasa, el contragolpe será brutal: el PP venderá que el país ya no acepta al PSOE como alternativa solvente. Un artículo reciente lo resumía con crudeza: Sánchez aspiraría a repetir su 23-J explotando autonomías como señuelos para reconstituir su narrativa nacional antes de una hipotética convocatoria. 

Hay, además, un tercer experimento: la relación PP–Vox. Extremadura puede mostrar si Vox está dispuesto a ejercer de socio disciplinado o de socio cruel. Si Vox se moviliza, pero no entrega apoyos, el PP quedará en situación incómoda: obligado a gobernar con la ultraderecha, o a convocar de nuevo para tratar de arañar una mayoría propia. Si Vox se disciplina y sostiene pactos, la foto para Génova es idílica con unos populares renovados y con músculo.  

Para Moncloa, el objetivo es otro: provocar, o demostrar, que la sola idea de Vox en el poder sigue movilizando al electorado moderado, y así arrastrar unas generales a la polarización que más le favorece. Los debates y la campaña en Canal Extremadura y demás foros servirán para medir la capacidad de Vox de condicionar pactos y la reacción del votante moderado.  

Escenarios: no hay milagros, solo combinaciones de riesgo. Si el PP roza la mayoría absoluta, el laboratorio produce la muestra que el centro-derecha necesita: un argumento de mandato claro que invita a pensar en generales con ventaja. Si el PP necesita a Vox pero logra un acuerdo estable, el mensaje es doble: fuerza para gobernar hoy y riesgo para Moncloa mañana (porque la aritmética nacional puede replicarse). Si el PSOE frena la caída y araña escaños, Sánchez podrá argumentar que su mensaje antifascista sigue operativo y que un adelanto sería prematuro. En cualquiera de los casos, Extremadura pone a prueba la tesis central. ¿Está el país ya configurado para elecciones donde la dinámica territorial y la polarización favorezcan un resultado concreto? 

Desde el punto de vista táctico, hay que leer la campaña como laboratorio de mensajes, no de programas. El PP probará la eficacia de una campaña enfocada en seguridad, gestión e identidad regional; el PSOE, en la defensa del Estado de bienestar frente al ‘riesgo Vox’; Vox, en la nacionalización del discurso identitario y el castigo al establecimiento. Cada eslogan que funcione en Extremadura será replicado a escala nacional por el partido que lo diseñe. Si la gráfica de intención de voto se mueve aquí, se moverá en mesas del CIS y en la psicología colectiva del votante: encuestas y titulares convertirán la señal local en tendencia nacional. 

La pregunta final la que decidirá si Extremadura es solo laboratorio o detonante, es ¿quién puede asumir el riesgo de desencadenar generales ahora? Sánchez necesita un hilo narrativo que le devuelva confianza; a veces lo encuentra soltando una campaña desde la sombra y obligando al adversario a reaccionar. Feijóo o el PP, en cambio, requieren estabilidad para construir mayorías. Por eso la lectura no es mecánica. Un resultado favorable al PP puede empujar a Génova a forzar el calendario, o a esperar y concentrar beneficiarios. Moncloa, por su parte, sopesa la doble oportunidad: perder hoy y recomponer, o ganar el mensaje y forzar el nacional. 

Extremadura será, de verdad, laboratorio por dos razones: porque es pequeña y manejable (el mensaje se difunde y mide con rapidez) y porque su simbolismo político, una región con tradición rural y desafío social, permite testar el relato que mejor funcionará en 2026. Para Sánchez, la jugada es audaz: si la muestra sale favorable, tendrás la excusa y el momentum para convocar. Si sale mal, tendrá que encogerse y prepararse para una legislatura agotada. Para la oposición, ganar bien en Extremadura supone dispensar al adversario la carta del adelanto; perderla bien puede dar alas a una maniobra nacional. 

La política, sin embargo, no es laboratorio científico: los sujetos no son ratones y las reacciones son humanas, imprevisibles y a menudo violentas. Pero la ambición de convertir Extremadura en ensayo clínico para las generales existe y es real. Quien la diseñe mejor, quien sepa traducir un resultado regional en narrativa nacional creíble, habrá ganado la partida antes mismo de que se cuente el último escaño. Y si eso ocurre, cuidado: las generales de 2026 no serán una carrera nacional; serán la réplica ampliada del experimento que los extremeños estarán a punto de vivir. 

