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Hasta dónde el independentismo puede seguir perturbando España

El domingo marcó un hito histórico para el Partido de los Socialistas de Cataluña, al obtener la victoria. Liderados por Salvador Illa, cuya candidatura creció 9 escaños, alcanzando 42, el PSC logró un triunfo significativo, pero estéril para conformar una gobernabilidad sólida y con un serio riesgo de repetición electoral.

FUENTE: EFE

Detrás de esta victoria están miles de catalanes que de buena fe creen que el camino que sigue el PSC es el correcto. Pero también otros tantos miles (hasta llegar al crecimiento de más de 200.000 votos del PSC con respecto a 2021) que tácticamente optan por esta formación para conseguir sus objetivos de convertir a España en un Estado confederal.

En cualquier caso, este resultado supone un cambio de rumbo en Cataluña, evidenciado por el repliegue parcial del bloque independentista, que ahora se encuentra lejos de la mayoría absoluta que ostentaba anteriormente. Esta elección refleja la decisión de un poco más de la mitad de los ciudadanos catalanes de dejar atrás el proceso independentista, marcado por la declaración ilegal de independencia en octubre de 2017, marcando otro paso distinto que sólo el tiempo dirá si es mejor o peor que lo visto hasta la fecha.

Además, este cambio de ciclo se caracteriza por el fortalecimiento y la consolidación de las fuerzas de derecha en la región. Tanto Junts, que aumentó en 3 escaños, como el Partido Popular, que pasó de 3 a 15 asientos en el Parlament, experimentaron un crecimiento significativo. Vox mantuvo su representación con 11 escaños, y se sumó a la Cámara la extrema derecha independentista de Aliança Catalana, con 2 escaños.

En un escenario «normal», la victoria de Illa lo posicionaría como el único candidato viable para una investidura en este momento. Sin embargo, la política catalana dista de ser «normal», acostumbrada a unas lógicas y normas muy distintas a lo que se puede considerar racional. El jugador más importante no tiene por qué ser el ganador (por ejemplo, no vale que ahora la dirección del PSOE reivindique como líder de la situación al partido más votado cuando esa legitimidad se le negó al PP en julio de 2023). Y es precisamente lo que sucede aquí: Puigdemont y Junqueras siguen controlando la situación, teniendo la capacidad de condicionar los planes de Illa y Sánchez.

El nacionalismo catalán, transformado en independentismo, ha perdido su mayoría en el Parlament por primera vez desde 1980. El resultado de las elecciones del domingo indica claramente el deseo de una parte de la sociedad cansada de más de una década de polarización y parálisis institucional. Durante este período se han sucedido cuatro elecciones, cuatro presidentes, un intento de ruptura constitucional, la suspensión del autogobierno y una falta de atención a las políticas públicas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

Pero éste es un análisis parcial, ya que la abstención es alarmante. Aunque el independentismo parece haber perdido su impulso, no se puede afirmar que esté completamente derrotado. Más bien parece haber entrado en un periodo de letargo. Con una participación del 58% en estas elecciones (comparado con el 79% registrado el 21 de diciembre de 2017), el futuro político de Cataluña sigue pasando por el independentismo.

La situación en Cataluña se caracteriza por un desgavell, es decir, un lío. Además, se observa el alto coste político de la propuesta de amnistía, que ha llevado a una pérdida neta de aproximadamente 200.000 votos independentistas, mientras que el PSC solo ha ganado algo más de 200.000 votos.

En 2017, los votos combinados del PSC, PP y Cs totalizaron 1,9 millones. Sin embargo, en las elecciones actuales, estos partidos, junto con Vox, no llegan a los 1,5 millones de votos. Esto sugiere que una parte significativa del electorado constitucionalista, que se movilizó durante el punto álgido del proceso independentista, ha optado por quedarse en casa en esta ocasión.

Todo queda en manos de una mayor movilización del electorado en una más que probable repetición electoral ante los vetos cruzados que a la mañana del lunes 13 ya se han oficializado. Mientras tanto, el independentismo mantiene intacta su capacidad de seguir condicionando la gobernabilidad de España. Éste es el elemento más preocupante y el que seguirá siendo perturbador en los próximos meses.

A vueltas con el referéndum

Parece que, con todo lo que está ocurriendo en España, nos estamos olvidando de que la Generalitat ya ha redactado la pregunta para el próximo referéndum. Con las elecciones catalanas en el horizonte y la posibilidad de que el bando secesionista no salga victorioso, se habla en niveles secundarios para evitar golpes en relación con las comisiones de investigación y minimizar el daño, especialmente al PSC.

FUENTE: EFE

Pere Aragonés anunció que propondría un referéndum de independencia supuestamente respaldado por el artículo 92 de la Constitución. Esta decisión se basó en un informe del Institut d’Estudis d’Autogovern (IEA), encargado en octubre de 2023 para estudiar las vías y «concretar los instrumentos jurídicos» necesarios para llevar a cabo una consulta. Aragonés afirmó: «Las conclusiones son claras: votar sobre la independencia es posible dentro del marco legislativo actual, y solo es cuestión de voluntad política».

La pregunta formulada sería: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?». Sin embargo, esta formulación presenta el mismo sofisma de siempre. No se mencionó un umbral mínimo de participación y no se tiene en cuenta que el artículo mencionado habla de «todos los ciudadanos», no exclusivamente de los catalanes. Además, el Tribunal Constitucional ha reiterado en múltiples ocasiones que este instrumento consultivo no puede ser utilizado para promover la secesión.

