El penúltimo capítulo de descrédito de España es la filtración de un primer borrador del informe que está confeccionando la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía en tramitación en el Congreso de los Diputados por parte del Gobierno. Al ser un borrador, la Comisión de Venecia lo envía a los gobiernos afectados para que se pronuncien al respecto.
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En lugar de eso, el Gobierno de España ha preferido filtrarlo a la prensa con una fuerte campaña que contrarreste el deterioro de su situación política en los últimos días y engrase el tiempo de descuento en la negociación con Junts hasta el jueves 7 de marzo, último día para pactar las enmiendas. Precisamente, el momento es fundamental para entender la filtración y el sesgo de los mensajes, dado que el informe ni ampara ni apoya el actual texto de ley de amnistía. Más bien, todo lo contrario. Y menos aún sin haber sido hecho público por la propia Comisión de Venecia.
En primer lugar, este organismo del Consejo de Europa dice una cosa muy obvia: la amnistía existe en muchos países y está regulada constitucionalmente (cosa que en España no sucede). Por tanto, cuando no lo está, es necesario hacer una reforma de la Constitución para contemplarla y se necesita una mayoría abrumadora para poderla llevar a cabo. En segundo lugar, lo obvio da lugar a las especificaciones técnicas que son fundamentales. Una cuestión de tal calibre no puede tramitarse por vía de urgencia sin los informes técnicos preceptivos que dan estabilidad, seguridad jurídica y garantías a todo el proceso.
Por último, la proposición de ley está llena de imprecisiones temporales, de los tipos jurídicos (malversación, terrorismo…), fallos técnicos y falta de cuantificación y cualificación de sus consecuencias prácticas. ¿Hay algún estudio o estudios que evalúen la «reconciliación» observando el comportamiento de los actores en liza? ¿Se establece con claridad cómo se puede recurrir, su ámbito de aplicación y las garantías que se derivan de ello? Parece evidente que si no existe es porque sabemos que no hay ni reconciliación ni ánimo de tenerla en un futuro.
Habrá que emplear mucho más tiempo para leer con atención el informe y esperar a conocer el definitivo que sí publique la Comisión de Venecia, así como la evaluación de los expertos más destacados en la materia como la profesora Teresa Freixes. Pero lo que apuntan las primeras notas al respecto es, de nuevo, la inmoralidad de utilizar todos los resortes del Estado para continuar con una farsa que compromete la fiabilidad de nuestro país ante nuestros socios europeos.
El PSOE ha sido junto a la UCD y después el PP el principal impulsor de la Constitución de 1978 y con ello artífice del periodo de mejor convivencia en libertad de la historia de España.
Por Jesús Ballesteros
Por ello su trayectoria, en la que destacan los nombres de Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Virgilio Zapatero, Juan Alberto Belloch y un larguísimo etc. merece el agradecimiento de las generaciones presentes y futuras.
Esta labor de concordia y tolerancia ejemplares fue interrumpida bruscamente con la llegada al poder de Zapatero, que le dio la vuelta a todo lo anterior. Su principal preocupación fue eliminar la posibilidad de alternancia política, con el infamante pacto del Tinell promovido por el PSC y el apoyo a lo que decidiese el Parlamento catalán, fuese lo que fuese.
El sanchismo es la perfecta continuidad del zapaterismo en lo que se refiere a la intensificación del enfrentamiento entre los españoles y simultáneamente la creación de un régimen clientelar en el que sólo cuenta la obediencia férrea al líder y el enriquecimiento mutuo sin ideología alguna. Como escribió Pilar Marcos Domínguez, en “El taxidermista y su biombo” (The Objetive, 12.12.23) Sánchez llevó a cabo una autentica labor de disecación del PSOE para convertirlo en una gran agencia de colocación, Sánchez S.A. al servicio de su afán infinito de dominio.
Esta desnaturalización del partido se ha podido ver en el numeroso grupo de personas arrepentidas de su voto al sanchismo. Según encuesta de Sigma Dos para ‘El Mundo’, se trataría de 1.752.000 personas, un 22,4% de los ciudadanos que apoyaron a Sánchez en julio y que ya no volverían a votarle si hoy se repitiesen los comicios. Es muy fácil saber quiénes son. Los que creyeron honesta y quizá ingenuamente que el sanchismo era la continuidad de aquel PSOE al que votaron sus antepasados y han comprobado luego que no había tal continuidad.
El Partido Sanchista es una auténtico club clientelar a los que nunca abandona. Un ejemplo entre mil es el de Miquel Iceta, del PSC, apartado del Consejo de Ministros, pero compensado inmediatamente con la Embajada de España en la UNESCO.
Lo malo del caso para el gobierno es que estos votantes entusiastas no son suficientes para mantener en la Moncloa al jefe, razón por la cual éste debe mostrar una sumisión total a los partidos separatistas, claramente supremacistas, que le explotan en detrimento del conjunto de la población española, dado que las prebendas que Sánchez les concede son con cargo a los presupuestos generales del Estado, que pesan sobre las familias, los autónomos, la pequeña y mediana empresa, que lógicamente ha reducido en 50.000 su número desde que Sánchez ostenta el cargo.
La subida de impuestos y la desmesura en el gasto público nada tienen que ver con la ideología, mal que le pese a la volátil y desleal Yolanda Díaz sino con el mantenimiento del régimen clientelar.
