La difícil aritmética que ha originado el resultado del 23-J ha llevado a los dos grandes partidos a buscar nuevas alianzas para, o bien, mantenerse en el poder (el Gobierno de coalición pasado) o bien alcanzar el Gobierno (el Partido Popular).
FUENTE: EFE
En las últimas semanas han ido apareciendo diferentes combinatorias, especialmente durante el proceso de constitución de la Mesa de las Cortes Generales. Pero si hay un denominador común en todas ellas es la presencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV), un actor de sobra conocido por los ciudadanos, protagonista indiscutible de la política española de las últimas décadas, pero sobre el cual se ha creado una mística que lo sobreestima.
Los resultados de las Elecciones Municipales, primero, y las Generales después, han colocado al PNV en el momento más crítico de los últimos 25 años. A finales de los años noventa, la hegemonía del PNV estuvo seriamente cuestionada por la mayoría pujante de los dos grandes partidos nacionales, el PSOE y el PP, que a punto estuvieron de gobernar. Una década después el PSE consiguió arrebatar el Gobierno vasco al PNV con el apoyo en el Parlamento Vasco del PP y UPyD, pero esto no le supuso un problema estructural al PNV porque creía que el nuevo Gobierno era débil y, como mucho, duraría una legislatura que desembocaría en una nueva retornando al poder (como así terminó sucediendo). La crisis estructural la habían tenido entre 1998 y 2001 y ahí recurrieron como salvavidas a alianzas con los sectores nacionalistas más radicalizados, incluyendo a HB (el pacto de Estella).
Ahora, a unos meses de celebrarse las Elecciones Autonómicas vascas en 2024, el PNV ha entrado en otra crisis estructural, pero a esta vez sus competidores no son los dos partidos constitucionalistas sino el heredero del terrorismo, EH Bildu. Sólo un somero análisis de tendencias demoscópicas y demográficas en el País Vasco muestra hasta qué punto EH Bildu tiene por delante un crecimiento tendencial notable, mientras que el PNV muestra lo contrario. Por tanto, es más que evidente el problema y éste obliga a una reflexión interna donde ya han aparecido voces discrepantes con los comportamientos de la actual dirección.
Dicho de otra forma: los resultados del 23-J han colocado al PNV entre la espada y la pared. La “espada” de seguir dando su apoyo tácito o explícito al presidente del Gobierno en funciones, con el desgaste que supone compartir la misma mesa con EH Bildu que no ha puesto ninguna condición explícita a su apoyo (por ejemplo, el caso de Navarra). Y la “pared” de apoyar a un Gobierno en solitario del PP con el desgaste electoral que puede suponer a ambos lados. Una situación, se mire por donde se mire, sin salida medianamente aceptable.
Sin embargo, en el momento de más presión e incluso agobio para sus dirigentes, el PNV ha conseguido romper la situación usando para ello al Lehendakari Urkullu, de la misma forma que Ibarretxe y su “Plan” a principios de los 2000. Romper el eje de coordenadas constitucional básico es la vía que el PNV ha encontrado para descargar toda la presión que las urnas y las circunstancias políticas les había puesto en sus hombros en los del candidato a la investidura, primero, y después en el actual presidente del Gobierno en funciones.
Este movimiento cuenta con varios apoyos, permitiéndole al PNV tomar ventaja con respecto a EH Bildu en Madrid y fijando una posición útil muy similar a los postulados de fondo del PSC (que han contado con una mayoría amplia de electores) ante el conflicto entre Junts per Catalunya y ERC por la hegemonía independentista en Cataluña. Al mismo tiempo, provoca ruido y marejada de fondo en el resto de las autonomías, en especial las gobernadas por el PP.
De una manera muy clara y, a la vez, muy cruda, ha quedado al descubierto el horizonte que nos espera en los próximos años si no se produce en algún momento un pacto de los dos grandes partidos. Las condiciones básicas para el pacto de investidura irán mutando hacia compromisos mucho más rompedores. Desde la amnistía hasta el referéndum no vinculante, pasando por la creación de un estatus fiscal especial para Cataluña como cimiento básico de la transmutación de España en una organización confederal (y, por tanto, asimétrica) de amplias desigualdades. La forma de hacerlo es emprender una vía paralela de ruptura del actual pacto constitucional sin tener que pasar por el camino que la Constitución establece para su reforma, ya que la inmensa mayoría de la sociedad española ni lo apoyará ni lo aceptará de manera directa.
Es preferible hacerlo de manera escondida, amortiguando los efectos y su visibilidad pública para que el votante siga pensando que nada o casi nada está pasando, y que incluso lo que pasa es beneficioso para todos, tal como escribíamos hace unos días en esta misma newsletter. Las fuerzas centrífugas saben que en la política actual, la herramienta más poderosa es la “reforma silenciosa” para que el votante mediano español no se dé cuenta de lo que está pasando. Y si se da cuenta, que sea demasiado tarde para poder ser corregido.