Es intrigante que el informe sugiera que la implementación del resultado del referéndum deberá realizarse dentro del marco de la «legalidad constitucional e internacional». Este planteamiento parece ser otro ejemplo de sofismo: si el «sí» resulta ganador, la independencia supuestamente tendría que ser compatible con la Constitución, lo cual resulta paradójico.

La clave aquí es reavivar el debate. En el fondo, Aragonés es consciente de que un referéndum de autodeterminación no es posible, pero necesita actuar como si lo estuviera intentando. Con las elecciones del 12 de mayo, su objetivo es mantener el debate vivo hasta entonces, suficiente para movilizar a sus votantes.

Si ERC queda como segunda fuerza, solo podrá investir a Illa como presidente si se llega a un acuerdo sobre un referéndum, al cual últimamente siempre están vinculando con la coletilla de «pactado». Esto es bien sabido en el PSC, ya que, sin esa concesión, los republicanos no podrán ceder la Presidencia de la Generalitat a Illa debido al alto costo que representará para ellos perder el poder, incluso si logran un acuerdo de coalición. Con Illa como presidente, la agenda soberanista iría más lenta, a menos que sea una condición indispensable para que el nuevo gobierno catalán entre en funcionamiento.

Es cierto que todo nacionalismo tiende a encontrar fuerza en batallas perdidas y aspiraciones a menudo difíciles de alcanzar. En el caso de Cataluña, la posibilidad de un referéndum soberanista ya era bastante remota antes del proceso independentista, pero tras su fracaso, debido a una combinación de insensatez e indecisión, el experimento activó lo que podríamos llamar el sistema inmunitario de España. Como resultado, ahora vemos un aumento en los anticuerpos políticos e institucionales contra el independentismo.

Por esta razón, aunque el referéndum de independencia todavía sea una parte del discurso nacionalista catalán, en realidad no va más allá de eso. En el mejor de los casos, podría haber un grupo de entre medio millón y un millón de catalanes que, debido a que aún no han recuperado el sentido común después de haberlo perdido, aún crean que es posible. El movimiento soberanista no puede ignorar este grupo de personas, ni los que se oponen a la independencia deben dejar de aprovecharlo, pero las personas sensatas no deberían dejarse impresionar por este discurso inflamado.

Todo parece indicar que la consulta seguirá el mismo patrón que la discusión sobre la amnistía. En primer lugar, el separatismo afirmará que, tras un examen detenido, han descubierto que la Constitución permite un referéndum de autodeterminación. Luego, el PSOE pasará por las fases habituales de negación, aceptación y defensa apasionada de la consulta. Y, finalmente, será Cándido Conde-Pumpido quien decida sobre la legalidad del arreglo, ya que para eso fue puesto en su cargo.

El paisaje político vasco: La emergencia de Bildu y sus implicaciones

El panorama político del País Vasco está experimentando cambios significativos con la emergencia de EH Bildu y sus implicaciones, lo cual está dando lugar a un debate profundo y sustancial. Durante décadas, el tejido político vasco ha estado moldeado por las corrientes nacionalistas, pero ahora se está gestando un cambio de paradigma que desafía las percepciones arraigadas y redefine el equilibrio de poder.

FUENTE: EFE

La última encuesta de Sigma Dos, publicada por El Mundo, ha proyectado un escenario inesperado: EH Bildu, la coalición de izquierda abertzale, surge como el partido más votado, desplazando al tradicionalmente dominante Partido Nacionalista Vasco (PNV). Esta transformación no solo evidencia una reconfiguración del espacio político vasco, sino que plantea interrogantes fundamentales sobre la gobernabilidad y el futuro de la región.

Durante más de una década, el PNV ha sido el actor principal en la política vasca, consolidando su posición como el partido hegemónico. Sin embargo, los resultados proyectados por la encuesta indican un cambio significativo en esta narrativa. EH Bildu, liderado por el candidato Peio Otxandiano, se alzaría con una potencial victoria electoral, estimándose que obtendría entre 26 y 27 escaños en el Parlamento vasco, superando así al PNV en número de representantes.

Esta ascensión de Bildu representa un desafío directo al statu quo político establecido en la región. No solo cuestiona la supremacía histórica del PNV, sino que también plantea una serie de interrogantes sobre la estabilidad y la gobernabilidad futura del País Vasco. La posibilidad de que EH Bildu se convierta en el partido más votado sugiere un cambio de preferencias entre los electores vascos, así como un creciente respaldo a la agenda política de la coalición abertzale.

Sin embargo, este ascenso no está exento de controversia y preocupación. EH Bildu, heredero político directo del terrorismo, es objeto de críticas y cuestionamientos por parte de amplios sectores de la sociedad vasca. Si bien la coalición ha optado por la vía política en los últimos años, su retórica separatista y su pasado vinculado al terrorismo generan inquietud y desconfianza entre amplios sectores de la población.

Para hacerse «normales» y «elegibles» se ocultan estratégicamente en ciertos lugares políticos que acaparan voto como las asociaciones culturales de cada pueblo o comarca que reivindican lo «local», el ecologismo, el feminismo, el sindicalismo o el decrecimiento económico, entre otros. Además, un factor que juega a su favor es la dinámica demográfica, tal como ha advertido en diversas ocasiones nuestro fundador José María Múgica.

Mientras tanto, la emergencia de Bildu plantea un desafío estratégico para el resto de los actores políticos en la región. El PNV se enfrenta a la perspectiva de perder su posición dominante y, con ello, su capacidad para influir en la agenda política vasca.

El Partido Socialista, tradicional aliado del PNV, pero cuya aspiración histórica ha sido sustituirlo en su hegemonía, se encuentra en una situación delicada, ya que podría necesitar negociar con EH Bildu para formar un gobierno estable, un escenario que algunos consideran problemático dada la historia y las posturas políticas de la coalición abertzale.