Lo más maravilloso del presente español es que Sánchez presenta a sus socios /supremacistas y a sus votantes/clientes como progresistas, mientras que los partidos de la oposición serían peligros reaccionarios. En esta patológica deriva en la que hemos entrado se llega a diferenciar los tipos de terroristas, los que se pueden homologar con sus socios de gobierno pasan a ser terroristas buenos, mientras los jueces empeñados en perseguirles son acusados de corrupción, y posiblemente sean sometidos a tribunales populares.
El sanchismo es la antítesis del PSOE clásico, al negar la igualdad entre los españoles concediendo la amnistía a unos cuantos privilegiados, y destruyendo la mayor parte de los presupuestos a esos mismos privilegiados, que una vez enriquecidos desean separarse de España. Los tres ejes del sanchismo son el régimen clientelar, la pretensión de excluir a la oposición de toda opción de gobierno y el vasallaje a las minúsculas minorías supremacistas catalanes y vascas.
Ninguna de estas tres tristes realidades tienen que ver con la historia del PSOE. Razón por la cual sería de simple sentido común no mencionar este nombre al referirse a la mafia sanchista.
*Jesús Ballesteros es Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia.
La cogobernanza es un modelo de gobernanza que implica la colaboración entre diversas entidades, ya sean gubernamentales, no gubernamentales o del sector privado, en la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas.
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En contraste con la jerarquía tradicional, la cogobernanza busca la participación activa de múltiples actores, aprovechando sus experiencias y conocimientos para abordar problemas complejos.
Este término incluye la creación de plataformas de diálogo donde las partes interesadas contribuyen y trabajan juntas para encontrar soluciones. Su implementación varía según el contexto pero, en general, se centra en la colaboración para mejorar la eficiencia y legitimidad de las decisiones gubernamentales mediante la inclusión de diversas perspectivas.
El hecho de que el PSOE haya adoptado en su ideario político una fórmula que implica un claro cambio hacia posturas más propias de un modelo territorial confederal, en lugar de la naturaleza federal que siempre había defendido este partido, consolida la desviación de los socialistas en un tema fundamental para mantener las bases constitucionales.
En el documento resultante de la convención política del PSOE, celebrada en La Coruña, se plantea una reducción en el control del Estado mediante la «consolidación» del proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas. En la práctica, esta propuesta implica un giro hacia un marco jurídico confederal, basado en la bilateralidad con las autonomías y con el Estado reducido al mínimo.
En una convención que se convirtió en una muestra de apoyo unánime al líder, considerando la falta de debate interno, el PSOE adopta una posición que difiere del modelo federal establecido en 2013 con la Declaración de Granada, que había evolucionado a lo largo de los años, aunque hasta ahora sin un contenido detallado, incluyendo términos como plurinacionalidad y España multinivel moderna.
Con Rubalcaba liderando Ferraz, los socialistas proponían definir la distribución de competencias para consolidar el Estado autonómico, garantizar la igualdad de todos los españoles y la lealtad federal, y asegurar los tres principios fundamentales del modelo territorial de la Constitución: unidad, autonomía y solidaridad interterritorial. Ahora, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, el PSOE ha cambiado hacia el extremo opuesto.
Bajo el concepto eufemístico de cogobernanza, se esconden la vía irregular de las negociaciones bilaterales y las leyes de transferencias, con el objetivo de debilitar las competencias que permiten al Estado preservar la unidad territorial. Esta desviación, ya implementada con la cesión de la inmigración a la Generalitat catalana, está estrechamente vinculada a los acuerdos de los actuales socialistas con la extrema izquierda y los independentistas.
El cónclave de La Coruña, justo antes de las elecciones gallegas del 18-F, refleja en el ideario socialista el muro construido frente a la derecha. “Solamente se puede gobernar este país si asumimos la pluralidad política y la diversidad territorial en torno a un proyecto común, que es España”, afirmó Sánchez después de anunciar una inversión en educación para fortalecer Matemáticas y Lengua tras el fracaso del último informe PISA. Aunque esta rectificación oportuna no oculta la contradicción de apelar a la diversidad mientras se diluyen los pilares constitucionales.
Algún hombre de Estado quedará en las filas socialistas, pero a la mínima que saltan se ven perseguidos por todo el partido, que se cierra con vehemencia en torno a su líder. El último de nuevo ha vuelto a ser Emiliano García Page. Enfrentarse al separatismo disolvente requiere asegurar la igualdad en lugar de avanzar hacia un proceso de descentralización que socava el fundamento ideológico que hasta hace unos años había caracterizado al PSOE como un partido de Estado.
Por si fuera poco, hay algunas consideraciones sobre lo que podría ocasionar su aplicación en el caso de España:
Complejidad en la toma de decisiones:
En un sistema con múltiples niveles de gobierno y la participación de diferentes actores, como comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales, podría haber desafíos para lograr consensos rápidos en cuestiones que requieren acción urgente.
Falta de responsabilidad clara:
Dada la descentralización en España, con varias competencias transferidas a las comunidades autónomas, podría surgir la falta de claridad sobre quién es responsable de ciertos asuntos, lo que complica la rendición de cuentas.
Captura de intereses:
En el contexto español, se podría dar el riesgo de que ciertos grupos de interés, ya sean a nivel regional o sectorial, ejerzan una influencia desproporcionada en decisiones políticas, lo que podría afectar la equidad y el interés general.
