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A la cola y a la contra 

Una condición que hay que aceptar cuando se forma parte de la Unión Europea es que las autoridades de Bruselas tienen la potestad de establecer políticas comunes que deben ser aplicadas por los países miembros. 

FUENTE: EFE

La Comisión Europea ha anunciado una de esas políticas comunes que no es inocua para el Gobierno español ni para sus socios independentistas porque va contra uno de los acuerdos más polémicos que Pedro Sánchez alcanzó con Podemos, Esquerra y Bildu. El pasado mes de diciembre, Moncloa decidió eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación para beneficiar a los líderes independentistas que fueron condenados o aquellos que pudieran ser condenados en los próximos meses. 

El objetivo era aprobar esas reformas cinco meses antes de las elecciones, para que a estas alturas de mayo hubieran quedado fuera del debate político y no se mezclara con la campaña. Pero la política va muchas veces por caminos inescrutables y siempre actúa sobre aquellos que se creen superiores a ella. Ahora Europa, a la que se ha tildado de permisiva y complaciente con las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, actúa sobre algo que considera importante y que va a la contra del rumbo tomado desde Bruselas, situándonos a la cola de Europa junto a Hungría y Polonia. 

La justicia poética ha querido que sea en plena campaña electoral para las regionales y municipales del 28-M, que serán una buena forma de medir el sentir de gran parte de la sociedad española con el Gobierno porque muchos evitarán votar al PSOE, aún con buenos candidatos, como castigo a las políticas de Sánchez, esta es solo una de ellas. 

Con esta iniciativa, la Comisión no sólo aspira a actualizar, por arriba, las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir todo el posible abanico de los mismos sino, también, mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Y, con ella, queda desacreditado el principal argumento de Sánchez que apostó por la condescendencia con ciertas variantes del tipo de la malversación en nuestro país, asegurando que, con ello, España se aproximaba a los estándares europeos en la materia. 

Pero, aquí en España, Sánchez decidió que estas reformas eran lo más progresista para el país y que ahora hay que reconocer lo logrado por aquel que se embolsa el dinero de los contribuyentes al corrupto que utiliza el dinero de los contribuyentes para intentar hurtar, además del dinero, sus derechos políticos más básicos. 

Todo esto se da de bruces con lo que presuntamente lo justificaba, según el mendaz argumentario de Moncloa: los ‘criterios europeos’. Los dos nuevos tipos aprobados, al contemplar penas máximas de 3 y 4 años, quedan por debajo del umbral de 5 señalado por la Comisión. El Gobierno también tendrá que retocar el tipo de cohecho y el de tráfico de influencias. Toca ‘rearmonizar’ al alza lo que se había rebajado por conveniencia partidista.

No nos hagamos más daño

El rey emérito visitó nuestro país tras dos años en Abu Dabi, donde residía tras la revelación de las presuntas comisiones cobradas por el monarca y sus múltiples cuentas en el extranjero. La visita copó los medios nacionales, independientemente del motivo o acciones que motivasen su visita. La figura del “Rey de la Transición” ha perdido fuerza entre la población, pero su visita es la de un padre que viene a ver a su familia a su país.

FUENTE: EFE

Independientemente de lo público de su figura, el Rey emérito vino a disfrutar de una de sus pasiones y poder dar explicaciones a su familia, hablar con su hijo, el actual monarca, tranquilamente y poder ponerse al día de las situaciones que rodean a la Corona. Las investigaciones pertinentes son trabajo de la Justicia y debemos preservar la presunción de inocencia, imprescindible en nuestro sistema. Todas las familias del mundo deberían poder estar juntos en circunstancias normales y, mientras no haya una circunstancia de fuerza mayor o una sentencia en firme, no hay motivo para que esto no pueda o deba ser así.

Quien tiene la potestad y la confianza para poder decirle al emérito lo que ha hecho bien o mal es su hijo. El Rey ya le ha trasladado a su padre la necesidad de apartarse del mundo publico y ser discreto, afeándole el uso del jet privado de forma gratuita (vulnerando el código de conducta de Felipe VI). El emérito y el monarca mantuvieron una larga conversación en la que se darían las explicaciones necesarias que no se han dado personalmente en los últimos años.

Por nuestra parte, la de la ciudadanía, no debemos ahondar en una herida que no puede hacer más que dividir más a nuestra sociedad. Eso debe ser competencia de la Corona y los organismos de Justicia el valorar las presuntas acciones del monarca, y no cada uno de nosotros porque no vamos a solucionar nada. No nos hagamos más sangre.

No podemos permitirnos como sociedad que temas tan triviales como estos nos dividan, del mismo modo que es innecesario impedir que el monarca se mantenga fuera de España hasta su muerte, como exiliado. Debemos respetar las instituciones y a la Corona como una de ellas. La presunción de inocencia y el trabajo de las Justicia no son opinables, por tanto, dejemos trabajar a unos y descansar a otros.

Obviamente la figura del rey es controvertida, pero también una figura fundamental en el avance, de una u otra forma, de nuestro país una vez murió Franco. No fue el único artífice del avance hacia una democracia consolidada como la actual, con sus fallos como todas, pero pudo decidir mantener la dictadura y no devolver España a los españoles.

Es cierto que ahora es el momento de dar un paso al lado y apartarse. Los ‘líos de faldas’ y las no declaraciones patrimoniales lo obligan, y así se lo ha hecho saber su hijo en su reunión. El rey emérito tendrá que sentarse con la Justicia a tratar todo aquello de lo que se le acusa, pero no se puede comparar con otras figuras, como Puigdemont que ha huido de la justicia española. A un rey se le deben exigir ciertas pautas irrompibles de conducta que Juan Carlos no ha cumplido y que se le reprochan con razón, pero nuestro país tiene problemas mayores y de mayor urgencia que una causa que está en marcha en varios países.