En este contexto, el futuro político del País Vasco se presenta como un terreno fértil para la incertidumbre y la negociación. Los líderes políticos enfrentan el desafío de encontrar soluciones viables que garanticen la estabilidad y el bienestar de la región, al tiempo que respeten las aspiraciones y demandas de una sociedad diversa y compleja.

Las razones que llevan al ascenso de Bildu

En medio de este escenario de cambio y desafíos, es crucial analizar más a fondo las causas subyacentes de la ascensión de EH Bildu y las implicaciones que esto tiene para el futuro político del País Vasco. La coalición independentista ha sabido capitalizar una serie de factores que han moldeado el panorama político en la región en los últimos años.

En primer lugar, el desencanto con las formaciones políticas tradicionales ha sido un factor determinante en el ascenso de EH Bildu. Muchos votantes han expresado su frustración con el estancamiento político, la corrupción y la falta de respuestas efectivas a los desafíos sociales y económicos que enfrenta la región. En este contexto, EH Bildu ha logrado presentarse como una alternativa fresca y comprometida con el cambio, atrayendo a aquellos que buscan una ruptura con el statu quo establecido.

Además, la habilidad de EH Bildu para articular una narrativa política coherente y movilizadora ha sido fundamental para su éxito electoral. La coalición abertzale ha sabido conectar con las aspiraciones y demandas de amplios sectores de la sociedad vasca, especialmente entre los jóvenes y aquellos que se identifican con un sentimiento de identidad nacional vasca. Su mensaje de soberanía, justicia social y defensa de los derechos civiles ha resonado en un contexto marcado por la polarización política y la búsqueda de un horizonte de cambio.

Por otro lado, el declive del PNV y la fragmentación del espectro político han contribuido al surgimiento de EH Bildu como una fuerza política relevante. Aunque el PNV sigue siendo una fuerza dominante en la región, su capacidad para mantener su hegemonía se ha visto cuestionada en los últimos años. La falta de renovación generacional, las divisiones internas y la pérdida de conexión con amplios sectores de la sociedad vasca han debilitado su posición, abriendo espacio para la emergencia de nuevas fuerzas políticas, como EH Bildu.

Sin embargo, la consolidación de EH Bildu como el partido más votado también plantea una serie de desafíos y dilemas para el futuro político del País Vasco. La coalición abertzale enfrenta el desafío de pasar de ser una fuerza de protesta a una fuerza de gobierno, lo que requerirá habilidad política y capacidad de negociación para construir alianzas y consensos en un entorno político altamente fragmentado. ¿Será algo posible teniendo en cuenta sus orígenes y su empeño por llevar a Euskadi a la independencia y al socialismo?

Un proyecto por el que votar

Las elecciones catalanas que se avecinan no son solo un evento político más en el calendario; representan un momento de inflexión crucial para el constitucionalismo en España.

FUENTE: EFE

Más allá de las intrigas partidistas y las tácticas electorales, estas elecciones ofrecen una oportunidad dorada para reafirmar el compromiso con el marco constitucional y enviar una señal clara y fuerte, tanto a nivel regional como nacional.

Por su parte, la decisión de Pedro Sánchez de no presentar en el Congreso los presupuestos del Estado para 2024 ha generado un revuelo político considerable. Las comparaciones con sus declaraciones pasadas, como aquella en 2018 durante un Comité Federal, son inevitables.

En aquel entonces, Sánchez criticó duramente a Rajoy por no aprobar los presupuestos para ese ejercicio, llegando a afirmar que «un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. No hay excusa». Sin embargo, la situación actual parece distar mucho de aquella analogía, y la percepción es que el gobierno actual se está quedando sin combustible y, en lugar de recargar, parece optar por una carretilla que apenas avanza.

Durante años, se han desplegado esfuerzos considerables para hacer frente al movimiento independentista en Cataluña. Desde la llegada de Sánchez, se han aplicado medidas económicas y políticas, se han llevado a cabo diálogos y se han buscado soluciones alternativas, todo en un falso intento por entender las raíces del separatismo y encontrar un terreno común, pero siempre con el resto de los españoles como mayores perjudicados de estas políticas.

Estas estrategias han alcanzado un punto de estancamiento, por decirlo de alguna forma, con pocas perspectivas de avance a través de la justicia europea u otros medios legales. En este contexto, las elecciones catalanas emergen como una oportunidad para el surgimiento de una población más activa y con una visión distinta bajo el marco constitucional, lo que podría tener repercusiones de gran alcance a nivel nacional.

Es fundamental reconocer el papel que ha desempeñado el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y su estrategia de ceder espacio al independentismo. La coherencia y la firmeza en el apoyo al marco constitucional deben ser prioritarias, incluso si eso implica adoptar posiciones más de confrontación.

Un aspecto fascinante de este escenario electoral es el análisis de los presupuestos y su implicación en la dinámica política. Los presupuestos, originalmente diseñados como una herramienta para establecer una mayor equidad entre los territorios de España, ahora están en el centro del debate por su falta total de sentido en favor a las exigencias de los independentistas.

Incluso se ha planteado la posibilidad de crear un cupo catalán y modificar la recaudación de impuestos, propuestas que han sido frenadas en un corto lapso de tiempo, a pesar de haber estado acordadas, por la convocatoria electoral. Esto marca un punto de inflexión significativo y debería servir para enviar un mensaje claro y rotundo: se acabó el juego de las concesiones sin límites.

