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La amnistía que traiciona la memoria

De la reconciliación histórica a la cruda instrumentalización política de la amnistía

FUENTE: RTVE

El terrorismo criminal de ETA sumió en un dolorabilísimo eclipse a decenas de miles de familias. No fueron meros daños colaterales: fueron desgarros irreparables, sangre derramada en la conciencia colectiva. A diferencia de quienes promovieron la Transición, ETA no buscó transgredir el consenso democrático, quiso borrarlo. Fracasó en su aspiración de derrotar al Estado, pero no en su capacidad de sembrar muerte. Esa memoria es una advertencia: las balsas de la amnistía no pueden navegar sobre el silencio.

La Ley de Amnistía de 1977 nació de un acuerdo político noble: fue el abrazo nacional que permitió pasar página, convertir enemigos en adversarios y mirar al futuro con pragmatismo. Fue, en esencia, una decisión colectiva por la concordia, no el resultado de transacciones espurias. De ella brotó el Estado Social y Democrático de Derecho que hoy disfrutamos, una gesta de cordura en una Europa sacudida por el fantasma revolucionario.

La amnistía sanchista: distorsión y cinismo

Sin embargo, la nueva amnistía pactada por Sánchez –aquella que Conde‑Pumpido bendice con igual indignidad– se revela como su antítesis. No busca sanar, sino consolidar un tinglado político: agradar a los sedicentes aliados independentistas, reforzar una mayoría hueca, maquillar debilidades. El Tribunal Constitucional, en su mayoría progresista, se antoja menos un guardián del Estado de Derecho que un instrumento subalterno: “gladiadores más que juristas”, han dicho algunos críticos elpais.com+1hayderecho.com+1. La vieja grandeza constitucional desemboca en un simulacro de justicia: lo legítimo no se refuerza por ser legítimo, sino cuando encaja en el reloj político. Arbitrariedad, reza el epígrafe, sin pudor ni recato.

Un sistema democrático que adscribe la igualdad ante la ley selectivamente, según conveniencias partidistas, deja de ser democracia. Cuando los mismos magistrados que avalaron el perdón constitucional ahora legislan a golpe de necesidad gubernamental, el principio se tuerce. Felipe González no ha dudado en calificar la reforma de “acto de corrupción política”. Y el PP, el PP no recurre –simplemente cuestiona–, alta nota para la secular política de la razón: “un órgano político, no jurisdiccional” elpais.com.

Pactos de poder versus futuro compartido

La Transición fue, también, eso: pactos difíciles, concesiones firmes, sacrificios mutuos. Y no, no fue impunidad. Hubo verdad, hubo justicia, aunque sesgada. Fue larga y no exenta de complejidades, pero honesta. La amnistía de 2025 es la contraria: tácita rendición al tacticismo, destrucción del principio de igualdad, erosión del poder judicial a conveniencia. Se regresa al decimononismo, a la arbitrariedad, a una política esencialmente personalista –“la ley para seguir durmiendo en La Moncloa”–.

Un día fue el 15 de octubre de 1977, cuando España entonó la canción de la reconciliación. Hoy, por el contrario, ese día pasa a ser ceniza: inauguración de un modelo de Estado ad hoc, concebido no para servir, sino para sostener. La amnistía del siglo XXI no perdona ni olvida: promueve una ruptura silenciosa con la igualdad, y convierte en mercaderes a quienes dicen servir a la patria.

La auotamnistía y los pactos con villanos

Cuando la Moncloa se convierte en bazar de corruptelas y pactos que escapan a la Constitución

FUENTE: EFE

España no ha sido nunca un jardín de lirios, pero jamás habíamos visto florecer tanta podredumbre con la naturalidad con la que hoy se exhibe. La actual legislatura no nació en el Congreso ni en las urnas: emergió de un cambalache de pasillos oscuros, de una confesión humillante ante la historia y de un trueque que sería cómico si no fuera trágico.

El Gobierno de Sánchez no es fruto de la voluntad popular, sino el resultado de una transacción vergonzante: votos a cambio de impunidad, silencio a cambio de poder, olvido a cambio de permanencia. La autoamnistía se yergue como el tótem obsceno de este mercado persa institucional.

La amnistía de 1977 fue un acto fundacional: un perdón mutuo, una tabula rasa que alumbró la democracia y permitió pasar del ruido de sables al murmullo de las urnas. Aquel perdón fue un abrazo colectivo, una apuesta compartida por un porvenir común. Lo que ahora presenciamos no es amnistía, sino una absolución unilateral y espuria, un acto de pura supervivencia. El delincuente pacta con el carcelero y redacta la llave de su propia celda.

El chantaje como método

El arte de la política, cuando degenera, no es otra cosa que la administración del chantaje. Sánchez ha erigido su trono sobre una montaña de cesiones, sobre la desfiguración del derecho y la prostitución de los principios. La llamada autoamnistía es el certificado de defunción de la igualdad ante la ley. De un plumazo, se arrebata al pueblo el último bastión de dignidad: la convicción de que nadie, ni el más audaz sedicioso ni el presidente más camaleónico, puede situarse por encima del marco legal.

Mientras se reparten privilegios en Bruselas y se garabatean decretos para tapar traiciones, el Estado se desangra por dentro. El veneno no es el independentismo, sino el consentimiento pusilánime y artero de un Gobierno dispuesto a vender la nación al mejor postor. La amnistía no redime; consagra la impunidad y corrompe el tuétano de la democracia.

