ETA - La España Que Reúne

Nuestra visión sobre el nuevo curso político en España

El inicio del curso político 2022-2023 puede analizarse mediante una serie de ‘lugares comunes’ perfectamente descritos en los últimos meses. Dado que la intención de este Club de Opinión no es repetir lo obvio ni enfatizar lo evidente, es necesario buscar las claves de este próximo curso en un ejercicio de análisis más profundo.

FUENTE: EFE

La ventaja de contar con unas bases políticas tan superficiales como las de nuestro tiempo es que no es demasiado difícil ir a las motivaciones últimas de lo que está pasando y seguiremos viendo en los próximos meses con un alto grado de probabilidad.

En términos de estrategia, se trata de construir una coyuntura política y social basada en colocar al Gobierno y sus socios de legislatura como los garantes de una estabilidad precaria bajo la percepción de ser un “escudo protector” hasta diciembre de 2023. De esta manera, aquellas partes de la sociedad con más motivos para rebelarse mostrando su descontento no tengan suficiente fuerza y apoyo para movilizarse, mientras que se amplía el espectro social al que el Gobierno le genera la expectativa de que le está ayudando sin que haya ayuda real alguna.

Lo más importante no es ayudar con medidas eficaces ante los problemas socioeconómicos de los ciudadanos, sino hacerles creer que se les está dando un soporte que en realidad no existepara los que más lo necesitan. No hay más que ver qué ha sucedido con una medida como es el ingreso mínimo vital. Con un balance decepcionante (al cierre de 2021 apenas alcanzó al 40% de los beneficiarios según la AiREF), es un buen ejemplo no sólo del tipo de políticas que se aplican sino también del fin último que se persigue con ello.

Generar de forma permanente expectativas de que el Ejecutivo va a ayudar a quien lo necesite es una buena estrategia para minimizar la crítica hacia la labor de Gobierno, con independencia de su color político y administración (nacional, autonómica o local). Se aplica una máxima eficaz como es ‘no morder la mano del que te da de comer’, aunque en la realidad no te dé. Es la doctrina que se sigue desde el verano de 2020 con los ya archi-conocidos ‘fondos europeos‘. Se sabe que hay alguien que los percibe, pero muy pocos lo han visto de cerca o conocen casos de perceptores cercanos que sirvan para mantener la expectativa de participación en las inversiones millonarias hasta ahora planificadas. No hay más que ver la ejecución a principios de junio, por ejemplo, del que iba a ser el proyecto estrella: el vehículo eléctrico.

Obviamente, este juego de crear expectativas continuamente tiene fecha de caducidad. Pero es la suficiente como para mantener un año más el actual Gobierno, y un año menos para recomponer un tejido productivo profundamente desgastado y con unas perspectivas poco favorables en los próximos meses. Hay algunos indicadores que reflejan los problemas de fondo como las encuestas donde puede verse el cambio de fondo que se está produciendo en la intención de voto a menos de un año de las Elecciones locales y regionales. Sin embargo, no existe un mecanismo suficientemente engrasado que permita acelerar el fin de una legislatura más que agotada.

El Gobierno Sánchez-Díaz tomó hace ya tiempo la decisión inquebrantable de invertir todos los recursos públicos necesarios que les permita sobrevivir sin buscar acuerdos entre los grandes partidos, y que sirva para defenderse y contraatacar ante los escándalos, contradicciones y malas decisiones diarias. Ésta es, en definitiva, la realidad a la que nos enfrentamos en los próximos meses hasta el final de la Legislatura.

La ‘memoria democrática’, un mes después de su aprobación

El Club de Opinión La España que Reúne convocó a los medios en la mañana del viernes 15 de julio para expresar su más absoluta repulsa a la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso de los Diputados. Un mes después de su aprobación, los socios que dieron su apoyo preparan los siguientes ‘peajes’ que seguirán comprometiendo al actual Gobierno.

FUENTE: EUROPA PRESS

En la rueda de prensa del 15 de julio, José María Múgica recordó las palabras del Rey Felipe VI en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, en Ermua, el pasado 10 de julio. Para Múgica, estas palabras del Rey son perfectas y a la vez “incompatibles” con la reciente Ley de Memoria Democrática apoyada gracias a los votos que en su momento ayudaron al terrorismo. Una norma “sencillamente inconcebible que nace con tan infame apoyo, de los que jamás condenaron el terrorismo”, expresó. Este hecho resulta un “colmo”, ya que se investiga la democracia, con la Constitución aprobada y votada por la mayoría de los españoles, “poniendo en jaque el relato de la Transición” con aquellos condenados por la justicia por terrorismo y que se encuentran en la cúpula de EH Bildu.

