La corona, reserva del Estado

Durante estas semanas todo el mundo tendrá derecho a explicar qué España quiere después del 29 de noviembre. La función de la Corona es distinta: representar la España que no desaparece el 29 de noviembre. Ahí, precisamente cuando el país entra en campaña, se entiende mejor para qué sirve una Jefatura del Estado situada fuera de ella.

Desde el 6 de octubre España vive una situación institucional singular. El decreto de convocatoria electoral disolvió Congreso y Senado, fijó las elecciones para el 29 de noviembre y retrasó hasta el 23 de diciembre la constitución de las nuevas Cámaras. Durante casi tres meses habrá, por tanto, un largo tránsito entre dos Parlamentos en el que primero competirán los partidos, después hablarán las urnas y finalmente comenzará la complicada construcción de una nueva mayoría. En todo ese tiempo cambiará el centro de gravedad de la política, pero no puede cambiar el del Estado.

Ésa es la idea que convierte a la Corona en algo más que una institución protocolaria. La Constitución no define al Rey sólo como jefe del Estado, sino como «símbolo de su unidad y permanencia». La expresión adquiere toda su dimensión durante un periodo electoral. Los candidatos representan proyectos distintos, los partidos exageran sus diferencias porque necesitan movilizar y el Gobierno compite inevitablemente por defender su continuidad. El Rey, en cambio, no tiene adversario electoral, programa propio ni mayoría que conservar. Su legitimidad constitucional descansa justamente en otra lógica: mientras todos explican qué debe cambiar, alguien representa aquello que debe continuar.

Por eso sería un error reducir esta reflexión al reciente viaje a Ceuta y Melilla, por importante que haya sido. Lo ocurrido desde la disolución de las Cortes ofrece una fotografía mucho más amplia. Felipe VI ha presidido la Fiesta Nacional, ha estado en las dos ciudades españolas del norte de África, ha pasado por Poblet y Barcelona y este mismo 19 de octubre ha mantenido audiencias con mandos de las Fuerzas Armadas. La agenda oficial de la Casa del Rey durante estos primeros días del periodo electoral no muestra una Corona retirada hasta que terminen las elecciones, sino exactamente lo contrario: una institución que continúa cumpliendo su función mientras el resto del sistema entra en competición.

La diferencia importa. Durante las próximas semanas veremos ministros convertidos en candidatos, presidentes autonómicos haciendo campaña, líderes territoriales negociando alianzas y partidos discutiendo incluso qué significa España. La Corona no tiene que responder a ninguna de esas discusiones. Tiene que poder estar en Ceuta y en Cataluña, junto a las Fuerzas Armadas y en un premio literario, ante empresarios o ante representantes extranjeros, sin que cada presencia pueda interpretarse como la adhesión a un bloque. Una Jefatura del Estado que entrara en la batalla política perdería precisamente aquello que la hace útil cuando la batalla política ocupa todo lo demás.

Cuando todo se vuelve partidista

Hay además una dimensión particularmente importante en la España actual. La polarización ya no se limita a las políticas públicas. Con demasiada frecuencia invade también los símbolos, las instituciones y hasta la definición del país. Una mitad sospecha de aquello que identifica con la otra: la bandera, la Justicia, Cataluña, la política exterior, la memoria histórica o la propia idea de nación terminan distribuidas entre bloques. En ese contexto, la existencia de una institución obligada constitucionalmente a no pertenecer a ninguno adquiere una importancia mayor, no menor.

Las visitas a Ceuta y Melilla lo demostraron porque allí la presencia institucional tiene un significado que trasciende cualquier legislatura. En Ceuta, Felipe VI vinculó expresamente a la Corona con la garantía de los poderes del Estado y reafirmó la pertenencia española y europea de ambas ciudades; en Melilla resumió esa función hablando de «lo importante que es para la Corona estar». No decidir la política hacia Marruecos, que corresponde al Gobierno; no suplir a las administraciones; simplemente estar allí en nombre del Estado cuando esa presencia posee un valor propio.

Dos días después estaba en Cataluña. No existe contradicción. Precisamente ése es el punto. Una institución nacional debe poder afirmar sin titubeos la soberanía en Ceuta y, al mismo tiempo, reconocer y acompañar la singularidad histórica de Cataluña. La Corona puede hacerlo porque no necesita convertir ninguna de las dos cosas en un programa electoral. En la reunión del Patronato de Poblet coincidieron alrededor del mismo patrimonio histórico Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares: territorios con identidades políticas distintas unidos por una historia que ningún partido posee en exclusiva.

Ésa puede ser una de las grandes funciones de la Corona durante toda esta campaña: mantener abierta una idea de España que no necesite derrotar a otra España para existir. No porque el Rey deba pronunciarse sobre las polémicas que aparecerán —debe hacer justamente lo contrario—, sino porque su normalidad institucional ofrece un contraste con una política obligada durante semanas a subrayar diferencias.

Antes y después de las urnas

La utilidad de esa continuidad se apreciará todavía mejor cuando termine la campaña. El 29 de noviembre la política no concluirá; simplemente cambiará de fase. El Gobierno cesará tras las elecciones y continuará en funciones hasta la toma de posesión de su sucesor. Las nuevas Cámaras no se constituirán hasta el 23 de diciembre y, después, comenzará la negociación de la investidura. Si el resultado es fragmentado, ese periodo puede prolongarse.

Es entonces cuando la función constitucional del Rey deja de ser principalmente representativa y entra en el mecanismo mismo de formación del Gobierno. El artículo 99 de la Constitución establece que, una vez renovado el Congreso, deberá consultar a los representantes de los grupos parlamentarios y proponer un candidato a la Presidencia. España ya comprobó en 2015 y 2016 cuánto puede durar ese tránsito: tras la negativa inicial de Mariano Rajoy a acudir a la investidura, Felipe VI abrió nuevas consultas y posteriormente propuso a Pedro Sánchez, en un proceso estrictamente encauzado por las reglas constitucionales. La documentación oficial de aquellas consultas recuerda que la Corona no resolvió el bloqueo político; mantuvo funcionando el procedimiento mientras los partidos debían resolverlo.

Ésa es una distinción esencial. Hablar de la Corona como reserva del Estado no significa imaginar poderes excepcionales ni una instancia llamada a corregir a los políticos. Significa casi lo contrario. Su valor reside en garantizar continuidad sin apropiarse de la decisión democrática. Convoca porque corresponde constitucionalmente; consulta porque debe hacerlo; propone un candidato que después necesita la confianza del Congreso; sanciona las leyes aprobadas por las Cortes y sus actos están sometidos al sistema de refrendo. La reserva no consiste en disponer de más poder, sino en permanecer precisamente porque no se disputa ese poder.

De aquí al 29 de noviembre veremos inevitablemente a España explicada de maneras incompatibles. Será lógico: para eso sirven unas elecciones. Pero la democracia necesita también instituciones cuya existencia no dependa de cuál de esas explicaciones obtenga más votos. Durante la campaña, mientras unos prometen cambiar el país y otros defender lo realizado, la Corona seguirá representando fronteras, historia, Fuerzas Armadas, relaciones exteriores, cultura y continuidad constitucional sin pedir adhesión partidista a cambio.

Y después de las elecciones volverá a estar ahí, esta vez entre un Gobierno que cesa y otro que todavía no existe, entre unas Cortes desaparecidas y otras recién nacidas. Eso es la reserva del Estado: no un poder que espera su momento, sino una institución que evita que España tenga que empezar de nuevo cada vez que empieza una legislatura.

El populismo se importa por piezas

Ningún país empieza donde Venezuela o Nicaragua terminaron. Empieza mucho antes: cuando el adversario deja de ser una alternativa legítima, los jueces incómodos se convierten en activistas, o el líder transforma sus problemas personales en una causa colectiva. América Latina conoce bien esa gramática. Lo inquietante es que una parte creciente de ella ya se habla en España.
FUENTE: EFE

Durante años, la influencia latinoamericana sobre la izquierda española pudo considerarse una peculiaridad intelectual de los fundadores de Podemos. Ya no. Un estudio publicado este mismo año sobre la evolución de ese espacio político constata expresamente la persistencia de su «mirada latinoamericana» y estudia el Frente Amplio uruguayo como horizonte organizativo para España. Lo relevante ahora es que algunos de aquellos recursos han dejado de pertenecer exclusivamente a Podemos y aparecen, con intensidades diferentes, en la reorganización del conjunto de la izquierda y en el propio discurso de Pedro Sánchez.

El Frente Amplio no es sólo un nombre. Izquierda Unida acaba de definirlo como un proyecto que debe trascender los partidos y conectar con la «sociedad organizada y movilizada». Más revelador todavía es que su comunicado coloque las protestas por la vivienda, los sindicatos de inquilinos, las movilizaciones callejeras, la huelga general y las elecciones del 29-N dentro de «una misma secuencia política y social». La política parlamentaria, el movimiento social y la movilización de la calle dejan así de aparecer como esferas diferenciadas para formar parte de un mismo sujeto político. Ésa es una concepción mucho más importante que cualquier sigla.

La misma lógica aparece, con otra forma, en Senado de Progreso, la candidatura conjunta con la que PSOE y buena parte de las fuerzas situadas a su izquierda concurrirán a la Cámara Alta. Una coalición electoral es completamente legítima; la cuestión interesante es el lenguaje con el que se construye. Antes incluso de constituirse, la iniciativa había sido impulsada bajo la denominación «Senadoras y Senadores por la Democracia». Finalmente, la candidatura común se llama «de Progreso». La disputa política empieza así a adquirir una dimensión moral: una parte se identifica semánticamente con la democracia y el progreso y sitúa inevitablemente a quien queda enfrente en el espacio contrario.

Eso tampoco aparece aislado. Al anunciar las elecciones, Sánchez afirmó que durante la legislatura había tenido que combatir contra «élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones pero que quieren seguir controlando nuestro país», calificó a la actual oposición como «la peor» de nuestra democracia y reclamó una mayoría progresista más amplia con la que «doblegar a las élites«. No estamos ante una expresión cualquiera. Es el núcleo de la lógica populista estudiada durante décadas: frente al pueblo que expresa su voluntad mediante las urnas aparecen poderes no elegidos que obstaculizan esa voluntad y cuya legitimidad resulta, por ello, sospechosa.

