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El corrupto que indultó la corrupción

El mismo Consejo de Ministros que presentó una nueva arquitectura contra la corrupción rebajó las penas de tres condenados por delitos cometidos desde el poder o contra los fondos públicos. La regeneración en una mano; la gracia en la otra.

FUENTE: EFE

En el vocabulario del Gobierno, la corrupción merece una ley; los condenados por ella, según el caso, una rebaja de pena. El Consejo de Ministros del martes quiso inaugurar una nueva era de integridad pública y terminó ofreciendo una definición bastante más sincera de su política moral: severidad para el fenómeno, indulgencia para determinados nombres propios. La corrupción abstracta será perseguida por una agencia independiente; la concreta, cuando ya ha sido investigada, probada y sentenciada, todavía puede encontrar la puerta discreta del indulto.

Sobre la misma mesa se aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, destinado a proteger a los denunciantes, reforzar las prohibiciones para contratar con la Administración, endurecer las sanciones y crear una Agencia Independiente de Integridad Pública. Sin abandonar la reunión ni cambiar de solemnidad, el Ejecutivo concedió cinco indultos parciales. Tres beneficiaron a personas condenadas por prevaricación, falsedad, malversación o delitos societarios relacionados con la utilización irregular de instituciones y fondos públicos. El Gobierno no necesitó contradecirse de una semana para otra. Le bastó con pasar de un punto al siguiente del orden del día.

Emiliano García-Page deshizo toda la escenografía con una pregunta: «Con la que está cayendo con la corrupción, ¿se gana credibilidad indultando a gente condenada por corrupción?». No hace falta compartir todas las posiciones del presidente de Castilla-La Mancha para reconocer que pocas veces una contradicción política ha quedado mejor encerrada en una frase. Un Gobierno puede ejercer legalmente el derecho de gracia y, al hacerlo, desacreditar políticamente su cruzada regeneradora. Puede respetar la letra de la ley mientras destruye la autoridad moral con la que pretende aplicarla.

La golfada no consiste, por tanto, en que el Consejo de Ministros carezca de competencia para indultar. Consiste en utilizar esa competencia mientras se presenta ante el país como fundador de una nueva cultura de integridad; en redactar el código contra la corrupción con una mano y reducir sus consecuencias con la otra; en proclamar que nadie está por encima de las normas y recordar, acto seguido, que algunos todavía pueden quedar por debajo de sus penas.

La gracia y la coartada

El indulto forma parte del ordenamiento constitucional español y continúa regulado por una ley aprobada en 1870. No declara inocente al condenado ni revisa los hechos establecidos en la sentencia. Permite al Gobierno decidir que una parte de la pena impuesta por los tribunales no debe cumplirse.

Esa facultad puede resultar razonable ante una enfermedad grave, una evolución personal extraordinaria o una pena manifiestamente desproporcionada. Pero precisamente porque constituye una excepción al cumplimiento ordinario de las sentencias, su legitimidad no puede agotarse en la existencia formal de la competencia. Cuanto más discrecional es el poder, más rigurosa debe ser la explicación de su ejercicio. El Tribunal Supremo lo recordó cuando anuló en 2013 el indulto concedido al conductor kamikaze por no haberse expuesto suficientemente las razones de justicia, equidad o utilidad pública que justificaban la medida.

En el caso de Laura Borràs, el Real Decreto 670/2026 conmuta los cuatro años, seis meses y un día de prisión por una pena de dos años, suficiente para evitar su ingreso en la cárcel. Se mantienen la multa y las inhabilitaciones, que suman trece años y un día. El decreto invoca razones de justicia y equidad, pero no desarrolla con verdadera densidad por qué esas razones deben prevalecer en un delito cometido mediante la manipulación de procedimientos administrativos.

Borràs no fue condenada por defender la independencia de Cataluña ni por su participación en el proceso separatista. El Tribunal Supremo confirmó su condena por prevaricación administrativa y falsedad documental al fraccionar contratos y prescindir de los procedimientos de libre concurrencia para adjudicar a un conocido trabajos relacionados con la web de la Institució de les Lletres Catalanes. Las contrataciones alcanzaron los 335.000 euros. No se juzgó una causa política, sino una forma patrimonial de administrar una institución pública.

Existe un argumento relevante en favor de la medida: el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que condenó a Borràs, propuso el indulto parcial al considerar excesiva la pena resultante de la acumulación de los delitos y pidió reducirla a un máximo de dos años. Pero esa propuesta no convertía el indulto en una obligación. La decisión seguía perteneciendo al Gobierno y, con ella, la responsabilidad de valorar qué mensaje transmitía la clemencia concedida a una antigua presidenta del Parlament vinculada a una formación decisiva para la estabilidad parlamentaria.

No hace falta afirmar la existencia de un pacto oculto para comprender el deterioro que produce la apariencia. La legalidad explica que el Gobierno pudiera indultar; no demuestra que debiera hacerlo. Y menos aún que pudiera presentar la decisión como «útil» para la normalización política de Cataluña. Si la pena era desproporcionada, el indulto debía defenderse por razones de justicia penal. Si responde a la normalización territorial, una condena por corrupción administrativa acaba convertida en moneda de una política de apaciguamiento.

La operación consiste en ensanchar el contexto hasta borrar los hechos. La adjudicación irregular se disuelve en el conflicto catalán; la condenada deja de responder por su conducta y comienza a aparecer como una pieza de la reconciliación. Cuando la corrupción no puede defenderse, se le cambia el nombre.

Tres expedientes, una misma señal

El caso Borràs concentra la carga política, pero no agota el significado de aquel Consejo de Ministros. El Ejecutivo concedió también el indulto parcial a Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión por malversación, falsedad documental y delito societario durante su gestión relacionada con el Centro Niemeyer. El Real Decreto 666/2026 perdona las penas de prisión pendientes por razones humanitarias vinculadas a su estado de salud, pero mantiene los demás pronunciamientos.