No obstante, no basta con simplemente rechazar estas propuestas; es imperativo presentar una alternativa sólida y creíble. La fuerza del independentismo radica en la abstención de los votantes, y las elecciones catalanas han sido históricamente marcadas por altos niveles de abstención. Para contrarrestar esta tendencia, es fundamental ofrecer una visión atractiva y convincente que atraiga a aquellos que han optado por no participar en el proceso político.

Las elecciones catalanas representan una oportunidad única para reafirmar el compromiso con el constitucionalismo y establecer una dirección clara para el futuro político de Cataluña y España en su conjunto. Es el momento de dejar claro que el juego de las concesiones unilaterales ha llegado a su fin y de presentar alternativas sólidas que puedan abordar las demandas legítimas de la sociedad catalana dentro del marco constitucional español. La historia nos está mirando; es hora de actuar con determinación y visión.

En los últimos años, Cataluña ha estado inmersa en una profunda crisis política, marcada por el desafío independentista y la polarización de la sociedad. En este contexto, el constitucionalismo ha sufrido numerosos embates y ha visto cómo sus fuerzas se dispersaban en medio de disputas partidistas y estrategias divergentes.

La cuestión es: ¿sobre qué mimbres políticos se puede establecer una convergencia de valores y objetivos que brinde una base sólida sobre la cual construir una alianza política que pueda hacer frente al desafío independentista de manera efectiva y constructiva? El debate de siglas entre el PP de Cataluña y Ciutadans no ayuda a visibilizar una alternativa real al separatismo, menos aún fuera de Barcelona.

Es necesaria una muestra de unidad y cohesión dentro del bloque constitucionalista para recuperar la confianza de aquellos que han perdido la fe en las instituciones y para demostrar que hay una alternativa sólida y creíble al proyecto separatista, algo que se echa en falta en el PSOE.

La gobernabilidad de España, secuestrada por los socios de Sánchez

Nota de opinión de Nicolás Redondo Terreros

Recogida y emitida por la Asociación La España que Reúne

FUENTE: EFE

Dije que había conseguido un Gobierno sostenido en una alianza insostenible e inmoral, pero que no podría gobernar. Así está siendo. Tienen un Gobierno que no gobierna. Sánchez es presidente a cambio de hacer lo que digan sus socios y cuando lo digan. Pedro Sánchez dijo
desde el principio que la legislatura estaba asegurada, pero el rechazo de los Presupuestos de Cataluña pactados entre el partido de Gobierno autónomo (ERC) y el PSC por los mismos socios de coalición de Gobierno a nivel nacional (Comunes, que forman parte de Sumar), ha colapsado la intención de aprobar los Presupuestos de 2024 y, probablemente, la legislatura.

Todo indica que la mayoría gubernamental no da la seguridad y la estabilidad para mantener al Ejecutivo en momentos de una gran crisis política. Sólo están de acuerdo para evitar que la situación actual no cambie. La razón no es el PP ni la extrema derecha. Son sólo justificaciones.
El verdadero motivo para mantener a Sánchez es la necesidad de que los nacionalistas tienen de un Gobierno en sus manos, secuestrado por ellos. El Gobierno es su rehén y no hay otra forma de ver los comportamientos de unos y de otros. Los independentistas dicen, y Sánchez cumple según las conveniencias de Puigdemont o de Aragonés. En definitiva, no ha habido en
la historia de España un Ejecutivo más dependiente de fuerzas centrífugas que el que preside Pedro Sánchez.

14 de Marzo: Un día negro en la Historia de España

14 de marzo pasará a los anales de la Historia como uno de esos días negros que nadie querría haber vivido. Se aprobó una ley que impugna las sentencias judiciales provocadas por el alzamiento independentista, dejando a los jueces en una posición secundaria en el sistema democrático español. Desde el 14 de marzo, los jueces perderán autoridad y legitimidad. Se impone un sistema arbitrario y caciquil, propio del siglo XIX, paradójicamente de la mano de quienes se proclaman progresistas. Como sucedía hace dos siglos, la ley se nos aplicará según la capacidad de influir en la política. Entonces era el dinero, las creencias o los apellidos, ahora
la palanca de la arbitrariedad es la necesidad que tenga el Gobierno de votos en el Congreso.

Hemos perdido durante este tiempo todos los instrumentos para defender la democracia española. Mañana los independentistas podrán realizar cualquier consulta sin que el Gobierno pueda hacer nada. Tal vez estaría en su mano discutir la naturaleza del referéndum, pero nada más. Pero no podría impedir “la consulta pacífica al pueblo español”. Desde el 14 de marzo, la soberanía española, después de todas las concesiones políticas y penales, estará definitivamente en manos de Puigdemont.

De ellos dependerá seguir adelante con su referéndum o imponer con una fuerza redoblada su catecismo ideológico a todos los ciudadanos catalanes. O una cosa (la independencia) o la otra (hacer tabla rasa de la pluralidad de la sociedad catalana). Nada que ver con la concordia
de final de cuento de hadas que pregona el Gobierno.

El PSC es parte fundamental del problema de Cataluña y España

Se celebrarán en mayo elecciones autonómicas en Cataluña. Y es el momento de hacer algunos comentarios sobre la cuestión. Los independentistas no conseguirán romper España, no tienen ni la inteligencia ni el coraje ni la capacidad de sacrificio para conseguir que Cataluña sea un sujeto independiente en la historia. La independencia no se puede lograr entre los mejores despachos de la Ciudad Condal y los mejores restaurantes. Pero sí pueden conseguir (como lo han hecho en otras ocasiones) destruir la voluntad de progreso y libertad de España.

