A la cola y a la contra 

Una condición que hay que aceptar cuando se forma parte de la Unión Europea es que las autoridades de Bruselas tienen la potestad de establecer políticas comunes que deben ser aplicadas por los países miembros. 

FUENTE: EFE

La Comisión Europea ha anunciado una de esas políticas comunes que no es inocua para el Gobierno español ni para sus socios independentistas porque va contra uno de los acuerdos más polémicos que Pedro Sánchez alcanzó con Podemos, Esquerra y Bildu. El pasado mes de diciembre, Moncloa decidió eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación para beneficiar a los líderes independentistas que fueron condenados o aquellos que pudieran ser condenados en los próximos meses. 

El objetivo era aprobar esas reformas cinco meses antes de las elecciones, para que a estas alturas de mayo hubieran quedado fuera del debate político y no se mezclara con la campaña. Pero la política va muchas veces por caminos inescrutables y siempre actúa sobre aquellos que se creen superiores a ella. Ahora Europa, a la que se ha tildado de permisiva y complaciente con las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, actúa sobre algo que considera importante y que va a la contra del rumbo tomado desde Bruselas, situándonos a la cola de Europa junto a Hungría y Polonia. 

La justicia poética ha querido que sea en plena campaña electoral para las regionales y municipales del 28-M, que serán una buena forma de medir el sentir de gran parte de la sociedad española con el Gobierno porque muchos evitarán votar al PSOE, aún con buenos candidatos, como castigo a las políticas de Sánchez, esta es solo una de ellas. 

Con esta iniciativa, la Comisión no sólo aspira a actualizar, por arriba, las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir todo el posible abanico de los mismos sino, también, mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Y, con ella, queda desacreditado el principal argumento de Sánchez que apostó por la condescendencia con ciertas variantes del tipo de la malversación en nuestro país, asegurando que, con ello, España se aproximaba a los estándares europeos en la materia. 

Pero, aquí en España, Sánchez decidió que estas reformas eran lo más progresista para el país y que ahora hay que reconocer lo logrado por aquel que se embolsa el dinero de los contribuyentes al corrupto que utiliza el dinero de los contribuyentes para intentar hurtar, además del dinero, sus derechos políticos más básicos. 

Todo esto se da de bruces con lo que presuntamente lo justificaba, según el mendaz argumentario de Moncloa: los ‘criterios europeos’. Los dos nuevos tipos aprobados, al contemplar penas máximas de 3 y 4 años, quedan por debajo del umbral de 5 señalado por la Comisión. El Gobierno también tendrá que retocar el tipo de cohecho y el de tráfico de influencias. Toca ‘rearmonizar’ al alza lo que se había rebajado por conveniencia partidista.

Perseguir la corrupción, pero solo la de algunos

Señalar a los corruptos es una práctica honrada en la vida y en la política, y en ambas hay muchos corruptos. Cataluña es ese lugar en el que todos los males ocurren fuera de sus ‘fronteras’ y en caso obvio de tener problemas echar las culpas a otros. Laura Borrás, presidenta del Parlamento catalán, es una de esas personas acostumbradas al golpe, a darlos; pero cuando reciben la más mínima acusación, hacen del problema una cuestión de Estado.

FUENTE: EFE

El de Laura Borrás no es un problema menor, es un problema por el cual debería estar inhabilitada en estos momentos. Lo curioso del asunto es que, no solo no admite su corrupción, sino que echa las culpas a las “cloacas” de sus actividades ilícitas al frente de un instituto público como el de las Letras Catalanas.

Mientras la Fiscalía pide para la política independentista 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental, la acusada se defiende diciendo que la causa pierde fuerza al haberse descartado los delitos del malversación y fraude; algo insólito. Una persona que ha robado una gallina no es menos culpable por no haber robado dos.

Desde su partido quieren protegerla y ya están buscando herramientas para ello, ni a los otros acusados con sentencias por casos de ‘lawfare’ (guerra jurídica), como ellos lo denominan. Excluyen los delitos de corrupción que no sean ‘lawfare’, pero lo más probable es que, como Borrás, achaquen sus imputaciones a la ‘persecución hacia Cataluña’, una excusa que parece no tener fin y de la que se aprovechan cuando tienen la ocasión, incluso en plena concentración pública por el recuerdo de los asesinados en los atentados de Las Ramblas en 2017.