También redujo de tres a dos años la pena del exalcalde socialista de Linares Juan Fernández Gutiérrez, condenado por malversación, aunque conservó sus siete años de inhabilitación. La petición disponía del respaldo del tribunal sentenciador, del Ayuntamiento, de los grupos municipales del PSOE y del PP y de una iniciativa vecinal.

No todos los expedientes son iguales. Equiparar un indulto humanitario con la decisión políticamente comprometida de Borràs sería tan poco riguroso como fingir que el conjunto carece de significado. Las circunstancias particulares pueden ser distintas y, sin embargo, proyectar una misma señal: el día elegido para endurecer el discurso contra la corrupción fue también el día escogido para reducir o extinguir la prisión de tres condenados por utilizar indebidamente funciones, instituciones o recursos públicos.

La corrupción posee una gravedad específica porque no consiste sólo en infringir una norma. Quien malversa, prevarica o falsea un procedimiento administrativo utiliza una potestad que le había sido confiada en nombre de todos para servir un interés particular. Cuando el Gobierno interviene después para aliviar la pena, el poder aparece en los dos extremos del recorrido: primero fue utilizado indebidamente por el condenado; después vuelve a utilizarse, ahora discrecionalmente, para reducir las consecuencias de aquel abuso.

La institución dañada se convierte así en dispensadora de clemencia para quien la dañó.

La integridad que no se legisla

La contradicción se vuelve más evidente al examinar la norma presentada ese mismo martes. El proyecto pretende actuar sobre todo el ciclo de la corrupción: proteger a los informantes, reforzar la transparencia de los partidos, limitar determinadas formas de financiación, endurecer las prohibiciones para contratar y reunir en una agencia independiente funciones de análisis, investigación, sanción y prevención.

Son medidas que pueden resultar útiles. Pero la integridad pública no nace de una agencia ni se incorpora al Estado mediante un nuevo organigrama. Consiste, antes que nada, en la disposición del poder a aceptar las consecuencias de sus propias reglas cuando alcanzan a personas influyentes, próximas o políticamente necesarias.

Una agencia puede detectar la corrupción. Un informante puede revelarla. Una auditoría puede documentarla y un tribunal puede condenarla. Sólo el Gobierno puede decidir, al final de ese recorrido, que la pena merece ser rebajada. Ahí se encuentra la prueba que ninguna ley puede superar por él.

El proyecto aspira a combatir la corrupción durante todo su ciclo, pero el Consejo de Ministros se reservó una excepción para la última fase: cuando los hechos ya han sido descubiertos, las pruebas examinadas y las condenas confirmadas. Hasta entonces, firmeza. Después, circunstancias personales, humanidad y equidad. La severidad sirve para redactar las normas; la indulgencia comienza al aplicarlas.

García-Page llamó «agosticidad» al momento elegido. No puede demostrarse que el último Consejo antes del parón estival pretendiera ocultar los indultos, pero los gobiernos también hablan mediante las fechas. Las decisiones aprobadas cuando disminuye la atención pública aspiran, al menos, a pagar un precio menor.

El problema principal, sin embargo, no es agosto, sino la secuencia. Un Gobierno acosado por una crisis de credibilidad vinculada a la corrupción responde con una gran ley de integridad y acompaña su presentación con varios indultos a condenados por delitos contra la Administración y el patrimonio público. Administrativamente, ambos asuntos pueden separarse. Políticamente, contemplar por separado lo que el Gobierno decidió hacer junto constituye una forma de engaño.

La credibilidad no se promulga. Tampoco se crea una cultura de integridad mediante campañas institucionales mientras la práctica del poder transmite la lección contraria. El ciudadano no juzga únicamente la legalidad aislada de cada acuerdo, sino la coherencia que aparece al reunirlos. Y lo que aparece esta vez es un Gobierno que endurece el lenguaje a medida que ablanda las consecuencias.

Ésa es la verdadera golfada del martes: no la ilegalidad, porque el Ejecutivo actuó dentro de una prerrogativa reconocida por el ordenamiento, sino la obscenidad de proclamar una cruzada moral mientras se firman sus excepciones; de prometer que se cerrarán todas las puertas y conservar la llave de la salida lateral.

Una democracia no demuestra su compromiso contra la corrupción por el número de agencias que crea, sino por los privilegios a los que el poder está dispuesto a renunciar. El martes, el Consejo de Ministros redactó solemnemente el código de conducta con la misma pluma con la que firmaba el perdón.

El precio (democrático) a pagar con la corrupción

Mientras los tribunales vuelven a llenarse de nombres y escándalos, la verdadera pregunta permanece intacta: cuánto le cuesta a España (en dinero, en instituciones y en confianza) una degradación que ya reflejan todos los indicadores internacionales.

FUENTE: EFE

España vuelve estos días a mirarse en el espejo incómodo de la corrupción. Declaraciones, juicios, nombres conocidos, tramas que se repiten con distintos protagonistas. El ruido es el de siempre. Pero el problema no está en el detalle de cada caso, sino en lo que todos ellos, juntos, revelan.

Porque más allá del morbo judicial hay una pregunta que rara vez se formula con la seriedad que merece: cuánto cuesta realmente la corrupción. Y la respuesta es más incómoda que cualquier titular.

Un coste que no siempre se ve

Medir la corrupción no es sencillo. No aparece en los presupuestos, no se etiqueta en las partidas de gasto, no deja una factura clara. Pero eso no significa que no tenga coste.

Diversos organismos internacionales han tratado de aproximarlo. La Comisión Europea estimó hace años que la corrupción puede suponer en torno al 1% del PIB en economías desarrolladas. En el caso español, distintos estudios han elevado esa cifra en determinados momentos hasta el 2% o incluso más, dependiendo de la metodología empleada.