Despertar tarde no basta: el PP ante su Congreso

El PP adelanta su Congreso nueve meses, pero sigue sin atreverse a decir lo que el país necesita oír. La contemplación, la prudencia infinita y el miedo a incomodar lo han dejado descolocado ante la gran crisis institucional que vive España. 

FUENTE: EFE

El Partido Popular celebrará su Congreso Nacional en julio, nueve meses antes de lo previsto. Pero no hay que dejarse engañar: este adelanto no es reflejo de vigor político, sino síntoma de que por fin se ha encendido una alarma. La dirección de Alberto Núñez Feijóo ha pasado demasiados meses en una especie de letargo estratégico, fiando todo a que la erosión del Gobierno socialista hiciera el trabajo por ellos. Como si bastara con esperar. Como si oponerse fuera lo mismo que liderar. 

Y mientras tanto, España se caía. 

Se caía el Congreso como espacio de deliberación, reemplazado por decretos-ley y pactos en la sombra. Se caía la independencia judicial, triturada por la ocupación partidista de los órganos de control. Se caía la confianza en las instituciones, el prestigio exterior, la seguridad jurídica. Y el PP, mientras todo eso ocurría, miraba de reojo a Vox, con miedo de parecer blando, pero también con miedo de parecerse demasiado. Encajonado, tibio, contemplativo. Como si el país pudiera esperar. 

El Congreso del PP llega, sí. Pero no está claro que llegue con rumbo. Ni con nervio. Ni con discurso. Porque si se trata solo de revalidar un liderazgo sin levantar un proyecto político que le hable de verdad a la España que sufre, será otra oportunidad perdida. La sociedad no necesita a un PP que administre la espera. Necesita a un PP que sepa lo que quiere hacer con el país. Que diga sin miedo que España está atrapada en un frentismo suicida, que los extremos se retroalimentan y que la única salida es un reformismo serio, valiente, impopular si hace falta. 

Pero para eso hay que arriesgar. Hay que dejar de hablar con la calculadora en la boca y empezar a hablar con un poco de coraje. Hay que decir que el país no aguanta más propaganda, que el deterioro institucional es un hecho, que la justicia necesita descolonizarse, que las empresas públicas no pueden ser la agencia de colocación del partido de turno, que el Estado de Bienestar no sobrevivirá si no se gobierna con seriedad, aunque eso implique sacrificios. 

Y hay que decir, también, que la moderación no puede ser una excusa para no hacer nada. Moderación no es resignación. No es cobardía. Es firmeza democrática. Es asumir que hay que pactar, sí, pero desde una posición clara. Que hay que convencer, no complacer. Que gobernar no es templar gaitas, sino tener un proyecto nacional que vuelva a unir a los españoles en torno a algo que no sea el odio al adversario. 

El PP ha estado demasiado tiempo en pausa. En lenguaje bajo. En una especie de prudencia eterna que lo ha convertido en el partido que no molesta. Pero a estas alturas, no molestar es no existir. Si el Congreso de julio no sirve para sacudir al partido y marcar un rumbo inequívoco —reformista, valiente, institucional y ambicioso—, entonces no habrá servido para nada. Peor aún: habrá sido la confirmación de que el PP no está preparado para el momento político más grave desde la Transición. 

Feijóo aún está a tiempo de reaccionar. Pero tiene que hablar claro. No a los suyos. A los que no le votan, a los que dudan, a los que están hartos de todos. Tiene que decirles que hay una alternativa que no es ruido ni resignación. Que hay un plan para que España funcione. Si no lo hace, si sigue en esta deriva de cálculo y de reflejo, la historia no se lo va a perdonar. Porque cuando todo se derrumba, quien no da un paso adelante desaparece con los escombros. 

Financiación opaca en política: de Alvise a Vox, el riesgo para la democracia

En el entramado político actual, la transparencia es un valor cada vez más solicitado por la ciudadanía. Sin embargo, en España, nos encontramos con dos ejemplos recientes que no solo evidencian la falta de este principio en ciertos movimientos políticos, sino que ponen de manifiesto la amenaza que supone la financiación opaca en una democracia que, sin duda, enfrenta desafíos constantes.

FUENTE: EFE

Los casos de Alvise Pérez, con su partido «Se Acabó la Fiesta», y de VOX, con la supuesta financiación procedente de un banco húngaro, son ejemplos que merecen ser analizados en profundidad, pues ambos ponen en riesgo los valores fundamentales de nuestra sociedad.

