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Por Jesús Ballesteros

Por ello su trayectoria, en la que destacan los nombres de Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Virgilio Zapatero, Juan Alberto Belloch y un larguísimo etc. merece el agradecimiento de las generaciones presentes y futuras.

Esta labor de concordia y tolerancia ejemplares fue interrumpida bruscamente con la llegada al poder de Zapatero, que le dio la vuelta a todo lo anterior. Su principal preocupación fue eliminar la posibilidad de alternancia política, con el infamante pacto del Tinell promovido por el PSC y el apoyo a lo que decidiese el Parlamento catalán, fuese lo que fuese.

El sanchismo es la perfecta continuidad del zapaterismo en lo que se refiere a la intensificación del enfrentamiento entre los españoles y simultáneamente la creación de un régimen clientelar en el que sólo cuenta la obediencia férrea al líder y el enriquecimiento mutuo sin ideología alguna. Como escribió Pilar Marcos Domínguez, en “El taxidermista y su biombo” (The Objetive, 12.12.23) Sánchez llevó a cabo una autentica labor de disecación del PSOE para convertirlo en una gran agencia de colocación, Sánchez S.A. al servicio de su afán infinito de dominio.

Esta desnaturalización del partido se ha podido ver en el numeroso grupo de personas arrepentidas de su voto al sanchismo. Según encuesta de Sigma Dos para ‘El Mundo’, se trataría de 1.752.000 personas, un 22,4% de los ciudadanos que apoyaron a Sánchez en julio y que ya no volverían a votarle si hoy se repitiesen los comicios. Es muy fácil saber quiénes son. Los que creyeron honesta y quizá ingenuamente que el sanchismo era la continuidad de aquel PSOE al que votaron sus antepasados y han comprobado luego que no había tal continuidad.

El Partido Sanchista es una auténtico club clientelar a los que nunca abandona. Un ejemplo entre mil es el de Miquel Iceta, del PSC, apartado del Consejo de Ministros, pero compensado inmediatamente con la Embajada de España en la UNESCO.

Lo malo del caso para el gobierno es que estos votantes entusiastas no son suficientes para mantener en la Moncloa al jefe, razón por la cual éste debe mostrar una sumisión total a los partidos separatistas, claramente supremacistas, que le explotan en detrimento del conjunto de la población española, dado que las prebendas que Sánchez les concede son con cargo a los presupuestos generales del Estado, que pesan sobre las familias, los autónomos, la pequeña y mediana empresa, que lógicamente ha reducido en 50.000 su número desde que Sánchez ostenta el cargo.

La subida de impuestos y la desmesura en el gasto público nada tienen que ver con la ideología, mal que le pese a la volátil y desleal Yolanda Díaz sino con el mantenimiento del régimen clientelar.

Lo más maravilloso del presente español es que Sánchez presenta a sus socios /supremacistas y a sus votantes/clientes como progresistas, mientras que los partidos de la oposición serían peligros reaccionarios.
En esta patológica deriva en la que hemos entrado se llega a diferenciar los tipos de terroristas, los que se pueden homologar con sus socios de gobierno pasan a ser terroristas buenos, mientras los jueces empeñados en perseguirles son acusados de corrupción, y posiblemente sean sometidos a tribunales populares.

El sanchismo es la antítesis del PSOE clásico, al negar la igualdad entre los españoles concediendo la amnistía a unos cuantos privilegiados, y destruyendo la mayor parte de los presupuestos a esos mismos privilegiados, que una vez enriquecidos desean separarse de España.
Los tres ejes del sanchismo son el régimen clientelar, la pretensión de excluir a la oposición de toda opción de gobierno y el vasallaje a las minúsculas minorías supremacistas catalanes y vascas.

Ninguna de estas tres tristes realidades tienen que ver con la historia del PSOE. Razón por la cual sería de simple sentido común no mencionar este nombre al referirse a la mafia sanchista.  

*Jesús Ballesteros es Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia.

FUENTE: EFE

En contraste con la jerarquía tradicional, la cogobernanza busca la participación activa de múltiples actores, aprovechando sus experiencias y conocimientos para abordar problemas complejos.

Este término incluye la creación de plataformas de diálogo donde las partes interesadas contribuyen y trabajan juntas para encontrar soluciones. Su implementación varía según el contexto pero, en general, se centra en la colaboración para mejorar la eficiencia y legitimidad de las decisiones gubernamentales mediante la inclusión de diversas perspectivas. 

El hecho de que el PSOE haya adoptado en su ideario político una fórmula que implica un claro cambio hacia posturas más propias de un modelo territorial confederal, en lugar de la naturaleza federal que siempre había defendido este partido, consolida la desviación de los socialistas en un tema fundamental para mantener las bases constitucionales.  

En el documento resultante de la convención política del PSOE, celebrada en La Coruña, se plantea una reducción en el control del Estado mediante la «consolidación» del proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas. En la práctica, esta propuesta implica un giro hacia un marco jurídico confederal, basado en la bilateralidad con las autonomías y con el Estado reducido al mínimo. 