La legalidad ya no es más que un papel mojado al servicio del oportunismo. El poder legislativo ha sido transformado en un taller de artesanía política donde se modela la ley como quien retuerce un alambre. La justicia, condenada al papel de espectadora muda, contempla el festín de impunidades con la venda ya no en los ojos, sino en la boca.

Pactos hacia el oportunismo

Algunos pretenden presentar este proceso como “un paso hacia la convivencia”. Pero la convivencia que se cimenta en la desigualdad es un fraude; el perdón que se concede sin arrepentimiento es una farsa. Aquí no hay reconciliación: hay sumisión y cobardía. No hay altura de miras: hay contabilidad de sillones.

El actual Gobierno es, en esencia, una cleptocracia sentimental y legal, un club de mercaderes que confunden el Estado con una casa de empeños. Todo se compra, todo se vende, todo se intercambia en la subasta perpetua del poder.

La historia mirará este capítulo con el mismo asco con el que se observa una rendición sin honra. La autoamnistía es la traición más grave que puede infligirse a un país: la conversión de la ley en papel higiénico para limpiar las manchas de la ambición.

Hoy, España no se gobierna: se trafica. No se lidera: se mendiga. Y cada día que se prolonga este pacto infame es un latido menos en el corazón de nuestra democracia.

Aquí no se discute izquierda o derecha, centralismo o periferia. Aquí se dirime si queremos vivir en un país digno o resignarnos a un prostíbulo de conveniencias.

Así de sencillo. Así de terrible.

Ataque y defensa desde las cloacas del Estado

De la UCO a la UDEF, pasando por filtraciones y montajes: el uso partidista de las instituciones del Estado como arma política es una práctica transversal que degrada la democracia y envenena la confianza ciudadana.

FUENTE: EFE

La democracia, cuando se pervierte, no muere con un golpe seco. Se pudre desde dentro. Y el hedor de su descomposición no proviene solo de la corrupción económica, sino de algo más insidioso: la utilización bastarda de las instituciones del Estado como navajas oxidadas contra el adversario político.

El último capítulo de esta novela negra lo protagoniza Leire Díez, asesora del PSOE, envuelta en una maraña de reuniones con empresarios y abogados para, presuntamente, buscar información que desacreditara a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) y a fiscales incómodos. ¿El objetivo? Blindar judicialmente a compañeros de partido —según se desprende de grabaciones filtradas— o, tal vez, simplemente mover fichas en una partida de poder donde las normas solo aplican a los peones. El Partido Popular ha sido rápido en denunciar el escándalo ante la Fiscalía Anticorrupción. Curioso, viniendo del partido que elevó el uso de las cloacas a categoría ministerial.

No hay inocentes en esta historia. Solo hipócritas.

¿Al servicio del Estado?

Porque ya en su día fue el PP quien articuló lo que se conoció como la «Operación Cataluña», un proyecto de ingeniería política sustentado en informes apócrifos, policías patrióticos y filtraciones a medida. Desde las entrañas del Ministerio del Interior se fabricaban bulos, se retorcían investigaciones y se intoxicaba a los medios con munición envenenada. La democracia, mientras tanto, iba perdiendo sus costuras.

Ahora es el PSOE el que coquetea con prácticas similares, como si los resortes del poder vinieran con un manual secreto que instruyera en el uso ilegítimo de herramientas legítimas. Porque eso es lo que estamos viendo: una sistemática contaminación de las instituciones —policía judicial, fiscalía, jueces, prensa— al servicio no del Estado, sino del partido que lo ocupa.

No se trata ya de que los partidos se tiren los trastos a la cabeza: eso es el pan de cada día en cualquier democracia con algo de pulso. El problema aparece cuando en vez de argumentos se lanzan sumarios filtrados, cuando en lugar de debates se promueven querellas, y cuando las siglas UCO, UDEF o Fiscalía se convierten en armas arrojadizas y no en instrumentos de justicia.

Esta perversión del sistema no es una anécdota ni una travesura. Es una grieta en los cimientos. Porque cuando el ciudadano deja de confiar en que la justicia es imparcial, cuando sospecha que los cuerpos de seguridad sirven más al ministro de turno que a la ley, cuando los medios dejan de fiscalizar al poder para convertirse en sus voceros… entonces estamos ante una democracia de cartón piedra, mantenida en pie por puro decorado.

La cloaca institucional, esa red paralela donde se cuecen vendettas, chantajes y favores, no es solo una metáfora oscura: es un modus operandi. Y como toda red clientelar, necesita de silencio, complicidad y poder para sobrevivir.

Es urgente desmantelar ese sótano húmedo donde se cultiva la podredumbre. Y eso exige una reforma profunda de los mecanismos de control institucional, una regeneración real y no cosmética. Exige que los partidos renuncien al atajo, a la trampa, al montaje. Que dejen de convertir los servicios del Estado en extensiones de su comité electoral.

¿O acaso la democracia solo sirve mientras no estorbe?

Si no se pone freno, un día despertaremos y descubrirán que el Estado ya no es de Derecho, sino de derecho a hundir al otro. Que la ley ya no protege, sino que persigue a discreción. Que la política, lejos de ser la noble gestión del bien común, se ha transformado en una guerra sucia librada en los sótanos del sistema.

Y entonces sí que será demasiado tarde para limpiar.

