Le Pen y el espejismo de la ultraderecha anticorrupción 

La reciente inhabilitación de Marine Le Pen por malversación de fondos públicos no es solo un episodio más de corrupción política; es la enésima prueba de que la ultraderecha europea no es más que un espejismo populista, un engaño meticulosamente elaborado para embaucar a un electorado harto de la política tradicional.  

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La líder de Reagrupamiento Nacional, que se ha pasado años vendiendo la idea de una Francia “sana”, “pura” y libre del cáncer de las élites corruptas, ha sido precisamente devorada por el mismo veneno que decía combatir. La paradoja no podría ser más elocuente: la supuesta salvadora del pueblo ha sido condenada por robarle. 

Pero Le Pen no es una anomalía; es el reflejo de una estrategia sistemática de la extrema derecha europea, un proyecto basado en la manipulación emocional y en la victimización constante. Se presentan como mártires de un establishment opresor, cuando en realidad son actores de la misma farsa que dicen querer destruir. A diferencia de la corrupción tradicional, la de estos movimientos es aún más perniciosa porque no solo saquean las arcas públicas, sino que lo hacen envueltos en la bandera de la “regeneración”. 

En España, Vox ha tejido su narrativa sobre la supuesta limpieza política y la defensa de los valores nacionales, pero las sombras sobre su financiación se alargan como un espectro incómodo. La Fiscalía Anticorrupción investiga el origen de sus fondos, con sospechas de donaciones extranjeras opacas y manejos turbios que contradicen su discurso de honestidad y patriotismo. La hipocresía es descarada: mientras señalan con el dedo a la “casta”, ellos mismos operan en la penumbra, enredados en prácticas que recuerdan demasiado a las que dicen combatir. 

Hungría, por su parte, es el epítome del saqueo institucionalizado. Viktor Orbán y su partido Fidesz han perfeccionado la fórmula del autoritarismo disfrazado de democracia. Orbán, que se presenta como un bastión contra la corrupción globalista, ha creado su propio sistema oligárquico, donde las fortunas fluyen hacia su círculo de confianza mientras el país se sumerge en el clientelismo. La reciente denuncia de Péter Magyar, exmiembro de Fidesz, es solo la punta del iceberg de un régimen que ha convertido la corrupción en su método de gobierno. 

El caso de Le Pen, como los de Vox y Orbán, no es un accidente, sino la norma. No es un error de cálculo, sino la columna vertebral de su estrategia política. Su discurso anticorrupción no es más que una trampa ideológica, diseñada para atraer a los desencantados y convertir su rabia en votos. Lo trágico es que muchos de sus seguidores, cegados por la propaganda del miedo y la nostalgia de un pasado inexistente, seguirán creyendo en la farsa, incluso cuando la evidencia de la traición es imposible de ignorar. 

La regeneración política no se mide en eslóganes incendiarios ni en discursos grandilocuentes sobre la patria y la soberanía. Se mide en hechos, en transparencia, en una integridad que estos líderes ni tienen ni buscan. Mientras la ultraderecha siga presentándose como la solución a un problema que encarna en su esencia, seguirá siendo lo que siempre ha sido: la gran estafa de nuestro tiempo. 

A la cola y a la contra 

Una condición que hay que aceptar cuando se forma parte de la Unión Europea es que las autoridades de Bruselas tienen la potestad de establecer políticas comunes que deben ser aplicadas por los países miembros. 

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La Comisión Europea ha anunciado una de esas políticas comunes que no es inocua para el Gobierno español ni para sus socios independentistas porque va contra uno de los acuerdos más polémicos que Pedro Sánchez alcanzó con Podemos, Esquerra y Bildu. El pasado mes de diciembre, Moncloa decidió eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación para beneficiar a los líderes independentistas que fueron condenados o aquellos que pudieran ser condenados en los próximos meses. 

El objetivo era aprobar esas reformas cinco meses antes de las elecciones, para que a estas alturas de mayo hubieran quedado fuera del debate político y no se mezclara con la campaña. Pero la política va muchas veces por caminos inescrutables y siempre actúa sobre aquellos que se creen superiores a ella. Ahora Europa, a la que se ha tildado de permisiva y complaciente con las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, actúa sobre algo que considera importante y que va a la contra del rumbo tomado desde Bruselas, situándonos a la cola de Europa junto a Hungría y Polonia. 

La justicia poética ha querido que sea en plena campaña electoral para las regionales y municipales del 28-M, que serán una buena forma de medir el sentir de gran parte de la sociedad española con el Gobierno porque muchos evitarán votar al PSOE, aún con buenos candidatos, como castigo a las políticas de Sánchez, esta es solo una de ellas. 

