La decisión cautelar sobre la llamada «ley de nietos» no cuestiona la nacionalidad ya concedida, pero sí detiene sus efectos electorales cuando no se acredita el exilio exigido por la norma.
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Durante meses, cualquier duda sobre los efectos electorales de la llamada «ley de nietos» pudo despacharse como una teoría interesada de la oposición. Ya no. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes —y los efectos de las ya realizadas— de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática sin acreditar que su padre, madre, abuelo o abuela hubiera sufrido realmente el exilio en los términos establecidos por la ley. La nacionalidad permanece; lo que queda en suspenso es el voto mientras se resuelve el fondo del litigio.
La distinción es importante porque permite ver con claridad dónde está la controversia. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática abrió la nacionalidad a determinados descendientes de españoles que habían perdido o renunciado a ella como consecuencia del exilio. Pero la posterior Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública desarrolló una interpretación expansiva de aquella previsión y facilitó la acreditación de esa condición. Ahí se encuentra el punto que ahora examina el Supremo: hasta dónde podía llegar una instrucción administrativa al aplicar una ley con capacidad para alterar sustancialmente el censo exterior.
De la memoria al censo
Las cifras explican la dimensión política del asunto. Más de dos millones de personas iniciaron solicitudes al amparo de la norma y más de medio millón de nacionalidades habían sido ya aprobadas cuando llegó la decisión cautelar. El aumento potencial del CERA dejó hace tiempo de ser estadísticamente irrelevante. En unas elecciones generales decididas por márgenes estrechos, unos pocos miles de votos exteriores pueden alterar escaños y, con ellos, mayorías parlamentarias.
Por eso la reacción del Gobierno resulta tan reveladora. Félix Bolaños reclamó al Supremo que resuelva «lo antes posible» y, en todo caso, antes de los procesos electorales de 2027, porque está en juego el derecho de voto, «lo más sagrado» de una democracia. Desde el Ejecutivo se ha insistido además en que las acusaciones sobre una operación de «ingeniería electoral» son un bulo.
La cautelar no prueba que Moncloa diseñara conscientemente una operación para fabricar electores favorables y sería impropio atribuírselo al auto. Pero sí ha destruido la comodidad con la que podía descartarse cualquier discusión sobre los efectos censales de la norma. El Supremo habla de un peligro «fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia de los procesos electorales. Es decir, aquello que políticamente se presentaba como una fantasía de la oposición ha alcanzado suficiente entidad jurídica como para que el alto tribunal considere necesario impedir que sus efectos electorales se consoliden antes de dictar sentencia.
No es poca cosa. Una política presentada exclusivamente como reparación histórica terminó produciendo una expansión extraordinaria del cuerpo electoral y ahora obliga a los tribunales a preguntarse si esa expansión se hizo respetando exactamente los requisitos que había establecido el legislador.
El Sáhara demuestra que la nacionalidad no admite atajos
En este debate aparece además una cuestión que ayuda a comprender hasta qué punto la nacionalidad exige precisión jurídica: el Sáhara Occidental.
Durante décadas España administró aquel territorio y muchos saharauis dispusieron de documentación española, vivieron bajo instituciones españolas o tuvieron vínculos jurídicos directos con nuestro país. Pero el Tribunal Supremo estableció en 2020 que haber nacido en el Sáhara durante la administración española no convierte por sí solo a una persona en española de origen a efectos del Código Civil. La legislación de descolonización había definido expresamente aquel territorio como colonial y abrió entonces un procedimiento específico para que determinados saharauis optaran por la nacionalidad. La explicación jurídica recogida por Iberley
Eso no significa que ningún saharaui pueda beneficiarse de la «ley de nietos». Puede hacerlo quien descienda de una persona que sí fuera originariamente española y cumpla los demás requisitos legales. Lo que no cabe es transformar automáticamente el hecho histórico de haber nacido bajo administración española en una nacionalidad de origen que el Supremo ha rechazado reconocer con carácter general.
La distinción parece técnica, pero toca exactamente el corazón de la controversia actual. La nacionalidad produce derechos civiles y políticos de enorme alcance y no puede descansar sobre aproximaciones históricas, presunciones administrativas o interpretaciones de conveniencia. Si para el Sáhara el Supremo exige distinguir cuidadosamente entre territorio administrado por España y territorio nacional, no resulta extraño que ahora reclame también precisión cuando una norma concebida para descendientes del exilio termina incorporando centenares de miles de personas al censo.
La reacción explica el daño
Quizá por eso el nerviosismo gubernamental importa tanto como la propia medida cautelar. Si estuviéramos ante una cuestión puramente administrativa, bastaría con defender la interpretación del Ministerio de Justicia y esperar la sentencia. En cambio, la respuesta ha sido inmediatamente política y ha colocado las elecciones de 2027 en el centro de la discusión.
Ese reflejo permite comprender lo que estaba realmente en juego.
La Ley de Memoria Democrática podía tener una justificación reparadora y, al mismo tiempo, producir un efecto político monumental. Ambas cosas no son incompatibles. El problema empieza cuando una ampliación extraordinaria del censo se ejecuta mediante una interpretación administrativa controvertida y cualquier pregunta sobre sus consecuencias electorales se desacredita como conspiración.
Ahora el Supremo obliga a hacer aquello que debió hacerse desde el principio: comprobar primero y contar después.
El Gobierno podrá ganar el procedimiento principal. La cautelar no anticipa la sentencia. Pero el daño político ya está hecho porque ha desplazado la discusión desde las intenciones atribuidas a Sánchez hasta algo mucho más verificable: qué decía la ley, cómo la amplió su Administración y cuántos nuevos electores podían incorporarse como consecuencia de esa interpretación.
La nacionalidad española no puede convertirse en una herramienta coyuntural de política partidista ni su regulación puede abordarse como si sus efectos electorales fueran secundarios. Reparar injusticias históricas es una obligación legítima del Estado. Modificar potencialmente el cuerpo electoral exige algo más: una escrupulosa fidelidad a la ley.
El Supremo no ha resuelto todavía si esa fidelidad existió. Lo que ha decidido es que la duda es demasiado grave para esperar a comprobarlo después de contar los votos.
El problema para Europa no es únicamente que AfD pueda gobernar algún día Alemania. Es que el avance iliberal está consiguiendo algo anterior y quizá más importante: cambiar lo que las democracias europeas consideran políticamente normal.
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El dato más inquietante de las elecciones de Sajonia-Anhalt no es sólo el 43,8% obtenido por Alternativa para Alemania. Es todo lo que rodea a ese porcentaje. AfD sumó 576.037 votos, 23 puntos más que en 2021, mientras la CDU se desplomó del 37,1% al 17,2%. Y no ocurrió gracias a una abstención excepcional que permitiera a una minoría movilizada apropiarse del resultado: participó el 77,8% del electorado, la cifra más alta registrada en unas elecciones regionales desde la reunificación. AfD ganó con claridad una elección muy participada. Los resultados provisionales oficiales de Sajonia-Anhalt
Tampoco sirve ya la caricatura sociológica de una extrema derecha sostenida exclusivamente por hombres mayores, resentidos y habitantes de las zonas rurales. AfD fue la primera fuerza en todos los grupos de edad: alcanzó el 41% entre los menores de 25 años y llegó al 52% entre los votantes de 35 a 44. La transversalidad generacional convierte el resultado en algo cualitativamente distinto. No estamos viendo simplemente cómo envejece un resentimiento; estamos viendo cómo se reproduce.
Y conviene añadir una precisión que separa este caso de una victoria convencional de la derecha populista. La organización de AfD en Sajonia-Anhalt está clasificada desde 2023 por la Oficina regional de Protección de la Constitución como una organización de extrema derecha confirmada. El informe oficial de 2025 señala que su discurso está atravesado por una concepción étnica del pueblo incompatible, según el organismo, con principios esenciales del orden democrático y con la garantía constitucional de la dignidad humana. AfD mantiene abierto un procedimiento contra esa clasificación. No debe confundirse esta situación regional con la controversia judicial todavía pendiente sobre la calificación de la organización federal, pero tampoco puede rebajarse lo sucedido: una formación oficialmente vigilada por extremismo acaba de quedarse a tres escaños de la mayoría absoluta de un Parlamento regional alemán. La valoración oficial del servicio de protección constitucional de Sajonia-Anhalt
El peligro empieza cuando deja de parecer extremo
Interpretar el 43,8% como si casi la mitad de Sajonia-Anhalt se hubiera convertido repentinamente al extremismo sería tan cómodo como inútil. Parte del éxito de AfD nace de problemas perfectamente reconocibles: estancamiento económico, temor ante la pérdida de industria, coste de la vida, inmigración, sensación de abandono en el este y una desconfianza monumental hacia el Gobierno federal. El 87% de los electores del Land se declaraba insatisfecho con el Ejecutivo de Friedrich Merz y, entre los votantes de AfD, dos tercios consideraban que recibían menos de lo que justamente les correspondía.
Ésa es precisamente la parte peligrosa. No hace falta que una sociedad se vuelva extremista para que una formación extremista pueda conquistarla electoralmente. Basta con que consiga convertirse en el vehículo más eficaz para expresar agravios que sí son mayoritarios. La seguridad económica, la inmigración, el declive industrial o la distancia entre gobernantes y gobernados dejan entonces de discutirse dentro del perímetro político tradicional y empiezan a formularse mediante las soluciones de quien había vivido fuera de él.
El fenómeno tampoco está confinado a un Land oriental. En las elecciones federales de 2025, AfD ya había duplicado su resultado nacional, pasando del 10,4% al 20,8% y convirtiéndose en la segunda fuerza del Bundestag. Las encuestas publicadas esta semana la sitúan ahora entre el 27% y el 29%, claramente por delante de la CDU/CSU. Y el próximo 20 de septiembre hay elecciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde Infratest dimap acaba de situarla en el 35%, más del doble del 16,7% obtenido en 2021. Resultado oficial de las elecciones federales de 2025
La frontera decisiva está cerca. AfD tiene 39 de los 83 diputados de Sajonia-Anhalt. Si consiguiera gobernar, dejaríamos de hablar de influencia sobre el debate para hablar de control sobre instituciones. Un Gobierno regional dispone de competencias sobre policía, educación, administración y medios públicos. Más delicado todavía: el Ministerio del Interior supervisa la propia Oficina de Protección de la Constitución que actualmente vigila a AfD. Los servicios de seguridad alemanes están estudiando ya qué información sensible podría compartirse con un Ejecutivo dirigido por una organización que ellos mismos consideran extremista.
Éste es el verdadero problema del iliberalismo moderno. Rara vez comienza quemando constituciones. Llega mediante elecciones, obtiene competencias ordinarias y después empieza a redefinir qué medios son legítimos, qué jueces estorban, qué asociaciones merecen financiación, qué minorías pertenecen plenamente a la comunidad nacional o qué órganos de control son sospechosos porque contradicen la voluntad de la mayoría. La democracia continúa celebrando elecciones mientras van debilitándose los contrapesos que impiden que una victoria electoral equivalga a disponer del Estado.