Falta de equidad en la participación:
La cogobernanza podría enfrentar desafíos en asegurar una representación equitativa de todas las comunidades autónomas y grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, lo que podría llevar a la marginación de algunas voces.
Fragilidad y falta de estabilidad:
En un sistema político que puede experimentar cambios significativos en las alianzas y composición de gobierno, la cogobernanza podría volverse más susceptible a la inestabilidad y a la discontinuidad en las políticas.
Viraje hacia el confederalismo:
Se critica que el PSOE haya abandonado su tradicional postura federalista para adoptar una fórmula que se percibe como más confederal. La consolidación del proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas se interpreta como un giro hacia un marco jurídico confederalizante, donde el Estado tendría un papel reducido.
Merma en el control del Estado:
La propuesta de cogobernanza implica una disminución en el control del Estado central, favoreciendo la bilateralidad con las autonomías y debilitando la unidad territorial. Con un Estado reducido en competencias a la mínima exponencia para perpetrarse en el poder en desfavor del resto del país.
Pérdida de los principios federales anteriores:
La posición actual del PSOE difiere de la Declaración de Granada de 2013, donde se abogaba por cerrar el Estado autonómico, garantizar la igualdad, la lealtad federal y los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad interterritorial.
Cesiones a la extrema izquierda e independentistas:
La deriva hacia la cogobernanza está vinculada a pactos con la extrema izquierda e independentistas. La cesión de competencias sobre inmigración a la Generalitat es el perfecto ejemplo de esta tendencia; una idea que siempre han echado en cara a la extrema derecho y que ahora debe ser que ayuda al restablecimiento de la concordía en nuestro país
Desafío frente al separatismo:
La descentralización propuesta por el PSOE podría debilitar la capacidad de hacer frente al separatismo, ya que se considera necesario garantizar la igualdad en lugar de descentralizar el poder.
Los asesores legales de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados lo dejaron meridianamente claro en su opinión sobre la propuesta de Ley de Amnistía del Gobierno destinada a eliminar los delitos relacionados con el procés
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La iniciativa no puede fundamentarse en la Ley de Amnistía de 1977, ya que ésta fue aprobada antes de la entrada en vigor de la Constitución (un hecho anterior no implica automáticamente que éste esté reconocido en la Constitución) y que el texto constitucional no proporciona respaldo para la aprobación de una medida de gracia de este tipo al prohibir un hecho de rango menor a la amnistía como es el indulto general.
Este informe, aunque no está firmado, ha sido elaborado bajo la dirección de Piedad García-Escudero, quien ha ocupado cargos importantes en el ámbito legislativo, siendo secretaria general del Congreso y letrada mayor del Senado. Su nominación para este puesto fue en noviembre, sustituyendo a Manuel Fernández-Fontecha, que se había manifestado públicamente en contra de la amnistía. Piedad García-Escudero es Letrada de las Cortes desde 1981 y es hermana de Pío García-Escudero, quien fue presidente del Senado por el Partido Popular (PP) entre 2011 y 2019.
Desde la asesoría jurídica de la Comisión de Justicia señalan la necesidad de que cualquier nueva amnistía requiere previamente una reforma constitucional que la respalde. Este planteamiento contrasta con el análisis previo realizado con la aprobación de la Proposición de Ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que contó con la aprobación del letrado mayor de la Cámara, Fernando Galindo, recientemente nombrado directamente desde un puesto político dado que formaba parte del Gobierno anterior.
Con todas las cautelas que se requieren para un órgano de consulta previa, los letrados admiten que la inconstitucionalidad de la norma puede no ser evidente, pero luego identifican múltiples aspectos que podrían no cumplir con el filtro de la Carta Magna, dejando la decisión final en manos del Tribunal Constitucional.
Un aspecto crítico es la «indeterminación de los delitos comprendidos en la amnistía», criticando la inclusión de actos «cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña» y la falta de precisión en el ámbito temporal. Advierte que esta falta de determinación y la amplia ventana temporal podrían afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley, incluso pudiendo derivar en una «delimitación arbitraria» que infrinja el principio de igualdad.
Pero más allá de que el Alto Tribunal pudiera pronunciarse en un sentido u otro, los letrados apuntan en la dirección más importante como es la compatibilidad con las leyes europeas. Y aquí es donde se produce un auténtico “choque de trenes” en cuatro cuestiones críticas:
La exclusión del ámbito de la amnistía de los delitos de terrorismo solo si hay una sentencia firme.
Las disposiciones relacionadas con los efectos suspensivos de la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La inclusión de delitos de corrupción en la amnistía, que pueden comprometer la armonización y efectividad de las normas reguladoras de estos delitos según el Derecho UE.
Sobre el artículo 4 de la Proposición de Ley de Amnistía que revoca las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención, con afección especial a los delitos de terrorismo y malversación.
Estos argumentos esgrimidos por los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados no sólo son claros, sino que muestran también hasta qué punto incluso una decisión con un sesgo favorable del Tribunal Constitucional al texto de la ley es incompatible con la permanencia de España en la Unión Europea.
Ante las cámaras, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó: «Es una ley sólida, impecable y absolutamente conforme con la Constitución». Esta idea fue reiterada poco después durante la misma intervención, al expresar: «Es una ley impecable desde el punto de vista legal y constitucional». El ministro expresa una confianza absoluta en la Ley de Amnistía, fundamentada, según él, en informes realizados por los letrados del Congreso de los Diputados.
