Mañana volvemos a las urnas con un profundo malestar social que inunda el espacio político. En estas elecciones, en las que se solía valorar más las gestiones de los mandatarios con cierta ‘independencia’ de unas siglas que en clave nacional, se ha convertido en una oportunidad para mostrar el descontento existente de dos formas: el trasvase de voto entre partidos y, sobre todo, la abstención.
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Pero la crispación, que sigue avanzando con múltiples micro casos de corrupción con el voto por correo, es la gota que colma el vaso de la paciencia del votante que, abandonado por los líderes a los que confió su voto en los comicios previos, busca alternativas fuera de los bloques que se consolidaron entre 2018 y 2019.
Aquí, las consecuencias son claras y es en este escenario que el voto de protesta o reactivo puede tener más consecuencias, hasta el punto de provocar un cambio significativo. La abstención de los electores no sólo hace perder las elecciones al partido gobernante principal, sino que también supone una herida profunda a largo plazo. Y el voto de castigo -a favor de alguno de los adversarios- lo puede llevar al cementerio político. Es lo que estuvo a punto de pasarle al PSC durante los años del procés, que rozó la irrelevancia cuando sus electores migraron hacia Ciudadanos y tiñeron de naranja el famoso “cinturón rojo” de Barcelona.
Por tanto, esta decisión es una cuestión de oferta. Si existe una oferta suficientemente razonable, habrá ese trasvase de voto. Si no lo hay, el “ejército” de votantes más nutrido será el de la abstención. En el actual contexto político, lleno de partidos con representación importante, el Gobierno más disperso de la democracia ya no solo por votos sino por políticas, ha provocado el desencanto de una población que, con tantas opciones, no consigue verse representada por nadie. España ha perdido en calidad democrática, lo dicen desde Europa, y nuestro país se encuentra junto a Hungría y Polonia en constante estudio por sus intromisiones en los distintos poderes del Estado.
Los pactos con los herederos de los terroristas e independentistas van a provocar que muchos socialistas no voten porque políticamente tampoco están cercanos al Partido Popular y tampoco los actuales votantes de Ciudadanos, quienes probablemente terminen por cerrar, en muchos territorios, su vida como partido mientras el electorado de centro, también descontento, tendrá que migrar a otras opciones o abstenerse por no verse representados en ninguna otra fuerza política. Según las encuestas es una constante que los partidos que más van a sufrir la abstención son los mencionados anteriormente, creando un nutrido ejército de la abstención como síntoma de la orfandad política.
La cuestión central viene con la ley electoral, la cual otorga una “prima por abstención” a los partidos más pequeños, que son los extremos, dándole poder a insignes provocadores de la crispación y la situación política actual de España. En este sentido, los dos grandes partidos miran continuamente de reojo a estas formaciones porque en varios territorios dependerán de sus votos para gobernar.
España, sus regiones y sus municipios se merecen un PSOE a la altura de la ciudadanía de la izquierda constitucionalista, actualmente abandonados, políticamente, por su partido. En estas regiones y municipios hay candidatos que están a la altura de su electorado, pero que seguramente se verán perjudicados por las políticas del Gobierno. Y los hay que han sido críticos con la cúpula del Gobierno por muchos motivos, entre ellos por sus pactos y políticas.
Ahora es la ciudadanía quien decide, ya que con el voto se pueden frenar algunas de esas políticas regresivas. El otro día cerraba un artículo, en El Mundo, César Antonio Molina que a su fin decía: “Sí, alguien, ahora o después, debe evitar el naufragio total del Partido Socialista de siempre. Hay que recuperar de nuevo el Estado de derecho, exigir el cumplimiento de las leyes (toda la justicia está en huelga), volver a la verdad, prosperar sin dañar a nadie, elevar la educación y la sanidad, crecer económicamente, rescatar la concordia, pues la democracia es el acuerdo de que no vamos a matarnos por lo que nos separa, sino que vamos a discutirlo.”
La aparición de las democracias representativas, la declaración de derechos del hombre, los movimientos cívicos y el derrocamiento del Antiguo Régimen. La existencia de tribunales de garantías, derechos laborales, el Estado del bienestar tal y como lo conocemos. Todos estos factores reunidos han creado en la actualidad el momento social más seguro y estable de toda la historia de la humanidad.
Ciertamente hay excepciones y no todos los países y sociedades funcionan a la perfección o defienden estas ideas hasta sus últimas consecuencias, pero estos valores ya se han afianzado en gran parte del planeta.
Este sentimiento de seguridad colectiva, política y jurídica, recogida en el pacto social entre las poblaciones y los Estados en sus leyes y constituciones ha creado un clima de orden sin precedentes. Las personas salen a la calle en muchos puntos del planeta sabiendo que si no ocurre nada extraordinario llegarán a casa sanos y salvos esa misma noche. Con conocimiento de lo que les espera ese día, el siguiente, e incluso la próxima semana, existe una capacidad de previsión y organización nunca vistas hasta ahora. Ya sea sobre las finanzas, los tiempos de trabajo o el ocio.
Sumando estos factores a las comodidades propias del Siglo XXI, se ha acuñado una frase muy característica y de uso cada vez más frecuente a lo largo de los últimos años: No es buen momento.
No es buen momento para cambiar de trabajo. No es buen momento para expresarle mis sentimientos a esa persona. No es buen momento para comprar una casa. No es buen momento para tener hijos.
Vivimos en una época en la que los perros han sustituido a los niños en las calles. Los datos demográficos nos tienen inmersos en el comienzo de una crisis en la cual el grueso de la población trabajadora, cada vez más pequeña, no será capaz de soportar el Estado del bienestar garantizado en la forma de pensiones. Los jóvenes parecen comenzar a entender que ellos no tendrán pensión, y suerte habrá si sus padres la acaban percibiendo.
Pero la tendencia sigue sin revertirse. Sumémosla al sentimiento nacional de no querer optar por aquellos trabajos más precarios, los cuales acaban siendo ocupados en muchas ocasiones por inmigrantes que sí tienen los hijos que nosotros no. Si ya nos encontramos en una época delicada en la que ciertos partidos políticos ponen el foco en la inmigración como causa de delincuencia y de la falta de trabajos para los ciudadanos de origen, ¿qué podemos esperar dentro de 15 años cuando la segunda generación de estos inmigrantes se integre y los “locales” se exalten al ver tantos rostros “de color”? Suerte tiene España, que recibe gran parte de su inmigración de Iberoamérica, donde la mayoría de los países comparten con nosotros un idioma común y una cultura judeocristiana.