Pero en realidad ni siquiera ellos son el principal problema que tenemos. Si el PSOE ha secuestrado la razón, y con la razón el sistema democrático del 78, al PSOE lo tiene de rehén un partido político que es más identitario que socialista, que es más nacionalista que constitucionalista, que está más cerca de los que limitan las libertades individuales de los catalanes que de los humillado. Buen ejemplo es su comportamiento con los idiomas
naturales de Cataluña.

El PSC es el mejor instrumento para que todo siga igual, legitima a los autores del levantamiento, pacta con quienes quieren imponer una cultura gris y uniforme en una sociedad abigarrada de diferencias y conflictos. El PSC es el factor imprescindible para que el nacionalismo siga hacia adelante. No se enfrenta, no para, sólo legitima vergonzosamente las
quimeras absolutistas y reaccionarias de independentismo. El PSC no es la solución. Es parte fundamental del problema.

El penúltimo descrédito de España en Europa con la amnistía

El penúltimo capítulo de descrédito de España es la filtración de un primer borrador del informe que está confeccionando la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía en tramitación en el Congreso de los Diputados por parte del Gobierno. Al ser un borrador, la Comisión de Venecia lo envía a los gobiernos afectados para que se pronuncien al respecto.

FUENTE: EFE

En lugar de eso, el Gobierno de España ha preferido filtrarlo a la prensa con una fuerte campaña que contrarreste el deterioro de su situación política en los últimos días y engrase el tiempo de descuento en la negociación con Junts hasta el jueves 7 de marzo, último día para pactar las enmiendas. Precisamente, el momento es fundamental para entender la filtración y el sesgo de los mensajes, dado que el informe ni ampara ni apoya el actual texto de ley de amnistía. Más bien, todo lo contrario. Y menos aún sin haber sido hecho público por la propia Comisión de Venecia.

En primer lugar, este organismo del Consejo de Europa dice una cosa muy obvia: la amnistía existe en muchos países y está regulada constitucionalmente (cosa que en España no sucede). Por tanto, cuando no lo está, es necesario hacer una reforma de la Constitución para contemplarla y se necesita una mayoría abrumadora para poderla llevar a cabo. En segundo lugar, lo obvio da lugar a las especificaciones técnicas que son fundamentales. Una cuestión de tal calibre no puede tramitarse por vía de urgencia sin los informes técnicos preceptivos que dan estabilidad, seguridad jurídica y garantías a todo el proceso.

Por último, la proposición de ley está llena de imprecisiones temporales, de los tipos jurídicos (malversación, terrorismo…), fallos técnicos y falta de cuantificación y cualificación de sus consecuencias prácticas. ¿Hay algún estudio o estudios que evalúen la «reconciliación» observando el comportamiento de los actores en liza? ¿Se establece con claridad cómo se puede recurrir, su ámbito de aplicación y las garantías que se derivan de ello? Parece evidente que si no existe es porque sabemos que no hay ni reconciliación ni ánimo de tenerla en un futuro.

Habrá que emplear mucho más tiempo para leer con atención el informe y esperar a conocer el definitivo que sí publique la Comisión de Venecia, así como la evaluación de los expertos más destacados en la materia como la profesora Teresa Freixes. Pero lo que apuntan las primeras notas al respecto es, de nuevo, la inmoralidad de utilizar todos los resortes del Estado para continuar con una farsa que compromete la fiabilidad de nuestro país ante nuestros socios europeos.

¿Por qué se menciona al PSOE cuando se quiere hablar del sanchismo?

El PSOE ha sido junto a la UCD y después el PP el principal impulsor de la Constitución de 1978 y con ello artífice del periodo de mejor convivencia en libertad de la historia de España.

Por Jesús Ballesteros

Por ello su trayectoria, en la que destacan los nombres de Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Virgilio Zapatero, Juan Alberto Belloch y un larguísimo etc. merece el agradecimiento de las generaciones presentes y futuras.

Esta labor de concordia y tolerancia ejemplares fue interrumpida bruscamente con la llegada al poder de Zapatero, que le dio la vuelta a todo lo anterior. Su principal preocupación fue eliminar la posibilidad de alternancia política, con el infamante pacto del Tinell promovido por el PSC y el apoyo a lo que decidiese el Parlamento catalán, fuese lo que fuese.

El sanchismo es la perfecta continuidad del zapaterismo en lo que se refiere a la intensificación del enfrentamiento entre los españoles y simultáneamente la creación de un régimen clientelar en el que sólo cuenta la obediencia férrea al líder y el enriquecimiento mutuo sin ideología alguna. Como escribió Pilar Marcos Domínguez, en “El taxidermista y su biombo” (The Objetive, 12.12.23) Sánchez llevó a cabo una autentica labor de disecación del PSOE para convertirlo en una gran agencia de colocación, Sánchez S.A. al servicio de su afán infinito de dominio.

Esta desnaturalización del partido se ha podido ver en el numeroso grupo de personas arrepentidas de su voto al sanchismo. Según encuesta de Sigma Dos para ‘El Mundo’, se trataría de 1.752.000 personas, un 22,4% de los ciudadanos que apoyaron a Sánchez en julio y que ya no volverían a votarle si hoy se repitiesen los comicios. Es muy fácil saber quiénes son. Los que creyeron honesta y quizá ingenuamente que el sanchismo era la continuidad de aquel PSOE al que votaron sus antepasados y han comprobado luego que no había tal continuidad.

El Partido Sanchista es una auténtico club clientelar a los que nunca abandona. Un ejemplo entre mil es el de Miquel Iceta, del PSC, apartado del Consejo de Ministros, pero compensado inmediatamente con la Embajada de España en la UNESCO.