No es sólo dinero desviado. Es también ineficiencia estructural: contratos inflados, inversiones mal diseñadas, decisiones públicas condicionadas por intereses privados.

Y ese coste, aunque no siempre visible, termina pagándose.

El deterioro institucional

Pero el impacto más profundo no es económico. Es institucional.

Los indicadores internacionales llevan tiempo señalando una tendencia preocupante. España sigue siendo una democracia consolidada, pero ha ido perdiendo posiciones en algunos de los principales índices de calidad institucional y control de la corrupción.

El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional refleja en los últimos años un estancamiento, cuando no un retroceso relativo frente a otros países europeos.

Lo mismo ocurre en los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, donde España ha visto deteriorarse algunos parámetros vinculados a la calidad regulatoria y al control de la corrupción.

No se trata de una caída abrupta. Es algo más sutil: una erosión lenta, pero constante.

Normalización del problema

Ese deterioro tiene una consecuencia especialmente peligrosa: la normalización.

Cuando los casos de corrupción se suceden sin consecuencias políticas claras, cuando las responsabilidades se diluyen y cuando el debate público se reduce al enfrentamiento partidista, el problema deja de percibirse como excepcional. Pasa a formar parte del paisaje.

Y en ese punto, el daño se multiplica. Porque la corrupción no sólo afecta a las instituciones, sino también a la percepción que los ciudadanos tienen de ellas.

La confianza, ese elemento invisible que sostiene cualquier sistema político, empieza a resquebrajarse.

Más allá de los tribunales

Los juicios son necesarios. La actuación de la justicia es imprescindible. Pero no es suficiente. Porque la corrupción no es sólo un problema penal. Es un problema político.

Tiene que ver con la calidad de los nombramientos, con los mecanismos de control, con la transparencia en la gestión y, sobre todo, con la asunción de responsabilidades.

Cuando esas responsabilidades no se asumen, el sistema se adapta. No corrige el error: lo incorpora.

Un problema estructural

Por eso el debate de estos días no debería quedarse en los detalles de cada caso. Lo relevante no es sólo quién hizo qué. Lo relevante es por qué sigue ocurriendo.

España no es una excepción en Europa. Pero tampoco es inmune a una tendencia que, si no se corrige, puede consolidarse: la de una degradación institucional progresiva, difícil de percibir en el corto plazo, pero muy costosa en el largo.

El verdadero coste

Al final, la corrupción no se mide sólo en millones de euros. Se mide en oportunidades perdidas, en decisiones públicas que no responden al interés general, en instituciones que pierden credibilidad y en ciudadanos que dejan de confiar. Ese es su verdadero precio.

Y, a diferencia de los escándalos que llenan titulares durante unos días, ese coste permanece mucho después de que los focos se apaguen.

La farsa de la ejemplaridad

Pedro Sánchez convirtió la palabra “ejemplaridad” en su fetiche político. Hoy, su Gobierno y su partido están atrapados en la misma telaraña de sobres, contratos y favores que él prometió destruir. El poder que se decía limpio ha resultado tan turbio como los que juró sepultar.

FUENTE: EFE

Durante años, Pedro Sánchez se erigió en el gran exorcista de la corrupción. En cada discurso, en cada réplica parlamentaria, agitó la palabra “ejemplaridad” como si fuera un sacramento. Se comprometió a desterrar los sobres, los pagos en metálico, los contratos a dedo, los políticos que manchan el nombre de su partido.

Pero el tiempo ha hecho su trabajo, y la retórica se ha podrido. Lo que hoy aflora en torno a José Luis Ábalos y su círculo no es una mancha aislada: es la confirmación de que la corrupción no desapareció, sólo cambió de bando y de estilo. Donde antes había cajas B, hoy hay contratos “urgentes”. Donde antes había sobres cerrados con celo, hoy hay adjudicaciones con comisiones. El sistema es el mismo, solo que revestido con un barniz progresista que ya no engaña a nadie.

Los sobres que huelen a continuidad

Los informes de la UCO son demoledores: 95.000 euros en efectivo movidos sin rastro contable por Ábalos y su entorno, gastos sin justificación, pagos irregulares, anotaciones en cuadernos, conversaciones que huelen a mordida, a favores, a la vieja política que el PSOE prometió sepultar. Es el mismo ADN que en los sobres de Bárcenas o los fondos reservados del felipismo, solo que ahora con un discurso de igualdad por encima.

Y lo peor no es la sospecha del delito. Lo peor es la hipocresía. Sánchez hizo del listón ético un instrumento de poder. Prometió expulsar a todo político imputado. Bajar los pagos en efectivo a 1.000 euros. Someter al PSOE a auditorías externas.
Hoy, ese mismo hombre gobierna sobre un lodazal de contradicciones, defendiendo a quienes encarnan justo lo que él juró erradicar.

El negocio de la necesidad

El caso de las mascarillas fue el laboratorio del deshonor. En el momento más oscuro de la pandemia, cuando el país contaba cadáveres, el poder contaba contratos. Urgencias sanitarias convertidas en oportunidad de negocio. Intermediarios con carné de partido. Comisiones infladas. Empresas fantasmas. Esa fue la nueva moral del socialismo gobernante: hacer caja en la tragedia y repartir contratos como limosnas políticas.

No hay ética progresista que justifique esa miseria. No hay “contexto de emergencia” que ampare a quien convierte el miedo en fuente de beneficio.
Y, sin embargo, Sánchez calló. Calló entonces, calla ahora. Porque su poder depende de ese silencio.

El sistema está diseñado para repetirse:

Se otorgan contratos a dedo bajo el pretexto de la urgencia.

Parte del dinero se desvía en comisiones o sobres.

Los responsables se blindan con la excusa de la “legalidad formal”.

El partido activa el protocolo del negacionismo: no hay pruebas, no hay condena, ergo no hay culpa.

