El presidente Sánchez ascendió al poder mediante una moción de censura dirigida contra la corrupción del PP. Pero ahora se enfrenta a un posible caso sistémico donde, si se aplica la misma lógica, supondría, cuanto menos, una profunda reestructuración del Gobierno de coalición.
FUENTE: EFE
El aprovechamiento de una posición o nombramiento en un puesto de responsabilidad pública para fines particulares es, quizá, la forma más resumida y didáctica de definir la corrupción en el ámbito político. Es un fenómeno que siempre ha existido y afectado a todos los partidos que han gobernado o han sido apoyos de diferentes gobiernos.
A pesar de su carácter transversal, la relevancia política de la corrupción parece estar gobernada por una «ley del péndulo» ya que, cada cierto tiempo, afecta especialmente a uno de los dos grandes partidos, condicionando su labor de gobierno y, hasta incluso, su propia posición de poder. Y casi siempre lo hace sobre las bases de actuaciones pasadas que son investigadas durante largo tiempo y que salen a la luz en el momento en que reúnen los elementos probatorios suficientes como para imputar y, después, juzgar convenientemente a sus responsables directos.
En esta ocasión, el principal actor son personas que han tenido o tienen responsabilidad de gobierno con el PSOE tanto a nivel nacional como autonómico, con una lista tan extensa de casos que sería difícil detallarla brevemente. Más allá del comportamiento pendular de la corrupción que es capaz de desestabilizar gobiernos y que ahora le toca vivir al PSOE como antes le tocó al PP, la situación actual revela dos cuestiones de máxima relevancia: por un lado, cómo la acumulación de poder en muy pocas manos multiplica la probabilidad de que exista corrupción y, por otro lado, hasta qué punto no es posible cumplir con los estándares de exigencia y limpieza autoimpuestos por el discurso del actual Gobierno.
La primera de las cuestiones es muy simple y está ampliamente estudiada. Allá donde existe acumulación de poder con ausencia de contrapesos eficaces, la probabilidad de corromperse crece de una forma notable. Más aún cuando se produce una situación de emergencia tan seria como los primeros meses de la pandemia donde el ya Gobierno de coalición decidió centralizar y planificar la vida del país.
Las investigaciones que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los jueces determinarán qué es lo que ocurrió hace casi cuatro años, cuáles son las responsabilidades legales y cuantificará el quebranto para el erario público. Pero la segunda cuestión es, hoy, aún más relevante desde el punto de vista político, ya que afecta al mismo núcleo fundacional de la doctrina política dominante desde junio de 2018.
La consecuencia de las investigaciones es que están poniendo encima de la mesa nombres como los de José Luis Ábalos (exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE), Salvador Illa (exministro de Sanidad y actual líder del PSC), María Jesús Montero (vicepresidenta del Gobierno, responsable de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE), Fernando Grande Marlaska (ministro de Interior), Francina Armengol (presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de Baleares) o Ángel Víctor Torres (ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias).
Todos ellos pueden verse golpeados con fuerza durante los próximos días, a la vista de la velocidad con la que están apareciendo nuevos nombres en las investigaciones que se van conociendo. Pero más allá del impacto mediático, todos ellos son los máximos exponentes de una forma de gobernar que había establecido un estándar muy exigente en materia de corrupción, probablemente generando confianza y seriedad para una parte no menor del electorado que estaba cansado de sufrir casos de este tipo.
Sin embargo, sus primeras reacciones han sido decepcionantes recurriendo a discursos que ellos mismos calificaban de «infames» cuando los pronunciaban sus rivales políticos en el pasado. ¿Dónde quedó la coherencia entre discurso y acción? Es fundamental que el presidente del Gobierno aborde y asuma la responsabilidad política por estos hechos, enfrentando las consecuencias pertinentes. No puede hacer pasar esta presunta corrupción como «tormenta de verano» y esperar a que escampe para seguir con las palancas que le permiten mantenerse en el poder. Eso no lo perdona el electorado.
Pongamos un ejemplo. El presidente Sánchez ha insistido repetidamente en que la presidenta de la Comunidad de Madrid está implicada en un caso de corrupción por presuntamente favorecer una contratación en la que su hermano actuó como intermediario. Ignoró el archivo del caso por parte de la Fiscalía Anticorrupción y el cierre de la investigación de la Fiscalía Europea contra el Fraude hace casi un año. Pero aun así, lo sigue usando.
Esta cuestión estará en el centro de la vida política durante los próximos días y semanas (y puede que meses) porque la gobernabilidad está en juego y queda mucha información por salir que pueda salpicar a más personalidades del Gobierno. Es hora de cerrar un capítulo (que era una bomba de relojería que en algún momento tenía que estallar) y avanzar hacia adelante.