El problema es que la democracia constitucional está deliberadamente llena de poderes que no se presentan a las elecciones. No se presentan los jueces, los fiscales, los reguladores, los funcionarios, los periodistas ni los tribunales europeos. Su legitimidad no procede de obtener votos porque su función consiste precisamente en no depender de ellos. El gobernante elegido dispone de una legitimidad formidable para gobernar, pero no de una legitimidad superior a la Constitución para decidir qué límites merecen obediencia.

El enemigo deja de equivocarse y empieza a conspirar

Es aquí donde la experiencia española empieza a resultar más preocupante. Sánchez ha utilizado el concepto de lawfare para hablar de judicialización de la política y ha sostenido ante una comisión del Senado que existe una «minoría minoritaria» de jueces que «hace política de causas judiciales». En la misma intervención habló de «pseudomedios» integrados en una «máquina del fango». No hace falta negar que puedan existir malas actuaciones judiciales, información falsa o campañas políticas a través de los tribunales para advertir el cambio de categoría: el control deja de discutirse únicamente por sus decisiones y comienza a ser presentado como parte de una estructura política hostil.

La escena del reciente mitin de Fuenlabrada añade otra pieza. Sánchez subió al escenario con Begoña Gómez, la abrazó y besó ante las cámaras y enmarcó las causas judiciales que afectan a su mujer dentro de un relato familiar de resistencia: habían intentado «quebrarlos» y estaban más unidos que nunca. El problema político no es un beso. Es convertir una situación sometida a los tribunales en una experiencia emocional compartida entre el dirigente, su familia y sus seguidores, desplazando la discusión desde lo que debe resolver un juez hacia quién está con el líder cuando éste se siente atacado.

Ahí el populismo demuestra su enorme eficacia. No necesita abolir una institución para debilitarla; primero necesita modificar la relación emocional de sus seguidores con ella. Si una resolución favorable acredita que funciona el Estado de Derecho y una resolución adversa confirma el lawfare, la institución conserva formalmente todas sus competencias, pero ha perdido algo más difícil de recuperar: la aceptación previa de su autoridad cuando decide contra los nuestros.

América Latina no es una exageración: es un precedente

Ésa es la parte de la experiencia latinoamericana que España debería estudiar sin condescendencia. Chávez llegó al poder mediante elecciones y conservó durante años un importante apoyo popular. Cuando el Tribunal Supremo empezó a convertirse en un problema, su mayoría parlamentaria aprobó en 2004 una reforma que amplió de veinte a treinta y dos sus magistrados y permitió colocar doce nuevos jueces. Human Rights Watch documentó entonces cómo aquella reforma alteró políticamente la composición del máximo tribunal venezolano. El argumento previo había sido siempre más atractivo que el resultado posterior: había unas élites y unas instituciones heredadas que impedían ejecutar plenamente el proyecto respaldado por el pueblo.

Nicaragua llevó esa lógica mucho más lejos. Ortega regresó al poder por las urnas; después fueron desapareciendo los límites. La Justicia permitió primero sortear las restricciones a su reelección, una reforma de 2014 eliminó los límites presidenciales y la reforma constitucional culminada en 2025 otorgó a la Presidencia incluso capacidad para «coordinar» los poderes legislativo y judicial. No ocurrió una mañana. Fue una acumulación de decisiones en las que cada contrapeso pudo presentarse como un obstáculo a la voluntad política de quienes ya controlaban la mayoría.

Esperar a que España alcance un desenlace semejante para considerar preocupante el método sería absurdo. La utilidad de un precedente consiste precisamente en reconocer la secuencia antes de llegar al final. España conserva una democracia competitiva, tribunales independientes, prensa plural, pertenencia a la Unión Europea y alternancia efectiva. Precisamente por eso éste es el momento de defender esas fortalezas, no de utilizarlas como tranquilizante mientras se normaliza un lenguaje que divide sistemáticamente entre la legitimidad del pueblo y la sospecha hacia quienes limitan a quienes hablan en su nombre.

Frente Amplio. Senado de Progreso. Sociedad movilizada y elecciones formando una misma secuencia. Élites que deben ser doblegadas. Lawfare. Pseudomedios. Jueces que hacen política. El dirigente y su familia convertidos en símbolo emocional de una persecución. Ninguna de esas piezas aislada demuestra una deriva autoritaria y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Pero juntas sí describen una determinada forma de concebir la política: construir un bloque social y moral, identificarlo con la mayoría legítima y explicar las resistencias que encuentra como la reacción de poderes que carecen de esa legitimidad.

La advertencia latinoamericana no consiste en decir que España sea hoy Venezuela o Nicaragua. Consiste en comprender algo mucho más incómodo: Venezuela y Nicaragua tampoco comenzaron siendo la Venezuela y la Nicaragua que hoy conocemos. Antes de controlar tribunales hubo tribunales desacreditados; antes de arrinconar al adversario hubo adversarios presentados como enemigos del pueblo; antes de confundir partido, movimiento y Estado hubo una mayoría convencida de que su superioridad moral justificaba saltarse algunas resistencias.

El populismo no se importa en un contenedor y llega de una sola vez. Se importa por piezas. Y algunas ya están aquí.

España no tiene el tamaño para desperdiciar estabilidad

Francia llega a 2027 atrapada entre una Asamblea fragmentada, una deuda próxima al 120% del PIB y una extrema derecha cada vez más fuerte. Alemania intenta salir de años de estancamiento mientras AfD crece y Berlín acomete una transformación industrial y militar gigantesca. Europa entra en una etapa especialmente frágil.
FUENTE: EFE

Europa se ha acostumbrado a funcionar con una premisa que hoy empieza a fallar: cuando aparecen los problemas, Francia y Alemania terminan poniendo orden. Una aporta el músculo político, militar y diplomático; la otra, el económico e industrial. Durante décadas, cuando Berlín y París lograban ponerse de acuerdo, buena parte de la Unión encontraba detrás una dirección. El problema es que los dos países están entrando simultáneamente en periodos de enorme dificultad interna.

Francia es el caso más evidente. Desde las elecciones anticipadas de 2024 vive con una Asamblea Nacional fragmentada y sin una mayoría estable. Dos primeros ministros han caído por disputas presupuestarias y el Gobierno de Sébastien Lecornu afronta ahora un nuevo presupuesto con 43.000 millones de euros en ajustes, una deuda que el propio Ejecutivo sitúa en el 119,3% del PIB y unos intereses que pasarán de 79.200 millones en 2026 a 91.200 millones en 2027. El proyecto presupuestario presentado por el Elíseo reconoce que Francia apenas crecerá un 0,5% este año y que su déficit seguirá por encima del 5%. Al mismo tiempo, las presidenciales de abril de 2027 ya condicionan cada decisión y la presión de Rassemblement National y de la izquierda radical reduce todavía más el espacio para cualquier ajuste. elysee.fr

Alemania atraviesa una crisis diferente. Después de años de estancamiento y de comprobar que buena parte de su modelo industrial dependía de energía rusa barata, exportaciones a China y seguridad norteamericana, Berlín está intentando reconstruir simultáneamente infraestructura, defensa y competitividad. Para hacerlo ha tenido que modificar incluso uno de sus grandes dogmas económicos: la disciplina constitucional de la deuda. El país ha creado un fondo extraordinario de 500.000 millones de euros para infraestructuras y ha sacado de los límites ordinarios de la deuda una parte importante del gasto en defensa. Sólo en 2026 prevé invertir más de 120.000 millones de euros desde el presupuesto federal y los fondos extraordinarios.

La economía alemana empieza a reaccionar y el crecimiento esperado para 2026 ha mejorado hasta alrededor del 1,3%, pero el problema político no ha desaparecido. AfD duplicó su resultado en las elecciones federales de 2025 y su avance en los Länder orientales ha convertido a la extrema derecha en una fuerza capaz de alterar la agenda política incluso sin participar en el Gobierno. Alemania está intentando transformar su economía y reconstruir su seguridad al mismo tiempo que cambia su sistema de partidos.

Francia y Alemania también sufren el caos. La diferencia es lo que tienen detrás

Sería absurdo sacar de esto la conclusión de que París o Berlín pueden permitirse indefinidamente la inestabilidad. Francia está comprobando en el mercado de deuda que tampoco existe impunidad para una gran potencia: el rendimiento de sus bonos a diez años se aproxima al 5% y sus costes de financiación han llegado a superar los de Italia. La incertidumbre política empieza a traducirse directamente en dinero. Financial Times

Pero Francia y Alemania poseen amortiguadores que España no tiene en la misma dimensión.

Entre ambas representan casi el 40% de toda la economía de la Unión Europea. Alemania concentra el 23,8% del PIB comunitario y Francia el 15,8%; España representa aproximadamente el 9%. No es una diferencia estadística: determina el peso industrial, la capacidad de financiación, la influencia regulatoria y el poder para trasladar las propias prioridades a Bruselas. Eurostat cifra el PIB de la Unión en 18,8 billones de euros y sitúa a Alemania y Francia claramente por delante del resto.

Francia dispone, además, de arma nuclear, asiento permanente en el Consejo de Seguridad, una Administración extraordinariamente centralizada, grandes campeones industriales y uno de los aparatos diplomáticos y militares más potentes de Europa. Alemania conserva la mayor base industrial del continente, una capacidad fiscal que le ha permitido movilizar medio billón de euros cuando decidió abandonar parte de su ortodoxia presupuestaria y un peso económico que obliga a cualquier Gobierno europeo a escuchar a Berlín.

Esos resortes no eliminan sus problemas. Les proporcionan capacidad para absorberlos durante más tiempo.

España no parte del mismo lugar.

Nuestra situación macroeconómica inmediata es incluso mejor en algunos indicadores: la Comisión Europea espera un crecimiento del 2,4% para España en 2026, frente al 0,8% previsto para Francia en sus previsiones de primavera, y calcula que la deuda española descenderá por debajo del 100% del PIB. Pero España conserva una tasa de desempleo cercana al 10%, una productividad insuficiente, una posición industrial más reducida y entra además en 2027 sin el extraordinario impulso financiero que durante los últimos años proporcionó Next Generation.