Y mientras este proceso se hace cada vez más palpable y visible a ojos de todos, incluso de los que optan por una política de ceguera voluntaria, las generaciones jóvenes y no tan jóvenes siguen con la misma cantinela.
¿Cómo voy a tener un hijo si mi carrera profesional está a punto de despegar? ¿Cómo voy a tener un hijo si el precio del alquiler está al alza? ¿Cómo voy a traer al mundo un hijo que será testigo de su destrucción a manos del calentamiento global? Eso sí, las letras del coche se pagan religiosamente, la cerveza corre por litros y el peluquero del caniche es irremplazable.
Habría que preguntarle a nuestros padres si ellos disfrutaron de la baja por paternidad pagada y la garantía de retorno a su entorno laboral cuando decidieron concebirnos. Habría que preguntarles a nuestras madres si ellas tenían alguna garantía de no ser despedidas ipso facto una vez se les comenzara a notar la barriga, y en ese caso, si los juzgados estarían de su lado para garantizar una indemnización acorde. Habría que preguntarles si el Estado o el gobierno les dio algún incentivo excepcional que les hiciera estar más tranquilos a la hora de tomar esa decisión.
En términos históricos estamos en el mejor momento para tener hijos. Uno en la que nuestra seguridad laboral y social está garantizada. En la que el acceso a la sanidad para nosotros y nuestros descendientes está al alcance de todos de forma prácticamente gratuita. En el que la comunicación nunca ha estado más a disposición para garantizar ciertos aspectos organizativos inherentes a la crianza. En el que el cuidado por la integridad física y psicológica de los menores nunca ha estado más en el punto de mira.
Y precisamente por eso “no es buen momento”. ¿Por qué iba a renunciar a mis caprichos? ¿Acaso tener un hijo es tan gratificante o importante para el desarrollo de mi sociedad? ¿Estoy dispuesto a cancelar el viaje a Cancún? Un hedonismo exacerbado muy característico de la sociedad occidental de consumo, con las redes sociales a la cabeza convirtiéndonos en feligreses a nuestros nuevos Dioses, los influencers, y sus vidas de ensueño imposibles de alcanzar.
Los derechos individuales, que no los colectivos, se han convertido en el escudo de muchos a la hora de justificar sus actos; mi derecho a ser feliz. Mi derecho a realizarme como persona. Pero conviene recordar que no hay derechos sin deberes aparejados, y que fue el sacrificio y sufrimiento de muchos anteriores a nosotros el que consiguió alcanzar esta régimen de libertad que vivimos ahora.
La seguridad. La comodidad. La certeza del futuro inmediato. Nos hemos vuelto adictos a ellas. Cualquier decisión que genere un mínimo de estrés, de molestia, qué decir, de nerviosismo, es rápidamente desechada. Todo con tal de no salir de esa burbuja particular que cada individuo ha formado a su alrededor. ¡Y qué a gusto se está en ella! La droga del Siglo XXI.
Y como ocurre generalmente con las drogas, en cuanto se priva al usuario de su chute, éste entra en estado de ansiedad y angustia. Si uno elige por norma el camino fácil y de menor resistencia, llegado el momento en que se topa con la crudeza de la vida real, se sentirá débil, confundido e incapaz de lidiar con la situación, pues no ha desarrollado las herramientas necesarias para afrontarla, mucho menos entenderla. En otra época una situación análoga podría considerarse una pequeña molestia. Ahora se torna en desconcertante e irresoluble. ¿Cómo es si no posible que precisamente la época de la historia en que mayor seguridad y certeza tenemos sea también aquella en que las personas más se suicidan, pasan por más y más ataques de ansiedad y sufren más depresiones? Los psicólogos nunca han estado más solicitados y los desordenes mentales nunca han estado más de moda.
Los momentos y estados de felicidad no son ningún problema. No hay que sufrir por norma ni sufrir todos los días. Pero sería ingenuo pensar que la felicidad es o debe ser un estado de ánimo perpetuo al que uno deba aspirar. La frustración, la ansiedad, el desasosiego y tantos otros no deben convertirse en temas tabú. ¿Estar nervioso o triste significa que algo malo te pasa como persona? ¿Es recomendable huir hacia adelante para evitar unos minutos de malestar? Nos vamos a topar con situaciones incómodas que preferiríamos evitar, pero la vida está llena de ellas. Y cuanto antes sepamos identificarlas y tratarlas, mejor.
Ya sea con la paternidad, con la emancipación de los jóvenes o con asuntos laborales, en muchas ocasiones nos decimos “no es buen momento”. Igual habría que preguntarse ¿y cuándo lo será?
El caso que envuelve la historia entre el ministro Grande Marlaska y el coronel Pérez de los Cobos es un claro caso de la injerencia del Gobierno en la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de demostraciones de poder al margen de la legalidad que, finalmente, la Justicia termina por desacreditar.
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Tras el fallo judicial, el ministro Grande Marlaska no sólo tiene que restituir al coronel Pérez de los Cobos en el cargo, tal como ordena la sentencia, sino que no debería impedir, si le queda un atisbo de decencia, que sea ascendido a general de Brigada. Pocos casos hay en España de méritos más que suficientes en una carrera como guardia civil para merecer este ascenso.
La purga de Grande Marlaska tuvo consecuencias: Pérez de los Cobos fue injustamente privado de su ascenso al generalato, pese a que contaba con la mejor puntuación, siendo uno de los coroneles mejor puntuados en las evaluaciones del Consejo Superior de la Guardia Civil. Sin embargo, su nombre nunca figuró entre los señalados por el ministro. Ahora, De los Cobos tiene derecho a que le sean reconocidos tres años de servicio al frente de un puesto de tanta relevancia como la Comandancia de Madrid, que otorga mayor puntuación para el ascenso que la que recibía en su actual destino. Y este mismo año habrá cuatro puestos que cubrir.
El varapalo para Marlaska es monumental, ya que el Supremo confirma ahora la primera sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que ya había anulado la decisión del ministro del Interior tras considerar que el cese fue una represalia por la determinación de Pérez de la Cobos de cumplir la orden de la magistrada que investigaba el denominado caso del 8-M de no informar a sus superiores.