Cuando la Constitución se convierte en papel para fumar

El Tribunal que debe garantizar la defensa de la Constitución y la amnistía: del garante al cómplice, del intérprete al legitimador de lo ilegítimo

FUENTE: IA

Las filtraciones de la ponencia que debe avalar la constitucionalidad de la ley de amnistía no solo han desvelado el sentido del fallo —más que previsible—, sino algo mucho más preocupante: la concepción del poder que subyace en la doctrina que el Tribunal está dispuesto a consagrar. Una doctrina que reescribe, de forma subrepticia pero demoledora, el equilibrio de la Carta Magna, y que convierte el silencio de la Constitución en carta blanca para el ejercicio del poder más puro, más bruto y menos democrático: el poder sin límite.

La lógica que se esconde tras esa ponencia no es nueva, pero sí alarmantemente explícita. Si la Constitución no prohíbe la amnistía, entonces la amnistía es válida. Bajo ese principio, el Parlamento puede hacer cuanto le plazca, siempre que el texto constitucional no lo prohíba con precisión quirúrgica y en negrita.

Esta lectura revienta de raíz la arquitectura del Estado de Derecho, donde el poder —cualquier poder— está limitado, tasado, subordinado a un marco normativo que no solo enumera prohibiciones, sino que define un perímetro de acción positiva. Cuando se invierte esa lógica, cuando al poder se le permite todo salvo lo que se le veda expresamente, lo que se consagra es una forma de despotismo legalista, formalmente limpio pero sustancialmente arbitrario.

Y ahí está el giro. Porque lo que debería ser una interpretación restrictiva, garantista, propia de un tribunal que vela por que nadie —ni siquiera el legislador— cruce ciertas líneas, se convierte en una exégesis complaciente, en una plasticidad interpretativa al servicio del momento político. La Constitución, entonces, no es norma; es sugerencia. Un marco maleable donde todo cabe si conviene, si es útil, si resuelve una urgencia parlamentaria o una investidura imposible.

Esta visión del Derecho es profundamente corrosiva. Porque si el poder puede hacer todo salvo lo que le está expresamente vedado, entonces deja de ser poder limitado para convertirse en poder constituyente. Y un poder constituyente sin contrapesos es, sencillamente, un poder absoluto. No hay diferencia esencial entre eso y la voluntad de una mayoría ocasional decidida a reinterpretar la legalidad según su necesidad más inmediata. Ya no hay fronteras entre lo legal y lo legítimo. Todo es cuestión de votos. Y donde todo es posible, nada está a salvo.

La ponencia, además, practica un silencio significativo y estratégico sobre el delito más incómodo: la malversación. Se evita, se aparca, se escamotea. Porque ahí es donde chirría el engranaje, donde la máquina jurídica se queda sin aceite.

La sedición ya ha sido amortiguada mediante ingeniería penal. Pero la malversación —el uso espurio de dinero público para financiar un proceso de ruptura institucional— permanece como un escollo que ni los más habilidosos redactores constitucionales pueden suprimir sin sonrojo. Y ante eso, la táctica es clara: no pronunciarse, dejar correr el tiempo, permitir que la amnistía actúe mientras Europa mira y, quizá, reacciona.

Pero esa omisión no es inocente. Es una decisión política envuelta en el celofán de la neutralidad jurídica. Y es ahí donde más se revela la naturaleza del problema: el Tribunal Constitucional no está ya interpretando, sino blindando. No analiza, sino que construye un relato jurídico para justificar lo que se ha decidido en otro lugar. Se convierte así en notario de lo inevitable, en firmante de una ficción de constitucionalidad que no resiste un examen de fondo mínimamente riguroso.

Porque aceptar que lo que no está prohibido está permitido equivale a asumir que el poder puede todo lo que la Constitución no haya tenido tiempo o detalle de negar. Y eso significa, sencillamente, acabar con el Estado de Derecho tal como lo hemos entendido hasta ahora. Significa que el Parlamento —si tiene mayoría suficiente— puede amnistiar, indultar, despenalizar, retroceder o arrasar, siempre que no lo contradiga una línea explícita del texto constitucional. Es la victoria del vacío sobre el principio. Y es, sobre todo, la derrota del ciudadano frente al poder.

Lo que se legitima con esta ponencia no es solo una ley; es una forma de gobernar. Una forma de gobernar sin límites, sin pudor, sin el freno que debería imponer la conciencia jurídica de un tribunal que nació precisamente para eso: para decir “hasta aquí”. Pero no. Aquí se ha dicho: “pasen, no hay frontera”.

Y cuando no hay frontera, lo que hay es selva.

Golpe directo al corazón de la democracia

Cuando un gobierno que debería proteger los principios democráticos actúa como el mayor enemigo de la justicia, no estamos frente a una simple reforma legislativa; estamos siendo testigos de un ataque frontal al Estado de derecho. Las maniobras del PSOE para restringir la acción popular y consolidar su control sobre el poder judicial son un golpe bajo, calculado y premeditado para dinamitar los cimientos de nuestra democracia.

FUENTE: EFE

Esta propuesta legislativa, disfrazada de una falsa modernización del sistema judicial, es en realidad un arma de defensa masiva del Ejecutivo. Limitar la acción popular significa eliminar una de las herramientas más poderosas que tienen los ciudadanos para combatir la corrupción y los abusos del poder. Este movimiento busca amordazar a las voces críticas y blindar a los responsables políticos, incluido el entorno de Pedro Sánchez, actualmente bajo la lupa de investigaciones judiciales.