Lo malo del caso para el gobierno es que estos votantes entusiastas no son suficientes para mantener en la Moncloa al jefe, razón por la cual éste debe mostrar una sumisión total a los partidos separatistas, claramente supremacistas, que le explotan en detrimento del conjunto de la población española, dado que las prebendas que Sánchez les concede son con cargo a los presupuestos generales del Estado, que pesan sobre las familias, los autónomos, la pequeña y mediana empresa, que lógicamente ha reducido en 50.000 su número desde que Sánchez ostenta el cargo.

La subida de impuestos y la desmesura en el gasto público nada tienen que ver con la ideología, mal que le pese a la volátil y desleal Yolanda Díaz sino con el mantenimiento del régimen clientelar.

Lo más maravilloso del presente español es que Sánchez presenta a sus socios /supremacistas y a sus votantes/clientes como progresistas, mientras que los partidos de la oposición serían peligros reaccionarios.
En esta patológica deriva en la que hemos entrado se llega a diferenciar los tipos de terroristas, los que se pueden homologar con sus socios de gobierno pasan a ser terroristas buenos, mientras los jueces empeñados en perseguirles son acusados de corrupción, y posiblemente sean sometidos a tribunales populares.

El sanchismo es la antítesis del PSOE clásico, al negar la igualdad entre los españoles concediendo la amnistía a unos cuantos privilegiados, y destruyendo la mayor parte de los presupuestos a esos mismos privilegiados, que una vez enriquecidos desean separarse de España.
Los tres ejes del sanchismo son el régimen clientelar, la pretensión de excluir a la oposición de toda opción de gobierno y el vasallaje a las minúsculas minorías supremacistas catalanes y vascas.

Ninguna de estas tres tristes realidades tienen que ver con la historia del PSOE. Razón por la cual sería de simple sentido común no mencionar este nombre al referirse a la mafia sanchista.

*Jesús Ballesteros es Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia.

Singobernanza

La cogobernanza es un modelo de gobernanza que implica la colaboración entre diversas entidades, ya sean gubernamentales, no gubernamentales o del sector privado, en la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas.

FUENTE: EFE

En contraste con la jerarquía tradicional, la cogobernanza busca la participación activa de múltiples actores, aprovechando sus experiencias y conocimientos para abordar problemas complejos.

Este término incluye la creación de plataformas de diálogo donde las partes interesadas contribuyen y trabajan juntas para encontrar soluciones. Su implementación varía según el contexto pero, en general, se centra en la colaboración para mejorar la eficiencia y legitimidad de las decisiones gubernamentales mediante la inclusión de diversas perspectivas.

El hecho de que el PSOE haya adoptado en su ideario político una fórmula que implica un claro cambio hacia posturas más propias de un modelo territorial confederal, en lugar de la naturaleza federal que siempre había defendido este partido, consolida la desviación de los socialistas en un tema fundamental para mantener las bases constitucionales.

En el documento resultante de la convención política del PSOE, celebrada en La Coruña, se plantea una reducción en el control del Estado mediante la «consolidación» del proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas. En la práctica, esta propuesta implica un giro hacia un marco jurídico confederal, basado en la bilateralidad con las autonomías y con el Estado reducido al mínimo.

En una convención que se convirtió en una muestra de apoyo unánime al líder, considerando la falta de debate interno, el PSOE adopta una posición que difiere del modelo federal establecido en 2013 con la Declaración de Granada, que había evolucionado a lo largo de los años, aunque hasta ahora sin un contenido detallado, incluyendo términos como plurinacionalidad y España multinivel moderna.

Con Rubalcaba liderando Ferraz, los socialistas proponían definir la distribución de competencias para consolidar el Estado autonómico, garantizar la igualdad de todos los españoles y la lealtad federal, y asegurar los tres principios fundamentales del modelo territorial de la Constitución: unidad, autonomía y solidaridad interterritorial. Ahora, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, el PSOE ha cambiado hacia el extremo opuesto.

Bajo el concepto eufemístico de cogobernanza, se esconden la vía irregular de las negociaciones bilaterales y las leyes de transferencias, con el objetivo de debilitar las competencias que permiten al Estado preservar la unidad territorial. Esta desviación, ya implementada con la cesión de la inmigración a la Generalitat catalana, está estrechamente vinculada a los acuerdos de los actuales socialistas con la extrema izquierda y los independentistas.

El cónclave de La Coruña, justo antes de las elecciones gallegas del 18-F, refleja en el ideario socialista el muro construido frente a la derecha. “Solamente se puede gobernar este país si asumimos la pluralidad política y la diversidad territorial en torno a un proyecto común, que es España”, afirmó Sánchez después de anunciar una inversión en educación para fortalecer Matemáticas y Lengua tras el fracaso del último informe PISA. Aunque esta rectificación oportuna no oculta la contradicción de apelar a la diversidad mientras se diluyen los pilares constitucionales.

Algún hombre de Estado quedará en las filas socialistas, pero a la mínima que saltan se ven perseguidos por todo el partido, que se cierra con vehemencia en torno a su líder. El último de nuevo ha vuelto a ser Emiliano García Page. Enfrentarse al separatismo disolvente requiere asegurar la igualdad en lugar de avanzar hacia un proceso de descentralización que socava el fundamento ideológico que hasta hace unos años había caracterizado al PSOE como un partido de Estado.

Por si fuera poco, hay algunas consideraciones sobre lo que podría ocasionar su aplicación en el caso de España:

Complejidad en la toma de decisiones:

En un sistema con múltiples niveles de gobierno y la participación de diferentes actores, como comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales, podría haber desafíos para lograr consensos rápidos en cuestiones que requieren acción urgente.