Esta “confianza” no es tal, al tener que repetir hasta en ocho ocasiones distintas el término “constitucional” en la Exposición de Motivos. La acusación de terrorismo por parte del juez Manuel García-Castellón y los apabullantes indicios de que se cometieron graves violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones de 2019 y la llamada “batalla de Urquinaona”, inciden directamente en que España está obligada a cumplir los preceptos del Derecho europeo sin discusión alguna.
Para Europa no hay “terrorismo que no viole gravemente los derechos humanos”, parafraseando al ministro Bolaños. El delito de terrorismo es muy claro, al igual que el de malversación y corrupción. Se acepta o no se acepta. No faltarán presiones directas o indirectas en los próximos meses a los jueces para que los encausados por terrorismo salgan indemnes y puedan estar poco tiempo después de vuelta en España habiéndoseles borrado sus delitos. Este punto es el que decidirá todo de aquí en adelante, más allá de que se pueda producir una batalla judicial dura y duradera en los tribunales españoles y el TJUE.
Los miembros del Gobierno y los líderes del PSOE y Sumar tienen fundamentos sólidos al sostener que existe una marcada distinción entre una amnistía y un indulto. Esta discrepancia resulta innegable. En efecto, las repercusiones políticas derivadas de una amnistía superan con creces en relevancia a las emanadas de la capacidad para otorgar indultos.
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Pero también se muestra hasta qué punto aceptar lo segundo (los indultos) abrió la puerta a aceptar lo primero (la amnistía) y si se acepta ésta como inocua para el régimen del 78, se aceptará el referéndum, sea cual sea el apellido que se le quiera poner («no vinculante», «consultivo»).
En contraposición al indulto, la amnistía no sólo altera la condena de aquellos ya sentenciados, sino que también excluye, en favor de todos los imputados en espera de juicio, el ejercicio de la jurisdicción estatal. Esto se debe a que la amnistía priva al poder judicial de su facultad para enjuiciar y aplicar sentencias sobre lo juzgado. Mientras el indulto impacta en la pena impuesta por el juez, la amnistía borra el delito y obstaculiza la labor que los jueces están exclusivamente encargados de realizar en los Estados regidos por el imperio de la ley.
Lo que realmente está en juego es la supervivencia misma del sistema tal como fue configurado por el pacto constitucional. La consolidación de nuestra democracia como un espacio de convivencia en el cual todos los ciudadanos gocen de iguales derechos, ya residan en Bilbao, en Sant Feliu de Llobregat o en Olivenza. La gran paradoja de nuestra era radica en que aquellos que no cesan de enfatizar la solidaridad y la justicia social son precisamente los primeros en respaldar esta deriva confederal que ha permeado a la izquierda, lo cual resulta perjudicial para la necesaria cohesión territorial.
La amnistía implica reconocer que, tanto aquellos que ya han sido condenados como los que están pendientes de juicio, no deberían enfrentar la justicia por crímenes cuya validez se cuestiona. Este cuestionamiento surge porque se admite que el contexto político prevaleciente en el momento en que se perpetraron dichos delitos justifica su eliminación, como si nunca hubieran ocurrido; lo que atenta ferozmente también contra la igualdad de todos los españoles ante la ley.
El presidente del Gobierno en funciones es capaz de todo para gobernar y bien lo saben los independentistas. Aún por encima cuando los delincuentes no solo no han demostrado intención alguna de no repetir el acto que los llevó a la condena, sino que no hacen más que incidir en sus intenciones de repetir tan honrosa acción.
El presidente en funciones ha traicionado al PSOE y lo ha llevado a traicionarse a sí mismo junto a la Constitución. La etapa que surgió con la Constitución de 1978 tiene el potencial de perdurar, lo cual sería beneficioso. Sin embargo, ha experimentado una transformación profunda.
Ya no es la época de mayorías absolutas en la que los dos principales partidos podían aliarse eventualmente con partidos nacionalistas moderados, al igual que entre ellos mismos. La posibilidad de acuerdos transversales sostenidos en el tiempo parece haber llegado a su fin, cuando una de las últimas fue la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El sistema originalmente no estaba diseñado para operar con dos bloques permanentes que no pueden cooperar entre sí, pero ahora debe adaptarse a esta nueva dinámica que se ha convertido en su característica central.
Alberto Núñez Feijóo parece no haber reconocido esta transformación estructural. El candidato a la investidura actúa como si este cambio drástico sólo afectara a la izquierda, y como si pudiera continuar operando como en los tiempos anteriores. Por eso, ha tomado la sorprendente iniciativa de negociar con el PNV e incluso con Junts para obtener su apoyo en su investidura a finales de septiembre.
Es posible que esto sea simplemente un gesto de cortesía parlamentaria, en cuyo caso sería loable. Sin embargo, si alguien en el PP piensa que puede obtener el respaldo de aquellos que ya forman parte del otro bloque estructural, o que en el futuro tendrá alguna otra opción aparte de gobernar con el apoyo de Vox, demuestra que está atrapado en una mentalidad obsoleta y en grandes dificultades para sacar adelante un Gobierno.
