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El paisaje político vasco: La emergencia de Bildu y sus implicaciones

El panorama político del País Vasco está experimentando cambios significativos con la emergencia de EH Bildu y sus implicaciones, lo cual está dando lugar a un debate profundo y sustancial. Durante décadas, el tejido político vasco ha estado moldeado por las corrientes nacionalistas, pero ahora se está gestando un cambio de paradigma que desafía las percepciones arraigadas y redefine el equilibrio de poder.

FUENTE: EFE

La última encuesta de Sigma Dos, publicada por El Mundo, ha proyectado un escenario inesperado: EH Bildu, la coalición de izquierda abertzale, surge como el partido más votado, desplazando al tradicionalmente dominante Partido Nacionalista Vasco (PNV). Esta transformación no solo evidencia una reconfiguración del espacio político vasco, sino que plantea interrogantes fundamentales sobre la gobernabilidad y el futuro de la región.

Durante más de una década, el PNV ha sido el actor principal en la política vasca, consolidando su posición como el partido hegemónico. Sin embargo, los resultados proyectados por la encuesta indican un cambio significativo en esta narrativa. EH Bildu, liderado por el candidato Peio Otxandiano, se alzaría con una potencial victoria electoral, estimándose que obtendría entre 26 y 27 escaños en el Parlamento vasco, superando así al PNV en número de representantes.

Esta ascensión de Bildu representa un desafío directo al statu quo político establecido en la región. No solo cuestiona la supremacía histórica del PNV, sino que también plantea una serie de interrogantes sobre la estabilidad y la gobernabilidad futura del País Vasco. La posibilidad de que EH Bildu se convierta en el partido más votado sugiere un cambio de preferencias entre los electores vascos, así como un creciente respaldo a la agenda política de la coalición abertzale.

Sin embargo, este ascenso no está exento de controversia y preocupación. EH Bildu, heredero político directo del terrorismo, es objeto de críticas y cuestionamientos por parte de amplios sectores de la sociedad vasca. Si bien la coalición ha optado por la vía política en los últimos años, su retórica separatista y su pasado vinculado al terrorismo generan inquietud y desconfianza entre amplios sectores de la población.

Para hacerse «normales» y «elegibles» se ocultan estratégicamente en ciertos lugares políticos que acaparan voto como las asociaciones culturales de cada pueblo o comarca que reivindican lo «local», el ecologismo, el feminismo, el sindicalismo o el decrecimiento económico, entre otros. Además, un factor que juega a su favor es la dinámica demográfica, tal como ha advertido en diversas ocasiones nuestro fundador José María Múgica.

Mientras tanto, la emergencia de Bildu plantea un desafío estratégico para el resto de los actores políticos en la región. El PNV se enfrenta a la perspectiva de perder su posición dominante y, con ello, su capacidad para influir en la agenda política vasca.

El Partido Socialista, tradicional aliado del PNV, pero cuya aspiración histórica ha sido sustituirlo en su hegemonía, se encuentra en una situación delicada, ya que podría necesitar negociar con EH Bildu para formar un gobierno estable, un escenario que algunos consideran problemático dada la historia y las posturas políticas de la coalición abertzale.

En este contexto, el futuro político del País Vasco se presenta como un terreno fértil para la incertidumbre y la negociación. Los líderes políticos enfrentan el desafío de encontrar soluciones viables que garanticen la estabilidad y el bienestar de la región, al tiempo que respeten las aspiraciones y demandas de una sociedad diversa y compleja.

Las razones que llevan al ascenso de Bildu

En medio de este escenario de cambio y desafíos, es crucial analizar más a fondo las causas subyacentes de la ascensión de EH Bildu y las implicaciones que esto tiene para el futuro político del País Vasco. La coalición independentista ha sabido capitalizar una serie de factores que han moldeado el panorama político en la región en los últimos años.

En primer lugar, el desencanto con las formaciones políticas tradicionales ha sido un factor determinante en el ascenso de EH Bildu. Muchos votantes han expresado su frustración con el estancamiento político, la corrupción y la falta de respuestas efectivas a los desafíos sociales y económicos que enfrenta la región. En este contexto, EH Bildu ha logrado presentarse como una alternativa fresca y comprometida con el cambio, atrayendo a aquellos que buscan una ruptura con el statu quo establecido.

