La vigencia de nuestra Constitución y los consensos previos para su reforma

Cada 6 de diciembre, la práctica totalidad de los discursos políticos se repiten en los mismos términos: defender la Carta Magna y ponderar el tiempo de estabilidad política y social que ha traído el régimen del 78. También son una constante año tras año las peticiones tanto del mundo político como de otros ámbitos de la sociedad de reforma del marco constitucional, unos con el argumento de que es necesario «actualizar» artículos y disposiciones constitucionales, y otros que consideran que la reforma es el camino para un rediseño del Estado, empezando por la estructura territorial.

Fuente: Ricardo/Asociación de Periodistas Europeos

Tanto los primeros como los segundos cuentan cada año con más adhesiones, hasta el punto de que el término ‘reforma constitucional’ está presente en la mayoría de los discursos de los principales partidos, incluso con rasgos comunes ciertamente razonables. El problema no es conceptual, ni siquiera teórico. Es la falta de un consenso previo y de un clima de entendimiento básico para poder poner en marcha un proceso de reforma constitucional que se ejecute bajo los cauces que regula la propia Constitución de 1978, y que sólo puede acabar de una forma: un consenso de más del 90% del arco parlamentario y de los ciudadanos en referéndum.

Dicho de otra forma: el camino de la reforma sólo puede emprenderse si se sabe cómo se va a acabar. Mientras tanto, el trabajo que debemos desarrollar es el de ir construyendo las bases para el consenso, mejorar el clima político y hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para que la Carta Magna se cumpla «de pe a pa» como comentó el presidente del Gobierno.

Es evidente que bajo el actual marco constitucional hay un amplio margen de mejora tanto en el cumplimiento de algunos principios básicos como la igualdad ante la Ley, como en el ejercicio práctico de ciertos derechos fundamentales, los cuales realmente existen o no en función del territorio donde el ciudadano resida. Del reconocimiento de esta realidad (y del propósito de enmendar estos problemas) debe rebrotar el consenso constitucional del 78. Si no hacemos esto y emprendemos una huída hacia adelante, volverá a suceder lo que ocurrió a principios de los 2000 cuando no se construyó el clima previo ni el consenso suficiente para reformar los Estatutos de Autonomía. 

En definitiva, para que este proceso pueda llevarse a cabo de manera sólida, somos los ciudadanos los que lo debemos impulsar, no los representantes políticos. Deben ser éstos los que pongan voz, diálogo y pedagogía a un consenso previo en la sociedad de qué queremos como país en los próximos años. No hay más que analizar, por ejemplo, las encuestas del CIS por su enorme riqueza de datos más allá de los cálculos de estimación de voto, para darnos cuenta de que hay ciertas tendencias y cuestiones que son compartidas por una gran mayoría de españoles. Ése es el terreno de juego de la reforma constitucional de medio plazo.

Y es que estamos pasando por momentos muy complicados, momentos en los que los españoles necesitan de la certidumbre de que las decisiones estructurales no van a depender de políticas extremistas, rupturistas e iliberales. Este 43º aniversario, especialmente por el contexto en el que nos encontramos, debe hacer que los partidos constitucionalistas recuperen el espíritu de unión con el que la Constitución fue concebida y que nuestro país tanto necesita.

Hasta que los principales partidos constitucionalistas no se sienten a intentar mejorar el país desde la defensa de la Constitución, ‘La España que Reúne’ no cesará en su discurso, sino que lo reforzará, hasta garantizar en nuestro país una correcta gobernabilidad en torno a ésta. No vale el discurso de defensa de la Constitución y luego no defenderla.

En el día de conmemoración, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet eligió unas buenas palabras para celebrar este aniversario; pidiendo a los partidos representados en las cortes la recuperación de la tan necesaria “lealtad constitucional” recordando que “podemos estar en desacuerdo con las obligaciones constitucionales y legales, y hasta intentar modificarlas, pero en tanto que vigentes no es cuestionable su cumplimiento”.

Batet se ha querido centrar en la responsabilidad de los políticos, especialmente ahora tras la pandemia y con el papel tan grande que han cobrado los populismos, presentando a la sociedad “soluciones simples a problemas complejos”. Por otro lado, el clima en el Congreso continúa empeorando mes a mes de manera progresiva entre los principales actores políticos del país. Batet ha alertado ya en varias ocasiones sobre la falta de “educación y respeto” como un gran escollo para la convivencia.