Quienes sufren esta situación son los catalanes, que viven una situación de desgobierno por encima de los normal y las políticas que se aplican no hacen más que disminuir la seguridad de sus calles y los problemas económicos de sus negocios.

El realismo mágico que vive Cataluña con el independentismo ha tocado techo con JxCat. Qué esperar de un partido en el que el presidente de su consejo nacional dijese en su intervención tras ser elegido, que Junts es “el partido del presidente Puigdemont, partido del 1-O, del sí, de los intangibles, de la firmeza y de la esperanza”. El partido de la paz en el mundo. De Puigdemont hay novedades también, y es que se abre su vuelta a España por extradición después de que un abogado de la UE de la razón a nuestro país frente a Bélgica y abra la puerta a su entrega.

El caso Rubiales-Piqué como arquetipo del conflicto de interés

Gerard Piqué, futbolista del Fútbol Club Barcelona, es un deportista impresionante con grandes logros deportivos en lo colectivo, tanto a nivel de clubes como en la Selección Española (a pesar de sus claras posiciones a favor de la consulta independentista). Un futbolista con una carrera intachable y que no deja indiferente a nadie, algo que no es así siempre con el Piqué empresario. 

FUENTE: LA REGIÓN

Gerard Piqué siempre ha tenido grandes ambiciones empresariales y, a través de sus inversiones, ha cobrado un papel protagonista en el mundo del deporte. Presidente del Andorra F.C., organizador de la Copa Davis y hasta propietario de un equipo de videojuegos, Gerard Piqué se cae al foso del conflicto de interés.

Lejos de obtener éxitos deportivos en los últimos meses, el jugador de fútbol ha abierto la información de todo el país durante días a causa de la filtración de unos audios entre éste y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y que revelaban unos movimientos sospechosos con los que Piqué, a través de su empresa Kosmos, habría sido presuntamente beneficiado del cobro de unas comisiones por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, beneficiando también a los equipos participantes en el evento y a la propia Federación.

No creemos que merezca la pena comentar más esta cuestión a costa de desviarnos del fondo del asunto: el conflicto de interés para beneficiarse personalmente (no solo económicamente) de su posición como deportista. Es muy común en la jerga futbolística hablar de ‘vacas sagradas’ como personajes intocables dentro de los equipos y con un poder en la organización por encima del resto de compañeros. Esta expresión es fácilmente aplicable al caso por el hecho de la posición pública que ha tomado Piqué en este asunto, agresivo y victimista ante las preguntas de los periodistas que con más fuerza atacaron el asunto en sus primeros días.

Puede ser que los procesos seguidos por el holding del central de Barça fuesen administrativamente limpios, eso lo tendrá que investigar la autoridad competente, por no decir la forma en la que se consiguieron esos audios que, según los indicios, habrían sido conseguidos a través de un ‘hackeo’.  Pero Piqué es perfectamente conocedor de sus relaciones con Rubiales conllevaron prácticas fuera de la ética, beneficiándose ambos de estos tratos de favor, dejando al resto de participantes en desigualdad de condiciones para competir. Este caso pone ahora en duda el resto de prácticas empresariales del futbolista que ahora se estarán mirando con lupa, como es normal.

Este tipo de prácticas debe ser rechazado, porque estos comportamientos y las actitudes mostradas no deben ser blanqueadas por la sociedad, por muy idealizadas que estén estas figuras (las vacas sagradas como se suele denominar en la jerga futbolística), después de ser críticos con estas acciones en otros sectores. El fútbol no se encuentra por encima de todas las cosas. Es posibles que los negocios de Gerard Piqué sean legales, pero en todo hay límites que no deberían traspasarse, como es el blanqueamiento de una autocracia como la de Arabia Saudí, donde se pisotean las libertadas y se asesinan a personas por denunciar estos hechos. El deporte no funciona al margen del resto de la sociedad y es obligado cuestionarse estos comportamientos, además de instar a los reguladores y autoridades competentes a actuar en el ejercicio de sus funciones.

Las explicaciones de Rubiales y Piqué quizás sean suficientes para el mundo en el que ellos se mueven, pero no son aceptables para el resto, y menos cuando existe intervención pública de por medio y es un bien de interés general de la sociedad española.