Una parte sustancial de la opinión pública en España no tiene la conservación del régimen del 78 entre una de sus prioridades máximas. En más de 40 años de democracia, los dos grandes partidos no han hecho la pedagogía necesaria para saber valorar y ponderar la importancia del sistema constitucional
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Se han limitado a poner en valor el Estado del Bienestar como ámbito de actuación prioritario, preocupándose en los últimos años de asegurar un esquema de rentas que, aunque no sean suficientes para tener un nivel de vida elevado, sí permitan la supervivencia de amplias capas de la sociedad.
Mientras que esto funciona, la mayoría de la sociedad española tiene la percepción de que el Estado funciona, que el país sigue hacia adelante y que no hay nada que haga pensar que España se vaya a romper. Es más, ejercen un voto de castigo a aquél que actúa de “Casandra”, que advierte de los problemas futuros que se gestan en el presente, algunos ya entre nosotros, pero a los que no se les presta la atención necesaria ni se les da la importancia que realmente tienen.
En este sentido, los últimos 20 años de avances en el proceso de deterioro del régimen del 78 han generado conciencias críticas, movimientos opositores y voces combativas contra estas fuerzas centrífugas colocando en el centro de su discurso el riesgo real de ruptura de la sociedad, con manifestaciones extremas como el golpe del 1-O.
Sin embargo, una vez superadas estas situaciones de tensión, los ojos de una parte no menor de la ciudadanía concluyen que “España no se ha roto”. Sobre esa base reducen su percepción del riesgo a futuro, otorgando una mirada más indulgente al político que coloca en el centro de su discurso conceptos como el “olvido” o el “perdón”, y una mirada beligerante sobre los que mantienen la tesis del grave daño, tanto a corto como a largo plazo, sobre la supervivencia del régimen del 78. La beligerancia crece cuanto más “duro” se percibe el lenguaje utilizado.
Probablemente sea ya tarde para confiar en que una acción pedagógica potente haga despertar las conciencias de estos compatriotas. A menos que no se produzca un cambio importante en el statu quo social (problemas económicos importantes que no puedan ser cubiertos por más políticas de rentas debido al compromiso de cumplir con Bruselas en 2024), el grupo de “votantes flotantes” que o bien no retiraron su confianza al PSOE actual o no se la dieron al PP, no cambiarán de opinión plasmándola con su voto en las próximas generales.
Este votante pide “hechos”, “ver para creer”. Pero si estos “hechos” son suficientemente visibles, entonces es porque la ruptura es un hecho y, en el peor de los escenarios, será ya irreparable. Y cómo ha sucedido en reiteradas ocasiones en la Historia de España, lo que quedará es lamentarse amargamente por la “leche derramada”.
La discordia ha permeado incluso en las estructuras estatales. A partir de este jueves, se permitirá el uso de todas las lenguas cooficiales en los respectivos territorios de nuestro país para que los diputados puedan expresarse en la que elijan. Sin embargo, este paso omite el hecho de que el Congreso de los Diputados es la representación de la soberanía nacional que engloba a toda la Nación española con una lengua común.
Este recinto es donde se ratifican normativas que afectan a todos por igual y se transforma en el escenario de discusión en el cual las diversas agrupaciones políticas configuran sus propuestas y manifiestan su posición frente a las labores legislativas. En este contexto, se manifiesta la contienda entre las múltiples alternativas en temas de interés general, y no particular.
Por lo tanto, todos los ciudadanos ostentan el derecho de acceder a los diálogos parlamentarios sin impedimentos artificiales erigidos por un enfoque extremadamente singular y sin intermediarios como traductores que menoscaban la expresividad del orador en vivo. Si bien traducen, no logran capturar la plenitud de las conversaciones.
La inclusión de lenguas autóctonas en el Congreso plantea un límite a los derechos de todos aquellos que son los dueños de la democracia y la soberanía nacional, que son las personas mismas. Este límite restringe el acceso pleno a sus operaciones y equivale a cercenar dicha soberanía, que no pertenece a una región específica, sino a todas las personas y no solo a algunas, sino a todos los ciudadanos españoles por igual.
El salto a la palestra del ‘caso Pegasus’, el escándalo de presunto espionaje a más de 60 independentistas catalanes tras el referéndum independentista del 1-O ha revuelto las entrañas del Congreso de los Diputados
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Sin entrar mucho en la cuestión de fondo (ya que profundizaremos sobre este en el próximo número), la aparición de esta información ha provocado tanto ERC como EH Bildu hayan puesto en jaque al Ejecutivo y a sus medidas como ‘castigo’ ante el descubrimiento de este caso.
El Gobierno, sabiendo que los independentistas y los abertzales pueden frustrar la aprobación de medidas como el decreto anticrisis aprobado el jueves y, de aquí en adelante, la propia legislatura, está tratando de restaurar la relación con sus socios en vez de comenzar, como comentábamos en el pasado número, a tender puentes con el principal partido de la oposición. Pedro Sánchez tiene miedo a terminar antes la legislatura sin poder sacar adelante nuevas medidas con el núcleo de investidura, exponiendo la gobernabilidad de España a los caprichos populistas e iliberales de los movimientos centrífugos.
Para tratar de calmar los ánimos con el destape de ‘Pegasus’, el Gobierno vendió su investigación cambiando a última hora los términos para incluir a los soberanistas en la Comisión de secretos oficiales y poder desbloquear la votación del plan anticrisis. Con Bildu, de momento, parece haber funcionado pues aprobaron el paquete de medidas gracias a ellos, pero con ERC será más complicado.