El problema español no es, por tanto, que estemos inevitablemente peor que Francia o Alemania. Es que tenemos menos margen para desperdiciar aquello que sí funciona.

Tres años más no pueden consistir en sobrevivir

Ése debería ser uno de los grandes asuntos de la próxima legislatura.

Durante estos años España ha podido convivir con Presupuestos prorrogados, mayorías parlamentarias reconstruidas votación a votación y una política absorbida por problemas judiciales, territoriales y de supervivencia gubernamental. El Estado ha continuado funcionando y la economía ha crecido. Precisamente eso puede producir la impresión equivocada de que la estabilidad institucional es un lujo prescindible.

No lo es en el contexto que viene.

Europa deberá decidir en los próximos años cómo financia su defensa, cómo responde al proteccionismo estadounidense y chino, cómo transforma su industria, cómo gestiona la inmigración, cómo amplía la Unión hacia el este y qué parte de su modelo social puede mantener en una economía que crece mucho menos que Estados Unidos. El último Consejo de Ministros franco-alemán reconoció precisamente la necesidad de reformar la capacidad de acción exterior de la UE y reforzar su competitividad e industria.

En ese momento, Francia estará inmersa en una sucesión presidencial decisiva y obligada a resolver su crisis fiscal. Alemania seguirá intentando reconstruir su modelo económico mientras contiene una fragmentación política desconocida durante buena parte de la posguerra.

Eso abre una oportunidad para España, pero sólo si está en condiciones de utilizarla.

Un país que aspire a pesar en una Europa con sus dos grandes motores debilitados necesita presupuestos, una posición exterior coherente, capacidad administrativa, acuerdos básicos en defensa y energía y una estrategia económica que sobreviva a una legislatura. Si cada gran decisión continúa dependiendo de una negociación de última hora para mantener vivo al Gobierno, la ventaja que ofrecen nuestros mejores datos económicos terminará consumiéndose en política doméstica.

El argumento no es que Francia y Alemania estén fuertes y España débil. Precisamente ocurre algo más inquietante: Francia y Alemania atraviesan dificultades profundas y eso hace todavía más necesario que España no añada su propia parálisis al problema europeo.

Durante años pudimos permitirnos pensar que, llegado el momento decisivo, París y Berlín encontrarían una salida y los demás países podrían colocarse detrás. El contexto de 2027 será diferente. Europa necesitará más Estados capaces de aportar estabilidad, iniciativa y poder.

España es la cuarta economía de la zona euro y la cuarta mayor economía de la Unión. Es suficientemente grande para ser necesaria, pero no tanto como para creer que el deterioro político carece de coste.

Francia puede descubrir que ser Francia tampoco basta. Alemania está gastando cientos de miles de millones para recuperar en pocos años parte de lo que perdió durante una década.

España debería aprender la lección antes de necesitar pagar el mismo precio: en la Europa que viene, tres años dedicados fundamentalmente a sobrevivir no serán tres años perdidos sólo para un Gobierno. Serán tres años de influencia, inversión y capacidad nacional que otros ocuparán por nosotros.

¿Funciona mejor España que hace cuatro años?

La pregunta clásica de la política norteamericana mira al bolsillo: cuánto ganábamos, cuánto podíamos comprar y cuánto nos quedaba a final de mes. En España, el 29-N obliga a ampliarla. También cuenta si una familia puede acceder a una vivienda, si un hijo tiene más oportunidades que sus padres, si la escuela sigue funcionando como ascensor social y si los servicios públicos responden cuando se necesitan.
FUENTE: EFE

Ronald Reagan convirtió en 1980 una pregunta muy sencilla en una de las formulaciones más eficaces de la democracia retrospectiva: «¿Está usted mejor que hace cuatro años?». Detrás había una intuición que la ciencia política ha confirmado muchas veces: los ciudadanos no votan únicamente programas de futuro; también premian o castigan lo que les ha ocurrido durante el mandato que termina. Y una parte de ese juicio se realiza mirando el propio bolsillo. Estudios que han cruzado encuestas electorales con datos reales de renta han comprobado que las circunstancias económicas personales pesan tanto como la percepción general sobre la economía.

Aplicar esa pregunta a España exige, sin embargo, algo más que comparar PIB, afiliación o tasa de paro. España ha crecido y ha creado empleo durante esta legislatura. Negarlo convertiría cualquier crítica posterior en propaganda. Pero el último informe de empleo de la OCDE sobre España contiene el contraste que importa: los salarios reales crecieron durante el último año, pero todavía se encontraban en el primer trimestre de 2026 un 2% por debajo del nivel de comienzos de 2021, uno de los peores registros de recuperación salarial de la organización. La economía puede avanzar en términos agregados mientras una parte importante de quienes trabajan tiene dificultades para reconocer ese avance en su nivel de vida.

Ésa debería ser sólo la primera parte de la pregunta electoral. Una sociedad no funciona bien únicamente cuando aumenta la renta. Funciona cuando transforma trabajo en progreso, esfuerzo en oportunidades y contribuciones fiscales en servicios públicos que responden. El auténtico balance de una legislatura no consiste sólo en saber cuánto dinero tiene hoy el ciudadano en el bolsillo, sino qué país encuentra cuando levanta la vista.

El bolsillo termina donde empieza la vivienda

Pocas cosas explican mejor esa diferencia que la vivienda. El INE acaba de situar en el 12,2% el aumento interanual de sus precios en el segundo trimestre de 2026. La vivienda usada, que concentra la inmensa mayoría del mercado, se encareció un 12,9%. No hablamos de una gran ciudad o de una estadística privada especialmente pesimista, sino del índice nacional construido a partir de las operaciones escrituradas.

El problema va mucho más allá de pagar más alquiler o necesitar una hipoteca mayor. La vivienda ha sido durante décadas uno de los principales mecanismos españoles de acumulación patrimonial y seguridad económica. Cuando la generación que llega al mercado laboral no puede acceder a ella, no sólo vive peor hoy: empieza a construir su futuro varios escalones por detrás de quienes sí pudieron hacerlo.

El Banco de España calcula que un hogar no propietario necesita de media el equivalente a 6,8 años de toda su renta neta para comprar una vivienda; entre los jóvenes menores de 35 años, 7,1 años. En Málaga, Madrid o Barcelona, determinados hogares que viven de alquiler necesitarían entre nueve y diez años de renta neta. Y la Comisión Europea recuerda en su informe de 2026 sobre España que nuestro parque de vivienda social apenas representa entre el 1,5% y el 1,7% del total, frente al 6%-7% de promedio europeo.

No estamos, por tanto, únicamente ante un problema inmobiliario. Estamos ante una avería del ascensor social.

La OCDE acaba de publicar un trabajo específicamente dedicado a la movilidad intergeneracional. España aparece en la parte media-baja de la comparación internacional: un hijo nacido en una familia situada en el 20% de menor renta tiene aproximadamente un 10% de probabilidades de alcanzar el 20% superior cuando sea adulto, y los datos apuntan además a un deterioro de la movilidad entre las generaciones nacidas en los años ochenta.

Ese es probablemente el dato político que debería preocupar más que muchos décimos de PIB. Una democracia social no promete que todos terminarán en el mismo lugar. Promete algo más elemental: que el lugar de nacimiento no decidirá demasiado pronto hasta dónde puede llegar cada uno.

Cuando estudiar ya no garantiza subir

Durante décadas, España dispuso de una respuesta bastante sencilla para romper esa dependencia del origen: la educación. Un hijo de una familia sin patrimonio podía estudiar, obtener una cualificación mejor que la de sus padres, acceder a un empleo más productivo y construir una vida materialmente superior. El ascensor funcionaba con imperfecciones, pero funcionaba.

Los últimos datos obligan a preguntarse con qué fuerza sigue haciéndolo.

El PISA 2025 de la OCDE sitúa a España por debajo del promedio de los países desarrollados en matemáticas, lectura y ciencias. Desde 2015, la proporción de alumnos que no alcanza el nivel mínimo de competencia ha aumentado 11 puntos en matemáticas, 15 en lectura y seis en ciencias. Sólo el 2% de los estudiantes españoles alcanza los niveles más altos en comprensión lectora, frente al 6% de la OCDE; en matemáticas, el 4%, frente al 8%.

Existe un dato aparentemente tranquilizador: la distancia entre alumnos de mayor y menor nivel socioeconómico es inferior a la media de la OCDE y se ha reducido durante la última década. Pero la propia OCDE explica algo que debería impedir cualquier celebración precipitada: parte de esa convergencia se debe a que los alumnos favorecidos también han empeorado, no a una gran mejora de los más desfavorecidos. Igualar hacia abajo no repara el ascensor.

España ha avanzado en titulaciones. El último Education at a Glance muestra que el porcentaje de jóvenes de 25 a 34 años que no completa la segunda etapa de secundaria cayó del 34% al 25% entre 2015 y 2025. Es un progreso relevante. Pero acumular títulos no basta si las competencias básicas retroceden y si la educación pierde capacidad para traducirse después en productividad, salarios y movilidad.

El fracaso no consiste en que todos los indicadores empeoren. Consiste en que, después de años de reformas educativas, seguimos sin poder afirmar con seguridad que un adolescente que estudia hoy esté recibiendo mejores herramientas para competir y prosperar que quien pasó por el sistema una década antes.

Un Estado también se evalúa desde una sala de espera

Y después están los servicios públicos. Ahí la política deja de ser una discusión sobre modelos económicos y se convierte en una experiencia personal.

La sanidad española conserva profesionales extraordinarios, resultados sanitarios elevados y uno de los sistemas de trasplantes más reconocidos del mundo. Pero eso no elimina el problema de acceso. Los últimos datos nacionales comparables publicados por el Ministerio de Sanidad contabilizaban 853.509 pacientes esperando una intervención quirúrgica no urgente, con una demora media de 121 días; más de uno de cada cinco llevaba esperando más de seis meses. El propio portal del SNS sitúa además en torno a los cien días la espera media para una primera consulta especializada.

Buena parte de estas competencias corresponde a las comunidades autónomas y sería intelectualmente deshonesto cargar cada lista de espera sobre La Moncloa. Lo mismo ocurre con la educación y con una parte considerable de la política de vivienda. Pero una legislatura nacional también se juzga por la capacidad de coordinación del Estado, por las prioridades presupuestarias que establece, por las reformas que impulsa y por si los grandes servicios comunes funcionan mejor o peor al terminar que cuando comenzó.