Además, la habilidad de EH Bildu para articular una narrativa política coherente y movilizadora ha sido fundamental para su éxito electoral. La coalición abertzale ha sabido conectar con las aspiraciones y demandas de amplios sectores de la sociedad vasca, especialmente entre los jóvenes y aquellos que se identifican con un sentimiento de identidad nacional vasca. Su mensaje de soberanía, justicia social y defensa de los derechos civiles ha resonado en un contexto marcado por la polarización política y la búsqueda de un horizonte de cambio.

Por otro lado, el declive del PNV y la fragmentación del espectro político han contribuido al surgimiento de EH Bildu como una fuerza política relevante. Aunque el PNV sigue siendo una fuerza dominante en la región, su capacidad para mantener su hegemonía se ha visto cuestionada en los últimos años. La falta de renovación generacional, las divisiones internas y la pérdida de conexión con amplios sectores de la sociedad vasca han debilitado su posición, abriendo espacio para la emergencia de nuevas fuerzas políticas, como EH Bildu.

Sin embargo, la consolidación de EH Bildu como el partido más votado también plantea una serie de desafíos y dilemas para el futuro político del País Vasco. La coalición abertzale enfrenta el desafío de pasar de ser una fuerza de protesta a una fuerza de gobierno, lo que requerirá habilidad política y capacidad de negociación para construir alianzas y consensos en un entorno político altamente fragmentado. ¿Será algo posible teniendo en cuenta sus orígenes y su empeño por llevar a Euskadi a la independencia y al socialismo?

Ruptura del tablero de juego por parte del PNV

La difícil aritmética que ha originado el resultado del 23-J ha llevado a los dos grandes partidos a buscar nuevas alianzas para, o bien, mantenerse en el poder (el Gobierno de coalición pasado) o bien alcanzar el Gobierno (el Partido Popular).

FUENTE: EFE

En las últimas semanas han ido apareciendo diferentes combinatorias, especialmente durante el proceso de constitución de la Mesa de las Cortes Generales. Pero si hay un denominador común en todas ellas es la presencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV), un actor de sobra conocido por los ciudadanos, protagonista indiscutible de la política española de las últimas décadas, pero sobre el cual se ha creado una mística que lo sobreestima.

Los resultados de las Elecciones Municipales, primero, y las Generales después, han colocado al PNV en el momento más crítico de los últimos 25 años. A finales de los años noventa, la hegemonía del PNV estuvo seriamente cuestionada por la mayoría pujante de los dos grandes partidos nacionales, el PSOE y el PP, que a punto estuvieron de gobernar. Una década después el PSE consiguió arrebatar el Gobierno vasco al PNV con el apoyo en el Parlamento Vasco del PP y UPyD, pero esto no le supuso un problema estructural al PNV porque creía que el nuevo Gobierno era débil y, como mucho, duraría una legislatura que desembocaría en una nueva retornando al poder (como así terminó sucediendo). La crisis estructural la habían tenido entre 1998 y 2001 y ahí recurrieron como salvavidas a alianzas con los sectores nacionalistas más radicalizados, incluyendo a HB (el pacto de Estella).

Ahora, a unos meses de celebrarse las Elecciones Autonómicas vascas en 2024, el PNV ha entrado en otra crisis estructural, pero a esta vez sus competidores no son los dos partidos constitucionalistas sino el heredero del terrorismo, EH Bildu. Sólo un somero análisis de tendencias demoscópicas y demográficas en el País Vasco muestra hasta qué punto EH Bildu tiene por delante un crecimiento tendencial notable, mientras que el PNV muestra lo contrario. Por tanto, es más que evidente el problema y éste obliga a una reflexión interna donde ya han aparecido voces discrepantes con los comportamientos de la actual dirección.

Dicho de otra forma: los resultados del 23-J han colocado al PNV entre la espada y la pared. La “espada” de seguir dando su apoyo tácito o explícito al presidente del Gobierno en funciones, con el desgaste que supone compartir la misma mesa con EH Bildu que no ha puesto ninguna condición explícita a su apoyo (por ejemplo, el caso de Navarra). Y la “pared” de apoyar a un Gobierno en solitario del PP con el desgaste electoral que puede suponer a ambos lados. Una situación, se mire por donde se mire, sin salida medianamente aceptable.