Con este cambio normativo, reduciendo las mayorías para que pudiesen acceder a una comisión que lleva dos años parada, los investigados podrán tener acceso a las actividades e investigaciones del CNI, organismo que investigaba las actividades de los golpistas tras el referéndum, así como el uso de los fondos reservados por parte de los ministerios que tienen asignadas este tipo como Interior, Defensa, Exteriores y el propio CNI. Se espera que en las próximas semanas la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, habilite el calendario de reuniones y, una vez comenzado, los diputados recibirán explicaciones del Gobierno sobre, por ejemplo, el supuesto espionaje.
Este cambio de última hora carece totalmente de sentido, tanto en la teoría como en la práctica, ya que no es posible realizar las investigaciones pertinentes a un grupo de personas que se ha saltado la Constitución para tratar de romper España para su propio interés. De esta forma los independentistas se aseguran estar al tanto de todos los movimientos y prácticas de seguridad del Estado.
Sánchez ha vuelto a caer en la trampa del independentismo cuando estaba desarrollando una práctica justificada, y que ya había sido anunciada por Interior en 2019, después de que estos hubieran incumplido la Carta Magna. Este movimiento no solo debilita al Gobierno en el Congreso, sino que lo deja en evidencia ante las exigencias independentistas y debilita al Estado. Sánchez tenía alternativa con PP y Ciudadanos y les volvió a cerrar la puerta, en favor de aquellos que no buscan más que alimentar sus propios intereses.
Lo peor de todo, es que seguramente la entrada en la Comisión no sea suficiente como para calmar al independentismo victimista, al que tratarán de recuperar con la mesa de negociación con Cataluña. El Gobierno vuelve con las rebajas y facilitará a ERC muchas de sus exigencias para aprobar las medidas a costa de difuminar la identidad del socialismo.
Sánchez está comenzando a cavar su propia tumba y puede que la de su partido, que perpetua las acciones de su líder. Ha dejado muy claro que prefiere pactar con los enemigos de España antes que con un Feijóo dispuesto, a diferencia de Pablo Casado, a sentarse a negociar. O como bien dice el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, «introducir a los lobos en el mismo rebaño de las ovejas».
Nada dura para siempre y lo ocurrido estás últimas semanas en la madrileña Calle Génova es buena prueba de ello. El cambio de liderazgo en el principal partido de la oposición supone un movimiento relevante, además de una señal para el resto de actores a unos pocos meses de que se celebren las Elecciones andaluzas y a un año escaso de las Elecciones municipales y autonómicas.
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Fuera de cualquier especulación en torno a la nueva dirección, ya se sabe quién será la figura que se hará cargo del Partido Popular. Un hombre que ‘siempre ha estado ahí’ y del que siempre se ha esperado que diese el salto a la presidencia del partido a nivel nacional: Alberto Núñez Feijóo. El orensano será, casi con total seguridad, el candidato a la presidencia del Gobierno en el momento en que se convoquen Elecciones Generales, una posibilidad nunca descartable ante la inestabilidad del Gobierno de coalición.
Pero, ¿cómo hemos llegado hasta este punto de forma tan acelerada? Pablo Casado tomó el relevo de Mariano Rajoy en 2018 y con ese relevo también heredó los problemas que tenía el partido en su momento: el desgaste del electorado con los casos de corrupción que salieron a la luz, la aparición de Ciudadanos y la ultra derecha que condensaron parte de los electores perdidos, el manejo de la situación en el proceso separatista catalán, y la rocambolesca salida de la presidencia de Mariano Rajoy tras la moción de censura, entre otros.
El partido que heredó Casado le ha lastrado en su etapa al frente del PP. No solo no ha podido revertir la situación, sino que nacieron nuevos problemas durante estos cuatro años. No se supo crear una estrategia clara ante la extrema derecha, que cada día es más fuerte a costa de los partidos constitucionalistas. Tampoco hubo acierto al gestionar su propio partido, en el que, antes del estallido del conflicto con la presidenta madrileña, ya había muchos que dudaban de su capacidad de liderazgo tanto para conducir a los populares a recuperar la presidencia del Gobierno como para gestionar los problemas internos.
Los barones populares ya llevaban tiempo demandando a Casado que ejerciese la responsabilidad de su puesto por lo poco que aportaba el líder nacional a sus campañas, dejando caer que los éxitos electorales del PP eran una mezcla entre el demérito del rival y el buen hacer de sus candidatos a expensas de la inacción de la dirección nacional.
¿Qué le espera ahora al Partido Popular?
Con la confirmación el miércoles de la candidatura de Feijóo a presidir el partido, queda una idea muy clara que veremos si electoralmente es posible de realizar, ya que depende de la coincidencia entre varios factores. El “no” a la extrema derecha. El orensano comienza su etapa mostrando una estrategia alejada de Vox, uno de los errores que achacan desde el PP a la gestión de Pablo Casado, y acercándose al PSOE en la posibilidad de realizar pacto de Estado, lo que dotaría a España de gran fuerza a ojos de Europa.
Los populares viven ahora un momento de renovación y es ahora cuando se deben poner los cimientos de la nueva dirección y reforzarse tras la guerra interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. No será tarea fácil, pero Feijóo sabe crear confianza y sus resultados electorales lo demuestran.