El tiempo hace el resto. Y la corrupción pasa de ser escándalo a costumbre.

Sánchez llegó al poder prometiendo romper ese círculo. Lo ha cerrado sobre sí mismo.

La ejemplaridad como espejo roto

No hay pecado más grande en política que erigirse en juez moral para después esconderse tras la legalidad cuando el lodo te alcanza. Sánchez exigió dimisiones por sospechas ajenas, y ahora defiende silencios propios.
Atacó sobres del PP con dedo acusador, y hoy guarda silencio ante los sobres del PSOE.

Predicó auditorías y transparencia, pero su entorno se alimenta del mismo sistema opaco que antes denunciaba.

No es que haya decepcionado: es que ha traicionado su propia prédica. La palabra “ejemplaridad” ya no significa nada en su boca; suena hueca, impostada, como un eco de la farsa.

El problema no es Ábalos: es Sánchez

Ábalos es solo la grieta visible del edificio podrido. La corrupción no es personal: es estructural.
Y el responsable último no es quien firma el sobre, sino quien crea el clima en que el sobre puede existir. Sánchez se creyó inmune al desgaste de la corrupción porque se envolvía en un discurso moralista. Pero quien eleva tanto el listón acaba ahorcado con su propia cuerda.

Prometió regeneración y ha acabado en el lodo de la connivencia. Quiso gobernar sobre la virtud y termina sepultado por su propio cinismo.

España no necesita más predicadores de pureza. Necesita gobernantes que no conviertan la moral en marketing.

El PSOE ha vuelto a mostrar que el poder, sin límites éticos reales, se pudre.
Y Pedro Sánchez, el hombre que presumía de ser distinto, ha demostrado ser exactamente igual que los que señaló con desprecio.

Su “ejemplaridad” era humo. Su regeneración, propaganda. Su palabra, un espejo que ya no refleja, sino que distorsiona.

Porque lo terrible no es que haya sobres, contratos o comisiones. Lo terrible es que el presidente que hizo de la ejemplaridad su bandera haya terminado gobernando sobre la mentira de su propia virtud.

Montoro y la política como chantaje de Estado

Cuando el poder se sirve de los datos fiscales para premiar a aliados y castigar a disidentes, ya no estamos ante una democracia deteriorada, sino frente a un Estado capturado por prácticas autoritarias.

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Hay algo profundamente obsceno —y peligroso— en el modo en que Cristóbal Montoro dirigió el Ministerio de Hacienda. Durante años, este alto cargo del Partido Popular utilizó su posición en el engranaje del Estado no para proteger el interés general, sino para convertir los datos personales de los ciudadanos en armas de intimidación política. La información tributaria, que debe ser sagrada en cualquier democracia, fue manipulada y filtrada según conveniencia ideológica o empresarial. No fue solo corrupción: fue un abuso estructural de poder, ejecutado desde el corazón del Estado.

El Estado como coartada, Hacienda como garrote

Montoro no redactaba leyes: confeccionaba privilegios. El escándalo revela que su despacho privado, Equipo Económico, operaba como una central de beneficios fiscales a medida para empresas afines. Se diseñaban reformas tributarias con nombre y apellidos, con efectos retroactivos incluso, premiando a grupos concretos con deducciones que rozaban el 85 % y generaban “comisiones legales” millonarias. Pero lo más nauseabundo no son los beneficios: es que esas decisiones se tomaban mientras desde el ministerio se perseguía, vigilaba y filtraba información de quienes no eran aliados.

Durante su mandato, periodistas críticos y rivales políticos sufrieron inspecciones fiscales selectivas, filtraciones ilegales a medios, y un uso institucionalizado del miedo. Era la versión digital del “que viene Hacienda”, convertida en política de Estado. En lugar de promover la equidad fiscal, Montoro convirtió los ficheros de la Agencia Tributaria en una red de chantaje y venganza. Y lo peor: no lo hizo en la sombra, sino con el aplauso cerrado del Consejo de Ministros.

No exageremos: este escándalo no es una anécdota más, no es “otro caso de corrupción”. Es una línea roja cruzada. Cuando un ministro tiene el poder de manipular la ley, espiar ciudadanos y condicionar con información sensible el comportamiento del resto de actores políticos y sociales, el sistema ha dejado de ser democrático. Se ha convertido en una arquitectura de dominación con apariencia de institucionalidad.

El problema no es solo Montoro. Es el tipo de poder que una democracia débil permite a sus gobernantes. El poder de saber lo que ganas, lo que heredas, lo que donas, lo que gastas, con quién te asocias, en qué empresa trabajas, a quién ayudas. El poder de utilizar esa información no para redistribuir riqueza, sino para redistribuir miedo. No se trata de un exceso personal, sino de una concepción despótica del Estado, que se siente legítimo para castigar la disidencia y premiar la servidumbre.

El silencio institucional es cómplice

¿Dónde estaba el Consejo de Transparencia? ¿La Inspección General del Estado? ¿Y los órganos de control parlamentario? La respuesta es simple: estaban colonizados o adormecidos. El verdadero escándalo es que ninguno de estos abusos habría salido a la luz sin una instrucción judicial filtrada y casi clandestina. La democracia no se defendió a sí misma: tuvo que ser sacudida a golpes de sumario.

Montoro ya no está en el Gobierno, pero su forma de gobernar ha dejado una huella indeleble. Más allá del personaje, ha establecido un precedente inquietante: que los datos del ciudadano pueden ser convertidos en expediente político, en forma de presión, en castigo o recompensa. Que lo que entregamos al Estado para construir sociedad, puede ser usado para dinamitarla desde dentro.

El “ministerio del miedo” que construyó Montoro no debería archivarse como una etapa oscura, sino como una lección fundacional: una democracia sin controles férreos sobre el uso de datos no es democracia, sino una fachada de suplantación. No basta con condenar penalmente: hay que refundar políticamente.