Ningún Gobierno recibe un país nuevo. Hereda problemas, tendencias demográficas, déficits históricos y responsabilidades compartidas con otras administraciones. La pregunta democrática no es si Sánchez inventó la vivienda cara, los problemas educativos o las listas de espera. Evidentemente no. La pregunta es más exigente: después de tres años de Gobierno, ¿los ha corregido o se han enquistado?

Ahí es donde la vieja pregunta de Reagan se queda corta.

Un ciudadano puede tener empleo y descubrir que su salario compra menos de lo que esperaba. Puede cobrar más y comprobar que la vivienda se aleja todavía más deprisa. Puede pagar impuestos y esperar meses para determinadas prestaciones. Puede conseguir que su hijo llegue a la universidad y seguir dudando de que viva mejor que él. Puede escuchar que la economía crece mientras observa que el principal patrimonio de las generaciones anteriores —una casa, una carrera profesional ascendente, una expectativa razonable de progreso— resulta mucho más difícil de reproducir.

El 29 de noviembre habrá muchas preguntas legítimas sobre las que evaluar estos años. Una de las más importantes no cabe en una cifra macroeconómica.

No es sólo si tenemos más dinero que hace cuatro años. Es si España ofrece hoy más posibilidades de convertir el esfuerzo en una vida mejor. Porque cuando deja de funcionar el ascensor social, el problema ya no está únicamente en el bolsillo. Está en la promesa misma sobre la que se sostiene una sociedad democrática.

El 29-N y los límites del poder

España no está ante su última elección democrática. Está ante una prueba más incómoda: comprobar si, después de tres años de conflicto institucional, seguimos aceptando que gobernar significa también poder perder, ser controlado y someterse a límites que ninguna mayoría puede considerar propios.
FUENTE: IA

Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes y ha convocado las elecciones generales para el 29 de noviembre. El Real Decreto 806/2026 fija además la constitución de las nuevas Cámaras para el 23 de diciembre. Entre una fecha y otra se abre un periodo que merece bastante más atención de la que suele concederse a los interregnos electorales: el Congreso y el Senado ya están disueltos, pero el Gobierno no estará formalmente en funciones hasta después de las elecciones. Hasta entonces conserva sus competencias, mientras las Diputaciones Permanentes permanecen como garantía mínima de continuidad parlamentaria. Sólo tras el 29-N entrarán en vigor las restricciones propias de un Ejecutivo cesante.

Ese calendario importa porque esta campaña no llega después de una legislatura ordinaria. Llega después de tres años en los que la política española ha vivido instalada en una discusión casi permanente sobre los límites: los del Parlamento, los de la Justicia, los del Ministerio Fiscal, los de la amnistía, los de los medios y los de la propia responsabilidad política.

No hace falta recurrir a una retórica apocalíptica para constatar que existe un problema institucional. El Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea de 2026 sigue reclamando a España una reforma del sistema de elección del CGPJ conforme a los estándares europeos, una mayor separación temporal entre el mandato del fiscal general y el del Gobierno, mejoras en la persecución de la corrupción de alto nivel y mayores garantías sobre conflictos de intereses, transparencia e independencia editorial de los medios públicos. El mismo informe reconoce avances relevantes en Justicia y digitalización. Precisamente por eso resulta útil: no describe un Estado autoritario, sino una democracia consolidada con fricciones institucionales que siguen sin resolverse.

La erosión democrática rara vez empieza con un golpe

Aquí es donde la comparación latinoamericana puede aportar algo, siempre que no se convierta en caricatura.

España no es Venezuela, Nicaragua ni El Salvador. Sus instituciones, su pertenencia a la Unión Europea, su estructura territorial, su Poder Judicial y su sistema electoral hacen absurda cualquier equivalencia directa. Pero las democracias contemporáneas enseñan una lección menos tranquilizadora: el deterioro ya no suele comenzar con militares cerrando un Parlamento.

International IDEA define el democratic backsliding como el debilitamiento deliberado, impulsado desde el poder, de las salvaguardas democráticas y del Estado de Derecho con el objetivo de aumentar el control político, reducir los contrapesos o alterar las condiciones de competencia. Y advierte de que muchas de esas transformaciones se realizan mediante instrumentos perfectamente legales: control de la agenda parlamentaria, reformas institucionales, presión sobre órganos de supervisión, polarización sistemática o conversión de cada límite al Ejecutivo en una batalla entre la «voluntad popular» y poderes supuestamente ilegítimos. International IDEA

Ése es el verdadero paralelismo que merece atención. No el resultado final, sino el método.

Nicaragua ofrece hoy el extremo: International IDEA señala que las reformas de 2025 formalizaron un poder ejecutivo prácticamente sin contrapesos y permitieron a la nueva copresidencia «coordinar» legislativo, judicial y órgano electoral. El Salvador representa otro recorrido: la ampliación progresiva del poder presidencial culminó en la habilitación de la reelección indefinida. Son realidades infinitamente más avanzadas que cualquier problema español. Pero llegaron allí mediante acumulación de precedentes, no mediante una decisión única que permitiera señalar el día exacto en que una democracia dejó de funcionar.

Por eso la expresión «última oportunidad» sólo tiene sentido si se entiende como advertencia sobre los precedentes. El peligro de la erosión institucional no consiste en que mañana desaparezcan las elecciones, sino en que cada Gobierno encuentre más normal utilizar las instituciones hasta su límite porque el anterior ya lo hizo.

La campaña ya ofrece una pista

El propio discurso con el que Sánchez anunció las elecciones contiene un elemento significativo.

En su intervención del 5 de octubre, el presidente explicó que durante estos años había tenido que «batirse» contra «élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones» y describió a la oposición como «la peor» de la democracia. Después planteó el 29-N como una elección entre continuar avanzando o entregar el país a una «coalición ultraderechista», y reclamó una mayoría más amplia con la que «doblegar a las élites». Son palabras oficiales recogidas en la transcripción de La Moncloa. La Moncloa

La retórica electoral admite dureza. Todos los partidos dramatizan las consecuencias de una derrota y ninguno está obligado a describir amablemente a sus adversarios. El problema aparece cuando una democracia empieza a dividir el espacio público entre quienes obtienen legitimidad porque representan a «la gente» y quienes, por no concurrir a las elecciones, son presentados como poderes sospechosos que deben ser vencidos.

Una democracia constitucional funciona precisamente porque no todo poder procede de una mayoría electoral. Los jueces no se presentan a las elecciones. Tampoco los tribunales constitucionales, los reguladores independientes, los medios de comunicación o buena parte de los organismos de control. Su legitimidad procede de otra fuente: la ley, la Constitución, la profesionalidad o su función de limitar a quien sí ha ganado las elecciones.

Ésa es una de las diferencias esenciales entre democracia mayoritaria y democracia liberal. Votar concede el derecho a gobernar. No concede el derecho a gobernar sin límites.

Y la misma regla vale para todos.

Si el Gobierno actual obtiene una nueva mayoría, la oposición deberá reconocer sin ambigüedades el resultado y ejercer su función dentro de las instituciones. Si las urnas producen una alternativa, el poder deberá facilitar exactamente lo mismo que exige cuando gana: un traspaso normal, una Administración neutral y la aceptación de que la alternancia no constituye una anomalía ni una derrota del país.

Ésa será la prueba verdaderamente importante del 29-N.

No si España elige izquierda o derecha. No si una campaña consigue movilizar mejor el miedo que la otra. Sino si después de tres años en los que demasiados conflictos han sido presentados como existenciales todavía somos capaces de reconocer algo elemental: ningún Gobierno es España y ningún resultado electoral equivale a apropiarse del Estado.

La democracia española conserva mecanismos robustos precisamente porque la Constitución previó la alternancia, las Diputaciones Permanentes, un Gobierno limitado cuando cesa, jueces independientes y procedimientos reglados para formar uno nuevo. La Ley del Gobierno obliga al Ejecutivo en funciones a facilitar la formación de su sucesor y a limitarse, salvo razones justificadas, al despacho ordinario. No es una formalidad administrativa. Es una de las pequeñas reglas en las que descansa toda una cultura política.

La experiencia latinoamericana demuestra que el deterioro democrático comienza muchas veces cuando esas reglas dejan de ser entendidas como límites comunes y pasan a verse como armas del adversario.

España no está ahí.

La cuestión del 29 de noviembre es impedir que alguna vez resulte normal acercarse.

El Supremo pone el censo bajo tutela

La decisión cautelar sobre la llamada «ley de nietos» no cuestiona la nacionalidad ya concedida, pero sí detiene sus efectos electorales cuando no se acredita el exilio exigido por la norma.
FUENTE: EFE

Durante meses, cualquier duda sobre los efectos electorales de la llamada «ley de nietos» pudo despacharse como una teoría interesada de la oposición. Ya no. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes —y los efectos de las ya realizadas— de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática sin acreditar que su padre, madre, abuelo o abuela hubiera sufrido realmente el exilio en los términos establecidos por la ley. La nacionalidad permanece; lo que queda en suspenso es el voto mientras se resuelve el fondo del litigio.

La distinción es importante porque permite ver con claridad dónde está la controversia. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática abrió la nacionalidad a determinados descendientes de españoles que habían perdido o renunciado a ella como consecuencia del exilio. Pero la posterior Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública desarrolló una interpretación expansiva de aquella previsión y facilitó la acreditación de esa condición. Ahí se encuentra el punto que ahora examina el Supremo: hasta dónde podía llegar una instrucción administrativa al aplicar una ley con capacidad para alterar sustancialmente el censo exterior.

De la memoria al censo

Las cifras explican la dimensión política del asunto. Más de dos millones de personas iniciaron solicitudes al amparo de la norma y más de medio millón de nacionalidades habían sido ya aprobadas cuando llegó la decisión cautelar. El aumento potencial del CERA dejó hace tiempo de ser estadísticamente irrelevante. En unas elecciones generales decididas por márgenes estrechos, unos pocos miles de votos exteriores pueden alterar escaños y, con ellos, mayorías parlamentarias.