Con esta iniciativa, la Comisión no sólo aspira a actualizar, por arriba, las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir todo el posible abanico de los mismos sino, también, mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Y, con ella, queda desacreditado el principal argumento de Sánchez que apostó por la condescendencia con ciertas variantes del tipo de la malversación en nuestro país, asegurando que, con ello, España se aproximaba a los estándares europeos en la materia. 

Pero, aquí en España, Sánchez decidió que estas reformas eran lo más progresista para el país y que ahora hay que reconocer lo logrado por aquel que se embolsa el dinero de los contribuyentes al corrupto que utiliza el dinero de los contribuyentes para intentar hurtar, además del dinero, sus derechos políticos más básicos. 

Todo esto se da de bruces con lo que presuntamente lo justificaba, según el mendaz argumentario de Moncloa: los ‘criterios europeos’. Los dos nuevos tipos aprobados, al contemplar penas máximas de 3 y 4 años, quedan por debajo del umbral de 5 señalado por la Comisión. El Gobierno también tendrá que retocar el tipo de cohecho y el de tráfico de influencias. Toca ‘rearmonizar’ al alza lo que se había rebajado por conveniencia partidista.

Manifiesto contra la derogación del delito de sedición y modificación del de malversación

En relación con la Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código penal para la derogación del delito de sedición y para la modificación de los desórdenes públicos:

FUENTE: EFE

Por la plataforma de sociedades civiles Consenso y Regeneración

CENSURAMOS que una reforma del Código penal de esta importancia, que afecta a delitos clave para la protección de nuestro orden de convivencia, pueda responder a razones políticas coyunturales, legislando ad personam, en lo que se ha presentado como una suerte de amnistía a quienes lideraron la insurgencia en Cataluña en otoño de 2017 bajo el mantra de buscar una pretendida “desjudicialización” del conflicto político catalán. Lo cual resulta especialmente evidente si, finalmente, se reforma también el delito de malversación de fondos públicos.

CONSIDERAMOS que la adecuación de nuestro ordenamiento penal debe venir presidida por un amplio consenso político, forjado a través de la correspondiente tramitación parlamentaria. Por ello, resulta inaceptable que esta reforma se haya planteado como una proposición de ley, eludiendo los informes pertinentes de los órganos consultivos; y que se tramite por vía de urgencia, reduciendo las posibilidades de debate, y sin un acuerdo transversal entre los principales partidos políticos.

ADVERTIMOS que las democracias del entorno europeo disponen de tipos penales que tutelan su orden constitucional y la integridad del propio Estado y, a este respecto, debemos señalar que la reforma que se pretende aprobar supondrá una desprotección de nuestra Constitución como marco democrático de convivencia. De hecho, en la medida que los Códigos penales deben responder a las amenazas que en cada momento se ciñen sobre un país, de acometerse alguna reforma penal en España, EXIGIMOS que esta contemple la inclusión de un delito que castigue las conductas más graves de deslealtad constitucional.

Firmantes*:

  • Aixeca´t-Levántate
  • Alternativa Ciudadana Progresista
  • Ampas Paralelas
  • Asamblea Nacional de Tabarnia (ANT)
  • Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)
  • Asociación Cultural Doble12
  • Asociación de estudiantes del mundo
  • Asociación de Profesores por el Bilingüismo (APB)
  • Asociación por la Tolerancia
  • Catalunya Somos Todos
  • Centro Libre de Arte y Cultura (CLAC)
  • Círculo de Empresarios
  • Círculo de Navarra en Madrid
  • Citizens pro Europe
  • Club Liberal Español
  • Concordia Real Española
  • Consenso y Regeneración (CyR)
  • Els segadors del Maresme
  • España Juntos sumamos (EJS)
  • Foro de Profesores
  • Foro Libertad y Alternativa (L&A)
  • Foro para la Concordia Civil
  • Foro para la Concordia Civil de Granada
  • Fundación Cultura Libre
  • Fundación Hay Derecho
  • Fundación Independiente
  • Fundación Internacional para la Libertad
  • Fundación Joan Bosca
  • Fundación Woman Forward
  • Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC)
  • Historiadors de Catalunya
  • Idiomas y Educación
  • Impulso Ciudadano
  • La España Que Reúne
  • LaSilenciosaCat
  • NEOS
  • Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística
  • Politeia
  • Polítical Network for Values
  • Pompaelo
  • Regenerar España Ahora
  • S´ha Acabat!
  • Sindicato AMES (Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari)
  • SOCIA
  • Sociedad Civil Balear
  • Sociedad Civil Navarra
  • Sociedad Civil Valenciana