Si el Estado se convierte en una máquina de inspeccionar enemigos y blindar amigos, no es un Estado fallido: es un Estado corrupto desde el alma. Y si la ciudadanía no responde, entonces el miedo habrá ganado el combate que la democracia nunca debió permitir.

Le Pen y el espejismo de la ultraderecha anticorrupción

La reciente inhabilitación de Marine Le Pen por malversación de fondos públicos no es solo un episodio más de corrupción política; es la enésima prueba de que la ultraderecha europea no es más que un espejismo populista, un engaño meticulosamente elaborado para embaucar a un electorado harto de la política tradicional.

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La líder de Reagrupamiento Nacional, que se ha pasado años vendiendo la idea de una Francia “sana”, “pura” y libre del cáncer de las élites corruptas, ha sido precisamente devorada por el mismo veneno que decía combatir. La paradoja no podría ser más elocuente: la supuesta salvadora del pueblo ha sido condenada por robarle.

Pero Le Pen no es una anomalía; es el reflejo de una estrategia sistemática de la extrema derecha europea, un proyecto basado en la manipulación emocional y en la victimización constante. Se presentan como mártires de un establishment opresor, cuando en realidad son actores de la misma farsa que dicen querer destruir. A diferencia de la corrupción tradicional, la de estos movimientos es aún más perniciosa porque no solo saquean las arcas públicas, sino que lo hacen envueltos en la bandera de la “regeneración”.

En España, Vox ha tejido su narrativa sobre la supuesta limpieza política y la defensa de los valores nacionales, pero las sombras sobre su financiación se alargan como un espectro incómodo. La Fiscalía Anticorrupción investiga el origen de sus fondos, con sospechas de donaciones extranjeras opacas y manejos turbios que contradicen su discurso de honestidad y patriotismo. La hipocresía es descarada: mientras señalan con el dedo a la “casta”, ellos mismos operan en la penumbra, enredados en prácticas que recuerdan demasiado a las que dicen combatir.

Hungría, por su parte, es el epítome del saqueo institucionalizado. Viktor Orbán y su partido Fidesz han perfeccionado la fórmula del autoritarismo disfrazado de democracia. Orbán, que se presenta como un bastión contra la corrupción globalista, ha creado su propio sistema oligárquico, donde las fortunas fluyen hacia su círculo de confianza mientras el país se sumerge en el clientelismo. La reciente denuncia de Péter Magyar, exmiembro de Fidesz, es solo la punta del iceberg de un régimen que ha convertido la corrupción en su método de gobierno.

El caso de Le Pen, como los de Vox y Orbán, no es un accidente, sino la norma. No es un error de cálculo, sino la columna vertebral de su estrategia política. Su discurso anticorrupción no es más que una trampa ideológica, diseñada para atraer a los desencantados y convertir su rabia en votos. Lo trágico es que muchos de sus seguidores, cegados por la propaganda del miedo y la nostalgia de un pasado inexistente, seguirán creyendo en la farsa, incluso cuando la evidencia de la traición es imposible de ignorar.

La regeneración política no se mide en eslóganes incendiarios ni en discursos grandilocuentes sobre la patria y la soberanía. Se mide en hechos, en transparencia, en una integridad que estos líderes ni tienen ni buscan. Mientras la ultraderecha siga presentándose como la solución a un problema que encarna en su esencia, seguirá siendo lo que siempre ha sido: la gran estafa de nuestro tiempo.

De la regeneración prometida a la corrupción instalada

Hace cinco años, Pedro Sánchez se alzó como el estandarte de la regeneración política en España. Prometió un país limpio, unas instituciones transparentes y la erradicación de las malas prácticas que, bajo su punto de vista, contaminaban el Gobierno de Mariano Rajoy.

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Su llegada al poder en 2018, a través de una moción de censura basada en el caso Gürtel, fue vista como un hito: una respuesta contundente a la corrupción del Partido Popular. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que aquellas promesas eran más un ejercicio de oportunismo político que un verdadero compromiso con la limpieza institucional. Hoy, lejos de liderar un gobierno íntegro, Sánchez y su equipo se encuentran atrapados en escándalos de corrupción, desvíos éticos y negociaciones secretas que han convertido sus promesas de regeneración en simples palabras huecas.

Uno de los casos más simbólicos que ejemplifica la hipocresía del Gobierno de Sánchez es el escándalo de Koldo García Izaguirre, el guardaespaldas personal del propio presidente. Koldo ha sido señalado en la trama de la Operación Kitchen, un caso relacionado con el espionaje a Luis Bárcenas, extesorero del PP. Mientras el Gobierno se posicionaba como el adalid de la transparencia, se descubrió que uno de los hombres más cercanos al propio Sánchez estaba implicado en una operación ilegal de espionaje.

Lo más grave no es solo la vinculación de una figura cercana al presidente, sino la evidente falta de responsabilidad asumida por el Ejecutivo. Sánchez, en lugar de actuar con firmeza y destituir a Koldo de inmediato, optó por protegerlo. La estrategia fue simple: evitar que este escándalo se mediatizara en exceso. Este silencio cómplice ha hecho que la ciudadanía perciba que, a la hora de la verdad, el Gobierno no es más limpio que aquellos a quienes acusaba hace cinco años.

Este doble rasero se suma a otros escándalos menores que se han ido acumulando durante su mandato, revelando un patrón claro: el Gobierno de Sánchez está dispuesto a pasar por alto la corrupción siempre que no afecte directamente a su imagen o estabilidad. La regeneración prometida no solo ha sido incumplida, sino que ha sido sustituida por una estrategia de encubrimiento y opacidad.

