Retos y desafíos de España ante la presidencia europea 

A partir del 1 de julio España ocupará la presidencia del Consejo de la Unión Europa. Una presidencia rotatoria entre los países de la UE y que durará hasta el 31 de diciembre. Durante un semestre, el Estado de turno preside las sesiones en todos los niveles del Consejo, contribuyendo a garantizar la continuidad del trabajo de la UE en esa institución. 

FUENTE: EFE

Los Estados miembros que ejercen la Presidencia colaboran estrechamente en grupos de tres, denominados «Tríos». Este sistema fue instaurado por el Tratado de Lisboa en 2009. El Trío fija los objetivos a largo plazo y elabora un programa común con los temas y principales asuntos que abordará el Consejo en un periodo de dieciocho meses. Con arreglo a este programa, cada uno de los tres países elabora su programa semestral con mayor detalle. 

Por el momento el Gobierno todavía no ha presentado sus objetivos, de los que se conocen someramente sus tres ejes principales: autonomía estratégica, estrechar las relaciones entre Europa y Latam e implantar una agenda social europea. Es una oportunidad que debería valer para mostrar de lo que España, como país, puede ser capaz. 

Es momento de combinar el ejercicio neutral de la presidencia de turno con la búsqueda de consensos que vayan bien a las prioridades nacionales. Sin pasarse, pero suele haber margen para elevar propuestas, aunque en la última ocasión España se quedó con las ganas, porque lo peor de la crisis iniciada en 2008 estaba arrasando y había apuestas comunes que anteponer. 

Los expertos del Real Instituto Elcano coinciden con los ejes que el ministro Albares presentó hace meses, y añaden que el gran reto del año que acabamos de estrenar es el de mantener la unidad y coherencia, que serán puestas a prueba por la crisis energética, la inflación y otros precios a pagar por confrontar al agresor en el conflicto de Ucrania, o sea, a Rusia, que se ha convertido en un rival estratégico. 

La guerra ha alterado la arquitectura general de la relación entre la UE y el resto del continente, pero los Veintisiete, a través de las sanciones a Moscú y las ayudas a Kiev, han mostrado una contundencia que no podía darse por descontada cuando comenzaron los ataques. Además, se ha abierto la puerta al proceso de entrada de Ucrania en la UE, aunque es lento y, desde luego, no culminará en el semestre español.

Sí que ha reactivado otros debates, como la apertura mayor a los Balcanes occidentales o la creación de la Comunidad Política Europea, que parecía un invento temporal de Francia pero tiene visos de consolidarse como un órgano funcional para insertar en la cooperación política continental a potencias regionales alejadas de Bruselas, de Reino Unido a Turquía. 

En España habrá un debate importante sobre el futuro de Europa y una mayor integración. Hay países que la quieren acelerar y países que no la ven, “reacios al cambio”. Como Ucrania también ha puesto sobre el tapete, se puede lograr la unidad, pero con esfuerzo, porque cada cual tiene sus intereses. Hace falta una intensa labor de acercamiento en los meses por venir, cuando además viene el final del actual ciclo político, hay las elecciones europeas en primavera y también algunas nacionales de peso, como las de Grecia (junio) y Polonia (noviembre), más la propia España. 

Hay cosas concretas alcanzables, destaca Elcano: el deseo de llegar a un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales antes de que acabe 2023, ya que en 2024 se desactivaría la cláusula general de escape, el reparto completo de los fondos Next Generation, que tienen que estar disponibles, todos, para diciembre de este año, y avances en la Ley Europea de Chips o la de Materias Primas Fundamentales. Solo queda que Sánchez esté a la altura de este cometido. 

A la cola y a la contra 

Una condición que hay que aceptar cuando se forma parte de la Unión Europea es que las autoridades de Bruselas tienen la potestad de establecer políticas comunes que deben ser aplicadas por los países miembros. 

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La Comisión Europea ha anunciado una de esas políticas comunes que no es inocua para el Gobierno español ni para sus socios independentistas porque va contra uno de los acuerdos más polémicos que Pedro Sánchez alcanzó con Podemos, Esquerra y Bildu. El pasado mes de diciembre, Moncloa decidió eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación para beneficiar a los líderes independentistas que fueron condenados o aquellos que pudieran ser condenados en los próximos meses. 

