Lo que antes se negociaba con dos, ahora se negocia con cuatro

Los últimos comicios elevan el coste, tanto económico como político, de la formación del próximo Gobierno. Dentro del bloque de apoyo al presidente del Gobierno en funciones, lo que antes se negociaba con dos (ERC y Bildu) ahora debe negociarlo con cuatro (ERC, Junts, Bildu y PNV) de manera imprescindible, buscando cada voto en cada votación

FUENTE: EFE

Los independentistas y nacionalistas ya le han mandado sus exigencias al candidato del PSOE, sabiendo que ningún otro estará dispuesto a explorar los recovecos legales para poderlas conseguir, y se escudan en no querer pactar con Vox para intentar no manchar una imagen que lleva tiempo embarrada.

Siempre se ha pactado con estos partidos, eso es cierto. Y ha habido numerosos gobiernos en la historia reciente que han requerido su apoyo; pero ni el contexto, ni las circunstancias actuales, permiten (por moral y ética) dejarse hacer más daño por quien quiere quemar la casa común en la que vive pensando que ese fuego no afectará a su habitación.

Pere Aragonès tomó la iniciativa frente a Carles Puigdemont y fijó este martes la agenda de un posible acuerdo entre las fuerzas independentistas para ir de forma conjunta a la investidura de Pedro Sánchez.

El interlocutor de Puigdemont pidió que se acabe con los déficits fiscal, de infraestructuras y de servicios públicos en Cataluña, es decir, la condonación del dinero que recibieron del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) desde 2012, y también reclamó el fin de lo que el independentismo llama “represión”.

Un eufemismo para referirse a una solución –imposible en nuestro Estado de Derecho– que evite juzgar a cientos de cargos y activistas del independentismo por los múltiples delitos del 1-O. Y por supuesto, ERC exigió una solución al ‘conflicto político’ mediante un referéndum de autodeterminación.

Una propuesta con la que pone en juego no sólo la investidura de Pedro Sánchez, sino también el liderazgo del separatismo catalán. La propuesta de Aragonès quedaría de antemano descartada si no fuera el PSOE a quien se dirige. El presidente catalán tiene motivos para confiar en que ninguna negativa de los socialistas, y menos aún de Pedro Sánchez, es definitiva.

Desde el PNV también ha puesto precio a tus votos, mientras que Bildu dará su voto “gratis” a un Gobierno de Sánchez. Los nacionalistas vascos han pedido un nuevo encaje para Cataluña y el País Vasco a cambio de sus votos. “Sánchez necesita a los catalanes y a los vascos. Eso exige un acuerdo sobre el modelo territorial. No digo que acepte el 100% de nuestras peticiones, pero tiene que abrir este melón”, comentó el líder de los nacionalistas vascos en una entrevista que publicó el lunes el diario El País.

Los nacionalistas harán gala de ser un partido “previsible” y mantendrá las reclamaciones que Sánchez ya se comprometió a activar en diciembre de 2019 cuando firmó un documento de 12 puntos con Andoni Ortúzar. Un documento que en su punto cuarto incluía “adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales” de Cataluña y Euskadi.

Cuatro años después, los cinco diputados del PNV podrían respaldar una investidura de Sánchez, pero con mayor concreción en este objetivo y la inclusión de “garantías” en todo lo que forme parte del acuerdo… hasta que se celebren las Elecciones autonómicas en mayo del próximo año.

A la cola y a la contra

Una condición que hay que aceptar cuando se forma parte de la Unión Europea es que las autoridades de Bruselas tienen la potestad de establecer políticas comunes que deben ser aplicadas por los países miembros.

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La Comisión Europea ha anunciado una de esas políticas comunes que no es inocua para el Gobierno español ni para sus socios independentistas porque va contra uno de los acuerdos más polémicos que Pedro Sánchez alcanzó con Podemos, Esquerra y Bildu. El pasado mes de diciembre, Moncloa decidió eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación para beneficiar a los líderes independentistas que fueron condenados o aquellos que pudieran ser condenados en los próximos meses.