De Feijóo se espera mucho en la política española, tanto por los que están dentro como por los que están fuera. Se espera un líder alejado de la ultraderecha (siempre se ha querido alejar y nunca ha pensado en un pacto) y con el que se puede hablar, algo necesario con la actual polarización. Un soplo de aire fresco que puede atraer al PSOE hacia la moderación, alejándose de Unidas Podemos y los socios de investidura para formar una España fuerte, y alejada de los populismos.
En los últimos siete años, la sociedad española se ha enfrentado a un periodo oscuro en la política española. Los extremismos políticos han calado dentro del imaginario colectivo y los grandes partidos constitucionalistas han ido perdiendo credibilidad por su falta de ética profesional, tan necesaria en el mundo de la política, abriendo la puerta de España al rupturismo e iliberalismo fervientes de los extremos, los cuales capitalizan la huída de votantes, otrora moderados, que buscan una acción más contundente (y, a la vez, más radical) ante los problemas que juzgan que no son capaces de resolver los partidos tradicionales.
FUENTE: EFE
El resultado de las elecciones del 13-F en Castilla y León devuelve a la realidad la necesidad de replantear las amistades en los pactos de gobierno. El PP ha sido el partido más votado y necesitaría de Vox o PSOE para gobernar, ya sea pactando con ellos el Ejecutivo regional o desbloqueando la gobernabilidad con una abstención. Desde el PP ya han dejado claro que no quieren pactar con la ultraderecha y que se reunirán con el resto de las agrupaciones para formar un Gobierno alejado de iliberalismos para los castellanoleoneses.
Sin embargo, este proceso se ha visto desplazado por la gran crisis abierta en el centro-derecha, la cual no sólo cuestiona la política de alianzas sino que incluso compromete la viabilidad del propio PP. Urge llegar a un entendimiento y depuración de responsabilidades para evitar una nueva fractura que añada más complejidad y dificultad a la ya de por sí difícil situación del tablero político nacional.
En este contexto, y con la nueva caída electoral de Unidas Podemos, hay que analizar el crecimiento de Vox con la mirada puesta hace siete años en los comicios de 2015 y 2016 cuando Podemos escaló hasta la tercera posición en las Cortes. Un análisis poco profundo de los datos constataría que la pérdida de votos del PP provoca este crecimiento de Vox. Sin embargo, esta tesis no recoge completamente la realidad. El aumento de Vox es, en gran parte, consecuencia evidente del Gobierno de coalición como reacción a lo que está sucediendo en los últimos dos años. Al mismo tiempo, es una imagen especular de las motivaciones de fondo que a una parte no menor del electorado de izquierda le llevó a confiar en Podemos.
En este sentido, sorprende la falta de simetría en el análisis de los extremos. Hay visiones que atribuyen peligros a Vox que no veían ni ven a Unidas Podemos, cuando ambos provocan un gran daño al país. Sus continuos ataques a nuestro sistema democrático y nuestra Constitución conducen a la sociedad al enfrentamiento, por lo que no será posible terminar con Vox sin eliminar los extremismos partícipes en el Gobierno, incluyendo a independentistas y a los herederos políticos de ETA. No podrá evitarse que Vox entre en las instituciones si no se permite ahora sacar fuera del Gobierno a Podemos, por lo que no se le puede exigir al PP que tome las decisiones que el PSOE no está tomando.
El papel de Unidas Podemos y de los socios secesionistas en las diferentes posiciones de poder, ha terminado por desgastarle en los diferentes comicios de estos últimos tiempos, así como en las encuestas. Mientras esto sucede, Vox crece en contraposición como única posibilidad de hacer frente a la izquierda radical, plantando cara argumentalmente al PP con un discurso populista, reconocible en otros movimientos que siguen esta tendencia de crecimiento por toda Europa.
Con esto, no debemos esperar a que Vox comience a gobernar para que la sociedad sea consciente de sus peligros. La política debe alejarse del iliberalismo y los partidos populistas, reduciéndolos a una oposición que se diluiría en discurso con un panorama de entendimiento entre los grandes partidos. España necesita concordia después de años de la extrema polarización y violencia política de los últimos tiempos. El progreso de nuestro país está sujeto a políticas moderadas en torno a la defensa de la Constitución del 78. Independientemente de quien fuese el partido más votado, tanto en estos comicios de Castilla y León como en cualquier otro proceso electoral, ambos partidos podrían ofrecer a España gobiernos sólidos y responsables en beneficio de la ciudadanía.
En estos momentos, podemos decir que en el panorama electoral español será necesario pactar para formar gobierno después de cada jornada electoral. Los tiempos del bipartidismo han quedado atrás, llevándose consigo las mayorías absolutas. La pelota se encuentra en el tejado de ‘populares’ y ‘socialistas’, que deben decidir si quieren seguir pactando con las peores opciones que se presentan sobre sus mesas, o dejar aparte el ego de las siglas y pelear una gran coalición. No hay fórmulas sencillas; todas las opciones previsibles se antojan ahora mismo inviables, escasas o muy costosas, incluida la de un acuerdo entre los dos grandes partidos. Pero, llegado el momento, habrá que elegir cuál es la menos mala de las soluciones. Y si de verdad el propósito es frenar a Vox y Unidas Podemos, tanto PP como PSOE tendrán que actuar en consecuencia.