Sin embargo, en el momento de más presión e incluso agobio para sus dirigentes, el PNV ha conseguido romper la situación usando para ello al Lehendakari Urkullu, de la misma forma que Ibarretxe y su “Plan” a principios de los 2000. Romper el eje de coordenadas constitucional básico es la vía que el PNV ha encontrado para descargar toda la presión que las urnas y las circunstancias políticas les había puesto en sus hombros en los del candidato a la investidura, primero, y después en el actual presidente del Gobierno en funciones.

Este movimiento cuenta con varios apoyos, permitiéndole al PNV tomar ventaja con respecto a EH Bildu en Madrid y fijando una posición útil muy similar a los postulados de fondo del PSC (que han contado con una mayoría amplia de electores) ante el conflicto entre Junts per Catalunya y ERC por la hegemonía independentista en Cataluña. Al mismo tiempo, provoca ruido y marejada de fondo en el resto de las autonomías, en especial las gobernadas por el PP.

De una manera muy clara y, a la vez, muy cruda, ha quedado al descubierto el horizonte que nos espera en los próximos años si no se produce en algún momento un pacto de los dos grandes partidos. Las condiciones básicas para el pacto de investidura irán mutando hacia compromisos mucho más rompedores. Desde la amnistía hasta el referéndum no vinculante, pasando por la creación de un estatus fiscal especial para Cataluña como cimiento básico de la transmutación de España en una organización confederal (y, por tanto, asimétrica) de amplias desigualdades. La forma de hacerlo es emprender una vía paralela de ruptura del actual pacto constitucional sin tener que pasar por el camino que la Constitución establece para su reforma, ya que la inmensa mayoría de la sociedad española ni lo apoyará ni lo aceptará de manera directa.

Es preferible hacerlo de manera escondida, amortiguando los efectos y su visibilidad pública para que el votante siga pensando que nada o casi nada está pasando, y que incluso lo que pasa es beneficioso para todos, tal como escribíamos hace unos días en esta misma newsletter. Las fuerzas centrífugas saben que en la política actual, la herramienta más poderosa es la “reforma silenciosa” para que el votante mediano español no se dé cuenta de lo que está pasando. Y si se da cuenta, que sea demasiado tarde para poder ser corregido.

Lo que antes se negociaba con dos, ahora se negocia con cuatro

Los últimos comicios elevan el coste, tanto económico como político, de la formación del próximo Gobierno. Dentro del bloque de apoyo al presidente del Gobierno en funciones, lo que antes se negociaba con dos (ERC y Bildu) ahora debe negociarlo con cuatro (ERC, Junts, Bildu y PNV) de manera imprescindible, buscando cada voto en cada votación

FUENTE: EFE

Los independentistas y nacionalistas ya le han mandado sus exigencias al candidato del PSOE, sabiendo que ningún otro estará dispuesto a explorar los recovecos legales para poderlas conseguir, y se escudan en no querer pactar con Vox para intentar no manchar una imagen que lleva tiempo embarrada.

Siempre se ha pactado con estos partidos, eso es cierto. Y ha habido numerosos gobiernos en la historia reciente que han requerido su apoyo; pero ni el contexto, ni las circunstancias actuales, permiten (por moral y ética) dejarse hacer más daño por quien quiere quemar la casa común en la que vive pensando que ese fuego no afectará a su habitación.

Pere Aragonès tomó la iniciativa frente a Carles Puigdemont y fijó este martes la agenda de un posible acuerdo entre las fuerzas independentistas para ir de forma conjunta a la investidura de Pedro Sánchez.

El interlocutor de Puigdemont pidió que se acabe con los déficits fiscal, de infraestructuras y de servicios públicos en Cataluña, es decir, la condonación del dinero que recibieron del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) desde 2012, y también reclamó el fin de lo que el independentismo llama “represión”.

Un eufemismo para referirse a una solución –imposible en nuestro Estado de Derecho– que evite juzgar a cientos de cargos y activistas del independentismo por los múltiples delitos del 1-O. Y por supuesto, ERC exigió una solución al ‘conflicto político’ mediante un referéndum de autodeterminación.

Una propuesta con la que pone en juego no sólo la investidura de Pedro Sánchez, sino también el liderazgo del separatismo catalán. La propuesta de Aragonès quedaría de antemano descartada si no fuera el PSOE a quien se dirige. El presidente catalán tiene motivos para confiar en que ninguna negativa de los socialistas, y menos aún de Pedro Sánchez, es definitiva.

