Despertar tarde no basta: el PP ante su Congreso

El PP adelanta su Congreso nueve meses, pero sigue sin atreverse a decir lo que el país necesita oír. La contemplación, la prudencia infinita y el miedo a incomodar lo han dejado descolocado ante la gran crisis institucional que vive España. 

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El Partido Popular celebrará su Congreso Nacional en julio, nueve meses antes de lo previsto. Pero no hay que dejarse engañar: este adelanto no es reflejo de vigor político, sino síntoma de que por fin se ha encendido una alarma. La dirección de Alberto Núñez Feijóo ha pasado demasiados meses en una especie de letargo estratégico, fiando todo a que la erosión del Gobierno socialista hiciera el trabajo por ellos. Como si bastara con esperar. Como si oponerse fuera lo mismo que liderar. 

Y mientras tanto, España se caía. 

Se caía el Congreso como espacio de deliberación, reemplazado por decretos-ley y pactos en la sombra. Se caía la independencia judicial, triturada por la ocupación partidista de los órganos de control. Se caía la confianza en las instituciones, el prestigio exterior, la seguridad jurídica. Y el PP, mientras todo eso ocurría, miraba de reojo a Vox, con miedo de parecer blando, pero también con miedo de parecerse demasiado. Encajonado, tibio, contemplativo. Como si el país pudiera esperar. 

El Congreso del PP llega, sí. Pero no está claro que llegue con rumbo. Ni con nervio. Ni con discurso. Porque si se trata solo de revalidar un liderazgo sin levantar un proyecto político que le hable de verdad a la España que sufre, será otra oportunidad perdida. La sociedad no necesita a un PP que administre la espera. Necesita a un PP que sepa lo que quiere hacer con el país. Que diga sin miedo que España está atrapada en un frentismo suicida, que los extremos se retroalimentan y que la única salida es un reformismo serio, valiente, impopular si hace falta. 

Pero para eso hay que arriesgar. Hay que dejar de hablar con la calculadora en la boca y empezar a hablar con un poco de coraje. Hay que decir que el país no aguanta más propaganda, que el deterioro institucional es un hecho, que la justicia necesita descolonizarse, que las empresas públicas no pueden ser la agencia de colocación del partido de turno, que el Estado de Bienestar no sobrevivirá si no se gobierna con seriedad, aunque eso implique sacrificios. 

Y hay que decir, también, que la moderación no puede ser una excusa para no hacer nada. Moderación no es resignación. No es cobardía. Es firmeza democrática. Es asumir que hay que pactar, sí, pero desde una posición clara. Que hay que convencer, no complacer. Que gobernar no es templar gaitas, sino tener un proyecto nacional que vuelva a unir a los españoles en torno a algo que no sea el odio al adversario. 

El PP ha estado demasiado tiempo en pausa. En lenguaje bajo. En una especie de prudencia eterna que lo ha convertido en el partido que no molesta. Pero a estas alturas, no molestar es no existir. Si el Congreso de julio no sirve para sacudir al partido y marcar un rumbo inequívoco —reformista, valiente, institucional y ambicioso—, entonces no habrá servido para nada. Peor aún: habrá sido la confirmación de que el PP no está preparado para el momento político más grave desde la Transición. 

Feijóo aún está a tiempo de reaccionar. Pero tiene que hablar claro. No a los suyos. A los que no le votan, a los que dudan, a los que están hartos de todos. Tiene que decirles que hay una alternativa que no es ruido ni resignación. Que hay un plan para que España funcione. Si no lo hace, si sigue en esta deriva de cálculo y de reflejo, la historia no se lo va a perdonar. Porque cuando todo se derrumba, quien no da un paso adelante desaparece con los escombros. 

El fiscal y sus ‘líos’

Resulta complicado asociar el título de Fiscal General del Estado con Álvaro García Ortiz. El Gobierno lo emplea como un mensajero de la fiscalía, preguntándose a quién responde realmente.  

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Dado los tres contundentes reveses judiciales recibidos por el Fiscal General del Estado por parte del Tribunal Supremo, que incluyen la acusación de «desvío de poder»; su controvertida decisión de impedir al Consejo Fiscal emitir el dictamen solicitado por el Senado respecto a la Proposición de Ley de Amnistía; su elección de pasar por alto el consejo mayoritario de la Junta de Fiscales que recomendaba abrir una nueva causa contra el líder independentista Carles Puigdemont por terrorismo relacionado con el Tsunamic Democratic; y, más recientemente, la filtración atribuida a la fiscalía en el caso del novio de Ayuso, resulta evidente el reiterado y grave incumplimiento de García Ortiz de sus obligaciones como Fiscal General del Estado. 