Cuando Alemania gira, Europa se desplaza
Sería un error considerar todo esto una peculiaridad de la antigua Alemania Oriental. Si AfD estuviera creciendo de esta manera en Eslovaquia o Bulgaria, el problema sería grave. Que ocurra en Alemania lo convierte además en un problema estructural de la Unión Europea.
Alemania representa el 23,8% del PIB comunitario, 4,5 billones de euros, y es con diferencia la mayor economía de la UE. Sus 83,5 millones de habitantes equivalen al 18,47% de la población utilizada para calcular las mayorías en el Consejo y dispone del máximo de 96 eurodiputados. Alemania no puede imponer por sí sola una política europea ni bloquear unilateralmente una mayoría cualificada, pero prácticamente ninguna gran coalición estable en materia fiscal, industrial, climática, migratoria, defensiva o presupuestaria puede comportarse como si Berlín no existiera.
El efecto europeo, además, puede producirse mucho antes de que AfD llegue a la Cancillería. Si la CDU concluye que necesita endurecer sus posiciones para recuperar electores, cambia la política alemana. Si ese cambio alemán modifica la posición del Consejo sobre inmigración, transición energética o asilo, cambia la política europea. La extrema derecha no necesita gobernar para gobernar una parte de la agenda.
La evidencia comparada debería hacer reflexionar especialmente sobre esa estrategia. Una investigación académica publicada este mismo año, basada en 14 elecciones de elevada saliencia migratoria, concluye que los partidos tradicionales no obtienen beneficios electorales claros endureciendo sus posiciones para competir con la derecha radical. Otros estudios comparados llegan incluso a advertir que esa acomodación puede legitimar al partido radical y favorecer que el elector termine prefiriendo al propietario original del discurso.
Europa ya dispone de un ecosistema preparado para amplificar el movimiento. Patriotas por Europa tiene actualmente 85 diputados, entre ellos Rassemblement National, Vox, el FPÖ austriaco y Fidesz; los Conservadores y Reformistas Europeos suman 84; y Europa de las Naciones Soberanas, donde se integra AfD, otros 27. Son 196 de los 719 diputados actuales del Parlamento Europeo. Sumarlos como si formaran una única organización sería incorrecto: Meloni no es AfD, existen diferencias sustanciales sobre Rusia, Ucrania, la OTAN, la UE y la economía. Pero sí demuestra que el espacio político situado a la derecha del Partido Popular Europeo ha dejado de ser una periferia parlamentaria.
Austria ya vio al FPÖ ganar las elecciones generales de 2024 con el 28,8%, aunque finalmente quedó fuera del Gobierno. Giorgia Meloni acaba de convertir su Ejecutivo en el más longevo de la República italiana. Rassemblement National es una fuerza central de la política francesa. Viktor Orbán perdió finalmente el Gobierno húngaro este año, demostrando que el movimiento no es irreversible. La tendencia europea no avanza en línea recta, pero su dirección de fondo resulta difícil de ignorar: la derecha radical ha dejado de discutir si puede entrar en las instituciones y empieza a discutir cuándo podrá dirigirlas.
España no está fuera del mapa
España se encuentra lejos del escenario de Sajonia-Anhalt. Conviene decirlo antes de establecer comparaciones fáciles. Vox es una formación parlamentaria consolidada y no puede colocarse sin más en la misma categoría jurídica o política que organizaciones neonazis extraparlamentarias. Tampoco Frente Obrero es equivalente a Núcleo Nacional. Precisamente lo interesante es observar cómo determinadas ideas circulan entre espacios que no son equivalentes.
El primer nivel es electoral. Vox cuenta con seis eurodiputados dentro de Patriotas por Europa y el último barómetro de 40dB. lo sitúa en el 17,8%, beneficiándose especialmente del endurecimiento del debate migratorio.
Más abajo está ocurriendo algo distinto. Núcleo Nacional, organización ultraderechista monitorizada por las fuerzas de seguridad y vinculada al discurso del «gran reemplazo» y la «remigración», se registró el pasado febrero como partido político con el nombre de Noviembre Nacional y ámbito estatal. El salto es pequeño en términos electorales, pero significativo en términos políticos: una organización nacida en Telegram, las protestas callejeras y la estética de la militancia encapuchada intenta trasladarse a una papeleta. El registro de Núcleo Nacional como Noviembre Nacional
También está Isabel Peralta, una de las figuras más conocidas del neonazismo español. El TSJM confirmó el pasado 31 de julio su condena a un año de prisión por provocación a la discriminación y al odio contra inmigrantes marroquíes y musulmanes durante una concentración de 2021. No estamos aquí ante una etiqueta periodística discutible: existe una sentencia.
Frente Obrero merece una lectura diferente y quizá más interesante. No es un movimiento neonazi y sería intelectualmente pobre introducirlo en la misma casilla. Se define a sí mismo como «patriota y revolucionario», pretende fusionar patriotismo y lucha obrera y sostiene en su programa que un país que no controla la inmigración y su «asimilación» está «condenado a desaparecer». Obtuvo algo más de 66.000 votos en las europeas de 2024. Su importancia para este análisis reside precisamente en demostrar que el repertorio nacionalista, identitario y radicalmente antiinmigración ya no viaja exclusivamente por la derecha tradicional: puede combinarse con lenguaje obrerista, anticapitalismo, rechazo de las élites y soberanismo. El programa político de Frente Obrero
Y existe todavía un extremo mucho más pequeño pero incomparablemente más peligroso. Ayer mismo, un juez de la Audiencia Nacional propuso juzgar al presunto responsable en España de una célula de The Base, organización terrorista neonazi y aceleracionista. La acusación sostiene que captaba y adoctrinaba militantes para la llamada «sucesión blanca», promovía entrenamiento con armas y pretendía utilizar el caos y la violencia para provocar un cambio político. Es un procedimiento pendiente de juicio y, por tanto, debe hablarse de acusaciones, no de hechos condenados. Pero su existencia recuerda que el universo radical posee también una periferia que ya no pretende ganar votos, sino acelerar el colapso del sistema.
El contexto social tampoco invita a la indiferencia. Interior registró en 2025 2.417 delitos e incidentes de odio, un 23,6% más que el año anterior y el máximo de la serie histórica; 934 estuvieron relacionados con racismo o xenofobia. Una cifra policial no permite atribuir causalidad a un partido ni convertir cualquier discurso duro sobre inmigración en violencia. Sí demuestra que el terreno en el que se está produciendo esta radicalización no es abstracto.
La advertencia alemana
La lección de Sajonia-Anhalt no consiste en anunciar un nuevo 1933 cada vez que AfD gana unas elecciones. Ese recurso termina banalizando aquello que pretende denunciar. Alemania sigue teniendo una Constitución robusta, tribunales independientes, una sociedad civil poderosa y la arquitectura de una democracia militante concebida precisamente para defenderse de quienes utilicen sus libertades para destruirlas.
La advertencia es más incómoda.
Durante años Europa se tranquilizó pensando que las fuerzas iliberales tenían un techo, que gobernar las moderaría, que los cordones sanitarios las desgastarían o que sus electores volverían a los partidos tradicionales en cuanto desapareciera una determinada crisis. Ninguna de esas hipótesis ha funcionado de manera universal. En Sajonia-Anhalt, el cordón sigue existiendo y AfD ha llegado al 43,8%. En el conjunto de Alemania, después de duplicar su voto en 2025, se mueve ya alrededor del 28%.
El peligro no empieza cuando la extrema derecha obtiene el poder. Empieza cuando deja de parecer extremo entregárselo.
Y quizá ésa sea la razón por la que España debería mirar con especial atención a Alemania. No porque Núcleo Nacional vaya a obtener mañana un 40% ni porque todos los movimientos mencionados sean comparables, sino porque las ideas recorren distancias mucho más deprisa que los partidos. La «remigración», el reemplazo demográfico, la identificación del discrepante como enemigo interno, la deslegitimación sistemática de jueces y medios, la reducción de la ciudadanía a pertenencia cultural o étnica y la idea de que una mayoría electoral debería poder gobernar sin demasiados límites forman ya un lenguaje político transnacional.
El resultado alemán demuestra hasta dónde puede llegar cuando el malestar ordinario encuentra en ese lenguaje su única traducción política eficaz. Lo verdaderamente inquietante no es que el 43,8% de Sajonia-Anhalt se haya vuelto extremista. Es que una organización considerada extremista haya conseguido convertirse, para el 43,8%, en una respuesta normal.
La primera semana completa del curso político ha bastado para recordar el tipo de legislatura en la que estamos.
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Uno puede discutir durante meses si una legislatura está agotada, si el Gobierno conserva iniciativa o si la oposición exagera cada tropiezo hasta convertirlo en una crisis de Estado. Hay semanas, sin embargo, en las que el debate se vuelve casi superfluo porque los hechos adquieren una capacidad descriptiva difícil de mejorar. Esta ha sido una de ellas. No por un gran acontecimiento que lo explique todo, sino por la sucesión de episodios distintos que, colocados unos junto a otros, terminan componiendo un retrato bastante coherente del poder.
Empezamos descubriendo que el Ministerio del Interior había elaborado un documento de 54 páginas con fichas de 281 periodistas y colaboradores, incluyendo fotografías, medios, supuesta orientación ideológica y, en numerosos casos, su posición favorable o crítica respecto del Gobierno. El departamento de Fernando Grande-Marlaska reconoció su existencia y explicó que se trataba de un simple «documento de trabajo» interno, sin finalidad censora. Las principales asociaciones profesionales lo condenaron y hasta el portavoz socialista Patxi López admitió que no le gustan las listas que clasifican ideológicamente a los periodistas.
Precisamente la explicación agrava el episodio. Naturalizar que un Ministerio del Interior clasifique políticamente a periodistas porque resulta útil para su estrategia de comunicación significa haber perdido la noción de por qué determinadas prácticas son impropias antes incluso de preguntarse si son ilegales. El Estado no necesita elaborar una «lista negra» ni prohibir una publicación para atravesar una frontera preocupante. Basta con que una institución que dispone de policía, inteligencia y una extraordinaria capacidad de información considere normal confeccionar fichas sobre quién es de izquierdas, de derechas, afín o crítico con el Gobierno. El problema no está únicamente en la intención que tuviera quien encargó el documento; está en que a alguien le pareciera razonable hacerlo.
El Gobierno ya no distingue entre defenderse y tener razón
Unas horas después llegó Pedro Sánchez a TVE. Al presidente le preguntaron directamente por José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en la Audiencia Nacional en relación con su presunta intervención en el rescate de Plus Ultra. Esta misma semana han declarado antiguos directivos de la compañía sobre pagos realizados al entorno profesional del expresidente y su supuesta participación en las gestiones del rescate; Zapatero niega irregularidades y conserva, naturalmente, toda su presunción de inocencia.
Sánchez podía haberse limitado exactamente a eso: defender la presunción de inocencia. Fue más lejos. «Yo creo a José Luis Rodríguez Zapatero», afirmó, y confirmó que contará con él para la campaña electoral de 2027 «como he contado siempre».