Desde el PNV también ha puesto precio a tus votos, mientras que Bildu dará su voto “gratis” a un Gobierno de Sánchez. Los nacionalistas vascos han pedido un nuevo encaje para Cataluña y el País Vasco a cambio de sus votos. “Sánchez necesita a los catalanes y a los vascos. Eso exige un acuerdo sobre el modelo territorial. No digo que acepte el 100% de nuestras peticiones, pero tiene que abrir este melón», comentó el líder de los nacionalistas vascos en una entrevista que publicó el lunes el diario El País.

Los nacionalistas harán gala de ser un partido «previsible» y mantendrá las reclamaciones que Sánchez ya se comprometió a activar en diciembre de 2019 cuando firmó un documento de 12 puntos con Andoni Ortúzar. Un documento que en su punto cuarto incluía «adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales» de Cataluña y Euskadi.

Cuatro años después, los cinco diputados del PNV podrían respaldar una investidura de Sánchez, pero con mayor concreción en este objetivo y la inclusión de «garantías» en todo lo que forme parte del acuerdo… hasta que se celebren las Elecciones autonómicas en mayo del próximo año.

Volver a la sensatez constitucional: el valor de las formas

Los acontecimientos han llegado demasiado lejos como para que no haya un coste notable a medio y largo plazo para la calidad de nuestra democracia. Es urgente e imprescindible volver a la serenidad y la sensatez que permitan mediante el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, en la sede de la soberanía nacional, restablecer la normalidad democrática interrumpida por buscar solucionar un bloqueo de más de cuatro años de la manera más cuestionable y opaca posible.

FUENTE: EFE

Para ello, es necesario dar la importancia que se merece a la forma y no sólo al fondo. El fin nunca puede justificar los medios, más aún cuando el fin no está claro (solventar el bloqueo de los dos grandes partidos, pero inclinando la balanza hacia el otro lado) y los medios son los peores que se podían usar. No se trata de una discusión técnica de la cual los ciudadanos puedan permanecer al margen. Se trata de unas formas que representan la protección de cada uno de los derechos de los ciudadanos españoles, representados en los diputados que integran las Cámaras. Ni se pueden torcer las formas ni se puede apelar a un supuesto fin superior para cometer un atropello como el que se ha intentado.

No se puede deslegitimar la decisión de un tribunal que decide por mayoría de 6 a 5, cuando el actual Gobierno y sus socios parlamentarios aprueban todas las leyes con una proporción idéntica sobre el total de diputados y senadores (una media del 54%). No se puede pasar por alto la responsabilidad de los presidentes del Congreso y del Senado que en los últimos meses no han hecho ni un sólo movimiento favorable para buscar el pacto entre la mayoría cualificada de los diputados y senadores. No es tolerable que varios líderes políticos hayan pronunciado el mismo discurso de 2017 (actualizado a 2022) de los independentistas catalanes, mostrando su profundo desprecio a la separación de poderes y que como Montesquieu ideó, ningún poder tenga el monopolio, ni siquiera el Parlamento cuando éste legisla al margen de los cauces claramente establecidos en el marco constitucional.

Tampoco puede olvidarse que los actuales gobernantes, en vez de ejercer (lo hacen para lo bueno, pero no para lo malo) su ruling dividend para forzar al principal partido de la oposición a sentarse y negociar una lista de consenso con juristas de prestigio, han preferido profundizar en su mayoría exigua de Legislatura para asegurar un resultado favorable para sus intereses, con independencia de si estos son los mismos que los de la ciudadanía española.

En definitiva, es necesario reencauzar la situación con las formas adecuadas, con las garantías jurídicas oportunas, buscando el bien de la ciudadanía y no el del más inmediato corto plazo electoral y, sobre todo, no volver a legislar ad hominem. Desde este modesto Club de Opinión, pedimos a las Cámaras Legislativas que tomen todas las medidas que el marco constitucional permite para retornar a la serenidad y la sensatez.