El Alto Tribunal obliga al Ministerio del Interior a reincorporar al coronel en el que era su cargo y abonarle los devengos que le correspondían. Las reacciones no tardaron ayer en llegar y, además de los partidos de oposición, varias de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil reclamaron la dimisión del ministro por la “persecución injusta, inmerecida y desproporcionada” a la que fue sometido Pérez de los Cobos y por la “falta de confianza” que los miembros de la Benemérita tienen hacia el propio Grande-Marlaska.
La trayectoria del titular de Interior, que descartó ayer su salida del Ejecutivo por la decisión del Supremo, está plagada de polémicas, entre las que destacan la tragedia acaecida en la valla fronteriza de Melilla con la muerte de varios inmigrantes presuntamente en suelo español; el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, con un giro de la política penitenciaria tras el apoyo de Bildu a los Presupuestos; o la adquisición de una cinta de correr de última generación con cargo al propio Ministerio. El cese ilegal de Pérez de los Cobos es el último episodio de un ministro con una situación insostenible y que sigue aferrado al cargo, pese a que ha tenido durante su mandato razones de peso para presentar su dimisión.
Cuando el Gobierno solicitó irregularmente a Pérez de los Cobos toda la información posible sobre la investigación de la manifestación feminista del 8-M, el principal perjudicado por dicha causa era José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid. Franco fue finalmente exonerado, pero el Gobierno temía que la imputación se extendiera también a Fernando Simón. La petición de información al coronel fue, por tanto, un intento de disponer de información clave que le habría permitido al Gobierno anticiparse a la imputación de cargos clave durante la pandemia.
La decisión del Tribunal Supremo es una mancha más en el historial de un ministro del Interior que, en otras etapas de la democracia, ya habría sido fulminantemente cesado por el presidente del Gobierno. Hay que recordar que fue el propio Marlaska el que afirmó en el Congreso que no iba a dimitir porque “no había cometido ninguna ilegalidad”.
Después de los cambios que se acaban de acometer en el Gobierno, Sánchez ha perdido una buena oportunidad para relevar a Marlaska, aunque fuese por unos meses.
Hacía mucho tiempo que en unas elecciones, en las que se contaba con gran división en la intención de voto (municipales, regionales o generales), no eran decisivos los partidos que ocupan los extremos. Vox y Podemos han quedado fuera de la gobernabilidad andaluza para suerte de sus habitantes; en este caso, era Vox el partido que más posibilidad tenía para entrar al Gobierno tras el resultado de las elecciones de Castilla y León.
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De esta forma, Vox reduce por primera vez sus registros en unas elecciones con la alicantina Macarena Olona al frente de la formación en la región. Del mismo modo que la izquierda iliberal que acudía fragmentada a estas Elecciones, perdió la poca fuerza de votantes que esperaban alcanzar con las previsiones del CIS.
Desde las elecciones generales, donde la extrema derecha duplicó sus votantes en la región respecto a los anteriores comicios regionales, no se había visto una tendencia regresiva tan clara en la extrema derecha. No así en la extrema izquierda que, con más tiempo presente en la actividad política, ya había comenzado a sufrir la vuelta a la moderación de muchos votantes tras descubrir el engaño de las políticas extremistas e iliberales promulgadas aún hoy desde el Gobierno de la Nación.
Este proceso electoral ha provocado una pérdida de cerca del 50% de los votantes de Vox en Andalucía, que ha ayudado a que el Partido Popular de Juanma Moreno haya logrado estos resultados.
El PSOE que históricamente ha tenido en Andalucía un feudo electoral, vuelve a desinflarse y empeora sus resultados. Los socialistas no han logrado calar en una sociedad en desacuerdo con las políticas del Gobierno de coalición, provocando un trasvase de votos de hasta un 20% al PP, convertido semanas atrás en el ‘voto útil’ tanto identificado con los problemas de Andalucía como en clave nacional.
Estas Elecciones rompen con una tendencia que parecía venir desde Europa: por un lado, la reducción de ciudadanos que acuden a las urnas no se ha visto en Andalucía, que ha mejorado sus registros con respecto a 2018. Por otro lado, otra tendencia que rompe con la normalidad es lo holgado de la mayoría absoluta conseguida, ya que durante los últimos años las mayorías absolutas han dejado de ser comunes.
En este panorama político tan convulso, con la dimisión de Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana que podría provocar un adelanto electoral, con un Gobierno en Cataluña que no consigue aprobar Presupuestos y trata de alejarse de Sánchez, con un Gobierno central que continúa perdiendo fuerza fracasando día tras día en sus medidas anticrisis y que sufre los electoralismos de los tres partidos que conviven en él (la ‘plataforma’ de Yolanda Díaz, Unidas Podemos y PSOE), es necesario pensar en cuáles serán los pasos siguientes, incluso ante una posibilidad cada vez menos remota de adelantos electorales en distintos territorios o incluso a nivel nacional.
En primer lugar, es necesario potenciar el deterioro de los extremos que, como pasó en Portugal, podrían desinflarse hasta quedar en un plano residual. Pero no debemos caer en la comodidad de pensar que esto va a suceder de manera inmediata. No hay más que ver el caso de Francia donde el fin de semana pasado los extremos consiguieron la representación suficiente en la Asamblea Nacional para condicionar las políticas nacionales.
En segundo lugar, ante los malos resultados electorales cosechados en Andalucía, en el PSOE nacional debe abrirse un periodo de reflexión para analizar sus asociaciones que no hacen más que debilitar al partido, así como examinar a su líder, que bajo su mandato no ha conseguido que sus políticas sean beneficiosas para la sociedad y, conforme se acerca la fecha de las Elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, es una rémora o un pasivo cada vez más insostenible para los actuales presidentes autonómicos.
Por último, es necesario colocar en el centro del diseño de las políticas públicas al ‘votante mediano’: familias de clase media cuyo poder adquisitivo se ha desplomado, con una situación laboral precaria, con incertidumbre sobre el futuro más inmediato suyo y de sus hijos, preocupado por las concesiones infinitas a los extremos políticos y sufridor del deterioro de la calidad democrática… No hay que dejarse obnubilar por la explosión del consumo que están haciendo las familias de renta media-alta. Es un espejismo de la realidad económica que va reconociéndose incluso en las cifras macro tal como publicó el INE el pasado viernes 24.