Por eso la reacción del Gobierno resulta tan reveladora. Félix Bolaños reclamó al Supremo que resuelva «lo antes posible» y, en todo caso, antes de los procesos electorales de 2027, porque está en juego el derecho de voto, «lo más sagrado» de una democracia. Desde el Ejecutivo se ha insistido además en que las acusaciones sobre una operación de «ingeniería electoral» son un bulo.

La cautelar no prueba que Moncloa diseñara conscientemente una operación para fabricar electores favorables y sería impropio atribuírselo al auto. Pero sí ha destruido la comodidad con la que podía descartarse cualquier discusión sobre los efectos censales de la norma. El Supremo habla de un peligro «fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia de los procesos electorales. Es decir, aquello que políticamente se presentaba como una fantasía de la oposición ha alcanzado suficiente entidad jurídica como para que el alto tribunal considere necesario impedir que sus efectos electorales se consoliden antes de dictar sentencia.

No es poca cosa. Una política presentada exclusivamente como reparación histórica terminó produciendo una expansión extraordinaria del cuerpo electoral y ahora obliga a los tribunales a preguntarse si esa expansión se hizo respetando exactamente los requisitos que había establecido el legislador.

El Sáhara demuestra que la nacionalidad no admite atajos

En este debate aparece además una cuestión que ayuda a comprender hasta qué punto la nacionalidad exige precisión jurídica: el Sáhara Occidental.

Durante décadas España administró aquel territorio y muchos saharauis dispusieron de documentación española, vivieron bajo instituciones españolas o tuvieron vínculos jurídicos directos con nuestro país. Pero el Tribunal Supremo estableció en 2020 que haber nacido en el Sáhara durante la administración española no convierte por sí solo a una persona en española de origen a efectos del Código Civil. La legislación de descolonización había definido expresamente aquel territorio como colonial y abrió entonces un procedimiento específico para que determinados saharauis optaran por la nacionalidad. La explicación jurídica recogida por Iberley

Eso no significa que ningún saharaui pueda beneficiarse de la «ley de nietos». Puede hacerlo quien descienda de una persona que sí fuera originariamente española y cumpla los demás requisitos legales. Lo que no cabe es transformar automáticamente el hecho histórico de haber nacido bajo administración española en una nacionalidad de origen que el Supremo ha rechazado reconocer con carácter general.

La distinción parece técnica, pero toca exactamente el corazón de la controversia actual. La nacionalidad produce derechos civiles y políticos de enorme alcance y no puede descansar sobre aproximaciones históricas, presunciones administrativas o interpretaciones de conveniencia. Si para el Sáhara el Supremo exige distinguir cuidadosamente entre territorio administrado por España y territorio nacional, no resulta extraño que ahora reclame también precisión cuando una norma concebida para descendientes del exilio termina incorporando centenares de miles de personas al censo.

La reacción explica el daño

Quizá por eso el nerviosismo gubernamental importa tanto como la propia medida cautelar. Si estuviéramos ante una cuestión puramente administrativa, bastaría con defender la interpretación del Ministerio de Justicia y esperar la sentencia. En cambio, la respuesta ha sido inmediatamente política y ha colocado las elecciones de 2027 en el centro de la discusión.

Ese reflejo permite comprender lo que estaba realmente en juego.

La Ley de Memoria Democrática podía tener una justificación reparadora y, al mismo tiempo, producir un efecto político monumental. Ambas cosas no son incompatibles. El problema empieza cuando una ampliación extraordinaria del censo se ejecuta mediante una interpretación administrativa controvertida y cualquier pregunta sobre sus consecuencias electorales se desacredita como conspiración.

Ahora el Supremo obliga a hacer aquello que debió hacerse desde el principio: comprobar primero y contar después.

El Gobierno podrá ganar el procedimiento principal. La cautelar no anticipa la sentencia. Pero el daño político ya está hecho porque ha desplazado la discusión desde las intenciones atribuidas a Sánchez hasta algo mucho más verificable: qué decía la ley, cómo la amplió su Administración y cuántos nuevos electores podían incorporarse como consecuencia de esa interpretación.

La nacionalidad española no puede convertirse en una herramienta coyuntural de política partidista ni su regulación puede abordarse como si sus efectos electorales fueran secundarios. Reparar injusticias históricas es una obligación legítima del Estado. Modificar potencialmente el cuerpo electoral exige algo más: una escrupulosa fidelidad a la ley.

El Supremo no ha resuelto todavía si esa fidelidad existió. Lo que ha decidido es que la duda es demasiado grave para esperar a comprobarlo después de contar los votos.

Alemania ya no puede tratar a AfD como un accidente

El problema para Europa no es únicamente que AfD pueda gobernar algún día Alemania. Es que el avance iliberal está consiguiendo algo anterior y quizá más importante: cambiar lo que las democracias europeas consideran políticamente normal.
FUENTE: EFE

El dato más inquietante de las elecciones de Sajonia-Anhalt no es sólo el 43,8% obtenido por Alternativa para Alemania. Es todo lo que rodea a ese porcentaje. AfD sumó 576.037 votos, 23 puntos más que en 2021, mientras la CDU se desplomó del 37,1% al 17,2%. Y no ocurrió gracias a una abstención excepcional que permitiera a una minoría movilizada apropiarse del resultado: participó el 77,8% del electorado, la cifra más alta registrada en unas elecciones regionales desde la reunificación. AfD ganó con claridad una elección muy participada. Los resultados provisionales oficiales de Sajonia-Anhalt

Tampoco sirve ya la caricatura sociológica de una extrema derecha sostenida exclusivamente por hombres mayores, resentidos y habitantes de las zonas rurales. AfD fue la primera fuerza en todos los grupos de edad: alcanzó el 41% entre los menores de 25 años y llegó al 52% entre los votantes de 35 a 44. La transversalidad generacional convierte el resultado en algo cualitativamente distinto. No estamos viendo simplemente cómo envejece un resentimiento; estamos viendo cómo se reproduce.

Y conviene añadir una precisión que separa este caso de una victoria convencional de la derecha populista. La organización de AfD en Sajonia-Anhalt está clasificada desde 2023 por la Oficina regional de Protección de la Constitución como una organización de extrema derecha confirmada. El informe oficial de 2025 señala que su discurso está atravesado por una concepción étnica del pueblo incompatible, según el organismo, con principios esenciales del orden democrático y con la garantía constitucional de la dignidad humana. AfD mantiene abierto un procedimiento contra esa clasificación. No debe confundirse esta situación regional con la controversia judicial todavía pendiente sobre la calificación de la organización federal, pero tampoco puede rebajarse lo sucedido: una formación oficialmente vigilada por extremismo acaba de quedarse a tres escaños de la mayoría absoluta de un Parlamento regional alemán. La valoración oficial del servicio de protección constitucional de Sajonia-Anhalt

El peligro empieza cuando deja de parecer extremo

Interpretar el 43,8% como si casi la mitad de Sajonia-Anhalt se hubiera convertido repentinamente al extremismo sería tan cómodo como inútil. Parte del éxito de AfD nace de problemas perfectamente reconocibles: estancamiento económico, temor ante la pérdida de industria, coste de la vida, inmigración, sensación de abandono en el este y una desconfianza monumental hacia el Gobierno federal. El 87% de los electores del Land se declaraba insatisfecho con el Ejecutivo de Friedrich Merz y, entre los votantes de AfD, dos tercios consideraban que recibían menos de lo que justamente les correspondía.

Ésa es precisamente la parte peligrosa. No hace falta que una sociedad se vuelva extremista para que una formación extremista pueda conquistarla electoralmente. Basta con que consiga convertirse en el vehículo más eficaz para expresar agravios que sí son mayoritarios. La seguridad económica, la inmigración, el declive industrial o la distancia entre gobernantes y gobernados dejan entonces de discutirse dentro del perímetro político tradicional y empiezan a formularse mediante las soluciones de quien había vivido fuera de él.

El fenómeno tampoco está confinado a un Land oriental. En las elecciones federales de 2025, AfD ya había duplicado su resultado nacional, pasando del 10,4% al 20,8% y convirtiéndose en la segunda fuerza del Bundestag. Las encuestas publicadas esta semana la sitúan ahora entre el 27% y el 29%, claramente por delante de la CDU/CSU. Y el próximo 20 de septiembre hay elecciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde Infratest dimap acaba de situarla en el 35%, más del doble del 16,7% obtenido en 2021. Resultado oficial de las elecciones federales de 2025

La frontera decisiva está cerca. AfD tiene 39 de los 83 diputados de Sajonia-Anhalt. Si consiguiera gobernar, dejaríamos de hablar de influencia sobre el debate para hablar de control sobre instituciones. Un Gobierno regional dispone de competencias sobre policía, educación, administración y medios públicos. Más delicado todavía: el Ministerio del Interior supervisa la propia Oficina de Protección de la Constitución que actualmente vigila a AfD. Los servicios de seguridad alemanes están estudiando ya qué información sensible podría compartirse con un Ejecutivo dirigido por una organización que ellos mismos consideran extremista.

Éste es el verdadero problema del iliberalismo moderno. Rara vez comienza quemando constituciones. Llega mediante elecciones, obtiene competencias ordinarias y después empieza a redefinir qué medios son legítimos, qué jueces estorban, qué asociaciones merecen financiación, qué minorías pertenecen plenamente a la comunidad nacional o qué órganos de control son sospechosos porque contradicen la voluntad de la mayoría. La democracia continúa celebrando elecciones mientras van debilitándose los contrapesos que impiden que una victoria electoral equivalga a disponer del Estado.

Cuando Alemania gira, Europa se desplaza

Sería un error considerar todo esto una peculiaridad de la antigua Alemania Oriental. Si AfD estuviera creciendo de esta manera en Eslovaquia o Bulgaria, el problema sería grave. Que ocurra en Alemania lo convierte además en un problema estructural de la Unión Europea.

Alemania representa el 23,8% del PIB comunitario, 4,5 billones de euros, y es con diferencia la mayor economía de la UE. Sus 83,5 millones de habitantes equivalen al 18,47% de la población utilizada para calcular las mayorías en el Consejo y dispone del máximo de 96 eurodiputados. Alemania no puede imponer por sí sola una política europea ni bloquear unilateralmente una mayoría cualificada, pero prácticamente ninguna gran coalición estable en materia fiscal, industrial, climática, migratoria, defensiva o presupuestaria puede comportarse como si Berlín no existiera.