Es inadmisible que un gobierno se atreva a despojar a la sociedad de su capacidad para exigir responsabilidades. Más grave aún es que esto ocurra cuando las instituciones están ya profundamente erosionadas por la constante intromisión política. La historia nos enseña que cuando un poder ejecutivo decide amordazar al judicial, no es para el beneficio del pueblo, sino para perpetuar sus propias corruptelas.

El PSOE no solo está destruyendo los contrapesos institucionales; está importando las tácticas de regímenes autoritarios. Eliminar a jueces considerados críticos, prohibir el uso de recortes de prensa como base para investigaciones y restringir las querellas populares son medidas más propias de sistemas autocráticos que de una democracia consolidada.

¿Quién protege a los ciudadanos si se elimina su capacidad de participar activamente en la supervisión del poder? ¿A quién acuden los españoles cuando el Gobierno controla los tribunales y los cierra a la acción pública? Estas preguntas no son retóricas; son gritos de alarma que deberían resonar en cada rincón de nuestro país.

Un Gobierno acorralado y peligroso

La gravedad de esta reforma se amplifica por el contexto en el que se produce: un Gobierno acorralado por investigaciones que tocan a sus círculos más próximos. Pedro Sánchez y su partido buscan desesperadamente tapar los agujeros de un barco que hace aguas por todos lados, y en su desesperación no dudan en sacrificar los principios democráticos que juraron defender.

Este es el momento de la verdad para España. Si permitimos que este atropello prospere, abrimos la puerta a una espiral de autoritarismo sin retorno. Las democracias no se destruyen de la noche a la mañana; caen por la suma de pequeñas traiciones como esta, que pasan desapercibidas o se normalizan bajo la excusa de la gobernabilidad.

Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía, a las organizaciones civiles y a los partidos de la oposición: este es el momento de actuar. No basta con la crítica tibia o las palabras bonitas; se necesita una movilización masiva para frenar este atropello. Cada ciudadano tiene el deber moral de defender los valores democráticos que tanto nos ha costado conquistar.

El PSOE está jugando con fuego, y el precio de sus acciones lo pagaremos todos. No se trata solo de esta reforma; es la acumulación de ataques a la libertad y a la justicia lo que convierte a este Gobierno en una amenaza directa para España. Si no resistimos ahora, mañana será demasiado tarde.

La Constitución es la única celebración posible

Es bien sabido por todos que celebrar en este 2025 «Cincuenta años en libertad» con cien o más actos, es sólo el subterfugio para celebrar la muerte de Franco y también la penúltima de las mentiras de quien los promueve, el presidente de gobierno Pedro Sánchez.

FUENTE: EFE

Ni la libertad empezó en España hace cincuenta años ni desenterrar el espectro de Franco logrará dividir a los españoles en dos bandos, como es su propósito. Con este su «a moro muerto gran lanzada» no hace Pedro Sánchez sino recordar una desdichada realidad: el prolongado fracaso de la oposición para acabar con un dictador decrépito y sanguinario que murió en la cama y la soledad y sacrificio de los pocos y heroicos luchadores que lo combatieron.

Llegó al Gobierno enfrentando a todos con todos y hoy como entonces camina apoyado en el báculo de la mentira» Con la Guerra Civil perdida para la República, su presidente Manuel Azaña pronunció su célebre «Paz, piedad, perdón». Dirigió esas palabras a todos los españoles, sin distinción de bandos. Sabía que ese era el único camino de la reconciliación tras una guerra que había abierto heridas muy hondas en todas las familias españolas, en un país partido por la mitad.

Casi noventa años después el presidente de Gobierno Pedro Sánchez ha decidido hacerlas suyas, en un tono guerracivilista ya olvidado: «Ni paz ni piedad ni perdón; perdón solo para los nuestros, piedad únicamente para los míos y paz para nadie». Sus siete años de Gobierno han sido los de la corrupción política e institucional más grave de nuestra democracia. A ella ha sumado ahora la mistificación histórica y su miserable recurrencia a la Guerra Civil y a la «memoria histórica», consistente en olvidar lo que no le aprovecha y recordar lo que le conviene. A un tiempo muro y cortina de humo. Un muro entre españoles y la cortina con que trata de ocultar toda su miseria personal, política y moral, y la de su entorno, y cuantos procesos judiciales lo acorralan por corrupción.

La inmensa mayoría de los españoles decidió dejar atrás definitivamente una guerra y una dictadura en la que no pocas de sus víctimas habían sido victimarios, en la que el dolor de unos no se podría comprender ni perdonar sin perdonar y comprender el de los otros. Quienes habían perdido la guerra renunciaron a la venganza y quienes la habían ganado, al poder que disfrutaban.

Sin memoria no hay justicia y sin olvido no hay paz. Reparar solo a unas víctimas es despertar en las otras los agravios, y olvidarse de estas, la mayor de las injusticias. Las víctimas son de todos, la memoria es personal e intransferible y la verdad es una tarea común. Hacemos desde aquí un llamamiento a todas y todos los demócratas, y en especial a las fuerzas políticas, a boicotear cuantos aquelarres se promuevan en torno a Franco por aquellos que dicen celebrar la libertad echando mano de la discordia, su mayor amenaza, y la reconciliación, promoviendo el encono civil. Los españoles ya estamos reconciliados. Lo hizo una abrumadora mayoría, y dio a ese pacto el nombre de Constitución de 1978. La única fecha de celebración posible y deseable.