Hacía mucho tiempo que no se daba una situación tan favorable a la caída del extremismo en nuestro país, de acercamiento a posiciones moderadas e identificación con el ‘votante mediano’ y hay que aprovecharla. El efecto Feijóo está beneficiando a un PP que puede alejarse definitivamente de Vox, mientras que el PSOE se encuentra en una caída libre de la que debe escapar antes de que sea demasiado tarde. Las elecciones andaluzas deben abrir los ojos a los partidos moderados y sacar adelante un país fuerte de una situación muy adversa.
Macarena Olona, número 1 de Vox en las listas andaluzas para los próximos comicios ha sido ratificada por la Junta Electoral de Granada. Esto sucede 15 días después de que se conociese que la diputada de extrema derecha estaba registrada en Salobreña, pero, según su casero, no vivía en el domicilio, sino que “acudía a veces” o “en vacaciones”.
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El cambio de padrón antes de unas elecciones es algo común entre todos los partidos, pero este es un caso un poco más especial al tratarse la cabeza de lista de la formación para las elecciones andaluzas del 19 de junio. Desde el Ayuntamiento de esta localidad se comprobó si Olona residía en dicho domicilio. Algo que no pudo confirmarse ya que la policía no consiguió contactar con nadie en la vivienda, por lo que no se pudo confirmar ni positiva ni negativamente si la candidata reside en el lugar.
Ahora desde su formación ya han tomado cartas en el asunto tratando de acallar a todo aquel que denuncia las irregularidades de su partido. Y es que, a pesar de que no consiguieron contactar con ella en la comprobación, la candidata se acercó a denunciar a la alcaldesa de la localidad, del PSOE, por la presunta comisión de delitos: un delito electoral, otro de prevaricación administrativa y otro de vulneración de los derechos fundamentales; denunciando que la regidora andaluza “ha utilizado las instituciones y potestades públicas municipales, perjudicando gravemente la imagen, su honorabilidad y su candidatura”.
Estas palabras chocan con los propios actos de Olona, de los que podríamos decir que, presuntamente, también ha empleado las instituciones y herramientas públicas para presentarse como candidata de la extrema derecha en Andalucía sin tan siquiera residir en la comunidad.
Si finalmente Olona lograse presentar su candidatura ya ha expresado su posición con respecto a lo que espera de estas elecciones, diciendo que solo hay dos alternativas: “o Vox o el abrazo del PP y el PSOE”. Estas palabras de Olona muestran la mejor opción de los andaluces para las elecciones, evitando de esta forma a la coalición de extrema izquierda y la extrema derecha de Vox.
La agresividad de Olona, así como su última polémica (en la que viaja en un coche sin el cinturón de seguridad abrochado), pueden provocar que se cumpla esa segunda opción que realmente puede conseguir abrazar a la gente de Andalucía en detrimento del discurso de odio que la extrema derecha promulga allá por donde pasa.
Evitar la entrada de los extremos al ejecutivo andaluz es el objetivo viendo como funcionan estos cuando están dentro de los gobiernos, véase el claro ejemplo de Podemos en el Gobierno y el papel de Vox en Castilla y León. Es hora de abrir los ojos ante los peligros que estas formaciones pueden ocasionar a nuestro sistema democrática y es en las elecciones el momento de cerrarles las puertas.
Cinco fiestas y tres disculpas después, Boris Johnson se enfrentaba a su primer gran examen con las elecciones locales en Reino Unido con su popularidad muy mermada por los escándalos.
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El pasado fin de semana se produjo el principio de una tendencia que puede llegar a marcar la continuidad del primer ministro británico al frente del país. En estos comicios, por primera vez en más de medio siglo, el partido conservador perdió importantes feudos electorales en los distritos de la capital británica, Londres.
Al ‘PartyGate’ en investigación desde diciembre pasado, se le añade la inflación y la “crisis del coste de la vida”. Entre escándalos y economía, los conservadores perdieron cientos de concejales y decenas de municipios. Tanto Wandsworth, Barnet y Westminster en Londres o Southampton y West Oxfordshire fueron durante mucho tiempo importantes feudos del partido. Este fue un trago venenoso para concejales y militantes. Muchos salieron a pedir la renuncia de Boris Johnson. Uno de los más duros fue John Mallinson, quien perdió su puesto al frente del municipio de Carlisle, en el noroeste de Inglaterra. “Esto muestra que el pueblo ya no confía en que el primer ministro vaya a decir la verdad sobre nada”, dijo Mallinson en relación al ‘Partygate’, las fiestas que tuvieron lugar en 10 Downing Street durante la pandemia.
Los malos datos de Londres no han sido un reflejo del resto de Inglaterra, consiguiendo aguantar mucho más de lo previsto, incluso en las zonas con un tradicional voto de izquierdas, conocido como ‘el muro rojo’, conquistado por el primer ministro en 2019. “Si observas el panorama general, la foto completa de los resultados, nada parece indicar que el laborismo haya capturado la fuerza necesaria para aspirar a formar el próximo Gobierno”, ha defendido el presidente del Partido Conservador, Oliver Dowden, en la BBC. “Tony Blair arañó unos 1.800 representantes municipales en el 95, dos años antes de ganar las generales”, ha apuntado.
Johnson sale vivo de una situación que, en una situación normal, hubiera terminado con él el día que se demostraron las fiestas en su domicilio de Downing Street. No parece haber un partido en Reino Unido que pueda poner en problemas la posición del primer ministro a pesar de sus continúas actuaciones. El primer ministro ha conseguido desviar la atención de los problemas de su país hacia el conflicto en Ucrania, señalando al conflicto como causante de todos lo males de Reino Unido.
Radicalización de Irlanda del Norte
Por otro lado, sorprende la irrupción de Sinn Fein, el brazo político del grupo terrorista IRA, continuando con la tendencia al voto extremista europeo. De esta forma, el votante ha plasmado el precio a pagar por el acuerdo final que ha impedido una frontera interna en Irlanda, como consecuencia del Brexit, pero que ha exigido que esa frontera exista en el mar entre Gran Bretaña y su provincia de Irlanda del Norte. Desde que los acuerdos del Viernes Santo hicieron posible una convivencia, cuando parecía imposible la paz entre las dos comunidades enfrentadas, el Brexit ha venido a envenenar de nuevo el futuro de este pequeño recodo británico en la isla irlandesa.
¿Qué puede pasar ahora? Según los históricos acuerdos de paz, el partido ganador elige primer ministro, mientras que a la oposición le queda un puesto de viceprimer ministro, compartiendo poderes. Pero los unionistas no quieren hablar de la posibilidad de formar gobierno conjunto mientras no se abra la frontera por mar con Gran Bretaña. El ‘impasse’ podría llevar a nuevas elecciones. Un tiempo no obstante en el que va a aumentar la tensión en las calles y devolvernos a imágenes que creíamos olvidadas.