En una convención que se convirtió en una muestra de apoyo unánime al líder, considerando la falta de debate interno, el PSOE adopta una posición que difiere del modelo federal establecido en 2013 con la Declaración de Granada, que había evolucionado a lo largo de los años, aunque hasta ahora sin un contenido detallado, incluyendo términos como plurinacionalidad y España multinivel moderna.  

Con Rubalcaba liderando Ferraz, los socialistas proponían definir la distribución de competencias para consolidar el Estado autonómico, garantizar la igualdad de todos los españoles y la lealtad federal, y asegurar los tres principios fundamentales del modelo territorial de la Constitución: unidad, autonomía y solidaridad interterritorial. Ahora, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, el PSOE ha cambiado hacia el extremo opuesto. 

Bajo el concepto eufemístico de cogobernanza, se esconden la vía irregular de las negociaciones bilaterales y las leyes de transferencias, con el objetivo de debilitar las competencias que permiten al Estado preservar la unidad territorial. Esta desviación, ya implementada con la cesión de la inmigración a la Generalitat catalana, está estrechamente vinculada a los acuerdos de los actuales socialistas con la extrema izquierda y los independentistas. 

El cónclave de La Coruña, justo antes de las elecciones gallegas del 18-F, refleja en el ideario socialista el muro construido frente a la derecha. “Solamente se puede gobernar este país si asumimos la pluralidad política y la diversidad territorial en torno a un proyecto común, que es España”, afirmó Sánchez después de anunciar una inversión en educación para fortalecer Matemáticas y Lengua tras el fracaso del último informe PISA. Aunque esta rectificación oportuna no oculta la contradicción de apelar a la diversidad mientras se diluyen los pilares constitucionales. 

Algún hombre de Estado quedará en las filas socialistas, pero a la mínima que saltan se ven perseguidos por todo el partido, que se cierra con vehemencia en torno a su líder. El último de nuevo ha vuelto a ser Emiliano García Page. Enfrentarse al separatismo disolvente requiere asegurar la igualdad en lugar de avanzar hacia un proceso de descentralización que socava el fundamento ideológico que hasta hace unos años había caracterizado al PSOE como un partido de Estado. 

Por si fuera poco, hay algunas consideraciones sobre lo que podría ocasionar su aplicación en el caso de España: 

• Complejidad en la toma de decisiones: 

En un sistema con múltiples niveles de gobierno y la participación de diferentes actores, como comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales, podría haber desafíos para lograr consensos rápidos en cuestiones que requieren acción urgente. 

• Falta de responsabilidad clara: 

Dada la descentralización en España, con varias competencias transferidas a las comunidades autónomas, podría surgir la falta de claridad sobre quién es responsable de ciertos asuntos, lo que complica la rendición de cuentas. 

• Captura de intereses: 

En el contexto español, se podría dar el riesgo de que ciertos grupos de interés, ya sean a nivel regional o sectorial, ejerzan una influencia desproporcionada en decisiones políticas, lo que podría afectar la equidad y el interés general. 

• Falta de equidad en la participación: 

La cogobernanza podría enfrentar desafíos en asegurar una representación equitativa de todas las comunidades autónomas y grupos sociales en los procesos de toma de decisiones, lo que podría llevar a la marginación de algunas voces. 

• Fragilidad y falta de estabilidad: 

En un sistema político que puede experimentar cambios significativos en las alianzas y composición de gobierno, la cogobernanza podría volverse más susceptible a la inestabilidad y a la discontinuidad en las políticas. 

• Viraje hacia el confederalismo:  

Se critica que el PSOE haya abandonado su tradicional postura federalista para adoptar una fórmula que se percibe como más confederal. La consolidación del proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas se interpreta como un giro hacia un marco jurídico confederalizante, donde el Estado tendría un papel reducido. 

• Merma en el control del Estado:  

La propuesta de cogobernanza implica una disminución en el control del Estado central, favoreciendo la bilateralidad con las autonomías y debilitando la unidad territorial. Con un Estado reducido en competencias a la mínima exponencia para perpetrarse en el poder en desfavor del resto del país. 

• Pérdida de los principios federales anteriores:  

La posición actual del PSOE difiere de la Declaración de Granada de 2013, donde se abogaba por cerrar el Estado autonómico, garantizar la igualdad, la lealtad federal y los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad interterritorial. 

• Cesiones a la extrema izquierda e independentistas:  

La deriva hacia la cogobernanza está vinculada a pactos con la extrema izquierda e independentistas. La cesión de competencias sobre inmigración a la Generalitat es el perfecto ejemplo de esta tendencia; una idea que siempre han echado en cara a la extrema derecho y que ahora debe ser que ayuda al restablecimiento de la concordía en nuestro país 

• Desafío frente al separatismo:  

La descentralización propuesta por el PSOE podría debilitar la capacidad de hacer frente al separatismo, ya que se considera necesario garantizar la igualdad en lugar de descentralizar el poder.