En un acto que desafía toda lógica y decencia, el Congreso de los Diputados ha sido escenario de una afrenta sin precedentes: la comparecencia de Mohamed Houli Chemlal, terrorista condenado por los atroces atentados de Barcelona y Cambrils en 2017.
FUENTE: EFE
Este individuo, responsable de la muerte de 16 personas inocentes, ha sido invitado a declarar en una comisión de investigación, no por un imperativo de justicia o esclarecimiento, sino como resultado de las maniobras políticas del partido que ‘manda’ en la política española, Junts per Catalunya, empeñados en alimentar teorías conspirativas infundadas que solo buscan sembrar la desconfianza y el caos.
La presencia del terrorista en el Parlamento es una burla a las víctimas y a la sociedad española en su conjunto. Este individuo, que cumple una condena de 43 años de prisión por su participación en la masacre, ha sido utilizado como peón en el juego político de aquellos que, carentes de argumentos sólidos, recurren a la estrategia más vil: dar credibilidad a las palabras de un terrorista para respaldar sus propias agendas.
Durante su comparecencia, Chemlal afirmó sin aportar prueba alguna que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estaba al tanto de las intenciones del imán de Ripoll y permitió que este «nos comiera la cabeza». Estas declaraciones, carentes de fundamento y provenientes de alguien cuya credibilidad es, cuanto menos, cuestionable, han sido acogidas con entusiasmo por los independentistas de Junts. Carles Puigdemont y su séquito no han dudado en amplificar estas acusaciones, utilizando las palabras de un condenado por terrorismo para reforzar sus delirantes teorías de conspiración.
Es alarmante y profundamente irresponsable que representantes políticos otorguen plataforma y credibilidad a un individuo que ha demostrado su desprecio por la vida humana y los valores democráticos. Al hacerlo, no solo mancillan la memoria de las víctimas, sino que también ponen en entredicho la integridad de las instituciones del Estado. Esta actitud revela una desconexión total con la realidad y una desesperación por mantenerse relevantes, incluso a costa de la verdad y la decencia.
La reacción de otros grupos parlamentarios no se ha hecho esperar. El Partido Popular, en un gesto de dignidad y respeto hacia las víctimas, abandonó la sala en señal de protesta, negándose a participar en lo que calificaron como un «espectáculo» indigno. Esta respuesta contrasta con la actitud de Junts, quienes parecen dispuestos a cualquier cosa con tal de alimentar sus narrativas, incluso si ello implica dar voz a un terrorista confeso.
Es imperativo que, en momentos como este, las instituciones democráticas mantengan su firmeza y no se dejen arrastrar por maniobras políticas que solo buscan desestabilizar y dividir. Dar cabida a las declaraciones de un terrorista en el seno del Parlamento es una afrenta a la justicia, a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Las teorías conspirativas, especialmente cuando se basan en testimonios tan dudosos, no tienen lugar en un debate político serio y responsable.
La ciudadanía merece representantes que actúen con integridad, que honren la memoria de las víctimas y que trabajen por el bien común, no aquellos que, en su afán de protagonismo, están dispuestos a ensuciar las instituciones y dar voz a quienes han intentado destruir nuestra convivencia.