El triunfo del Sinn Fein en un país con mayorías unionistas permanentes amenaza con un nuevo incendio en el Reino Unido y apela al gobierno de Boris Johnson. En la victoria, los líderes republicanos ya han dejado caer que en cinco años sería posible un referéndum para la unificación de Irlanda, lo que sumado a la propuesta escocesa de otro de independencia empiezan a cuestionar lo que parecía evidente: que fuera de la UE, Gran Bretaña tiene problemas en sus fronteras que ponen en entredicho la integridad de su entidad política antes más protegida por su pertenencia a Europa.
De nuevo, Francia sale de estas elecciones con la sensación de que ‘se han librado’ de lo peor con, probablemente, la mejor opción posible para el electorado: la victoria de Emmanuel Macron.
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El resultado fue lo esperado por las encuestas publicadas los días antes a los comicios, con una victoria para el candidato de centro, con el 58,1% de los votos; aunque lo más destacable (y como también se esperaba) fue la participación, del 72%, la más baja desde 1969.
La figura del presidente francés ha estado en los últimos tiempos muy cuestionada por sus políticas, tanto económicas como sociales, las cuales abría la posibilidad a la ‘moderada’ extrema derecha, y decimos moderada porque todavía existía una opción más iliberal y a la derecha de Marine Le Pen.
Macron y los franceses deben estar contentos sabiendo que han ganado a pesar del ascenso de la extrema derecha, por lo que no hay lugar para celebraciones. Ahora, solo el presidente puede tratar de revertir la actual situación en los próximos cinco años, devolviendo la confianza de los franceses en las políticas moderadas y serias ante el alza de la política del miedo y populismo. El 12 de junio los franceses volverán a acudir a las urnas para las elecciones legislativas, y es aquí donde podremos ver si finalmente Macron podrá gobernar o los partidos extremistas frenarán el progreso de la nación durante los próximos cinco años.
Lo que se dio el pasado fin de semana en Francia es el miedo de todo país europeo a la llegada de los partidos extremistas, iliberales y anti europeístas. El cansancio generalizado de la ciudadanía con su clase política está provocando esta peligrosa tendencia al alza de estas ideas, que llegan tanto a jóvenes como a adultos y que ahora dinamitarán la vida política de Francia, alzándose como segunda fuerza política. Le Pen ha conseguido desde las pasadas elecciones ocupar el hueco de la derecha clásica, como de su modo lo ha logrado Melenchon con la izquierda clásica. Los ciudadanos franceses no pueden caer en el engaño iliberal, que solo perjudicará el crecimiento y avance del país y, en su defecto, de Europa.
Ahora en Francia la vida será diferente, con una cámara de representantes con un gran poder de los extremos y que no pondrán nada fácil la gobernabilidad, igual que sucede en el resto de países en lo que son oposición o en los que presiden, como Polonia y Hungría, y en el que las libertades de las personas se ven menguados por sus políticas iliberales y excluyentes.
Estos cambios de tendencia no son cosa de Francia o de una minoría de naciones, ya que en los resultados de sus pasadas elecciones podíamos apreciar un panorama semejante al nuestro; con cuatro o cinco formaciones apoyadas por un gran número de votantes. Finalmente, en Francia el poder social lo concentran tres grandes partidos, dos extremistas y un partido que ocupa con fuerza el centro político.
El resultado de estas elecciones debe ser un mensaje claro para los partidos constitucionalistas europeos, el electorado se siente infantilizado y termina sucumbiendo ante aquellos políticos que les prometen cambiar la situación a mejor en medio del descontrol que en estos momentos asola Europa, con independencia de los que está ocurriendo en suelo ucraniano. Los partidos moderados y europeistas deben tomar nota y recuperar la confianza de los ciudadanos para devolver a la sombra a los extremistas, ya sean de izquierdas o de derechas.
La irrupción de las ideas rupturistas, tanto con Europa como con las políticas moderadas, es la otra guerra que se está librando en la Unión. Los discursos dinamitadores, agresivos y del miedo, están calando en la sociedad, cansada de que sus políticos no luchen por el bien común, y los partidos constitucionalistas corren el peligro, como en Francia, de verse relegados a la nada. En el caso de España, si crecen los extremos sobre las derechas e izquierdas clásicas, no tenemos un centro fuerte, en la actualidad, que sea capaz de soportar la presión y el discurso de estas formaciones iliberales. Deben (los políticos) y debemos (la sociedad) trabajar y luchar para que esto no suceda, evitando la ruina de nuestros países y del conjunto de Europa.
Una vez realizada la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, es momento de analizar las tendencias más importantes de estos resultados en vistas a cómo puede ser el resultado de la segunda vuelta entre el actual presidente del país (28% de los sufragios), Emmanuel Macron, y la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen (23%). De esta forma se ha quedado fuera de la segunda vuelta el candidato de la extrema izquierda, Jean- Luc Melenchon, tercero en la carrera (20%) y el resto de los rivales del más variado espectro ideológico.
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En este sentido, Francia vive un momento de baja confianza en la política, lo que se espera que se traduzca en unos niveles muy bajos de participación para dentro de una semana. En esta primera vuelta, se ha visto muy intensamente el papel de los partidos extremos y su fuerza entre la juventud y la mediana edad del país, como fuerzas mayoritarias acompañando a un Macron que no ha tenido su mejor año en lo político y en cuanto a su relación con los franceses, recordando, por ejemplo, la crisis de la vacunación obligatoria.
Entre los tres máximos candidatos a la presidencia, el voto de los jóvenes hasta los 34 años fue copado por el candidato de ultraizquierda, aunque con una tendencia que se va invirtiendo a medida que más mayores son los votantes respecto a la extrema derecha de Le Pen, que lidera a los votantes desde los 35 a los 64 años. Entre los 18 y los 64 años Macron se mantiene estable sin alejarse de sus rivales por el Elíseo, pero es a partir de los 65 años donde realmente Macron sobresale sin oposición alguna.
Podemos apreciar una clara tendencia generacional marcada por los extremismos, que copan ideológicamente a padres e hijos, cada uno más cercano a un extremo. Esta intencionalidad de voto marcada por la edad viene dada con la caída de la derecha e izquierda clásica francesas, que perdieron poder con la llegada de Macron a un sistema presidencialista tan fuerte como el galo.