La manipulación del Ministerio Fiscal bajo el liderazgo de Álvaro García Ortiz es otro de los pilares de esta crítica. Nombrado directamente por Sánchez, García Ortiz ha actuado más como un protector del Ejecutivo que como un defensor de la legalidad. Su actuación ha sido especialmente alarmante en casos que afectan directamente al entorno del presidente y su partido.

La vulneración del principio de confidencialidad por parte del Fiscal General es un hecho que no debe pasar desapercibido. En diversas ocasiones, ha filtrado información de manera sesgada y políticamente conveniente, favoreciendo a quienes lo nombraron. Pero lo más preocupante es su continuidad en el cargo, incluso después de haber sido imputado. Resulta aberrante que sea una subordinada suya quien instruya el caso en su contra, rompiendo con cualquier principio de imparcialidad y minando aún más la confianza en las instituciones.

Es más, la permanencia de García Ortiz es solo un reflejo de una estrategia más amplia del Gobierno: utilizar a la justicia como un instrumento político, siempre al servicio de su poder y nunca de la verdad. Si algo queda claro es que la Fiscalía ha dejado de ser un órgano independiente para convertirse en una herramienta de protección de los intereses de Sánchez.

Aparte de la corrupción interna, uno de los mayores actos de traición a las promesas de regeneración es la manera en la que Sánchez ha gestionado la cuestión catalana. En 2018, afirmaba con rotundidad que jamás negociaría con los independentistas ni concedería indultos o amnistías a quienes participaron en el «procés». Hoy, esa postura ha dado un giro de 180 grados.

La negociación secreta con los partidos independentistas, en la que se ha puesto sobre la mesa una amnistía para los responsables del referéndum ilegal de 2017, es un ataque directo al Estado de derecho. Lo que antes era impensable, ahora se ha convertido en una moneda de cambio política para que Sánchez pueda mantenerse en el poder. En lugar de defender la unidad de España y el respeto a la ley, el presidente ha optado por plegarse a las exigencias de quienes buscan desmembrar el país. Esto, no solo traiciona sus propias promesas, sino que pone en peligro la estabilidad institucional y la justicia en España.

En todos estos escándalos, desde Koldo García hasta el Fiscal General, hay un denominador común: la total ausencia de rendición de cuentas. La estrategia del Gobierno ha sido clara: encubrir, minimizar o simplemente ignorar cualquier acto de corrupción o desvío ético dentro de su propio equipo. Mientras tanto, Sánchez sigue presentándose como el líder de la regeneración política, cuando los hechos demuestran que está dispuesto a hacer lo contrario de lo que predicó.

Pedro Sánchez llegó al poder con la promesa de poner fin a la corrupción y de devolver a las instituciones españolas su dignidad. Cinco años después, su legado está marcado por los mismos problemas que él criticaba cuando estaba en la oposición: la corrupción, la manipulación de la justicia y las negociaciones opacas que atentan contra el Estado de derecho.

La regeneración prometida ha quedado en nada. En su lugar, lo que hoy tenemos es un gobierno atrapado en sus propios escándalos y dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Las instituciones, en lugar de ser defendidas, han sido manipuladas y politizadas. España merece algo mejor: un gobierno que respete la ley, proteja la justicia y actúe de acuerdo a los principios que promete.

Sánchez no solo ha traicionado a quienes confiaron en su palabra, sino que ha llevado al país a una situación de desconfianza generalizada hacia sus instituciones. La regeneración no llegó, y la corrupción, en cambio, parece haberse instalado.

Los que vinieron para terminar con la corrupción

Los recientes escándalos que envuelven a José Luis Ábalos y Begoña Gómez son una muestra clara de la putrefacción que corroe al gobierno de Pedro Sánchez. Estamos ante un sistema político que ha perdido cualquier vestigio de ética, donde la corrupción no solo se tolera, sino que se protege activamente desde las más altas esferas.

FUENTE: EFE

El caso de Ábalos es un ejemplo perfecto de cómo el Gobierno de Sánchez maneja a sus peones cuando ya no sirven al propósito del líder. Ábalos, un hombre que en su momento fue uno de ‘los hombres del presidente’, ahora se ve acorralado por su implicación en la trama de las mascarillas. ¿Y qué hacen el partido y el Ejecutivo? En lugar de exigir explicaciones claras y contundentes, lo empuja suavemente hacia la salida, intentando que el escándalo pase desapercibido. Es un movimiento cobarde y calculado, diseñado para proteger la imagen del partido antes que la integridad del país.

Pero no nos engañemos, el caso de Ábalos no es una anomalía. Es un síntoma de un problema mucho más profundo: la absoluta falta de transparencia y responsabilidad que define a este gobierno. Estamos hablando de un ministro que, en plena pandemia, jugó con la salud pública, y cuya respuesta ante las acusaciones es un silencio sepulcral. Y mientras tanto, el PSOE lo mantiene a flote, como si sus pecados pudieran ser borrados con el tiempo. Es una burla a la inteligencia de los ciudadanos y un desprecio total por la justicia.

Begoña Gómez, por su parte, es el reflejo de cómo el poder corrompe absolutamente. Su cercanía a la cúspide del poder, siendo la esposa de Sánchez, la ha colocado en una posición donde las líneas entre lo público y lo privado se desdibujan peligrosamente. Los contratos sospechosos que han salido a la luz, las conexiones dudosas, todo apunta a un sistema donde las élites se protegen entre sí, utilizando sus influencias para enriquecerse a costa del bien común. Y, como era de esperar, las investigaciones avanzan a paso de tortuga, si es que avanzan en absoluto. Porque claro, nadie quiere ser el que destape la caja de Pandora en la Moncloa.

El problema con Gómez no es solo lo que ha hecho o dejado de hacer, sino lo que simboliza. Representa un gobierno que ha perdido toda noción de servicio público, un ejecutivo que se dedica a perpetuarse en el poder, blindando a sus miembros con un manto de impunidad. Y mientras tanto, los ciudadanos ven cómo su confianza en las instituciones se desvanece, cómo la justicia se convierte en un juego de intereses donde solo los poderosos salen ganando.