Firman: Nicolás Redondo, Andrés Trapiello, Fernando Savater, Juan Luis Cebrián, Albert Boadella, Federico Jiménez Losantos, Félix de Azúa, Cayetana Álvarez de Toledo, Arcadi Espada, Teresa Freixes, Ignacio Varela, Teo Uriarte, Rosa Belmonte, Rafael Latorre, Félix Ovejero, Juan Abreu, Esperanza Aguirre, Iñaki Arteta, Enrique Baca, Jorge Bustos, Dolors Caminal, Jordi Canal, Ricardo Cayuela, Alejandro Cercas, Ramiro Cibrián, José Luis Corcuera, Pedro Corral, Mario Crespo, Rosa Cullell, Luis Alberto de Cuenca, Pablo de Lora, Álvaro Delgado-Gal, Guillermo Díaz, Rosa Díez, Antonio Elorza, Iñaki Ezkerra, Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, Juan Fernández-Miranda, Mercedes Fuertes, Enrique Gimbernat, Juan Antonio Gómez-Angulo, José Ángel González Sainz, Alberto González Troyano, Santiago González, Felipe Hernández Cava, Andrés Herzog, Andreu Jaume, Jon Juaristi, Juan José Laborda, Carmen Ladrón de Guevara, Emilia Landaluce, Joaquín Leguina, Teodoro León Gross, Francisco Llera, Pilar Marcos, Carlos Mármol, Alfonso Meléndez, Mira Milosevich, Carlos Miranda, José Antonio Montano, Miriam Moreno Aguirre, José María Múgica, Clara Eugenia Núñez, Alberto Olmos, Pelayo Ortega, Maite Pagazaurtundúa, Ana Palacio, José Luis Pardo, Xavier Pericay, Tomás Pollán, Verónica Puertollano, Maite Rico, Javier Rioyo, Marta Rivera de la Cruz, Carlos Rodríguez Braun, Fernando Rodríguez Lafuente, Ramón Rodríguez, Octavio Ruiz-Manjón, Karina Sainz Borgo, Yaiza Santos, Paco Sosa Wagner, Miriam Tey, Gabriel Tortella, Manuel Toscano, Julio Valdeón, Paco Vázquez, e Iñaki Viar.

Crónica de un año en falso

El año 2024 concluye bajo el peso de un Gobierno que ha hecho del espejismo su estrategia más audaz. Pedro Sánchez, siempre dispuesto a vestirse con los laureles del éxito, ha presentado un balance anual que bien podría figurar en un manual de ficciones políticas.

FUENTE: EFE

En su narrativa, España no se rompe, sino que rompe récords; sin embargo, la realidad que asoma entre las grietas de su discurso dista mucho de ser motivo de celebración.

Comencemos por el plano económico, que el Ejecutivo ha presentado como su joya de la corona. Si bien es cierto que los indicadores macroeconómicos han mostrado cierta resiliencia, la celebración de un crecimiento del PIB o la disminución del desempleo resulta superficial cuando ignoramos la precariedad estructural que subyace.

El mercado laboral español sigue atrapado en un esquema de temporalidad y salarios bajos que perpetúa la desigualdad y mina el poder adquisitivo de las familias. La ‘modernización’ del tejido productivo, ensalzada por el presidente, parece más un lema vacío que una transformación real. Las inversiones provenientes de los fondos europeos Next Generation han quedado atrapadas en un laberinto burocrático que retrasa su impacto tangible.

La subida de las pensiones, uno de los principales anuncios del Gobierno, esconde también una paradoja amarga. Aunque resulta imperativo garantizar el poder adquisitivo de nuestros mayores, el sistema de la Seguridad Social sigue siendo insostenible. En lugar de abordar reformas estructurales que equilibren las cargas demográficas y financieras, el Ejecutivo opta por pan para hoy y hambre para mañana, posponiendo decisiones que otros Gobiernos deberán asumir con un coste político mucho mayor.

En el terreno de las políticas sociales, la autocomplacencia también reina. Se habla de ‘récords’ en sanidad y educación, pero los usuarios de ambos sistemas cuentan otra historia. Las listas de espera en los hospitales siguen siendo interminables, las urgencias colapsan, y la atención primaria languidece por falta de recursos. En educación, la situación no es mejor: la inversión anunciada no se traduce en mejoras significativas en las aulas, y las desigualdades educativas persisten entre comunidades autónomas.

El discurso sobre el cambio climático también merece un análisis minucioso. Si bien España ha avanzado en energías renovables, este logro se produce más a pesar del Gobierno que gracias a él. Las medidas adoptadas han sido tardías, y la planificación a largo plazo sigue siendo una asignatura pendiente. Mientras tanto, sectores clave como la agricultura y el turismo enfrentan los embates del cambio climático con escaso apoyo institucional, lo que amenaza el sustento de millones de ciudadanos.

El impacto devastador de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) dejó en evidencia, una vez más, la fragilidad de la planificación del país frente a eventos climáticos extremos. Inundaciones masivas arrasaron comunidades enteras, causando millones en daños materiales y pérdidas humanas irrecuperables. El Gobierno reaccionó con promesas de ayudas económicas y planes de reconstrucción, pero la lentitud en la ejecución de estas medidas ha generado un profundo malestar en las zonas afectadas. A pesar de su retórica climática, Sánchez ha fallado en liderar una estrategia nacional que refuerce la resiliencia frente a estos fenómenos, mientras los efectos del cambio climático se intensifican con cada temporada.