Macron ha conseguido liderar la posición del centro político de su país y solo los discursos más extremistas han conseguido hacerle frente, tanto por uno como por el otro lado de la ecuación, tras años de crecimiento imparable, sobre todo la extrema derecha. En el caso de Melenchon, con un discurso más populista y atractivo para los votantes más jóvenes, pero que iba perdiendo fuerza a medida que la edad del electorado avanzaba. Con respecto a Le Pen, el tener un partido más a la extrema derecha (Zemmour) ha conseguido que su discurso de odio y xenofobia se suavice. De esta forma, la líder extremista, ha conseguido un gran aliado para blanquear su discurso iliberal y altamente incendiario, en el que se ve reflejada la mediana edad francesa, cansada de Macron y enfadada, por lo que casa muy bien con el discurso de la extrema derecha de Le Pen.
Ahora, y en vistas de lo que pueda pasar en la segunda vuelta, la gran baza del actual presidente es que el resto de candidatos, a excepción obviamente de la extrema derecha, se posicionen en su favor para tratar de convencer a un electorado, a priori, que no confía tanto en su presidente. Ante la posibilidad de que la próxima semana Marine Le Pen pueda hacerse con las llaves del Elíseo, el expresidente Nicolas Sarkozy y Melenchon, han manifestado su apoyo al presidente Macron para que no gane la candidata de la derecha radical a riego de cometer “errores definitivamente irreparables” para Francia.
Los ciudadanos franceses no deben caer en el enfado y la rabia al acudir al colegio electoral la próxima semana, y es que el panorama de movimientos de votantes de los partidos que se han quedado fuera de la segunda vuelta puede ser muy accidentado para la sociedad gala. La idea de ‘ganar perdiendo’ se recupera por el resto de los partidos para evitar un suceso trágico para el país y los líderes del resto de partidos saben de la posibilidad que hay de que parte del electorado se pase, incluso desde posiciones en las antípodas políticas, a apoyar a la ultraderecha para que no gobierne de nuevo Macron.
No debe haber, internamente, nada más opuesto a los valores de Francia que esta extrema derecha xenófoba e iliberal. Pero allí está de nuevo, mejor preparada que nunca a asaltar el castillo del liberalismo parlamentario. En estas dos semanas, a Macron le espera una montaña: armar una mayoría presidencial con los frutos de un campo, el centro, en una posición socialmente muy comprometida. Solo la responsabilidad de una sociedad como la francesa puede frenar el avance del odio en un momento de tanta inestabilidad en Europa. Francia debe ganar estas elecciones, a pesar del avance los extremismos, que nos hacen perder a todos.
En los últimos siete años, la sociedad española se ha enfrentado a un periodo oscuro en la política española. Los extremismos políticos han calado dentro del imaginario colectivo y los grandes partidos constitucionalistas han ido perdiendo credibilidad por su falta de ética profesional, tan necesaria en el mundo de la política, abriendo la puerta de España al rupturismo e iliberalismo fervientes de los extremos, los cuales capitalizan la huída de votantes, otrora moderados, que buscan una acción más contundente (y, a la vez, más radical) ante los problemas que juzgan que no son capaces de resolver los partidos tradicionales.
FUENTE: EFE
El resultado de las elecciones del 13-F en Castilla y León devuelve a la realidad la necesidad de replantear las amistades en los pactos de gobierno. El PP ha sido el partido más votado y necesitaría de Vox o PSOE para gobernar, ya sea pactando con ellos el Ejecutivo regional o desbloqueando la gobernabilidad con una abstención. Desde el PP ya han dejado claro que no quieren pactar con la ultraderecha y que se reunirán con el resto de las agrupaciones para formar un Gobierno alejado de iliberalismos para los castellanoleoneses.
Sin embargo, este proceso se ha visto desplazado por la gran crisis abierta en el centro-derecha, la cual no sólo cuestiona la política de alianzas sino que incluso compromete la viabilidad del propio PP. Urge llegar a un entendimiento y depuración de responsabilidades para evitar una nueva fractura que añada más complejidad y dificultad a la ya de por sí difícil situación del tablero político nacional.
En este contexto, y con la nueva caída electoral de Unidas Podemos, hay que analizar el crecimiento de Vox con la mirada puesta hace siete años en los comicios de 2015 y 2016 cuando Podemos escaló hasta la tercera posición en las Cortes. Un análisis poco profundo de los datos constataría que la pérdida de votos del PP provoca este crecimiento de Vox. Sin embargo, esta tesis no recoge completamente la realidad. El aumento de Vox es, en gran parte, consecuencia evidente del Gobierno de coalición como reacción a lo que está sucediendo en los últimos dos años. Al mismo tiempo, es una imagen especular de las motivaciones de fondo que a una parte no menor del electorado de izquierda le llevó a confiar en Podemos.
En este sentido, sorprende la falta de simetría en el análisis de los extremos. Hay visiones que atribuyen peligros a Vox que no veían ni ven a Unidas Podemos, cuando ambos provocan un gran daño al país. Sus continuos ataques a nuestro sistema democrático y nuestra Constitución conducen a la sociedad al enfrentamiento, por lo que no será posible terminar con Vox sin eliminar los extremismos partícipes en el Gobierno, incluyendo a independentistas y a los herederos políticos de ETA. No podrá evitarse que Vox entre en las instituciones si no se permite ahora sacar fuera del Gobierno a Podemos, por lo que no se le puede exigir al PP que tome las decisiones que el PSOE no está tomando.
El papel de Unidas Podemos y de los socios secesionistas en las diferentes posiciones de poder, ha terminado por desgastarle en los diferentes comicios de estos últimos tiempos, así como en las encuestas. Mientras esto sucede, Vox crece en contraposición como única posibilidad de hacer frente a la izquierda radical, plantando cara argumentalmente al PP con un discurso populista, reconocible en otros movimientos que siguen esta tendencia de crecimiento por toda Europa.
Con esto, no debemos esperar a que Vox comience a gobernar para que la sociedad sea consciente de sus peligros. La política debe alejarse del iliberalismo y los partidos populistas, reduciéndolos a una oposición que se diluiría en discurso con un panorama de entendimiento entre los grandes partidos. España necesita concordia después de años de la extrema polarización y violencia política de los últimos tiempos. El progreso de nuestro país está sujeto a políticas moderadas en torno a la defensa de la Constitución del 78. Independientemente de quien fuese el partido más votado, tanto en estos comicios de Castilla y León como en cualquier otro proceso electoral, ambos partidos podrían ofrecer a España gobiernos sólidos y responsables en beneficio de la ciudadanía.
