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Sánchez prepara la reforma del 78 y el referéndum que no se atreverá a nombrar 

El Gobierno ha asumido, sin decirlo, el marco mental del independentismo: revisar la Transición, reconocer “naciones internas” y abrir la puerta a una votación que no se llamará referéndum, pero que tendrá el mismo efecto. 
FUENTE: EFE

Al final de una de las semanas judicial, policial y políticamente más intensas de los últimos años, la lógica más básica dictaría que el presidente del Gobierno estaría redactando el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Pero no.  

Su patrón de conducta en los últimos años no apunta en esa línea sino a la contraria: lanzar un órdago más fuerte, más potente, una “patada en el tablero” político, de manera que lo que hoy le asedia quede como un elemento accesorio y que para seguir descubriendo la corrupción se necesiten golpes aún más duros y contundentes. Su único camino es la ruptura con el régimen del 78. 

El aniversario de la Constitución no fue un homenaje, sino un ensayo general. Francina Armengol pronunció un discurso que habría sido impensable hace apenas tres años: habló de “actualizar” el pacto del 78, de adaptarlo a una realidad territorial “más compleja”, de escuchar a quienes “no se sienten plenamente reconocidos” en la arquitectura constitucional. 

No era una reflexión abstracta: era el pórtico de una nueva narrativa, sincronizada con el Gobierno y calculada para preparar al país para algo más profundo que una reforma técnica. Por primera vez, una presidenta del Congreso que depende directamente del Ejecutivo asumía la premisa independentista de que la Constitución no basta. 

Y cuando el discurso institucional empieza a sonar como el argumentario de quienes quieren romper el Estado, ya no estamos ante una ceremonia: estamos ante una señal. 

Puigdemont dicta el guion 

En paralelo, Carles Puigdemont publicó en El País un texto que no es un análisis , sino un ultimátum. Describe la Transición como un pacto con el “antiguo régimen”, acusa a España de vivir heredada de 1714 y exige lo que siempre ha exigido: ruptura del 78, reconocimiento nacional, autodeterminación y metodología plebiscitaria.

Hace unos años, un presidente del Gobierno habría respondido inmediatamente, defendiendo el marco constitucional. Hoy, no. El silencio de Moncloa es sepulcral. 

Y ese silencio duele más que cualquier concesión verbal, porque es la prueba de que ya se discute dentro del Gobierno lo que el independentismo lleva décadas escribiendo en su catecismo. 

Armengol abre la puerta. Puigdemont marca el paso. Sánchez camina sin admitir a dónde va. 

La rendición simbólica 

Que un líder secesionista reivindique 1714 no debería escandalizar a nadie. Lo verdaderamente preocupante es que, por primera vez, el PSOE no rebate la fantasía, sino que la normaliza. 

Aceptar que la Transición fue incompleta, que España no reconoció “la plurinacionalidad real”, que hay identidades “con derecho a decidir” y que el pacto constitucional fue una suerte de componenda con el franquismo no es parte del discurso socialista de siempre: es la asunción del marco emocional del independentismo. 

Cuando se cede la narrativa, cuando se entrega el relato, cuando se acepta el origen simbólico del conflicto tal y como lo formula la otra parte, solo queda discutir el procedimiento. 

Y ese procedimiento ya tiene nombre —aunque aún no se atrevan a pronunciarlo. 

El referéndum que no se llamará referéndum 

Sánchez sabe que no puede prometer un referéndum de autodeterminación. Pero sí puede ofrecer un mecanismo que haga exactamente lo mismo con otro nombre. 

En los últimos meses, ministros, presidentes autonómicos socialistas y portavoces del Gobierno han comenzado a hablar de: “consulta democrática”, “metodología pactada”, “mecanismo de decisión”, “expresión del sentimiento mayoritario”. 

La perífrasis siempre es el preludio de la renuncia. Y esa perífrasis ya está instalada. 

Lo que no se hace con una pregunta explícita se puede hacer con una fórmula retórica.  Lo que no se convoca como plebiscito se puede convocar como reforma constitucional participada.  Lo que no se llama quebrar la soberanía se puede vender como profundización democrática. 

Pero el resultado es el mismo: la ruptura del principio de que la soberanía española es indivisible. 

Un PSOE dispuesto a entregar el 78 para seguir en el poder 

Lo más dramático no es que el independentismo quiera romper la Constitución. Es que el presidente del Gobierno parece dispuesto a descomponerla pieza a pieza con tal de mantenerse en pie. 

El partido que durante décadas defendió el espíritu del 78 ha decidido ahora que la única forma de mantener la legislatura viva es asumir exactamente aquello contra lo que se construyó el sistema constitucional: la idea de que España no es una comunidad política de iguales, sino una confederación de identidades negociables. 

Aquello que se llamó “pluralismo territorial” ahora se vende como reconocimiento nacional. Aquello que se llamó “autonomía” ahora se viste de soberanía compartida. Aquello que se llamaba “ruptura” ahora se denomina “consulta”. 