Alvise Pérez, autoproclamado «defensor de la justicia y enemigo acérrimo de los políticos corruptos», ha terminado envuelto en su propio círculo de escándalos. Lo que comenzó como una campaña contra la corrupción y las «élites», con gran apoyo en redes sociales y seguidores que buscaban una alternativa honesta a los partidos tradicionales, ha terminado revelando la hipocresía detrás de su discurso.

Pérez, conocido por sus constantes publicaciones en Telegram, llenas de fake news y teorías conspirativas, ha utilizado estas plataformas para construir una base de seguidores basada en la desinformación. Sus estrategias no solo han contribuido a polarizar a la sociedad, sino que han erosionado la confianza en los medios de comunicación y en las instituciones, elementos esenciales para el buen funcionamiento de una democracia.

Sin embargo, lo más preocupante de su perfil es cómo ha manejado la financiación de su partido. «Se Acabó la Fiesta», que comenzó con la promesa de ser una opción «limpia» y sin los vicios de los grandes partidos, se ha visto envuelto en un escándalo de posible financiación ilegal. Las acusaciones apuntan a la entrada de dinero procedente de fuentes no declaradas, lo que coloca a Pérez en el mismo saco de aquellos a quienes tanto criticaba. Este es el mayor peligro de figuras como Alvise Pérez: no solo engañan a sus seguidores, sino que además socavan los cimientos de la democracia al replicar los vicios del sistema bajo la apariencia de una cruzada contra la corrupción.

En una época en la que la política necesita más transparencia y rendición de cuentas, los actos de Pérez han demostrado que no está en condiciones de liderar nada que no sea un proyecto de beneficio personal. A la vista de todos, ha quedado claro que su único objetivo era obtener poder y, con ello, aforamiento, para blindarse frente a las múltiples demandas que ha acumulado por difundir noticias falsas y desacreditar a adversarios políticos.

La sombra de la financiación húngara

En paralelo, la polémica en torno a la financiación de VOX desde Hungría representa un problema aún mayor. El partido liderado por Santiago Abascal ha sido objeto de controversia en diversas ocasiones por su relación con regímenes y gobiernos extranjeros. La noticia de que un banco húngaro cercano al primer ministro Viktor Orbán ha estado financiando a VOX plantea serias preguntas sobre la independencia y los intereses reales de esta formación política.

Hungría, bajo el gobierno de Orbán, se ha caracterizado por un alejamiento de los valores democráticos y un acercamiento a políticas autoritarias, donde la libertad de prensa y los derechos fundamentales han sido sistemáticamente erosionados. La posibilidad de que VOX esté siendo financiado por un banco vinculado a este régimen plantea dudas sobre hasta qué punto puede un partido político español defender los intereses del país cuando sus recursos provienen de una potencia extranjera con claras intenciones de influir en Europa.

Este tipo de financiación no solo es opaca, sino que mina la confianza en las instituciones democráticas. VOX, que se ha presentado como el partido de la «nueva política» y que aboga por una España fuerte y soberana, se enfrenta ahora a la contradicción de estar potencialmente comprometido con intereses extranjeros. Es una situación peligrosa, ya que la interferencia de potencias internacionales en la política española a través de la financiación de partidos puede tener consecuencias graves para la soberanía del país y para la salud de nuestra democracia.

Ambos casos, tanto el de Alvise Pérez como el de VOX, representan un peligro tangible para el funcionamiento saludable de nuestro sistema democrático. Cuando figuras o partidos se financian a través de canales opacos o con recursos de procedencia extranjera, la democracia sufre, porque las decisiones políticas pueden estar influenciadas por intereses que nada tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos.

La financiación de partidos es un tema que debe abordarse con la máxima transparencia y con estrictos controles por parte de los organismos reguladores. La falta de transparencia no solo genera desconfianza en los votantes, sino que puede tener consecuencias nefastas para la estabilidad del país. La interferencia extranjera, ya sea a través de financiación directa o indirecta, es un problema que no debe tomarse a la ligera.

En el caso de VOX, la relación con el banco húngaro, si se confirma, debería servir como llamada de atención para el resto de las formaciones políticas y para las instituciones encargadas de velar por la integridad del sistema democrático. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que fuerzas extranjeras financien y, por ende, influyan en la política española? ¿Qué significa esto para la independencia de decisiones tan cruciales como la política económica, la defensa o las relaciones internacionales?