El efecto europeo, además, puede producirse mucho antes de que AfD llegue a la Cancillería. Si la CDU concluye que necesita endurecer sus posiciones para recuperar electores, cambia la política alemana. Si ese cambio alemán modifica la posición del Consejo sobre inmigración, transición energética o asilo, cambia la política europea. La extrema derecha no necesita gobernar para gobernar una parte de la agenda.

La evidencia comparada debería hacer reflexionar especialmente sobre esa estrategia. Una investigación académica publicada este mismo año, basada en 14 elecciones de elevada saliencia migratoria, concluye que los partidos tradicionales no obtienen beneficios electorales claros endureciendo sus posiciones para competir con la derecha radical. Otros estudios comparados llegan incluso a advertir que esa acomodación puede legitimar al partido radical y favorecer que el elector termine prefiriendo al propietario original del discurso.

Europa ya dispone de un ecosistema preparado para amplificar el movimiento. Patriotas por Europa tiene actualmente 85 diputados, entre ellos Rassemblement National, Vox, el FPÖ austriaco y Fidesz; los Conservadores y Reformistas Europeos suman 84; y Europa de las Naciones Soberanas, donde se integra AfD, otros 27. Son 196 de los 719 diputados actuales del Parlamento Europeo. Sumarlos como si formaran una única organización sería incorrecto: Meloni no es AfD, existen diferencias sustanciales sobre Rusia, Ucrania, la OTAN, la UE y la economía. Pero sí demuestra que el espacio político situado a la derecha del Partido Popular Europeo ha dejado de ser una periferia parlamentaria.

Austria ya vio al FPÖ ganar las elecciones generales de 2024 con el 28,8%, aunque finalmente quedó fuera del Gobierno. Giorgia Meloni acaba de convertir su Ejecutivo en el más longevo de la República italiana. Rassemblement National es una fuerza central de la política francesa. Viktor Orbán perdió finalmente el Gobierno húngaro este año, demostrando que el movimiento no es irreversible. La tendencia europea no avanza en línea recta, pero su dirección de fondo resulta difícil de ignorar: la derecha radical ha dejado de discutir si puede entrar en las instituciones y empieza a discutir cuándo podrá dirigirlas.

España no está fuera del mapa

España se encuentra lejos del escenario de Sajonia-Anhalt. Conviene decirlo antes de establecer comparaciones fáciles. Vox es una formación parlamentaria consolidada y no puede colocarse sin más en la misma categoría jurídica o política que organizaciones neonazis extraparlamentarias. Tampoco Frente Obrero es equivalente a Núcleo Nacional. Precisamente lo interesante es observar cómo determinadas ideas circulan entre espacios que no son equivalentes.

El primer nivel es electoral. Vox cuenta con seis eurodiputados dentro de Patriotas por Europa y el último barómetro de 40dB. lo sitúa en el 17,8%, beneficiándose especialmente del endurecimiento del debate migratorio.

Más abajo está ocurriendo algo distinto. Núcleo Nacional, organización ultraderechista monitorizada por las fuerzas de seguridad y vinculada al discurso del «gran reemplazo» y la «remigración», se registró el pasado febrero como partido político con el nombre de Noviembre Nacional y ámbito estatal. El salto es pequeño en términos electorales, pero significativo en términos políticos: una organización nacida en Telegram, las protestas callejeras y la estética de la militancia encapuchada intenta trasladarse a una papeleta. El registro de Núcleo Nacional como Noviembre Nacional

También está Isabel Peralta, una de las figuras más conocidas del neonazismo español. El TSJM confirmó el pasado 31 de julio su condena a un año de prisión por provocación a la discriminación y al odio contra inmigrantes marroquíes y musulmanes durante una concentración de 2021. No estamos aquí ante una etiqueta periodística discutible: existe una sentencia.

Frente Obrero merece una lectura diferente y quizá más interesante. No es un movimiento neonazi y sería intelectualmente pobre introducirlo en la misma casilla. Se define a sí mismo como «patriota y revolucionario», pretende fusionar patriotismo y lucha obrera y sostiene en su programa que un país que no controla la inmigración y su «asimilación» está «condenado a desaparecer». Obtuvo algo más de 66.000 votos en las europeas de 2024. Su importancia para este análisis reside precisamente en demostrar que el repertorio nacionalista, identitario y radicalmente antiinmigración ya no viaja exclusivamente por la derecha tradicional: puede combinarse con lenguaje obrerista, anticapitalismo, rechazo de las élites y soberanismo. El programa político de Frente Obrero

Y existe todavía un extremo mucho más pequeño pero incomparablemente más peligroso. Ayer mismo, un juez de la Audiencia Nacional propuso juzgar al presunto responsable en España de una célula de The Base, organización terrorista neonazi y aceleracionista. La acusación sostiene que captaba y adoctrinaba militantes para la llamada «sucesión blanca», promovía entrenamiento con armas y pretendía utilizar el caos y la violencia para provocar un cambio político. Es un procedimiento pendiente de juicio y, por tanto, debe hablarse de acusaciones, no de hechos condenados. Pero su existencia recuerda que el universo radical posee también una periferia que ya no pretende ganar votos, sino acelerar el colapso del sistema.

El contexto social tampoco invita a la indiferencia. Interior registró en 2025 2.417 delitos e incidentes de odio, un 23,6% más que el año anterior y el máximo de la serie histórica; 934 estuvieron relacionados con racismo o xenofobia. Una cifra policial no permite atribuir causalidad a un partido ni convertir cualquier discurso duro sobre inmigración en violencia. Sí demuestra que el terreno en el que se está produciendo esta radicalización no es abstracto.

La advertencia alemana

La lección de Sajonia-Anhalt no consiste en anunciar un nuevo 1933 cada vez que AfD gana unas elecciones. Ese recurso termina banalizando aquello que pretende denunciar. Alemania sigue teniendo una Constitución robusta, tribunales independientes, una sociedad civil poderosa y la arquitectura de una democracia militante concebida precisamente para defenderse de quienes utilicen sus libertades para destruirlas.

La advertencia es más incómoda.

Durante años Europa se tranquilizó pensando que las fuerzas iliberales tenían un techo, que gobernar las moderaría, que los cordones sanitarios las desgastarían o que sus electores volverían a los partidos tradicionales en cuanto desapareciera una determinada crisis. Ninguna de esas hipótesis ha funcionado de manera universal. En Sajonia-Anhalt, el cordón sigue existiendo y AfD ha llegado al 43,8%. En el conjunto de Alemania, después de duplicar su voto en 2025, se mueve ya alrededor del 28%.

El peligro no empieza cuando la extrema derecha obtiene el poder. Empieza cuando deja de parecer extremo entregárselo.

Y quizá ésa sea la razón por la que España debería mirar con especial atención a Alemania. No porque Núcleo Nacional vaya a obtener mañana un 40% ni porque todos los movimientos mencionados sean comparables, sino porque las ideas recorren distancias mucho más deprisa que los partidos. La «remigración», el reemplazo demográfico, la identificación del discrepante como enemigo interno, la deslegitimación sistemática de jueces y medios, la reducción de la ciudadanía a pertenencia cultural o étnica y la idea de que una mayoría electoral debería poder gobernar sin demasiados límites forman ya un lenguaje político transnacional.

El resultado alemán demuestra hasta dónde puede llegar cuando el malestar ordinario encuentra en ese lenguaje su única traducción política eficaz. Lo verdaderamente inquietante no es que el 43,8% de Sajonia-Anhalt se haya vuelto extremista. Es que una organización considerada extremista haya conseguido convertirse, para el 43,8%, en una respuesta normal.

¿Qué más puede pasar?

La primera semana completa del curso político ha bastado para recordar el tipo de legislatura en la que estamos.
FUENTE: EFE

Uno puede discutir durante meses si una legislatura está agotada, si el Gobierno conserva iniciativa o si la oposición exagera cada tropiezo hasta convertirlo en una crisis de Estado. Hay semanas, sin embargo, en las que el debate se vuelve casi superfluo porque los hechos adquieren una capacidad descriptiva difícil de mejorar. Esta ha sido una de ellas. No por un gran acontecimiento que lo explique todo, sino por la sucesión de episodios distintos que, colocados unos junto a otros, terminan componiendo un retrato bastante coherente del poder.

Empezamos descubriendo que el Ministerio del Interior había elaborado un documento de 54 páginas con fichas de 281 periodistas y colaboradores, incluyendo fotografías, medios, supuesta orientación ideológica y, en numerosos casos, su posición favorable o crítica respecto del Gobierno. El departamento de Fernando Grande-Marlaska reconoció su existencia y explicó que se trataba de un simple «documento de trabajo» interno, sin finalidad censora. Las principales asociaciones profesionales lo condenaron y hasta el portavoz socialista Patxi López admitió que no le gustan las listas que clasifican ideológicamente a los periodistas.

Precisamente la explicación agrava el episodio. Naturalizar que un Ministerio del Interior clasifique políticamente a periodistas porque resulta útil para su estrategia de comunicación significa haber perdido la noción de por qué determinadas prácticas son impropias antes incluso de preguntarse si son ilegales. El Estado no necesita elaborar una «lista negra» ni prohibir una publicación para atravesar una frontera preocupante. Basta con que una institución que dispone de policía, inteligencia y una extraordinaria capacidad de información considere normal confeccionar fichas sobre quién es de izquierdas, de derechas, afín o crítico con el Gobierno. El problema no está únicamente en la intención que tuviera quien encargó el documento; está en que a alguien le pareciera razonable hacerlo.

El Gobierno ya no distingue entre defenderse y tener razón

Unas horas después llegó Pedro Sánchez a TVE. Al presidente le preguntaron directamente por José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en la Audiencia Nacional en relación con su presunta intervención en el rescate de Plus Ultra. Esta misma semana han declarado antiguos directivos de la compañía sobre pagos realizados al entorno profesional del expresidente y su supuesta participación en las gestiones del rescate; Zapatero niega irregularidades y conserva, naturalmente, toda su presunción de inocencia.

Sánchez podía haberse limitado exactamente a eso: defender la presunción de inocencia. Fue más lejos. «Yo creo a José Luis Rodríguez Zapatero», afirmó, y confirmó que contará con él para la campaña electoral de 2027 «como he contado siempre».