El vocabulario no engaña: lo hace posible. 

No hay que exagerar para diagnosticar la situación. No hace falta hablar de catástrofes históricas ni de escenarios apocalípticos. Basta con ver la trayectoria. 

La amnistía fue la primera frontera. Los indultos, la segunda. La aceptación del relato histórico ajeno, la tercera. La revisión del pacto constitucional, la cuarta. Y ahora queda la quinta: el mecanismo plebiscitario que llamarán de otra manera, pero que tendrá el efecto político de abrir una puerta que nunca podrá cerrarse. 

Ese es el proceso real. Sin grandes titulares. Sin choques institucionales estridentes. Sin golpes en la mesa. 

La Constitución no se romperá de un día para otro. Se disolverá lentamente. Como se disuelven las certezas cuando se deja de creer en ellas. 

Y lo más grave es que ese deshielo no lo provoca el independentismo. Lo provoca un presidente que, para salvar su Gobierno, ha decidido renunciar a una nación. 

La consulta que no consulta: el ensayo general del referéndum permanente

Pedro Sánchez convierte una operación empresarial en un simulacro de referéndum, mientras el Estado de Derecho se diluye entre encuestas y pactos de pasillo.

FUENTE: EFE

Hay gestos que no engañan. Cuando un Gobierno decide convocar una “consulta pública” sobre una operación empresarial como la OPA del BBVA al Sabadell —una herramienta sin amparo jurídico real, sin consecuencias vinculantes, sin más propósito que disfrazar con ropaje democrático lo que no es más que propaganda— uno no puede sino preguntarse: ¿qué es esto si no un ensayo general del referéndum permanente? 

El presidente Sánchez, siempre atento a las musas del tacticismo, ha convertido una operación de mercado —sujeta a leyes, reguladores y accionistas— en un teatrillo deliberativo donde el decorado es la participación ciudadana y el texto lo escribe Waterloo. Porque no nos equivoquemos: esta consulta no es sobre banca ni economía; es sobre poder. Y más específicamente, sobre cómo mantenerse en él al precio que sea. 

Nos dicen que es por transparencia. Que es por responsabilidad. Pero ya no cuela. Estamos ante un nuevo acto de esa larga obra que comenzó cuando el CEO de Telefónica fue cesado en la Moncloa, como si volviéramos a los tiempos en que el Gobierno nombraba a obispos y dictaba a las empresas desde los ministerios.

Hoy asistimos a la siguiente escena: un Ejecutivo que se erige en árbitro moral de la economía privada, que pregunta a los ciudadanos lo que ni la ley ni la lógica del mercado les llama a decidir. Es el populismo empresarial, una variante moderna del intervencionismo de toda la vida, ahora aliñado con encuestas y algorítmica demoscópica. 

Pero, ¿quién cree que esta consulta cambiará algo? Nadie. Y precisamente ahí está el problema. Lo que debería indignar no es sólo el abuso de formas, sino la banalización del fondo. Una democracia madura no se juega en consultas ad hoc que enmascaran cesiones políticas ni se simula con preguntas decorativas.

Si esta fórmula prospera, mañana podríamos consultar sobre fusiones energéticas, pasado sobre la cotización del Ibex y al final —no lo duden— sobre la soberanía nacional. Porque esto no va de bancos, sino de ensayo, error y captura de relato. 

Lo dijimos cuando se arrojó sobre las eléctricas la responsabilidad de un apagón gubernamental. Lo dijimos cuando Beatriz Corredor, después del caos, ni dimitió ni fue cesada. Lo repetimos hoy: un Estado que se parapeta tras las empresas, que delega su deber en la encuesta y que cede su soberanía a los nacionalismos, no gobierna: sobrevive. Y lo hace de forma indigna. 

Mientras tanto, los españoles seguimos atrapados en una comedia bufa donde todo debe pasar por Cataluña, como si la legitimidad nacional necesitase cada día ser convalidada en el Palau o refrendada en Bruselas. Todo, hasta una OPA. Pero no se engañen: esto no es por el Sabadell, es por el poder. Y lo que parece pintoresco es, en realidad, peligroso. La participación fingida es más corrosiva que la dictadura abierta: al menos esta última no se disfraza de virtud. 

Sánchez, que no convoca elecciones porque sabe que las perdería, se entretiene en simularlas bajo otras formas. Hoy consulta si el BBVA puede comprar el Sabadell; mañana nos preguntará si debe seguir gobernando. Pero la respuesta ya la sabe. La pregunta real es cuándo dejaremos de tolerar que un país entero sea rehén de una campaña electoral que nunca termina. 

Señor presidente: no nos tome por idiotas. Si quiere preguntar algo de verdad, convoque elecciones. Lo demás son consultas de atrezo. Son trampantojos. Son, al fin y al cabo, la antesala de una democracia que se desliza, lenta pero segura, hacia el autoritarismo plebiscitario. Y eso, aunque venga envuelto en papel de consulta, no se vota: se denuncia.