Una parte sustancial de la opinión pública en España no tiene la conservación del régimen del 78 entre una de sus prioridades máximas. En más de 40 años de democracia, los dos grandes partidos no han hecho la pedagogía necesaria para saber valorar y ponderar la importancia del sistema constitucional
FUENTE: EFE
Se han limitado a poner en valor el Estado del Bienestar como ámbito de actuación prioritario, preocupándose en los últimos años de asegurar un esquema de rentas que, aunque no sean suficientes para tener un nivel de vida elevado, sí permitan la supervivencia de amplias capas de la sociedad.
Mientras que esto funciona, la mayoría de la sociedad española tiene la percepción de que el Estado funciona, que el país sigue hacia adelante y que no hay nada que haga pensar que España se vaya a romper. Es más, ejercen un voto de castigo a aquél que actúa de “Casandra”, que advierte de los problemas futuros que se gestan en el presente, algunos ya entre nosotros, pero a los que no se les presta la atención necesaria ni se les da la importancia que realmente tienen.
En este sentido, los últimos 20 años de avances en el proceso de deterioro del régimen del 78 han generado conciencias críticas, movimientos opositores y voces combativas contra estas fuerzas centrífugas colocando en el centro de su discurso el riesgo real de ruptura de la sociedad, con manifestaciones extremas como el golpe del 1-O.
Sin embargo, una vez superadas estas situaciones de tensión, los ojos de una parte no menor de la ciudadanía concluyen que “España no se ha roto”. Sobre esa base reducen su percepción del riesgo a futuro, otorgando una mirada más indulgente al político que coloca en el centro de su discurso conceptos como el “olvido” o el “perdón”, y una mirada beligerante sobre los que mantienen la tesis del grave daño, tanto a corto como a largo plazo, sobre la supervivencia del régimen del 78. La beligerancia crece cuanto más “duro” se percibe el lenguaje utilizado.
Probablemente sea ya tarde para confiar en que una acción pedagógica potente haga despertar las conciencias de estos compatriotas. A menos que no se produzca un cambio importante en el statu quo social (problemas económicos importantes que no puedan ser cubiertos por más políticas de rentas debido al compromiso de cumplir con Bruselas en 2024), el grupo de “votantes flotantes” que o bien no retiraron su confianza al PSOE actual o no se la dieron al PP, no cambiarán de opinión plasmándola con su voto en las próximas generales.
Este votante pide “hechos”, “ver para creer”. Pero si estos “hechos” son suficientemente visibles, entonces es porque la ruptura es un hecho y, en el peor de los escenarios, será ya irreparable. Y cómo ha sucedido en reiteradas ocasiones en la Historia de España, lo que quedará es lamentarse amargamente por la “leche derramada”.
La discordia ha permeado incluso en las estructuras estatales. A partir de este jueves, se permitirá el uso de todas las lenguas cooficiales en los respectivos territorios de nuestro país para que los diputados puedan expresarse en la que elijan. Sin embargo, este paso omite el hecho de que el Congreso de los Diputados es la representación de la soberanía nacional que engloba a toda la Nación española con una lengua común.
Este recinto es donde se ratifican normativas que afectan a todos por igual y se transforma en el escenario de discusión en el cual las diversas agrupaciones políticas configuran sus propuestas y manifiestan su posición frente a las labores legislativas. En este contexto, se manifiesta la contienda entre las múltiples alternativas en temas de interés general, y no particular.
Por lo tanto, todos los ciudadanos ostentan el derecho de acceder a los diálogos parlamentarios sin impedimentos artificiales erigidos por un enfoque extremadamente singular y sin intermediarios como traductores que menoscaban la expresividad del orador en vivo. Si bien traducen, no logran capturar la plenitud de las conversaciones.
La inclusión de lenguas autóctonas en el Congreso plantea un límite a los derechos de todos aquellos que son los dueños de la democracia y la soberanía nacional, que son las personas mismas. Este límite restringe el acceso pleno a sus operaciones y equivale a cercenar dicha soberanía, que no pertenece a una región específica, sino a todas las personas y no solo a algunas, sino a todos los ciudadanos españoles por igual.