La frase resume bastante bien una forma de entender la responsabilidad política que se ha ido consolidando durante estos años. La Justicia deberá decidir si existe o no responsabilidad penal; ésa no corresponde anticiparla. Pero un presidente no tiene obligación alguna de convertir una investigación judicial sobre un antiguo presidente de su partido en una profesión pública de fe ni de anunciar, precisamente ahora, que seguirá utilizándolo como activo electoral. Entre condenar anticipadamente a alguien y actuar como si nada pudiera modificar una relación política existe un amplio espacio que antes llamábamos prudencia.

Y la misma entrevista dejó otra muestra. Sánchez descalificó la cautelar del Supremo sobre la llamada «ley de nietos» y acusó a la derecha de cuestionar la democracia. Un día después, en la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, tuvo que recordar que la crítica a las resoluciones es legítima, pero que la descalificación pública de los jueces no puede convertirse en instrumento de presión.

Cada resolución incómoda encuentra así una explicación exterior. Si el Supremo interviene sobre el censo, se cuestiona su actuación; si una investigación alcanza al entorno político, aparece el lawfare; si un medio revela algo incómodo, sabemos ahora que Interior podía tener clasificados a sus periodistas. El poder conserva siempre derecho a defenderse. Lo inquietante comienza cuando esa defensa exige presentar sistemáticamente como sospechoso a quien controla, investiga o contradice al poder.

Ceuta y PISA: la realidad tampoco coopera

El miércoles conocimos también los 40 documentos y comunicaciones oficiales desclasificados por el Gobierno sobre la crisis de Ceuta. El repositorio de La Moncloa incluye informes del CNI, Guardia Civil, Policía, Fuerzas Armadas y otros organismos correspondientes al mes de julio.

Los papeles no demuestran que nadie conociera de antemano la dimensión exacta del asalto, y conviene no atribuirles lo que no dicen. Demuestran algo suficientemente grave: sí existió información previa. El CNI emitió alertas sobre llamamientos multitudinarios en redes para entrar en Ceuta, se detectó un aumento de la presión, hubo peticiones de refuerzos y las comunicaciones alcanzaron tanto a organismos españoles como a los servicios marroquíes. Alguno de los documentos militares llegó a describir la conducta de Marruecos como negligente y pasiva y a contemplar motivaciones políticas. La entrada posterior alcanzó entre 70.000 y 80.000 personas.

Eso no prueba que el Gobierno supiera exactamente lo que ocurriría. Sí hace imposible seguir escondiendo toda la responsabilidad detrás de la palabra «imprevisible». Hubo avisos suficientes para saber que estaba ocurriendo algo extraordinario y no se preparó una respuesta proporcionada. Después llegaron semanas de contradicciones entre departamentos, explicaciones cambiantes y una tardía concentración de medios.

La desclasificación, destinada a acreditar transparencia, ha terminado proporcionando el material con el que evaluar la imprevisión.

Casi simultáneamente, la OCDE publicó PISA 2025. España obtiene los peores resultados de toda su serie histórica en las tres grandes competencias: 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias, por debajo de la media de la OCDE en las tres. La caída se inserta en un retroceso internacional —sería absurdo atribuir todo el fenómeno a una ley española—, pero en nuestro país el deterioro ha sido especialmente intenso.

Resultó difícil no apreciar cierta perfección en la reacción oficial. La nota del Ministerio de Educación tituló que «el alumnado español reporta niveles de perseverancia ante el aprendizaje superiores al promedio de los países de la OCDE». Y es cierto. También destacaba curiosidad científica, equidad y sentimiento de pertenencia. Más abajo aparecía que España se encontraba por debajo de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas y que el empeoramiento absoluto había sido mayor que en el promedio de los países desarrollados.

No hace falta negar los indicadores favorables para advertir el mecanismo. Cuando un país obtiene sus peores resultados académicos desde que existe PISA, convertir la perseverancia en titular institucional no cambia la realidad; únicamente explica hasta qué punto la comunicación política ha terminado sustituyendo a la obligación de llamar a los problemas por su nombre.

Y al final de la semana, Parot

Todavía quedaba Henri Parot.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, dirigido por la socialista María Jesús San José, le ha concedido el tercer grado penitenciario a propuesta de la Junta de Tratamiento. Parot estaba ya desde 2025 en régimen de semilibertad mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y había disfrutado de permisos. La Fiscalía puede recurrir la nueva clasificación.

No hablamos de una figura secundaria de ETA. Parot acumula condenas por decenas de asesinatos; entre sus crímenes figura la matanza de la casa cuartel de Zaragoza de 1987, en la que ETA asesinó a once personas, cinco de ellas niños, y dejó decenas de heridos. Covite cifra en 39 los asesinatos por los que fue condenado y sostiene que nunca ha mostrado un arrepentimiento público, sincero y verificable. El Gobierno Vasco fundamenta, en cambio, la progresión en su evolución penitenciaria, el buen uso de permisos y escritos en los que Parot rechaza la violencia y reconoce el sufrimiento causado.

Conviene atribuir correctamente la decisión. No la ha concedido el Gobierno de España, sino el Ejecutivo vasco, que ejerce desde octubre de 2021 las competencias penitenciarias transferidas por el Estado. Fue precisamente el Gobierno de Sánchez quien culminó aquel traspaso mediante el Real Decreto 474/2021, que entregó a Euskadi la gestión de la clasificación, los permisos, el régimen abierto y el tratamiento de los internos conforme a la legislación estatal.

La discusión jurídica sobre la reinserción existe y el tercer grado forma parte de nuestro sistema penitenciario. Pero también existe la memoria. Una democracia que derrotó al terrorismo tiene derecho a preguntarse qué exige moralmente de quienes participaron en sus peores asesinatos antes de permitir que terminen sus condenas en semilibertad. La reinserción no debería necesitar olvido y la legalidad penitenciaria no obliga a las víctimas a aceptar como suficiente cualquier fórmula privada de distanciamiento de la violencia.

Al terminar de ordenar la semana se comprende que su gravedad no reside en que todos los asuntos sean equivalentes. No lo son. Una lista de periodistas no es una crisis fronteriza; un desastre educativo no es una decisión penitenciaria; una investigación sobre Zapatero no equivale a una condena. Lo que los relaciona es otra cosa: una creciente incapacidad del poder para aceptar límites, asumir consecuencias y reconocer la gravedad de aquello que le incomoda.

Interior clasifica periodistas y lo llama documento de trabajo. El presidente anuncia su confianza electoral en un antiguo jefe del Gobierno investigado y presenta la cautela como virtud suficiente. Los documentos de Ceuta acreditan avisos previos después de semanas defendiendo la imprevisibilidad. PISA ofrece los peores resultados históricos y el Gobierno encuentra perseverancia para el titular. Un responsable de algunos de los crímenes más atroces de ETA avanza hacia la libertad mientras las víctimas vuelven a recordar que el arrepentimiento no puede reducirse a un trámite administrativo.

El problema de las democracias rara vez comienza cuando dejan de existir las leyes. Empieza antes, cuando quienes gobiernan aprenden a explicar cualquier hecho sin permitir que ningún hecho altere su comportamiento.

Ésa ha sido la verdadera noticia de esta semana. Ya no sorprende únicamente lo que pasa. Empieza a preocupar que, pase lo que pase, nunca parezca suficiente para que alguien asuma una responsabilidad.

Nunca habíamos estado tan solos

Ceuta ha dejado al descubierto dos debilidades que se alimentan mutuamente: España conserva menos aliados dispuestos a defender sus intereses y, dentro, el Estado ha adquirido una dependencia extraordinaria de las decisiones personales de Pedro Sánchez. Mucho poder concentrado arriba y muy poca capacidad para reaccionar cuando arriba no decide.
FUENTE: EFE

La crisis de Ceuta ha proporcionado una imagen bastante precisa del Estado que hemos construido durante estos años. Hicieron falta casi cuatro semanas desde la entrada masiva del 30 de julio para que Pedro Sánchez convocara el Consejo de Seguridad Nacional, declarara la situación de interés para la Seguridad Nacional y estableciera un mando único. El presidente ceutí llevaba tiempo reclamándolo.

Algo más hemos esperado para atender las primeras explicaciones del presidente del Gobierno, a todas luces contradictorias, llenas de huecos inexplicables y con un conflicto latente entre ministros.

Un Estado que espera órdenes

La concentración del poder posee una consecuencia que suele advertirse demasiado tarde: cuanto más depende una Administración de quien ocupa la cúspide, menos preparada está para actuar cuando esa persona no toma una decisión de forma consciente y deliberada.

Luis XIV pudo decir que el Estado era él porque representaba el arquetipo del monarca absoluto. La comparación con una democracia del siglo XXI sólo puede ser una ironía, pero encierra una advertencia: cuando el Estado aprende a esperar al presidente, la concentración de poder termina produciendo impotencia administrativa.

Sánchez aparece entonces para centralizar la solución del problema que las estructuras situadas bajo su autoridad no fueron capaces de gestionar a tiempo. Y todos —Ejército, CNI, Policía, ministros, Unión Europea y presidente de Ceuta— quedan incorporados a una responsabilidad colectiva que diluye la responsabilidad política inicial.

Sin demasiados teléfonos a los que llamar

La debilidad interior coincide con un problema exterior todavía más serio. La política internacional no consiste en que otros gobiernos compartan nuestros valores, sino en conservar relaciones suficientes para defender los intereses nacionales cuando llega una crisis.

España ha ido reduciendo ese margen. Con Israel, el Gobierno cruzó hace tiempo la frontera entre criticar severamente a Netanyahu y convertir el enfrentamiento con el Estado israelí en una política casi permanente. España consolidó un embargo de armas, promovió sanciones, defendió la suspensión del Acuerdo de Asociación con la UE y RTVE abandonó Eurovisión 2026 por la participación israelí. Durante la Vuelta de 2025, Sánchez expresó además su «admiración» por las movilizaciones propalestinas antes de que los disturbios obligaran a cancelar la etapa final en Madrid.

Se puede defender cada una de esas decisiones por separado y seguir preguntándose si, acumuladas, han servido a los intereses estratégicos de España. Israel mantiene una asociación creciente con Marruecos y reconoce desde 2023 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Rabat y Jerusalén describen oficialmente su relación como una asociación fundada en intereses comunes y cooperación política y de seguridad.