El objetivo era aprobar esas reformas cinco meses antes de las elecciones, para que a estas alturas de mayo hubieran quedado fuera del debate político y no se mezclara con la campaña. Pero la política va muchas veces por caminos inescrutables y siempre actúa sobre aquellos que se creen superiores a ella. Ahora Europa, a la que se ha tildado de permisiva y complaciente con las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, actúa sobre algo que considera importante y que va a la contra del rumbo tomado desde Bruselas, situándonos a la cola de Europa junto a Hungría y Polonia.

La justicia poética ha querido que sea en plena campaña electoral para las regionales y municipales del 28-M, que serán una buena forma de medir el sentir de gran parte de la sociedad española con el Gobierno porque muchos evitarán votar al PSOE, aún con buenos candidatos, como castigo a las políticas de Sánchez, esta es solo una de ellas.

Con esta iniciativa, la Comisión no sólo aspira a actualizar, por arriba, las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir todo el posible abanico de los mismos sino, también, mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Y, con ella, queda desacreditado el principal argumento de Sánchez que apostó por la condescendencia con ciertas variantes del tipo de la malversación en nuestro país, asegurando que, con ello, España se aproximaba a los estándares europeos en la materia.

Pero, aquí en España, Sánchez decidió que estas reformas eran lo más progresista para el país y que ahora hay que reconocer lo logrado por aquel que se embolsa el dinero de los contribuyentes al corrupto que utiliza el dinero de los contribuyentes para intentar hurtar, además del dinero, sus derechos políticos más básicos.

Todo esto se da de bruces con lo que presuntamente lo justificaba, según el mendaz argumentario de Moncloa: los ‘criterios europeos’. Los dos nuevos tipos aprobados, al contemplar penas máximas de 3 y 4 años, quedan por debajo del umbral de 5 señalado por la Comisión. El Gobierno también tendrá que retocar el tipo de cohecho y el de tráfico de influencias. Toca ‘rearmonizar’ al alza lo que se había rebajado por conveniencia partidista.

Perseguir la corrupción, pero solo la de algunos

Señalar a los corruptos es una práctica honrada en la vida y en la política, y en ambas hay muchos corruptos. Cataluña es ese lugar en el que todos los males ocurren fuera de sus ‘fronteras’ y en caso obvio de tener problemas echar las culpas a otros. Laura Borrás, presidenta del Parlamento catalán, es una de esas personas acostumbradas al golpe, a darlos; pero cuando reciben la más mínima acusación, hacen del problema una cuestión de Estado.

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El de Laura Borrás no es un problema menor, es un problema por el cual debería estar inhabilitada en estos momentos. Lo curioso del asunto es que, no solo no admite su corrupción, sino que echa las culpas a las “cloacas” de sus actividades ilícitas al frente de un instituto público como el de las Letras Catalanas.

Mientras la Fiscalía pide para la política independentista 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental, la acusada se defiende diciendo que la causa pierde fuerza al haberse descartado los delitos del malversación y fraude; algo insólito. Una persona que ha robado una gallina no es menos culpable por no haber robado dos.

Desde su partido quieren protegerla y ya están buscando herramientas para ello, ni a los otros acusados con sentencias por casos de ‘lawfare’ (guerra jurídica), como ellos lo denominan. Excluyen los delitos de corrupción que no sean ‘lawfare’, pero lo más probable es que, como Borrás, achaquen sus imputaciones a la ‘persecución hacia Cataluña’, una excusa que parece no tener fin y de la que se aprovechan cuando tienen la ocasión, incluso en plena concentración pública por el recuerdo de los asesinados en los atentados de Las Ramblas en 2017.

Quienes sufren esta situación son los catalanes, que viven una situación de desgobierno por encima de los normal y las políticas que se aplican no hacen más que disminuir la seguridad de sus calles y los problemas económicos de sus negocios.