La frase resume bastante bien una forma de entender la responsabilidad política que se ha ido consolidando durante estos años. La Justicia deberá decidir si existe o no responsabilidad penal; ésa no corresponde anticiparla. Pero un presidente no tiene obligación alguna de convertir una investigación judicial sobre un antiguo presidente de su partido en una profesión pública de fe ni de anunciar, precisamente ahora, que seguirá utilizándolo como activo electoral. Entre condenar anticipadamente a alguien y actuar como si nada pudiera modificar una relación política existe un amplio espacio que antes llamábamos prudencia.
Y la misma entrevista dejó otra muestra. Sánchez descalificó la cautelar del Supremo sobre la llamada «ley de nietos» y acusó a la derecha de cuestionar la democracia. Un día después, en la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, tuvo que recordar que la crítica a las resoluciones es legítima, pero que la descalificación pública de los jueces no puede convertirse en instrumento de presión.
Cada resolución incómoda encuentra así una explicación exterior. Si el Supremo interviene sobre el censo, se cuestiona su actuación; si una investigación alcanza al entorno político, aparece el lawfare; si un medio revela algo incómodo, sabemos ahora que Interior podía tener clasificados a sus periodistas. El poder conserva siempre derecho a defenderse. Lo inquietante comienza cuando esa defensa exige presentar sistemáticamente como sospechoso a quien controla, investiga o contradice al poder.
Ceuta y PISA: la realidad tampoco coopera
El miércoles conocimos también los 40 documentos y comunicaciones oficiales desclasificados por el Gobierno sobre la crisis de Ceuta. El repositorio de La Moncloa incluye informes del CNI, Guardia Civil, Policía, Fuerzas Armadas y otros organismos correspondientes al mes de julio.
Los papeles no demuestran que nadie conociera de antemano la dimensión exacta del asalto, y conviene no atribuirles lo que no dicen. Demuestran algo suficientemente grave: sí existió información previa. El CNI emitió alertas sobre llamamientos multitudinarios en redes para entrar en Ceuta, se detectó un aumento de la presión, hubo peticiones de refuerzos y las comunicaciones alcanzaron tanto a organismos españoles como a los servicios marroquíes. Alguno de los documentos militares llegó a describir la conducta de Marruecos como negligente y pasiva y a contemplar motivaciones políticas. La entrada posterior alcanzó entre 70.000 y 80.000 personas.
Eso no prueba que el Gobierno supiera exactamente lo que ocurriría. Sí hace imposible seguir escondiendo toda la responsabilidad detrás de la palabra «imprevisible». Hubo avisos suficientes para saber que estaba ocurriendo algo extraordinario y no se preparó una respuesta proporcionada. Después llegaron semanas de contradicciones entre departamentos, explicaciones cambiantes y una tardía concentración de medios.
La desclasificación, destinada a acreditar transparencia, ha terminado proporcionando el material con el que evaluar la imprevisión.
Casi simultáneamente, la OCDE publicó PISA 2025. España obtiene los peores resultados de toda su serie histórica en las tres grandes competencias: 451 puntos en lectura, 457 en matemáticas y 477 en ciencias, por debajo de la media de la OCDE en las tres. La caída se inserta en un retroceso internacional —sería absurdo atribuir todo el fenómeno a una ley española—, pero en nuestro país el deterioro ha sido especialmente intenso.
Resultó difícil no apreciar cierta perfección en la reacción oficial. La nota del Ministerio de Educación tituló que «el alumnado español reporta niveles de perseverancia ante el aprendizaje superiores al promedio de los países de la OCDE». Y es cierto. También destacaba curiosidad científica, equidad y sentimiento de pertenencia. Más abajo aparecía que España se encontraba por debajo de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas y que el empeoramiento absoluto había sido mayor que en el promedio de los países desarrollados.
No hace falta negar los indicadores favorables para advertir el mecanismo. Cuando un país obtiene sus peores resultados académicos desde que existe PISA, convertir la perseverancia en titular institucional no cambia la realidad; únicamente explica hasta qué punto la comunicación política ha terminado sustituyendo a la obligación de llamar a los problemas por su nombre.
Y al final de la semana, Parot
Todavía quedaba Henri Parot.
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, dirigido por la socialista María Jesús San José, le ha concedido el tercer grado penitenciario a propuesta de la Junta de Tratamiento. Parot estaba ya desde 2025 en régimen de semilibertad mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y había disfrutado de permisos. La Fiscalía puede recurrir la nueva clasificación.
No hablamos de una figura secundaria de ETA. Parot acumula condenas por decenas de asesinatos; entre sus crímenes figura la matanza de la casa cuartel de Zaragoza de 1987, en la que ETA asesinó a once personas, cinco de ellas niños, y dejó decenas de heridos. Covite cifra en 39 los asesinatos por los que fue condenado y sostiene que nunca ha mostrado un arrepentimiento público, sincero y verificable. El Gobierno Vasco fundamenta, en cambio, la progresión en su evolución penitenciaria, el buen uso de permisos y escritos en los que Parot rechaza la violencia y reconoce el sufrimiento causado.
Conviene atribuir correctamente la decisión. No la ha concedido el Gobierno de España, sino el Ejecutivo vasco, que ejerce desde octubre de 2021 las competencias penitenciarias transferidas por el Estado. Fue precisamente el Gobierno de Sánchez quien culminó aquel traspaso mediante el Real Decreto 474/2021, que entregó a Euskadi la gestión de la clasificación, los permisos, el régimen abierto y el tratamiento de los internos conforme a la legislación estatal.
La discusión jurídica sobre la reinserción existe y el tercer grado forma parte de nuestro sistema penitenciario. Pero también existe la memoria. Una democracia que derrotó al terrorismo tiene derecho a preguntarse qué exige moralmente de quienes participaron en sus peores asesinatos antes de permitir que terminen sus condenas en semilibertad. La reinserción no debería necesitar olvido y la legalidad penitenciaria no obliga a las víctimas a aceptar como suficiente cualquier fórmula privada de distanciamiento de la violencia.
Al terminar de ordenar la semana se comprende que su gravedad no reside en que todos los asuntos sean equivalentes. No lo son. Una lista de periodistas no es una crisis fronteriza; un desastre educativo no es una decisión penitenciaria; una investigación sobre Zapatero no equivale a una condena. Lo que los relaciona es otra cosa: una creciente incapacidad del poder para aceptar límites, asumir consecuencias y reconocer la gravedad de aquello que le incomoda.
Interior clasifica periodistas y lo llama documento de trabajo. El presidente anuncia su confianza electoral en un antiguo jefe del Gobierno investigado y presenta la cautela como virtud suficiente. Los documentos de Ceuta acreditan avisos previos después de semanas defendiendo la imprevisibilidad. PISA ofrece los peores resultados históricos y el Gobierno encuentra perseverancia para el titular. Un responsable de algunos de los crímenes más atroces de ETA avanza hacia la libertad mientras las víctimas vuelven a recordar que el arrepentimiento no puede reducirse a un trámite administrativo.
El problema de las democracias rara vez comienza cuando dejan de existir las leyes. Empieza antes, cuando quienes gobiernan aprenden a explicar cualquier hecho sin permitir que ningún hecho altere su comportamiento.
Ésa ha sido la verdadera noticia de esta semana. Ya no sorprende únicamente lo que pasa. Empieza a preocupar que, pase lo que pase, nunca parezca suficiente para que alguien asuma una responsabilidad.
Ceuta ha dejado al descubierto dos debilidades que se alimentan mutuamente: España conserva menos aliados dispuestos a defender sus intereses y, dentro, el Estado ha adquirido una dependencia extraordinaria de las decisiones personales de Pedro Sánchez. Mucho poder concentrado arriba y muy poca capacidad para reaccionar cuando arriba no decide.
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La crisis de Ceuta ha proporcionado una imagen bastante precisa del Estado que hemos construido durante estos años. Hicieron falta casi cuatro semanas desde la entrada masiva del 30 de julio para que Pedro Sánchez convocara el Consejo de Seguridad Nacional, declarara la situación de interés para la Seguridad Nacional y estableciera un mando único. El presidente ceutí llevaba tiempo reclamándolo.
Algo más hemos esperado para atender las primeras explicaciones del presidente del Gobierno, a todas luces contradictorias, llenas de huecos inexplicables y con un conflicto latente entre ministros.
Un Estado que espera órdenes
La concentración del poder posee una consecuencia que suele advertirse demasiado tarde: cuanto más depende una Administración de quien ocupa la cúspide, menos preparada está para actuar cuando esa persona no toma una decisión de forma consciente y deliberada.
Luis XIV pudo decir que el Estado era él porque representaba el arquetipo del monarca absoluto. La comparación con una democracia del siglo XXI sólo puede ser una ironía, pero encierra una advertencia: cuando el Estado aprende a esperar al presidente, la concentración de poder termina produciendo impotencia administrativa.
Sánchez aparece entonces para centralizar la solución del problema que las estructuras situadas bajo su autoridad no fueron capaces de gestionar a tiempo. Y todos —Ejército, CNI, Policía, ministros, Unión Europea y presidente de Ceuta— quedan incorporados a una responsabilidad colectiva que diluye la responsabilidad política inicial.
Sin demasiados teléfonos a los que llamar
La debilidad interior coincide con un problema exterior todavía más serio. La política internacional no consiste en que otros gobiernos compartan nuestros valores, sino en conservar relaciones suficientes para defender los intereses nacionales cuando llega una crisis.
España ha ido reduciendo ese margen. Con Israel, el Gobierno cruzó hace tiempo la frontera entre criticar severamente a Netanyahu y convertir el enfrentamiento con el Estado israelí en una política casi permanente. España consolidó un embargo de armas, promovió sanciones, defendió la suspensión del Acuerdo de Asociación con la UE y RTVE abandonó Eurovisión 2026 por la participación israelí. Durante la Vuelta de 2025, Sánchez expresó además su «admiración» por las movilizaciones propalestinas antes de que los disturbios obligaran a cancelar la etapa final en Madrid.
Se puede defender cada una de esas decisiones por separado y seguir preguntándose si, acumuladas, han servido a los intereses estratégicos de España. Israel mantiene una asociación creciente con Marruecos y reconoce desde 2023 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Rabat y Jerusalén describen oficialmente su relación como una asociación fundada en intereses comunes y cooperación política y de seguridad.
Con Estados Unidos ocurre algo parecido. La relación no está rota y España continúa siendo un aliado de la OTAN, pero Sánchez ha elegido situarse en una posición singular frente al nuevo reparto de cargas militares. Los aliados asumieron en 2025 el compromiso de avanzar hacia un gasto del 5% del PIB en defensa y seguridad para 2035; España sostiene que puede cumplir sus objetivos de capacidades con aproximadamente un 2,1%. La propia OTAN ha dicho públicamente que considera insuficiente esa estimación y que cree que España necesitará alcanzar al menos el 3,5% para cumplir sus compromisos.
No significa que Washington vaya a romper con Madrid. Significa algo más sencillo: en política exterior también se acumula capital y también se gasta. Conviene saber cuánto queda cuando se necesita pedir un favor.