Con Estados Unidos ocurre algo parecido. La relación no está rota y España continúa siendo un aliado de la OTAN, pero Sánchez ha elegido situarse en una posición singular frente al nuevo reparto de cargas militares. Los aliados asumieron en 2025 el compromiso de avanzar hacia un gasto del 5% del PIB en defensa y seguridad para 2035; España sostiene que puede cumplir sus objetivos de capacidades con aproximadamente un 2,1%. La propia OTAN ha dicho públicamente que considera insuficiente esa estimación y que cree que España necesitará alcanzar al menos el 3,5% para cumplir sus compromisos.

No significa que Washington vaya a romper con Madrid. Significa algo más sencillo: en política exterior también se acumula capital y también se gasta. Conviene saber cuánto queda cuando se necesita pedir un favor.

Y Marruecos lo sabe. Estados Unidos mantiene con Rabat una de sus relaciones diplomáticas más antiguas, reconoce su soberanía sobre el Sáhara y Marruecos conserva además el estatus de gran aliado extra-OTAN. Israel comparte la misma posición territorial sobre el Sáhara y ha profundizado su cooperación con el reino alauita. Los dos países con mayor capacidad para presionar a Mohamed VI están hoy estratégicamente mucho más próximos a Rabat de lo que querríamos admitir.

Europa es la última profundidad estratégica

Queda Europa. Y precisamente por eso resulta tan irresponsable presentarla unas veces como la solución a nuestros problemas y otras como un obstáculo cuando sus decisiones incomodan al Gobierno.

El nuevo Pacto de Migración y Asilo se aplica desde el 12 de junio y contiene una idea que España necesita especialmente después de Ceuta: las fronteras exteriores son una responsabilidad común. De hecho, el Consejo ha identificado expresamente a España, Italia, Grecia y Chipre como países sometidos a presión migratoria y, por tanto, beneficiarios del mecanismo europeo de solidaridad. Para 2026, el fondo común prevé como referencia 21.000 reubicaciones u otras medidas equivalentes, o 420 millones de euros en contribuciones financieras.

Ésa debería ser nuestra estrategia: menos ocurrencias diplomáticas y más profundidad europea. Ceuta y Melilla no pueden depender de que Mohamed VI decida cumplir cada mañana su parte del control fronterizo, ni de que Washington o Jerusalén quieran mediar por nosotros. España necesita reconstruir relaciones útiles, fortalecer sus propias capacidades y hacer que la defensa de su frontera africana sea entendida definitivamente como defensa de la frontera europea.

La política exterior no es un escenario sobre el que representar preferencias morales. Es la administración paciente de intereses, alianzas y capacidades que quizá un país no necesite hoy, pero puede necesitar desesperadamente mañana.

Ceuta nos ha permitido comprobar las consecuencias de olvidar esa diferencia. Nos hemos encontrado con un Estado que tardó casi un mes en organizarse por dentro y con muy pocos aliados poderosos a los que pedir ayuda fuera. Demasiado dependientes de Sánchez en España y demasiado solos cuando España necesita a los demás.

El otoño ya está en marcha

El verano no ha detenido ninguno de los procesos que condicionarán el regreso político. Septiembre no traerá problemas nuevos: hará visibles las consecuencias de los que Sánchez deja abiertos.
FUENTE: EFE

Ordenado el presente y recuperados algunos de los cambios que el ruido político había ocultado, queda mirar hacia delante. No hace falta adivinar demasiado. Buena parte del otoño ya está escrita en decisiones tomadas antes de agosto, procedimientos que continúan su curso y plazos que no dependen de la voluntad del Gobierno.

Ésa es probablemente la principal diferencia respecto de otros regresos de verano. Pedro Sánchez ha convertido el tiempo en uno de sus mejores instrumentos políticos: resistir hasta que cambien las circunstancias, aparezca una mayoría posible o el problema que parecía definitivo sea sustituido por otro. En septiembre, sin embargo, encontrará varios asuntos en los que esperar ya no basta. Tendrá que producir resultados.

La primera prueba será demostrar que todavía existe una mayoría

Los Presupuestos de 2027 llegarán al otoño después de haber sufrido dos derrotas antes incluso de convertirse en proyecto de ley. El Congreso rechazó en julio dos veces los objetivos de estabilidad que debían abrir el camino a las nuevas cuentas. Hacienda puede continuar preparando el proyecto —la orden para elaborar los Presupuestos ya está en marcha—, pero la dificultad nunca ha sido técnica.

La cuestión será otra: si existe todavía una mayoría capaz de aprobar algo que obligue a todos los socios del Gobierno a retratarse al mismo tiempo.

Hasta ahora, la fragmentación parlamentaria ha permitido a Sánchez convertir prácticamente cada votación en una negociación independiente. Esa flexibilidad ha sido útil para sobrevivir porque una derrota concreta no implica necesariamente una ruptura definitiva. Los Presupuestos funcionan de otra manera. Obligan a construir una mayoría completa alrededor de la principal decisión política y económica del año.

Por eso su importancia excederá las cifras. Después de una legislatura sostenida con las cuentas de 2023, aprobar unos Presupuestos propios permitiría al Gobierno defender que todavía conserva capacidad para gobernar; fracasar otra vez confirmaría que la permanencia en La Moncloa y la existencia de una mayoría parlamentaria se han convertido en realidades distintas.

Junts lo sabe. Podemos lo sabe. El resto de los socios también. La debilidad del Ejecutivo no reduce el precio de sus votos: lo aumenta.

Septiembre comenzará, por tanto, con una negociación en la que Sánchez necesita más a sus aliados de lo que sus aliados necesitan unos nuevos Presupuestos. No es la posición desde la que un Gobierno suele recuperar la iniciativa.

Los tribunales seguirán escribiendo su propio calendario

La política podrá reanudar su actividad después del verano. La Justicia no necesita hacerlo.

Las causas que han condicionado buena parte del año seguirán avanzando con independencia de la estrategia que adopte La Moncloa. El Gobierno puede presentar nuevas medidas contra la corrupción, modificar su discurso o insistir en que cada procedimiento debe analizarse de manera independiente. No puede decidir cuándo se produce una nueva declaración, aparece un informe policial o un tribunal adopta una resolución.

Ése será uno de los grandes problemas del otoño: la agenda del Ejecutivo convivirá con otra agenda que no controla.

El procedimiento sobre las adjudicaciones de obra pública vinculadas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y distintos empresarios continúa en la Audiencia Nacional; la causa contra Begoña Gómez seguirá su recorrido después de que la Audiencia Provincial avalara en julio que prosiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación; y otros procedimientos que afectan al entorno político del presidente seguirán generando decisiones judiciales imposibles de programar desde Moncloa.

No hace falta anticipar ninguna conclusión penal para advertir el problema político. Después de meses de desgaste, cada avance judicial devolverá al Gobierno al mismo terreno del que intenta salir. Y cuanto más se acerque la legislatura a su final, menos tiempo quedará para que una nueva iniciativa política sustituya esa conversación por otra.

La amnistía ofrece una dificultad diferente. Sus grandes discusiones constitucionales y europeas han avanzado mucho, como ya hemos visto, pero continúa abierta la cuestión políticamente más incómoda para el pacto que permitió la investidura: Carles Puigdemont sigue sin obtener del Tribunal Supremo la aplicación de la ley que reclama.

El Tribunal Constitucional tiene pendiente su recurso de amparo. Cuando llegue su decisión, no estaremos ante una discusión abstracta sobre la constitucionalidad de la amnistía, sino ante algo mucho más inmediato: qué ocurre finalmente con quien convirtió sus siete votos en la condición indispensable para que Sánchez continuara en el poder.

El Gobierno ha pagado ya el coste político de aquella decisión. El otoño puede empezar a aclarar si obtuvo a cambio todo aquello que esperaba conseguir.

Europa tampoco espera a septiembre

Existe además un calendario que ni siquiera concede al Gobierno la cortesía de terminar las vacaciones.

El 31 de agosto vence el plazo para cumplir los últimos hitos y objetivos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Como explicábamos al mirar aquello que el ruido había dejado en segundo plano, Next Generation entra en su fase de cierre y con él desaparece una de las circunstancias económicas más extraordinarias de los últimos años.

No hace falta repetir aquí el volumen de fondos ni toda su arquitectura. Lo relevante para el otoño es el cambio de pregunta.

Durante años el éxito pudo medirse en dinero movilizado, proyectos anunciados y convocatorias aprobadas. A partir de ahora tendrá que medirse en resultados: qué inversión permanece, qué industria se ha creado, cuánto ha cambiado realmente la productividad y qué reformas funcionan cuando deja de llegar financiación excepcional.

Para un Gobierno que necesita recuperar iniciativa, el momento es especialmente incómodo. Coinciden el final del gran estímulo europeo, la obligación de contener progresivamente el gasto y la necesidad política de ofrecer a sus socios suficientes incentivos para sostener una legislatura cada vez más cara.

El margen empieza a estrecharse por varios lados al mismo tiempo.

Y eso es, probablemente, lo que define mejor el otoño que viene. No una fecha electoral determinada ni una crisis concreta, sino una reducción progresiva de las posibilidades de aplazar decisiones.

Los Presupuestos necesitarán votos. Los procedimientos judiciales producirán resoluciones. La situación de Puigdemont tendrá que seguir esclareciéndose. Los fondos europeos dejarán de ser una promesa para convertirse en un balance. Y los socios que permitieron la investidura volverán a exigir razones para prolongar una mayoría que nunca funcionó como una coalición estable.

Sánchez ha sobrevivido políticamente muchas veces porque el paso del tiempo terminaba jugando a su favor. El problema es que el tiempo sólo ayuda mientras mantiene abiertas las alternativas. Cuando empiezan a cerrarse los plazos, las mayorías y las salidas, deja de ser refugio y se convierte en cuenta atrás.

Septiembre no inaugurará una nueva etapa. Empezará a cobrar las facturas de la anterior. El otoño comprobará si Sánchez todavía puede gobernar el tiempo o si, después de tres años aplazando desenlaces, ha empezado por fin a gobernarle a él.