Los jueces y fiscales son los únicos ciudadanos españoles atrapados por ideologías obsoletas. García Ortiz incluso opina que la ley siempre se inclina hacia la izquierda, y no le molesta ser el alto funcionario de Pedro Sánchez más acosado por los extremistas, aunque a veces reciba críticas. 

El fiscal general del Estado, designado por el Gobierno, muestra su disgusto cuando los jueces cuestionan sus decisiones (usualmente tomadas en nombre del Gobierno de Sánchez) y ahora se dedica a impugnar a magistrados del Tribunal Supremo. 

El caso de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática se suma a la lista anterior, designado por él y cuyo nombramiento ha sido anulado por el Tribunal Supremo. Delgado es pareja de Garzón. Para aquellos que no lo recuerden, García Ortiz fue magistrado de la Audiencia Nacional y en 2012 el Tribunal Supremo emitió una sentencia condenándolo a 11 años de inhabilitación por prevaricación dolosa, relacionada con el hecho de ordenar la grabación de conversaciones en la cárcel. 

Además, popularizó la figura de los jueces mediáticos, utilizando helicópteros para desplazarse y creando un espectáculo casi cinematográfico, además de participar en grandes expediciones de caza de ciervos con el entonces ministro de Justicia. El sur del país parecía estar ocupado por un ejército de policías. 

El sistema judicial español está seriamente afectado, y no solo por los retrasos. Es inadmisible que existan asociaciones de jueces y fiscales que se autodefinan como conservadoras o progresistas. La afiliación a una u otra ideología debería ser un asunto privado de cada individuo, y no debería ser impulsada por necesidades de asociaciones profesionales. Esta afiliación, tanto a un lado como al otro, genera desconfianza en la ciudadanía, que debería ser el verdadero destinatario de decisiones judiciales imparciales, y no de las ideas políticas de aquellos que acusan y juzgan. 

Los nombramientos de personas cercanas ideológicamente y simpatizantes políticos para cargos en el sistema judicial, hechos por los partidos en el poder, son inaceptables. Ni siquiera se ajustan al Derecho, como ha señalado en varias ocasiones el Tribunal Supremo respecto a los nombramientos designados por Sánchez. 

Toda esta red de personas dejará sus cargos cuando Sánchez deje el poder. Por eso se aferran a él. Lo que realmente se necesita es una purga en las instituciones, una medida que los socialistas sensatos han pedido a gritos. Politizar los nombramientos es una aberración que representa una tremenda amenaza para la seguridad democrática. 

Con las elecciones de fondo 

A Sánchez no le importa Galicia, solo quiere que no gane el PP y que ese resultado pueda abocar a Feijóo a forzar su salida de la dirección nacional de su partido.

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El presidente del Gobierno es sabedor de la tranquilidad que puede ocasionar a su difícil juego de equilibrios para la gobernabilidad una reestructuración de la cúpula de sus rivales, y probablemente tendrá incluso preparados los discursos por si eso llega a pasar.  

Pero primero están los comicios y el PP parece jugarse la mayoría absoluta que mantenía en los últimos años y más después de la revelación de Feijóo en la que reconoció tres cosas: primero, que Junts le ofreció votar a favor de su investidura si aceptaba la amnistía, y aunque el PP estudió la oferta, la rechazó en 24 horas por considerarla «inconstitucional»; segundo, expresó que será complicado demostrar judicialmente la acusación de terrorismo contra Puigdemont; y tercero, y más importante, afirmó que si llega al gobierno, indultaría al líder independentista siempre y cuando éste se someta a la Justicia y a la Constitución. 

«El PP nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara arrepentimiento por sus actos ni mostrara propósito de enmienda» rezaba la nota aclaratoria del domingo 11 de febrero. El incendio ya era imposible de sofocar. 

Aunque Galicia no es un territorio de suma importancia histórica en cuanto a los resultados electorales se reflejan en los partidos nacionales, la situación actual es distinta a otras.  

Esa tranquilidad de la que hablábamos al principio si la situación se desboca por completo y provoca una salida de urgencia de Feijóo, puede ser lo más peligroso para los españoles. La situación de un Gobierno sin oposición beneficia políticamente a Sánchez en cuanto a que aumenten las propuestas legislativas descabelladas que poner encima de la mesa, provocando una situación de descontrol. 

Mientras, en el PP suenan las alarmas por una situación que se hubiese celebrado como un mundial deportivo en la actual dirección de Ferraz. ¿De qué no son capaces después de se haya firmado una amnistía rindiendo pleitesía a un delincuente fugado con el solo fin de colmar las aspiraciones personales de un derrotado en las urnas? 