La política española enfrenta un grave desafío en términos de financiación y transparencia. Tanto Alvise Pérez como VOX han puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema en este ámbito. La ciudadanía tiene derecho a saber quién financia a los partidos que aspiran a dirigir el país, y los partidos tienen la obligación de ser transparentes y rendir cuentas. La democracia española no puede permitirse más casos de financiación opaca o sospechosa, ni por parte de actores internos que juegan a la desinformación, ni por parte de intereses extranjeros que buscan influir en nuestras decisiones políticas.

La única solución viable es una mayor supervisión y sanciones más severas para aquellos que pretendan corromper el sistema democrático mediante la financiación irregular. La democracia es un bien frágil, y protegerla es responsabilidad de todos.

El paisaje político vasco: La emergencia de Bildu y sus implicaciones 

El panorama político del País Vasco está experimentando cambios significativos con la emergencia de EH Bildu y sus implicaciones, lo cual está dando lugar a un debate profundo y sustancial. Durante décadas, el tejido político vasco ha estado moldeado por las corrientes nacionalistas, pero ahora se está gestando un cambio de paradigma que desafía las percepciones arraigadas y redefine el equilibrio de poder.

FUENTE: EFE

La última encuesta de Sigma Dos, publicada por El Mundo, ha proyectado un escenario inesperado: EH Bildu, la coalición de izquierda abertzale, surge como el partido más votado, desplazando al tradicionalmente dominante Partido Nacionalista Vasco (PNV). Esta transformación no solo evidencia una reconfiguración del espacio político vasco, sino que plantea interrogantes fundamentales sobre la gobernabilidad y el futuro de la región. 

Durante más de una década, el PNV ha sido el actor principal en la política vasca, consolidando su posición como el partido hegemónico. Sin embargo, los resultados proyectados por la encuesta indican un cambio significativo en esta narrativa. EH Bildu, liderado por el candidato Peio Otxandiano, se alzaría con una potencial victoria electoral, estimándose que obtendría entre 26 y 27 escaños en el Parlamento vasco, superando así al PNV en número de representantes. 

Esta ascensión de Bildu representa un desafío directo al statu quo político establecido en la región. No solo cuestiona la supremacía histórica del PNV, sino que también plantea una serie de interrogantes sobre la estabilidad y la gobernabilidad futura del País Vasco. La posibilidad de que EH Bildu se convierta en el partido más votado sugiere un cambio de preferencias entre los electores vascos, así como un creciente respaldo a la agenda política de la coalición abertzale. 

Sin embargo, este ascenso no está exento de controversia y preocupación. EH Bildu, heredero político directo del terrorismo, es objeto de críticas y cuestionamientos por parte de amplios sectores de la sociedad vasca. Si bien la coalición ha optado por la vía política en los últimos años, su retórica separatista y su pasado vinculado al terrorismo generan inquietud y desconfianza entre amplios sectores de la población. 

Para hacerse «normales» y «elegibles» se ocultan estratégicamente en ciertos lugares políticos que acaparan voto como las asociaciones culturales de cada pueblo o comarca que reivindican lo «local», el ecologismo, el feminismo, el sindicalismo o el decrecimiento económico, entre otros. Además, un factor que juega a su favor es la dinámica demográfica, tal como ha advertido en diversas ocasiones nuestro fundador José María Múgica.

Mientras tanto, la emergencia de Bildu plantea un desafío estratégico para el resto de los actores políticos en la región. El PNV se enfrenta a la perspectiva de perder su posición dominante y, con ello, su capacidad para influir en la agenda política vasca.

El Partido Socialista, tradicional aliado del PNV, pero cuya aspiración histórica ha sido sustituirlo en su hegemonía, se encuentra en una situación delicada, ya que podría necesitar negociar con EH Bildu para formar un gobierno estable, un escenario que algunos consideran problemático dada la historia y las posturas políticas de la coalición abertzale. 

En este contexto, el futuro político del País Vasco se presenta como un terreno fértil para la incertidumbre y la negociación. Los líderes políticos enfrentan el desafío de encontrar soluciones viables que garanticen la estabilidad y el bienestar de la región, al tiempo que respeten las aspiraciones y demandas de una sociedad diversa y compleja.