Falta de responsabilidad clara:

Dada la descentralización en España, con varias competencias transferidas a las comunidades autónomas, podría surgir la falta de claridad sobre quién es responsable de ciertos asuntos, lo que complica la rendición de cuentas.

Captura de intereses:

En el contexto español, se podría dar el riesgo de que ciertos grupos de interés, ya sean a nivel regional o sectorial, ejerzan una influencia desproporcionada en decisiones políticas, lo que podría afectar la equidad y el interés general.

Falta de equidad en la participación:

La cogobernanza podría enfrentar desafíos en asegurar una representación equitativa de todas las comunidades autónomas y grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, lo que podría llevar a la marginación de algunas voces.

Fragilidad y falta de estabilidad:

En un sistema político que puede experimentar cambios significativos en las alianzas y composición de gobierno, la cogobernanza podría volverse más susceptible a la inestabilidad y a la discontinuidad en las políticas.

Viraje hacia el confederalismo:

Se critica que el PSOE haya abandonado su tradicional postura federalista para adoptar una fórmula que se percibe como más confederal. La consolidación del proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas se interpreta como un giro hacia un marco jurídico confederalizante, donde el Estado tendría un papel reducido.

Merma en el control del Estado:

La propuesta de cogobernanza implica una disminución en el control del Estado central, favoreciendo la bilateralidad con las autonomías y debilitando la unidad territorial. Con un Estado reducido en competencias a la mínima exponencia para perpetrarse en el poder en desfavor del resto del país.

Pérdida de los principios federales anteriores:

La posición actual del PSOE difiere de la Declaración de Granada de 2013, donde se abogaba por cerrar el Estado autonómico, garantizar la igualdad, la lealtad federal y los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad interterritorial.

Cesiones a la extrema izquierda e independentistas:

La deriva hacia la cogobernanza está vinculada a pactos con la extrema izquierda e independentistas. La cesión de competencias sobre inmigración a la Generalitat es el perfecto ejemplo de esta tendencia; una idea que siempre han echado en cara a la extrema derecho y que ahora debe ser que ayuda al restablecimiento de la concordía en nuestro país

Desafío frente al separatismo:

La descentralización propuesta por el PSOE podría debilitar la capacidad de hacer frente al separatismo, ya que se considera necesario garantizar la igualdad en lugar de descentralizar el poder.

Cuando lo inconstitucional nunca puede ser constitucional y es incompatible con Europa

Los asesores legales de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados lo dejaron meridianamente claro en su opinión sobre la propuesta de Ley de Amnistía del Gobierno destinada a eliminar los delitos relacionados con el procés

FUENTE: EFE

La iniciativa no puede fundamentarse en la Ley de Amnistía de 1977, ya que ésta fue aprobada antes de la entrada en vigor de la Constitución (un hecho anterior no implica automáticamente que éste esté reconocido en la Constitución) y que el texto constitucional no proporciona respaldo para la aprobación de una medida de gracia de este tipo al prohibir un hecho de rango menor a la amnistía como es el indulto general.

Este informe, aunque no está firmado, ha sido elaborado bajo la dirección de Piedad García-Escudero, quien ha ocupado cargos importantes en el ámbito legislativo, siendo secretaria general del Congreso y letrada mayor del Senado. Su nominación para este puesto fue en noviembre, sustituyendo a Manuel Fernández-Fontecha, que se había manifestado públicamente en contra de la amnistía. Piedad García-Escudero es Letrada de las Cortes desde 1981 y es hermana de Pío García-Escudero, quien fue presidente del Senado por el Partido Popular (PP) entre 2011 y 2019.

Desde la asesoría jurídica de la Comisión de Justicia señalan la necesidad de que cualquier nueva amnistía requiere previamente una reforma constitucional que la respalde. Este planteamiento contrasta con el análisis previo realizado con la aprobación de la Proposición de Ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que contó con la aprobación del letrado mayor de la Cámara, Fernando Galindo, recientemente nombrado directamente desde un puesto político dado que formaba parte del Gobierno anterior.

Con todas las cautelas que se requieren para un órgano de consulta previa, los letrados admiten que la inconstitucionalidad de la norma puede no ser evidente, pero luego identifican múltiples aspectos que podrían no cumplir con el filtro de la Carta Magna, dejando la decisión final en manos del Tribunal Constitucional.

Un aspecto crítico es la «indeterminación de los delitos comprendidos en la amnistía», criticando la inclusión de actos «cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña» y la falta de precisión en el ámbito temporal. Advierte que esta falta de determinación y la amplia ventana temporal podrían afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley, incluso pudiendo derivar en una «delimitación arbitraria» que infrinja el principio de igualdad.

Pero más allá de que el Alto Tribunal pudiera pronunciarse en un sentido u otro, los letrados apuntan en la dirección más importante como es la compatibilidad con las leyes europeas. Y aquí es donde se produce un auténtico “choque de trenes” en cuatro cuestiones críticas:

La exclusión del ámbito de la amnistía de los delitos de terrorismo solo si hay una sentencia firme.

Las disposiciones relacionadas con los efectos suspensivos de la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La inclusión de delitos de corrupción en la amnistía, que pueden comprometer la armonización y efectividad de las normas reguladoras de estos delitos según el Derecho UE.

Sobre el artículo 4 de la Proposición de Ley de Amnistía que revoca las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención, con afección especial a los delitos de terrorismo y malversación.

Estos argumentos esgrimidos por los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados no sólo son claros, sino que muestran también hasta qué punto incluso una decisión con un sesgo favorable del Tribunal Constitucional al texto de la ley es incompatible con la permanencia de España en la Unión Europea.

