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Cuando los jueces dicen no

El Tribunal Supremo de Estados Unidos frena los aranceles de Trump y recuerda que incluso frente al poder personalista, el Estado de Derecho puede funcionar
FUENTE: EFE

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Donald Trump no es solo un revés político para el expresidente. Es algo más profundo y más incómodo para quienes han construido su poder sobre la idea de que las instituciones solo sirven mientras obedecen. El fallo corta de raíz el núcleo del discurso trumpista: la creencia de que la voluntad del líder, revestida de urgencia nacional, puede imponerse sin límites legales ni contrapesos efectivos.

El golpe es duro y tendrá consecuencias. Incrementa la incertidumbre internacional porque Trump, fiel a su estilo, buscará otro atajo legal, otro vericueto normativo, otra forma de rodear el obstáculo sin asumir el fondo del problema. Mientras tanto, los pequeños empresarios que llevaron el caso a los tribunales seguirán pagando el precio de enfrentarse al poder, y las grandes corporaciones —prudentes, silenciosas, acomodadas— continuarán evitando cualquier gesto que pueda incomodar a quien todavía controla amplias palancas políticas y sociales.

Una lección institucional incómoda

Pero el verdadero valor de la decisión no está en el comercio ni en los aranceles. Está en el mensaje institucional. El Tribunal que ha frenado a Trump es, en buena medida, el mismo que él contribuyó a configurar. Varios de sus magistrados fueron nombrados por presidentes republicanos, algunos directamente por el propio Trump. Y, sin embargo, cuando llegó el momento, votaron conforme a la Constitución y no conforme a la lealtad política.

Ese dato, tantas veces ignorado o minimizado, es la demostración de la fortaleza de un sistema donde la independencia judicial no es un eslogan, sino una práctica real. En la América de “la ciudad en la colina”, tantas veces caricaturizada y tantas veces mal entendida, no todas las luces se han apagado. La división de poderes sigue operando. Y cuando opera, lo hace incluso contra quien se considera a sí mismo todopoderoso.

No es la primera vez que ocurre. El Supremo estadounidense ya se enfrentó en el pasado a presidentes en el momento álgido de su poder. Lo hizo con Roosevelt, lo hace ahora con Trump. Esa continuidad histórica es la que sostiene la confianza cívica de una parte mayoritaria de la sociedad estadounidense, como se ha visto en las movilizaciones recientes en grandes ciudades y en la persistencia de una cultura política que distingue entre el Gobierno de turno y el sistema que lo contiene.

Aquí no hay jueces heroicos ni gestos épicos. Hay algo más valioso: normalidad constitucional. La idea de que un tribunal existe precisamente para decir “no” cuando el poder ejecutivo cruza una línea, incluso —o sobre todo— cuando lo hace envuelto en retórica patriótica y urgencias fabricadas.

El contraste que incomoda

La comparación resulta inevitable. Mientras el Tribunal Supremo estadounidense mantiene una concepción férrea del control del poder y de la aplicación recta de la Constitución, en otros países asistimos a un espectáculo muy distinto: parlamentos poblados de diputados dóciles, serviciales, dispuestos a justificar cualquier arbitrariedad del Ejecutivo o, peor aún, a callarla con disciplina partidista.

Allí, los jueces recuerdan al presidente que no todo vale.
Aquí, demasiados representantes públicos se esfuerzan en explicar por qué todo vale.

Por eso la decisión del Supremo americano no es solo una noticia jurídica ni un episodio más de la batalla política en Estados Unidos. Es un recordatorio incómodo de que la democracia no se defiende con discursos, sino con instituciones que funcionan incluso cuando molestan. Y de que la grandeza de un Estado de Derecho se mide, precisamente, en su capacidad para frenar a los poderosos cuando creen que ya no necesitan límites.

Justicia sitiada: el Fiscal procesado y voz de alarma del Supremo 

La democracia española se desangra cuando quien debía proteger la ley la retuerce, y cuando la máxima autoridad judicial tiene que gritar en público lo que todos sabemos en silencio: que el Estado de Derecho está en peligro. 

FUENTE: EFE

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, está procesado por prevaricación. La noticia debería haber sacudido los cimientos de la democracia y la justicia. No hablamos de un alcalde corrupto, ni de un concejal con sobres en un sobre. Hablamos del hombre que debía garantizar la imparcialidad del Ministerio Público, convertido en sospechoso de haber usado su poder como un arma de favores y represalias. 

Cuando la Fiscalía —que debería estar por encima de la política— se convierte en herramienta de partido, el Estado deja de ser árbitro y pasa a ser parte interesada. Y eso no es un accidente: es una forma de gobierno. 

La Justicia habla porque el silencio ya mata 

En la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo tuvo que hacer lo que nunca debería ser necesario: denunciar públicamente el asedio al Poder Judicial. Lo hizo con palabras medidas, pero el mensaje era brutal: España tiene un sistema en el que los jueces son presionados, los fiscales obedecen al Gobierno y la independencia judicial se ha convertido en un espejismo. 

Cuando la jefa de la máxima institución judicial advierte en público que el Estado de Derecho se tambalea, ya no estamos en una democracia consolidada: estamos en una democracia sitiada. 

El cáncer de la colonización política 

El procesamiento del Fiscal General no es un hecho aislado: es el síntoma de una colonización política sistemática. El Gobierno coloca peones en los órganos de control, retuerce las leyes para blindarse, bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial, insulta a los magistrados que no se pliegan, y premia a los que sí lo hacen. 

La Justicia ya no es un poder que limita: es un terreno de conquista. Y en ese terreno, el poder político avanza sin pudor, como si el Estado de Derecho fuera un obstáculo incómodo que se puede arrinconar con decretos, con nombramientos, con presiones mediáticas. 

No es casual que Bruselas haya vuelto a señalar a España como un país con “alto riesgo de corrupción” y deficiencias en la independencia judicial. Desde fuera lo ven con claridad: un fiscal procesado, un Gobierno que ataca jueces, un sistema bloqueado. Pero dentro, nos quieren hacer creer que todo esto es normal, que el ruido es democracia. No lo es. Es degradación institucional planificada. 

La consecuencia más grave 

Cuando los ciudadanos dejan de creer que la Justicia es imparcial, no queda nada. La democracia se reduce a un cascarón vacío: votamos cada cuatro años, pero sabemos que las reglas se pueden torcer después. El ciudadano se convierte en súbdito, porque no tiene a quién acudir: ni al Fiscal, ni a los tribunales, ni al Parlamento. 

Ese es el verdadero peligro de este momento: la sensación de que la ley ya no protege a todos por igual, sino solo a quienes están en el círculo del poder. 

El procesamiento del Fiscal General y el discurso de la presidenta del Supremo son más que noticias. Son un aldabonazo, una advertencia, un grito. La democracia española se está asfixiando entre la corrupción, el clientelismo y la colonización del poder judicial. 

Si los ciudadanos se acostumbran a vivir en un país donde el Fiscal General se sienta en el banquillo y donde los jueces tienen que suplicar independencia en público, entonces la democracia ya habrá muerto sin que nadie haya firmado su acta de defunción. 

Lo que hoy está en juego no es un cargo ni un procedimiento judicial. Lo que está en juego es si España sigue siendo un Estado de Derecho o se convierte, a ojos del mundo y de sus propios ciudadanos, en una parodia de sí misma.