Y Marruecos lo sabe. Estados Unidos mantiene con Rabat una de sus relaciones diplomáticas más antiguas, reconoce su soberanía sobre el Sáhara y Marruecos conserva además el estatus de gran aliado extra-OTAN. Israel comparte la misma posición territorial sobre el Sáhara y ha profundizado su cooperación con el reino alauita. Los dos países con mayor capacidad para presionar a Mohamed VI están hoy estratégicamente mucho más próximos a Rabat de lo que querríamos admitir.
Europa es la última profundidad estratégica
Queda Europa. Y precisamente por eso resulta tan irresponsable presentarla unas veces como la solución a nuestros problemas y otras como un obstáculo cuando sus decisiones incomodan al Gobierno.
El nuevo Pacto de Migración y Asilo se aplica desde el 12 de junio y contiene una idea que España necesita especialmente después de Ceuta: las fronteras exteriores son una responsabilidad común. De hecho, el Consejo ha identificado expresamente a España, Italia, Grecia y Chipre como países sometidos a presión migratoria y, por tanto, beneficiarios del mecanismo europeo de solidaridad. Para 2026, el fondo común prevé como referencia 21.000 reubicaciones u otras medidas equivalentes, o 420 millones de euros en contribuciones financieras.
Ésa debería ser nuestra estrategia: menos ocurrencias diplomáticas y más profundidad europea. Ceuta y Melilla no pueden depender de que Mohamed VI decida cumplir cada mañana su parte del control fronterizo, ni de que Washington o Jerusalén quieran mediar por nosotros. España necesita reconstruir relaciones útiles, fortalecer sus propias capacidades y hacer que la defensa de su frontera africana sea entendida definitivamente como defensa de la frontera europea.
La política exterior no es un escenario sobre el que representar preferencias morales. Es la administración paciente de intereses, alianzas y capacidades que quizá un país no necesite hoy, pero puede necesitar desesperadamente mañana.
Ceuta nos ha permitido comprobar las consecuencias de olvidar esa diferencia. Nos hemos encontrado con un Estado que tardó casi un mes en organizarse por dentro y con muy pocos aliados poderosos a los que pedir ayuda fuera. Demasiado dependientes de Sánchez en España y demasiado solos cuando España necesita a los demás.
El verano no ha detenido ninguno de los procesos que condicionarán el regreso político. Septiembre no traerá problemas nuevos: hará visibles las consecuencias de los que Sánchez deja abiertos.
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Ordenado el presente y recuperados algunos de los cambios que el ruido político había ocultado, queda mirar hacia delante. No hace falta adivinar demasiado. Buena parte del otoño ya está escrita en decisiones tomadas antes de agosto, procedimientos que continúan su curso y plazos que no dependen de la voluntad del Gobierno.
Ésa es probablemente la principal diferencia respecto de otros regresos de verano. Pedro Sánchez ha convertido el tiempo en uno de sus mejores instrumentos políticos: resistir hasta que cambien las circunstancias, aparezca una mayoría posible o el problema que parecía definitivo sea sustituido por otro. En septiembre, sin embargo, encontrará varios asuntos en los que esperar ya no basta. Tendrá que producir resultados.
La primera prueba será demostrar que todavía existe una mayoría
Los Presupuestos de 2027 llegarán al otoño después de haber sufrido dos derrotas antes incluso de convertirse en proyecto de ley. El Congreso rechazó en julio dos veces los objetivos de estabilidad que debían abrir el camino a las nuevas cuentas. Hacienda puede continuar preparando el proyecto —la orden para elaborar los Presupuestos ya está en marcha—, pero la dificultad nunca ha sido técnica.
La cuestión será otra: si existe todavía una mayoría capaz de aprobar algo que obligue a todos los socios del Gobierno a retratarse al mismo tiempo.
Hasta ahora, la fragmentación parlamentaria ha permitido a Sánchez convertir prácticamente cada votación en una negociación independiente. Esa flexibilidad ha sido útil para sobrevivir porque una derrota concreta no implica necesariamente una ruptura definitiva. Los Presupuestos funcionan de otra manera. Obligan a construir una mayoría completa alrededor de la principal decisión política y económica del año.
Por eso su importancia excederá las cifras. Después de una legislatura sostenida con las cuentas de 2023, aprobar unos Presupuestos propios permitiría al Gobierno defender que todavía conserva capacidad para gobernar; fracasar otra vez confirmaría que la permanencia en La Moncloa y la existencia de una mayoría parlamentaria se han convertido en realidades distintas.
Junts lo sabe. Podemos lo sabe. El resto de los socios también. La debilidad del Ejecutivo no reduce el precio de sus votos: lo aumenta.
Septiembre comenzará, por tanto, con una negociación en la que Sánchez necesita más a sus aliados de lo que sus aliados necesitan unos nuevos Presupuestos. No es la posición desde la que un Gobierno suele recuperar la iniciativa.
Los tribunales seguirán escribiendo su propio calendario
La política podrá reanudar su actividad después del verano. La Justicia no necesita hacerlo.
Las causas que han condicionado buena parte del año seguirán avanzando con independencia de la estrategia que adopte La Moncloa. El Gobierno puede presentar nuevas medidas contra la corrupción, modificar su discurso o insistir en que cada procedimiento debe analizarse de manera independiente. No puede decidir cuándo se produce una nueva declaración, aparece un informe policial o un tribunal adopta una resolución.
Ése será uno de los grandes problemas del otoño: la agenda del Ejecutivo convivirá con otra agenda que no controla.
El procedimiento sobre las adjudicaciones de obra pública vinculadas a Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y distintos empresarios continúa en la Audiencia Nacional; la causa contra Begoña Gómez seguirá su recorrido después de que la Audiencia Provincial avalara en julio que prosiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación; y otros procedimientos que afectan al entorno político del presidente seguirán generando decisiones judiciales imposibles de programar desde Moncloa.
No hace falta anticipar ninguna conclusión penal para advertir el problema político. Después de meses de desgaste, cada avance judicial devolverá al Gobierno al mismo terreno del que intenta salir. Y cuanto más se acerque la legislatura a su final, menos tiempo quedará para que una nueva iniciativa política sustituya esa conversación por otra.
La amnistía ofrece una dificultad diferente. Sus grandes discusiones constitucionales y europeas han avanzado mucho, como ya hemos visto, pero continúa abierta la cuestión políticamente más incómoda para el pacto que permitió la investidura: Carles Puigdemont sigue sin obtener del Tribunal Supremo la aplicación de la ley que reclama.
El Tribunal Constitucional tiene pendiente su recurso de amparo. Cuando llegue su decisión, no estaremos ante una discusión abstracta sobre la constitucionalidad de la amnistía, sino ante algo mucho más inmediato: qué ocurre finalmente con quien convirtió sus siete votos en la condición indispensable para que Sánchez continuara en el poder.
El Gobierno ha pagado ya el coste político de aquella decisión. El otoño puede empezar a aclarar si obtuvo a cambio todo aquello que esperaba conseguir.
Europa tampoco espera a septiembre
Existe además un calendario que ni siquiera concede al Gobierno la cortesía de terminar las vacaciones.
El 31 de agosto vence el plazo para cumplir los últimos hitos y objetivos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Como explicábamos al mirar aquello que el ruido había dejado en segundo plano, Next Generation entra en su fase de cierre y con él desaparece una de las circunstancias económicas más extraordinarias de los últimos años.
No hace falta repetir aquí el volumen de fondos ni toda su arquitectura. Lo relevante para el otoño es el cambio de pregunta.
Durante años el éxito pudo medirse en dinero movilizado, proyectos anunciados y convocatorias aprobadas. A partir de ahora tendrá que medirse en resultados: qué inversión permanece, qué industria se ha creado, cuánto ha cambiado realmente la productividad y qué reformas funcionan cuando deja de llegar financiación excepcional.
Para un Gobierno que necesita recuperar iniciativa, el momento es especialmente incómodo. Coinciden el final del gran estímulo europeo, la obligación de contener progresivamente el gasto y la necesidad política de ofrecer a sus socios suficientes incentivos para sostener una legislatura cada vez más cara.
El margen empieza a estrecharse por varios lados al mismo tiempo.
Y eso es, probablemente, lo que define mejor el otoño que viene. No una fecha electoral determinada ni una crisis concreta, sino una reducción progresiva de las posibilidades de aplazar decisiones.
Los Presupuestos necesitarán votos. Los procedimientos judiciales producirán resoluciones. La situación de Puigdemont tendrá que seguir esclareciéndose. Los fondos europeos dejarán de ser una promesa para convertirse en un balance. Y los socios que permitieron la investidura volverán a exigir razones para prolongar una mayoría que nunca funcionó como una coalición estable.
Sánchez ha sobrevivido políticamente muchas veces porque el paso del tiempo terminaba jugando a su favor. El problema es que el tiempo sólo ayuda mientras mantiene abiertas las alternativas. Cuando empiezan a cerrarse los plazos, las mayorías y las salidas, deja de ser refugio y se convierte en cuenta atrás.
Septiembre no inaugurará una nueva etapa. Empezará a cobrar las facturas de la anterior. El otoño comprobará si Sánchez todavía puede gobernar el tiempo o si, después de tres años aplazando desenlaces, ha empezado por fin a gobernarle a él.
Amnistía, Presupuestos, causas judiciales, economía y Europa: un mapa para distinguir lo que está resuelto de lo que volverá en septiembre.
FUENTE: IMAGEN GENERADA POR IA
España llega a agosto con demasiados asuntos abiertos y demasiados relatos que los dan por cerrados. El Gobierno continúa, pero carece de una mayoría estable; la amnistía ha pasado por el Tribunal Constitucional y por Luxemburgo, aunque su aplicación más delicada sigue en manos de los tribunales españoles; las causas judiciales ya no caben bajo una sola etiqueta; la economía mantiene un pulso que contrasta con el deterioro político; y Bruselas entra en la recta final de los fondos extraordinarios que han acompañado a España desde la pandemia.
No faltan noticias. Falta un mapa.
Este no es un inventario de lo sucedido durante el semestre. Es un intento de separar lo que verdaderamente ha cambiado de aquello que apenas ha comenzado; lo que depende todavía de una sentencia de lo que seguirá siendo un problema político; y lo que parece una discusión agotada de aquello que volverá en septiembre con consecuencias nuevas.
1. ¿Puede el Gobierno terminar la legislatura?
Puede hacerlo, pero la continuidad del Gobierno ya no descansa sobre una mayoría parlamentaria reconocible, sino sobre la imposibilidad de sus adversarios y de sus socios de construir una alternativa común.
Las votaciones de julio ofrecen una imagen bastante precisa. El Ejecutivo consiguió evitar, por 178 votos frente a 170, que fueran devueltas las medidas sobre la asunción estatal de parte de la deuda autonómica. En esa misma sesión, sin embargo, perdió la votación de los objetivos de estabilidad necesarios para preparar los Presupuestos de 2027: obtuvo 166 votos favorables, 176 contrarios y cinco abstenciones. Los resultados oficiales del Congreso muestran que la mayoría que permite tramitar una ley puede desaparecer unas horas después ante una decisión presupuestaria.