Por si alguien no recuerda, durante los últimos cinco años, Sánchez ha ejercido un impacto destructivo en España, en parte debido a nuestra pasividad. Permitimos que llevara a cabo una moción de censura respaldada por individuos cuestionables. Le permitimos conceder indultos a Junqueras, rehabilitar a Otegi y elevar a la prominencia a Pablo Iglesias, promoviendo un programa que muchos consideran comunista, restrictivo de libertades y simpatizante del terrorismo. 

Permitimos que criminalizara a la oposición, estableciera cordones sanitarios contra partidos constitucionales y colocara a sus aliados en todas las instituciones estatales. Lo dejamos imponer confinamientos y cierres de negocios para encubrir la propagación de un virus, contribuyendo a su difusión inicial al negarse a suspender las actividades del 8M.  

Permitimos que humillara a las víctimas de ETA al liberar a sus perpetradores, malgastara dinero público en fines clientelistas y descuidara la economía productiva en favor de un sistema que premia la inactividad y la dependencia del Estado a cambio de votos continuos. 

También permitimos que reviviera el espectro de Franco para deslegitimar a una parte significativa de la población, tachando de fascista a cualquiera que criticara su errática gestión, su política empobrecedora y su inclinación por el engaño y la corrupción. Todo esto, con el objetivo totalitario de perpetuar su mandato, blanquear a sus aliados corruptos y obstaculizar cualquier alternancia en el poder. 

Tiempos de cambio

Nada dura para siempre y lo ocurrido estás últimas semanas en la madrileña Calle Génova es buena prueba de ello. El cambio de liderazgo en el principal partido de la oposición supone un movimiento relevante, además de una señal para el resto de actores a unos pocos meses de que se celebren las Elecciones andaluzas y a un año escaso de las Elecciones municipales y autonómicas.

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Fuera de cualquier especulación en torno a la nueva dirección, ya se sabe quién será la figura que se hará cargo del Partido Popular. Un hombre que ‘siempre ha estado ahí’ y del que siempre se ha esperado que diese el salto a la presidencia del partido a nivel nacional: Alberto Núñez Feijóo. El orensano será, casi con total seguridad, el candidato a la presidencia del Gobierno en el momento en que se convoquen Elecciones Generales, una posibilidad nunca descartable ante la inestabilidad del Gobierno de coalición.

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta este punto de forma tan acelerada? Pablo Casado tomó el relevo de Mariano Rajoy en 2018 y con ese relevo también heredó los problemas que tenía el partido en su momento: el desgaste del electorado con los casos de corrupción que salieron a la luz, la aparición de Ciudadanos y la ultra derecha que condensaron parte de los electores perdidos, el manejo de la situación en el proceso separatista catalán, y la rocambolesca salida de la presidencia de Mariano Rajoy tras la moción de censura, entre otros.

El partido que heredó Casado le ha lastrado en su etapa al frente del PP. No solo no ha podido revertir la situación, sino que nacieron nuevos problemas durante estos cuatro años. No se supo crear una estrategia clara ante la extrema derecha, que cada día es más fuerte a costa de los partidos constitucionalistas. Tampoco hubo acierto al gestionar su propio partido, en el que, antes del estallido del conflicto con la presidenta madrileña, ya había muchos que dudaban de su capacidad de liderazgo tanto para conducir a los populares a recuperar la presidencia del Gobierno como para gestionar los problemas internos.

Los barones populares ya llevaban tiempo demandando a Casado que ejerciese la responsabilidad de su puesto por lo poco que aportaba el líder nacional a sus campañas, dejando caer que los éxitos electorales del PP eran una mezcla entre el demérito del rival y el buen hacer de sus candidatos a expensas de la inacción de la dirección nacional.

¿Qué le espera ahora al Partido Popular?

Con la confirmación el miércoles de la candidatura de Feijóo a presidir el partido, queda una idea muy clara que veremos si electoralmente es posible de realizar, ya que depende de la coincidencia entre varios factores. El “no” a la extrema derecha. El orensano comienza su etapa mostrando una estrategia alejada de Vox, uno de los errores que achacan desde el PP a la gestión de Pablo Casado, y acercándose al PSOE en la posibilidad de realizar pacto de Estado, lo que dotaría a España de gran fuerza a ojos de Europa.

Los populares viven ahora un momento de renovación y es ahora cuando se deben poner los cimientos de la nueva dirección y reforzarse tras la guerra interna entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. No será tarea fácil, pero Feijóo sabe crear confianza y sus resultados electorales lo demuestran.

De Feijóo se espera mucho en la política española, tanto por los que están dentro como por los que están fuera. Se espera un líder alejado de la ultraderecha (siempre se ha querido alejar y nunca ha pensado en un pacto) y con el que se puede hablar, algo necesario con la actual polarización. Un soplo de aire fresco que puede atraer al PSOE hacia la moderación, alejándose de Unidas Podemos y los socios de investidura para formar una España fuerte, y alejada de los populismos.