A vueltas con el referéndum

Parece que, con todo lo que está ocurriendo en España, nos estamos olvidando de que la Generalitat ya ha redactado la pregunta para el próximo referéndum. Con las elecciones catalanas en el horizonte y la posibilidad de que el bando secesionista no salga victorioso, se habla en niveles secundarios para evitar golpes en relación con las comisiones de investigación y minimizar el daño, especialmente al PSC.

FUENTE: EFE

Pere Aragonés anunció que propondría un referéndum de independencia supuestamente respaldado por el artículo 92 de la Constitución. Esta decisión se basó en un informe del Institut d’Estudis d’Autogovern (IEA), encargado en octubre de 2023 para estudiar las vías y «concretar los instrumentos jurídicos» necesarios para llevar a cabo una consulta. Aragonés afirmó: «Las conclusiones son claras: votar sobre la independencia es posible dentro del marco legislativo actual, y solo es cuestión de voluntad política». 

La pregunta formulada sería: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?». Sin embargo, esta formulación presenta el mismo sofisma de siempre. No se mencionó un umbral mínimo de participación y no se tiene en cuenta que el artículo mencionado habla de «todos los ciudadanos», no exclusivamente de los catalanes. Además, el Tribunal Constitucional ha reiterado en múltiples ocasiones que este instrumento consultivo no puede ser utilizado para promover la secesión. 

Es intrigante que el informe sugiera que la implementación del resultado del referéndum deberá realizarse dentro del marco de la «legalidad constitucional e internacional». Este planteamiento parece ser otro ejemplo de sofismo: si el «sí» resulta ganador, la independencia supuestamente tendría que ser compatible con la Constitución, lo cual resulta paradójico. 

La clave aquí es reavivar el debate. En el fondo, Aragonés es consciente de que un referéndum de autodeterminación no es posible, pero necesita actuar como si lo estuviera intentando. Con las elecciones del 12 de mayo, su objetivo es mantener el debate vivo hasta entonces, suficiente para movilizar a sus votantes. 

Si ERC queda como segunda fuerza, solo podrá investir a Illa como presidente si se llega a un acuerdo sobre un referéndum, al cual últimamente siempre están vinculando con la coletilla de «pactado». Esto es bien sabido en el PSC, ya que, sin esa concesión, los republicanos no podrán ceder la Presidencia de la Generalitat a Illa debido al alto costo que representará para ellos perder el poder, incluso si logran un acuerdo de coalición. Con Illa como presidente, la agenda soberanista iría más lenta, a menos que sea una condición indispensable para que el nuevo gobierno catalán entre en funcionamiento. 

Es cierto que todo nacionalismo tiende a encontrar fuerza en batallas perdidas y aspiraciones a menudo difíciles de alcanzar. En el caso de Cataluña, la posibilidad de un referéndum soberanista ya era bastante remota antes del proceso independentista, pero tras su fracaso, debido a una combinación de insensatez e indecisión, el experimento activó lo que podríamos llamar el sistema inmunitario de España. Como resultado, ahora vemos un aumento en los anticuerpos políticos e institucionales contra el independentismo. 

Por esta razón, aunque el referéndum de independencia todavía sea una parte del discurso nacionalista catalán, en realidad no va más allá de eso. En el mejor de los casos, podría haber un grupo de entre medio millón y un millón de catalanes que, debido a que aún no han recuperado el sentido común después de haberlo perdido, aún crean que es posible. El movimiento soberanista no puede ignorar este grupo de personas, ni los que se oponen a la independencia deben dejar de aprovecharlo, pero las personas sensatas no deberían dejarse impresionar por este discurso inflamado. 

Todo parece indicar que la consulta seguirá el mismo patrón que la discusión sobre la amnistía. En primer lugar, el separatismo afirmará que, tras un examen detenido, han descubierto que la Constitución permite un referéndum de autodeterminación. Luego, el PSOE pasará por las fases habituales de negación, aceptación y defensa apasionada de la consulta. Y, finalmente, será Cándido Conde-Pumpido quien decida sobre la legalidad del arreglo, ya que para eso fue puesto en su cargo. 

1 comentario

  1. A. Javier dice:

    Envidia de Portugal. Aquí prima la “tribu” sobre el interés general, y PS y sus palmeros son medalla de oro en este menester. Así nos va

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