“No hacía falta una Ley de Memoria Democrática pactada con Bildu, en la que ni una sola palabra se refiere al terrorismo. Qué tipo de memoria se pretende de la historia de España, en la que el terrorismo no figura. Sin esa ley todo estaba ya en la Transición, momento de reconciliación de los españoles; como estaba en la Constitución de 1978, viga maestra de nuestra unidad y de nuestra concordia”, recordó Múgica.

Esta norma no tiene el respaldo de los españoles ni la unidad de los partidos, como si tuvo la carta magna y por eso, si se mira esa Ley, “produce una profunda amargura que esté suscrita por los legatarios del terrorismo”. Esto hace que la norma sea imposible de considerarse como “positiva” y, con ella, “asistiremos a un retroceso” en nuestra sociedad, “pues es imposible avanzar en una convivencia con valores compartidos en esas condiciones”, sentencia José María Múgica.

Casi un mes después de la aprobación de esta ley, podemos observar los preparativos de los socios parlamentarios para seguir obteniendo concesiones por parte del Gobierno. No haber pactado la norma, ni siquiera negociarla en parte con el principal partido de la oposición, es un error que tiene costes importantes a medio y largo plazo. Por lo pronto, supone hundir más en el ‘círculo vicioso’ de los apoyos parlamentarios al actual Gobierno, el cual se verá obligado a seguir cediendo en pro de su estabilidad y durabilidad.

Pero llegará en breve un momento particularmente delicado como es la pretensión de los grupos extremos de acceder a la información sensible que el Estado guarda desde hace décadas para usarla en beneficio del ideario centrífugo que da más de 50 diputados a la actual coalición. En ese momento, se verá si los secretos son tan fácilmente revelables como se prometía en los debates de la ley (se plantea incluso alargar hasta en 50 años la revelación de cierta información) o si todo este movimiento se queda en agua de borrajas, pero habiendo repartido por el camino unos cuantos millones de euros que benefician a grupos políticos y sociales que se comportan como ‘buscadores de rentas’.

En los anteproyectos de Ley de Memoria Democrática circulados en los últimos dos años se establecía un presupuesto de 11 millones de euros para la ‘reparación, restitución de bienes y otras acciones’. Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática ha sido aprobada en julio sin una memoria económica, lo cual deja un enorme margen discrecional al Gobierno para establecer partidas presupuestarias con difícil auditoría (la ley establece que en el plazo de un año se realice la auditoría de todos los bienes y valoración de los daños).

Aparte de esto, hay partidas económicas aún sin cuantificar pero que tienen nombre y apellidos. Es el caso del PNV que será el principal y casi único beneficiario de la Disposición Adicional Novena; los grupos que representan a la etnia gitana a través de la Adicional Duodécima o los Gobiernos vasco, navarro y catalán en las sucesivas Adicionales Decimoséptima y Decimoctava y Final Sexta, respectivamente.

Objetividad constitucional frente a la reescritura la Historia y la subjetividad de la memoria

El Club de Opinión La España que Reúne, denuncia los hechos ocurridos entre el Gobierno y la formación de la extrema izquierda vasca EH Bildu, herederos políticos del grupo terrorista ETA, tras extender el rango de actuación de la Ley de Memoria Democrática desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1983.

FUENTE: EFE

El presidente del Gobierno ha aceptado así el “relato de la transición de Bildu”, como lo ha calificado el diario El Mundo, dejando que se investigue el “postfranquismo”, como lo llaman los sucesores de HB.

Un hecho tan grave como este, pasar por encima del marco constitucional vigente con una “ley especial” que nace sin el consenso de la gran mayoría de la Cámara, no puede pasar desapercibido para la sociedad española. Extendiendo el rango de la ley lo que ha provocado el Gobierno es un cisma en el consenso que engloba la Constitución sin la menor seguridad jurídica y sin el más mínimo consenso constitucional.

