Resulta complicado asociar el título de Fiscal General del Estado con Álvaro García Ortiz. El Gobierno lo emplea como un mensajero de la fiscalía, preguntándose a quién responde realmente.
FUENTE: EFE
Dado los tres contundentes reveses judiciales recibidos por el Fiscal General del Estado por parte del Tribunal Supremo, que incluyen la acusación de «desvío de poder»; su controvertida decisión de impedir al Consejo Fiscal emitir el dictamen solicitado por el Senado respecto a la Proposición de Ley de Amnistía; su elección de pasar por alto el consejo mayoritario de la Junta de Fiscales que recomendaba abrir una nueva causa contra el líder independentista Carles Puigdemont por terrorismo relacionado con el Tsunamic Democratic; y, más recientemente, la filtración atribuida a la fiscalía en el caso del novio de Ayuso, resulta evidente el reiterado y grave incumplimiento de García Ortiz de sus obligaciones como Fiscal General del Estado.
Los jueces y fiscales son los únicos ciudadanos españoles atrapados por ideologías obsoletas. García Ortiz incluso opina que la ley siempre se inclina hacia la izquierda, y no le molesta ser el alto funcionario de Pedro Sánchez más acosado por los extremistas, aunque a veces reciba críticas.
El fiscal general del Estado, designado por el Gobierno, muestra su disgusto cuando los jueces cuestionan sus decisiones (usualmente tomadas en nombre del Gobierno de Sánchez) y ahora se dedica a impugnar a magistrados del Tribunal Supremo.
El caso de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática se suma a la lista anterior, designado por él y cuyo nombramiento ha sido anulado por el Tribunal Supremo. Delgado es pareja de Garzón. Para aquellos que no lo recuerden, García Ortiz fue magistrado de la Audiencia Nacional y en 2012 el Tribunal Supremo emitió una sentencia condenándolo a 11 años de inhabilitación por prevaricación dolosa, relacionada con el hecho de ordenar la grabación de conversaciones en la cárcel.
Además, popularizó la figura de los jueces mediáticos, utilizando helicópteros para desplazarse y creando un espectáculo casi cinematográfico, además de participar en grandes expediciones de caza de ciervos con el entonces ministro de Justicia. El sur del país parecía estar ocupado por un ejército de policías.
El sistema judicial español está seriamente afectado, y no solo por los retrasos. Es inadmisible que existan asociaciones de jueces y fiscales que se autodefinan como conservadoras o progresistas. La afiliación a una u otra ideología debería ser un asunto privado de cada individuo, y no debería ser impulsada por necesidades de asociaciones profesionales. Esta afiliación, tanto a un lado como al otro, genera desconfianza en la ciudadanía, que debería ser el verdadero destinatario de decisiones judiciales imparciales, y no de las ideas políticas de aquellos que acusan y juzgan.
Los nombramientos de personas cercanas ideológicamente y simpatizantes políticos para cargos en el sistema judicial, hechos por los partidos en el poder, son inaceptables. Ni siquiera se ajustan al Derecho, como ha señalado en varias ocasiones el Tribunal Supremo respecto a los nombramientos designados por Sánchez.
Toda esta red de personas dejará sus cargos cuando Sánchez deje el poder. Por eso se aferran a él. Lo que realmente se necesita es una purga en las instituciones, una medida que los socialistas sensatos han pedido a gritos. Politizar los nombramientos es una aberración que representa una tremenda amenaza para la seguridad democrática.