Las razones que llevan al ascenso de Bildu

En medio de este escenario de cambio y desafíos, es crucial analizar más a fondo las causas subyacentes de la ascensión de EH Bildu y las implicaciones que esto tiene para el futuro político del País Vasco. La coalición independentista ha sabido capitalizar una serie de factores que han moldeado el panorama político en la región en los últimos años. 

En primer lugar, el desencanto con las formaciones políticas tradicionales ha sido un factor determinante en el ascenso de EH Bildu. Muchos votantes han expresado su frustración con el estancamiento político, la corrupción y la falta de respuestas efectivas a los desafíos sociales y económicos que enfrenta la región. En este contexto, EH Bildu ha logrado presentarse como una alternativa fresca y comprometida con el cambio, atrayendo a aquellos que buscan una ruptura con el statu quo establecido. 

Además, la habilidad de EH Bildu para articular una narrativa política coherente y movilizadora ha sido fundamental para su éxito electoral. La coalición abertzale ha sabido conectar con las aspiraciones y demandas de amplios sectores de la sociedad vasca, especialmente entre los jóvenes y aquellos que se identifican con un sentimiento de identidad nacional vasca. Su mensaje de soberanía, justicia social y defensa de los derechos civiles ha resonado en un contexto marcado por la polarización política y la búsqueda de un horizonte de cambio. 

Por otro lado, el declive del PNV y la fragmentación del espectro político han contribuido al surgimiento de EH Bildu como una fuerza política relevante. Aunque el PNV sigue siendo una fuerza dominante en la región, su capacidad para mantener su hegemonía se ha visto cuestionada en los últimos años. La falta de renovación generacional, las divisiones internas y la pérdida de conexión con amplios sectores de la sociedad vasca han debilitado su posición, abriendo espacio para la emergencia de nuevas fuerzas políticas, como EH Bildu. 

Sin embargo, la consolidación de EH Bildu como el partido más votado también plantea una serie de desafíos y dilemas para el futuro político del País Vasco. La coalición abertzale enfrenta el desafío de pasar de ser una fuerza de protesta a una fuerza de gobierno, lo que requerirá habilidad política y capacidad de negociación para construir alianzas y consensos en un entorno político altamente fragmentado. ¿Será algo posible teniendo en cuenta sus orígenes y su empeño por llevar a Euskadi a la independencia y al socialismo?

Portugal como faro 

La reciente victoria de Luis Montenegro, líder del Partido Socialdemócrata (PSD), en las elecciones portuguesas marca un hito significativo en la política del país. Este cambio de liderazgo no solo representa un giro en la dirección del país, sino también un paso crucial hacia la consolidación de un gobierno comprometido con la estabilidad y el progreso de Portugal. 

FUENTE: EFE

En contraste con tendencias extremas de otros países europeos, Portugal ha demostrado de nuevo su capacidad para alejarse de los extremos y buscar un camino centrado y constructivo. La elección de Montenegro y su partido refleja un claro deseo colectivo de evitar polarizaciones y trabajar hacia soluciones pragmáticas que beneficien a toda la sociedad portuguesa. 

Es notable el compromiso del nuevo gobierno portugués con la gobernabilidad efectiva y la colaboración entre diferentes fuerzas políticas. En un momento en que en otros lugares otros líderes políticos han optado por asociaciones con partidos extremistas o han cedido ante demandas separatistas y radicales, Montenegro ha demostrado una voluntad firme de promover la unidad nacional y la estabilidad institucional, con un firme compromiso por parte del Partido Socialista luso, el cual ha dado crecimiento, estabilidad y futuro al país en los últimos años. 

Un contraste evidente se encuentra en el caso español, donde hemos sido testigos de cómo las alianzas con extremistas han causado división y polarización. Portugal nos muestra el camino hacia una política más centrada y constructiva, donde la voluntad de cambio y el compromiso con el interés público pueden conducir a la formación de gobiernos estables y centrados en el progreso de la nación. 

Sin embargo, mientras Portugal avanza hacia un futuro más prometedor, en España persisten desafíos significativos. El actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, parece aferrarse al poder, ignorando la corrupción que lo rodea, incluida la polémica amnistía, una situación que plantea serias dudas sobre la integridad democrática del país. 