Lo más indignante de todo es la pasividad con la que se trata a estos personajes desde la oposición y los medios. El Partido Popular, en lugar de lanzar un ataque frontal y sin cuartel, parece más interesado en jugar a la política de salón, dejando que los escándalos se enfríen antes de explotarlos. Y los medios, muchos de los cuales están cooptados, se limitan a cubrir las noticias con la más mínima de las críticas, cuidando de no pisar demasiados callos.

¿Dónde está la furia que debería haber en las calles? ¿Dónde están las manifestaciones, las exigencias de dimisión? Este Gobierno ha logrado adormecer al pueblo, ha conseguido que los escándalos se normalicen hasta el punto de que ya no nos sorprenden. Pero no debemos caer en la trampa de la indiferencia. Ábalos y Gómez son solo la punta del iceberg de un sistema que está podrido hasta la médula.

Es momento de exigir un cambio radical. El PSOE y el Gobierno debe rendir cuentas, no solo por estos casos, sino por la cultura de la corrupción que ha cultivado durante años. Debemos dejar de aceptar las migajas de justicia que nos ofrecen y demandar una purga completa de todos aquellos que han abusado de su poder. Porque si no lo hacemos, si seguimos permitiendo que los Ábalos y las Gómez de este mundo se salgan con la suya, entonces somos cómplices de nuestra propia ruina.

El tratamiento que el gobierno de Sánchez está dando a estos escándalos es una vergüenza nacional. Es una muestra de su debilidad moral y su desprecio por la democracia. No podemos permitir que el futuro de nuestro país sea secuestrado por una élite corrupta e impune. Es hora de alzar la voz y exigir justicia, no solo por nosotros, sino por las generaciones que vendrán. Y estos eran los que venían a acabar con la lacra de la corrupción.

La ley pendular de la corrupción siempre se cumple

El presidente Sánchez ascendió al poder mediante una moción de censura dirigida contra la corrupción del PP. Pero ahora se enfrenta a un posible caso sistémico donde, si se aplica la misma lógica, supondría, cuanto menos, una profunda reestructuración del Gobierno de coalición.

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El aprovechamiento de una posición o nombramiento en un puesto de responsabilidad pública para fines particulares es, quizá, la forma más resumida y didáctica de definir la corrupción en el ámbito político. Es un fenómeno que siempre ha existido y afectado a todos los partidos que han gobernado o han sido apoyos de diferentes gobiernos.

A pesar de su carácter transversal, la relevancia política de la corrupción parece estar gobernada por una «ley del péndulo» ya que, cada cierto tiempo, afecta especialmente a uno de los dos grandes partidos, condicionando su labor de gobierno y, hasta incluso, su propia posición de poder. Y casi siempre lo hace sobre las bases de actuaciones pasadas que son investigadas durante largo tiempo y que salen a la luz en el momento en que reúnen los elementos probatorios suficientes como para imputar y, después, juzgar convenientemente a sus responsables directos.

En esta ocasión, el principal actor son personas que han tenido o tienen responsabilidad de gobierno con el PSOE tanto a nivel nacional como autonómico, con una lista tan extensa de casos que sería difícil detallarla brevemente. Más allá del comportamiento pendular de la corrupción que es capaz de desestabilizar gobiernos y que ahora le toca vivir al PSOE como antes le tocó al PP, la situación actual revela dos cuestiones de máxima relevancia: por un lado, cómo la acumulación de poder en muy pocas manos multiplica la probabilidad de que exista corrupción y, por otro lado, hasta qué punto no es posible cumplir con los estándares de exigencia y limpieza autoimpuestos por el discurso del actual Gobierno.

La primera de las cuestiones es muy simple y está ampliamente estudiada. Allá donde existe acumulación de poder con ausencia de contrapesos eficaces, la probabilidad de corromperse crece de una forma notable. Más aún cuando se produce una situación de emergencia tan seria como los primeros meses de la pandemia donde el ya Gobierno de coalición decidió centralizar y planificar la vida del país.

Las investigaciones que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los jueces determinarán qué es lo que ocurrió hace casi cuatro años, cuáles son las responsabilidades legales y cuantificará el quebranto para el erario público. Pero la segunda cuestión es, hoy, aún más relevante desde el punto de vista político, ya que afecta al mismo núcleo fundacional de la doctrina política dominante desde junio de 2018.

La consecuencia de las investigaciones es que están poniendo encima de la mesa nombres como los de José Luis Ábalos (exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE), Salvador Illa (exministro de Sanidad y actual líder del PSC), María Jesús Montero (vicepresidenta del Gobierno, responsable de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE), Fernando Grande Marlaska (ministro de Interior), Francina Armengol (presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de Baleares) o Ángel Víctor Torres (ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias).

Todos ellos pueden verse golpeados con fuerza durante los próximos días, a la vista de la velocidad con la que están apareciendo nuevos nombres en las investigaciones que se van conociendo. Pero más allá del impacto mediático, todos ellos son los máximos exponentes de una forma de gobernar que había establecido un estándar muy exigente en materia de corrupción, probablemente generando confianza y seriedad para una parte no menor del electorado que estaba cansado de sufrir casos de este tipo.

Sin embargo, sus primeras reacciones han sido decepcionantes recurriendo a discursos que ellos mismos calificaban de «infames» cuando los pronunciaban sus rivales políticos en el pasado. ¿Dónde quedó la coherencia entre discurso y acción? Es fundamental que el presidente del Gobierno aborde y asuma la responsabilidad política por estos hechos, enfrentando las consecuencias pertinentes. No puede hacer pasar esta presunta corrupción como «tormenta de verano» y esperar a que escampe para seguir con las palancas que le permiten mantenerse en el poder. Eso no lo perdona el electorado.