El Gobierno y el PSOE, partido fundamental para el desarrollo democrático de España en la Transición, no deberían pagar semejante peaje por seguir aprobando leyes sobre las que existe un rotundo rechazo de la ciudadanía. Siendo muy loable el trabajo sobre las víctimas del franquismo, no hay pago posible de este calibre para sacar adelante esta Ley.

En abril de este año, el Parlamento europeo pidió investigar los crímenes no resueltos de ETA con el rechazo del PSOE, que terminó rectificando, mientras que en este caso ha dejado la puerta abierta al brazo político de ETA para que investigue las actuaciones del Gobierno contra la banda terrorista.

Para el Gobierno y sus socios parlamentarios, la Ley de Memoria Democrática es una pieza más de su estrategia. Pero el revisionismo histórico de Sánchez no cura las heridas del pasado, solo las abre un poco más aprobando algo que los españoles no quieren, dañando la Transición y la Carta Magna.

El revisionismo de la Historia no nos hace aprender u olvidar, nos hace más daño. Así como no estamos orgullosos de las prácticas que se pudieron hacer por parte del terrorismo de Estado, tampoco lo estamos ante la humillación de Bildu a los españoles con la aprobación de esta medida.

Mientras los etarras no pueden olvidar el GAL, nosotros no olvidamos a personas como Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato se cumplen 25 años, ni de muchos otros asesinados por la banda terrorista. Estos hechos no los va a investigar Sánchez, más preocupado por sus amistades peligrosas que por la política de grandes miras, que demostró saber hacer durante la reunión de la OTAN.

Decisiones como estas nos dividen más cada día y son estos actores envenenados los que están evitando que en España lleguen buenos tiempos, tiempos de consenso y de unión que no se pueden alcanzar con políticas como estas. Remover el pasado no cura heridas, las abre. Debemos abogar por la Historia sobre la memoria para evolucionar como sociedad. El pasado no lo puede cambiar nadie, debemos trabajar por mejorar nuestro presente y futuro.

Editorial: Los costes democráticos de alargar por más tiempo la legislatura

La democracia es mucho más que la búsqueda incondicional de apoyos en las Cortes para sacar adelante los proyectos legislativos del Gobierno. En este sentido, uno de los principios básicos de una democracia es excluir de la gobernabilidad a aquéllos que persiguen su destrucción y la confrontación no pacífica entre ciudadanos, los cuales representan un porcentaje minúsculo de los electores. Sin embargo, en España estamos haciendo todo lo contrario: naturalizar al espacio político heredero del mayor enemigo del sistema constitucional que ha sido el terrorismo.

FUENTE: El Correo/EP

Sorprende que en un país cuyo Gobierno ha hecho de la ‘memoria democrática’ una de sus principales banderas, ésta sea tan asimétrica y kafkiana. Al mismo tiempo que se ponen en jaque los principales consensos sobre los que se construyó la Transición, se escenifica un programa de ‘olvido político’ intencionado que pretende ser implantado sin oposición entre la izquierda, aplacando cualquier crítica a través de palabras gruesas y acusaciones inaceptables entre demócratas de cualquier signo político.

Es evidente la dificultad de gobernar España con unas mayorías tan exiguas e inestables como las actuales. Sin embargo, esto no puede dar carta de naturaleza a una política de ‘todo vale’ para permanecer por más tiempo en el Gobierno. En el momento en que se da un lugar destacado a los enemigos de la democracia -todos ellos fuerzas extremas y centrífugas- la salud del sistema democrático se resiente profundamente, ya que la dinámica de sus demandas siempre es creciente, nunca decreciente. Y una vez que ocupan un espacio que ni electoral ni sociológicamente les corresponde, apartarlos para retomar el normal funcionamiento institucional de un país requiere de un gran esfuerzo.

Hay que resistirse a llamar toda esta operación como ‘rearme del socialismo’ y ‘marcar perfil propio’. Es todo lo contrario: entregar rentabilidad electoral a cambio de un proceso que puede llegar a ser irreversible de deterioro democrático. Tener la vista puesta más en las municipales de 2023 a la espera de que “estemos preparados o no para cosas mayores”, es un ejercicio de irresponsabilidad difícil de aceptar en democracia.

Este movimiento no solo sería contrario a esta idea del ‘rearme socialista’, que se vería opacado por este refuerzo a la extrema izquierda, sino que va en contra de toda la trayectoria constitucional de los últimos años, la cual ha posibilitado una convivencia pacífica entre demócratas que luchaban juntos contra los enemigos de España.