La estrategia de resistencia de Sánchez, plasmada en el mismo manual con el que ganó las primarias del PSOE recorriendo España, y que parece diseñada para asegurar su permanencia en la Moncloa a cualquier costo, incluso cediendo a las presiones de los movimientos independentistas, lo cual va en detrimento de la mayoría de los ciudadanos españoles. 

En este contexto, es esencial que la sociedad española se mantenga vigilante y respalde a líderes comprometidos con la democracia, el diálogo constructivo y el bienestar común. 

La situación política en Portugal y España sirve como un marcado contraste entre dos enfoques divergentes hacia la gobernanza y la estabilidad institucional. Mientras Portugal avanza hacia un gobierno centrado y comprometido con el progreso nacional, España se enfrenta a desafíos persistentes derivados de una política marcada por la polarización y la falta de consenso. 

En este sentido, es fundamental reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de ambos países. Portugal nos muestra que es posible evitar la polarización extrema y construir un consenso político sólido que beneficie a toda la sociedad. La elección de Montenegro como primer ministro y el compromiso demostrado por su gobierno con la unidad nacional y la estabilidad son ejemplos claros de cómo la política puede ser una fuerza para el bien común. 

Por otro lado, la situación en España nos recuerda los peligros de la polarización política y el sectarismo. La resistencia obstinada de Sánchez a abandonar el poder, incluso a costa de ceder ante fuerzas extremistas y separatistas, pone en peligro la integridad democrática del país y socava la confianza en las instituciones. 

En última instancia, la responsabilidad recae en los ciudadanos de cada país para elegir líderes comprometidos con el diálogo constructivo, el respeto a las instituciones democráticas y el bienestar de todos los ciudadanos. Solo a través de un compromiso activo con la política y una participación informada en el proceso democrático podemos garantizar un futuro de estabilidad y progreso para nuestras naciones. 

El sesgo sociológico que aún causa la política de bloques

España no termina de deshacerse de la «política de bloques» instaurada hace ya más de seis años por el sesgo sociológico que sigue introduciendo en la opinión pública

FUENTE: EFE

Tras una legislatura llena de problemas en la coalición de Gobierno, el país necesita un cambio y renovación en sus instituciones. Los extremos lo complican todo y una vez comienzan a gobernar se desinflan y parte de su electorado vuelve a la realidad, como ha pasado con la izquierda radical. La extrema derecha, en cambio, es muy joven en los gobiernos y las encuestas reflejan un posible protagonismo en la configuración del futuro Gobierno, incluso aunque esté registrando una tendencia demoscópica decreciente.

El horizonte de las próximas tres semanas apunta a dos posibles escenarios: un resultado que permita una colaboración entre los dos grandes partidos, teniendo el dominante la capacidad de ser investido sin el apoyo tácito o explícito de algunos de los extremos; o un resultado ajustado donde el ganador de las elecciones requiera la concurrencia del extremo más próximo.

El afán de poder de los extremos y su ego político les impide pactar sin tener su pedazo de tarta. La extrema derecha puede comenzar a sufrir lo mismo que le ha pasado a Unidas Podemos y que, tras su paso por los gobiernos municipales y regionales en los que ha estado, ha visto su marca desinflada una vez el electorado ha podido comprobar las ineficiencias de su gestión. 

Muchos españoles confiaron en la extrema izquierda y sus líderes, que entraban al Gobierno prometiendo acabar con la ‘casta’. El discurso en los extremos es atractivo hasta que demuestran su inutilidad política. El propio Pablo Iglesias, licenciado en Ciencias Políticas, demostró que, a pesar de poder tener un cierto control teórico, era ajeno al funcionamiento práctico del sistema. 

No se puede cambiar el mundo por mucho que conozcas un mapa y , a nivel narrativo, los tonos que emplean las formaciones extremistas las acerca más de lo que las separa.

La extrema derecha no es ajena a los errores de gestión, obviamente, y en el poco tiempo que llevan dentro de Castilla y León, única región donde se puede examinar su funcionamiento dentro de un gobierno. La vicepresidencia de Castilla y León, que ocupa Juan García-Gallardo desde hace año y medio, está siendo más conocida por errores y salidas de tono que por aciertos.