Ante las cámaras, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó: «Es una ley sólida, impecable y absolutamente conforme con la Constitución». Esta idea fue reiterada poco después durante la misma intervención, al expresar: «Es una ley impecable desde el punto de vista legal y constitucional». El ministro expresa una confianza absoluta en la Ley de Amnistía, fundamentada, según él, en informes realizados por los letrados del Congreso de los Diputados.

Esta “confianza” no es tal, al tener que repetir hasta en ocho ocasiones distintas el término “constitucional” en la Exposición de Motivos. La acusación de terrorismo por parte del juez Manuel García-Castellón y los apabullantes indicios de que se cometieron graves violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones de 2019 y la llamada “batalla de Urquinaona”, inciden directamente en que España está obligada a cumplir los preceptos del Derecho europeo sin discusión alguna.

Para Europa no hay “terrorismo que no viole gravemente los derechos humanos”, parafraseando al ministro Bolaños. El delito de terrorismo es muy claro, al igual que el de malversación y corrupción. Se acepta o no se acepta. No faltarán presiones directas o indirectas en los próximos meses a los jueces para que los encausados por terrorismo salgan indemnes y puedan estar poco tiempo después de vuelta en España habiéndoseles borrado sus delitos. Este punto es el que decidirá todo de aquí en adelante, más allá de que se pueda producir una batalla judicial dura y duradera en los tribunales españoles y el TJUE.

Por qué rechazar la amnistía, igual que se rechazaron los indultos

Los miembros del Gobierno y los líderes del PSOE y Sumar tienen fundamentos sólidos al sostener que existe una marcada distinción entre una amnistía y un indulto. Esta discrepancia resulta innegable. En efecto, las repercusiones políticas derivadas de una amnistía superan con creces en relevancia a las emanadas de la capacidad para otorgar indultos.

FUENTE: EFE

Pero también se muestra hasta qué punto aceptar lo segundo (los indultos) abrió la puerta a aceptar lo primero (la amnistía) y si se acepta ésta como inocua para el régimen del 78, se aceptará el referéndum, sea cual sea el apellido que se le quiera poner («no vinculante», «consultivo»).

En contraposición al indulto, la amnistía no sólo altera la condena de aquellos ya sentenciados, sino que también excluye, en favor de todos los imputados en espera de juicio, el ejercicio de la jurisdicción estatal. Esto se debe a que la amnistía priva al poder judicial de su facultad para enjuiciar y aplicar sentencias sobre lo juzgado. Mientras el indulto impacta en la pena impuesta por el juez, la amnistía borra el delito y obstaculiza la labor que los jueces están exclusivamente encargados de realizar en los Estados regidos por el imperio de la ley.

Lo que realmente está en juego es la supervivencia misma del sistema tal como fue configurado por el pacto constitucional. La consolidación de nuestra democracia como un espacio de convivencia en el cual todos los ciudadanos gocen de iguales derechos, ya residan en Bilbao, en Sant Feliu de Llobregat o en Olivenza. La gran paradoja de nuestra era radica en que aquellos que no cesan de enfatizar la solidaridad y la justicia social son precisamente los primeros en respaldar esta deriva confederal que ha permeado a la izquierda, lo cual resulta perjudicial para la necesaria cohesión territorial.

La amnistía implica reconocer que, tanto aquellos que ya han sido condenados como los que están pendientes de juicio, no deberían enfrentar la justicia por crímenes cuya validez se cuestiona. Este cuestionamiento surge porque se admite que el contexto político prevaleciente en el momento en que se perpetraron dichos delitos justifica su eliminación, como si nunca hubieran ocurrido; lo que atenta ferozmente también contra la igualdad de todos los españoles ante la ley.

El presidente del Gobierno en funciones es capaz de todo para gobernar y bien lo saben los independentistas. Aún por encima cuando los delincuentes no solo no han demostrado intención alguna de no repetir el acto que los llevó a la condena, sino que no hacen más que incidir en sus intenciones de repetir tan honrosa acción.

El presidente en funciones ha traicionado al PSOE y lo ha llevado a traicionarse a sí mismo junto a la Constitución. La etapa que surgió con la Constitución de 1978 tiene el potencial de perdurar, lo cual sería beneficioso. Sin embargo, ha experimentado una transformación profunda.

Ya no es la época de mayorías absolutas en la que los dos principales partidos podían aliarse eventualmente con partidos nacionalistas moderados, al igual que entre ellos mismos. La posibilidad de acuerdos transversales sostenidos en el tiempo parece haber llegado a su fin, cuando una de las últimas fue la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El sistema originalmente no estaba diseñado para operar con dos bloques permanentes que no pueden cooperar entre sí, pero ahora debe adaptarse a esta nueva dinámica que se ha convertido en su característica central.

Alberto Núñez Feijóo parece no haber reconocido esta transformación estructural. El candidato a la investidura actúa como si este cambio drástico sólo afectara a la izquierda, y como si pudiera continuar operando como en los tiempos anteriores. Por eso, ha tomado la sorprendente iniciativa de negociar con el PNV e incluso con Junts para obtener su apoyo en su investidura a finales de septiembre.

Es posible que esto sea simplemente un gesto de cortesía parlamentaria, en cuyo caso sería loable. Sin embargo, si alguien en el PP piensa que puede obtener el respaldo de aquellos que ya forman parte del otro bloque estructural, o que en el futuro tendrá alguna otra opción aparte de gobernar con el apoyo de Vox, demuestra que está atrapado en una mentalidad obsoleta y en grandes dificultades para sacar adelante un Gobierno.