“El comportamiento y la actuación de los representantes políticos se ha convertido en un factor fundamental para el refuerzo de la democracia, de nuestro sistema constitucional; pero también, al contrario, para su cuestionamiento y el alejamiento de parte importante de los ciudadanos, para la traslación a la sociedad del enfrentamiento y la crispación. En definitiva, para la deslegitimación de la propia democracia”, ha señalado Batet.

Por otro lado, quedó clara la falta de respeto por parte de los partidos nacionalistas e independentistas al no acudir a la celebración del aniversario, así como de los representantes de las regiones gobernadas por estos. Era algo esperado, pero no por ello menos desagradable. Esta es la copla habitual del nacionalismo, que obvia que los ciudadanos de todo el territorio español son españoles y no serán abandonados a las imprudencias del nacionalismo porque el texto constitucional será el defensor principal de todos los españoles.

EN DEFENSA DE LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL

No existe arrepentimiento, no se ha hecho gesto alguno de reparación del daño provocado, no ha pasado el tiempo suficiente de cumplimiento de condena, ni tan siquiera hay una voluntad clara de acuerdo para poner fin a más de una década de despropósito continuado en Cataluña. Si no se dan ni las más mínimas condiciones que pudieran permitir estudiar siquiera alguna medida de gracia, ¿por qué insiste el Gobierno en ‘naturalizar’ el indulto a los presos del procés? Es evidente que esta medida es el puntal de una legislatura agotada, de un paradigma que se consume cada día que pasa, con un daño creciente a la imagen de España en el exterior y el deterioro que supone para la calidad institucional en nuestro país. Ante un caso tan evidente de trato de favor de un Gobierno para uno de sus apoyos fundamentales parlamentarios, no caben discursos vacíos, sino la contundencia del Estado de Derecho para con aquellos que han querido romper la nación constitucional.

(FUENTE: EFE)

Tras la sesión parlamentaria del pasado miércoles, quedó claro que la postura del presidente Pedro Sánchez en este aspecto no es la que debería ser razonable. Durante el pleno, el presidente llegó a decir que “hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia”. Curioso que la concordia se haya logrado por la aprobación de unos Presupuestos y no por el arrepentimiento de los condenados, que claramente tienen un peligro de volver a intentar otro golpe de Estado de Cataluña.

Por otro lado, el Gobierno está usando la Constitución a su antojo en su defensa o ataque hacia aquellos que discrepan. Sin embargo, en este caso no hay escapatoria posible. La Carta Magna en ningún momento admite la posibilidad de quebrantar la unidad nacional. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha incidido sobre esto tras las palabras de Sánchez, acusándole de “poner en riesgo la continuidad de la España constitucional a cambio de continuar en el poder”.

No hay un precedente de un comportamiento así en Europa y mucho menos que un ministro de Justicia, como es Juan Carlos Campo, afirme con naturalidad que se pueda indultar a personas que han quebrantado de todas las formas que han podido el Código Penal y que, volvemos a recordamos, jamás se han arrepentido y ya han confirmado que van a seguir intentando su tan ansiado e ilegal propósito. El Ejecutivo de Sánchez está causando mucho daño a la calidad democrática de nuestro país y, por la contundencia de actos como estos, son plenamente conscientes de ello.

Por otro lado, el máximo organismo de justicia de España, el Tribunal Supremo, no ha tardado en expresas su rotunda disconformidad con esta situación oponiéndose rotundamente a conceder cualquier forma de indulto, incluso de forma parcial a los doce condenados en el juicio del procés. En caso de que esta solución se adopte finalmente, el organismo considera que sería una “solución inaceptable”, al no darse ninguna de las tres razones que, por ley, contemplan el indulto.

En el informe dirigido al ministro de Justicia, el Supremo señala que estos indultos pretenden que el Gobierno “corrija la injusticia” que para los independentistas fue la sentencia de este mismo tribunal por el referéndum del 1-O. Señalando también que “no es este el sentido y finalidad del indulto”.

Esta postura del Gobierno de coalición, supeditando su estabilidad al deterioro del régimen constitucional, solo hace mal al país. Los presidentes vienen y van, lo importante es que desarrollen su trabajo por el bien de su país y, en este momento, es evidente que no está defendiendo los intereses del país. Desde ‘La España que Reúne’, instamos al Gobierno a reconsiderar sus intenciones de indultar a aquellos que quieren dividirnos y la oposición en luchar contra estos indultos para defender la Constitución, siendo necesario no dejar espacio a posturas más extremas que empeoren aún más la situación.