La reducción del “gasto superfluo”, uno de los principales objetivos de Vox en su discurso, cayó por sí solo cuando se conoció cómo se había disparado el presupuesto de la Junta para altos cargos y cargos ‘a dedo’. O el gasto de la Vicepresidencia, que no tiene competencias más allá de las representativas porque García-Gallardo nunca quiso estar al frente de ninguna consejería. Se invierten 1,1 millones de euros para pagar al personal, pero el presupuesto que se emplea para políticas es de 112.000 euros. 

Estas situaciones en el Gobierno no se dejan pasar y Vox, con su líder a la cabeza, no ha sabido estar a la altura incluso antes de entrar. Las principales medidas y políticas de Vox están ligadas a un discurso populista, en el que se esconden para no tener que responder o exponer las medidas que no tienen y que hacen que un país funcione.  

Izquierdas y derechas, iliberales y populistas, cuanto más lejos mejor. Con la extrema izquierda hemos visto la primera prueba, y ojalá no tener que contrastarla en una segunda vuelta sólo por comprobar como funciona su antítesis política. Estos partidos suelen generar gran apoyo cuando empiezan, hasta que realmente se demuestra que no valen más que para crispar y dividir más a los españoles. 

Los siguientes pasos necesarios tras orillar a los extremos en Andalucía

Hacía mucho tiempo que en unas elecciones, en las que se contaba con gran división en la intención de voto (municipales, regionales o generales), no eran decisivos los partidos que ocupan los extremos. Vox y Podemos han quedado fuera de la gobernabilidad andaluza para suerte de sus habitantes; en este caso, era Vox el partido que más posibilidad tenía para entrar al Gobierno tras el resultado de las elecciones de Castilla y León.

FUENTE: EFE

De esta forma, Vox reduce por primera vez sus registros en unas elecciones con la alicantina Macarena Olona al frente de la formación en la región. Del mismo modo que la izquierda iliberal que acudía fragmentada a estas Elecciones, perdió la poca fuerza de votantes que esperaban alcanzar con las previsiones del CIS.

Desde las elecciones generales, donde la extrema derecha duplicó sus votantes en la región respecto a los anteriores comicios regionales, no se había visto una tendencia regresiva tan clara en la extrema derecha. No así en la extrema izquierda que, con más tiempo presente en la actividad política, ya había comenzado a sufrir la vuelta a la moderación de muchos votantes tras descubrir el engaño de las políticas extremistas e iliberales promulgadas aún hoy desde el Gobierno de la Nación.

Este proceso electoral ha provocado una pérdida de cerca del 50% de los votantes de Vox en Andalucía, que ha ayudado a que el Partido Popular de Juanma Moreno haya logrado estos resultados.

El PSOE que históricamente ha tenido en Andalucía un feudo electoral, vuelve a desinflarse y empeora sus resultados. Los socialistas no han logrado calar en una sociedad en desacuerdo con las políticas del Gobierno de coalición, provocando un trasvase de votos de hasta un 20% al PP, convertido semanas atrás en el ‘voto útil’ tanto identificado con los problemas de Andalucía como en clave nacional.

Estas Elecciones rompen con una tendencia que parecía venir desde Europa: por un lado, la reducción de ciudadanos que acuden a las urnas no se ha visto en Andalucía, que ha mejorado sus registros con respecto a 2018. Por otro lado, otra tendencia que rompe con la normalidad es lo holgado de la mayoría absoluta conseguida, ya que durante los últimos años las mayorías absolutas han dejado de ser comunes.

En este panorama político tan convulso, con la dimisión de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana que podría provocar un adelanto electoral, con un Gobierno en Cataluña que no consigue aprobar Presupuestos y trata de alejarse de Sánchez, con un Gobierno central que continúa perdiendo fuerza fracasando día tras día en sus medidas anticrisis y que sufre los electoralismos de los tres partidos que conviven en él (la ‘plataforma’ de Yolanda Díaz, Unidas Podemos y PSOE), es necesario pensar en cuáles serán los pasos siguientes, incluso ante una posibilidad cada vez menos remota de adelantos electorales en distintos territorios o incluso a nivel nacional.

En primer lugar, es necesario potenciar el deterioro de los extremos que, como pasó en Portugal, podrían desinflarse hasta quedar en un plano residual. Pero no debemos caer en la comodidad de pensar que esto va a suceder de manera inmediata. No hay más que ver el caso de Francia donde el fin de semana pasado los extremos consiguieron la representación suficiente en la Asamblea Nacional para condicionar las políticas nacionales.