El desequilibrio hídrico, marcado por una sequía persistente y eventos extremos, ha golpeado especialmente al sector agrícola. Los agricultores, atrapados entre las adversidades climáticas y la falta de apoyo estatal, enfrentan uno de los años más duros de la última década. El agua, bien escaso y cada vez más politizado, sigue siendo objeto de disputas territoriales sin que el Ejecutivo haya sido capaz de implementar una política hídrica sostenible y equitativa.

Quizás el aspecto más preocupante sea el deterioro del clima político. Sánchez se queja del “tornado de crispación”, pero él mismo ha contribuido a avivar los vientos. Su Gobierno ha instrumentalizado el diálogo con los partidos independentistas para mantenerse en el poder, alimentando un sentimiento de agravio en amplios sectores de la población. La Ley de Amnistía, presentada como un gesto de reconciliación, ha dividido más que unido, y su implementación se percibe como un pago político más que como un paso hacia la cohesión nacional.

En este contexto, las relaciones con las comunidades autónomas se presentan como un éxito, pero la realidad es que la llamada ‘cogobernanza’ ha sido un baile de cifras más que una colaboración efectiva. Las transferencias aumentan, pero la descentralización del gasto no siempre se traduce en mejoras para los ciudadanos. Las desigualdades territoriales persisten, y la sensación de abandono en algunas regiones se agrava.

Lo más grave de este panorama es la falta de una visión de futuro. Este Gobierno se ha dedicado a apagar incendios, reales o imaginarios, en lugar de construir una agenda de Estado. Las políticas se implementan con vistas al corto plazo y con la obsesiva prioridad de preservar la coalición de Gobierno. El resultado es un país que avanza a trompicones, sin una dirección clara y con una ciudadanía cada vez más desencantada.

La retórica triunfalista de Sánchez contrasta de manera dolorosa con la experiencia cotidiana de los ciudadanos. La inflación, aunque contenida en comparación con otros países, sigue erosionando los presupuestos familiares. Las promesas de equidad y modernización suenan huecas cuando se enfrentan a la realidad de la precariedad y la incertidumbre. En lugar de aprovechar el potencial de España para liderar en innovación y desarrollo, el Gobierno parece conformarse con maquillar cifras y presentar informes brillantes que poco tienen que ver con la vida real.

Amenazas que disfrazan el odio de patriotismo

La reciente actividad del Núcleo Nacional, un grupo de extrema derecha que aspira a imponerse en la esfera política de España, representa una grave amenaza para la democracia y para los derechos de todos los ciudadanos

FUENTE: EFE

Su discurso, aparentemente en defensa de la “grandeza” de España, esconde intenciones radicales que, de implementarse, minarían las bases del sistema constitucional que garantiza las libertades y el orden público en nuestro país. Este grupo, que se presenta como “patriótico”, opera bajo una retórica manipuladora y engañosa para captar la atención de los ciudadanos descontentos, promoviendo su visión autoritaria y totalitaria con promesas vacías de “soberanía” y “orden”.

Lejos de defender los intereses de los españoles, Núcleo Nacional explota situaciones de sufrimiento y crisis para avivar el odio y la división. Durante las recientes protestas contra el gobierno a raíz de la DANA en España, miembros de este grupo aprovecharon la tragedia en las zonas afectadas para lanzarse en ataques contra las instituciones y difundir mensajes radicales en las redes sociales. Las declaraciones de sus representantes en Twitter revelan una obsesión por la confrontación y el desprecio por cualquier estructura que no coincide con su visión cerrada y excluyente de la nación. No hay solidaridad ni empatía en sus palabras, solo un ansia de manipular el dolor ajeno a favor de su agenda política.

La narrativa del Núcleo Nacional se centra en un discurso de odio dirigido hacia minorías y sectores vulnerables. En nombre de “la defensa de la patria”, se dedican a difundir teorías conspirativas y argumentos xenófobos que solo buscan avivar los prejuicios y tensiones sociales, enfrentarse a los ciudadanos entre sí. Insistir en proclamar una “restauración de las leyes naturales” —una frase que parece salida de tiempos oscuros— como si el avance de los derechos humanos y las libertades civiles fuera algo que amenazara la estabilidad de España. Esta retórica recuerda las ideologías fascistas y totalitarias del pasado, que justificaban la violencia y la exclusión en nombre de la “grandeza de la nación”.

Al observar sus intervenciones públicas y redes sociales, queda claro que el Núcleo Nacional no está comprometido con la democracia. Critican y desprecian a quienes consideran que “se han vendido” al sistema constitucional, incluso atacando a otros grupos de derecha que no comparten su visión radical. Sus conexiones con otras organizaciones violentas, como Ultras Sur y Bastión Frontal, y sus vínculos con figuras internacionales pro-Kremlin son pruebas de sus intenciones y de su alineación con agendas que van en contra de los intereses de España. Esto debería preocuparnos a todos, ya que su discurso no solo es un ataque a la democracia española, sino que busca, en última instancia, socavar el equilibrio geopolítico y desestabilizar Europa desde dentro.

El Núcleo Nacional intenta justificar sus acciones bajo el manto de la defensa nacional, alegando, por ejemplo, haber desplegado una de las banderas de España más grandes en una manifestación reciente, y asegurando llevar siempre la bandera valenciana al frente de sus pancartas. Pero no hay bandera ni símbolo que pueda maquillar sus verdaderas intenciones: destruir el marco democrático y constitucional que tanto costó construir. Si tuvieran un compromiso auténtico con los valores de la Constitución, entenderían que el verdadero patriotismo no se mide por el tamaño de la bandera, sino por el respeto a los derechos de todos los españoles y el compromiso con el diálogo y la convivencia pacífica.