Ésa es la naturaleza de la legislatura. El Gobierno puede reunir votos, pero no dispone de una coalición parlamentaria capaz de acompañarlo de manera estable. Cada iniciativa exige reconstruir desde cero una mayoría distinta entre partidos que discrepan sobre la política económica, la vivienda, la financiación autonómica, la inmigración o el futuro territorial de España.
Pedro Sánchez conserva una ventaja decisiva: quienes pueden bloquearle no comparten una estrategia para sustituirlo. Pero no ser capaz de derribar a un Gobierno no equivale a proporcionarle una mayoría para gobernar. La legislatura puede prolongarse precisamente porque está bloqueada.
2. ¿Se puede gobernar indefinidamente sin nuevos Presupuestos?
La prórroga presupuestaria está prevista para impedir que el Estado quede paralizado cuando las Cortes no aprueban unas cuentas nuevas. Su finalidad es asegurar la continuidad administrativa, no convertir unos Presupuestos antiguos en el programa económico permanente de gobiernos sucesivos.
España continúa funcionando sobre la prórroga de las cuentas de 2023. Entretanto, el Gobierno ha fracasado ya en la aprobación de la senda de estabilidad para 2027, primer paso de un nuevo proyecto presupuestario. El problema ha dejado de ser únicamente político: el Tribunal Constitucional admitió en febrero el conflicto promovido por el Senado por la falta de presentación de los Presupuestos de 2024, 2025 y 2026. Es la primera vez que estudia un conflicto entre órganos constitucionales basado en una omisión de esta naturaleza.
La Administración puede seguir pagando pensiones, salarios, deuda y servicios públicos. El Gobierno puede aprobar modificaciones de crédito, recurrir al decreto ley y adquirir compromisos con cargo a ejercicios posteriores. Lo que se deteriora es la función presupuestaria del Parlamento: la posibilidad de examinar de manera conjunta cuánto se recauda, en qué se gasta y qué prioridades políticas pretende financiar el Ejecutivo.
El debate no consiste, por tanto, en determinar si el Estado puede sobrevivir sin nuevas cuentas. Puede hacerlo. La cuestión es durante cuánto tiempo puede gobernarse así sin que una solución constitucional excepcional termine debilitando el principio de responsabilidad parlamentaria.
3. ¿Ha terminado el recorrido de la amnistía?
La ley ha superado sus dos impugnaciones generales más importantes, pero eso no significa que su aplicación haya concluido.
El Tribunal Constitucional fijó su doctrina en la sentencia 137/2025, que declaró la constitucionalidad esencial de la norma, aunque corrigió parte de su ámbito por razones de igualdad. Durante 2026 ha aplicado esa doctrina a otros recursos promovidos contra la ley.
El 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó dos sentencias sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Luxemburgo concluyó que el Derecho de la Unión no se opone a la amnistía en las materias examinadas: la eventual malversación no presentaba la conexión exigida con los intereses financieros europeos y la Directiva antiterrorista no impedía amnistiar determinadas conductas que no hubieran causado intencionadamente graves violaciones de los derechos humanos. El comunicado oficial del TJUE delimita expresamente el control europeo a las normas concretas de la Unión afectadas.
Eso despeja una parte sustancial del camino, pero no sustituye la aplicación judicial de la ley. La amnistía no opera sobre conceptos políticos generales, sino sobre hechos, delitos y responsabilidades determinados. Cada tribunal debe decidir quién queda comprendido, qué exclusiones resultan aplicables y hasta dónde alcanza la extinción de responsabilidad.
La discusión que queda ya no es si España podía aprobar una amnistía, sino qué conductas cubre realmente la amnistía que aprobó. Ése será uno de los grandes asuntos judiciales del otoño.
4. ¿Puede regresar Carles Puigdemont?
Las sentencias europeas de julio no modifican por sí mismas su situación procesal.
El Tribunal Supremo decidió no aplicarle la amnistía por el delito de malversación al considerar que existe beneficio patrimonial cuando se utilizan fondos públicos para afrontar gastos que, de otro modo, habrían debido sufragarse con recursos particulares. El instructor mantuvo las órdenes nacionales de detención y la Sala de Apelación confirmó posteriormente esa interpretación.
El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo de Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig contra esas decisiones. El asunto decisivo sigue siendo, por tanto, si el Constitucional acepta el concepto de enriquecimiento utilizado por el Supremo o considera que restringe indebidamente la aplicación de la ley.
Luxemburgo ha respondido a las cuestiones que recibía de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas. No ha resuelto la interpretación española de la excepción sobre el enriquecimiento ni ha levantado las órdenes de detención.
El regreso de Puigdemont sigue siendo políticamente imaginable, pero jurídicamente no es automático. Depende de una decisión que todavía debe producirse dentro del ordenamiento español.
5. ¿En qué punto están realmente las causas que rodean al PSOE y al presidente?
No se encuentran todas en la misma fase. Mezclarlas como si formaran una única macrocausa impide comprender tanto su importancia como sus límites.
En junio, el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos a más de 24 años de prisión y a Koldo García a 19 por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La sentencia fue adoptada por unanimidad. La investigación sobre las adjudicaciones de obra pública relacionadas con Santos Cerdán continúa en una pieza diferente y ha recibido nuevas diligencias durante julio.
La situación de Begoña Gómez es distinta. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que continúe el procedimiento con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero ha sobreseído las imputaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida. Todavía debe completarse la fase procesal que conduce a la apertura del juicio oral.
David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz. Fue absuelto del delito de tráfico de influencias y la sentencia puede recurrirse.
Ninguno de estos procedimientos acredita por sí mismo una responsabilidad penal de Pedro Sánchez. Su efecto político procede de otro lugar: de la acumulación de condenas, investigaciones y procedimientos alrededor de antiguos dirigentes del partido, colaboradores próximos y miembros de su familia. El problema para el Gobierno no es que todos los casos sean iguales, sino que cada vez resulta más difícil presentarlos todos como episodios inconexos.
6. ¿Por qué la economía resiste mejor que la política?
Porque la economía no reacciona al mismo ritmo que las instituciones y porque España conserva todavía varios motores de crecimiento.
El PIB aumentó un 2,7 % interanual durante el primer trimestre. La demanda nacional aportó más de tres puntos al crecimiento, mientras la contribución exterior fue negativa. Los datos de Contabilidad Nacional del INE muestran una economía sostenida fundamentalmente por el consumo y la inversión internos.
El mercado laboral ha vuelto a ofrecer cifras históricas. Según la EPA publicada el 28 de julio, España alcanzó los 22.779.000 ocupados en el segundo trimestre, 510.200 más que un año antes. El paro descendió hasta 2.495.300 personas y la tasa se situó en el 9,87 %.
El cuadro no está exento de debilidades. El Banco de España prevé que la economía mantenga un crecimiento sólido durante 2026, pero advierte de una inflación general y subyacente todavía elevada y de un contexto internacional especialmente incierto.
La fortaleza económica concede tiempo a la debilidad política. Mientras crezcan el empleo y la actividad, la inestabilidad parlamentaria puede parecer un fenómeno encerrado en Madrid. La verdadera prueba llegará cuando desaparezcan algunos de los impulsos extraordinarios que han sostenido la inversión pública y cuando el deterioro institucional empiece a encarecer decisiones que hasta ahora podían posponerse.
7. ¿Qué ocurre cuando terminan los fondos Next Generation?
El calendario ya no admite grandes aplazamientos. Los Estados deben completar antes del 31 de agosto de 2026 todos los hitos y objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La última solicitud de pago deberá presentarse antes del 30 de septiembre y la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para efectuar los desembolsos finales. Así lo establece la guía de cierre publicada por la Comisión Europea.
Tras la aprobación del sexto desembolso, España habrá recibido más de 77.000 millones de euros, aproximadamente el 76 % de los fondos del mecanismo que tiene asignados. Ese último pago reconocido asciende a 7.021 millones y está vinculado al cumplimiento de 73 hitos y objetivos. Los datos figuran en la información oficial del Plan de Recuperación.
El final del mecanismo no significa que desaparezcan todas las inversiones europeas. Significa que termina el gran instrumento extraordinario que desde 2021 ha permitido financiar digitalización, energía, movilidad, industria, vivienda y modernización administrativa sin depender únicamente de los recursos presupuestarios ordinarios.
A partir de septiembre comenzará una evaluación más exigente. Ya no bastará con saber cuánto dinero se ha adjudicado o cuántas convocatorias se han publicado. Habrá que comprobar qué inversiones han mejorado la productividad, qué capacidades administrativas permanecerán y qué proyectos podrán sobrevivir sin una financiación excepcional.
8. ¿Está cambiando la Justicia sin que apenas se perciba?
Mientras la atención pública se concentraba en las causas políticas, España ha empezado a sustituir la estructura tradicional de juzgados unipersonales por tribunales de instancia.
La Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia reorganiza los órganos judiciales, transforma los antiguos juzgados de paz en oficinas de justicia municipales y modifica el funcionamiento de las oficinas judiciales. El propósito es permitir una distribución más flexible de los asuntos y reducir la dependencia de cada procedimiento respecto de un único juzgado aislado.
En julio, el Gobierno aprobó la creación de 500 nuevas unidades judiciales y 200 plazas fiscales. Las unidades judiciales suponen un incremento del 8,5 % de la planta y se incorporarán gradualmente entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027.
La reforma puede ser más importante a largo plazo que muchas de las sentencias que ocupan diariamente las portadas. Su éxito, sin embargo, dependerá de cuestiones menos visibles: sistemas informáticos compatibles, personal suficiente, criterios de reparto eficaces y coordinación entre el Estado y las comunidades con competencias transferidas.
Cambiar el nombre de los órganos es sencillo. Conseguir que una nueva organización reduzca los retrasos, homogeneice las cargas y mejore la experiencia del ciudadano será la verdadera medida de la reforma.
9. ¿Qué Europa comienza a aplicarse este verano?
La Unión está pasando de aprobar grandes normas a comprobar si puede ejecutarlas.
El Pacto sobre Migración y Asilo comenzó a aplicarse el 12 de junio. Introduce nuevas reglas sobre tramitación de solicitudes, procedimientos fronterizos, responsabilidad de los Estados y solidaridad con los países sometidos a mayor presión. El primer contingente anual de solidaridad contempla 21.000 reubicaciones o contribuciones económicas equivalentes a 420 millones de euros.
El 2 de agosto empiezan a aplicarse también las reglas de transparencia del Reglamento de Inteligencia Artificial. Los ciudadanos deberán poder identificar determinadas interacciones con sistemas de IA y ciertos contenidos generados o manipulados artificialmente. Ese mismo día entran en funcionamiento las facultades sancionadoras de la Comisión sobre los proveedores de modelos de propósito general.
La migración y la inteligencia artificial parecen materias alejadas, pero someten a Europa al mismo examen: si es capaz de convertir una legislación común en procedimientos coherentes dentro de veintisiete administraciones distintas.
Durante años la Unión ha medido su ambición por el número de reglamentos, pactos y estrategias aprobados. A partir de ahora empezará a ser juzgada por algo bastante menos solemne y mucho más difícil: si todo eso funciona.