Homenajes contra la libertad. Joseba Arregi y Mikel Azurmendi in memoriam

Con los acercamientos de los presos al País Vasco y excarcelaciones que forman parte de las concesiones del Gobierno de coalición a EH Bildu, estamos inmersos en una campaña de homenajes a etarras en País Vasco y Navarra.

Fuente:EFE

En estos actos, el Ejecutivo central se ha puesto de perfil, dejando que sean los tribunales los que decidan si se celebran o no, en un claro gesto de dejadez intolerable. Ante esta “normalización” del enaltecimiento del terrorismo (por ejemplo, con actos tan viles y reprochables como el de Henri Parot, uno de los etarras con más asesinatos a sus espaldas condenado por cometer 39) pocas voces de la sociedad se alzaron con tanta autoridad y claridad como las de Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, tristemente desaparecidos en las últimas semanas.

Es preocupante el posicionamiento del Gobierno de Sánchez pensando sobre todo en las familias de las víctimas del terrorismo, que ven como el propio Estado les ha abandonado y permite que sus verdugos tengan espacios para el homenaje mayores que el de las propias víctimas. Contra esto siempre estuvieron Joseba Arregi y Mikel Azurmendi, defensores de la libertad y la convivencia, los cuales dedicaron y arriesgaron su vida condenando con crudeza todo acto relacionado con la violencia, incluidos este tipo de actos contra aquellos que sufrieron la pérdida de familiares en una lucha armada sin sentido, como explicaba Mikel Azurmendi en su ensayo ‘La herida patriótica’, publicado en 1998, donde analiza la “identidad densa y absoluta” de los casi 200.000 vascos que se consideran en guerra y, que en ella, han olvidado la libertad individual y han generado que hoy “ser autóctono” sea “saber negociar con el miedo”.

En honor a todos aquellos muertos y personas como Mikel y Joseba, que lucharon contra las injusticias del terrorismo, el Gobierno de España debe actuar con todas las herramientas que el Estado de Derecho da para impedir el enaltecimiento terrorista y no venderse a las exigencias del extremismo nacionalista. El Ejecutivo de Sánchez se confunde de nuevo de aliados, actuando en contra de la concordia que necesita España con respecto al terrorismo de ETA. Sin embargo, la llama que gente como Azurmendi y Arregi sigue viva, marcando el camino de la responsabilidad que deben asumir nuestros gobernantes en asuntos tan importantes y de responsabilidad social como estos.

La verdadera cara de EH Bildu

En el día de ayer, los medios de comunicación se hicieron eco de la muerte de uno de los fundadores de la banda terrorista ETA, Julen Madariaga. Quienes también se hicieron eco fueron algunos miembros de su denominado ‘brazo político’, EH Bildu.

(FUENTE: EFE)

Bien es cierto que Madariaga condenó públicamente desde 2001 la violencia empleada por la banda terrorista, pero su implicación desde la fundación en 1959 de una banda que acabó con la vida de más de 800 personas no puede ser olvidada por la sociedad española.

Desde EH Bildu se han deshecho en elogios con el exlíder terrorista por el día de su fallecimiento, como no, Arnaldo Otegi ha salido a valorar su gran papel para el País Vasco. Una persona que jamás ha condenado la violencia de la banda terrorista y que, por ende, no tiene cabida en una democracia como la nuestra.

Otegui ha publicado sus condolencias a través de su Twitter, ensalzando la figura de un “abertzale comprometido con la libertad de nuestro pueblo”. Otros representantes de la formación han respaldado este mensaje de Otegi en sus respectivas despedidas al líder etarra destacando su lucha por algo a lo que ellos llaman “libertad”.

Esta es la verdadera cara de EH Bildu, un partido que, como algunos de sus representantes, no ha condenado la violencia públicamente. Una agrupación que no condena los actos terroristas que tanto daño han causado a nuestra sociedad, reiteramos, no tienen espacio en la democracia a la que tanto daño han hecho con sus actos.

El Gobierno no puede asociarse con aquellos que no respetan la libertad de aquellos que solo quieren lo mejor para España. Al final Pablo Iglesias iba a tener algo de razón con que en nuestro país no hay normalidad democrática, cuando representantes de partidos actúan contra los valores del sistema.