Esta situación de inmovilismo negociador entre los dos grandes partidos no lleva a ningún lado y es necesaria la recuperación del centro político por los partidos mayoritarios, los cuales deberían defender ese centro y no como está sucediendo en estos momentos. Esta coalición posicionaría a España como una gran aliada, fuerte, ante la Unión Europea con un gran Gobierno como el que se plantea.
Cada 6 de diciembre, la práctica totalidad de los discursos políticos se repiten en los mismos términos: defender la Carta Magna y ponderar el tiempo de estabilidad política y social que ha traído el régimen del 78. También son una constante año tras año las peticiones tanto del mundo político como de otros ámbitos de la sociedad de reforma del marco constitucional, unos con el argumento de que es necesario «actualizar» artículos y disposiciones constitucionales, y otros que consideran que la reforma es el camino para un rediseño del Estado, empezando por la estructura territorial.
Fuente: Ricardo/Asociación de Periodistas Europeos
Tanto los primeros como los segundos cuentan cada año con más adhesiones, hasta el punto de que el término ‘reforma constitucional’ está presente en la mayoría de los discursos de los principales partidos, incluso con rasgos comunes ciertamente razonables. El problema no es conceptual, ni siquiera teórico. Es la falta de un consenso previo y de un clima de entendimiento básico para poder poner en marcha un proceso de reforma constitucional que se ejecute bajo los cauces que regula la propia Constitución de 1978, y que sólo puede acabar de una forma: un consenso de más del 90% del arco parlamentario y de los ciudadanos en referéndum.
Dicho de otra forma: el camino de la reforma sólo puede emprenderse si se sabe cómo se va a acabar. Mientras tanto, el trabajo que debemos desarrollar es el de ir construyendo las bases para el consenso, mejorar el clima político y hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para que la Carta Magna se cumpla «de pe a pa» como comentó el presidente del Gobierno.
Es evidente que bajo el actual marco constitucional hay un amplio margen de mejora tanto en el cumplimiento de algunos principios básicos como la igualdad ante la Ley, como en el ejercicio práctico de ciertos derechos fundamentales, los cuales realmente existen o no en función del territorio donde el ciudadano resida. Del reconocimiento de esta realidad (y del propósito de enmendar estos problemas) debe rebrotar el consenso constitucional del 78. Si no hacemos esto y emprendemos una huída hacia adelante, volverá a suceder lo que ocurrió a principios de los 2000 cuando no se construyó el clima previo ni el consenso suficiente para reformar los Estatutos de Autonomía.
En definitiva, para que este proceso pueda llevarse a cabo de manera sólida, somos los ciudadanos los que lo debemos impulsar, no los representantes políticos. Deben ser éstos los que pongan voz, diálogo y pedagogía a un consenso previo en la sociedad de qué queremos como país en los próximos años. No hay más que analizar, por ejemplo, las encuestas del CIS por su enorme riqueza de datos más allá de los cálculos de estimación de voto, para darnos cuenta de que hay ciertas tendencias y cuestiones que son compartidas por una gran mayoría de españoles. Ése es el terreno de juego de la reforma constitucional de medio plazo.
Y es que estamos pasando por momentos muy complicados, momentos en los que los españoles necesitan de la certidumbre de que las decisiones estructurales no van a depender de políticas extremistas, rupturistas e iliberales. Este 43º aniversario, especialmente por el contexto en el que nos encontramos, debe hacer que los partidos constitucionalistas recuperen el espíritu de unión con el que la Constitución fue concebida y que nuestro país tanto necesita.
Hasta que los principales partidos constitucionalistas no se sienten a intentar mejorar el país desde la defensa de la Constitución, ‘La España que Reúne’ no cesará en su discurso, sino que lo reforzará, hasta garantizar en nuestro país una correcta gobernabilidad en torno a ésta. No vale el discurso de defensa de la Constitución y luego no defenderla.
En el día de conmemoración, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet eligió unas buenas palabras para celebrar este aniversario; pidiendo a los partidos representados en las cortes la recuperación de la tan necesaria “lealtad constitucional” recordando que “podemos estar en desacuerdo con las obligaciones constitucionales y legales, y hasta intentar modificarlas, pero en tanto que vigentes no es cuestionable su cumplimiento”.
Batet se ha querido centrar en la responsabilidad de los políticos, especialmente ahora tras la pandemia y con el papel tan grande que han cobrado los populismos, presentando a la sociedad “soluciones simples a problemas complejos”. Por otro lado, el clima en el Congreso continúa empeorando mes a mes de manera progresiva entre los principales actores políticos del país. Batet ha alertado ya en varias ocasiones sobre la falta de “educación y respeto” como un gran escollo para la convivencia.
“El comportamiento y la actuación de los representantes políticos se ha convertido en un factor fundamental para el refuerzo de la democracia, de nuestro sistema constitucional; pero también, al contrario, para su cuestionamiento y el alejamiento de parte importante de los ciudadanos, para la traslación a la sociedad del enfrentamiento y la crispación. En definitiva, para la deslegitimación de la propia democracia”, ha señalado Batet.
Por otro lado, quedó clara la falta de respeto por parte de los partidos nacionalistas e independentistas al no acudir a la celebración del aniversario, así como de los representantes de las regiones gobernadas por estos. Era algo esperado, pero no por ello menos desagradable. Esta es la copla habitual del nacionalismo, que obvia que los ciudadanos de todo el territorio español son españoles y no serán abandonados a las imprudencias del nacionalismo porque el texto constitucional será el defensor principal de todos los españoles.