10. ¿Qué crisis exterior puede alterar el escenario español?
La más inmediata continúa siendo la energía. La crisis de Oriente Próximo y las amenazas a la navegación por el estrecho de Ormuz han recordado hasta qué punto Europa sigue expuesta a cualquier interrupción de las rutas de suministro. La propia Unión ha señalado la necesidad de reducir su vulnerabilidad respecto de Ormuz mediante la diversificación de fuentes y rutas energéticas.
El Fondo Monetario Internacional advirtió en su actualización de julio de que la desinflación mundial se ha estancado y de que un nuevo deterioro en Oriente Próximo podría elevar los precios de las materias primas, alterar las cadenas de suministro y endurecer las condiciones financieras.
A esa incertidumbre se añaden la guerra de Ucrania, las tensiones comerciales y el aumento del gasto militar. El Gobierno sostiene que España ha consolidado en 2026 una inversión en defensa equivalente al 2 % del PIB, con un gasto nominal de 35.419 millones de euros. Es la cifra recogida en el informe presentado por La Moncloa antes de la cumbre de la OTAN.
La política española puede pasar agosto discutiendo sobre su mayoría parlamentaria. Su margen presupuestario y económico, sin embargo, dependerá también de decisiones tomadas en Bruselas, Washington, Moscú, Kiev y Oriente Próximo. Los acontecimientos internacionales no necesitan formar parte del debate nacional para alterar por completo sus condiciones.
Agosto no resolverá ninguna de estas preguntas. Lo que ofrece es algo más modesto y quizá más útil: tiempo para dejar de confundir cada novedad con un desenlace. España no se va de vacaciones con diez crisis recién nacidas, sino con diez procesos que llevan meses avanzando. Septiembre no los traerá. Simplemente volverá a ponerlos delante.
Durante dos años el Gobierno intentó convencer a los españoles de que la amnistía era una política de Estado. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea demuestra algo mucho más incómodo: Europa no ha querido asumir la responsabilidad de legitimar una ley que nació para garantizar una investidura. Porque la amnistía nunca fue un problema europeo.
FUENTE: EFE
La política democrática descansa sobre una regla elemental: las leyes sirven al interés general y no al interés particular de quienes las aprueban. Cuando esa frontera se desdibuja, el Derecho deja de actuar como límite del poder y comienza a convertirse en un instrumento a su servicio. Ese fue siempre el verdadero debate sobre la ley de amnistía y ese continúa siendo después del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo lo demás —las celebraciones oficiales, los titulares precipitados y la propaganda de unos y otros— pertenece al ruido de una política que hace tiempo sustituyó la explicación de sus decisiones por la fabricación de relatos que las justifiquen.
Durante los últimos dos años, el Gobierno construyó una narración cuidadosamente elaborada. La amnistía era presentada como una exigencia de convivencia, el último paso para normalizar la situación política en Cataluña y una decisión de Estado cuya legitimidad terminaría siendo confirmada por Europa. El independentismo añadió su propia versión: Luxemburgo acabaría corrigiendo a unos jueces españoles descritos como el último obstáculo para la plena eficacia de la ley. Parte de la oposición, por su lado, depositó en las instituciones europeas una esperanza inversa, confiando en que un tribunal supranacional hiciera aquello que las instituciones españolas no habían podido o no habían querido impedir.
Todos esperaban que Europa resolviera un problema que nunca fue europeo. Y precisamente ahí se encuentra la principal enseñanza de la sentencia. El Tribunal se pronuncia sobre aquello que pertenece a su competencia, delimita el alcance del Derecho de la Unión y evita asumir una responsabilidad que corresponde exclusivamente a España. No le compete decidir si un presidente del Gobierno puede negociar su investidura mediante una ley reclamada por quienes iban a beneficiarse de ella. Tampoco le corresponde determinar si esa operación respondió realmente a un interés general sobrevenido o a una necesidad parlamentaria inmediata. Luxemburgo puede pronunciarse sobre directivas, principios comunitarios e intereses financieros de la Unión. No puede transformar una transacción política en una política de Estado.
Un aval que deja intacto el verdadero problema
El Gobierno se apresuró a presentar la resolución como una consagración europea de la amnistía. La sentencia, sin embargo, dice bastante menos de lo que pretende el relato oficial. El Tribunal no afirma que la ley fortalezca el sistema constitucional español, ni que la intervención directa de sus beneficiarios en la negociación resulte irrelevante desde el punto de vista institucional. No resuelve si el principio de igualdad entre los españoles ha quedado preservado en toda su dimensión constitucional, ni entra en la legitimidad política de modificar las consecuencias jurídicas de unos hechos para obtener los votos de quienes los protagonizaron.
En materia de malversación, el razonamiento europeo se circunscribe a una cuestión concreta: si los hechos analizados presentaban un vínculo suficientemente directo con los intereses financieros de la Unión. La conclusión es negativa porque los recursos empleados eran fondos públicos españoles y no dinero procedente del presupuesto comunitario. El TJUE no declara que no hubiera malversación, no convierte en jurídicamente inocuo el empleo de recursos públicos para financiar el proceso separatista ni borra las responsabilidades que puedan derivarse en el ámbito interno. Se limita a sostener que esa conducta, en los términos planteados, no afectó a los intereses financieros europeos.
La diferencia es decisiva. Decir que unos hechos no perjudican directamente al presupuesto de la Unión no equivale a afirmar que no hayan perjudicado al patrimonio público español. Sin embargo, la propaganda gubernamental necesita confundir ambas cosas para presentar una delimitación competencial como una absolución política. Societat Civil Catalana ha llamado acertadamente la atención sobre este extremo: Luxemburgo no niega la posible existencia de malversación, sino únicamente su conexión directa con los recursos financieros de la Unión. La responsabilidad contable interna y el examen del destino de los fondos continúan perteneciendo a los órganos españoles.
La sentencia preserva, además, la capacidad de los jueces para aplicar la amnistía a cada supuesto concreto. La ley no produce por sí sola una extinción automática e indiferenciada de cualquier responsabilidad. Son los órganos jurisdiccionales quienes deben identificar los hechos, comprobar que concurren las condiciones establecidas por el legislador y determinar si opera alguna de las exclusiones previstas. También se impide que los plazos extraordinariamente breves fijados por la ley vacíen de contenido el mecanismo de la cuestión prejudicial o obliguen a cerrar procedimientos antes de que el Tribunal europeo haya podido responder. El legislador puede ordenar urgencia; no puede convertirla en un método para hacer inútil el control jurisdiccional.
La resolución tampoco modifica la situación de Carles Puigdemont. El Tribunal Supremo no se ha negado a aplicar la ley de amnistía, como repiten el Gobierno y el independentismo, sino que la ha interpretado. La discusión se concentra en la excepción relativa al enriquecimiento patrimonial en los delitos de malversación. Conforme a su doctrina, anterior a esta ley, quien utiliza dinero público para financiar una actividad que de otro modo habría debido sufragar con su propio patrimonio obtiene un beneficio económico, aunque no reciba materialmente ese dinero en una cuenta personal.
Puede discreparse de esa interpretación. Algunos juristas consideran que extiende excesivamente el concepto de enriquecimiento y que la ley quiso reservar la exclusión para supuestos de apropiación directa. Pero una discrepancia jurídica no autoriza a describir al Supremo como un poder insumiso ni permite afirmar que haya inventado una doctrina para impedir el regreso de Puigdemont. La interpretación ya existía y es sobre ella sobre la que se está aplicando la norma. El TJUE no la corrige porque la cuestión sometida a su consideración era otra. La situación procesal del expresidente catalán dependerá de las decisiones que adopten el Supremo y, en su caso, el Tribunal Constitucional. Luxemburgo no le ha expedido ningún pasaporte de regreso.
Más discutible resulta el razonamiento sobre los delitos de terrorismo. La sentencia merece respeto institucional, pero ese respeto no exige silenciar la baja calidad jurídica de algunos de sus argumentos. El Tribunal acepta que puedan ser amnistiados actos comprendidos en la normativa europea sobre terrorismo cuando no hayan causado intencionadamente graves violaciones de los derechos humanos. De este modo, el resultado producido se convierte en la frontera que separa el terrorismo amnistiable del que no puede serlo.
El problema es que el delito de terrorismo no se define esencialmente por el resultado final, sino por la naturaleza de los medios empleados y por la finalidad perseguida: intimidar gravemente a la población, obligar a los poderes públicos o alterar las estructuras constitucionales de un Estado. El resultado puede aumentar la gravedad de la conducta y modificar la pena, pero no transforma por sí mismo la naturaleza del delito. Cuando la ausencia de una grave violación efectiva de derechos humanos sirve para hacer amnistiable una conducta terrorista, se construye una categoría orientada menos a explicar coherentemente el tipo penal que a permitir la solución previamente buscada por la ley. Es una argumentación jurídica a favor de obra.
La Directiva europea exige que los Estados tipifiquen y castiguen esas conductas mediante sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias. El Tribunal reconoce que una amnistía limita la aplicación de esas sanciones, pero concluye que la Directiva no prohíbe expresamente los mecanismos nacionales de extinción de la responsabilidad penal y que, por tanto, no excluye la utilización de la amnistía. El silencio de la norma europea termina operando como autorización, mientras que la finalidad de reconciliación proclamada por el propio legislador español se acepta como justificación suficiente para el trato excepcional.
Algo semejante sucede con el principio de igualdad. El Tribunal considera que los delitos cometidos en el contexto del proceso independentista catalán no son comparables con hechos similares producidos en otros contextos porque la ley persigue específicamente la reconciliación de aquel conflicto. El razonamiento resulta circular: la finalidad particular de la ley justifica la diferencia de trato creada por esa misma ley. La singularidad política elegida por el legislador se convierte así en el argumento jurídico que permite excepcionar la aplicación general de las normas.
La cuestión que Luxemburgo no podía resolver
El centro del debate sigue siendo la naturaleza política de la amnistía. Puede discutirse la exactitud técnica del concepto de autoamnistía, pero difícilmente puede negarse la realidad que pretende describir. La ley fue negociada con quienes iban a resultar directamente beneficiados por ella y aprobada porque sus votos eran indispensables para la investidura. Aquello que el Partido Socialista había considerado incompatible con la Constitución antes de las elecciones pasó a ser presentado, apenas unos meses después, como una exigencia de convivencia democrática.
No fue una evolución doctrinal producida por una reflexión institucional prolongada. Fue una mutación política provocada por una aritmética parlamentaria. La necesidad de obtener siete votos transformó lo que hasta entonces se consideraba jurídicamente imposible en una política de Estado supuestamente imprescindible. Ninguna resolución europea puede borrar esa secuencia porque no pertenece al terreno del Derecho de la Unión. Pertenece al juicio político sobre el ejercicio del poder.