El realismo mágico que vive Cataluña con el independentismo ha tocado techo con JxCat. Qué esperar de un partido en el que el presidente de su consejo nacional dijese en su intervención tras ser elegido, que Junts es “el partido del presidente Puigdemont, partido del 1-O, del sí, de los intangibles, de la firmeza y de la esperanza”. El partido de la paz en el mundo. De Puigdemont hay novedades también, y es que se abre su vuelta a España por extradición después de que un abogado de la UE de la razón a nuestro país frente a Bélgica y abra la puerta a su entrega.

Cuando los secretos dejan de serlo

El salto a la palestra del ‘caso Pegasus’, el escándalo de presunto espionaje a más de 60 independentistas catalanes tras el referéndum independentista del 1-O ha revuelto las entrañas del Congreso de los Diputados

FUENTE: EL PAÍS

Sin entrar mucho en la cuestión de fondo (ya que profundizaremos sobre este en el próximo número), la aparición de esta información ha provocado tanto ERC como EH Bildu hayan puesto en jaque al Ejecutivo y a sus medidas como ‘castigo’ ante el descubrimiento de este caso.

El Gobierno, sabiendo que los independentistas y los abertzales pueden frustrar la aprobación de medidas como el decreto anticrisis aprobado el jueves y, de aquí en adelante, la propia legislatura, está tratando de restaurar la relación con sus socios en vez de comenzar, como comentábamos en el pasado número, a tender puentes con el principal partido de la oposición. Pedro Sánchez tiene miedo a terminar antes la legislatura sin poder sacar adelante nuevas medidas con el núcleo de investidura, exponiendo la gobernabilidad de España a los caprichos populistas e iliberales de los movimientos centrífugos.

Para tratar de calmar los ánimos con el destape de ‘Pegasus’, el Gobierno vendió su investigación cambiando a última hora los términos para incluir a los soberanistas en la Comisión de secretos oficiales y poder desbloquear la votación del plan anticrisis. Con Bildu, de momento, parece haber funcionado pues aprobaron el paquete de medidas gracias a ellos, pero con ERC será más complicado.

Con este cambio normativo, reduciendo las mayorías para que pudiesen acceder a una comisión que lleva dos años parada, los investigados podrán tener acceso a las actividades e investigaciones del CNI, organismo que investigaba las actividades de los golpistas tras el referéndum, así como el uso de los fondos reservados por parte de los ministerios que tienen asignadas este tipo como Interior, Defensa, Exteriores y el propio CNI. Se espera que en las próximas semanas la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, habilite el calendario de reuniones y, una vez comenzado, los diputados recibirán explicaciones del Gobierno sobre, por ejemplo, el supuesto espionaje.

Este cambio de última hora carece totalmente de sentido, tanto en la teoría como en la práctica, ya que no es posible realizar las investigaciones pertinentes a un grupo de personas que se ha saltado la Constitución para tratar de romper España para su propio interés. De esta forma los independentistas se aseguran estar al tanto de todos los movimientos y prácticas de seguridad del Estado.

Sánchez ha vuelto a caer en la trampa del independentismo cuando estaba desarrollando una práctica justificada, y que ya había sido anunciada por Interior en 2019, después de que estos hubieran incumplido la Carta Magna. Este movimiento no solo debilita al Gobierno en el Congreso, sino que lo deja en evidencia ante las exigencias independentistas y debilita al Estado. Sánchez tenía alternativa con PP y Ciudadanos y les volvió a cerrar la puerta, en favor de aquellos que no buscan más que alimentar sus propios intereses.

Lo peor de todo, es que seguramente la entrada en la Comisión no sea suficiente como para calmar al independentismo victimista, al que tratarán de recuperar con la mesa de negociación con Cataluña. El Gobierno vuelve con las rebajas y facilitará a ERC muchas de sus exigencias para aprobar las medidas a costa de difuminar la identidad del socialismo.

Sánchez está comenzando a cavar su propia tumba y puede que la de su partido, que perpetua las acciones de su líder. Ha dejado muy claro que prefiere pactar con los enemigos de España antes que con un Feijóo dispuesto, a diferencia de Pablo Casado, a sentarse a negociar. O como bien dice el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, “introducir a los lobos en el mismo rebaño de las ovejas”.