El objetivo era aprobar esas reformas cinco meses antes de las elecciones, para que a estas alturas de mayo hubieran quedado fuera del debate político y no se mezclara con la campaña. Pero la política va muchas veces por caminos inescrutables y siempre actúa sobre aquellos que se creen superiores a ella. Ahora Europa, a la que se ha tildado de permisiva y complaciente con las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, actúa sobre algo que considera importante y que va a la contra del rumbo tomado desde Bruselas, situándonos a la cola de Europa junto a Hungría y Polonia. 

La justicia poética ha querido que sea en plena campaña electoral para las regionales y municipales del 28-M, que serán una buena forma de medir el sentir de gran parte de la sociedad española con el Gobierno porque muchos evitarán votar al PSOE, aún con buenos candidatos, como castigo a las políticas de Sánchez, esta es solo una de ellas. 

Con esta iniciativa, la Comisión no sólo aspira a actualizar, por arriba, las normas de la UE sobre definiciones y penas de los delitos de corrupción para combatir todo el posible abanico de los mismos sino, también, mejorar la aplicación de la ley. La propuesta de directiva tendrá que ser negociada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Y, con ella, queda desacreditado el principal argumento de Sánchez que apostó por la condescendencia con ciertas variantes del tipo de la malversación en nuestro país, asegurando que, con ello, España se aproximaba a los estándares europeos en la materia. 

Pero, aquí en España, Sánchez decidió que estas reformas eran lo más progresista para el país y que ahora hay que reconocer lo logrado por aquel que se embolsa el dinero de los contribuyentes al corrupto que utiliza el dinero de los contribuyentes para intentar hurtar, además del dinero, sus derechos políticos más básicos. 

Todo esto se da de bruces con lo que presuntamente lo justificaba, según el mendaz argumentario de Moncloa: los ‘criterios europeos’. Los dos nuevos tipos aprobados, al contemplar penas máximas de 3 y 4 años, quedan por debajo del umbral de 5 señalado por la Comisión. El Gobierno también tendrá que retocar el tipo de cohecho y el de tráfico de influencias. Toca ‘rearmonizar’ al alza lo que se había rebajado por conveniencia partidista.

¿Fue desleal Núñez Feijóo con su viaje a Bruselas? 

Núñez Feijóo estuvo la pasada semana en Bruselas para reunirse, entre otros, con Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, poco sospechosa de no tratar con evidente condescendencia al actual Ejecutivo español.

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La acción en sí no invita a pensar en nada negativo dado que el líder del PP comienza una carrera electoral con vistas a las elecciones generales de finales de año, y es normal reunirse con von der Leyen, parte del Grupo Popular en la Unión Europea. 

Hablarían de todo: la reforma de pensiones, el salario mínimo y puede que de la justicia en nuestro país. En cualquier caso, puede que tras estas reuniones y las palabras de Núñez Feijóo entrase alguna duda de las verdaderas intenciones del líder del PP en Bruselas. Feijóo aprovechó para criticar a Sánchez y sus políticas más que hablar de las propuestas políticas que éste lleva a Bruselas como alternativa de Gobierno. 

Aquí la cuestión es muy sencilla: ¿ha sido desleal Núñez Feijóo al Gobierno por reunirse en Bruselas? La respuesta es también muy sencilla: no. 

Acostumbrados a la deslealtad permanente de Podemos siendo la otra mitad de la coalición, sorprende que la actual dirección socialista coloque esta visita en un lugar tan destacado en términos de crítica. Otra cuestión muy distinta es si la actuación del líder de la oposición es acertada para los intereses de España. Criticar en Bruselas la excepción ibérica y la reforma de pensiones en el mismo momento en que la Comisión Europea dio su visto bueno, es un error táctico que denota la facilidad de la posición de crítica, pero al mismo tiempo la debilidad a la hora de presentar una alternativa seria y consistente.

En cualquier caso, es importante considerar el contexto en el que Núñez Feijóo hizo sus declaraciones. Algunos pueden argumentar que criticar al Gobierno en un escenario internacional, como Bruselas, puede ser percibido como desleal o perjudicial para la reputación de España. Otros pueden argumentar que es necesario exigir responsabilidades al gobierno y que la crítica internacional puede ser una forma de presionar a Europa a que sea más estricto con España, tras una reforma de pensiones que termina por hundir el sistema público sin pensar en la sostenibilidad de las mismas, ni en políticas alternativas, para las futuras generaciones que están pagando este despropósito.