En estos momentos, podemos decir que en el panorama electoral español será necesario pactar para formar gobierno después de cada jornada electoral. Los tiempos del bipartidismo han quedado atrás, llevándose consigo las mayorías absolutas. La pelota se encuentra en el tejado de ‘populares’ y ‘socialistas’, que deben decidir si quieren seguir pactando con las peores opciones que se presentan sobre sus mesas, o dejar aparte el ego de las siglas y pelear una gran coalición. No hay fórmulas sencillas; todas las opciones previsibles se antojan ahora mismo inviables, escasas o muy costosas, incluida la de un acuerdo entre los dos grandes partidos. Pero, llegado el momento, habrá que elegir cuál es la menos mala de las soluciones. Y si de verdad el propósito es frenar a Vox y Unidas Podemos, tanto PP como PSOE tendrán que actuar en consecuencia.
Esta situación de inmovilismo negociador entre los dos grandes partidos no lleva a ningún lado y es necesaria la recuperación del centro político por los partidos mayoritarios, los cuales deberían defender ese centro y no como está sucediendo en estos momentos. Esta coalición posicionaría a España como una gran aliada, fuerte, ante la Unión Europea con un gran Gobierno como el que se plantea.
Hablamos con María de los Ángeles Fernández Ramil, Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y analista política, sobre el proceso electoral chileno semanas antes de la segunda vuelta de las elecciones
En 2019 nació en Chile el movimiento conocido como Estallido Social ¿Por qué surge esta situación en el país?
El llamado estallido social chileno tuvo lugar el 18 de Octubre de 2019. Desde mi punto de vista, representa la eclosión de una situación de malestar que se venía acumulando y manifestando de manera intermitente en el país de distintas formas. A inicios 2000, gracias a los informes que desarrollaba el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se instaló un debate, a nivel de referentes de opinión, al que se le llamó “el difuso malestar”. Del mundo de las ideas y de la conversación pública, se trasladó al mundo de la protesta a través de episodios importantes centrados específicamente en la demanda educativa. En el año 2006 el país asistió a la llamada “revolución de los pinguinos” y luego, durante el año 2011, con las manifestaciones estudiantiles por educación pública, gratuita y de calidad centrada, esencialmente, en la educación superior y que, dicho sea de paso, fue el semillero de las que salieron importantes líderes políticos del país hoy día al punto que tienen hoy día a uno de ellos, Gabriel Boric, disputando la presidencia en la segunda vuelta presidencial como candidato de un conglomerado de izquierda (Apruebo Dignidad) que incluye al Partido Comunista de Chile.
Desde esos años, se venía dando un debate en la sociedad chilena acerca de cómo era posible que el país, con unos buenos indicadores en muchos ámbitos que lo separaban del resto de sus pares en la región, expresaba de diversas formas su malestar. Algunos analistas lo atribuían a la desigualdad del país ya que, aunque los gobiernos que llevaron adelante la transición a la democracia con lemas como “Crecer con igualdad” lograron reducir sustantivamente la pobreza, la desigualdad se ha mantenido latente al punto de ser Chile uno de los veinte países más desiguales del mundo y situarse entre los más desiguales de América Latina lo que obligaba a avanzar en políticas de mayores niveles de protección social. Por otra parte, otra corriente señalaba que lo que los chilenos querían era mayor acceso a los bienes de consumo y que, con la expresión de dicho malestar, no estarían repudiando el modelo de modernización capitalista que se instaló con la dictadura de Augusto Pinochet.
Lo que sucedió en Chile puede inscribirse, por un lado, en el marco de las protestas sociales que tuvieron lugar en América Latina durante ese mismo año pero también debe leerse como algo propio y específico de un país extenuado por la aplicación de un modelo de libre mercado a ultranza que se instaló durante el régimen militar y que refundó totalmente la sociedad. Es cierto que, desde que se recuperara la democracia en 1990, el conglomerado de centro izquierda que gobernó el país por 20 años (la Concertación de Partidos por la Democracia) intentó modificar el rol tan protagónico que el mercado ocupa en la vida cotidiana de los chilenos pero siempre hubo un límite ya que la Constitución heredada de Pinochet, y que hoy está en proceso de superación producto, justamente, del estallido social del 18 de Octubre, dejó expresamente consignados quórums muy altos e instituciones de tipo contramayoritario, lo que hizo que la aspiración de darle un rol más decisivo al Estado en un modelo que, originalmente buscó relegarlo a un plano subsidiario en la prestación de bienes públicos tan importantes como la sanidad, la educación y las pensiones, siempre encontraba un muro.
¿Ha cambiado a mejor esa situación en este tiempo?
La respuesta no puede ser categórica. Por un lado, el estallido social del 18 de Octubre se expresó a través de masivas manifestaciones pacíficas pero tuvo una contracara de violencia y destrucción de bienes públicos desconocida desde el año 90 a la fecha y que no es de fácil categorización. Desde el primer momento, hubo fuerzas políticas que no condenaron expresamente dicho tipo de violencia sino que, de alguna forma, o la justificaron como necesaria para alumbrar el proceso constituyente que ahora está en curso o bien se omitieron de hablar sobre ella centrándose, como contrapartida, en criticar la gestión de la violencia y del desorden llevada a cabo por Carabineros de Chile. El récord de muertes y heridos producto del 18 de Octubre, ampliamente documentados por organismos internacionales de derechos humanos, ha dejado en la sociedad chilena una marca de difícil resolución ya que ha retrotraído al país a la memoria de tiempos oscuros de la represión llevada a cabo por el régimen de Augusto Pinochet y por la que se responsabiliza al presidente actualmente en ejercicio, Sebastián Piñera, cuyo mandato termina en marzo de 2022.
Lo concreto es que, a partir de ese momento, la violencia se ha instalado con fuerza en Chile y está lejos de ser algo episódico. De hecho, hay territorios en el país que viven una situación de violencia estructural como la Araucanía, epicentro de demandas del pueblo mapuche largamente postergadas.