Tampoco puede olvidarse la naturaleza del conflicto que la amnistía pretende clausurar. En Cataluña no se produjo una mera discrepancia entre dos proyectos legítimos que buscaron una solución mediante los procedimientos constitucionales. Hubo un pronunciamiento de hechura decimonónica que utilizó las instituciones autonómicas, desobedeció las resoluciones judiciales y trató de segregar ilegalmente una parte del territorio nacional. No fue un proceso pacífico en el sentido institucional del término, aunque no alcanzara los niveles de violencia de otros conflictos históricos. Hubo coacción, intimidación, desobediencia organizada y utilización partidista de las estructuras públicas.
Convertir todo aquello en un conflicto entre sensibilidades equivalentes permite presentar la amnistía como reconciliación. Pero reconciliar no consiste en declarar retrospectivamente que la ruptura del orden constitucional fue sólo una manifestación política incomprendida. Una democracia puede aprobar una amnistía; lo que no debería hacer es falsear el significado de los hechos para justificarla.
Éste es el terreno en el que el TJUE se lava las manos, no necesariamente por cobardía, sino porque carece de competencia para entrar en él. Su prudencia jurisdiccional contrasta con la desmesura con la que la política española ha intentado utilizarlo. El Gobierno necesitaba un certificado europeo que disolviera el origen parlamentario de la ley. El independentismo esperaba una desautorización completa de los jueces nacionales. La oposición confiaba en que Europa reparase lo que no había podido frenar en España. Luxemburgo no satisface plenamente a ninguno porque el conflicto esencial no estaba en los Tratados.
La lección que España se resiste a aprender
Existe desde hace años una tendencia española a tratar Europa como un poder tutelar llamado a resolver nuestras crisis institucionales. Ocurrió con Estrasburgo y la doctrina Parot. Ocurre ahora con Luxemburgo y la amnistía. Cada vez que las instituciones nacionales afrontan un conflicto de gran trascendencia aparece la expectativa de que una jurisdicción europea dicte la solución definitiva y nos dispense de asumir nuestra propia responsabilidad.
Es una forma provinciana de entender Europa. La Unión no es una instancia superior encargada de corregir todas las debilidades constitucionales de sus miembros. Es una comunidad jurídica y política de competencias atribuidas, construida sobre los equilibrios que alcanzan los propios poderes nacionales. Puede disciplinar el ejercicio de determinadas competencias, garantizar la primacía del Derecho común y proteger los intereses de la Unión. No puede reemplazar la voluntad política que falta dentro de cada Estado ni proporcionar legitimidad retrospectiva a decisiones adoptadas por conveniencia parlamentaria.
Se puede tener poca fe en algunas de sus resoluciones y mantener, al mismo tiempo, una enorme esperanza en el proyecto europeo. Creer en Europa no obliga a convertir cada pronunciamiento de sus tribunales en una verdad política indiscutible. Tampoco permite esperar que sean sus jueces quienes defiendan por nosotros aquello que nuestras instituciones han renunciado a defender.
Pedro Sánchez obtuvo hace tiempo el resultado para el que la amnistía fue concebida: conservar la Presidencia del Gobierno. El proceso judicial posterior podrá delimitar su alcance, excluir determinados hechos, facilitar el regreso de algunos dirigentes o mantener las responsabilidades de otros. Pero ninguna de esas decisiones alterará el origen de la ley ni transformará la necesidad de una investidura en una razón de Estado.
La amnistía podrá superar recursos, cuestiones prejudiciales y futuras resoluciones. Lo que no podrá superar es el juicio histórico sobre una democracia que modificó su arquitectura jurídica para satisfacer una exigencia de poder y pidió después a Europa que llamara reconciliación a lo que había comenzado como una condición para gobernar. Luxemburgo puede decidir hasta dónde llega el Derecho de la Unión. La dignidad de las instituciones españolas, en cambio, sigue dependiendo exclusivamente de España.
La ampliación masiva de la nacionalidad española, el colapso de los consulados y la posible intervención de la Justicia europea en materia migratoria obligan a hacerse una pregunta: ¿está el Gobierno utilizando la nacionalidad y la inmigración como herramientas de estrategia política sin medir sus consecuencias institucionales?
FUENTE: EFE
Hay decisiones que transforman un país durante generaciones. No porque cambien un impuesto o modifiquen una prestación, sino porque alteran algo mucho más profundo: quién forma parte de la comunidad política. Quién pertenece al demos. Quién vota. Quién decide. Quién participa en el futuro colectivo de una nación.
La Ley de Memoria Democrática, a través de una disposición que se ha hecho conocida como ‘ley de nietos’, ha abierto la puerta a que cientos de miles de descendientes de españoles adquieran la nacionalidad. Al mismo tiempo, el Gobierno ha impulsado la mayor regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular de las últimas décadas. Son medidas distintas, con fundamentos jurídicos diferentes y destinatarios completamente distintos. Pero ambas comparten un elemento esencial: amplían de forma muy significativa el cuerpo político del Estado.
Y esa circunstancia, por sí sola, merecería un debate nacional de enorme calado. Sin embargo, no lo ha habido. Como tantas otras decisiones trascendentales de esta legislatura, se ha preferido envolverlas en un relato moral donde cualquier crítica queda automáticamente reducida a una supuesta hostilidad hacia los emigrantes, los descendientes de españoles o los inmigrantes. Así resulta imposible discutir sobre instituciones, porque todo acaba convertido en un juicio de intenciones. Sin embargo, las democracias maduras no desconfían del debate, desconfían de quienes pretenden evitarlo.
Mucho más que conceder la nacionalidad
La primera cuestión que conviene despejar es una caricatura interesada. Nadie discute que España tenga una deuda histórica con parte de su emigración. Tampoco que muchos descendientes de españoles mantengan un vínculo familiar, cultural e incluso sentimental perfectamente legítimo con nuestro país.
La cuestión no es ésa. La cuestión es si una ampliación potencial del cuerpo electoral equivalente a la población de una comunidad autónoma puede aprobarse sin una reflexión institucional sobre sus efectos políticos, administrativos y constitucionales.
Porque adquirir la nacionalidad española no significa únicamente obtener un pasaporte europeo. Significa incorporarse plenamente al sujeto político que decide el rumbo del Estado. Significa votar en elecciones generales, europeas y, en determinados supuestos, autonómicas. Significa participar en decisiones sobre impuestos, pensiones, gasto público o reformas constitucionales.
No parece una cuestión menor y, sin embargo, el debate público ha sido sorprendentemente superficial.
El incentivo que nadie quiere discutir
Aquí aparece probablemente la cuestión central. No porque exista prueba alguna de que quienes obtengan la nacionalidad vayan a votar a un partido concreto. Sería una afirmación imposible de sostener, pero la política nunca legisla en el vacío.
Todo Gobierno conoce perfectamente las consecuencias políticas de ampliar el cuerpo electoral, igual que conoce las implicaciones de una reforma fiscal o de una modificación del sistema electoral. Negar esa evidencia sería ingenuo.
Precisamente por eso sorprende que una decisión de semejante magnitud haya sido presentada casi exclusivamente como un acto de reparación histórica, evitando cualquier discusión sobre sus efectos institucionales.
Las democracias no sólo deben ser imparciales, también deben parecerlo. Y cuando un Gobierno impulsa simultáneamente políticas que amplían el número potencial de futuros electores mientras atraviesa una de las mayores crisis de apoyo parlamentario de su historia, resulta perfectamente legítimo plantear preguntas. No acusaciones. Preguntas.
La transparencia no consiste únicamente en cumplir la ley. Consiste también en explicar por qué determinadas decisiones se adoptan en un determinado momento político.
El Estado que no estaba preparado
Existe además una consecuencia mucho más tangible. Los consulados españoles llevan meses completamente desbordados por el volumen de expedientes derivados de la Ley de Nietos. La Administración exterior acumula retrasos, listas de espera y una presión creciente que está desplazando recursos destinados a otras funciones esenciales.
No se trata simplemente de un problema burocrático. Es el síntoma de un modo de gobernar que se ha convertido en costumbre: primero se anuncia una medida de enorme impacto político. Después se improvisa la estructura necesaria para aplicarla. Más tarde llegan los refuerzos extraordinarios, las contrataciones temporales y las soluciones de urgencia.
Ya ocurrió con los fondos europeos, con el Ingreso Mínimo Vital, con buena parte de la política de vivienda… Ahora sucede también con la red consular.
Cada vez que la Administración pierde capacidad para absorber el volumen de trabajo aparecen riesgos evidentes para la seguridad jurídica, la calidad de los procedimientos y la confianza de los ciudadanos.
Europa empieza a mirar
Mientras tanto, otro frente empieza a abrirse en Luxemburgo. El Tribunal Supremo está valorando plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad de la regularización extraordinaria de inmigrantes con el Derecho comunitario. No supone que la medida sea ilegal ni tampoco anticipa cuál será el criterio del tribunal europeo.
Pero revela algo mucho más importante.
Los propios órganos jurisdiccionales españoles consideran que existen dudas jurídicas suficientemente relevantes como para consultar a la máxima instancia judicial de la Unión, y eso debería invitar a cierta prudencia.
Porque tanto la política migratoria como las normas sobre nacionalidad ya no pertenecen exclusivamente al ámbito interno de los Estados. Forman parte de un espacio jurídico europeo donde las decisiones nacionales producen efectos que trascienden las fronteras.
Gobernar también exige medir las consecuencias
Quizá el verdadero problema no sea la Ley de Nietos, ni siquiera la regularización extraordinaria. El problema es una forma de ejercer el poder que parece convencida de que cualquier decisión políticamente conveniente acaba encontrando después la forma de encajar administrativamente, constitucionalmente o incluso en el Derecho europeo.
Primero se anuncia, después se ejecuta, y sólo más tarde llegan las preguntas.
Pero hay decisiones que no admiten esa lógica. Porque modificar quién pertenece a la comunidad política de un país no es una política pública más. Es una de las decisiones más profundas que puede adoptar un Estado democrático.
Precisamente por eso merece algo más que un decreto, una campaña de comunicación o un debate reducido a consignas, merece explicaciones. Y, sobre todo, merece responder a todas las dudas razonables antes de pedir a los ciudadanos que simplemente confíen.
El veto de la Mesa a una iniciativa impulsada por el PP y respaldada por Junts para reclamar elecciones anticipadas vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿dónde termina la voz parlamentaria y dónde empieza la protección política del Gobierno?
FUENTE: EFE
La noticia parece menor. Apenas una discusión procedimental más en una legislatura que lleva meses instalada en la excepcionalidad. Una enmienda rechazada. Una votación que no llegará a celebrarse. Un nuevo choque entre Gobierno y oposición; nada especialmente novedoso.
Y sin embargo, precisamente ahí reside el problema.
Porque lo relevante no es que el Congreso no vaya a votar si Pedro Sánchez debe convocar elecciones anticipadas. Lo relevante es que cada vez resulta más difícil distinguir si determinadas decisiones parlamentarias responden a criterios institucionales o a necesidades políticas del Ejecutivo.
La iniciativa nacía de una moción registrada por el Partido Popular sobre la situación política del Gobierno. Sobre ella, Junts presentó una enmienda para que el Congreso instara a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones. Posteriormente, el propio PP registró otra enmienda prácticamente idéntica. Ambas fueron inadmitidas por la Mesa gracias a la mayoría de PSOE y Sumar.