Es importante recordar que la Constitución de 1978, con sus luces y sombras, es el pilar sobre el cual se sostiene nuestra sociedad. Fue la base de la reconciliación, de la libertad y de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos tras años de dictadura. Núcleo Nacional, con su odio visceral hacia este sistema, pretende arrastrar a España de vuelta a un pasado que casi todos han dejado atrás. Al rechazar el pluralismo y la convivencia que forman la esencia de la Constitución, este grupo nos recuerda el coste de las ideologías extremistas, que siempre terminan sacrificando el bienestar colectivo en favor de sus intereses particulares.

Las palabras y acciones del Núcleo Nacional son una amenaza real. Bajo su retórica engañosa, buscan despojar a los ciudadanos de los derechos fundamentales que esta democracia ha garantizado durante más de cuatro décadas. La libertad de expresión, de asociación y de prensa, las libertades individuales y la dignidad humana son derechos que han costado años de lucha y esfuerzo. La narrativa de Núcleo Nacional, que se presenta como la única solución, en realidad nos devuelve a un modelo de exclusión y represión, donde el respeto por la diversidad y la convivencia pacífica no tienen cabida.

Ante esto, la sociedad española debe permanecer alerta. No podemos permitir que discursos de odio y actitudes autoritarias se enmascaren de patriotismo y engañen a aquellos que buscan soluciones legítimas a los problemas del país. Es tarea de todos los defensores de la democracia reafirmar nuestro compromiso con los valores constitucionales y rechazar enérgicamente cualquier intento de subversión. España no necesita “salvadores” que se aprovechen del sufrimiento ajeno y fomenten la división; Necesita ciudadanos que trabajen, dentro de la ley y con respeto, por un país mejor para todos. Porque, al final, el verdadero patriotismo reside en la defensa inquebrantable de la democracia, de la paz social y de los derechos de todos, y no en los gritos de unos cuantos que, bajo un disfraz, solo traen consigo el eco oscuro de tiempos. que jamás queremos revivir.

Nuevo curso, mismo desgobierno

En este inicio de curso político en España, es imprescindible recordar de dónde venimos para reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos. Las últimas elecciones generales reflejaron un escenario claro: el Partido Popular (PP) ganó, y aunque el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo un resultado decente si se compara con las autonómicas y municipales.

FUENTE: EFE

La realidad es que lo que debería haber sido un escenario de estabilidad democrática y acuerdos constructivos, se ha transformado en un pacto de incertidumbre y descrédito.

En cualquier democracia madura, habría sido esperable que, tras las elecciones, los dos grandes partidos nacionales buscaran un acuerdo para asegurar un gobierno estable o, en su defecto, convocar nuevamente a las urnas para que el pueblo decidiera. No obstante, Pedro Sánchez optó por una vía diferente y altamente polémica: pactar con Carles Puigdemont, el expresidente de Cataluña que sigue fugado de la justicia española. Esta decisión, no solo sorprende y decepciona, sino que también rompe con la tradición democrática de diálogo y consenso que se había logrado en los últimos cuarenta años.

Nunca en la historia reciente de España habíamos visto que un gobierno se sostuviera en acuerdos con quienes desafían abiertamente el Estado de Derecho. La negociación con Puigdemont, un prófugo de la justicia, que se realizó fuera de nuestras fronteras, en lugares como Waterloo y Ginebra, es una mancha en la historia democrática de España. Este acto pone en entredicho los principios fundamentales sobre los que se asienta nuestra Constitución.

El PSOE, un partido que durante décadas ha representado a la izquierda moderada y constitucionalista, parece ahora haber perdido su brújula moral al firmar acuerdos con aquellos que han intentado fragmentar el país. Este hecho es comparable a los momentos más oscuros de nuestra historia, como cuando los Borbones entregaron la corona española a Napoleón debido a conflictos internos, como destacan algunos historiadores. ¿Es este el camino que queremos para España? ¿Una nación que se divide internamente y negocia sus principios en la oscuridad?

Entre los acuerdos más preocupantes de esta alianza con los independentistas está la propuesta de una Ley de Amnistía redactada por los mismos que violaron la Constitución en 2017. Una ley que muchos consideran inconstitucional y que destruye el principio de igualdad ante la ley. Este principio, que es un pilar fundamental de cualquier democracia, se ve ahora comprometido. España se enfrenta a la peligrosa realidad de que ya no todos los ciudadanos son iguales ante la justicia; la ley se convierte en un instrumento de negociación política, y no en el reflejo del interés general y la protección de los derechos de todos los españoles.

Algunos analistas han comparado esta situación con la reciente historia de otras democracias que han sufrido retrocesos democráticos debido a la manipulación del sistema judicial para fines partidistas. Este escenario es una señal de alarma para todos los que valoran la justicia y la igualdad.

Por si fuera poco, este verano se ha aprobado un Concierto Económico que rompe el principio de igualdad económica y de oportunidades para todos los españoles. La Constitución de 1978, que ha sido la base del periodo democrático más largo y estable de la historia de España, se ve amenazada por cambios que se están realizando “por la puerta de atrás”, como si de un golpe institucional se tratara. Este acuerdo, que otorga privilegios económicos a ciertas comunidades, atenta contra la solidaridad entre regiones y establece una brecha que recuerda a épocas premodernas, cuando la nación no estaba cohesionada.