A todo esto, hay que superponer la crisis sanitaria y económica sobrevenida por el impacto del Covid-19. No es exagerado afirmar que Chile vive, ad portas de la segunda vuelta de una elección presidencial, una condición de crisis sistémica pero, al mismo tiempo, muchas personas tienen esperanza en el proceso constituyente que deberá alumbrar una nueva carta fundamental en el año 2022 a ser sancionada por el pueblo chileno en un plebiscito de salida.
La primera vuelta se la ha llevado el candidato de la ultraderecha José Antonio Kast ¿Qué se espera de la segunda vuelta el 19 de diciembre?
De manera inédita, la primera vuelta encumbró a un candidato como José Antonio Kast que, muy poco tiempo antes, estaba llamado a cumplir un rol poco menos que anecdótico en dicha contienda. Pero el segundo aniversario del 18 de Octubre dejó tras de sí una nueva estela de violencia y de destrucción, cuando no de abierto pillaje en muchas zonas del país, que ha catapultado a dicho candidato a una posición que, seguramente de no mediar dicho episodio, jamás se habría soñado ocupar. Un sector de la población comienza a demandar seguridad y orden frente a un presidente que, como Sebastián Piñera, está notablemente debilitado incluso antes del segundo intento de acusación constitucional del que fue objeto en fecha reciente y que sorteó con éxito. A ello se suma el fenómeno migratorio, especialmente acuciante en el norte de Chile y que ha llevado al candidato Kast a proponer una variación del muro de Trump, pero ahora expresado en una zanja.
Lo concreto es que su inédito resultado ha frenado a quienes anunciaban, como producto del proceso constituyente, un nuevo ciclo para la política marcado por la idea de cambio porque Kast, junto con posicionarse como candidato competitivo para el balotage que tendrá lugar el 19 de diciembre, ha logrado colocar el eje del orden y logrando importante presencia en las elecciones legislativas que tuvieron lugar el pasado 21 de diciembre. Junto con observar los resultados del balotage próximo, hay que considerar el mapa de cómo quedaron las fuerzas representadas en el Congreso ya que la derecha, que se pensaba que había sido derrotada en la conformación del órgano constituyente de 155 miembros, ha cobrado nuevos bríos al punto de que, como señalan varios analistas, podría proponerse frenar el proceso constitucional encabezando la opción del “rechazo” en el plebiscito de salida previsto para el año 2022.
Según los medios españoles La Moneda estará reñida entre el candidato de la izquierda dura, un líder estudiantil admirador de Pablo Iglesias, y el de la derecha extrema, un férreo defensor de los años de Pinochet ¿Es esto lo que necesita el país?
Ningún país, incluido Chile, necesita una polarización que comprometa tanto la gobernabilidad futura como la vida cotidiana de los chilenos, tanto a nivel individual como en los colectivos en los que participan. Hoy, la contienda ha tomado un tinte preocupante al punto de que muchas personas se sienten emplazadas por la lógica del “estar conmigo” o “estar contra mí” desde las dos posturas que dirimen en la segunda vuelta. Ninguna sociedad puede prosperar si no hay un espacio político importante para la capacidad de acuerdo y de procesamiento de las diferencias en un clima de tolerancia y apoyo mutuos que, vistas las cosas, solo la podrían proporcionar fuerzas políticas más cercanas a los matices pero que hoy se ven expulsadas de las lógicas políticas en curso.
Adicionalmente, las recientes elecciones permitieron que llegase tercero el representante del llamado Partido de la Gente, el economista Franco Parisi, que se hizo conocido gracias a los medios de comunicación y que hizo campaña presidencial desde Estados Unidos, totalmente a distancia y sin pisar el país en los últimos dos meses. Fue primera fuerza en la región de Antofagasta y segundo candidato más votado desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo.
Sus votantes, que comienzan a ser disputados ahora en la segunda vuelta por los dos ganadores, colocan interrogantes nuevas para quienes estudian el impacto de las redes sociales en las elecciones y la “desterritorialización” relativamente exitosa de una candidatura.
¿Cómo está viviendo usted las selecciones desde la distancia?
Las vivo con sensaciones ambivalentes de esperanza y preocupación. Viví en Chile por 32 años, soy española y chilena al mismo tiempo y observo la pendiente resbaladiza hacia una creciente polarización que es inédita en el marco de su historia reciente. Es particularmente preocupante el hecho de que, a pesar de lo mucho en juego, la participación en las pasadas elecciones fuera ligeramente superior a 7 millones, un 47% (lo mismo que en la primera vuelta presidencial del año 2017) y menos al plebiscito para una nueva Constitución del 2020.
Por otra parte, como alguien que ha trabajado por años en el ámbito de la igualdad de género, me preocupa lo que puede representar una candidatura de extrema derecha que ofrece terminar con la maquinaria estatal de género tal como la conocemos así como muchos avances logrados por las mujeres de Chile hasta la fecha. Sin embargo, por otra parte, las recientes elecciones entregan motivos para celebrar ya que la participación política femenina en ambas Cámaras avanzó gracias a la puesta en práctica de una ley de cuotas de género aprobada durante el segundo mandato de Michelle Bachelt: en Diputados, de 36 a 57 mujeres y en el Senado, de 10 a 12.
¿Espera que el resultado de estas elecciones mejore la situación del país y de los chilenos?
Es muy difícil entregar una respuesta. El presidente que salga de las urnas el 19 de diciembre tiene un rol en administrar una etapa de transición que viene dada por el proceso constituyente, la eventual aprobación de la carta fundamental que de allí salga y su puesta en funcionamiento. Para muchos, allí estaría residiendo el verdadero poder. En ese marco, ojalá sea una persona que, aunque emerja de una posición de extremos, entienda que debe sobreponerse a ella intentando coser una sociedad que hoy es vista y vivida como fracturada. El resultado que arroja la conformación del Congreso anticipa fragmentación, polarización e indisciplina.
Como resumen, al menos hasta el día de hoy, se constata que Chile no logra escapar de un fenómeno que recorre América Latina como es la implosión de su sistema de partidos con derrumbe relativo de los conglomerados políticos que administraron la transición (centro izquierda y centro derecha), el surgimiento de propuestas extremas, elecciones con alto nivel de abstencionismo y profundización del populismo que, en algunos casos, no disimula su autoritarismo. Todo ello, a su vez, hay que colocarlo en un marco de tendencias más preocupantes como advierte el reporte “El estado global de la democracia 2021: Construyendo resiliencia en una era pandémica”, de Idea Internacional que revela “mayor tendencia autoritaria y un retroceso de la democracia a nivel global”.