La justificación oficial es conocida. La convocatoria de elecciones constituye una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno y ninguna cámara parlamentaria puede sustituirle en esa decisión. Jurídicamente, el argumento tiene fundamento. Nadie discute que la facultad de disolver las Cortes corresponde al jefe del Ejecutivo, pero tampoco era eso lo que planteaba la iniciativa.
Y ése es precisamente el detalle que convierte este episodio en algo más interesante de lo que parece.
Una votación sin efectos jurídicos
La enmienda de Junts estaba redactada precisamente para intentar sortear esa objeción. El texto reconocía expresamente que la convocatoria electoral seguía siendo competencia exclusiva del presidente y subrayaba el carácter político y no vinculante de la iniciativa. Lo que pretendía era que el Congreso se pronunciara. Nada más y nada menos.
Naturalmente, una votación así no habría obligado a Sánchez a hacer absolutamente nada. Las elecciones seguirían dependiendo exclusivamente de su voluntad y, por tanto, la legislatura seguiría viva.
La Constitución seguiría intacta.
Pero habría producido algo que en estos momentos parece más temido que una derrota parlamentaria: una fotografía política.
Porque la imagen de una parte de la mayoría de investidura apoyando una petición de elecciones habría sido devastadora para el relato de estabilidad que La Moncloa intenta sostener desde hace meses.
Y es ahí donde aparece la duda razonable; no sobre la constitucionalidad de la iniciativa, sino sobre las razones reales que explican su bloqueo.
La transformación silenciosa de la Mesa
Durante décadas la Mesa del Congreso fue un órgano esencialmente administrativo: ordenaba debates, calificaba escritos y garantizaba el funcionamiento de la Cámara. Sus decisiones podían generar controversias puntuales, pero rara vez ocupaban el centro de la discusión política. Eso ha cambiado.
La actual legislatura ha convertido a la Mesa en uno de los actores más relevantes del sistema institucional. No porque sus competencias hayan aumentado, sino porque su capacidad para condicionar el ritmo parlamentario se ha vuelto decisiva.
Ampliaciones sucesivas de plazos, iniciativas paralizadas durante meses, leyes retenidas en trámites previos, conflictos con textos procedentes del Senado y recursos que han terminado llegando al Tribunal Constitucional han ido construyendo una sensación cada vez más extendida: la de que la Mesa ya no se limita a ordenar el debate político, sino que empieza a influir sobre su propia existencia.
El problema no es jurídico. Es institucional.
Porque una democracia parlamentaria funciona sobre una premisa muy sencilla. Las mayorías sirven para ganar votaciones. Cuando empiezan a utilizarse para impedir que ciertas votaciones lleguen siquiera a celebrarse, la discusión cambia de naturaleza.
Ya no trata sobre quién tiene más apoyo, trata sobre quién decide qué puede discutirse.
La paradoja de la mayoría
Lo más llamativo de todo es que el Gobierno probablemente habría sobrevivido sin demasiados problemas a esa votación.
Sánchez ya ha repetido en numerosas ocasiones que piensa agotar la legislatura hasta 2027. La iniciativa carecía de efectos vinculantes. Incluso aunque hubiera prosperado, nada habría cambiado desde el punto de vista institucional.
Precisamente por eso el veto resulta tan significativo. Porque transmite la sensación de que el Ejecutivo ya no se conforma con ganar las votaciones importantes. Necesita evitar también aquellas cuyo único efecto sería evidenciar su creciente debilidad parlamentaria.
Eso revela contradicciones difíciles de ignorar: un Gobierno convencido de su fortaleza no suele temer debates simbólicos; un Gobierno convencido de su mayoría no necesita impedir determinadas fotografías; y un Gobierno seguro de sí mismo deja que las votaciones se celebren y después las gana.
El precedente
Quizá dentro de unos meses nadie recuerde esta iniciativa. Probablemente no alterará el rumbo de la legislatura. Tampoco decidirá unas elecciones.
Pero sí encaja en una tendencia más amplia; la de unas instituciones que progresivamente parecen orientadas a proteger la continuidad del Gobierno antes que a garantizar el pleno funcionamiento de los mecanismos de control parlamentario.
La degradación institucional rara vez comienza con grandes rupturas constitucionales. Lo habitual es algo mucho más discreto, las normas siguen existiendo, los procedimientos permanecen intactos, las formas se respetan… Lo único que cambia es el propósito con el que se utilizan.
Esa es la sospecha que empieza a extenderse sobre la Mesa del Congreso, o que esté vulnerando abiertamente la ley. Algo potencialmente más preocupante para un sistema parlamentario: que esté dejando de parecer neutral.
Porque cuando el Parlamento pierde incluso la capacidad de pronunciarse sobre la continuidad de una legislatura, la cuestión ya no es si habrá elecciones antes o después.
La cuestión es qué papel le queda al Congreso cuando el Gobierno empieza a sentirse más cómodo administrando los debates que afrontándolos.
Mientras la corrupción ocupa el centro de la conversación pública, parte de la oposición vuelve a refugiarse en la tentación de una moción de censura. El problema es que no existen los números, no existe una mayoría alternativa y, sobre todo, no existe ningún incentivo para que quienes sostienen a Sánchez derriben ahora el sistema que les ha otorgado más poder que nunca.
FUENTE: EFE
La política española atraviesa uno de esos momentos en los que la ansiedad amenaza con imponerse al análisis. Las investigaciones judiciales, las declaraciones de testigos, el deterioro institucional y la sensación de agotamiento que rodea al Gobierno han generado una presión creciente sobre Pedro Sánchez. Y precisamente por eso ha reaparecido una vieja tentación: la moción de censura.
La propuesta tiene algo de acto de purificación colectiva. Como si bastara con registrar una iniciativa parlamentaria para limpiar el ambiente político, devolver la dignidad a las instituciones y ofrecer una salida inmediata a una legislatura cada vez más erosionada. El problema es que la política no funciona como la literatura moral. Las mociones de censura no sirven para expresar estados de ánimo. Sirven para sustituir gobiernos. Y hoy no existe ninguna mayoría capaz de hacerlo.
Por eso la discusión resulta tan llamativa. España vive probablemente la mayor crisis política del sanchismo desde su llegada al poder y, sin embargo, buena parte del debate gira alrededor de una herramienta que carece de recorrido práctico. Es una paradoja profundamente española: cuanto más grave parece el problema, más energía se dedica a soluciones imposibles.
El muro que Sánchez construyó sigue intacto
La principal fortaleza del presidente no es ya su Gobierno. Tampoco su partido. Ni siquiera su popularidad. Su principal fortaleza es la aritmética parlamentaria que construyó durante los últimos años.
Porque mientras la conversación pública se concentra en los escándalos, la estructura política que sostiene al Ejecutivo permanece prácticamente inalterada. Los socios independentistas continúan obteniendo concesiones. Los nacionalistas siguen acumulando influencia. La izquierda alternativa mantiene posiciones institucionales que desaparecerían con un cambio de mayoría.
En esas condiciones, plantear una moción de censura equivale a pedir a todos los beneficiarios del actual sistema que voten contra sus propios intereses.
No existe ninguna evidencia de que ERC quiera facilitar un gobierno alternativo. Tampoco Junts. Mucho menos Bildu o el PNV. Al contrario: buena parte de las negociaciones que hoy ocupan la agenda política —la financiación singular catalana, los acuerdos competenciales o las transferencias pendientes— dependen precisamente de que Sánchez continúe en La Moncloa.
La realidad es mucho más sencilla que la épica parlamentaria. Quienes han obtenido más poder con Sánchez difícilmente serán quienes provoquen su caída.
La tentación de la política simbólica
Eso no significa que la oposición carezca de argumentos. Significa que corre el riesgo de confundir la denuncia con la estrategia.
Una moción condenada al fracaso puede generar titulares durante unos días. Puede movilizar a los convencidos. Puede incluso ofrecer una imagen de iniciativa política. Pero también puede producir el efecto contrario: reforzar a un Gobierno que necesita desesperadamente cambiar de conversación.
No sería la primera vez que sucede. La historia parlamentaria española está llena de iniciativas concebidas para desgastar al adversario que terminaron permitiéndole reagruparse. Cuando una operación nace sin posibilidad matemática de éxito, el riesgo de convertirse en un simple espectáculo es enorme.
Y además existe otro problema más profundo. Cada semana dedicada a discutir una moción inviable es una semana menos dedicada a explicar por qué la situación política ha llegado hasta aquí. La corrupción deja de ocupar el centro del escenario y la atención se desplaza hacia una batalla parlamentaria cuyo desenlace conocen todos antes incluso de empezar.
La oposición gana ruido. El Gobierno gana tiempo.
El desgaste verdadero está en otro lugar
La paradoja del momento actual es que Sánchez parece más débil políticamente de lo que indican los números del Congreso y más fuerte parlamentariamente de lo que sugiere el deterioro de su imagen.
La legislatura muestra signos evidentes de agotamiento. La ausencia de Presupuestos, las dificultades para aprobar reformas, la creciente dependencia de acuerdos bilaterales con los socios nacionalistas y la acumulación de escándalos han erosionado el relato gubernamental. Pero ninguna de esas dificultades altera todavía la mayoría que sostiene al Ejecutivo.
Por eso el verdadero desafío para Sánchez no está en una hipotética moción de censura. Está en el paso del tiempo.
Cada mes adicional aumenta el desgaste institucional. Cada negociación extraordinaria encarece el precio de la supervivencia parlamentaria. Cada nueva polémica agrava la percepción de un poder que dedica más energía a resistir que a gobernar.
Y ése es precisamente el motivo por el que la impaciencia puede convertirse en un error estratégico para sus adversarios.
La política tiene sus tiempos
Existe una diferencia fundamental entre una crisis política y una caída política. La primera puede durar meses o incluso años. La segunda suele producirse de manera abrupta, cuando las condiciones que la hacían posible se agotan de golpe.
Hoy Sánchez atraviesa una crisis evidente. Lo que todavía no existe es una mayoría alternativa que permita convertir esa crisis en una sustitución inmediata del Gobierno.
Por eso la moción de censura se parece más a una válvula emocional que a una solución real. Permite expresar indignación, pero no resolver el problema. Permite escenificar una ruptura, pero no construir una alternativa.
Y quizá ahí resida la principal enseñanza de este momento político. No todas las crisis se solucionan acelerando los acontecimientos. Algunas se resuelven dejando que el propio desgaste haga su trabajo.
Porque la triste realidad para el PSOE es que cuanto más se prolongue esta situación, más difícil será reconstruir su posición política. Y la triste realidad para Sánchez es aún más simple: puede sobrevivir a una moción de censura imposible, pero resulta mucho más complicado sobrevivir indefinidamente al desgaste de la realidad.
La cuestión ya no es cuánto puede resistir el Gobierno. La cuestión es cuánto puede resistir el sistema político construido para sostenerlo. Y ésa es una pregunta mucho más incómoda que cualquier moción condenada a perderse en una tarde parlamentaria.