El Gobierno, en vez de fortalecer la unidad y trabajar por el interés de todos, parece haber optado por políticas que nos retrotraen al siglo XVII, cuando el Estado no tenía el concepto de nación que se desarrolló en la Europa de la Ilustración y la Razón. ¿Cómo es posible que un gobierno que se autoproclama progresista esté promoviendo un modelo que fragmenta y crea ciudadanos de primera y segunda clase?

La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá este gobierno desafiando la voluntad popular, el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley? Nos encontramos en un momento oscuro de nuestra historia política reciente. Un momento que requiere no solo de reflexión, sino de acción decidida. España necesita recuperar la confianza en sus instituciones y en su sistema democrático. Y la única forma de lograrlo es convocando nuevas elecciones.

Los españoles merecen un gobierno que actúe con principios, que defienda la democracia y que respete el Estado de Derecho. No podemos seguir permitiendo que se tomen decisiones en contra de los valores que han sostenido a nuestra sociedad durante décadas. Por ello, es fundamental que se convoquen elecciones de inmediato. Que el pueblo hable y decida el futuro de este país. Porque solo a través de un proceso limpio y democrático, España podrá salir de este agujero de incertidumbre y volver a mirar al futuro con optimismo y unidad. ¡Elecciones ya!

Esto es insoportable. Convoque ya elecciones

El espectáculo que están dando hoy los independentistas en Barcelona es vergonzoso. Nos convierte en un país bananero y triste. Supone el final de un periodo que nació en 1978. Es bochornoso también para los ciudadanos que respetan las leyes y no renuncian al ejercicio pleno de su ciudadanía.

Por Nicolás Redondo Terreros, presidente de la Fundación para la Libertad

FUENTE: EFE

Hoy hemos vuelto a ser una lamentable excepción en Europa. El circo de cuarta división que ha protagonizado Puigdemont y sus allegados, entre ellos los dirigentes de ERC que acaban de suscribir un ignominioso pacto con los socialistas catalanes convalidado por la ejecutiva federal del PSOE, nos devuelve a la España de «charanga y pandereta, de espíritu burlón y alma quieta» excéntrica y retrasada. Es como si una justicia poética, por encima de designios y voluntades, nos devolviera la peor España justamente en Barcelona, lugar que fuera epítome de la modernidad y el europeísmo.

Sabíamos la tendencia al sacrificio simbólico de los soberanistas que siempre han preferido una buena derrota a las victorias ganadas día a día en las que se basan los países prósperos y modernos. Sabíamos que esta escena sacrificial la ha venido soñando Puigdemont durante los últimos años. ¿Cómo desdeñar un calvario liviano y breve rodeado de multitudes que después se irían a comer para culminar el día festivo que les ofrecía su presidente en el exilio?

Pero no nos engañemos. Nada de lo que ha ocurrido hoy en Barcelona habría ocurrido sin el amparo y la colaboración activa de los socialistas y el Gobierno de España volviendo a abdicar de sus atribuciones más trascendentes retirando a los servicios de información de Cataluña. Aquel partido moderno, fuerte, en ocasiones pretencioso, ha devenido en un partido trasnochado, sin principios que defender, capaz de justificar todo con tal de que Sánchez siga bajo el palio de la presidencia. El paso de un partido institucional a una organización política desconcertante y gamberra.

Sin el insaciable apetito por el poder de Sánchez, nada de lo que ha sucedido durante los últimos años habría sido posible. Dinamitaron el Código Penal para excarcelar a parte de los protagonistas del golpe de estado que intentaron los independentistas. Rectificaron al Tribunal Supremo para mantenerse en el gobierno durante la legislatura pasada, dejando claro que la justicia no es igual para todos. En esta nueva legislatura, los socialistas de Sánchez han pedido perdón en nombre de todos los españoles por el golpe de Estado que dieron los independentistas. Y ahora, como no era suficiente, ofrecen a los independentistas la soberanía fiscal a costa de hacer añicos los principios de igualdad y solidaridad tan mencionados como desdeñados por estos jóvenes insaciables.

De Puigdemont, de Junqueras, de Illa, no esperaba nada. Pero lo que más me ha sorprendido durante estos años es la facilidad con la que Sánchez ha pervertido lo más nuclear y sagrado, primero del PSOE y luego de la España constitucional. En otras circunstancias bien distintas Arendt habló de la banalidad del mal, y en estos tiempos hemos visto cómo el silencio, la colaboración de personas que parecían intachables, ha sido imprescindible para lograr el destrozo que presenciamos de nuestro sistema constitucional. Sólo hace falta que no se haga nada, que el silencio se imponga para que las locuras más inverosímiles se conviertan en realidad…si además se presta una ayuda nada desinteresada estaríamos ante la situación que vivimos en España.

La ópera bufa que se ha desarrollado en las puertas del Parlamento autonómico catalán nos devuelve a la España negra. Y volvemos a ese pasado sin que lo queramos la mayoría. Volvemos a causa de la ambición desbordada de un personaje sin principios políticos y sin atributos morales. Esta vergüenza que sentimos la mayoría no la siente Sánchez, blindado ante los mínimos éticos y estéticos necesarios para representar a todos los españoles. Presidente: convoque elecciones cuanto antes, la vergüenza para los españoles es insufrible. Pero si el presidente del Gobierno sigue blindado a la vergüenza, debemos emplear todos los medios democráticos y pacíficos con los que contamos para defender a la mejor España, la que heredamos de nuestros padres.