En segundo lugar, ante los malos resultados electorales cosechados en Andalucía, en el PSOE nacional debe abrirse un periodo de reflexión para analizar sus asociaciones que no hacen más que debilitar al partido, así como examinar a su líder, que bajo su mandato no ha conseguido que sus políticas sean beneficiosas para la sociedad y, conforme se acerca la fecha de las Elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, es una rémora o un pasivo cada vez más insostenible para los actuales presidentes autonómicos.

Por último, es necesario colocar en el centro del diseño de las políticas públicas al ‘votante mediano’: familias de clase media cuyo poder adquisitivo se ha desplomado, con una situación laboral precaria, con incertidumbre sobre el futuro más inmediato suyo y de sus hijos, preocupado por las concesiones infinitas a los extremos políticos y sufridor del deterioro de la calidad democrática… No hay que dejarse obnubilar por la explosión del consumo que están haciendo las familias de renta media-alta. Es un espejismo de la realidad económica que va reconociéndose incluso en las cifras macro tal como publicó el INE el pasado viernes 24.

Hacía mucho tiempo que no se daba una situación tan favorable a la caída del extremismo en nuestro país, de acercamiento a posiciones moderadas e identificación con el ‘votante mediano’ y hay que aprovecharla. El efecto Feijóo está beneficiando a un PP que puede alejarse definitivamente de Vox, mientras que el PSOE se encuentra en una caída libre de la que debe escapar antes de que sea demasiado tarde. Las elecciones andaluzas deben abrir los ojos a los partidos moderados y sacar adelante un país fuerte de una situación muy adversa.

Cabeza de ‘listilla’

Macarena Olona, número 1 de Vox en las listas andaluzas para los próximos comicios ha sido ratificada por la Junta Electoral de Granada. Esto sucede 15 días después de que se conociese que la diputada de extrema derecha estaba registrada en Salobreña, pero, según su casero, no vivía en el domicilio, sino que “acudía a veces” o “en vacaciones”.

FUENTE: EFE

El cambio de padrón antes de unas elecciones es algo común entre todos los partidos, pero este es un caso un poco más especial al tratarse la cabeza de lista de la formación para las elecciones andaluzas del 19 de junio. Desde el Ayuntamiento de esta localidad se comprobó si Olona residía en dicho domicilio. Algo que no pudo confirmarse ya que la policía no consiguió contactar con nadie en la vivienda, por lo que no se pudo confirmar ni positiva ni negativamente si la candidata reside en el lugar.

Ahora desde su formación ya han tomado cartas en el asunto tratando de acallar a todo aquel que denuncia las irregularidades de su partido. Y es que, a pesar de que no consiguieron contactar con ella en la comprobación, la candidata se acercó a denunciar a la alcaldesa de la localidad, del PSOE, por la presunta comisión de delitos: un delito electoral, otro de prevaricación administrativa y otro de vulneración de los derechos fundamentales; denunciando que la regidora andaluza “ha utilizado las instituciones y potestades públicas municipales, perjudicando gravemente la imagen, su honorabilidad y su candidatura”.

Estas palabras chocan con los propios actos de Olona, de los que podríamos decir que, presuntamente, también ha empleado las instituciones y herramientas públicas para presentarse como candidata de la extrema derecha en Andalucía sin tan siquiera residir en la comunidad.

Si finalmente Olona lograse presentar su candidatura ya ha expresado su posición con respecto a lo que espera de estas elecciones, diciendo que solo hay dos alternativas: “o Vox o el abrazo del PP y el PSOE”. Estas palabras de Olona muestran la mejor opción de los andaluces para las elecciones, evitando de esta forma a la coalición de extrema izquierda y la extrema derecha de Vox.

La agresividad de Olona, así como su última polémica (en la que viaja en un coche sin el cinturón de seguridad abrochado), pueden provocar que se cumpla esa segunda opción que realmente puede conseguir abrazar a la gente de Andalucía en detrimento del discurso de odio que la extrema derecha promulga allá por donde pasa.

Evitar la entrada de los extremos al ejecutivo andaluz es el objetivo viendo como funcionan estos cuando están dentro de los gobiernos, véase el claro ejemplo de Podemos en el Gobierno y el papel de Vox en Castilla y León. Es hora de abrir los ojos ante los peligros que estas formaciones pueden ocasionar a nuestro sistema democrática y es en las elecciones el momento de cerrarles las puertas.