Las palancas del cambio y el dilema del prisionero Gobierno-socios parlamentarios

Los acontecimientos de las últimas semanas están causando honda preocupación en amplias capas de la sociedad española, expresándola en una pregunta muy concreta: ¿hasta dónde vamos a llegar? Es evidente que cada día, semana y mes que transcurren surgen nuevas voces que alertan de la situación. Sin embargo, en pocas ocasiones, se va a la raíz política que ayuda a explicar y actuar para evitar un mayor deterioro del sistema del 78

FUENTE: EFE

Ante todo, es necesario hacer un ejercicio de sinceridad. La legislatura se sostiene gracias a una serie de equilibrios inestables conformados por un Gobierno de coalición que cuenta con el menor número de escaños que ha tenido un Ejecutivo en democracia, y sus apoyos parlamentarios caracterizados por ser fuerzas centrífugas abiertamente contrarias al régimen constitucional. Sin embargo, al contrario de la inestabilidad de los apoyos y la ruptura en Podemos, el PSOE ha mostrado solidez interna sólo matizada por algunas declaraciones y opiniones de cargos y figuras significativas que muestran discrepancias tanto en el fondo como en la forma de las políticas actuales.

Esta unidad de acción, compartida por la mayoría de los militantes, cargos públicos y dirigentes, está basada en dos elementos fundamentales y una premisa. Por un lado, se pone por delante la política social y exterior del actual Gobierno sobre las decisiones en materia territorial, judicial o institucional. Y, por otro lado, no perciben la existencia de riesgos relevantes sobre el futuro constitucional y la calidad democrática que se pueden derivar de medidas como los indultos, las reformas de los delitos de sedición y malversación o los nombramientos del poder judicial, entre otros.

Y la premisa es la importancia de que el PSOE es el partido más votado en las últimas dos Elecciones Generales y que su secretario general ostenta actualmente la presidencia del Gobierno. Gracias a este «ruling dividend» trufado de una épica discursiva contraria a la derecha por las características del último mandato del PP entre 2016 y 2018, los militantes y cargos orgánicos socialistas están unidos en torno a ello sin reparar en que su «causa» (su agenda de Gobierno en materia económica, social y exterior) está siendo desplazada del centro político hacia uno de los extremos, empujada por la confluencia de fuerzas nacionalistas, populistas e iliberales.

En consecuencia, existe una diferencia sustancial entre la percepción del simpatizante o cargo del PSOE en torno a las medidas que se están tomando y las consecuencias que con una alta probabilidad se pueden producir. Pero incluso para aquellos que sí pueden ser medianamente conscientes del riesgo que entraña la conservación de los apoyos de legislatura, importa más perder la posición de Gobierno y cederla al PP que los riesgos para el orden constitucional.

Para salir de esta situación -y antes de que sea demasiado tarde para el Estado de Derecho- hay varias alternativas, pero todas ellas pasan por un cambio de fondo en la percepción que la mayoría de los simpatizantes, militantes y cargos del PSOE tienen de la situación actual. Si esto se produce, la probabilidad de que los actuales dirigentes den marcha atrás y cambien de rumbo es elevada. Una dirección, por mucho «ruling dividend» que tenga, no se puede sostener en el tiempo con un rechazo generalizado de sus acciones. Éste es el trabajo a desarrollar en las próximas semanas y meses desde la base y con la base.

Es poco prudente esperar a que un dirigente actual o histórico tenga los incentivos y la fuerza suficiente para intentar un cambio en la política actual, ya que trabajará en contra no sólo de la dirección, sino que tampoco conseguirá persuadir a unas bases alimentadas con mensajes sencillos y con poca percepción de los riesgos. Y menos aún dejar que la presión del cambio descanse sobre los que se consideran adversarios políticos con herramientas tradicionales como manifestaciones, mociones de censura o confiar en un vuelco electoral significativo en los comicios de mayo. No es el momento de reacciones desairadas ni tactistas que sólo servirán para desincentivar al que hoy cierra filas en torno a su líder.

Es una tarea muy compleja que requiere del concurso de todos, en un momento en que el Gobierno de coalición, ERC y EH Bildu juegan de manera repetida al «dilema del prisionero». Han aprendido a cooperar, a necesitarse mutuamente. Y eso es letal para la estabilidad democrática de España. Para romper este «dilema del prisionero» no se puede confiar en que los separatistas y herederos del terrorismo cometan algún error que les deje fuera de juego. Históricamente nunca ha sido así: conforme reciben concesiones por parte de los Gobiernos nacionales, sus reivindicaciones aumentan. Hay que actuar, cuanto antes, sobre el partido que durante muchos años ha sido central y que hoy conforme se escora hacia el extremo, dibuja un espacio de orfandad política creciente.