Pongamos un ejemplo. El presidente Sánchez ha insistido repetidamente en que la presidenta de la Comunidad de Madrid está implicada en un caso de corrupción por presuntamente favorecer una contratación en la que su hermano actuó como intermediario. Ignoró el archivo del caso por parte de la Fiscalía Anticorrupción y el cierre de la investigación de la Fiscalía Europea contra el Fraude hace casi un año. Pero aun así, lo sigue usando.

Esta cuestión estará en el centro de la vida política durante los próximos días y semanas (y puede que meses) porque la gobernabilidad está en juego y queda mucha información por salir que pueda salpicar a más personalidades del Gobierno. Es hora de cerrar un capítulo (que era una bomba de relojería que en algún momento tenía que estallar) y avanzar hacia adelante.

A la cola y a la contra

Una condición que hay que aceptar cuando se forma parte de la Unión Europea es que las autoridades de Bruselas tienen la potestad de establecer políticas comunes que deben ser aplicadas por los países miembros.

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La Comisión Europea ha anunciado una de esas políticas comunes que no es inocua para el Gobierno español ni para sus socios independentistas porque va contra uno de los acuerdos más polémicos que Pedro Sánchez alcanzó con Podemos, Esquerra y Bildu. El pasado mes de diciembre, Moncloa decidió eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación para beneficiar a los líderes independentistas que fueron condenados o aquellos que pudieran ser condenados en los próximos meses.

El objetivo era aprobar esas reformas cinco meses antes de las elecciones, para que a estas alturas de mayo hubieran quedado fuera del debate político y no se mezclara con la campaña. Pero la política va muchas veces por caminos inescrutables y siempre actúa sobre aquellos que se creen superiores a ella. Ahora Europa, a la que se ha tildado de permisiva y complaciente con las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, actúa sobre algo que considera importante y que va a la contra del rumbo tomado desde Bruselas, situándonos a la cola de Europa junto a Hungría y Polonia.

La justicia poética ha querido que sea en plena campaña electoral para las regionales y municipales del 28-M, que serán una buena forma de medir el sentir de gran parte de la sociedad española con el Gobierno porque muchos evitarán votar al PSOE, aún con buenos candidatos, como castigo a las políticas de Sánchez, esta es solo una de ellas.

Con esta iniciativa, la Comisión no sólo aspira a actualizar, por arriba, las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir todo el posible abanico de los mismos sino, también, mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Y, con ella, queda desacreditado el principal argumento de Sánchez que apostó por la condescendencia con ciertas variantes del tipo de la malversación en nuestro país, asegurando que, con ello, España se aproximaba a los estándares europeos en la materia.

Pero, aquí en España, Sánchez decidió que estas reformas eran lo más progresista para el país y que ahora hay que reconocer lo logrado por aquel que se embolsa el dinero de los contribuyentes al corrupto que utiliza el dinero de los contribuyentes para intentar hurtar, además del dinero, sus derechos políticos más básicos.

Todo esto se da de bruces con lo que presuntamente lo justificaba, según el mendaz argumentario de Moncloa: los ‘criterios europeos’. Los dos nuevos tipos aprobados, al contemplar penas máximas de 3 y 4 años, quedan por debajo del umbral de 5 señalado por la Comisión. El Gobierno también tendrá que retocar el tipo de cohecho y el de tráfico de influencias. Toca ‘rearmonizar’ al alza lo que se había rebajado por conveniencia partidista.

Perseguir la corrupción, pero solo la de algunos

Señalar a los corruptos es una práctica honrada en la vida y en la política, y en ambas hay muchos corruptos. Cataluña es ese lugar en el que todos los males ocurren fuera de sus ‘fronteras’ y en caso obvio de tener problemas echar las culpas a otros. Laura Borrás, presidenta del Parlamento catalán, es una de esas personas acostumbradas al golpe, a darlos; pero cuando reciben la más mínima acusación, hacen del problema una cuestión de Estado.

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El de Laura Borrás no es un problema menor, es un problema por el cual debería estar inhabilitada en estos momentos. Lo curioso del asunto es que, no solo no admite su corrupción, sino que echa las culpas a las «cloacas» de sus actividades ilícitas al frente de un instituto público como el de las Letras Catalanas.

Mientras la Fiscalía pide para la política independentista 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental, la acusada se defiende diciendo que la causa pierde fuerza al haberse descartado los delitos del malversación y fraude; algo insólito. Una persona que ha robado una gallina no es menos culpable por no haber robado dos.

Desde su partido quieren protegerla y ya están buscando herramientas para ello, ni a los otros acusados con sentencias por casos de ‘lawfare’ (guerra jurídica), como ellos lo denominan. Excluyen los delitos de corrupción que no sean ‘lawfare’, pero lo más probable es que, como Borrás, achaquen sus imputaciones a la ‘persecución hacia Cataluña’, una excusa que parece no tener fin y de la que se aprovechan cuando tienen la ocasión, incluso en plena concentración pública por el recuerdo de los asesinados en los atentados de Las Ramblas en 2017.

Quienes sufren esta situación son los catalanes, que viven una situación de desgobierno por encima de los normal y las políticas que se aplican no hacen más que disminuir la seguridad de sus calles y los problemas económicos de sus negocios.

El realismo mágico que vive Cataluña con el independentismo ha tocado techo con JxCat. Qué esperar de un partido en el que el presidente de su consejo nacional dijese en su intervención tras ser elegido, que Junts es “el partido del presidente Puigdemont, partido del 1-O, del sí, de los intangibles, de la firmeza y de la esperanza”. El partido de la paz en el mundo. De Puigdemont hay novedades también, y es que se abre su vuelta a España por extradición después de que un abogado de la UE de la razón a nuestro país frente a Bélgica y abra la puerta a su entrega.