El elevado coste de aprobar los últimos Presupuestos de la legislatura

El problema no es en qué se cede sino ante quién se hace. No es lo mismo ceder para llegar a un acuerdo con fuerzas políticas centradas que hacerlo con extremistas que, además, alardean públicamente de que gracias a ellas el Gobierno actual mantiene su estabilidad parlamentaria

FUENTE: EFE

Los apoyos son los ya conocidos: ERC, PNV y EH Bildu. Una ‘ayuda’ que la ministra de Hacienda compara con los Pactos de La Moncloa, que ahora cumplen 45 años, para defenderse de los indefendibles. Huelga decir que cualquier parecido de los Pactos de la Moncloa con la situación actual es pura coincidencia. Ni el lugar que cada actor representaba en el espectro político es el mismo (más allá de las siglas), ni tampoco el fondo del discurso, la política económica y las medidas concretas.

Para lograr la suma mágica, los negociadores de la Moncloa han tenido que conceder importantes cuestiones. El apoyo más costoso en términos políticos y monetarios es el de ERC con la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación. A ello se añaden más de 23.000 millones de gasto público para 2023.

Si la polémica ha rodeado la propuesta de reformar a la baja las penas por sedición, el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu no es menos costoso. La formación radical vasca ha conseguido sellar un pacto de diez puntos en el que se recogen, entre otras cuestiones, el traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra, donde esta función pasará a desempeñarla la Policía Foral en lugar de la Guardia Civil, y la prolongación del tope del 2 % en la actualización de los alquileres hasta diciembre del 2023.

Por último, el PNV ha añadido sus seis votos al casillero gubernamental a cambio de la renovación del Concierto Económico Vasco (y la actualización del cálculo del cupo) en los mismos parámetros ahora vigentes para los próximos cinco años y de la aprobación de hasta 49 enmiendas a las cuentas, con lo que eleva en 41 millones de euros lo cosechado por los nacionalistas en el 2021. A ello se añade el PDeCAT y su enmienda para extender la gratuidad del transporte público para el usuario a los autobuses de larga distancia.

En suma, serán las urnas las que dictaminarán, en un año, si el precio ha valido la pena.

No a la ruptura política de una unidad de mercado

FUENTE: EFE

El PNV está decidido a romper la D.O.Ca Rioja y su forma de hacerlo es a través de darle entidad independiente a los vinos producidos en la Rioja Alavesa. Para ello, sigue en pie la batalla judicial para crear una Denominación de Origen Protegida Viñedos de Álava, sin que esto esté fundamentado en una necesidad de crear nuevas marcas porque las antiguas hayan dejado de funcionar o tengan problemas en los mercados internacionales.

Del mismo modo, no es la primera vez que este tema se debate. Y es que el PNV registró en julio de 2020 una proposición para cambiar la ley que regula las denominaciones de origen de ámbito territorial supraautonómico. El PNV pretende tener una denominación propia de Rioja Alavesa dentro de la Denominación Rioja, lo que le otorgaría al Gobierno vasco cierto poder de control en el consejo regulador de esta subdenominación.

Y es que no tiene ningún sentido, para unos y otros, que esa idea termine por llegar a ejecutarse. Por un lado, las pequeñas bodegas de la Rioja alavesa pueden llegar a desaparecer en un acto suicida por parte del PNV desfavoreciendo a aquellas no tan conocidas. En palabras del dueño de una pequeña bodega alavesa a medios digitales “Hay gente que va a un restaurante y pide un Luis Cañas porque ya lo conoce, pero hay muchos que directamente piden un Rioja. Si nos escindimos, para nosotros podría ser la ruina», explica con toda cordura el bodeguero.

Por el otro lado, cabe destacarse que la Denominación de Origen Rioja es la etiqueta vinícola más prestigiosa a nivel nacional y uno de las mejores del mundo. Los vinos de La Rioja son marca España y bajo esta calificación se engloban más de 550 bodegas embotelladoras que producen anualmente una media de 269 millones de litros de vino.

Es evidente que este es un tema con más intereses políticos que de la propia calidad de los cultivos. Las pretensiones de poder del PNV han condicionado al Gobierno a la hora de hacer el texto presupuestario, ya que el Ejecutivo de coalición necesitaba a los partidos independentistas para dar luz a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero este apoyo no iba a ser gratuito. Sánchez ha tenido que ceder en algunos puntos para sacar adelante las cuentas estatales.

Sánchez tiene que elegir entre hacer bien su trabajo o restarle valor al de muchísimas personas que dependen de esta Denominación de Origen.